Foro Ambiental y Social de la Patagonia intervino charla prominera en Comodoro

29 noviembre, 2018 Autor: Con Sello Patagónico / No a la Mina.org

El viernes 23 de noviembre, Pan American Silver expuso, a un grupo de empresarios de Comodoro Rivadavia en la Expo de la Industria y el Comercio, sus necesidades de servicio para el caso de que fuese aprobada la zonificación minera. Lo llamativo es que la convocatoria e invitaciones cursadas parecen haber sido secretas, a tal punto que la charla no figuraba en el programa de la Expo. El FASP intervino en la charla y expresó el rechazo de los comodorenses.

Aunque la exposición se dio en el marco de la Expo de la Industria y el Comercio no aparece en el cronograma oficial de actividades, las invitaciones se cursaron de manera personal. Dado que la Expo comodorense es un evento abierto, miembros del Foro Social y Ambiental estuvieron allí y expusieron el rechazo a la zonificación minera en Chubut.

La invitación de Pan American Silver no aparecía en el cronograma oficial de la 5° Expo de la Industria y el Comercio que se desarrolla con gran convocatoria en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia. Sin embargo, se cursó a un grupo de empresarios de la ciudad. Allí se adelantaba que el viernes 23 de noviembre a las 19:30 horas habría una reunión con referentes de la empresa.

“Es la presentación formal donde explicarán su proyecto y sus futuras necesidades de servicio, en caso de aprobarse la extracción minera en la provincia”.

La presencia del FASP

El Foro Ambiental y Social de la Patagonia expuso el rechazo al intento de seducir con megamineria a los empresarios de la zona y a través de sus redes sociales informaron que se pretendió evitar que escuchen la propuesta de Pan American Silver. Reproducimos el relato del foro.

“En Comodoro Rivadavia tampoco avalamos la megaminería.

Pan American Silver y unos pocos interesados por el proyecto Navidad también se enteraron que acá también nos oponemos a su actividad contaminante y saqueadora.
Quisieron echarnos “porque no fuimos invitados” pero por supuesto no se acordaron que la Expo de la Industria y el Comercio es un evento abierto al público.

Lo raro es que PAS no aparece en ningún programa de expositores…. Aunque intenten comprar con mentiras a sectores de nuestra sociedad y encima a escondidas no se olviden que en nuestra provincia su actividad además de ilegal es ¡ilegítima!”.

Fuenrte:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/42253-el-foro-ambiental-y-social-de-la-patagonia-intervino-una-charla-prominera-en-comodoro

Latinoamerica

Los gobiernos de América Latina esclavos del destino extractivo exportador

29 noviembre, 2018 Autor: Cepal / No a la Mina.org

En la IX Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas (CAMMA) realizada el 20 de noviembre en Lima, Perú, se reunieron las autoridades del sector minero de varios países de América Latina y el Caribe para discutir las “oportunidades y desafíos” de la región. En este evento, una vez más se evidenció que los gobiernos siguen encasillando a la región hacia un único destino como exportador de naturaleza. En el desarrollo de la jornada se reconoció que los principales desafíos ambientales son la contaminación, el uso del agua y la destrucción de hábitats. No obstante, ellos sostienen que la solución para una “gestión sostenible” se lograría promoviendo el diálogo y participación “informada y transparente”. Esta propuesta reduce la resolución a la mera persuasión de las minorías e invisibiliza el hecho de que la falta de sustentabilidad es un atributo intrínseco a cualquier actividad de extracción de recursos no renovables.

El día 20 de noviembre en la ciudad de Lima, Perú, se realizó la IX Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas (CAMMA), en donde autoridades del sector, provenientes de varios países de América Latina y el Caribe, abordaron lo que ellos consideran las “oportunidades” y “desafíos mineros” para un desarrollo “más sostenible” en la región.

Asistieron al encuentro ministros, viceministros y otros representantes de alto nivel de 12 países – Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y República Dominicana. Estuvo presente Carolina Sánchez, secretaria de Política Minera de Argentina y presidenta del Comité Ejecutivo de la Conferencia de Ministerios de Minería de las Américas (CAMMA).

Una de las exposiciones más importantes de la conferencia estuvo a cargo de Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), quien presentó un estado de situación de la minería y postuló estrategias para la sustentabilidad.

Bárcena describió el contexto actual como caracterizado por un lento crecimiento económico, un debilitamiento del multilateralismo y un alza del proteccionismo, así como también por tensiones tecnológicas y comerciales entre Estados Unidos y China, una acelerada revolución tecnológica, un incierto futuro laboral, una transición demográfica reflejada en fuertes flujos migratorios y una amenaza de cambio climático que urge a un cambio de paradigma energético.

“Estamos en un punto de inflexión en el avance de la globalización. La próxima década de la minería será impulsada por modelos de negocios digitales y sostenibles. América Latina y el Caribe debe prepararse para este desafío, que ya llegó”, señaló la secretaria ejecutiva de la CEPAL, quien estuvo acompañada por Mario Cimoli, secretario ejecutivo adjunto de la Comisión, y Jeannette Sánchez, directora de la División de Recursos Naturales e Infraestructura del organismo regional de las Naciones Unidas.

El discurso de Bárcena, invisibilizó el hecho de que en varios países de América Latina hoy comienza a debatirse la posibilidad de una transición y la salida del extractivismo. Como bien explica el libro 15 Mitos y realidades de la minería transnacinal en la Argentina (2011):

“Existen ciertos acuerdos que hoy recorren las discusiones sobre el extractivismo en América Latina (Svampa, 2011). El primer acuerdo se refiere al momento crucial que vive la humanidad, esto es, a la gravedad de la crisis ecológica global (crisis energética + crisis alimentaria + crisis climática) lo cual reclama la necesidad de implementar alternativas superadoras, tanto en lo que se refiere a los modelos de producción vigentes como a los patrones de consumo masivo. El segundo acuerdo se refiere a la paradoja latinoamericana, que marca la coexistencia de gobiernos progresistas (Año 2011) con una cierta vocación de transformación social con modelos extractivistas, basados en la apropiación y destrucción de los bienes naturales. (…) El tercer acuerdo, inextricablemente ligado a lo anterior, se refiere a que un conjunto de alternativas dentro del desarrollo convencional serían insuficientes frente al extractivismo reinante, y que por ello mismo es necesario pensar y elaborar alternativas al desarrollo.”

Bárcena, en cambio, desde su mirada productivista expresó que las “oportunidades” se basan en que “la región tiene una participación relevante en las reservas mundiales de los principales minerales metálicos, especialmente de oro, plomo, níquel, plata y zinc”, pero lamenta que “en los últimos años ha perdido terreno en la explotación del cobre, litio, hierro, estaño, bauxita y alúmina.”

Esta concepción que fomenta la extracción de los recursos hasta el agotamiento, dista mucho de aquella de quienes observamos el rotundo fracaso del modelo de desarrollo minero. Un claro ejemplo, es lo ocurrido con el yacimiento de Bajo de la Alumbrera en Catamarca y otros cientos de casos en todo América Latina.

En el afán de consumir y agotar rápidamente los bienes comunes presentes en la corteza terrestre, Bárcena detalla que, “la exportación de materias primas mineras casi se duplicó en los últimos 20 años (pasando del 20% en 1995-1997 al 37% en 2015-2017). Esto es cuatro veces mayor que el peso que tienen las exportaciones mineras mundiales (9% en 2015-2017).”

Además, sabemos que los beneficios de la minería en los países donde se extraen los minerales no contribuyen al desarrollo del país, sino que “el resultado es una ecuación financiera asimétrica entre ingresos fiscales exiguos versus ganancias empresariales extraordinarias.” (Colectivo voces de alerta, 2011)

Incluso la propia Bárcena confirma este argumento cuando explica que “el superciclo en el precio de las materias primas (observado entre 2002 y 2008) mejoró los términos de intercambio y dinamizó las exportaciones de la región, pero este boom se reflejó de manera heterogénea y volátil en los precios de los principales minerales, lo que provocó fluctuaciones sustanciales en los ingresos fiscales, complicando la fiscalidad de los países productores.”

Bárcena agrega que, más allá de la promoción de los proyectos mineros, “se advierte una caída de la inversión extranjera directa en los últimos cinco años” lo cual promete un “crecimiento para 2018 impulsada por la minería de cobre en Chile y Perú.”

La secretaria también señaló que “persisten importantes desafíos ambientales de la minería en la región, como la contaminación, el uso del agua y la destrucción de hábitats, entre otros, a lo que se suma el hecho de que América Latina y el Caribe es la región con más conflictos socioambientales de explotación minera.” Estas afirmaciones demuestran que el repudio de las comunidades es presentado y reconocido como un obstáculo que deben enfrentar las instituciones que fomentan la minería.

Desde el CEPAL promueven un modo de gestión, mediante una “gobernanza de los recursos naturales,” es decir, interacciones y acuerdos entre gobernantes y gobernados. Esta interacción es de apariencia más democrática, y afirman “que permite un fortalecimiento de las capacidades institucionales nacionales y locales; y promueve un diálogo y participación con múltiples actores de manera informada y transparente”. No obstante, esta idealización de la realidad no resolvería de ninguna manera la falta de sustentabilidad debido a que se trata de un atributo intrínseco de esta actividad extractiva.

Finalmente, también admiten que se “debe impulsar el cambio estructural progresivo” que según el modelo propuesto, incluiría mecanismos fiscales de estabilización, mejoraría la relación de la minería con su entorno ambiental y social, promovería la integración regional, etc.

Esta búsqueda de cambios estructurales para la actividad, demuestra que ellos mismos admiten que el modelo que hace años promueven como salvación para Latinoamérica es de hecho ineficaz y dañino para el ambiente y las economías locales.

Bibliografía:

Colectivo Voces de Alerta, (2011), 15 Mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina, Argentina: El Colectivo y Ediciones Herramienta.

Svampa,M., (2011), Extractivismo neodesarrolista, gobiernos y movimientos sociales en América Latina.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/item/42258-los-gobiernos-de-america-latina-esclavos-del-destino-extractivo-exportador

Venezuela

El arco minero indígena en la Guayana venezolana

29 noviembre, 2018 Autor: José Rafael Lozada, El Nacional.
Conflicto Relacionado: Arco Minero- Las Brisas

Desde hace años he venido denunciando la minería en territorios indígenas, como una grave amenaza para los propios habitantes de esas zonas y para los ecosistemas de su área de influencia. Hice el planteamiento en un foro sobre el tema realizado en 2016 en el Centro de Ingenieros de Ciudad Guayana y, en 2017 logré su inclusión en el Remitido sobre el Arco Minero del Orinoco, aprobado por el Consejo Universitario de la Universidad de los Andes (disponible en la web).

En estos momentos, reconocidas personas e instituciones denuncian la minería que está destruyendo áreas del Parque Nacional Canaima (declarado como Patrimonio de la Humanidad) y otros lugares adyacentes. Pero casi nadie quiere decir que la mayoría de esos trabajos en las minas están siendo ejecutados por los propios miembros de las etnias. Hay una especie de indulgencia automática con respecto a los posibles delitos ambientales que pudieran estar cometiendo los hermanos indígenas. Eso carece de toda lógica ambiental. La solución no es evadir el problema; es identificarlo, analizarlo y convocar a los actores para buscar alternativas enmarcadas en las leyes. Pero, ojo, hay que hacer cumplir las leyes.

Podría decirse que el problema tiene su origen en la anarquía minera que comenzó en 2004, con la creación de la Misión Piar que daba total apoyo con créditos, maquinarias, motobombas y tuberías, a quienes explotaban el oro al estilo de los garimpeiros. En ese mismo año un grupo de la etnia yek’wana se asoció con criollos y ambos iniciaron la explotación comercial en El Caura, que se consideraba la última cuenca prístina en el planeta. Entre 2011 y 2012 se reportó que pemones estaban realizando minería en El Casabe y en el río Tonoro, ubicados en la cuenca del Paragua. Entre 2010 y 2013, la prensa también informó sobre actividades similares en el río Carrao y en Urimán (dentro del Parque Nacional Canaima); en el último sitio el Ejército llegó a intentar controlar la situación, y los soldados fueron sometidos, amarrados y arrodillados; hubo una negociación para liberarlos y los indígenas expresaron que ellos continuarían con su labor minera en la Gran Sabana.

El portal SOS-Orinoco ha identificado unos 33 lugares donde se está haciendo minería dentro o en las adyacencias al parque Canaima. Esa información, unida a la que he recabado, indica que hay participación de indígenas en minas al menos en los siguientes lugares: zona media del río Caura, cuenca del río Paragua (El Casabe, río Tonoro, río Karún), cuenca del río Caroní (Las Calaveras, Campo Alegre, Sampai, Chiricayén, Apoipó, río Surucún, Acaredén, Yacrimá, río Amac, río Uaiparú, Parkupí, río Apremé, Aripichí, río Pirma, río Tirika, Urimán, Boquini, Guacharaca, Chicharrón, Asapati, río Carrao, Wadetey, Kuana, río Mowak). La ubicación de algunos de esos sectores demuestra que ya está en ejecución lo que podría llamarse el arco minero indígena, que se muestra en la siguiente figura.

_{Arco minero indígena en el área de influencia del Parque Nacional Canaima}

El tipo de minería que se está efectuando en estos sitios corresponde a monitores hidráulicos, con el uso de mercurio. Esto trae nefastas consecuencias para los ecosistemas y para los propios indígenas: destrucción de la vegetación, de los ríos, fragmentación de hábitats, contaminación del agua por sedimentos y por mercurio, afectación de la fauna, destrucción del suelo (ver siguiente imagen), enfermedades por mercurio, proliferación del paludismo, prostitución, tráfico de drogas y de alcohol.

_{Mina de Campo Alegre (10 kilómetros al suroeste de San Ignacio de Yuruaní, Gran Sabana), activa desde hace unos 10 años, con una superficie actual de 81 hectáreas (imagen tomada de Google Earth)}

La minería indígena ha evolucionado, ha adoptado prácticas de los criollos. Se ha reportado la existencia de un grupo paramilitar armado llamado Guardia Territorial Pemón, que pretende tomar el control de las minas que trabajan los criollos en Icabarú desde hace más de 50 años; es casi seguro que esa violencia generó, hace pocas semanas, el homicidio de José Vásquez, comandante de ese grupo paramilitar. También ocurrió otro hecho deplorable cuando se denunció, en agosto de este año, una disputa (con seis fallecidos) en la que miembros de la etnia Sanema se aliaron con “sindicatos” criollos y enfrentaron a integrantes de la etnia hibi por el control de una mina cerca de Maripa. Se puede prever que pronto los grupos indígenas más vulnerables serán víctimas de etnias con recursos más avanzados; en el pasado han ocurrido guerras por dominio del territorio y por derechos de cacería, ahora eso se puede repetir por la explotación del oro, lo cual hay que evitar; no se puede permitir que la violencia siga afectando a los hoti (en la sierra de Maigualida) o que se repitan masacres con los yanomami (en las sierras de la Neblina y Parima-Tapirapecó).

El arco minero indígena no está relacionado en tiempo ni en espacio con el Arco Minero del Orinoco decretado por el gobierno (que de por sí es muy malo). La mayoría de las minas indígenas comenzaron muchos años antes que el AMO. Este está al norte del estado Bolívar y muy lejos, en el sur, están las minas indígenas. En el sur es donde se hallan las más graves amenazas a los recursos hídricos, allí se encuentran las nacientes de los grandes ríos de Guayana (los ríos no corren del norte al sur, nacen en el sur y corren hacia el norte), ahí existe la mayor cobertura boscosa que se conecta con la selva amazónica, esa es la zona de los tepuyes y la diversidad más rica y frágil de Venezuela.

Tradicionalmente, la posición “oficial” de las organizaciones indígenas era que se oponían a la minería; así lo han expresado la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas y la Organización Indígena de la Cuenca del Caura (Kuyujani). Pero en las últimas semanas han aparecido declaraciones de los caciques de Gran Sabana y de Emilio González (integrante de la etnia pemón, minero y alcalde del municipio Gran Sabana) que señalan la defensa del derecho de los indígenas a practicar la minería. Esto representa un consentimiento público de lo que ya han venido ejecutando desde hace años; no le dan el nombre pero es innegable que está en marcha un arco minero indígena. Eso es muy grave porque sus territorios, en los que hay riquezas minerales localizadas, abarcan millones de hectáreas y, si esa destrucción no se detiene a tiempo, pronto veremos inmensos impactos ambientales y sociales. Esos territorios son iguales o mayores al Arco Minero del Orinoco decretado por el gobierno.

Para finalizar, hay que destacar que la Constitución nacional (1999), la Ley de demarcación y garantía del hábitat y tierras de los pueblos indígenas (2001) y la Ley orgánica de pueblos y comunidades indígenas (2005) protegen el modo de vida ancestral de las etnias; la minería con monitores hidráulicos y con mercurio no es parte de ese modo de vida ancestral. No hay forma legal de permitir esa actividad dentro de parques nacionales, monumentos naturales, zonas protectoras ni reservas hidráulicas. Quienes promueven esas ideas ignoran de manera muy irresponsable e imprudente las leyes de Venezuela.

_{Linderos aproximados del Arco Minero del Orinoco (línea negra) y su relación con los territorios indígenas}

No se puede seguir desconociendo el arco minero indígena. Ojalá que la sabiduría de los ancestros ilumine a los consejos de ancianos, y que estos actúen para retomar un modo de vida en armonía con el ambiente, y que la salud y la paz los acompañen en esta y en las próximas generaciones.

@jrlozada61

Fuente:http://www.el-nacional.com/noticias/columnista/arco-minero-indigena-guayana-venezolana_261388

Argentina

Vaca Muerta y minería, las dos cartas de Macri para atraer inversiones durante el G20

29 noviembre, 2018 Autor: Horacio Serafini, de la corresponsalía Buenos Aires , Los Andes.ar

El presidente, Mauricio Macri, ya empezó a relucir sus dos grandes caballos de batalla para atraer inversiones extranjeras: durante la reunión bilateral que mantuvo esta mañana con el premier de Singapur, Lee Hsien Loong, habló sobre el potencial del yacimiento Vaca Muerta y de las reservas locales de litio.

El Jefe de Estado recibió a Loong en la Quinta de Olivos y abrió así una intensa agenda de encuentros que mantendrá con al menos 17 líderes internacionales en el marco del foro del Grupo de los 20, que comenzará formalmente mañana en la Capital Federal y se extenderá hasta el sábado.

Fuentes oficiales confirmaron a este diario durante el desayuno de trabajo, Macri invitó a su par de Singapur a explorar oportunidades de inversión en el país y destacó, entre otras, las posibilidades que ofrece tanto el yacimiento de Vaca Muerta y como la explotación minera, especialmente el litio.

“Queremos aumentar el nivel de cooperación, no solo entre la Argentina y Singapur, sino entre el Mercosur y Asia”, destacó el presidente tras el cónclave.

Además, Macri le propuso que compañías singapurenses se presenten a la licitación para construir infraestructura en el Puerto de la Ciudad de Buenos Aires y se sumen en el objetivo de incrementar la conectividad aérea entre Asia y Sudamérica.

Por su parte, Loong invitó a Macri a visitar Singapur el año próximo y le expresó su interés en aumentar la importación de carne de la Argentina, así como la de vinos y de diferentes servicios que se generan en el país.

En diciembre del año pasado, Singapur autorizó el ingreso de carne fresca o congelada y menudencias de bovinos, ovinos y caprinos.

Asimismo, ambos mandatarios coincidieron en la importancia de concluir las negociaciones vinculadas con un tratado bilateral para la protección de inversiones, cuya negociación se encuentra avanzada, que conducirá al aumento de inversión extranjera en la Argentina.

Acompañaron a Macri el canciller Jorge Faurie; el ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Alejandro Finocchiaro; y los secretarios de Modernización, Andrés Ibarra, y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, y de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, y el vocero presidencial, Iván Pavlovsky.

Por parte de la delegación de Singapur participaron los ministros de Relaciones Exteriores, Vivian Balakrishnan, y de Finanzas, Heng Swee Keat, y el embajador en la Argentina, Sydney Michael Hwang, entre otros funcionarios.

Fuente:https://losandes.com.ar/article/view?slug=vaca-muerta-y-mineria-las-dos-cartas-de-macri-para-atraer-inversiones-durante-el-g20

Chile

Protección del medio ambiente y minería

29 noviembre, 2018 Autor: Daniel Benoit , Portal Minero.

El concepto medio ambiente definido legalmente desde 1994, corresponde a una definición de carácter amplia, comprensiva no sólo de sus componentes más generales como son, el suelo, el agua y el aire, sino que también el patrimonio cultural. En consecuencia, la evaluación ambiental de proyectos iniciada a contar de abril de 1997 a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental incrementó el hallazgo monumentos nacionales, entre los que se encuentran los restos arqueológicos y su correspondiente protección.

Entre las actividades sensibles en estos temas encontramos, los proyectos mineros, de infraestructura vial, en incluso la construcción de puertos, obligando al rescate vestigios de pueblos ancestrales. Sin embargo, por primera vez se originaría un conflicto en entre la explotación propia de la industria minera y la conservación del patrimonio cultural para el caso de que una sustancia concesible es a la vez sustancia fósil, por tanto de carácter paleontológico, de valor cultural y por tanto afecto a conservación. En este sentido, durante la década de los años 80, se otorgaron concesiones mineral sobre mantos de fosforita, sustancia minera que procesada es de mucha utilidad como fertilizante agrícola, proyecto ejecutado por una empresa de la III Región. Este proyecto había sido evaluado y aprobado por la Autoridad Ambiental de la época (Corema III Región).

Sin embargo, a mediados del año 2001, un informe paleontológico difundido en un Congreso Mundial de Paleontología realizado en la República Argentina, consideró a la Zona de los Dedos, localizada en la cercanía costera de Caldera, como un sitio único por su riqueza a nivel mundial. Consecuentemente, el descubrimiento de restos fósiles puso en conflicto intereses de producción y conservación.

Esto motivó una demanda por Daño ambiental del Consejo de Defensa del Estado, como garante de la protección ambiental y en juicio breve llego a una Transacción o acuerdo que hizo posible la conservación de restos fósiles – con más de 10.000 años de antigüedad-y la explotación resguardadas de otras áreas menos rica en restos paleontológicos compuestos, entre otros por dientes de megalodondes o Tiburones Gigantes que existieron petrificados en esta zona hace miles de años, entre otros.

Lo anterior da sentido a la gestión sustentable de actividades que perecerían contrapuestas

Fuente:http://www.portalminero.com/pages/viewpage.action?pageId=159908884

Mexico

La consulta previa ha sido avalada por la justicia mexicana como instrumento del despojo a pueblos indígenas

28 noviembre, 2018 Autor: Nómada / Movimientom4.org

Corte niega amparo a indígenas zapotecos de Oaxaca contra proyecto eólico. En México, el ministro Cossío presentó ante la SCJN un análisis superficial en el que niega el amparo y avala la consulta realizada para un proyecto eólico de 132 aerogeneradores, bajo el supuesto que dicho ejercicio se había dado previo a la instalación de la infraestructura, ignorando la firma previa de contratos, la entrega de permisos gubernamentales y la crítica situación de violencia vivida durante el proceso de consulta. La corte falló a favor, sentando un precedente de legitimación del despojo y la imposición de proyectos con consultas a modo, como un trámite más al alcance de las empresas y el gobierno.

Coincidió con una de las principales celebraciones para los pueblos de México, a los fieles difuntos o el Xandú como le llamamos en nuestra lengua zapoteca. Fueron los pasados 30 y 31 de octubre, cuando un grupo de 50 mujeres y hombres zapotecas del Istmo de Tehuantepec salieron de sus comunidades y viajaron por 12 horas para plantarse durante 48 horas frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el centro de la ciudad de México. En esa ocasión se discutiría la presentación del ministro José Ramón Cossío sobre el proyecto de ponencia del amparo 213/2018, interpuesto por 1166 indígenas zapotecos del Istmo contra la llamada “Consulta” implementada en Juchitán de Zaragoza. El ministro presentó un análisis superficial en el que niega el amparo y avala la consulta realizada para un proyecto eólico de 132 aerogeneradores, bajo el supuesto que dicho ejercicio se había dado previo a la instalación de la infraestructura, ignorando la firma previa de contratos, la entrega de permisos gubernamentales y la crítica situación de violencia vivida durante el proceso de consulta.

Los ejercicios de derechos a la Consulta Previa, Libre e Informada en México se han distinguido por estar plagados de actos de violencia, irregularidades, pactos previos y constantes violaciones a los derechos de los pueblos indígenas. En un país en el que en los últimos diez años han sido asesinados 108 defensores del ambiente, la tierra y el territorio (66% indígenas) y donde la territorialidad de los pueblos indígenas se entrama con las áreas de gran diversidad ecológica, no es casual que estas zonas se encuentren en abierta disputa entre dos visiones de manejo, una que busca la reproducción de la vida y otra enfocada en la acumulación de capital. La posición que adopta el Estado mexicano con la implementación de consultas a modo, deja en claro que su interés es salvaguardar los derechos de las empresas y garantizar el despojo del territorio de los pueblos indígenas.

La sesión de los magistrados no alcanzó a discutir la ponencia en la primera ocasión, se pospuso para el siguiente 15 de noviembre cuando la sala 9 de la SCJN determinaría la sentencia. Por segunda vez un grupo de 40 personas, pertenecientes a distintos pueblos de la región del Istmo de Tehuantepec, nos plantamos y manifestamos durante 48 horas frente a las oficinas del tribunal. Una avalancha de solidaridad volvió a llenar las horas de vigilia, compañeras y compañeros de distintas luchas asentadas en la ciudad de México procuraron acompañar el frío y la lluvia. Mario Luna vocero de la Tribu Yaqui y Russell Peba Ocampo de la Asamblea Maya Múuch Xíinbal, hicieron presencia para denunciar como desde el norte en Sonora hasta el sur en la península de Yucatán, los pueblos de México nos encontramos enfrentando la violación sistemática de uno de nuestros derechos fundamentales: el de la autodeterminación. Es decir, el reconocimiento pleno a decidir sobre lo que ocurre con el territorio desde los modos de vida y cosmovisión propias.

De acuerdo con la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, cualquier proyecto de infraestructura o medida administrativa que afecte directamente a pueblos y comunidades indígenas y tribales, debe ser consultado mediante un procedimiento apropiado de manera previa, libre, informada y de buena fe. En México, en ningún caso se ha cumplido con estos elementos, en repetidas ocasiones las autoridades mexicanas llegan incluso a solicitar a las comunidades que “certifiquen” su identidad indígena en intentos por deslegitimar sus demandas o en situaciones más graves, como contra la Tribu Yaqui, se ha llegado a encarcelar a defensores del territorio.

En su reciente visita al país, la relatora sobre pueblos indígenas de la ONU Victoria Tauli Corpuz, hizo énfasis en que los proyectos de infraestructura en México están siendo asociados a procesos de consulta realizados una vez que las autorizaciones institucionales ya están otorgadas, incumpliendo los estándares internacionales de derechos humanos. La nueva tendencia del gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador de anunciar implementación de consultas como la del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México o la proyectada para el Tren Maya, sólo contribuye a banalizar estos ejercicios, donde los pueblos afectados directamente no son siquiera los principales consultados, simplificando todo el proceso a la emisión de un voto en una urna.

El amparo contra el proyecto “Eólica del Sur” presentado por organizaciones del Istmo de Tehuantepec en septiembre de 2015, se fundamentó en que dicho proceso no fue realizado de forma previa pues ya existían permisos administrativos otorgados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), contratos firmados con posesionarios de la tierra y con sindicatos de transportistas y construcción. Por estas mismas condiciones no se trató de un proceso libre, pues los asistentes estaban ya coaccionados por pactos previos; se trató de sesiones con presencia de representantes de las empresas custodiados por personas armadas y constantes agresiones verbales a quienes se mostraban críticos al proyecto.

De los magistrados que discutieron el amparo sólo la magistrada Norma Lucía Hernández Piña, única mujer de la sala, aceptó escuchar a representantes de las comunidades que viajaron a manifestarse a la ciudad de México, con un particular interés en conocer la perspectiva de las mujeres respecto a la problemática. La lucha de las mujeres por la defensa del territorio es una lucha por la vida, desde las compañeras del Istmo que se reunieron con la magistrada para hablar de cómo estos proyectos las atraviesan, del aumento la prostitución por la migración de obreros y trabajadores varones y las lesiones a la soberanía alimentaria por el cambio en el tipo de usufructo de la tierra; hasta la defensa del agua de Berta Cáceres en Honduras o la de los bosques de Guadalupe Campanur de Cherán, luchas por las que ambas perdieron la vida.

Pasadas las dos de la tarde las compañeras que estaban presenciando el fallo salieron de la SCJN. Arropados aún por la solidaridad proveniente de distintos rincones de la ciudad escuchamos la confirmación de lo que ya se sospechaba. El voto de la magistrada Piña fue uno de los dos emitidos en contra de la presentación del Ministro Cossío y a favor de los pueblos, los otros tres votos del resto de los magistrados terminaron por definir el rumbo con el que continuará la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, sentando un precedente de legitimación del despojo y la imposición de proyectos con consultas a modo, como un trámite más al alcance de las empresas y el gobierno. Después de esta batalla perdida, doce horas de viaje nos separaban aún de nuestra región de viento y mar pero, como dijo la compañera Bettina Cruz: “la lucha no queda acá, esto no es lo último, los estamos esperando en la región, tenemos que plantar cara por el futuro de nuestro territorio, de nuestro hijos y de nuestra región”. El viaje no se nos hizo tan largo cargados como estábamos de lucha y solidaridad.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/11/la-consulta-previa-ha-sido-avalada-por-la-justicia-mexicana-como-instrumento-del-despojo-a-pueblos-indigenas/

Perú

Sin un marco regulatorio para la exploración y explotación de uranio y litio – minera Macusani Yellowcake viene operando en Puno

28 noviembre, 2018 Autor: Red Muqui.org

El pasado jueves 22 de noviembre, en el marco del Foro: “Minería de Litio en America Latina y sus perspectivas en Puno” realizado por la Red Muqui Sur, la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno (DREM Puno), presentó sus perspectivas respecto de la explotación de Litio y Uranio en la región de Puno, a través del Ing. Jesús Dalens Campos, entre otros expositores de Argentina, Chile y Bolivia, que expusieron sobre las experiencias de explotación de litio en sus países.

Al respecto, es de conocimiento público que la empresa minera Macusani Yellowcake, subsidiaria de la canadiense Plateau Energy, halló en una perforación que realizaba para encontrar uranio, en el segundo semestre de 2017, un yacimiento de aproximadamente 2,5 millones de toneladas de litio y unyacimiento de uranio de 34,000 toneladas de uranio en la región de Puno. Los yacimientos están situados a 4.500 metros de altitud en una zona fronteriza con Bolivia, unos 150 kilómetros al norte.

Según la exposición del Ing. Jesús Dalens, el representante de la minera Macusani estimó que la etapa de producción de litio se iniciaría en el segundo o tercer trimestre del 2021, considerando que el estudio de factibilidad se realizaría en el 2019 así como el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la explotación y el comienzo de la construcción de la planta se llevaría a cabo en el 2020.

Es importante señalar que en declaraciones vertidas en un video de CENTRUM PUCP, y en una nota del diario Gestión sobre el evento “Minería de litio en el Perú” realizado en agosto del presente año, el gerente general de la minera, Ulises Solís, destacó que se viene perforando en Macusani, Puno, en búsqueda de uranio desde el 2007, señalando: “recién en el 2017 logramos (Macusani Yellowcake) el permiso de la comunidad de Chacaconiza, y empezamos a perforar, en julio de ese año, en un acuerdo de seis meses, grande fue nuestra sorpresa cuando vimos los resultados”. “Buscando uranio, encontramos litio”.

Según declaraciones de Jesús Dalens Campos de la DREM de Puno, el Estado peruano había entregado una concesión de 30.000 hectáreas para la explotación de uranio a la empresa minera canadiense.

Desde Red Muqui mostramos nuestra preocupación ante la autorización de la exploración de litio y uranio en nuestro país, sin que exista un marco legal regulatorio sobre minerales radioactivos y tierras raras.

Asimismo, nos preocupa cómo la empresa habría logrado el “permiso” de la Comunidad Campesina de Chacaconiza sin haberse realizado un proceso de consulta previa por parte del Estado, debidamente informado, respecto del proyecto de uranio y litio. Una consulta en el que esté presente la información sobre la magnitud del impacto ambiental y social, para que las comunidades en las áreas de influencia puedan decidir si están de acuerdo o no con la operación de una mina de éste tipo en su territorio, más aún cuando no existe aún un marco regulatorio para la exploración y explotación del uranio radioactivo y del litio.

Riesgos y peligros de la explotación de uranio y litio

Al respecto existen varios riesgos que implicaría la explotación de uranio y litio para el medio ambiente y la salud de las comunidades y poblaciones locales en áreas de influencia de la mina.

Litio en su estado físico

El litio es un metal usado en baterías recargables, pilas alcalinas, baterías de aerosoles, energías renovables, alumbrado público, luces de neón y también como medicamento en la psicofarmacología.

Dalens Campos indicó en el evento de Red Muqui Sur que los efectos de la exposición directa al litio son graves para la salud, y el litio puede llegar a ser un peligro significativo para la calidad del agua y para los organismos acuáticos al reaccionar con el oxígeno.

Uranio

El uranio es un mineral radiactivo que es usado principalmente como combustible para los reactores nucleares y para la fabricación de armas nucleares como la bomba atómica. Las personas que están expuestas al uranio consumiendo el agua o alimentos altamente contaminados con el mineral o a través de la inhalación de radón, un gas de descomposición de uranio, pueden desarrollar cáncer y otros graves problemas de salud con mayor probabilidad. Extraído de las minas, en plantas industriales que procesan uranio o viviendo cerca de minas de uranio, también es considerado como grave riesgo para la salud.

Dato

El presidente Vizcarra anunció el 10 de agosto a la agencia Reuters que en los próximos seis meses el gobierno peruano aprobará leyes para poder explotar los recientes hallazgos de uranio y litio, ya que actualmente no existe un marco legal regulatorio. El Ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, señaló en septiembre que el MINEM viene preparando un proyecto de ley sobre el particular para ser presentado a fin de año. Al respecto, en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, todavía no ha llegado la propuesta del gobierno. El Congresista Marco Arana Zegarra se dirigió en agosto al presidente de la República en una carta abierta expresando su preocupación sobre una posible explotación del uranio.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/819-sin-un-marco-regulatorio-para-la-exploracion-y-explotacion-de-uranio-y-litio-minera-macusani-yellowcake-viene-operando-en-puno

Perú

Crónica de un desastre ambiental anunciado

28 noviembre, 2018 Autor: Dionel MartInez C.

Hace más de un año, el 21 de julio de 2017, CooperAcción publicó un informe[1] en el que escribí sobre el alto riesgo ambiental en 09 departamentos del país debido al posible colapso de 17 relaves mineros. A través de un análisis espacial cualitativo con imágenes satelitales se determinó las principales fuentes de agua (ríos y quebradas) y centros poblados que serían impactados. Entre la lista de los 17 se encuentra el depósito de relaves Santa Catalina de la unidad minera Queruvilca ubicada en el distrito del mismo nombre, en la provincia de Santiago de Chuco del departamento de La Libertad. Sobre este caso, el informe predice que un probable colapso y/o desborde afectaría seriamente al río Shorey, afluente del río Moche, e impactaría severamente en los centros poblados Shorey (Grande), Shorey Chico, entre otros. Este análisis cobra vigencia ahora más que nunca, pues los centros poblados mencionados se encuentran en Estado de Emergencia desde el pasado 28 de julio, justamente debido al peligro inminente generado por el posible desborde y/o potencial ruptura de las relaveras de la Unidad Minera Queruvilca (D.S. N° 077-2018-PCM).

¿Y cómo así se ha configurado esta situación de crisis previamente advertida?

Todas las respuestas decantan hacia la minería formal irresponsable. La unidad minera Quiruvilca es un proyecto de mediana minería subterránea polimetálica, cuyo inicio de explotación data desde la época del incanato[1] y según su historia reciente, la mina fue explotada durante 17 años por la empresa minera canadiense Pan American Silver Corporation, desde 1995 hasta el 2012 (Chiguala, 2016, p. 30), año en que fue vendida en su totalidad a Southern Peaks Mining L.P (Gestión, 27.06.2012). Esta última estuvo operando hasta el 17 de diciembre de 2017, fecha en que se declaró en quiebra, cargando consigo una deuda impaga de 10 millones de dólares a 428 trabajadores (La República, 15.07.2018) y abandonando sus operaciones sin ejecutar el plan de cierre de minas (Resolución Jefatural N° 196-2018-ANA).

Según la guía para la elaboración de planes de cierre de minas (DGAAM-MINEM, 2006, p 5), el “cierre de minas normalmente incluye el diseño e implementación de diferentes medidas como desmantelamiento, estabilización física y química, tratamiento de drenaje ácido de mina y lixiviación de metales, recuperación o rehabilitación de terrenos, revegetación y rehabilitación de hábitats acuáticos, etc. El cierre de minas incluye también programas sociales dirigidos a los trabajadores de la mina y la población circundante”. Southern Peaks Mining L.P con su Compañía Minera Quiruvilca S.A. ha incumplido con el plan de cierre de minas (según la Resolución Directoral Nº 0066-2018-MEM/DGM, de fecha 05.03.2018), tal como lo ha sustentado la Autoridad Nacional del Agua a través de la Administración Local de Agua Moche Virú Chao en un informe[1], en el que concluye la compañía “abandonó la Unidad Minera Quiruvilca, quedando sin tratamiento las aguas ácidas provenientes de las relaveras: Santa Catalina y San Felipe, así como las aguas de bocamina Armivilca, desmontera Codiciada y del laboratorio químico-metalúrgico que eran dispuestas en la poza POND y conducidas hasta la planta de neutralización de aguas acidas, lo cual viene afectando la calidad del agua de la cuenca Moche desde su naciente”.

Por otro lado, el impacto social y económico que deja la compañía minera en la población no debería pasar desapercibido, pues es un aspecto medular para la gestión del territorio impactado a mediano plazo; la cifra millonaria adeudada a los trabajadores es solo un apéndice del problema mayor, el cuál radica en la dependencia gravitante de la actividad minera, y ante el quiebre e incumplimiento del plan de cierre de minas por parte de la empresa, muchos han pasado a engrosar la lista de mineros informales en el lugar (La República, 15.07.2018), agravando la situación que se vive actualmente.

El agua, elemento central de la emergencia

La situación de la unidad minera es, por decir lo menos, crítica. Su impacto negativo al territorio (naturaleza y sociedad) ha configurado un escenario de emergencia. Analizar el lugar que ocupa la explotación minera dentro de la cuenca del río Moche es fundamental para entender la gravedad de la contaminación ambiental, teniendo como elemento esencial y estructurador de la cuenca, al agua.La mina Quiruvilca se localiza en la cabecera de cuenca del río Moche, a unos escasos tres kilómetros de la línea que divide las aguas de las cuencas hidrográficas Virú, Santa y Moche, a 3 900 metros sobre el nivel del mar. Las relaveras de la mina drenan directamente hacia las quebradas La Merced, Santa Catalina y al curso mismo del río Shorey, afluentes de primer y segundo orden del río Moche (ver el esquema de la cuenca del río Moche). El nivel de impacto negativo al recurso hídrico ha sido tal, que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) el 06 de julio de este año declaró por sesenta días el Estado de Emergencia[2] de recursos hídricos por inminente riesgo de afectación de la calidad del agua del río Moche. Entre las consideraciones para la Declaratoria de Emergencia se cita un informe técnico[3] de la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos, que señala “se han realizado siete (07) monitoreos participativos de

la calidad del agua del río Moche, durante el periodo 2017 al 2018, en los puntos de muestreo ubicados en el ámbito de influencia de la Compañía Minera Quiruvilca S.A., cuyos resultados indican concentraciones de aluminio, arsénico, cadmio, cobre, hierro, manganeso, plomo, zinc y sulfatos que superan los valores de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (ECA para agua) para la Categoría 3[1]”. Se añade además que, “según las supervisiones especiales realizadas por la ANA se verificó vertimientos de aguas no tratadas provenientes de la unidad minera Quiruvilca, el estado de abandono de las operaciones y el deterioro de los diques de las relaveras, generando un alto riesgo de afectación al río Moche por desborde y/o ruptura de los diques”.

Este caso debería reabrir el debate de la importancia de la protección y conservación de las zonas de cabecera de cuenca, que como se muestra en el caso particular, los cuerpos de agua que la comprenden se han visto seriamente degradados por la práctica de una minería irresponsable. Degradación que además, no solo se circunscribe al “área oficial disturbada” por la operación minera, tal como lo ha calculado[1] de forma reduccionista el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet), sino que impacta negativamente varios miles de kilómetros aguas abajo, solo tomando en cuenta los recursos hídricos disturbados, pues los impactos negativos al ambiente y al territorio son sistémicos.

Gestión de las emergencias declaradas

Para la población de 1 713 habitantes (INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017) de los centros poblados de Shorey Chico y Shorey Grande, ubicados a menos de dos kilómetros de las dos principales relaveras de la unidad miera Quiruvilca, el pasado 28 de Julio coincidió con su declaratoria en Estado de Emergencia, que posteriormente, el 22 de setiembre, fue prorrogado por 60 días más, a través del Decreto Supremo N° 098-2018-PCM. Dichos centros poblados además, desde el 06 de julio (2018), ya vivían la declaratoria de Estado de Emergencia de recursos hídricos por 60 días, pues el río Shorey es contiguo a ambos.

Las declaratorias de Estado de Emergencia de la ANA y de Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) tienen un mismo factor desencadenante, el peligro inminente generado por el posible desborde y/o potencial ruptura de los diques de las relaveras de la unidad minera Quiruvilca. La primera culminó el 06 de setiembre y la segunda que fue prorrogada sigue vigente hasta el día 28 del presente mes. Desde CooperAcción, en este apartado nos preguntamos sobre la gestión de la crisis. Las normas de declaratoria en su artículo segundo, hablan sobre las acciones a ejecutar, la implementación de medidas y los organismos encargados. En el caso de la declaratoria del Estado de Emergencia de recursos hídricos, la Administración Local de Agua Moche-Virú-Chao debía realizar la “supervisión y monitoreo continuo de la calidad del agua, para evaluar la evolución de la afectación a la calidad de agua de la cuenca del río Moche” (Resolución Jefatural N° 196-2018-ANA, del 06 de julio de 2018); con el objeto de averiguar sobre la gestión de la emergencia hídrica, se cursó comunicaciones a la ANA y la ALA Moche-Virú-Chao, sin lograr respuesta alguna .

En el caso del Estado de Emergencia declarado por PCM, según el artículo 2 de los Decretos Supremos N° 077 y 098, “el Gobierno Regional de la Libertad, la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, la Municipalidad Distrital de Quiruvilca, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), y la participación del Ministerio de Agricultura y Riego, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio del Ambiente y demás entidades competentes en cuánto corresponda, debían ejecutar las acciones inmediatas y necesarias destinadas a la reducción del muy alto riesgo existente”. Con la finalidad de conocer sobre el manejo de la crisis, se hicieron llamadas y remitieron correos a la Dirección de Respuesta de INDECI, al Organismo de Evaluación y Fiscalización

[1] En enero de este año el Ingemmet, publicó un informe titulado “Área disturbada por la actividad minera metálica formal en las operaciones mineras actuales (2017)” en el que deja entrever que el área impactada por la minería formal se reduce a la cifra ínfima de 0.046 % de la superficie continental del Perú, que equivale a 59, 474 hectáreas. Por ejemplo para el caso de la unidad minera Quiruvilca señala que solo se estaría impactando 334.04 hectáreas, sin embargo la evidencia nos muestra que dicha área está infra valorada.

Ambiental (OEFA), la Gerencia Regional de Energía Minas e Hidrocarburos del Gobierno Regional de La Libertad y la Municipalidad Distrital de Quiruvilca; se obtuvo respuesta de las tres instituciones últimas.

Sobre las acciones ejecutadas en el marco del Estado de Emergencia, OEFA manifestó que, entre el 22 y 24 de agosto realizaron una supervisión especial a la unidad minera Quiruvilca y el 10 de setiembre (a más de dos meses de la declaratoria del Estado de Emergencia de recursos hídricos y a un mes y medio de la otra declaratoria) emitieron recién, una Resolución Directoral[1] ordenando a la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (actual responsable de ejecutar el cierre de minas de la unidad fiscalizable Quiruvilca) la realización de “medidas preventivas” relacionadas en su mayoría a la mitigación de la contaminación ambiental generada desde la cancha de relaves Santa Catalina.

El Gobierno Regional de la Libertad, a través del Gerente Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos, en referencia a las acciones dirigidas a reducir el muy alto riesgo en la zona declarada en emergencia, manifestó que han desarrollado acciones y gestiones al respecto, sin especificar ninguna en concreto, además agregó que el año pasado advirtieron desde el Gobierno Regional sobre la situación problemática de la unidad minera Quiruvilca al Ministerio de Energía y Minas, sin embargo, como podemos evidenciar, no se adoptaron las medidas necesarias para solucionar el problema, que ahora se encuentra en un estado de emergencia.

El Gobierno Municipal Distrital de Quiruvilca, por medio de su Gerente Municipal, manifestó[2] que la municipalidad se había visto desbordada por dicha situación y que las demás instituciones encargadas de gestionar las acciones del Estado de Emergencia no habían ejecutado ninguna medida concreta, salvo la de ofrecer a la población afectada la continuidad de los programa sociales. En el día de la entrevista el Gerente Municipal se encontraba lidiando con la escasez de combustible para el bombeo de agua para los lugares afectados, incluso preguntó por ayuda externa no gubernamental para realizar dicha actividad, que a todas luces parecía insostenible.

Hay una situación crítica, que se ha configurado como un muy alto riesgo ambiental, que se ha transmitido y manifiesta en los demás elementos del territorio (incluido lo socioeconómico), que necesita ser gestionada como una crisis, tal como lo sustentan los decretos supremos de declaratorias y prorroga de Estados de Emergencia; sin embargo, pareciera que la adopción de dichas medidas queda solo en lo declarativo, pues no existe un trabajo real articulado que demuestre una verdadera gobernanza de los riesgos. No esperemos a que tengamos un desastre ambiental para recién desplegar acciones de reacción tardía y buscar responsables, que solo nos mostrarán la ausencia de acciones dirigidas a la prevención de riesgos y la falta de planificación en el territorio. Finalmente no olvidemos que se viene un fenómeno de El Niño[3] de magnitud débil (ENFEN, 2018) lo que hace prever la ocurrencia de lluvias de normal a ligeramente superior a ésta, que pueden exacerbar las condiciones de riesgo y convertirse en desastre.

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[1] Martínez, D. (21/07/2017) CooperAcción Informa. Alto riesgo ambiental en 09 departamentos por 17 relaves mineros. Recuperado de http://cooperaccion.org.pe/alto-riesgo-ambiental-en-9-departamentos-por-17-relaves-mineros/.

[2] Rosario, R. (09/07/2014). Quiruvilca: Apuntes Histórico-Sociales y Económicos {Blog post}. Recuperado de http://minesmuki.blogspot.com/2014/07/quiruvilca-apuntes-historico-sociales-y.html.

[3] Informe Nº 130-2018-ANAA.A.A.-H-CH/ALA MOCHE VIRÚ-CHAO/AT/CAJM-PERH, del 26 de junio de 2018.

[4] Resolución Jefatural N° 196-2018-ANA, del 06 de julio de 2018.

[5] Informe Técnico Nº 231-2018-ANA-DCE-AESFRH.

[6] La categoría 3, corresponde a los ECA agua para el riego de vegetales y bebida de animales ((D.S. N° 004-2017-MINAM).

[7] En enero de este año el Ingemmet, publicó un informe titulado “Área disturbada por la actividad minera metálica formal en las operaciones mineras actuales (2017)” en el que deja entrever que el área impactada por la minería formal se reduce a la cifra ínfima de 0.046 % de la superficie continental del Perú, que equivale a 59, 474 hectáreas. Por ejemplo para el caso de la unidad minera Quiruvilca señala que solo se estaría impactando 334.04 hectáreas, sin embargo la evidencia nos muestra que dicha área está infra valorada.

[8] Resolución Directoral Nº 050-2018-OEFA/DSEM, de fecha 10 de setiembre de 2018.

[9] La entrevista telefónica al Gerente Municipal fue realizada el pasado 10 de octubre, para ese entonces ya había pasado el Estado de Emergencia de recursos hídricos y se encontraba vigente (en su día número 73) el Estado de Emergencia declarado por PCM.

[10] Comunicado Oficial ENFEN N°10-2018, del 20 de setiembre de 2018.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/cronica-de-un-desastre-ambiental-anunciado/

Internacional

Ecologistas pide al parque que se pronuncie sobre la minería

28 noviembre, 2018 Autor: La Tribuna de Ciudad Real

Ecologistas en Acción solicitó ayer durante la celebración del patronato del Parque Nacional de Cabañeros que este órgano se pronuncie sobre la expansión de proyectos mineros que amenazan la conservación del propio espacio protegido y de la Red Natura 2000.
El informe ha propuesto al patronato que en una próxima reunión extraordinaria se someta a votación de sus miembros dos propuestas de la organización: si el patronato acepta el desarrollo de proyectos mineros de metales, fosfatos o tierras raras en las proximidades de Cabañeros y si ve necesario crear una zona periférica de protección y conectividad alrededor del parque.
Se trataría de amortiguar o disminuir el riesgo de los impactos ambientales y crear o reforzar corredores ecológicos que mejoren su conectividad con otros espacios naturales.
Francisco José Sarrión, miembro de Ecologistas en Acción, ha explicado a Efe que estas propuestas las han puesto hoy sobre la mesa en la reunión del patronato y han apelado al Plan Director de la Red de Parques Nacionales, cuyo objetivo es asegurar que cada parque tiene un plan de autoprotección frente a los riesgos de actividades potencialmente negativas desarrolladas en el exterior.
Aseguró que han planteado al patronato la problemática de la minería de metales, fosfatos y tierras raras que se está implantando alrededor del parque y que parece que en los próximos años puede ir en aumento, lo que supone una grave amenaza para la población, para el parque y para la integridad y funciones de la Red Natura 2000.
Ecologista en Acción dio a conocer a los miembros del patronato un informe sobre esta situación y ha propuesto crear un grupo de trabajo que elabore una propuesta técnica para mejorar la conectividad con los diferentes espacios de la Red Natura 2000 y de la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha.
Los ecologistas quieren que se estudie crear una zona periférica de protección y conectividad, tanto en la provincia de Ciudad Real como en la de Toledo, en la que se integren zonas de alto valor natural de su periferia como dehesas y zonas pseudo esteparias o que esta zona periférica se extienda a través de corredores ecológicos como sierras, valles y arroyos hasta conectar con otras zonas protegidas próximas. Criticaron que la minería realiza una «destrucción total del terreno en que se implanta» y transforma el paisaje y los procesos ecológicos con una intensidad superior a ninguna otra actividad humana.

Fuente:http://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/Z63109595-AA26-82B4-F69B90F6320F3F17/Ecologistas-pide-al-parque-que-se-pronuncie-sobre-la-mineria

Mexico

COMUNICADO DE PRENSA MORENA ADEREZA LA LEY MINERA

27 noviembre, 2018 Autor: Remamx.org

Anda muy activa la bancada de MORENA realizando iniciativas de ley. Lamentablemente es muy visible el alineamiento de estas para optimizar el proceso para el saqueo de los bienes naturales de los pueblos por parte de las insaciables empresas privadas. Se alinea el hecho que será a través de la implementación de consultas manipuladas, como continuará la venta del “progreso y desarrollo de la Cuarta Transformación”, al mismo tiempo que aceleran el paso para la incorporación de Evaluaciones de Impacto Social (EIS), como un complemento a otras similares que, por cierto, llevan años demostrando su ineficiencia, como sucede con las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA).

Por otra parte, consideramos lamentable el contenido mostrando, tanto en las iniciativas para la Ley de Desarrollo Agrario, como en la Ley Minera, ambas recientemente presentadas y en las que rápidamente se observa tienen un claro perfil de regulación administrativa. Por lo tanto, carentes de procedimientos para la rendición de cuentas. Tampoco dan espacio para la atención de las problemáticas de fondo, así como revelan el poco conocimiento que tienen los legisladores sobre la temática, además de mostrar una notoria falta de información respecto al proceder violatorio y sistemático de las empresas y de las dependencias gubernamentales, ignorando el despojo y el desplazamiento forzado como centro de la problemática. No sobra señalar que la iniciativa de reforma a la ley minera es la afirmación de lo determinado por el presidente electo en su Plan de Nación 2018-2024.

La iniciativa de la senadora Angélica García Arrieta, adiciona 8 artículos a la Ley Minera (http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-11-20-1/assets/documentos/Inic_MORENA_Ley_Minera_201118.pdf), y en ninguno hace énfasis a la urgente necesidad de asumir medidas que resuelvan la política de despojo, destrucción e impunidad ocasionada por el modelo extractivo depredador en todo país. Refrenda la continuidad de la misma política permisiva y promocional que tenemos actualmente, y sólo plantea actos administrativos de regulación que, para el poder actual de los capitales privados no serán ningún problema atender, porque mucho de lo propuesto ya se ha venido legislando en otras partes del mundo.

En REMA consideramos un despropósito pretender que el Servicio Geológico Mexicano realice “Estudios de Impacto Social” y que la Secretaría de Economía declare “zonas inviables de explotación o en conflicto social negativo”, cuando está plenamente documentado que los impactos de la mega minería tóxica son múltiples, estructurales e irreversibles; terribles impactos ambientales, sanitarios, económicos, productivos, culturales, entre otros, que han sido ocultos por instancias gubernamentales fieles e incondicionales operadores de los intereses empresariales. El “conflicto social negativo” a que se alude en la iniciativa, constituye en sí mismo un elemento determinante de tipo estructural del extractivismo y, en ese contexto, todo México es una “zona inviable de explotación” en los términos del extractivismo minero actual.

La iniciativa también plantea “atender los principios de sostenibilidad y respeto a los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones que se pretendan desarrollar”, y aquí radica uno de sus puntos críticos, porque es a través del mito del “progreso y desarrollo” que ofertan, con lo cual nuevamente se traza una política gubernamental de corte colonialista, por lo tanto, es previsible que el nuevo gobierno no desarticulará la política de despojo y destrucción que, a través del Modelo Extractivo, está impuesta en México y en todo el mundo. En contrasentido, sería deseable que la premisa del desarrollo que nos ofertan, deba interiorizar en todas sus letras que; “los pueblos y las comunidades no somos recursos ni depósitos de recursos”, somos sujetos sociales en emancipación, no semi-ciudadanos sumisos, ignorantes, carentes de criterio y requeridos siempre de recetas ajenas e impuestas. Los pueblos y comunidades no estamos esperando a funcionarios y dependencias o incluso a empresas para que “nos desarrollen”. Los pueblos y comunidades tenemos referentes propios de cómo vivir, referentes que, por cierto, además de haber sido negados e invisibilizados, porque desde hace siglos se nos ve como inferiores e incapaces de dirimir y definir nuestras propias vías de vida, tampoco están inscritos en los más altos estándares internacionales sobre derechos humanos, porque tampoco ahí se nos ha considerado.

La Ley Minera actual es la más retrógrada de todas las leyes mexicanas que tenemos, y por ello en REMA nos parece inconcebible que para lograr “la cuarta transformación del país”, la iniciativa refrende la política que prioriza el pago de los daños obligando “a los titulares de concesiones mineras a que destinen un monto para el desarrollo humano sustentable”, y no aborde con toda la fuerza que se requiere, la atención de los daños a la salud y al ambiente, muchos de ellos irreversibles. Es totalmente errónea la praxis que con dinero se puede resolver la depredación y muerte que genera el extractivismo minero actual. Invisibilizar un referente básico como el principio precautorio o el del bien común, aun presentes en nuestra Constitución, es una señal preocupante.

Si quienes dicen promueven la Cuarta Transformación de México, en verdad quieren hacerlo a través de la participación de los pueblos, que les parece si a todas las resistencias que vivimos las desgracias mineras, nos envían un guiño que nos anime a creer que este gobierno será diferente en fondo y forma y, para empezar, antes de hacer más y más alineamientos a favor de las empresas, mejor “CANCELAN TODAS LAS CONCESIONES QUE HAN SIDO ENTREGADAS DE FORMA ILEGAL E IRRESPONSABLE”…MÁS O MENOS SON 26 MIL.

En REMA discutimos arduamente que el tamaño de la problemática que enfrentamos no puede continuar siendo soslayada, menos aún por este nuevo gobierno que tiene condiciones históricas para reencontramos con lo que somos como nación, y no con lo que quieren que seamos.

NO MÁS INICIATIVAS AJENAS E IMPUESTAS

NUESTRA PATRIA Y NUESTRA DIGNIDAD NO ESTÁN EN VENTA

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

RED MEXICANA DE AFECTAD@S POR LA MINERÍA

Fuente:http://www.remamx.org/2018/11/35493/