Honduras

Pobladores de El Guapinol demandan cabildo abierto para declarar a Tocoa libre de minería

Autor: Redacción Criterio

Los pobladores de la comunidad de El Guapinol, en el municipio de Tocoa, Colón, aclararon este miércoles que su demanda gira en torno a la convocatoria de un cabildo abierto para declarar libre de minería al municipio y no un plebiscito para preguntarle a los pobladores sobre sí quieren o no la continuidad del proyecto minero que les está generando conflicto.

El planteamiento—según los líderes locales—es porque la empresa Inversiones Pinares tiene cinco años de estar implantada en la zona sin antes consultar a la comunidad.

Los líderes comunitarios de El Guapinol han convocado a una asamblea para el domingo 25 de  noviembre, en la que se abordará la  temática.

A raíz del conflicto, la corporación municipal de Tocoa, que encabeza el alcalde Adán Fúnez, propuso la convocatoria de un plebiscito a través del Congreso Nacional y bajo el arbitraje del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Sin embargo, los pobladores rechazan el planteamiento porque dicen que no creen en el máximo ente electoral porque en noviembre pasado—durante las elecciones generales—validó y perpetuó un fraude electoral.

Fúnez, se comprometió además a proceder con la cancelación de los proyectos mineros, lo que a juicio de Elsy Banegas de la Coordinadora de Organizaciones del Bajo Aguán (COPA), es un discurso nada más porque hasta el momento no ha mostrado voluntad política para hacerlo.

Banegas acusó a Fúnez de estar incumpliendo los estatutos de su Partido Libertad y Refundación (Libre) que establecen una oposición a los proyectos del modelo extractivo.

La líder comunitaria resumió que durante el conflicto se ha registrado el asesinato de uno de sus compañeros de lucha y otro resultó herido. Además, se contabiliza la muerte de dos militares, la quema de un bus y de una casa y el desplazamiento de varias familias.

También condenó la militarización de la zona y el establecimiento de cinco retenes, entre la comunidad de El Guapinol y Tocoa, donde hay una distancia de menos de cinco kilómetros.

Fuente:https://criterio.hn/2018/11/14/pobladores-de-el-guapinol-demandan-cabildo-abierto-para-declarar-a-tocoa-libre-de-mineria/

Ecuador

Marcha indígena llega a Quito y presenta proyecto para prohibir minería metálica

Autor: Sputnik News.

La marcha indígena «por el agua, la vida y contra la corrupción» entregó en la legislatura de Ecuador un proyecto para prohibir la minería metálica en el país andino tras 11 días de recorrido, que se inició en la provincia de Zamora Chinchipe (sureste) y terminó en Quito.

«Agua quiero, oro no», fue la consigna que más se escuchó entre los indígenas a quienes se unieron activistas, cuyo pedido principal era que se deje bajo tierra el petróleo del campo Ishpingo, ubicado en el Parque Nacional Yasuní (en la Amazonia ecuatoriana).

El objetivo de ese pedido es preservar la vida de los grupos indígenas Tagaeri y Taromenane, que no han sido contactados por la civilización.

También pretenden preservar la biodiversidad del Parque Nacional Yasuní, una de las más elevadas del planeta.

Al arribo de la marcha le precedió una toma pacífica desde el 13 de noviembre de la Dirección Nacional de Hidrocarburos por parte de mujeres amazónicas defensoras de la selva frente al extractivismo.

Las mujeres llegaron desde el centro sur de la Amazonía y desde el Yasuní (suroeste) para pedir al ministro Carlos Pérez que no licite los bloques petroleros 86 y 87 debido a que están en territorio de los pueblos índigenas Sápara, Shiwiar y Kichwa.

El presidente de la Confederación Kichwa del Ecuador, Yaku Pérez Guartambel, dijo que los indígenas estarán vigilantes para que se cumplan sus pedidos.

Según el último censo del Banco Mundial en 2010, existen alrededor de 42 millones de personas indígenas en América Latina, lo que representa casi el 8% de la población total; sin embargo, «constituyen el 17% de los extremadamente pobres de la región».

Numerosos estudios afirman que una de las causas de que los pueblos indígenas sean más vulnerables económicamente se debe al despojo territorial que sufren por la minería.

Fuente:https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201811151083432823-marcha-indigena-llega-quito/

Brasil

Brasil: Mina Samarco atenta contra las mujeres

Autor: Red Latinoamericana de Mujeres

El 5 de noviembre de 2018 se cumplieron 3 años de la rotura del dique de la mina brasileña Samarco, propiedad de las empresas mineras Vale y australiana BHP Billinton, una de las más grandes catástrofes ambientales de todo nuestro continente en donde una avalancha de 650 kilómetros de barro y residuos tóxicos dejaron a su paso 20 personas muertas y la destrucción de más de 400 familias que 3 años más tarde siguen enfermos y desalojados en la más absoluta impunidad.

Las mujeres de la Red Latinoamericana de Mujeres defensoras de Derechos Sociales y Ambientales realizamos en conmemoración de ese día un recorrido por Bento Rodrígues, en el Estado de Minas Gerais en Brasil, el pueblo que quedó literalmente sepultado por la ruptura del dique de la minera Samarco.

El dique que se rompió afectó a través del río Doce (Dulce) a 43 municipios, de los cuáles tan 39 no han recibido hasta ahora ningún tipo de atención. Según las mujeres del movimiento de afectados que nos acompañaron en el recorrido, se calcula que hay por lo menos 410 familias que necesitan ser reasentadas y más de 300 están esperando todavía por la construcción de sus casas que prometieron serían entregadas en marzo de 2018 y sin embargo hasta la fecha no han sido otorgadas. Las familias siguen viviendo refugiadas con sus familiares en su mayoría en condiciones de necesidad. La vida se les acabó de la noche a la mañana, se rompió su proyecto de vida, su historia, su comunidad, su territorio.

Tras el recorrido por Bento Rodrígues, pudimos compartir una mesa de diálogo con las compañeras de los territorios, entre ellas Simone Silva, del movimiento de afectados, quien compartió las graves afectaciones vividas por las mujeres y las niñas y niños. Su hija de 4 años, tras el desastre, presenta dificultades para respirar, manchas rojas, se le cae el pelo. Lleva 4 años denunciando el problema de la niña sin embargo no ha habido ningún tipo de respuesta por parte de ninguna autoridad al respecto. Igualmente tiene dos hijos que están también contaminados por metales pesados a raíz de la rotura del dique.

Las mujeres no han tenido ningún tipo de auxilio financiero y todo el proceso de identificación de daños se hizo sin la participación de las mujeres, existe una considerable falta de discusión de los derechos de las mujeres afectadas por este desastre. La misma Defensoría Pública del Pueblo de Espíritu Santo, contó en la mesa de diálogo a través de su representante Mariana Sobral, que se procedió a un levantamiento de datos en los que se mencionan esas conclusiones y se realizan recomendaciones encaminadas a impulsar la participación de las mujeres en el proceso de reparación y aproximar redes de protección para las mujeres afectadas.

Simone Silva habló como afectada de la cantidad de problemas problemas emocionales, mentales, y afectaciones que viven las mujeres. Ha habido inclusive intentos de suicidio. Toda la población perdió su historia, vida y territorio y se han quedado sin nada: “para alguien que se ha criado en comunidad, lo rural, esto es muy duro. Nos hemos quedado sin nada, se ha acabado este tejido de la noche a la mañana”.

El movimiento de afectados denuncia que hay una falta de responsabilidades de las autoridades y los poderes públicos que han delegado en quienes causaron el desastre la potestad para no resolver nada. La situación de vulneración de derechos territoriales, de derechos de las mujeres, el racismo ambiental y la impunidad hasta el momento hacen que las violaciones de derechos y el crimen continúe a diario, con la empresa minera Samarco que sigue operando.

Tras el desastre, se constituyó una fundación para el asentamiento y la gestión de indemnizaciones y reparación, la Fundación Renova, que sin embargo no hasta el momento no sólo no ha tenido ninguna utilidad, sino que peor aún, está constituida en su consejo directivo por entidades designadas en un 85% por las empresas mineras criminales causantes del desastre y tan sólo una persona del comité de las personas afectadas. Esta es fundamentalmente la razón por la que no esta fundación no ha tenido ningún papel en la restitución a las comunidades de sus derechos vulnerados, pues está constituida fundamentalmente por quienes lo provocaron. No hay participación real ni de las personas afectadas y peor aún de las mujeres.

Sin embargo, las mujeres mujeres reivindican que los procesos de acompañamiento entre ellas les ha dado fuerza para encontrarse, llorar, sentir el apoyo de las compañeras y para poder salir en organización y con fuerza. Para muchas de ellas no ha sido fácil, como para Simone, mujer afro que ha aprendido a perder el miedo, sostener micros y hablar delante de los poderes para denunciar la privatización del desastre que denuncia ha acentuado las desigualdades entre hombres y mujeres. Ella dice: “las mujeres nos reunimos en asambleas, hacemos arpilleras y en ese aprendizaje es que nos animamos a denunciar y nos empoderamos. Nos sostenemos de la mano la una a la otra y resistimos para existir”.

Desde la Red Latinoamericana de Mujeres defensoras de Derechos Sociales y Ambientales denunciamos la absoluta impunidad que se viven en la zona, en donde los movimientos de afectados siguen reclamando y no consiguen nada por la inoperancia y lentitud de las instituciones públicas en connivencia con las empresas destructoras. Denunciamos la muerte, enfermedad y desalojos vividos que siguen en la impunidad 3 años después.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/11/brasil-mina-samarco-atenta-contra-las-mujeres/

Ecuador

Juez rechaza acción de protección en contra de exploración minera

Autor: Redacción Expreso.ec

Un juez rechazó un recurso de acción de protección para impedir la exploración de una concesión minera, al considerar que no vulnera la legislación vigente, informó este 10 de noviembre la Procuraduría General del Estado.

El magistrado de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Santa Ana de Cotacachi, Óscar Coba Vayas, rechazó la acción de protección interpuesta por el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de esa ciudad contra el Ministerio del Ambiente y la Empresa Nacional Minera (ENAMI EP).

El recurso cuestionaba la validez de una resolución administrativa de 2017, por la que el Ministerio autorizó a la empresa pública el registro ambiental de la fase de “explotación inicial de la concesión minera” del Proyecto Río Magdalena, precisó la Procuraduría en un comunicado.

El GAD de Cotacachi alegó una presunta omisión de la legislación constitucional relativa a la prohibición de la actividad extractiva de recursos no renovables en áreas protegidas y zonas intangibles, así como también haber omitido la consulta previa, libre e informada que establece la Carta Magna.

“La Procuraduría General del Estado demostró que las instituciones demandadas no vulneraron derechos constitucionales”, reza la nota antes de argumentar que el escrito de la acción de protección partió de una “confusión” entre bosque protector, área protegida y zona intangible.

Así, menciona que la normativa constitucional sí autoriza la minería y actividades de otra índole pecuniaria en los bosques protectores, objeto de la disputa.

En relación a la denunciada omisión de la consulta previa, en el documento se alega que el propio GAD de Cotacachi “reconoció que en la zona de influencia del proyecto no existen comunidades indígenas, tornando su acción en improcedente”.

Y concluye que tras un análisis de los argumentos de las partes, el juez cantonal emitió su fallo verbal rechazando por improcedente la acción constitucional planteada.

Grupos ambientalistas han manifestado su rechazo a la explotación y extracción minera en el país y censuran que pese a las promesas del Gobierno de suspender las concesiones, éstas se siguen dando sin respetar zonas de especial interés ecológico y presentado a Ecuador en el exterior como un país de gran potencial minero.

Fuente:https://www.expreso.ec/actualidad/proteccion-minera-fallo-juez-ministeriodeambiente-LF2465973

Guatemala

Encuentro M4: La manipulación de la consulta y consentimiento a favor del extractivismo. Retos y desafíos de los pueblos

Autor: Movimientom4.org

El origen del encuentro a realizar en Ciudad Guatemala del 15 al 17 de noviembre de este año, se gesta a partir de una añeja discusión que en toda la región Latinoamérica, así como en el Norte del continente, los pueblos originarios, tribales, afrodescendientes, campesinos y los pueblos equiparables han estado realizando para defender y reclamar el derecho a participar en todas aquellas leyes, proyectos, estrategias u obras que “afecten” sus territorios y sus vidas, misma que ha tomado dimensiones no previstas, a partir de que el modelo extractivo entró en una fase de expansión por todo el mundo.

Son varios los años en que esta discusión ha sido refrendada por los pueblos, sobre todo a partir de las definiciones establecidas tanto en El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, dos de los documentos de referencia para las luchas de los pueblos, que han sido validados/firmados por la gran mayoría de las naciones en las que se desenvuelve el M4.

Una síntesis al respecto, pero que de alguna manera nos permite mirar parte de la problemática que enfrentamos actualmente, se observa en la cita –hoy ambigua y por ende inacabada-, realizada por el ex-relator especial de los pueblos indígenas de la organización de las naciones unidas, el Sr. James Anaya, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2011).

“Los pueblos indígenas deben poder determinar sus propios destinos en pie de igualdad con los demás, participar en la toma de las decisiones que les afectan, y estar seguros en sus derechos individuales y colectivos. Todo esto implica la necesidad de mecanismos efectivos de consulta a los pueblos indígenas en los procesos de decisión que puedan afectarles en el goce de sus derechos.”

Un análisis rápido sobre esta declaratoria realizada en el contexto del sistema capitalista que hoy, y bajo el “patrocinio” de la globalización, ha modificado totalmente el anterior rol del estado/nación, hasta posicionarlo como la nación/corporativa que opera en todo el mundo, hace impensable siquiera tener esperanzas, ilusiones o acciones con alguna perspectiva de participación en igualdad y equidad de condiciones, debido a la gran asimetría que existe entre la población, los gobernantes y las políticas empresariales. Es decir, bajo la fuerza que muestra el sistema capitalista, la creación de mecanismos efectivos de o para la consulta con los pueblos, aún sin que ello haya sucedido en la mayoría de las naciones, estos mecanismos ya se encuentran cuestionados, diezmados y otros, incluso en algunos países a pesar de estar agotados, se han impuesto como norma.

En este encuentro, se propone una revisión profunda de los efectos, ventajas y desventajas que hemos tenido en cada nación, tomando en cuenta la “diversidad” de formas en la implementación de procesos de consulta o de consentimiento que, de una u otra manera, hemos asumido en cada lucha dentro del contexto de quienes integramos el M4.

Objetivos

  •  Intercambiar experiencias e identificar los retos y desafíos que se presentan en el ejercicio del derecho a la consulta, el consentimiento libre, previo e informado por parte de los pueblos que luchan en contra del Modelo Extractivo Minero en la región
  • Construir estrategias colectivas en función al ejercicio y respeto a los derechos fundamentales de los pueblos que luchan por la defensa de la vida y el territorio.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/11/encuentro-m4-la-manipulacion-de-la-consulta-y-consentimiento-a-favor-del-extractivismo-retos-y-desafios-de-los-pueblos/

Mexico

Contaminación y miseria dejó mina de Frisco en Zacatecas

Autor: Alfredo Valadez Rodríguez, La Jornada.mx

Hace 20 años cerró Real de Ángeles, la primera mina a cielo abierto de Zacatecas y una de las primeras del país, operada por Grupo Frisco, la cual produjo cientos de toneladas de plata durante más de dos décadas para su dueño, Carlos Slim Helú.

La bonanza terminó, pero quedó la contaminación en cientos de hectáreas de cultivo y pastoreo. Tampoco acabaron la miseria ni las enfermedades para sus habitantes. También quedó un gigantesco cráter que aparece en los planos de la aplicación Google Maps.

Antes de que abriera la mina, ubicada en el municipio de Noria de Ángeles (82 kilómetros al sureste de la capital de Zacatecas), se ordenó demoler todas las casas y corrales de Real de Ángeles y reubicar a los habitantes en un poblado construido a cinco kilómetros, pues el yacimiento de plata se encontraba debajo de la localidad.

Hasta la antigua iglesia local, dedicada a San Nicolás Tolentino y catalogada como patrimonio por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, fue derribada. De acuerdo con cronistas locales, el templo habría cumplido 300 años en 2018.

La minera construyó una réplica de la parroquia en el nuevo caserío, a principios de 1980. Sin embargo, la nueva Real de Ángeles está semiabandonada, sin empleos y, como muchas otras localidades rurales de Zacatecas, asolada por las organizaciones criminales.

A finales de 1998, un ingeniero de la minera fue a la capital de Zacatecas, donde informó a Roy Barragán Ocampo, secretario particular del entonces gobernador, Ricardo Monreal Ávila, que la mina ya había cerrado, sin avisar a las autoridades.

‘‘Se fueron dejando una desolación terrible, una contaminación brutal y pueblos abandonados en los alrededores ¿Desarrollo económico? Ninguno. Montañas de desperdicios con metales pesados que las tolvaneras arrastran a decenas de kilómetros’’, dijo en entrevista Barragán Ocampo.

Recordó que en marzo de 2017 la legislatura estatal aprobó por unanimidad un exhorto dirigido a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales federal y a la Secretaría de Salud de Zacatecas para que realizaran un diagnóstico exhaustivo sobre la contaminación y los daños ambientales que la minera Real de Ángeles dejó en el sur del estado. Veinte meses después, ninguna de las dos secretarías atendió el llamado. Ni siquiera nos contestaron los oficios, sostuvo.

Esta mina no trajo ningún beneficio para Noria de Ángeles y la región, sólo un cráter donde estaba el poblado original. Además de la represa, hoy sólo quedan una serie de montículos, jales y acequias llenos de residuos de selenio, arsénico, plomo, mercurio y flúor, producto de la explotación de plata, plomo, cobre y zinc.

El ex legislador local advierte que es urgente investigar los daños ambientales y a la salud de la contaminación en Noria de Ángeles y municipios colindantes, cercanos a Aguascalientes y San Luis Potosí. ‘‘Los desechos mineros quedaron abandonados. La mina también agotó los mantos acuíferos de la región. El desastre es incalculable. ¿Quién va a poner un remedio mínimo? Nadie’’.

Instancias federales sancionaron a Grupo Frisco por el daño ambiental causado por la mina Real de Ángeles, pero el magnate, aprovechando esa concesión minera, abrió a unos 20 kilómetros, en el municipio zacatecano de Ojocaliente, la mina Real de Ángeles unidad El Coronel, también a cielo abierto, de la que extrae oro y plata.

En un informe del Poder Legislativo de Zacatecas, del cual La Jornada tiene copia, se explica que desde la década de 1990 ‘‘los métodos de operación de la mina Real de Ángeles le valieron recomendaciones y sanciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)”.

Se indica que esta mina cerró en 1998, pero las infracciones a la ley continuaron hasta el nuevo siglo. En 2004 Grupo Frisco fue multado por contaminar gravemente el suelo zacatecano y se le exigió un pago mayor a 3 millones de pesos. Desafortunadamente, no existen datos precisos de la magnitud del problema en Noria de Ángeles.

Las sanciones impuestas por la Profepa a la Minera Real de Ángeles fueron las siguientes: número 029/94, del 14 de noviembre de 1994; 049/VI/96, del 2 de diciembre de 1996; 070/VI/99, del 9 de septiembre de 1999, y 055/VI/2001, emitida el 10 de agosto de 2001, en las cuales la dependencia consigna que la empresa incumplió en forma reiterada medidas correctivas, infringiendo la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Ante la renuencia del Grupo Frisco, en noviembre de 2004 la Profepa le impuso una multa de 3 millones 245 mil pesos por la grave contaminación de suelos, cuyo impacto negativo en la población aún está por determinarse.

El conjunto de irregularidades quedó asentado en el resolutivo de la Profepa 083/VI/2004, consignado en el expediente MET-ME-500-001, y en documentos de inspección elaborados por investigadores y auditores de la dependencia.

Fuente:http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/11/13/contaminacion-y-miseria-dejo-mina-de-frisco-en-zacatecas-1740.html?fbclid=IwAR1eow2Kd8rJ_8g8WtQlPwrWDWlX7m4SetnnFXEMmzeJiIJpO8J1MenOdDo#.W-tv70P4PII.facebook

Chile

¡No más Zonas de Sacrificio!: La ciudadanía se levanta y protesta este 15 de noviembre

Autor: Rodrigo Fuentes, Radio U.de Chile.cl

El desastre ambiental ocurrido en Quintero y Puchuncaví ha derivado en una jornada solidaria de movilización nacional para este jueves. Miles de personas, en diferentes localidades del país, protestarán por la contaminación y proyectos mineros extractivistas que afectan a sus territorios.

Originado a partir de la catástrofe socio – ambiental que ocurre en Quintero y Puchuncaví, diferentes organizaciones ciudadanas y medioambientales del país se han coordinado para concretar una jornada de movilización nacional programada para este jueves 15 de noviembre.

La idea, según los dirigentes, no es solo solidarizar con los habitantes de las localidades de la región de Valparaíso, sino que también, denunciar los problemas que han originado las termoeléctricas a carbón en el norte y los diferentes proyectos que ponen en peligro latente a los territorios y su hábitat.

La dirigenta del cabildo de Quintero, Priscila Pacheco, precisó que en el caso de su localidad, el Estado ha privilegiado al empresariado, castigando a la comunidad, a niños y adultos mayores, afectado drásticamente el turismo y la economía de la zona.

“Hacemos el llamado con toda la voz de la fuerza y con todo el ímpetu de la gente que está luchando acá en Quintero y Puchuncaví, para que se levanten este 15 de noviembre, que tomen de la mano a este territorio en sacrificio, que luchen, que ejerzan soberanía y que nunca más, en ninguna parte del país, se tengan que repetir los episodios ocurridos acá. Acuérdese que la vida se defiende, la vida no se vende”, afirmó.

A la convocatoria se espera que distintos habitantes de las llamadas “Zonas de sacrificio” como Coronel, Huasco, Mejillones, entre otras, adhieran a la jornada de movilización.

También, en la zona austral del país se están organizando para protestar. Esta vez, por los más de siete proyectos mineros que en la región de Aysén están avanzando sin que la comunidad local se entere de lo que la actividad extractivista podría generar en las aguas y en el hábitat que rodea al territorio.

El integrante de “Patagonia sin + mineras”, Fernando Castañeda, precisó que, recientemente, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), aprobó tres planes de prospección cercanos a zonas pobladas, y donde se ubicarían yacimientos de oro y plata.

“Para el proceso de extracción de oro se ocupa un químico altamente contaminante como es el cianuro. Acá las compañías trasnacionales están tratando de apoderarse del agua y de los territorios. Recordemos que la minera belga El Toqui fue responsabilizada por la presencia de metales pesados en la comunidad de Alto Mañihuales, una localidad rural de la Región de Aysén donde han fallecido gente y animales, debido a enfermedades propias de la contaminación por metales altamente tóxicos presentes en el agua de caudales que se ocupaban para consumo y regadío”, subrayó.
En Santiago la marcha está convocada por la Coordinadora Metropolitana por Quintero y Puchuncaví y la cita es en Plaza Italia a las 18:30 horas.

La integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios Zona Centro, Francisca Fernández, indicó que la idea es solidarizar con las localidades que cargan con problemas de contaminación, y con un llamado a cambiar de una vez la matriz energética del país.

“Estamos ante un modelo extractivista que hace que claro, ojalá, en algún momento se cierre el parque industrial de la zona costera de la provincia de Valparaíso, pero bajo la lógica de la matriz productiva energética que tiene este país, porque sin eso, hace que en otro momento se levante otro proyecto similar en otro sector de Chile. Entonces nuestra lucha también es por la desprivatización de los bienes comunes, por el cambio de la matriz energética productiva, que es imperiosa, porque o sino vamos a seguir sacrificando territorios a costa de ganancias, a costa de la acumulación”, subrayó.

En Quintero la jornada de protesta se realizará a las 11 de la mañana en el sector de “El Buzo”. A la misma hora se manifestará Puchuncaví en el cruce con La Greda.

Además, Valparaíso, en Plaza Sotomayor, buscará repletar las calles a las 18:30 horas. Al sur, en Temuco y Concepción se reunirán en la “Plaza Hospital” y la “Plaza de Tribunales”, respectivamente.

Fuente:https://radio.uchile.cl/2018/11/11/no-mas-zonas-de-sacrificio-la-ciudadania-se-levanta-y-protesta-este-15-de-noviembre/?fbclid=IwAR3GWXmctXxQVjdzs1C9scj78yewk_KrvOYNnc6Gs4VvOOVwr-Dute-wiKc

Internacional

Extremadura, en el punto de mira de las multinacionales mineras

Autor: El Diario.es

Se tramitan 230  proyectos mineros a cielo abierto en la región. El de Valdeflores se emplaza a 2 km de la ciudad de Cáceres, el de Alconchel a 500 metros de una fortaleza medieval, y otro de grandes dimensiones en la Siberia, candidatura a la Reserva de la Biosfera, entre los más llamativos

Se han constituido tres plataformas ciudadanas, que se oponen a esta actividad de fuerte impacto ambiental  y que consideran totalmente opuesta al desarrollo de una economía sostenible, verde y circular

Ecologistas en Acción ha presentado una propuesta para que se modifique la ley de minas , “preconstitucional”, que solo beneficia a  intereses de la “minería financiera”.

La explotación minera a cielo abierto resurge con fuerza y comunidades como Extremadura resultan atractivas a grandes proyectos de multinacionales australianas, canadienses, árabes y de otras nacionalidades que ponen el foco en la región para extraer minerales como oro, hierro o cobre, así como litio, coltán, estaño y wolframio.

Muy vigilantes a la concesión de licencias autonómicas de los 230 proyectos solicitados, se encuentran plataformas ciudadanas y colectivos ecologistas, que alertan de los “daños irreversibles” de este tipo de minería,  como  la “destrucción del suelo”,  contaminación del aire y agua,  así como pérdida de biodiversidad, con especial incidencia en territorios naturales y de especial protección.

Estas organizaciones denuncian el “boom minero” y el respaldo institucional a actividades «totalmente» opuestas al desarrollo de políticas centradas en la economía verde y circular, como se comprometió la Junta a principios de legislatura, recuerdan.

Así lo critican desde Ecologistas en Acción de Extremadura, organización que ha presentado alegaciones por “ irregularidades” entre otras a las explotaciones de las mina de Valdeflores en Cáceres, a la de El Gato Montés en  Alconchel,  a la de El Rodeo en Gata y a la de la Codosera en Badajoz .

Su portavoz, Carmen Sánchez, explica que dentro de la organización se ha constituido un grupo de trabajo exclusivamente dedicado a la minería  y aún así no dan abasto en recopilar más detalles de todas las solicitudes en marcha, dada la “opacidad”, complejidad y falta de información pública por parte de las administraciones.

De hecho gran parte de las alegaciones presentadas están motivadas con el incumplimiento del periodo de tiempo que se deben exponer públicamente, tanto en tablones informativos, como en insertos publicitarios y portales digitales, además de a cuestiones relacionadas con el medio ambiente y aspectos técnicos.

Opacidad

Responsabilidades que la  Administración no cumple, cuando su obligación es trasladar de modo sencillo “quién lidera cada proyecto, qué se piensa extraer y cómo se hará”,  en cada uno de los territorios afectados, agrega.

Según los datos de la Consejería de Economía e Infraestructuras trasladados a Efe,  de los 230 nuevos proyectos mineros,   85 ya disponen de permiso de investigación de la Junta y otros 62 están en trámite de recibirlo.

Además hay que sumar 49 en trámite de concesión de explotación y 34 que corresponden a explotación de áridos, también pendientes de autorización.

En 2017,  en la Comunidad se contabilizan 159 explotaciones activas, según detallan las mismas fuentes.

Para Ecologistas la imagen que se tiene de la “Extremadura vacía” y “silenciosa”, así como la “alfombra roja” que  se tiende desde el Gobierno y la Junta a estos proyectos y la ley de minas de época “preconstitucional” facilita que se planten iniciativas que ponen en “peligro” el desarrollo turístico y sostenible de la región.

Pero la ciudadanía “empieza a tomar conciencia” y actuar al respecto y por ello en poco más de un año se han constituido tres plataformas contra este tipo de explotaciones dirigidas por capitales financieros que solo tributan el 1% de su actividad, según detallan, al tiempo que animan a la movilización contra proyectos que pueden dejar la región convertida en un “queso Gruyère”.

Plataformas

La primera en organizarse ha sido Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres,  surgida ante la “indignación” ciudadana al comprobar que la mina para extraer litio se emplazará a solo dos kilómetros de la ciudad, que es Patrimonio de la Humanidad,  y en plena montaña, lugar de oxigeno y ocio para los cacereños.

Además,  empleará voladuras que “contaminan” la atmósfera y afectará a las aguas subterráneas de la zona que también abastece a la ciudad de agua potable, explica la portavoz de los conservacionistas.

Después se creó la Plataforma La Raya sin Mina, en Valencia de Alcántara, donde existen seis permisos de investigación minera en curso. Y,  recientemente,  se ha constituido la Plataforma Sierra de Gata Viva que se opone y ha  presentado alegaciones  “por múltiples” irregularidades de tipo medio ambiental, técnico e informativo al proyecto de explotación minera a cielo abierto El Rodeo.

En la Comarca de Gata se pretende explotar terrenos en seis municipios de la zona como  Perales del Puerto, Villasbuenas de Gata y Gata (Cáceres), pese a ser emplazamientos rurales que apuestan el turismo de naturaleza, añaden.

Ecologistas alerta que incluso en la Siberia que opta a Candidatura de Reserva de la Biosfera por la Unesco se han demandado hasta 149 cuadrículas mineras entre Casas de Don Pedro y Talarrubias. Y se pregunta las consecuencias económica que acarrearán otros proyectos mineros como el de la localidad pacense Alconchel, que pretende sacar hierro y oro a medio kilómetro del Castillo de Miraflores, fortaleza que data del siglo XII.

Modificación de la ley de 1973

Esta organización a nivel estatal ha diseñado una propuesta de modificación de la Ley de Minas, con el objetivo de que se tengan en cuenta los aspectos medioambientales y sociales en todo con esta actividad.

La normativa vigente data de 1973 y por tanto es “preconstitucional y muy probablemente también inconstitucional”, según el colectivo,  que recuerda que fue “promovida” por las empresas extractivas, y que  favorece la “especulación” con las concesiones y autorizaciones.

Dado el incremento del precio de los metales y el abaratamiento de los trabajos de movimientos de tierra, las comunidades autónomas han sacado a concurso centenares de nuevos permisos de explotación minera de antiguos yacimientos que amenazan con “la destrucción de decenas de miles de hectáreas de gran valor natural”, en el país por lo que instan a modificar la ley  para que “en todo momento” se  respete la conservación de los valores naturales, así como los derechos de la ciudadanía, explican.

Agua

Así demandan excluir de la actividad minera todas las áreas de interés ambiental como Red Natura 2000, reservas naturales fluviales y cuencas de vertido de lugares de captación de agua potable, entre otras.

También piden que el ámbito de la ley al agua mineral embotellada no pueda ser tratado como recurso minero, “no hay que olvidar” que el acceso al agua potable es un derecho humano, establecido como tal por la ONU, aseveran.

Y para revertir la opacidad sobre estos proyectos, proponen un  procedimiento de consulta pública transparente, con plazos razonables y  que promuevan la máxima participación ciudadana.

Otra de las iniciativas es que los permisos se concedan una vez se hayan aprobado el plan de restauración, los estudios de transporte, electricidad y agua, así como el resto de documentación detallada que ahora no hay obligación de aportar.

Además incluyen un impuesto más proporcionado que refleje la explotación de un recurso público no renovable, ya que el tipo impositivo actual de las compañías mineras en el país el más bajo a nivel mundial.

Esta proposición de modificación de Ley se ha remitido a los ministerios de Industria, Comercio y Turismo y al de Transición Ecológica, además de a los grupos  con representación en el Congreso de los Diputados con el objeto de que la aprueben.

Desde Ecologistas en Acción en la Comunidad insisten en que es necesario hacer hincapié en todo lo que significa la minería y sus consecuencias para otros sectores económicos de la zona como explotaciones agrarias, ganaderas, turismo, actividades de naturaleza e instan a poner en la balanza “lo que tenemos y lo que se puede perder” en Extremadura.

Fuente:https://www.eldiario.es/eldiarioex/sociedad/Extremadura-punto-mira-multinacionales-mineras_0_835367457.html

Colombia

Por demandas de Gobernación, invalidan 13 acuerdos que prohibían minería en Antioquia

Autor: Cristina Monsalve, Blu Radio.com

El gobernador de Antioquia confirmó que los 17 acuerdos que han logrado los municipios para prohibir la minería han sido demandados y de esos, 13 de municipios como Jericó, Támesis, Titiribí, Tarso, Caicedo, Pueblorrico, Concordia, Fredonia, Carolina, Valparaiso, entre otros, han sido declarados inválidos.

Luis Pérez explicó que han ocurrido casos como el de Urrao, en el que los concejales apelaron ante el Consejo de Estado las decisiones del Tribunal Administrativo de Antioquia e interponen otros recursos que les terminan dando la razón, por lo que pidió que el Congreso actúe.

«La Corte Constitucional le pide al Congreso de la República que saque una ley reglamentado cómo se va a decidir el tema minero. Los territorios sí tienen participación y concurrencia, pero no son los únicos», dijo Pérez.

El gobernador manifestó que lo importante es que el Congreso defina cuáles son los alcances de cada municipio en este tipo de prohibiciones.

Fuente:https://www.bluradio.com/medellin/por-demandas-de-gobernacion-invalidan-13-acuerdos-que-prohibian-mineria-en-antioquia-196620-ie1994153

Argentina

Asambleas por el agua contra la minería: “No queremos ser Jáchal”

Autor: Gabriela N. Sanchez - [email protected]

El debate por la minería sigue a pleno en la Legislatura. Los proyectos presentados por Juan Agulles (PJ) y Alejandro Abraham (Unidad Ciudadana) consiguieron el visto bueno en el Senado para ser tratados en comisiones.

Hasta el momento los senadores han escuchado a empresarios, cámaras de comercio, sindicatos, especialistas y municipios. Finalmente, hoy fue el turno de las asambleas por el agua para exponer sus argumentos.

“Los pueblos tienen instinto y no se dejan llevar puesto por ningún Gobierno. Hay que hacer todo lo posible para que no se lleven puesta a nuestra tierra. El agua de Mendoza no se negocia y la megaminería no tiene licencia social”, dijo uno de los vecinos.

“Cuando se contamine el agua se acaba la vida”, dijo otro durante su exposición.

Además, el mismo orador explicó que la actividad agrícola, las plantas de residuos cloacales y los hidrocarburos han contaminado la primera napa del acuífero norte.

“Si quieren eliminar el artículo 1 y 3 de la ley 7722 iniciaría la actividad de San Jorge, Hierro Indio y Sierra Pintada. Se van a contaminar los ríos Mendoza, Atuel y Diamante. También Potrerillos”, sentenció.

“No queremos ser Jáchal”, agregó.

Jésica Mercau. Tupungato

Por su parte, la representante de los autoconvocados de Tunuyán dijo: “Nos tildan de personas cerradas, dogmáticas que no quieren el desarrollo económico del país. Nosotros defendemos el agua. Queremos una Mendoza productiva, no extractiva”.

“¿Cuántos proyectos de energías renovables han presentado?”, los increpó.

“Cómo le van a explicar a la gente que la montaña va a estar llena de agujeros, que el agua va a estar contaminada. No somos ignorantes”, cerró.

Otro testimonio fue el de la representante de la Asociación Cuyana para el Desarrollo Sustentable. “Deberían legislar para sustentar la vida. No para que atente contra la vida. Abrir la puerta a la megaminería es burlarse de la gente de campo”, dijo.

Desde Guanacache expuso una joven que dijo: “Necesitamos soluciones reales a la crisis hídrica. Por eso resulta ilógico informar los problemas del agua y defender la 7722. Hay escasez de agua en Mendoza y en vez de discutir cómo salir de la sequía están viendo como modificar una ley que protege el agua”.

“¿Van a comer y tomar oro? ¿Piensan que la actividad nos va a devolver las montañas, los ríos y los glaciares?”, le preguntó a los senadores.

Fuente:https://losandes.com.ar/article/view?slug=asambleas-por-el-agua-contra-la-mineria-no-queremos-ser-jachal