Colombia

Colombianos rechazan extracción minera en el sur del país

Los habitantes del municipio San Lorenzo, en el suroccidental departamento de Nariño, rechazaron de modo tajante la explotación minera en su territorio, revelaron hoy los datos de una consulta popular.

 

El referendo, realizado la víspera y financiado por la propia comunidad, reflejó que de los seis mil 764 participantes, seis mil 660 dijeron NO y solo 53 votaron por el Sí. El resto de los sufragios fue anulado.

¿Está usted de acuerdo SI o NO con que en el municipio de San Lorenzo se realice explotación minera y de materiales hidrocarburos?, debieron responder los pobladores de Nariño, situado en la región del Pacífico colombiano.

‘Este es un hecho histórico para el país. Queremos que otras comunidades conozcan y tengan este proceso de referente, para que puedan seguir adelante en la defensa de los territorios en cada uno de los lugares de Colombia’, afirmó el alcalde de la localidad Francisco Gaviria.

La autoridad local lamentó que el Gobierno no avalara la consulta popular. No había voluntad política para llevarla a cabo, manifestó.

Hace apenas un mes la población del municipio colombiano de Fusagasugá, en el departamento central de Cundinamarca, rechazó también, mediante referendo popular, el empleo del fracking (fracturación hidráulica) en su territorio.

En Fusagasugá el 99,18 por ciento de los votantes dijeron No a la explotación petrolera y a los proyectos de minería.

El contundente NO expresado en Fusagasugá y el de ayer en Nariño ha trascendido en Colombia, ambos por haberse manifestado luego que la Corte Constitucional del país emitiera un veredicto limitando las aquí denominadas consultas mineras.

Fuente:https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=231918&SEO=colombianos-rechazan-extraccion-minera-en-el-sur-del-pais
Mexico

Defiende Oxfam a indígenas en Oaxaca de mineras

Ante los impactos sociales y ambientales que ha originado la empresa minera canadiense Fortuna Silver Mines en San José del Progreso, la confederación de organizaciones no gubernamentales Oxfam México recomendó al Estado cumplir con sus obligaciones de respetar, proteger y cumplir con los derechos de los pueblos indígenas y equiparables, en particular por proyectos extractivos y de infraestructura.

En su estudio Minería y privilegios, captura política y desigualdad en el acceso a los bienes comunes naturales en México, sobre el caso de San José del Progreso –financiado por la Unión Europea–, la organización que participa en un movimiento global que trabaja en 94 países para construir un futuro libre de injusticia y pobreza, hace un análisis de la actividad minera en Oaxaca, específicamente en la región de los Valles Centrales y del proceso organizativo contra la minería, la vocación agrícola de la región y cómo está amenazada por la actividad minera.

También, hace una revisión del proyecto minero San José del Progreso, donde abordamos los impactos sociales y ambientales que la actividad minera generó y genera dentro de este municipio.

Marco de regulación

De esta manera, Oxfam México exhortó al Estado asegurar el respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos de manera integral y universal, incluyendo los relacionados con tierra, territorio y ambiente.

En particular, fortalecer y cumplir con el marco de regulación y control de los sectores empresariales, enfatizando los relacionados con proyectos de gran escala y de la industria extractiva, a partir de los mejores estándares y prácticas internacionales.

Además, mejorar los procedimientos de inspección de todas las autoridades a nivel nacional y estatal, especialmente a proyectos de gran escala y de la industria extractiva, para prevenir futuros accidentes con afectaciones masivas a los derechos humanos, así como garantizar la realización de investigación y sanciones en casos de incumplimiento.

Igualmente, que el Estado recuerde la imperiosa necesidad de respetar el derecho a la consulta previa y consentimiento libre, previo e informado, considerando que el derecho a la autonomía y a la autodeterminación deben ser los puntos de partida para cualquier iniciativa que tenga la probabilidad de impactar los territorios tradicionales, bajo los estándares internacionales y del derecho constitucional comparado.

Aparte de esto, que el Estado y las empresas reconozcan públicamente la importancia del trabajo de las personas defensores de derechos humanos, asegurando su protección y absteniéndose de apoyar directa o indirectamente cualquier acción para criminalizar o amenazar sus acciones.

Así también que el Estado investigue y castigue a actores empresariales acusados de violar los derechos de quienes defienden los derechos humanos.

Consulta previa

Del mismo modo, Oxfam México recomendó al sector empresarial minero respetar los derechos humanos en toda su cadena de valor, así como tener políticas de derechos humanos y remediar los daños y rendir cuentas acerca de cómo abordan los impactos negativos en los derechos humanos.

Y respetar el estado de derecho, el marco legal y las decisiones administrativas y judiciales, así como no interferir de forma alguna en los procesos de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas.

 

Fuente:https://www.nvinoticias.com/nota/105809/defiende-oxfam-indigenas-en-oaxaca-de-mineras

Chile

PDI investiga destrucción de fósiles de 20 millones de años en camino construido para una mina

Una serie de fotografías enviadas vía Facebook a la página de la Red Regional No + Mineras, difundidas el lunes 12 de noviembre, fueron la hebra que dio inicio a un procedimiento policial en manos ya del fiscal de Chile Chico, Alvaro Sanhueza. Se trata de la destrucción de fósiles marinos datados entre 19 y 20 millones de años, en el sector Pampa Castillo de la Meseta Cosmelli, en la comuna de Chile Chico, que se habrían producido en el proceso de construcción y/o mantención del camino que da acceso a la ex mina El Furioso de Cerro Bayo, controlada hoy por la canadiense Mandalay Resources.

Las pesquisas están en manos de la Brigada Investigadora de Delitos Medioambientales (Bidema) de la PDI, efectivos de cuya sección intentaron llegar durante la semana pasada al sector sin poder acceder al lugar exacto.

Según relató en su ocasión la montañista que hizo el registro fotográfico, quien solicitó reserva de su identidad, el registro se obtuvo a principios de noviembre. “Con la intención de hacer un fin de semana diferente, quise salir y elegí esta montaña sin saber que era la mina El Furioso. El día 30 llegué al camino y dormí esa noche a orillas de éste” indicó. Al día siguiente procedió al último tramo para llegar a la cumbre, encontrando en el camino de acceso “gran cantidad de fósiles en él, muchos de ellos totalmente dañados, sin dejar de nombrar la cantidad de bosque nativo que dejaron a su paso destruido” puntualizó.

Al hacerse públicos los antecedentes la PDI contactó a integrantes de la Red Regional No + Mineras con el fin de recabar más antecedentes (fotografías, contexto y ubicación exacta), los cuales les fueron entregados para que se establezcan los hechos y eventuales sanciones.   

Según diversas fuentes, ese camino habría sido construido en el contexto de la operación de la mina El Furioso a mediados de la década pasada, aunque primero fue una huella de desplazamiento animal.

Consultado el paleontólogo especialista de la Universidad Austral de Chile en Valdivia, profesor Enrique Bostelmann, quien además dispone de los permisos formales de excavación paleontológica en el área, señaló que “efectivamente, en ese tramo la ruta atraviesa por niveles fosilíferos de las formaciones geológicas Guadal, San José y Ligorio Márquez. Puntualmente, el área donde se encontraron los fósiles destruidos corresponde a afloramientos de la Formación Guadal, con una edad de entre 20 y 19 millones de años y que representan el fondo arenoso de un mar poco profundo durante un evento transgresivo del Océano Atlántico, tradicionalmente denominado ‘Mar Patagoniano’”.

Hoy se busca dilucidar “si la destrucción de dichos fósiles se produjo durante la construcción original del camino o si es producto de intervenciones nuevas para continuar operaciones, toda vez que su materialización no tuvo originalmente otro objetivo que dar soporte a operaciones mineras, dando empleo a unas personas durante dos veranos” señaló al respecto, Peter Hartmann, presidente de la Agrupación Aisén Reserva de Vida.

El dirigente ha alertado en varias ocasiones “el riesgo hacia yacimientos paleontológicos y arqueológicos por operaciones mineras, tanto en ese lugar como en los sectores donde prospecta Equus Mining (“Los Domos”) y Laguna Gold (Katterfeld en el área de Ñirehuao-Baño Nuevo), advertencias que suelen caer en el vacío”, recordando que los vestigios arqueológicos y paleontológicos, por el solo ministerio de la ley, son monumentos nacionales.

 

Fuente:https://laprensaaustral.cl/nacional/pdi-investiga-destruccion-de-fosiles-de-20-millones-de-anos-en-camino-construido-para-una-mina/?fbclid=IwAR0hJnWD6TETdbJA3dR27nxMf3INlVOzjmwXcg77J89T35QxBs5H04mzON4

Latinoamerica

El agua y la tierra, más valiosas que el oro: una lección de las comunidades indígenas

El oro condenó a las comunidades indígenas hace más de 500 años. Pero la historia no ha terminado: la extracción a cielo abierto de este metal precioso sigue promoviendo la destrucción de la naturaleza y el despojo de las más de 5 mil comunidades indígenas alrededor del mundo.

Mineras de diversos países se disputan el territorio de América Latina en busca de oro y destruyen con máquinas la biodiversidad, infectan con químicos el medioambiente y le arrebatan sus tierras a los habitantes originarios. Y, por si esto fuera poco, se llevan todas las ganancias a otros países.

La extracción de oro y otros minerales preciosos se ha vuelto más importante que cualquier cosa. Más importante que la vida misma. Y ahora mismo esto está ocurriendo en México sobre más de 22 millones de hectáreas que ya han sido concesionadas, junto con otro centenar de concesiones contra las cuales los indígenas se están amparando legalmente.

Pero también luchan desde otras trincheras, y desde ahí enseñan a quien quiera aprender. Luchan mediante la palabra y una visión cosmogónica de arrobadora potencia. Y un principio rige sus vidas: ser uno con la naturaleza.

Por eso, una mujer indígena dice:

El agua es mi vida, mi sangre, todo. Por eso la defiendo. Si me quitan el agua, si me quitan la tierra: me muero. Me quitan la vida

¿Quién es ella? Herlinda Solano Santiaguez, habitante del pueblo tlapaneca San Miguel del Progreso, llamado en lengua me’phaa Júba Wajiín. Ella sabe lo que dice porque lleva la tierra en la piel, como todos los de su comunidad; porque ella es el territorio, y el territorio es ella. No existe disociación entre naturaleza y cuerpoen su pensamiento.

Así hablan y así piensan la mayoría de los habitantes de La Montaña de Guerrero, en México, una región con 19 municipios indígenas, cuya condena es el oro que subyace en la tierra. Y por eso, Herlinda insiste:

Somos hijos de la madre tierra. Hay que cuidarla y respetarla

En la concepción cósmica de este pueblo y de los indígenas en general, los recursos naturales son mucho más importantes que el oro. Por eso han resistido durante más de 8 años los intentos de las mineras por invadir su territorio y extraer de él la vida, como reportó el medio Sin Embargo, que entrevistó a Herlinda Solano y a otros pobladores de esta región.

Así, recurriendo a un saber ancestral, quienes habitan este territorio montañoso nos transmiten una noción presente en todos los pueblos indígenas del mundo y que nosotros no conocemos: la idea de ser uno con la naturaleza. De mantener el vínculo sagrado que realmente nos une, de manera cósmica, con el uno y el todo.

No podemos conocer ese vínculo porque no lo experimentamos. Contrario a los indígenas, nosotros podemos “prescindir” de la tierra, porque tenemos un trabajo y una tienda cercana en la cual abastecernos –o en otras palabras, un estilo de vida completamente insustentable–. Pero esto no podrá seguir siendo así por mucho tiempo: tenemos que regresar a la naturaleza para sobrevivir, y reaprender a relacionarnos con ella.

Por eso es que esa inspiración que buscamos para elevar la conciencia contemporánea –y volvernos más resilientes– está en las comunidades indígenas. En su cosmovisión, en su buen vivir y en el ejemplo de firmeza de cientos de comunidades indígenas que luchan, por ejemplo, contra la contaminación plástica.

Si no fuera por los indígenas, quizá ya no tendríamos mundo: ellos son los guardianes de la biodiversidad. Pero nos toca aligerar un poco su carga y comenzar a hacernos responsables de lo que, directamente o indirectamente, hemos provocado.

Eso empieza por comprender que el agua y la tierra son más valiosas que todo el oro del mundo.

Fuente: Sin embargo

Honduras

Mediante consulta popular municipio de San José, La Paz rechaza mineras e hidroeléctricas

El hermoso paisaje de la montaña El Pacayal es brutalmente opacado por metros y metros de tubería que cruzan la verde y frondosa sierra. Los tubos instalados en medio de la montaña, que supera los 1,600 metros de altura, conducen al río Zapotal hasta las turbinas de la hidroeléctrica Aurora I, ubicada en el municipio de San José, en el departamento de La Paz.

En menos de 5 años de funcionamiento la hidroeléctrica ha dejado sin agua o con agua contaminada a varias comunidades de los municipios Santa Elena, San José, Marcala, Opatoro, Tutule, Santa María y Guajiquiro, ya que el río Zapotal es el afluente que unifica otros ríos de la zona.

Antecedentes

Fue en el 2009, durante el gobierno de facto de Roberto Micheletti, que se aprobaron 111 concesiones de ríos para represas hidroeléctricas. El gobierno actual pretende que la matriz energética llegue a ser 30% con base en combustibles fósiles y el 70% renovable. Sin embargo, se ha declarado incapaz de invertir para que la producción sea estatal y ha creado todo un marco jurídico para facilitar a empresarios nacionales y trasnacionales la generación de energía limpia.

El 2010 la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) cedió permisos a la Empresa Inversiones La Aurora S.A. de C.V. propiedad de la diputada Gladys Aurora López. En información oficial la empresa dijo que tendría una capacidad de 5,310.0 Km (5.21 MW) con una producción promedio estimada entre 34 722,000.00 KWh por año.

Sin consulta 

Las comunidades lencas del municipio de San José, nunca fueron consultadas si quería o no el proyecto. Muchas conocieron sobre la hidroeléctrica al momento en que la diputada junto a su esposo Arnold Castro, llegaban a las comunidades prometiendo proyectos. Diez años han pasado, y hasta ahora lo único que construyeron fue una iglesia.

“Son 10 años de mentiras, de estar sufriendo las consecuencias de ese proyecto. Uno de los principales problemas ha sido la destrucción del bosque, allí construyeron la cortina para entubar el agua, allí era un bosque grande que atraía mucha lluvia, ahora hay comunidades que se han quedado sin agua, estamos enfrentado la sequía”, dice Juan Francisco Vásquez, líder del municipio.

Desde el año 2015, las comunidades indígenas denunciaron, a través de movilizaciones, la apropiación del río para represarlo y convertirlo en un jugoso negocio de venta de energía al Estado hondureño.

Según las comunidades, la empresa en colusión con la alcaldía de aquel entonces, violentó el Convenio 169 de la OIT, que establece el desarrollo de una consulta, previa, libre e informada ante la ejecución de cualquier proyecto en territorio de comunidades indígenas.

José Adán López, párroco de San José, lleva 23 años asignado en el municipio, recuerda como hace diez años las comunidades se movilizaron demandando la ejecución de la consulta para conocer si se estaban de acuerdo o no con el proyecto. “Nada de eso pasó, la influencia que tiene la diputada Gladys Aurora, hizo que no se desarrollara este proceso de consulta”, dijo el sacerdote.

Él recuerda que las comunidades se organizaron en aquellos años para un plebiscito, pero llegó una orden “de arriba”, del Tribunal Electoral, declarando improcedente

El párroco lamenta que una montaña tan hermosa, como el Pacayal, con clima fresco, que generaba abundante agua que abastecía a muchas comunidades, se destruyera producto de represar el río. “Se instaló el proyecto sin consulta sino a pura presión política. Lamentamos que los alcaldes sean borregos, porque hacen lo que de arriba les dicen, y allí sacaron a la gente de sus tierras, se las compraron a precios bajos para poder instalar el proyecto, se cuidaron los intereses de la diputada, pero no de las comunidades que ahora tienen la montaña deforestada y están sin agua”.

Juan Francisco Vásquez recuerda como el esposo Gladys Aurora llegaba a las comunidades prometiendo proyectos de energía y potabilización de agua, a cambio de que apoyaran la construcción de la represa. Les dijo que sería desarrollo para todas las comunidades, a través de la generación de empleos y proyectos comunitarios.

La gente sigue viviendo de lo que genera el café, la empresa nunca generó empleo ni desarrollo, dice el líder comunitario.

El pueblo toma la palabra

Una década después del inicio de la hidroeléctrica, las comunidades de San José se organizaron y junto a la Convergencia Contra el Continuismo, desarrollaron una consulta popular, en la cual una de las preguntas estaba destinada a saber si la población está de acuerdo con la presencia de empresas mineras e hidroeléctricas.

El domingo 18 de noviembre doce urnas se instaron en 4 centros de votación. Desde las siete de la mañana Juan Francisco Vásquez, llegó a la comunidad El Aguacatal, en el centro educativo se instaló la urna que recogió su opinión en los temas que se acordaron consultar.

Juan, a quien los encontramos el momento en que ejercía su voto, fue claro al manifestar que llegó con la ilusión que las voces de las comunidades se escuchen. “Si decimos que no queremos proyectos extractivos que eso se respete, que las autoridades no sigan vendiendo nuestros ríos, bosques, nuestra agua, que verdaderamente ésta consulta sea el inicio de lo que queremos para nuestra comunidad”.

La papeleta de consulta tenía cuatro preguntas, los resultados de las mismas fueron contundentes. Ante la pregunta ¿Está usted de acuerdo con el modelo extractivista y privatizador de los bienes comunes y servicios públicos? el 97.8 por ciento votó por el No; ante la pregunta ¿Usted cree que vivimos en un Estado democrático de Derecho? el 96.9 de los votos fueron para el No; ante la pregunta ¿Está Usted de acuerdo que continúe Juan Hernández con el control del Estado? el 96.1 se manifestó en contra; mientras que ante la pregunta ¿Está usted de acuerdo con la instalación de proyectos mineros e hidroeléctricos en el municipio de San José? el 97.3 votó por el No.

José Luís Espinoza del equipo técnico de la consulta e integrante de la Convergencia Contra el Continuismo a dijo: “El pueblo de San José de la Paz comienza a liberarse del yugo de los criollos que lo han sometido a fuerza de “bolsas solidarias”. ¡No a la minería ni a las hidroeléctricas en La Paz!”.

Los resultados son contundentes en cuanto al rechazo al actual modelo económico y al régimen del Juan Orlando y son iluminadores sobre la necesidad de construir un nuevo orden constitucional y un nuevo modelo económico. Pero más allá de los números, los resultados serán una herramienta para seguir fortaleciendo la conciencia de la gente en la defensa de los bienes naturales y servicios públicos, dijo Elvin Hernández de la conducción de la Convergencia.

Una declaratoria municipal

Los resultados de la consulta popular desarrollada en el municipio de San José, demuestran que la gente está consciente de la realidad que enfrenta, una realidad marcada por autoritarismos y despojos, dice el alcalde Roberto Vásquez Hernández.

Ante la consulta cuál es su compromiso luego de los resultados, el alcalde aseguró que podrían apoyar una declaratoria de municipio libre de minería e hidroeléctricas, aunque desconoce cómo quedaría la situación de proyectos que ya están en funcionamiento en el sector.

Para la Convergencia Contra el Continuismo, la consulta en el municipio de San José es una experiencia donde ganó toda la sociedad hondureña. Ganaron las comunidades porque dieron su palabra sobre el modelo económico y la institucionalidad del país, ganó el movimiento social al avanzar a prácticas horizontales sobre sus propuestas de nación, ganó la democracia participativa.

“Sin duda, algo nuevo está naciendo, el 2019 será un año para seguir consultando a los pueblos y seguir creciendo en resistencia y dignidad que brota de una nueva cultura política ciudadana”, dijo Hernández.

Para enero la Convergencia desarrollará consultas ciudadanas en los municipios de San Nicolás, Santa Bárbara y Santa Fé en el departamento de Colón.

 

Fuente:http://wp.radioprogresohn.net/mediante-consulta-popular-municipio-de-san-jose-la-paz-rechaza-mineras-e-hidroelectricas/

Honduras

Hablemos de la consulta y de quien insulta

La sociedad se mueve en los límites establecidos por los intereses de la clase social dominante. Una construcción tan antigua como el esclavismo mismo, pasando por el feudalismo y avanzando en el capitalismo. El pueblo ha sido y es arrastrado a consultas en las que no decide nada, cuando mucho le consultan sobre si elegir o reelegir quien lo oprima, normalmente mediante instrumentos de control y bajo una guerra mediática en los distintos órdenes de la estructura social e institucional y la respuesta está dada antes de la consulta. Es una cultura histórica impuesta por la enfermedad cordial del ser humano que desarrolla la egolatría y organiza el circo de la acumulación de capitales.

La enfermedad cordial alcanza límites extremos. Está definido el bloque dominante dispuesto a mantener su hegemonía sobre la sociedad hondureña y está representado por Juan Orlando Hernández y su equipo, pero el proyecto no es de personas, es de la clase social dominante orquestada a nivel mundial. El proyecto está tendido desde hace mucho, acentuado en 2009 con el golpe de Estado y profundizado en los últimos años con las medidas económicas impuestas, haciendo de Honduras su propiedad. En el proceso han entrado en una crisis profunda porque su carrera de acumulación los ha llevado a circular en ámbitos de los negocios más sucios posibles y el desenfreno más terrible en el vicio de corrupción. La fisura interna en la cúpula dominante deja caer sus destellos. Para salir de la crisis ahora buscan que el pueblo mueva la brocha y maquille el sistema, la propuesta de consulta es de forma, no de fondo y de esa manera garantizar que siga el sufrimiento económico, social, sanitario, ambiental, administrativo que expulsa a la gente del territorio. Para la elite opresora, la reelección es vital para asegurar la continuidad del proyecto neoliberal.

El proyecto popular antihegemónico es diverso y necesita mayor cohesión. Según la composición cultural, la única vía para dar la batalla hacia el control del Estado y desde allí avanzar hacia el poder, son las elecciones. La lucha social, territorial, la protesta y resistencia es fundamental como primer paso, pero no cambia las relaciones de poder estructuralmente, sino cuando esa resistencia social adquiere carácter y naturaleza de proyecto político para desplazar al opresor del control estatal. Ante esto, tenemos miradas diferentes que abren varios caminos a seguir. Lo primero es que el movimiento social agonice en brazos de un partido. Luego es la postura ante la reelección, un sector la rechaza, otro la acepta y otro la rechaza o acepta dependiendo de las condiciones. Sin embargo, hay coincidencia en que la superación de la crisis nacional pasa por una Asamblea Nacional Constituyente originaria. Como lograr una Asamblea Nacional con la naturaleza necesaria para transformar todo el aparato estructural es lo que debemos proponernos. Para eso es necesario superar antes la ilegitimidad gubernamental y luego pasar a diálogos y debates sectoriales territoriales, poblacionales y temáticos como mecanismos de discusión de lo que según el pueblo quiere y debe cambiar en el país hasta cristalizarse en la Asamblea Nacional Constituyente, camino único siempre que sea popular.

Sobre la reelección debe haber mayor discusión juiciosa. Hay una ruptura constitucional y por tanto la reelección es ilegal e ilegítima, un reglamento es un acto ilegitimo que alimenta el sistema de ilegitimidad. Pero si una Asamblea Nacional Constituyente originaria establece la reelección, entonces no se debe tener miedo. El punto no es si elegir o reelegir, sino quien y para que se elige o se reelige. Hay miedo a los dictadores déspotas por criminales y con razón, masacran a la mayoría. Miremos un poco las instituciones históricas empezando por la familia, pasando por las iglesias y los partidos, son ejemplo de reproducción de la cultura dictada. Las niñas y niños no deciden quien debe ser su Papá o su Mamá, la feligresía no decide quién será su pastor, y los adeptos de un partido no deciden quién es su líder, es dictado. Dictar es necesario cuando se dice la verdad, pero es peligroso cuando se miente.

El punto es que ser Papá, pastor o líder no se define por períodos de tiempo, sino por principios. El amor, la verdad y la justicia son principios que se rigen por la participación donde alcanza equilibrio el deber del Papá y la libertad de la familia, igual con la iglesia y el partido, etc. Un Papá bueno será acogido por las y los hijos siempre y evitaran a toda costa que lo separen de su lado. Un Papá criminal se mantiene por que intimida, castiga, amenaza e incluso puede matar. Este tipo de Papá debe ser sacado de la familia por el alto riesgo que representa para el colectivo. La sociedad debe contar con los mecanismos y órganos autónomos para cuidar y proteger a la mayoría, todo es producto del ejercicio de consulta y decisión popular en Asamblea Nacional Constituyente. Quien controla una ANC, controla todo, y solo hay dos sujetos enfrentados en ese órgano supremo, los ricos y los pobres.

La consulta es un ejercicio propio del ser humano que aspira a la verdad, y la instauración de la justicia y el derecho común. La verdad es el fruto de la contradicción y la cristalidad de los intereses colectivos.  La búsqueda de esa verdad es un ejercicio político e ideológico en una sociedad donde el control de la subjetividad es eclipsado por la ideología de la clase dominante. Es urgente que el pueblo hondureño decida el método para romper la hegemonía del dominio oligárquico y construir democracia. Una es la dictadura déspota del gran capital cristalizado en élites y hombres concretos, otra la dictadura de la democracia, del pueblo. Quizá suene duro, pero el poder del pueblo cuando entra en un proyecto de autonomía y soberanía política, económica, social, cultural, ambiental y espiritual se debe mantener, y en la elección, como no se hace fraude, prevalece la decisión popular. No existe democracia sin una dirección central que dirige el proyecto de vida en justicia, libertad y soberanía nacional. Allí deben estar mujeres y hombres incorruptibles, serios u humanos.

No hay que olvidar que cuando el pueblo desarrolla su poder, y la administración de ese poder está en manos de gente buena, el pueblo hace uso de su sabiduría. El pueblo es sabio. Lo que hace un déspota es inhibir la sabiduría del pueblo y mediante la intimidación, la amenaza, el castigo, la manipulación que produce miedo, lo somete. Queremos y debemos ser consultados, no insultados como lo propone la elite déspota del país. Hacer valer el derecho a la consulta de manera honesta y transparente, requiere organización comunitaria, información y movilización permanente.

 

Fuente:http://movimientom4.org/2018/11/hablemos-de-la-consulta-y-de-quien-insulta/

Mexico

Al norte de Nariño, ‘pelea’ por minería se define en las urnas

Luego de un largo proceso donde no hay claridad en cuanto al tema de explotación minera en el municipio de San Lorenzo, norte de Nariño, el próximo dominio se realizará una consulta popular. “Es legítima y autónoma en defensa del agua, la vida y el territorio”, dijo el dirigente Robert Elio Delgado de la Coordinadora Nacional Agrario. Este evento contará con presencia de observadores nacionales e internacionales.

¿Cómo inició?

 El proceso comenzó en el año  2008, luego de que el Gobierno Nacional sin tener en cuenta a las comunidades entregara títulos para la exploración y explotación minera, actividad que según las comunidades pone en riesgo la producción del agua, la comida, la economía campesina en general, la tranquilidad y la pervivencia en el territorio.

Justificación

En este sentido los moradores expresaron que las experiencias vividas con la multinacional Mazamorras Gold en los corregimientos de San Rafael y Santa Marta en San Lorenzo y en las veredas Olaya y El Volador en Arboleda, constituyen testimonios de los desastres ambientales, sociales y de violencia generados por la gran minería.

Foro

El dos de julio del año pasado en el municipio de  Berruecos, se cumplió un Foro por el Agua y en contra de la minería, en ese escenario se tomó la decisión de adelantar la consulta popular para refrendar la voluntad de las comunidades y sus instituciones locales de proteger el territorio, sus bienes naturales y la vocación agropecuaria en cinco municipios del Territorio Campesino Agroalimentario del norte de Nariño.

Testigos

Estarán presentes la Misión de Observación Electoral –MOE-, La Asociación Minga, una delegación del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana de Bogotá y representantes de organismos de Derechos Humanos y Protección del Medio Ambiente de carácter internacional.

Fuente:http://hsbnoticias.com/noticias/pol%C3%ADtica/al-norte-de-narino-pelea-por-mineria-se-define-en-las-urnas-482305

Chile

Institucionalidad ambiental: sin fundamento válido no hay decisiones legítimas

El sistema no da garantías a la ciudadanía ni a los observadores independientes de la validez de los “fundamentos técnicos” de las decisiones que toma, las cuales, consecuentemente, resultan ilegítimas y terminan siendo resistidas.

La eventual modificación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) impulsada por el gobierno, a veinte años de su creación y a menos de ocho años de su modificación, invita a debatir si es necesaria o no su reforma, lo cual exige, como primer paso, evaluar su desempeño. De acuerdo con el “Mapa de conflictos socioambientales en Chile” que elabora el Instituto Nacional de Derechos Humanos, de un total de 142 conflictos ocurridos en los últimos años en nuestro país, 115 (un 81%) se han producido en el marco del proceso de evaluación ambiental. Si tomamos como indicador la conflictividad suscitada por el SEIA (CELCO, Hidroaysén, Alto Maipo, Dominga, Isla Riesco, etc.), no cabe más que admitir que el sistema tiene problemas.

Esta conflictividad puede explicarse por varios factores. Uno de ellos, quizá el más importante, es que el sistema no da garantías a la ciudadanía ni a los observadores independientes de la validez de los “fundamentos técnicos” de las decisiones que toma, las cuales, consecuentemente, resultan ilegítimas y terminan siendo resistidas.

En lo medular, el SEIA tiene dos propósitos: identificar los impactos ambientales que provocará un proyecto y definir medidas idóneas para mitigar, reparar o compensar aquellos impactos que se consideren “significativos”. Visto desde este punto de vista, el SEIA es un sistema de producción de conocimiento que, a diferencia de la Ciencia, que también es un sistema de producción de conocimiento, adolece de un conjunto de errores de diseño, que hacen que sus resultados no puedan considerarse válidos.

La Ciencia confía en que los hechos que establece son verdaderos. Esa confianza no descansa en la sabiduría de los científicos ni en el uso del método científico, sino en el imperio de dos principios básicos que rigen la institución: el «desinterés» y la «evaluación de pares». Las y los científicos orientan su acción, en primer lugar, por un código ético que tiene entre sus principales valores, el desinterés. Esto significa que el científico debe investigar desinteresadamente. Cualquier resultado que obtenga en su trabajo le reportará la misma recompensa. Bajo esas circunstancias, el científico no se ve tentado a sesgar ni manipular sus resultados. El desinterés institucionalizado se convierte en garantía de libertad y honestidad científica. Por otra parte, el trabajo del científico está siempre sometido a la vigilancia de una comunidad científica. Los científicos que conforman esta comunidad son quienes juzgan si los resultados de una investigación son válidos o no. ¿Por qué? Porque sólo un científico está en condiciones de juzgar si las teorías, métodos y materiales usados en la investigación de otro científico son los idóneos. Ambas cosas combinadas e institucionalizadas dan garantía a la Ciencia de que el conocimiento que produce es verdadero y, por lo tanto, válido para tomar decisiones que aspiren a ser consideradas legítimas.

El SEIA no cumple ninguno de estos requisitos. En primer lugar, la investigación la lleva a cabo el propio interesado (el titular del proyecto), por medio de una consultora que contrata para estos efectos. Este esquema le concede al titular la facultad de determinar todos los elementos críticos de cualquier investigación: definir el área de afectación, seleccionar los parámetros para describir el ambiente, identificar los impactos “significativos” del proyecto, y proponer medidas de mitigación, reparación y compensación, entre otros aspectos. Los expertos de estas consultoras no tienen ninguna autonomía para definir nada de lo anterior. Todo lo deciden sus superiores y éstos lo negocian con el cliente. Y ya se sabe: el cliente siempre tiene la razón. En buenas cuentas, el proceso de producción de conocimiento está completamente supeditado al interés. Así, no es de extrañar que los impactos identificados en estos estudios sean relativamente pocos, que sólo una fracción de ellos tenga el carácter de “significativo”, que las medidas propuestas para hacerse cargo de esos impactos sean en su mayoría de compensación, en lugar de ser medidas de mitigación efectiva o reparación, y que, en general, esas medidas resulten irrisorias a los ojos de la ciudadanía o de cualquier experto independiente.

Por otra parte, las consultoras no tienen una contraparte científica que juzgue la calidad de su trabajo. El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) no actúa como un sistema de vigilancia científica. Se limita a llevar un registro de las consultoras (en lugar de acreditar su capacidad, como ocurre con la CNA en Educación Superior) y elaborar guías metodológicas que son de uso voluntario. Si estas guías no son usadas o son mal usadas, el SEA no puede hacer nada al respecto. La legislación establece sólo dos resguardos de la calidad científica de estos estudios. El primero es que las metodologías que se usen deben estar “justificadas”. Pero la justificación es algo que también queda en manos de los titulares, y no hay nada que impida al titular usar la metodología que más le convenga y luego justificarla de cualquier manera. El segundo resguardo es la participación de los distintos servicios públicos con competencia técnica (SAG, SERNAGEOMIN, CONAF, etc.), los cuales pueden hacer “observaciones” al Estudio de Impacto Ambiental. En la práctica, dicha tarea recae en un funcionario que es experto en una materia específica, y que se limita a hacer las observaciones que se siente autorizado a plantear de acuerdo a su especialización, absteniéndose de analizar el resto del estudio. Ninguno de estos servicios tiene una unidad de evaluación ambiental conformada por personas especialmente formadas, que puedan hacerse cargo de esta tarea integralmente. En la práctica, el sistema no tiene capacidad para revisar todas las variables ambientales del proyecto. Tampoco puede analizarlas de manera conjunta, porque los pocos expertos que participan en la evaluación trabajan separadamente, con lo cual la posibilidad de identificar los impactos sinérgicos de los proyectos es prácticamente nula. Como si esto fuera poco, el SEA ha desarrollado una práctica llamada en la jerga “reuniones de lobby”, en las que se sienta a negociar con la parte interesada los términos y límites en los cuales ésta se hará cargo de las observaciones hechas por los servicios públicos y la ciudadanía. Cómo es obvio, bajo estas condiciones no cabe esperar otra cosa que una lista mínima de impactos, todos de fácil solución para el titular.

Pero el asunto no termina ahí. Una vez que los proyectos son aprobados y entran en operación, empiezan a aparecer impactos ambientales no previstos y se hace evidente que las medidas de mitigación, reparación y compensación comprometidas resultan ineficaces. En ese punto, el sistema no tiene cómo remediar sus errores de procedimiento; la empresa opera conforme a la ley. El sistema tampoco tiene cómo incorporar esos aprendizajes, ni hacerlos exigibles a nuevos proyectos que se sometan a evaluación. Los nuevos proyectos pueden volver a incurrir en las mismas omisiones, errores e inconsistencias. El SEIA no tiene retroalimentación ni seguimiento de los impactos de los proyectos. A diferencia de la Ciencia, el SEIA no aprende, no es acumulativo ni autocorrectivo.

El SEIA produce un conocimiento supuestamente “verdadero” y “fiable” y, sin embargo, carece de los mecanismos que podrían dotarlo de esas virtudes. Por el contrario, campean en él el sesgo y la manipulación. A ese tipo de investigación en Ciencia se le considera fraude. Y así es como se siente la ciudadanía sometida al SEIA: defraudada y atropellada por decisiones institucionalizadas, tomadas sin fundamentos válidos y que, en consecuencia, no pueden considerarse legítimas. El SEIA necesita ser modificado, sí, pero no como pretende el gobierno. El sistema necesita ser fortalecido y rediseñado profundamente. Replicar en él los mecanismos que controlan la producción de conocimiento en la Ciencia es una medida imprescindible, que ayudaría a tomar decisiones fundadas en conocimiento válido y, por lo tanto, más legítimas. Mientras eso no ocurra, las personas sometidas al SEIA seguirán impugnado y resistiendo sus decisiones, con toda razón.

Fuente:http://www.theclinic.cl/2018/11/21/columna-institucionalidad-ambiental-sin-fundamento-valido-no-hay-decisiones-legitimas/

Bolivia

MUJERES REGANTES DE TACAGUA UN PUNTAL EN LOS 25 AÑOS DE RESISTENCIA AL EXTRACTIVISMO MINERO EN CHALLAPATA

Integrantes de Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, nos cuentan que Challapata se caracteriza por tener la Represa de Tacagua que aprovisiona de agua para riego a los 1200 usuarios y sus familias organizados por zonas. Challapata, gracias a la represa de Tacagua tiene vocación productiva agrícola, ganadera y lechera, reconocida por leyes nacionales y municipales, con un fundamental aporte a la seguridad y soberanía alimentaria del país.

Sin embargo empresas transnacionales mineras como la Canadiense Castillan Resourse continúan con intentos de explotar oro a cielo abierto del cerro Achachucani, que paradójicamente se encuentra frente a la represa de Tacagua, lo cual atentaría directamente sobre el agua, la producción, los derechos y la vida.

Pero la unidad de los 1200 usuarios de la represa de Tacagua y el rol de las mujeres, ha consolidado estos 25 años de resistencia al extractivismo minero, con movilizaciones expulsaron a tres empresas mineras a lo largo de estos años, mejoraron su sistema de riego, estan promoviendo el turismo y luchando por la aprobación de una ley de aguas que sea para la vida y no para la mina.

Cual es el aporte de las Mujeres Regantes en la Resistencia?

Las mujeres regantes de Challapata mantienen viva la resistencia minera en la organización. Ser parte de una Red de Mujeres hace que ellas puedan respaldarse en las experiencias de otras mujeres y sus comunidades que tienen minería, y que sufren por los impactos ambientales en el territorio y en sus cuerpos.

Se capacitan e intercambian experiencias en la escuela de Defendoras Warmi Yaku en alianza con el Colectivo CASA, organizan talleres con videos, imágenes y testimonios de otras hermanas que viven con minería y los impactos mostrando la contaminación del agua, del suelo, el nacimiento de animales con deformaciones, la preocupación y la violencia medioambiental que genera daños en la integridad de las mujeres, en la calidad de vida y en los derechos. También promueven la valoración del trabajo en el campo de las mujeres, el uso eficiente del agua, la capacitación con intercambios desde experiencias de otras comunidades sobre alternativas productivas, ferias, reuniones con autoridades con propuestas de principios para proteger el agua.

Muchas veces el rol de las mujeres es invisibilizado pero son ellas quienes garantizan la logística en las movilizaciones, desde muy temprano preparan los alimentos, pastorean a sus animales fabrican queso y derivados lacteos. Experimentan sobrecargas de trabajo para poder asistir a las reuniones, talleres, y no dejan de cuidar a sus hijos y familia.

Son quienes con visión futurista defienden el agua, la salud, la producción y su legado territorial, son quienes recuerdan la han expulsado tres veces a las mineras transnacionales que pretendían engañar ofreciendo trabajos temporales en Challapata.

También reconocen que muchas veces son los varones quienes lideran la organización pero desde hace algunos años las mujeres están tomando espacios como juezas de agua, presidentas zonales y permanentemente fortaleciendo su liderazgo con capacitación, porque reconocen que deben estar fuertes y activas en la lucha para defender su territorio, sus familias al agua y defender a la Madre Tierra.

Por todo ello queremos resaltar el valor de las mujeres regantes y defensoras de la Madre Tierra, que son un puntal en estos 25 años de resistencia al extractivismo minero y por muchos más años.

Colectivo CASA, noviembre de 2018

Fuente:http://oiedc.blogspot.com/2018/11/mujeres-regantes-de-tacagua-un-puntal.html

Ecuador, Videos

Cuando las mujeres luchan por la vida…

Cuando las mujeres luchan por la vida…

En homenaje a las mujeres de Ecuador. Que luchan por las tierras y ríos como forma de conservar nuestro legado ancestral y soberanía de los pueblos. Imágenes de la movilización por el agua ante el extractivismo minero y corrupción. Noviembre 2018.

Nuestro agradecimiento a l@s compañer@s comunicadores populares, que con esfuerzo y alegría comparten sus materiales y buenas vibras…

A los amig@s de Acción Ecológica y Agencia Ecologista por los tiempos transformados en la trinchera hacia la esperanza. Gracias totales…

FIAN Ecuador Naif Comunicacdor Fian Observatorio del Cambio Rural Al GRANO Ecuachaski Ecuarunari Ecuachaski Ecuarunari Radio Kimsakocha ALER Satelital La Barra Espaciadora Warmikunapak Rimana Comisión Ecuménica Derechos Humanos Minka Urbana Alternativas Vivas Caminantes, espacio de articulación nacional anti-minera del Ecuador MiningWatch Canada OCMAL Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero