Es un recurso que renace. El malestar de diversos sectores sociales regresa a las calles ante la falta de respuesta gubernamental. Para los líderes de los reclamos, el llamado al diálogo que presenta el presidente Lenín Moreno se quedó en palabras.
La tónica de protestas, marchas y hasta toma de instituciones luce nueva porque, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, cayó en desuso. No por conformidad sino porque la respuesta estatal fueron contramarchas que de a poco callaron a la mayoría de grupos sociales.
Arroceros, lecheros, transportistas, indígenas, trabajadores y hasta políticos encabezan las quejas de los últimos meses. Casi todos cuestionan el modelo económico -o la falta del mismo- en la actual administración. Desde el día uno del nuevo Gobierno, dicen, se reflejaron errores e improvisaciones que afectan a los ecuatorianos.
La semana pasada, por ejemplo, hubo reclamos del sector lechero. Sus representantes se tomaron vías de la provincia de Cotopaxi para exigir que se suba el precio del litro de leche. También pidieron programas que impulsen el consumo de este producto.
Con los reclamos se obtuvieron resultados. El Gobierno firmó convenios para promover el consumo de leche, legalizar la venta del litro a 42 centavos, entregar créditos a bajo costo y con dos años de gracia y promover la creación de empresas comunitarias.
Los ambientalistas también tuvieron más resultados en las calles. Colectivos que cuidan los derechos de la naturaleza y vigilan la explotación de crudo en el Yasuní consiguieron reunirse con el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez, luego de tomarse pacíficamente instalaciones públicas.
En Guayas, Imbabura y Carchi hubo protestas de los transportistas para rechazar la colocación de radares de control de velocidad y para oponerse a las reformas a la Ley de Tránsito que se trata en la Asamblea Nacional.
A la par, el sector indígena se movilizó por once días en contra de la minería. Ellos marcharon desde Tundayme hasta Quito para entregar en la Asamblea el proyecto de Ley Orgánica que prohíba la minería metálica en todo el país.
Universidades, políticos y otros sectores sociales también se levantaron con marchas en todo el país.
“La situación actual es fruto del tipo de conducta del mismo Gobierno. En sus diálogos fue más receptivo con unos que con otros. Fue más receptivo, por ejemplo, con los grupos empresariales y no con los movimientos sociales”, sostuvo el analista político Mario Unda.
A sus ojos, los frutos del diálogo con los sectores populares son muy escasos.
La catedrática universitaria Nathalie Sierra también cree que los resultados del diálogo nacional son escasos. Al final no se ven resultados y esto conlleva a que la gente se exprese en las calles.
“Tengo la impresión de que no se está asumiendo con seriedad el diálogo. Al menos en lo que es la política económica. La política económica no puede ser impuesta sobre las opiniones de la sociedad”, sentenció Sierra.
Los consultados coinciden, sin embargo, en que hay leves avances en materia política, pero estos se quedan cortos. Si bien comprenden que no es posible agradar a todos los sectores señalan que hay más acercamientos con partidos políticos que con movimientos sociales.
Reclamos
Indígenas
Las organizaciones agrupadas en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) rechazan la política extractivista en las áreas de minería e hidrocarburífera. Piden que el país no continúe con los proyectos.
Arroceros
Los agricultores reclamaron mayor atención del Gobierno y que se pague un precio justo por la saca de arroz. Pedían al presidente Lenín Moreno que la UNA EP adquiera la gramínea durante todo el año, por las complicaciones que están teniendo los productores.
Lecheros
Los productores protestaron y pidieron el control del uso del suero como sustituto lácteo por parte de las empresas que usan para incrementar la cantidad de leche y productos derivados. Exigen políticas que garanticen su subsistencia.
Bajo la consigna ‘Por el agua, por la vida y contra la corrupción’, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) tuvo una semana cargada de manifestaciones coordinadas en varias ciudades de Ecuador.
Un tribunal de apelaciones de Brasil determinó que la minera Vale pague una indemnización de 26,8 millones de dólares a dos tribus indígenas del estado de Pará (norte) por daños ambientales y a la salud provocados por una de sus subsidiarias, informó la fiscalía este viernes.
El gobernador Alfredo Cornejo afirmó que «no va a impulsar la derogación de la ley 7.722» y estas declaraciones las hizo en Malargüe, en uno de los departamentos que está pidiendo que se flexibilice la legislación para habilitar el desarrollo de proyectos mineros.
Mineras aprovechan el abandono social y de infraestructura en que el gobierno tiene a las comunidades indígenas del norte de Jalisco, pues ofrecen viviendas y caminos de concreto a cambio de explotar sus tierras, denuncia el maestro e integrante de la población wixárika, Xaureme Candelario.
En el primer “Foro social temático sobre minería y economía extractivista” que se está llevando a cabo en Johannesburgo, Sudáfrica, del 12 al 15 de noviembre del presente año, con más de 400 activistas, intelectuales, investigadores, representantes de organizaciones sociales y de Iglesias, y organizaciones no gubernamentales; Red Muqui presentó el documento: Balance de 15 años de Minería en el Perú.
Un grupo de 200 personas, entre mujeres, hombres, niños y ancianos, se encuentra desde este martes acampando sobre la vía utilizada para el transporte de concentrados mineros de MMG Las Bambas. Las personas pertenecen a la comunidad de Fuerabamba, y están sembrando sus cultivos y construyendo en faena comunal sobre la misma carretera, reclamando que se trata de su propiedad. Los hechos vienen ocurriendo a la altura del Fundo Yavi Yavi.
