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Caja negra bajo sospecha: las millonarias donaciones de mineras a municipios
Un millonario y silencioso flujo de dinero transita desde empresas mineras a municipios donde tienen instaladas sus faenas. Muchas de esas donaciones coinciden con episodios de contaminación o periodos en que esos mismos municipios deben pronunciarse ante la autoridad ambiental sobre proyectos clave de las mineras. Ante el evidente conflicto de interés, la Contraloría dictaminó en 2010 que las municipalidades deben abstenerse de recibir donaciones de privados que comprometan su imparcialidad. Letra muerta: CIPER detectó más de $44 mil millones donados por mineras cuyo uso no siempre es transparente.
Letra muerta. En eso se han convertido los sucesivos dictámenes de la Contraloría General de la República que desde al menos 2005 prohíben a las municipalidades aceptar donaciones de privados que comprometan su imparcialidad a la hora de resolver asuntos en los que esté involucrado el benefactor.
En marzo de 2010, el ente contralor dictaminó que las municipalidades debían abstenerse de recibir aportes o firmar convenios de colaboración con empresas o personas naturales “que tengan o puedan tener interés en asuntos que deban ser analizados, conocidos o resueltos por las entidades edilicias” (ver dictamen).
Si para usted resulta obvio que vulnerar esa normativa genera un conflicto de interés, la evidencia indica que para varios alcaldes no es así.
CIPER solicitó vía Ley de Transparencia a 41 municipios del norte, centro y sur del país un listado con todas las donaciones recibidas entre 2010 y 2016 de compañías mineras que operan en sus jurisdicciones territoriales. De esas 41 municipalidades, 22 reportaron donaciones, 15 señalaron no haber recibido aportes y cuatro –Freirina, Salamanca, Arica y La Higuera (donde se ubica el polémico proyecto minero Dominga, de Andes Iron)– desatendieron su obligación legal y no respondieron a la solicitud cumplido el plazo (vea el listado aquí).
CIPER cruzó la información de esos aportes con los oficios que los propios municipios han remitido al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) pronunciándose sobre proyectos mineros en trámite en el mismo periodo de tiempo (2010-2016). En ese proceso, las municipalidades juegan un rol clave en determinar si los proyectos se ajustan a los planes de desarrollo comunal y si, entre otras cosas, presentan riesgos para la salud de la población o los recursos naturales, como el agua o el aire.
Producto de los cuestionamientos que arrastra el sistema de evaluación ambiental –y que escalaron recientemente tras el rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga–, el gobierno se encuentra ad portas de introducirle modificaciones en base a una veintena de propuestas presentadas por los especialistas que conformaron la comisión asesora creada en 2015 para esos fines.
La indagación de CIPER detectó una zona gris que el Ejecutivo deberá mirar con lupa cuando implemente los cambios: una larga lista de municipios no se ha abstenido de recibir cuantiosas donaciones de compañías mineras con proyectos en pleno trámite ambiental ante el SEA.Varios de los pronunciamientos de las municipalidades –en su mayoría expresando “conformidad” sobre costosas iniciativas de instalación, mejora o ampliación de faenas– fueron presentados a la autoridad ambiental a solo días o meses de que esas mismas administraciones comunales aceptaran los dineros.
La lista de municipalidades que más concentran donaciones de mineras la encabeza Tierra Amarilla (Región de Atacama) con $15.767 millones; le sigue Calama (Región de Antofagasta) con $8.104 millones; Salamanca (Región de Coquimbo) con $7.200 millones; Lo Barnechea (Región Metropolitana) con $2.960 millones; Sierra Gorda (Región de Antofagasta) con $2.669 millones; Illapel (Región de Coquimbo) con $2.253 millones; Chañaral (Región de Atacama) con $1.363 millones y Andacollo (Región de Coquimbo) con $1.010 millones (ver todas las donaciones reportadas).
El monto total de los dineros traspasados por mineras a municipios que CIPER pudo rastrear a nivel nacional supera los $44 mil millones. Con esos mismos fondos los jefes comunales dicen financiar becas de estudio u obras de infraestructura, cortan cintas en actos públicos, pagan remuneraciones y deudas municipales, organizan carnavales y ofrecen celebraciones de aniversario, Año Nuevo o Navidad para los vecinos. Los fines son diversos y, en ocasiones, el interés del donante es explícito. En Machalí, por ejemplo, Codelco le traspasó al municipio de esa comuna $70 millones en 2014 para que se tramitara el cambio de uso de suelo donde opera la División El Teniente, propiedad de la estatal.
Los alcaldes, a su vez, pueden jugar un rol clave como mediadores entre las mineras y las comunidades, utilizando su capital político para desactivar conflictos sociales derivados de las crisis ambientales que las propias compañías benefactoras generan en los lugares donde operan.
Tal es la magnitud de la danza de millones, que municipios con presupuestos exiguos o deudas de arrastre terminan dependiendo de esos dineros para funcionar. Así sucedió en la Municipalidad de Salamanca, donde bajo la gestión del ex alcalde Gerardo Rojas (PPD) se utilizaron buena parte de los millonarios recursos que le entregaba Minera Los Pelambres para pagar remuneraciones y cuentas básicas.
Pese a que ese municipio no entregó en el plazo legal la información solicitada por Ley de Transparencia sobre donaciones, CIPER pudo reconstruir los montos de los aportes y detectar que existen más de $2 mil millones de la minera del Grupo Luksic con los que se solventaron gastos municipales (ver reportaje de CIPER).
La revisión de la información da cuenta que los aportes de las mineras se dan bajo tres modalidades: donación con un fin específico; convenios marco para la ejecución de una línea de proyectos y fondos de libre disposición, una suerte de “cheque en blanco” para ser gastado en lo que el alcalde estime conveniente.
Sea cual sea la modalidad, en varios de esos acuerdos se estipula que las mineras buscarán obtener beneficios tributarios con las donaciones que realizan. Así ocurre con un convenio firmado por la Municipalidad de Tierra Amarilla y una minera, donde se establece que se buscará que los aportes “puedan rebajarse legítimamente como gastos tributarios y/o puedan imputarse como crédito en contra del impuesto de primera categoría”.
Tierra Amarilla ha sido precisamente una de las municipalidades beneficiadas con el formato de donación de libre disposición. En noviembre de 2015, Minera Candelaria (de Lundin Mining y Sumitomo) le transfirió más de $2 mil millones para ser utilizados bajo ese concepto. Para dimensionar hasta qué punto ese volumen de dineros impactó en las finanzas municipales, basta citar un dato: el presupuesto de salud aprobado por esa administración comunal para ese mismo año fue de $1.478 millones, $500 millones menos de lo que transfirió a la cuenta corriente municipal la minera controlada por capitales canadienses. Según informaron a CIPER desde la municipalidad, las autoridades de Tierra Amarilla utilizaron parte de los fondos de libre disposición de Candelaria para pagar deudas en dos áreas estratégicas de gestión: educación ($505 millones) y salud ($200 millones).
TRONADURAS EN ANDACOLLO
El 6 de agosto de 2013, una nube de polvo envolvió a varias localidades de la comuna de Andacollo (Región de Coquimbo). Pasadas las 10 de la mañana, el aire adquirió un tono amarillento y se hizo irrespirable. Ese día, la minera Teck Carmen de Andacollo realizó una tronadura en su faena. El viento esparció por varios kilómetros el polvillo tóxico que produjo la detonación. No era el primer episodio de ese tipo protagonizado por la cuprífera canadiense.
Entre 2010 y 2016 la Municipalidad de Andacollo –que desde 2008 es liderada por Juan Carlos Alfaro (PS)- ha recibido $1.010 millones en donaciones mineras (parte de esos dineros no pasaron por las arcas municipales y fueron directamente a organizaciones comunales). Más del 95% de ese monto fue desembolsado por Teck y el saldo restante por Dayton, compañía de capitales australianos que extrae oro desde una mina a rajo abierto.
En 2009, un Decreto Supremo declaró a Andacollo zona saturada por Material Particulado Respirable. Pese a ello, las tronaduras no autorizadas de ambas mineras siguieron causando estragos. Por esos hechos, en diciembre de 2014 y junio de 2015, Dayton y Teck respectivamente, fueron sancionadas por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). Respecto de Teck, la SMA identificó cerca de 70 tronaduras ejecutadas en circunstancias desfavorables, “con condiciones de viento que evidencian un compromiso de afectación con polvo a sectores de la comunidad aledaña a la faena minera” (ver documento).
El informe sancionatorio de la SMA indica que las detonaciones se llevaron a cabo entre enero de 2013 y diciembre de 2014. En el transcurso de esos mismos 24 meses, la minera canadiense hizo donaciones al municipio por más de $117 millones, monto que esa municipalidad dice haber invertido en infraestructura e insumos educativos para liceos y escuelas de la comuna. Los fondos de Teck también han permitido financiar una de las actividades más emblemáticas de Andacollo: el festival “La Voz de la Montaña”, organizado cada año por el área cultural del municipio y que en su última versión contó con la participación de Luis Dimas, Manuel García y el trío Natalino. Todos fueron pagados con los $30 millones que la minera aportó para esos fines.
En octubre de 2014, la Contraloría cuestionó en duros términos el manejo que hizo el municipio de los dineros que le transfirió la minera Teck. “No fue posible obtener los convenios de colaboración u otros antecedentes que dieran cuenta de la naturaleza de los acuerdos entre la municipalidad y la empresa minera (…) razones por las que se desconocen, entre otros, los procedimientos establecidos para la selección de los proyectos, contratación, ejecución y pagos, además de no contar con la documentación fuente que permita efectuar el análisis de su pertinencia y legalidad” (ver documento).
Juan Carlos Alfaro, alcalde de Andacollo.procesos productivos. En la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que lo autorizó, quedó establecido que el municipio debía ejercer un rol fiscalizador respecto de la minera: “(Teck) realizará reuniones trimestrales con la comunidad (Municipalidad y Unión Comunal de Juntas de Vecinos) donde se presentarán los resultados del monitoreo y el avance en la implementación de los compromisos ambientales del proyecto”.
ZONA ROJA: ATACAMA
En septiembre de 2016 se inauguró en Caldera la “Feria Entre Rieles”, un proyecto en el que se construyeron 28 módulos para que mujeres emprendedoras de la comuna comercializaran sus productos. “Estos son los compromisos que como alcaldesa entrego a mi comunidad, porque siempre estamos y estaremos al servicio de nuestra comunidad”, dijo en el acto de corte de cinta la entonces alcaldesa Patricia González (independiente, pacto Alianza).
La obra tuvo un costo de $152 millones, los que fueron aportados íntegramente por Minera Candelaria.Los dineros habían sido traspasados por la empresa al municipio en diciembre de 2015. Cinco meses antes, la administración edilicia se había pronunciado sobre un proyecto ingresado por Candelaria al Servicio de Evaluación Ambiental para extender su operación hasta 2030, con una inversión de US$400 millones. “Se revisó el informe consolidado de evaluación del proyecto (…) Este órgano de la administración del Estado no tiene observaciones que realizar”, se lee en el oficio municipal enviado al SEA.
A
demás de ese aporte, Candelaria registra otras siete donaciones a ese municipio por un total de $150 millones. No es la única minera que le ha transferido dineros. También lo han hecho la Compañía Minera del Pacífico (de CAP y MC Inversiones), Minera Casale (de Barrick Gold y Kinross Gold), Águila del Sur (vinculada a Gonzalo Vial Concha), Lumina Copper (de Pan Pacific Copper y Mitsui & Co) y Minera Santa Fe, ligada al empresario Leonardo Farkas. En total el municipio ha recibido más de $624 millones de empresas mineras entre 2010 y 2016.
En julio de 2011, ese municipio debió revisar un proyecto ingresado al SEA por la Compañía Minera del Pacífico para aumentar la capacidad de acopio y embarque de hierro y cobre en el Puerto Punta Totoralillo. La administración de la alcaldesa Brunilda González (PPD, estuvo en ese cargo entre 2002 y 2012 y fue nuevamente electa en 2016), se pronunció conforme. Tres meses antes, en abril de 2011, Caldera había recibido $50 millones de la minera para financiar su gestión en salud y educación. La donación se materializó luego de que en enero de ese año el municipio manifestara no tener observaciones sobre otro proyecto de la minera ingresado al SEA (“Uso temporal cancha acopio en Puerto Punta Totoralillo”).
La Municipalidad de Copiapó ha recibido más de $320 millones en donaciones de compañías mineras con intereses en esa comuna: Candelaria, Carola y Ojos del Salado (las tres de Lundin Mining y Sumitomo), Hierro Atacama (CAP), Barrick (Barrick Gold), Atacama Kozan (Nittetsu Mining), Punta del Cobre (Pacífico Quinta Región) y Kinross (Kinross Gold Corp.).
Una tajada importante de esa torta de recursos ha ido a financiar el “Gran Rodeo de la Minería”, evento que anualmente reúne a 300 colleras de distintas partes del país y que en 2014 fue catalogado como “Evento de Interés Turístico” por el Sernatur.
El 28 de febrero de 2012, la Municipalidad de Copiapó envió un oficio al Servicio de Evaluación Ambiental manifestando su conformidad con el proyecto “Prospecciones geológicas Mantos de Oro”, de la minera Kinross. La aprobación quedó condicionada, eso sí, a que la minera diera “cumplimiento a los compromisos establecidos” y a que generara “una instancia de participación e información a la ciudadanía respecto de los avances del proyecto y las medidas de mitigación”.
La información recabada por CIPER, indica que Kinross le donó $10 millones al municipio solo dos meses antes de ese pronunciamiento, los que fueron destinados al financiamiento de “actividades recreativas y culturales de Navidad y Año Nuevo”. La misma minera registra aportes al municipio en agosto de 2011 y agosto de 2012.
En marzo de 2016, la Superintendencia de Medio Ambiente formuló siete cargos contra la minera Mantos de Oro de Kinross, dos de ellos catalogados como graves y relacionados a contaminación de pozos de extracción de agua.
Los municipios de Chañaral y Mejillones también han beneficiado con donaciones mineras. El último registra más de $320 millones provenientes de las mineras Michilla y Esperanza (operadas al momento de los aportes por Antofagasta Minerals), y Minera Escondida (BHP Billiton).
Chañaral, en tanto, ha recibido más de $1.363 millones en donaciones y ha firmado una serie de convenios con mineras en los que no se detallan montos. En junio de 2017, por ejemplo, la Municipalidad de Chañaral firmó un convenio con la minera Manto Verde (Mantos Copper) en el que la cuprífera se comprometió a “aportar fondos que permitan financiar proyectos en beneficio de zonas cercanas a la operación”. Cuatro meses antes, la compañía había ingresado al SEA el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) “Proyecto Desarrollo Mantoverde”, con una inversión de más de US$830 millones.
En marzo pasado, el municipio se pronunció conforme con ese proyecto –que incluye la construcción de un tranque de relaves–, aunque pidió algunas aclaraciones. A fines de ese mismo mes, ratificó su aceptación, solicitando que la minera “realizara una invitación formal al evaluador del proyecto a una instancia de participación ciudadana a realizarse en el balneario de Flamenco”.
En reiteradas oportunidades los vecinos de Flamenco –localidad ubicada a unos 30 kilómetros de donde se planea construir el tranque de relaves–, se han manifestado en contra de la iniciativa de la minera. El proyecto aún está en trámite de evaluación ambiental en el SEA.
De todos los municipios de los que CIPER recibió respuesta a su solicitud de información, Tierra Amarilla (Región de Atacama) es el que concentra a nivel nacional el pozo mayor en donaciones mineras: $15.767 millones. Casi la totalidad de esos fondos tiene el mismo origen: Minera Candelaria (también han hecho aportes Minera Carola, Lumina Copper y Punta del Cobre).
En septiembre de 2013, Candelaria ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental un proyecto de US$460 millones para extender la vida útil de sus operaciones hasta 2030 (inicialmente su cierre era 2018). Desde el primer momento, la administración del alcalde Osvaldo Delgado (PRO) se manifestó en contra del proyecto. Tenía razones de sobra: suelos contaminados con cromo, cobre y mercurio; la abrupta disminución del caudal del río Copiapó y la gigantesca montaña de estériles de la mina, ubicada a unos 30 metros del cementerio municipal, ya eran parte habitual del paisaje comunal (ver reportaje de CIPER).
Cinco veces el municipio rechazó ante el SEA ese proyecto. “El proyecto minero Candelaria ha afectado negativamente la calidad de vida de los habitantes”, se dice en uno de los oficios de respuesta del municipio al requerimiento de la autoridad ambiental.
El 23 de julio de 2015, el proyecto de Candelaria obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental. Un mes y medio más tarde, el alcalde Delgado firmó con la minera un convenio formalizando una donación de $11.386 millones. El 19 de noviembre, recibiría otros $2.070 millones como aporte de “libre disposición”.
Justo un año después, la Superintendencia de Medio Ambiente sancionó a Candelaria con una multa de $2.800 millones por graves infracciones ambientales: no rebajar el consumo de agua fresca tal como estaba comprometido en la RCA, situación que se mantuvo por 15 años; descenso en el nivel de agua de algunos pozos; utilizar para la faena una superficie de territorio mayor a la autorizada y disponer residuos líquidos en zona de playa (ver documento).
ANTOFAGASTA: EL FESTÍN DE SIERRA GORDA
De los $2.669 millones que ha recibido en donaciones mineras la Municipalidad de Sierra Gorda (Región de Antofagasta), $432 millones se han ocupado para celebrar fiestas diversas: comidas para el día de la madre, regalos para el de la mujer, colaciones para el del niño; fiestas para el aniversario de la comuna, pinos para Navidad, campeonatos de cueca, alojamientos y traslados para adultos mayores, obras de teatro y la semana de la minería, entre otras.
El caudal de fondos que ha recibido ese municipio ha sido alimentado por Antofagasta Minerals (AMSA) y filiales; Sierra Gorda SCM (de la estatal polaca KGHM y los japoneses de Sumitomo); Minera Spence (BHP Billiton); y Lomas Bayas (de la suiza Glencore).
No todo ha sido fiesta en Sierra Gorda. Los dineros de las mineras también han ido a mejorar el sistema de luminaria pública de la comuna, arreglar plazas y comprar vacunas antigripales.
Ese municipio ha debido pronunciarse en varias ocasiones ante el Servicio de Evaluación Ambiental por proyectos en los que están involucrados los intereses de sus benefactoras. Debido a que la información entregada a CIPER por Sierra Gorda solo consigna el año de la donación –que coincide con los años de los pronunciamientos del municipio ante el SEA–, no se pudo establecer con qué distancia de los aportes fueron emitidos.
San Pedro de Atacama es otra de las comunas de la Región de Antofagasta que registra montos importantes en donaciones de mineras. Entre 2010 y 2016, Minera Escondida (BHP Billiton); Minera Gaby (Codelco); Soquimich y Rockwood Lithium (Albemarle) le han allegado recursos por más de $733 millones.
El Servicio de Evaluación Ambiental registra pronunciamientos del municipio de San Pedro en cinco proyectos ingresados por Soquimich para su evaluación.
En marzo de 2010 la minera controlada por Julio Ponce Lerou traspasó $5 millones a San Pedro de Atacama bajo el concepto “Fondos concursables 2009”. En esos momentos la autoridad ambiental evaluaba la implementación de una nueva planta de cloruro de potasio de SQM. Luego de una resolución con observaciones, el 3 de septiembre de 2010 ese municipio manifestó su conformidad ante el SEA.
En noviembre de ese mismo año, la Municipalidad de San Pedro de Atacama volvió a pronunciarse ante el SEA por un proyecto de SQM Salar: “Aumento de capacidad de procesamiento de carnalita de Potasio”. Y solicitó que la minera aclarara tres puntos de su Declaración de Impacto Ambiental, entre ellos, si afectaba el valor de la zona como centro astronómico producto de una posible “interrupción lumínica”.
A pesar de ello, poco después, el 14 de diciembre el municipio declaró ante el SEA su aprobación. Nueve días más tarde, la minera le transfirió a la municipalidad $11,3 millones, que fueron consignados como “Fondos concursables SQM”.
En la Región de Antofagasta, la Municipalidad de Calama es la que concentra el monto mayor en donaciones de mineras entre 2010 y 2016: $8.104 millones. Casi la totalidad de esos dineros proviene de las operaciones que la estatal Codelco tiene en la zona: Ministro Hales, Gaby y Radomiro Tomic.
Los fondos han sido utilizados por la administración comunal para diversos fines: atención odontológica, recuperación de plazas, pavimentación de calles y espectáculos pirotécnicos, entre otros.
El cruce de las fechas de las donaciones con las ocasiones en las que el municipio se ha pronunciado ante el SEA evaluando proyectos de esas tres divisiones de Codelco, también da cuenta de la existencia de conflicto de interés.
El 15 de diciembre de 2011 el municipio recibió más de $300 millones de la División Radomiro Tomic para la construcción de una micro central hidroeléctrica. En esos momentos, la minera tramitaba ante el Servicio de Evaluación Ambiental un proyecto para ampliar el proceso de lixiviación de ripios. El municipio se pronunció en dos ocasiones ante el SEA, manifestando su aprobación definitiva en enero de 2012, casi un mes después de la donación.
Tres días antes de ese pronunciamiento, el 6 de enero, la División Radomiro Tomic había depositado otros $239 millones en la cuenta municipal para ejecutar una “cartera de proyectos” (diseño de parque, memorial e inspección de pavimentación).
En 2011, la División Ministro Hales ingresó al SEA un proyecto para optimizar el procesamiento de concentrado de cobre. El municipio se pronunció en dos oportunidades frente a esta iniciativa ante la autoridad ambiental: el 23 de diciembre de 2011 (con observaciones) y el 7 de agosto de 2012 (conforme). El 10 de abril de 2012, en medio de ambos pronunciamientos, la Municipalidad de Calama recibió de la División Ministro Hales $100 millones bajo el concepto “Fondos de inversión social”.
EL CENTRO-SUR MINERO
Cerca de Machalí (Región de O’Higgins), está el yacimiento de cobre subterráneo más grande del mundo: El Teniente (Codelco). Entre 2012 y 2014 el municipio de esa comuna ha recibido $314,5 millones de la empresa estatal. En ese lapso, la administración municipal se ha pronunciado tres veces ante el Servicio de Evaluación Ambiental sobre proyectos de la cuprífera.
El 8 de agosto de 2012 el alcalde de la comuna, José Miguel Urrutia (UDI), firmó un convenio para la “implementación de especialidad técnico profesional de explotación minera” con Codelco, el que no informa los recursos involucrados. Doce días después el municipio hizo observaciones al proyecto “Explotación Pacífico Superior” de la misma minera. El 26 de octubre volvió a pronunciarse a favor. Seis meses después el municipio recibió otras dos donaciones: $243 millones para la “adquisición e instalación de módulos liceo Machalí” y $1,5 millón para la celebración de actividades comunales.
Entre los traspasos de dinero de El Teniente a la administración del alcalde José Miguel Urrutia, figura uno por $70 millones realizado el 1 de diciembre de 2014. En rigor, no se trató de una donación, sino de un aporte con elástico. Lo que buscaba Codelco era que con esos dineros el municipio contratara una consultora para acelerar los trámites de cambio de uso de suelo (de rural a industrial) en la zona de Alto Coya, donde precisamente El Teniente tiene sus operaciones.
“División El Teniente ha buscado regularizar esta situación, de manera que se reconozca el carácter industrial del área en la que funciona”, informaron a CIPER desde la minera estatal. Agregaron que la transferencia se materializó luego de que el municipio les hiciera ver que esa gestión no estaba entre sus prioridades y que no contaba con recursos para llevarla a cabo (ver respuesta de Codelco).
Lo Barnechea (Región Metropolitana) es otro de los municipios que registra ingentes donaciones de mineras en el centro del país. Entre 2010 y 2016 ha recibido más de $2.960 millones de Anglo American, dueña de la faena minera Los Bronces, la que ha sido reiteradamente cuestionada por la destrucción de glaciares en Los Andes centrales. La empresa ha sido sancionada dos veces (ambas en mayo de 2015) por la SMA por diversas infracciones ambientales.
En distintas oportunidades el alcalde Felipe Guevara (RN) ha manifestado reparos a los proyectos presentados ante el SEA por la minera, aunque no se ha inhibido a la hora de recibir aportes de esa compañía en momentos cruciales. Un ejemplo: en pleno proceso de evaluación del proyecto “Fase 7 Los Bronces”, que involucra una inversión de US$112 millones para sostener sus niveles de producción, el municipio recibió aportes por casi $260 millones de Anglo American.
La nómina de municipalidades con aportes de mineras se extiende hasta el extremo sur del país. El 29 de mayo de 2010, el equipo de paramédicos de la posta de Río Verde (Región de Magallanes), recibió de regalo una camioneta 4×4 habilitada como ambulancia.
El vehículo costó $13 millones, los que fueron transferidos a la Municipalidad de Río Verde por la Sociedad Minera Isla Riesco –de los grupos Angelini y Von Appen– titular del proyecto de explotación carbonífera Mina Invierno.
Faena Mina Invierno (Fuente: alertaislariesco.cl)
Cuando se materializó la donación, en mayo de 2010, el proyecto carbonífero de casi US$180 millones en inversión, buscaba su aprobación ante el Servicio de Evaluación Ambiental.
En febrero de 2011, la alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez Barrientos (UDI, en el cargo desde 1992), manifestó su conformidad con el proyecto ante la autoridad ambiental. Al mes siguiente, el SEA le otorgó a Mina Invierno la autorización para operar.
No fue el único pronunciamiento de la alcaldesa Vásquez. En marzo de 2015, Mina Invierno volvió a iniciar trámites ante el SEA para la aprobación de un proyecto para incorporar tronaduras como método de extracción de material estéril de la mina.
El proyecto, cuestionado por varios vecinos y agrupaciones sociales, fue aprobado por la Comisión de Evaluación del SEA, luego de que en abril de 2015 el municipio diera su visto bueno. Pero en marzo de 2017 la Corte Suprema obligó a abrir un proceso de participación ciudadana, el que había sido obviado en etapas de evaluación anteriores.
Entre la presentación ante el SEA del Estudio de Impacto Ambiental que autorizó la operación de Mina Invierno (2010) y el ingreso a evaluación del polémico proyecto de tronaduras (2015), la Municipalidad de Río Verde recibió otras tres donaciones por un total de $30,6 millones, monto que fue destinado a equipar la posta rural.
Fuente:https://ciperchile.cl/2017/09/20/caja-negra-bajo-sospecha-las-millonarias-donaciones-de-mineras-a-municipios/?fbclid=IwAR2sni_yJ8Dc7Apy0VXflBAt8Z9qbrCwqlGEkdgV-skw-qVZ0cazQe8YbKw
Todos los municipios de BCS, incluyendo los mineros, votarán en consulta de Los Cardones
Autor: Abril Tejeda para BCSNoticias.mx
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El Senado de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío mencionó que los 5 municipios de BCS participarán en la encuesta que pretende hacer el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, incluyendo a Mulegé, donde se practica activamente la minería con empresas como El Boleo.
“La consulta se hará estatal, yo tengo mucha confianza de que no va a pasar esta minería en BCS; la minería que hay en el municipio de Mulegé no va afectar la encuesta, toda la minería tiene procesos de contaminación, no lo puede justificar nadie, por eso dice mucha gente que no hay minería sustentable, la gente de Mulegé sabe que va a ser solidaria con todos los sudcalifornianos, la gente no quiere que se contamine, la gente sabe que claramente el medio ambiente hay que defenderlo”, afirmó Castro Cosío.
En ese sentido, el integrante sudcaliforniano del Senado de la República, explicó que la encuesta es un ejercicio democrático en el que deben participar los habitantes de la media península, la cual se realizará en cuanto el mandatario electo de la República tome posesión.
“La consulta es un método democrático, que toda la sociedad esté en condiciones para que ejercer su derecho participen en esta consulta, creo que va a legitimar más la decisión que se tome, creo que el alcalde electo ya decidió algo muy importante y creo que el Congreso hará lo propio y si no, es necesario que aquí se blinde desde aquí, que no haya minería tóxica en la Sierra la Laguna. Me parece que esa será la mejor respuesta, tal vez no lleguemos ni siquiera a la consulta; la encuesta se llevará a cabo ya entrando el Presidente de la República al gobierno, el Presidente ahorita no puede tomar decisiones por eso no tomó la decisión como algunos exigían, tenemos que respetar los tiempos […] No podía tomar decisiones sin ver los textos de la Ley primero es el derecho”, explicó Víctor Castro.
Finalmente, recalcó que las personas que criticaron la postura de López Obrador durante su visita a la ciudad de La Paz, debido a que el Presidente electo quiso tomar en cuenta la opinión del pueblo y no verse como una figura autoritaria.
“Algunos sectores consideraban que se tenía que decir ahí en el acto, pero automáticamente la gente estaría diciendo que es algo autoritario algo que no le corresponde, vamos a respetar al estado y a los ayuntamientos que son responsables, todos los sectores empresariales estamos defendiendo el agua y la vida”, concluyó.
Por su parte, el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis señaló la encuesta ciudadana lo único que hará es confirmar la postura de los sudcalifornianos, quienes a través de manifestaciones se han opuesto a la minería en cualquier parte de la entidad; de igual manera el jefe del ejecutivo resaltó que hay varias formas de impulsar la economía en BCS y no únicamente la minería.
“Yo creo que la consulta ciudadana no va a más que ratificar lo que se siente y lo que percibe en todos lados, el presidente municipal de manera muy categórica se ha pronunciado en contra de la minería tóxica, y yo lo vengo haciendo desde que era senador hace más de 5 años, yo creo que Baja California Sur se tiene que apostar a otras maneras de desarrollo y con el crecimiento tan importante que estamos teniendo en materia económicam yo no veo ninguna necesidad de estar creando alternativas que puedan afectar lo que es nuestro verdadero motor que es la sustentabilidad, las bellezas que nos dieron la naturalezas y que por eso nos vienen a visitar la gente, yo sé lo que tenemos que cuidar”, explicó.
Fuente:http://www.bcsnoticias.mx/todos-los-municipios-de-bcs-incluyendo-los-mineros-votaran-en-consulta-de-los-cardones/
Pascua Lama: Efectúan alegatos contra resolución de SMA que dictó su clausura
Durante esta jornada se realizarán en el Tribunal Ambiental de Antofagasta los alegatos por la reclamación contra la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) que dictaminó la clausura definitiva del proyecto en enero de este año.
La reclamación fue interpuesta por Barrick Gold en Febrero con la intención de rebajar las sanciones y multas, buscando sobre todo que no se le dé el Cierre definitivo. Tanto la SMA como las comunidades se han hecho parte.
Las comunidades esperan que la SMA defienda con total fuerza su resolución, y éstas a su vez aportarán buscando la confirmación de dicha sanción, incluso pidiendo mayor rigor.
Dicha reclamación se realiza bajo el contexto del recientemente fallo sentenciado por el mismo Tribunal Ambiental, el cual habilitó a la SMA a realizar el cierre definitivo del proyecto, por el cargo N°7 que refiere a glaciares.
Una comitiva del Valle del Huasco se hará presente en el lugar, hasta donde esperan lleguen habitantes de la ciudad para apoyar la causa.
Fuente:https://www.radioagricultura.cl/nacional/2018/11/06/pascua-lama-efectuan-alegatos-contra-resolucion-de-sma-que-dicto-su-clausura.html
En Ecuador, los casos judiciales más importantes desafían los proyectos mineros.
Ecuador se enfrenta a una demanda esta semana por otorgar a las empresas mineras los derechos de exploración de un bosque protegido en una de las regiones con mayor biodiversidad del país sin consulta local.
Presentado por el gobierno local de Cotacachi, la demanda solicita que el tribunal regional ponga una orden judicial en todas las actividades mineras dentro de Los Cedros en el Valle Intag, una zona exuberante de ríos y bosques tropicales andinos
En las últimas décadas, el Valle de Intag ha visto algunas de las resistencias más feroces contra la minería en Ecuador, un país rico en oro, cobre y otros minerales.
Desde 2008, aproximadamente 1,8 millones de acres de bosques protegidos de Ecuador se han puesto a disposición para la exploración minera, según el Rainforest Information Center, una organización ambiental sin fines de lucro con sede en Australia.
El estado tiene el derecho de extraer minerales sin importar de qué tierra se encuentren, de acuerdo con la constitución y el plan minero nacional de Ecuador.
Sin embargo, la constitución requiere que el gobierno nacional consulte a las comunidades sobre “planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentran en sus tierras”.
Las comunidades en la parroquia de García Moreno, donde se ubican Los Cedros y las concesiones mineras, no fueron consultadas antes de otorgar una licencia ambiental a las compañías, de acuerdo con la acción legal.
El ministerio de minería y la agencia nacional de minería ARCOM no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios.
Reglamentos de tierra
En dos casos históricos a principios de este año, los tribunales locales se unieron a las comunidades rurales e indígenas que argumentaron que el gobierno nacional no les informó antes de designar tierras en sus territorios para la explotación de minerales.
Un juez de la provincia de Sucumbíos, cerca de Colombia, prohibió la actividad minera en 52 concesiones, mientras que otro en la provincia sureña de Azuay detuvo una mina de oro y plata llamada Río Blanco, según informes de prensa.
Edgar Merlo , un abogado que ayudó a redactar la última demanda, dijo que los fallos envalentonaron a la administración de Cotacahi porque ocurrieron violaciones similares en Los Cedros.
La empresa minera nacional ENAMI está desarrollando las concesiones en Los Cedros en sociedad con la empresa minera canadiense Cornerstone Capital Resources.
El proyecto aún se encuentra en las primeras etapas de exploración y aún no utiliza equipos de perforación u otro equipo pesado, según Brooke Macdonald, directora ejecutiva de Cornerstone Capital Resources.
Los bosques protegidos de Ecuador están “abiertos a la exploración de minerales pero están sujetos a estrictos estándares y obligaciones ambientales supervisados por el Ministerio de Medio Ambiente”, dijo Macdonald en comentarios enviados por correo electrónico.
Añadió que las compañías mineras están obligadas a remediar cualquier daño ambiental que pueda ocurrir.
La demanda presentada por el gobierno de Cotacahi dice que ENAMI ya está dañando el bosque protegido al tallar nuevos senderos en áreas habitadas por el oso andino en peligro de extinción, y al despejar el área forestal para campamentos mineros temporales.
La compañía minera nacional dijo en su sitio web que “no hubo desmonte de árboles en los proyectos mineros de Río Magdalena 1 y 2”, y que nombró las dos concesiones que se superponen con Los Cedros.
Macdonald dijo que “no se usa agua ni se cortan árboles” en la fase de exploración actual.
Pero la Fundación Thomson Reuters visitó el área en cuestión y descubrió un sitio de unos 100 metros cuadrados que había sido talado de árboles y vegetación para dar paso a un campamento minero temporal.
“Los Cedros es uno de los bosques mejor conservados de Ecuador, pero ya están viendo los impactos (de la actividad minera)”, dijo Cueva.
Para reparar el daño, los trabajadores de ENAMI plantaron árboles jóvenes en el área que despejaron, según Decoux.
ENAMI no respondió a múltiples solicitudes de comentarios.
Legado de resistencia
En 2014, a pesar de las protestas de la comunidad, el Ministerio de Medio Ambiente le otorgó a ENAMI y al gigante chileno del cobre Codelco permiso para desarrollar un proyecto minero cerca de la ciudad de Junín en el Valle Intag.
La líder comunitaria de Junín, Rona Garson Piedra , una empleada del proyecto minero llamado Llurimagua, dijo que la agricultura solo paga alrededor de $ 250 por mes, aproximadamente dos tercios del salario mínimo de Ecuador.
En contraste, los miembros de la comunidad pueden ganar entre $ 800 y $ 2,000 trabajando en el proyecto minero, dijo.
“Nos dimos cuenta de que la agricultura, en años anteriores, nos dejó en bancarrota. Para nosotros tratar de transportar nuestros productos fuera de aquí y hacia los mercados en las ciudades más grandes es realmente difícil”, dijo Piedra a la Fundación Thomson Reuters.
Marcia Ramírez, pariente de Piedra que dirige un albergue ecológico en una reserva natural designada por la comunidad en Junín, dijo que ha perdido cinco empleados de las compañías mineras desde 2014.
“Casi todos somos familiares (en Junín) aquí, pero al comienzo del proyecto minero ya ni siquiera nos saludábamos”, dijo.
Codelco no respondió a las solicitudes de comentarios.
Contaminación del agua
El proyecto Llurimagua todavía está en la fase de exploración, pero sus impactos ambientales ya están saliendo a la luz, dicen los expertos.
Desde 2015, un colectivo independiente de 70 científicos y residentes locales ha estado siguiendo los niveles de calidad del agua en los arroyos y microcuencas que se ejecutan aguas abajo de Llurimagua.
Han documentado deslizamientos de tierra cerca de la actividad de exploración, así como niveles peligrosos de elementos químicos como arsénico, manganeso, cobre y molibdeno en las fuentes de agua.
“Esto es … muy preocupante (y) le da a uno el derecho de comenzar a cuestionar lo que sucederá una vez que las empresas comiencen a extraer”, dijo William Sacher , un académico de la Universidad Andina Simón Bolívar que lidera el colectivo.
Silvia Quilumbango , presidenta del grupo ambiental de Defensa y Conservación Ecológica de Intag, dijo que los agricultores en Intag usan pesticidas y otros químicos que se filtran en las fuentes de agua.
“Pero la contaminación de la extracción de metales es mucho más permanente (que la agricultura)”, dijo, y agregó que estaba trabajando para capacitar a más agricultores de Intag en prácticas de agricultura sostenible.
DeCoux dijo que la contaminación del agua es solo una de las razones por las que espera que los jueces otorguen una orden judicial sobre las concesiones mineras en Los Cedros.
“Ellos (las compañías mineras) tienen que construir senderos, tienen que construir caminos, tendrían que comenzar a arrancar el bosque para que esas plataformas de perforación lleguen hasta aquí”, dice. “Sería el final de esta prístina área”.
Fuente:https://mineriaenlinea.com/2018/11/en-ecuador-los-casos-judiciales-mas-importantes-desafian-los-proyectos-mineros/
Jueza dispone inicio de juicio de 19 dirigentes que protestaron contra minera Las Bambas
Fiscalía solicita 17 años de cárcel contra dirigentes de Cotabambas procesados por participar de paro indefinido. Movilización y desmanes se produjeron en el año 2015. Minera pide una reparación civil cercana a los 89 mil dólares.
A tres años del paro indefinido protagonizado por pobladores de Cotabambas contra la minera Las Bambas, la Fiscalía ratificó sus pedido de 17 años de cárcel contra 19 dirigentes. La jueza del Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas, Patricia Valenza Olivera, aceptó este requerimiento el 19 de octubre y dispuso el inicio de juicio.
Al respecto, la Fiscalía Provincial Mixta de Chalhuahuacho solicitó entre 11 y 17 años de prisión para los implicados, además de pedir una reparación civil de 20 mil soles a favor del Estado. Sin embargo, el pedido de la compañía MMG Limited, dueña de Las Bambas, es más contundente dado que exige 88 mil 600 dólares de reparación.
Y aunque la defensa de los 19 dirigentes intentó que el caso sea archivado, la magistrada Patricia Valenza aprobó el auto de enjuiciamiento. La Corte Superior de Justicia de Apurímac ha sido elegida para el desarrollo de este megajuicio.
El paro indefinido inició el pasado 28 de septiembre del año 2015, debido a cambios en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Las Bambas. La movilización dejó tres personas muertas y varios heridos. Las autoridades de Cotabambas reclaman que no se haya realizado ningún proceso judicial con respecto a la muerte de los dirigentes.
Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/1349349-cusco-jueza-dispone-inicio-juicio-19-dirigentes-protestaron-minera-bambas
La Provincia dice que no está autorizada
“No hay autorización de Minería”. El secretario de Minería de la Provincia, Aldo Bonalumi, aseguró que ninguna cantera de La Playa está autorizada para extraer el granito.
“La Provincia no puede otorgarle certificado de productor minero porque no cumplen con muchas obligaciones; entre ellas, la tenencia del suelo”, afirmó.
“En este momento no tendrían que poder trabajar y la cuestión ambiental está en trámite”, dijo Bonalumi, quien agregó que las canteras fueron clausuradas por Minería y por la Policía Ambiental.
“La Provincia no ha autorizado la explotación de esa área. Es una explotación vieja, pero se tienen que actualizar los permisos, lo estudios de impacto ambiental”, expresó.“Cuando siguen trabajando a pesar de las clausuras, el tema debe seguir en la Justicia”, acotó y enfatizó: “Exigimos que el que explota tiene que demostrar que realmente es el dueño del superficiario”.
Explosiones
A través de la ley 10.308, la Legislatura provincial creó en 2015 la Reserva Arqueológica de Guasapampa junto con la del Quilpo.
La legislación señala claramente que en las áreas comprendidas en las reservas “todo trabajo de excavación, construcción, edificación, actividad agrícola, trabajos de minería en cualquiera de sus fases, industriales, u otros de índole semejante, no podrán iniciarse sin la previa autorización de la Autoridad de Aplicación”, que en este momento es la Agencia Córdoba Cultura.
Este jueves, mientras La Voz recorría la Reserva, se escucharon explosiones y el ir y venir de máquinas fue incesante.
Trabajos de arqueólogos –entre los que se destaca el de Carlos Romero a finales de la década de 1960– dan cuenta del valor patrimonial del arte rupestre de la zona.
Romero relevó de manera exhaustiva las pinturas rupestres y los elementos de extremo valor arqueológico que existían en la región. En un relevamiento más reciente –realizado en 2006 y en 2007 por los antropólogos Alfonso Uribe y Soledad Ochoa– se encontraron 43 aleros (con 450 figuras) en una zona arqueológica de cerca de 21 kilómetros cuadrados.
Fuente:http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/provincia-dice-que-no-esta-autorizada
Gobernación demandó los acuerdos que prohíben minería en municipios de Antioquia
Desde la secretaría jurídica de la Gobernación de Antioquia se entabló una demanda ante el Tribunal Administrativo contra los acuerdos de los 15 concejos municipales que prohíben la minería en esos territorios, luego de la sentencia de la Corte Constitucional que asegura que este tipo de decisiones solo las podrá tomar la Nación.
Según la secretaria de minas del departamento, Dora Elena Balvín, esos acuerdos de los municipios tienen invalidez jurídica y Antioquia está dejando de recibir regalías por la suspensión de la minería en esas zonas.
La sentencia se contrasta con el caso del municipio de Urrao, donde el Consejo de Estado aseguró que los concejales sí tienen la competencia para permitir o no el uso del subsuelo para esa actividad.
Fuente:https://www.bluradio.com/medellin/gobernacion-demando-los-acuerdos-que-prohiben-mineria-en-municipios-de-antioquia-195548-ie1994153
POBLADORES Y DIRIGENTES DE JIMBE CONSTATAN CONTAMINACIÓN DE LAGUNA
• Unas 30 personas llegaron a Laguna Mata Mata y encontraron a operarios de Minera Casapalca colocando tuberías.
• Piden intervención de Fiscalía del Ambiente y Autoridad local del Agua.
Pobladores de Jimbe y dirigentes del Frente de Defensa de este distrito se dirigieron a la laguna Mata Mata a constatar las versiones de presunta contaminación minera en dicha laguna, medida que marcaría el inicio de acciones decididas en defensa de los recursos naturales de la zona.
La visita de más de 30 pobladores a dicha laguna que se ubica a más de 4,800 metros sobre el nivel del mar, la más alta del distrito, se realizó el pasado 29 de Octubre tras un largo y extenuante recorrido.
En el lugar constataron la existencia de instalaciones de una suerte de campamento de la compañía minera Casapalca en el cual encontraron a algunos obreros, maquinarias y conexiones de tuberías hacia la laguna.
Los comuneros dedujeron que de las gruesas mangueras usadas como tuberías conectadas con la laguna se estaría extrayendo agua para los trabajos de minería lo que hace temer que en un tiempo determinado podría quedar seca.
El temor de los pobladores también es que además de una presunta contaminación y después que quede seca la laguna, la empresa Casapalca estaría extrayendo los minerales que aparentemente existen en el fondo de ella, especialmente el referido al oro.
Tras este hallazgo los pobladores Jimbe piden la intervención de autoridades como la Fiscalía del Ambiente, de la Autoridad Local del Agua, a la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico de Nepeña, entre otros para para evitar que se prive de tan importante recurso a la población del distrito y por el contrario lo utilicen para trabajos de minería informal.
Fuente:http://www.diariodechimbote.com/portada/noticias-locales/103748-2018-11-03-06-35-40
Nace «Sierra de Gata viva», la cuarta plataforma anti—minería a cielo abierto de Extremadura
«Sierra de Gata viva» es ya la cuarta plataforma ciudadana anti-minería a cielo abierto que se constituye en Extremadura, luego de la «Raya sin mina» en Valencia de Alcántara, «Tamuja» en Plasenzuela y «Salvemos la Montaña» en Cáceres. Precisamente con ésta última contactaron los vecinos de los municipios afectados por el proyecto de investigación “El Rodeo” recientemente publicado en el BOP.
La compañía OSTROM ASC 21 ha pedido un permiso de investigación en un zona de gran valor medioambiental, contempla hasta 77 cuadrículas y su objeto final es abrir una mina a cielo abierto para extraer oro, estaño y wolframio.
El proyecto abarca más de 2.100 hectáreas y entre los términos municipales afectados se encuentran Villasbuenas de Gata, Hoyos, Robledillo de Gata, Perales del Puerto y Gata.
Los vecinos han presentado cerca de 70 alegaciones ante la Consejería de Economía e Infraestructuras. La principal de ellas se refiere a la “falta información pública”, según detalla en la SER su portavoz Manuel Pérez, y también, a la ausencia de una nueva declaración de impacto ambiental tras una modificación del proyecto inicial.
En la zona hay además otros tres proyectos que preocupan a la plataforma: el de la mina ‘Frontera’, en los términos municipales de Cilleros y Zarza La Mayor; y ‘Calzadilla’, en Calzadilla, Guijo de Coria, Santibáñez el Alto y Villa del Campo.
Desde la plataforma señalan que sólo la realización de las catas para investigar si existe suficiente mineral que haga rentable la explotación, supone un perjuicio a la zona. Recuerdan además que una mina a “infierno a abierto” supone “la puesta en marcha de procesos altamente contaminantes que filtran sustancias tóxicas a acuíferos y aguas subterráneas”, con el consiguiente perjuicio a la agricultura, la ganadería, al turismo y a la salud de las personas.
Fuente:http://cadenaser.com/emisora/2018/11/03/ser_caceres/1541255211_161282.html