Perú

El nuevo ministro de economía y los multimillonarios beneficios a mineras

En los últimos dos años la minería ha recibido como “devolución de impuestos” del gobierno 6 mil millones de soles por año. Algo que no nos pasa nunca a los ciudadanos a quienes nos descuentan todos los meses de la planilla o nos retienen cada vez que giramos un recibo por honorarios.

Resulta que la “devolución de impuestos” es enorme para algunos grupos privilegiados.

Esta “devolución de impuestos” que beneficia masivamente a la minería aumentó muchísimo durante PPK: mientras que hasta el 2015 estas “devoluciones” eran de 2 mil millones de soles anuales, en el 2016-2017 se triplicaron hasta los 6 mil millones de soles anuales.

Está claro para quiénes el gobierno de PPK era un “gobierno de lujo”: con tanta plata devuelta realmente se pueden comprar muchísimos lujos.

Las “devoluciones” han sido tan grandes que el 2016, la minería recibió más “devoluciones” que lo que pagó. ¿Cómo puede suceder esto y que les “devuelvan” más de lo que dieron? Misterios del Orinoco, usted no sabe y yo tampoco. Pero lo que sí sabemos es que en los últimos años en nuestro país ha habido muchísima corrupción, por lo que este asunto merece ser aclarado.
Estas “devoluciones” no se han detenido. Solo en los dos primeros meses de este año 2018, las devoluciones de impuestos han sumado un total de casi tres mil millones de soles (2,989 millones de soles para ser precisos).

En sus primeras declaraciones públicas, el flamante ministro de economía y finanzas David Tuesta ha indicado que “hemos concretado reducir el gasto corriente, enfocados en los gastos superfluos” por 2 mil millones de soles. Pero no ha detallado qué es lo que él considera “superfluo”, pregunta relevante puesto que en el pasado hemos visto varias veces cómo este discurso de la reducción del gasto corriente encubre recortes en gastos en salud, educación, seguridad y otros rubros fundamentales. Ojo que esa misma política es la que aplicó el ex ministro Thorne, teniendo como resultado un bajón del crecimiento y el empleo.

Señor ministro Tuesta, un consejo hasta de un conejo: si de lo que se trata es de buscar recursos para poder sustentar la inversión pública, ¿por qué no echarle el diente a esos misteriosos e inexplicados 6 mil millones de soles anuales que se “devuelven” a la minería en impuestos?.

 

Fuente:https://wayka.pe/nuevo-ministro-economia-y-beneficios-mineras/

Chile

Corte Suprema da luz verde al proyecto portuario Cruz Grande de CAP, vecino a Dominga

Iniciativa es parte del plan de diversificación de CAP, que hoy es el tercer operador portuario del país. Fallo se conoce a días del dictamen de la justicia ambiental el proyecto de Andes Iron.

Uno sí y el otro no. Ayer se reveló un fallo de la Corte Suprema que mantuvo el rechazo de la justicia ambiental a los últimos recursos presentados por opositores al proyecto portuario del grupo CAP Cruz Verde, ubicado en la comuna de La Higuera y destinado a la exportación de productos mineros y otros.

Se trata, no obstante, de una iniciativa que es contigua al puerto de Dominga, iniciativa de minería e infraestructura que, por estos días, está a la espera del fallo de la justicia ambiental, que evalúa si ha lugar o no a la reclamación interpuesta por el titular, Andes Iron, respecto a la decisión del Comité de Ministros que decidió denegarle el permiso para su materialización.

Este, justamente, ha sido uno de los argumentos que ha esgrimido la defensa de Andes Iron ante el Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta, pues se trata de iniciativas similares y en una zona prácticamente idéntica en términos de línea de base ambiental.

Justamente, este fallo se conoce a sólo días de que el tribunal nortino dé a conocer su decisión final respecto al caso Dominga. Actualmente, la causa está en acuerdo, luego que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), decidiera restarse de una instancia de conciliación que abrió el juzgado especializado, y al que sí se había abierto a participar Andes Iron, empresa ligada a la familia Délano.

Reacción. El fallo fue valorado por CAP, que señaló que con esta iniciativa podrá ampliar y potenciar su presencia en el negocio de la infraestructura, donde hoy se erige como el tercer operador portuario del país.

“Grupo CAP valoró esta mañana la decisión de la Corte Suprema de rechazar el recurso de casación interpuesto en contra del proyecto. Puerto Cruz Grande, de CAP Minería, que desde 2015 cuenta con su aprobación ambiental y planea una inversión inicial de unos US$250 millones, tiene el potencial de reconvertirse en un proyecto de puerto multipropósito de la Región de Coquimbo, ya sea de minerales o productos agrícolas nacionales o de países vecinos, como Argentina u otras naciones del cono sur de América”, indicó la compañía a través de un comunicado, en reacción a la decisión de la Justicia.

Para el gerente general de CAP, Erick Weber, haber superado todas las barreras para la obtención del permiso ambiental de Puerto Cruz Grande es “un activo estratégico” no sólo para la compañía que encabeza, sino también para el país. Esto, principalmente por las opciones que se abren en materia de integración regional, pues Cruz Grande podría eventualmente prestar servicios a exportadores de otros países una vez que se concrete el proyecto de corredor bioceánico Agua Negra.

Respecto al eventual daño ambiental, que opositores a la iniciativa han puesto como argumento en el ámbito judicial, Weber aseguró que “podemos asegurar que el diseño del proyecto Puerto Cruz Grande contiene especiales resguardos para reducir significativamente cualquier posible externalidad de carácter ambiental, al mismo tiempo que generaría valor económico y social para la región”.

Fuente:http://www.pulso.cl/empresas-mercados/corte-suprema-da-luz-verde-al-proyecto-portuario-cruz-grande-cap-vecino-dominga/#

Argentina

Alarma porque minera quiere desviar un río en Catamarca

La empresa Minera del Altiplano quiere desviar el Río Los Patos para “ahorrar”. Peligra otro acuífero en Antofagasta de la Sierra donde se extrae litio.

La comunidad de Antofagasta de la Sierra en Catamarca se encuentra en estado de alerta porque Minera del Altiplano, la firma que extrae litio en la zona, quiere desviar el Río Los Patos con consecuencias incalculables para el medioambiente.

Más barato desviar el río de agua dulce que sostener el proceso para reutilizar el agua

Efectivamente, la empresa hace todos los estudios para desviar el curso de agua hasta la planta que la firma internacional tiene en Antofagasta. La finalidad es, por supuesto, contar con agua superficial dulce.  Mientras tanto, los vecinos aseguran que la consecuencia de esta decisión política-empresarial será un desastre para la vegetación y animales, río abajo. De hecho mucha gente sobrevive de la pesca en ese paraje.

Minera del Altiplano actualmente tiene un proceso para reusar el agua, pero con la idea de bajar costos calculó que, en lugar de reutilizar ese recurso, directamente la empresa le convenía traer el agua del Río Los Patos sin importar qué pudiera pasar con el ecosistema regado por el mencionado afluente.

Por qué el Gobierno se lo “permite” y no le “exige” a Minera El Altiplano

La pregunta es para el Gobierno de la provincia y la Secretaria de Minería ¿Por qué se le autoriza tamaña hazaña que puede terminar en un desastre natural solo por permitir que la empresa ahorre algunos pesos?  ¿Por qué no siguen con el sistema de reutilización del agua? ¿Por qué el Gobierno provincial no le exige que continúe con el sistema de recuperación de otro recurso preciado (agua)? ¿Los legisladores avalan esto? ¿Figuraba así en el nuevo contrato (foto) que se aprobó también en la Legislatura provincial? Entre los responsables mencionamos a la Secretaría de Minería (Rodolfo Micone), la Secretaría de Ambiente (Juan Rosales), Recursos Hídricos (Patricia Lobo), Fiscalía de Estado (Carlos Bertorello), entre otros organismos oficiales.

Entiendan, se explotan dos recursos: litio y…agua

No se respeta nada. Ni Nación, ni Provincia ni el Municipio. La empresa Minera del Altiplano se da el lujo de desviar un río (información que será tapada por los medios adictos al poder), y a las autoridades únicamente les preocupa la “caja”. La Ley de Glaciares, es como si no existiera. No se olviden que las consecuencias vienen después, con el tiempo.  Hay que tener sensibilidad y capacidad para visualizar el futuro. Políticos pocos serios. ¡Patéticos!

Hay algo que no terminan de entenderse. Se explotan dos recursos, el litio y el agua. Por dos monedas. Somos muy malos haciendo negocios. Ya secaron el acuífero del Río Trapiche. Ahora van por el acuífero del Río Los Patos. Nos afectan el recurso agua y las autoridades se conforman con que regalías miserables y que la empresa “abra una oficina” en Catamarca.  ¡Vendepatrias!

Fuente:ttps://www.elintransigente.com/politica/2018/4/10/alarma-porque-minera-quiere-desviar-un-rio-en-catamarca-486076.html

Perú

Las Bambas: observaciones a nueva modificación al EIA

Una revisión independiente realizada por especialistas ambientales muestra un conjunto de observaciones y recomendaciones ante la Tercera Modificatoria de EIA del megaproyecto minero Las Bambas.

Observaciones ambientales y sociales deberían llevar a desaprobar tercera modificatoria al EIA de Las Bambas

  • Datos desactualizados y estudios a nivel de pre factibilidad no permiten conocer verdadero impacto del proyecto

  • Población pide al presidente Vizcarra diálogo y poner fin al estado de emergencia

  • Una revisión independiente realizada por especialistas ambientales muestra un conjunto de observaciones y recomendaciones ante la Tercera Modificatoria de EIA del megaproyecto minero Las Bambas. Las observaciones, enviadas por vía formal ante el SENACE (Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles), fueron presentadas este mediodía en conferencia de prensa por el Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la provincia de Cotabambas, la presidenta del consejo regional de Apurímac Evelyn Cavero Contreras, y CooperAcción.

    El Informe Técnico presentado reúne un total de 22 observaciones y recomendaciones. Entre las principales, destacan:

    – La ausencia de un diagnóstico actualizado. El documento presentado por Las Bambas no actualiza parámetros ambientales clave, tales como la información hidrológica e hidrográfica, utilizando los mismos de 2011. Así, se parte de una situación que ya no es la misma, pues Las Bambas inició sus operaciones en 2016 y ya viene causando impactos en la hidrología e hidrografía de la zona.

    – Faltan estudios a nivel de factibilidad. Pese a que las normas exigen que los componentes de ingeniería incluidos en un Estudio de Impacto Ambiental deben estar en un nivel de factibilidad, este estudio no incluye ese nivel de detalle para componentes como la Planta Concentradora o el Depósito de almacenamiento de concentrado de minerales que se pretende ampliar. Esto significa que los elementos de estos componentes podrían cambiar una vez que se realice su factibilidad, variando los impactos ambientales previstos en este estudio. Al contradecir directamente la normativa, esta sola observación debería llevar a que no se apruebe la Modificatoria.

    – Vacíos en el tema de agua. Pese a que se planea ampliar la capacidad de producción, concentrado y almacenamiento de mineral, el documento presentado por la empresa NO incluye una mayor capacidad de tratamiento o clarificación del agua. Considerando que se ampliará el tajo Ferrobamba y otros componentes, una mayor cantidad de aguas subterráneas y superficiales estarán en contacto con los elementos del proyecto. ¿Si no se amplía la capacidad de los componentes para el tratamiento o recirculación del agua, qué pasará con esta mayor cantidad de agua? Este vacío podría llevar a eventuales fugas o derrames de agua contaminada hacia los ríos de la zona.

    – Vacíos en el tema de transporte. De igual manera, la empresa debe precisar si el flujo actual de vehículos de transporte de concentrados -uno de los impactos más sentidos por la población por la constante polvareda y vibraciones que ocasionan- se incrementaría con esta tercera modificatoria de EIA. De ser así, ello implicaría una evaluación del impacto de dicho incremento.

  • Además, el informe técnico evidencia debilidades del propio EIA original y de las modificaciones posteriores que han venido aprobando las autoridades. Por ejemplo, muchas de las estaciones de monitoreo de aire se han venido anulando o cambiando de lugar, lo que impide comparar la calidad de aire a lo largo del tiempo y conocer el impacto real de las operaciones mineras. Además, preocupa que debido a la gran extensión del depósito de relaves pudieran filtrarse contaminantes hacia las aguas subterráneas, lo que debido a la cercanía de la cuenca Ferrobamba podría ocasionar un impacto visible solo a largo plazo.

    Adicionalmente, el Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la Provincia de Cotabambas presentó un Informe Complementario que destaca la exclusión injustificada de Nueva Fuerabamba como área de influencia directa del proyecto, así como los problemas en el plan de participación ciudadana, entre otras observaciones.

  • Frente a ello, las organizaciones y representantes que participaron en la conferencia de prensa piden al SENACE no aprobar esta Tercera Modificatoria, y por el contrario dar lugar a un Estudio de Impacto Ambiental Integrado que permita conocer y manejar de manera adecuada los impactos acumulativos y sinérgicos que se han venido originando debido a los múltiples cambios en el proyecto.

    Participaron de la conferencia de prensa el presidente del Frente de Defensa, Víctor Limaypuma, y Ferdinand García, secretario de derechos humanos; Evelyn Cavero, presidenta del consejo regional de Apurímac; José De Echave, subdirector de CooperAcción, y Dionel Martínez, especialista del área de geografía y medio ambiente de dicha institución; y Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

     

    Piden diálogo y fin del estado de emergencia

    Los dirigentes del Frente de Defensa recordaron que el nuevo presidente, Martín Vizcarra, conoce los problemas de Las Bambas directamente por su participación en la solución al conflicto originado en octubre de 2016, en su calidad de vicepresidente. Frente a ello, pidieron que el gobierno ponga fin al estado de emergencia y retome el camino de un verdadero diálogo sobre el desarrollo de Cotabambas.

     

    Dato

    Tras la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Las Bambas, este proyecto ha sido modificado muchas veces, mediante dos Modificatoria de EIA y cinco Informes Técnicos Sustentatorios (ITS), un instrumento de menor rango. Por ello, las características e impactos iniciales del proyecto han cambiado, causando el desconcierto y malestar de la población, que señala que los impactos que perciben son muy distintos de los que inicialmente se les había anunciado.

    10 de abril de 2018

     Fuente:http://cooperaccion.org.pe/observaciones-a-tercera-modificacion-al-eia-de-las-bambas/
Perú

Nuevo Gobierno insiste con Tía María

Una vez más. El flamante titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, César Villanueva, señaló en una entrevista que el proyecto minero “Tía María” podría salir este año. Como se recuerda, el proyecto ha sido dos veces rechazado y paralizado por las protestas de la ciudadanía local.

“Vamos a procurar que Tía María salga como vamos a procurar que podamos explotar cuantos proyectos mineros salgan”, señaló Villanueva, agregando que ello requiere “dos condiciones: respeto al medio ambiente y un profundo respeto al tema social”. Preguntado sobre si el proyecto podría iniciarse este año, Villanueva señaló que “Sí, yo pienso positivamente que sí. Si ayudamos a superar algunos nudos y conversamos con la gente”.

Con estas declaraciones, el nuevo Gobierno pone nuevamente en agenda uno de los conflictos mineros más prolongados del país y le da continuidad a las prioridades establecidas por el saliente gobierno de Kuczynski.

Las afirmaciones de Villanueva ya encendieron la polémica en Arequipa. La gobernadora regional de la región, Yamila Osorio, ha cuestionado estas prioridades y ha señalado que el Ejecutivo primero debería atender los proyectos pendientes para la provincia de Islay, como la construcción de hospitales de Mollendo y Cocachacra, así como la construcción de la represa para el valle de Tambo.

Por su parte, la presidenta de la junta de usuarios de riego de La Ensenada, Mejía y Mollendo, María Luzmila Marroquín, respondió que el rechazo al proyecto minero está vigente. “No se puede desarrollar la minería en la provincia de Islay, que se respete la posición de los agricultores”, declaró.

Como se recuerda, la empresa Southern Perú viene insistiendo en la idea de que la ejecución del proyecto empezaría en el primer semestre de este año. Además, durante la administración de Kuczynski el ministerio de Energía y Minas buscó incluir este dentro de los proyectos a “destrabar”.

Ante estas movidas, la población local se ha venido movilizando durante los últimos meses para advertir que el proyecto no cuenta con licencia social y que imponerlo haría estallar nuevamente el conflicto. La población del Valle del Tambo, una dinámica zona de producción agrícola, teme que un proyecto minero de la magnitud de Tía María afecte el acceso al agua y perjudique las actividades agropecuarias.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/04/09/nuevo-gobierno-insiste-con-tia-maria/

 

Venezuela

Devastación minera es rechazada por la iglesia venezolana

José Ángel Divasson, Monseñor Vicario Apostólico de Puerto Ayacucho y presidente de la Red Eclesial Panamazónica (Repam) expresó la preocupación de la Iglesia venezolana y del mundo ante la depredación y devastación ambiental en el país producto de las actividades mineras sin control.

Divasson indicó que “la Iglesia en Venezuela junto con la de nuestro continente y de todo el mundo, se siente preocupada por la depredación de la naturaleza y el descuido y exclusión de los pobladores de las zonas devastadas”.

Durante la rueda de prensa realizada por la Conferencia Episcopal también  activistas en defensa del medio ambiente expresaron su preocupación.

María Elena Febres indicó que “más allá de las declaraciones utópicas, la apertura de concesiones sumado a la presencia de personas y grupos dedicados a la minería ilegal han multiplicado los escenarios de explotación minera en amplias regiones y en muchos casos en condiciones de auténtica devastación”.

Remarcó Febres que la “comunicación oficial de los proyectos presentados como solución de problemas nacionales e impulso del desarrollo, no se ha visto acompañada por notificaciones concretas de su desempeño real”.

Minerva Vitti, del Centro Gumilla apuntó que las diferentes organizaciones indígenas han denunciado en reiteradas oportunidades “antes las autoridades competentes frecuentes atropellos a sus derechos, pero de ordinario han recibido como respuesta el silencio y represalias”.

Héctor Escandel, de la Red Eclesial Panamazónica (Repam- Puerto Ayacucho) explicó que “nosotros tenemos que ir es en contra de la imposición de ese modelo depredador, que en este caso tiene un apellido extractivista, pero extractivista es todo, todo lo que nosotros hacemos es extraer de la naturaleza, lo cuestionable es como se extrae y para que.

Para Escandel en la actualidad Venezuela se encuentra en un camino de un “modelo de desarrollo depredador priorizando una economía que no es una economía para los seres humanos, que genere bienestar, es una economía para la acumulación, que genera riqueza, que genera exclusión, que genera pobreza, ese modelo económico es el que hay que desmontar”.

Fuente:http://acn.com.ve/devastacion-minera-rechazada-iglesia/

Guatemala

Con marcha en la capital, pobladores dicen “no a la minería”

Pobladores de tres departamentos del país llevan a cabo este lunes una caminata pacífica para rechazar la continuidad de las actividades mineras. La manifestación salió desde la plaza El Obelisco y tiene como destino la Corte de Constitucionalidad (CC).

Unas 500 personas participan en la movilización, la cual se desplaza por la avenida Reforma, en los carriles auxiliares con dirección a la zona 4 capitalina. La misma recorrerá la zona 1 hasta llegar a la referida corte.

Mario Sandoval, uno de los manifestantes, explicó que los habitantes xincas de los departamentos de Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa están en contra de la explotación minera, pues consideran que los propietarios de empresas trasnacionales están “saqueando” los recursos naturales que sus antecesores les dejaron.

Asimismo, denunció que la explotación en ese territorio genera contaminación ambiental, que incide en la salud de los comunitarios, principalmente en los niños.

“Le pedimos a la CC que dé el fallo a favor de los tres departamentos, que eche ya a las mineras trasnacionales porque las enfermedades se están detectando más a causas de esas empresas”, agregó.

Pendiente de resolver.

La CC decretó una suspensión temporal de las actividades de la Minera San Rafael desde el año pasado. El proyecto minero fue detenido tras cuatro años de operación en el municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

La mina suspendió temporalmente sus operaciones por orden judicial hace casi nueve meses, luego de que una ONG ambientalista denunció la falta de respeto a las consultas comunitarias y a la opinión del pueblo indígena xinca.

Esta situación ha generado una serie de movilizaciones, tanto de parte de los pobladores como de los trabajadores de la compañía.

La consigna de “Resuelvan Ya”, son la base de las manifestaciones realizadas por ambas partes, las cuales solicitan a los magistrados de la CC para que resuelvan en definitiva este tema.

Fuente:https://www.publinews.gt/gt/noticias/2018/04/09/marcha-poblacion-xinca-la-avenida-reforma-la-mineria-hoy-lunes-9-abril-2018.html.

Internacional

Vecinos de Arribes crean una Plataforma para oponerse a la minería de litio y tántalo

España.- La solicitud de un permiso de investigación de recursos mineros de litio, wolframio, estaño y tántalo, en los términos de Fermoselle y Villar del Buey, ha dado lugar a la creación de la Plataforma «No en mi tierra», ligada a la Asociación Terra SOStenible.

En su primer comunicado pone de manifiesto «el mundo rural en Zamora está siendo claramente amenazado por la acción de políticos, administraciones públicas y especuladores», «Si la única propuesta política a la despoblación de Zamora es la de generar más despoblación despojando de sus tierras a sus legítimos dueños para dar carta blanca a los especuladores mineros que últimamente pululan por Castilla y León, es para hacérselo mirar», afirma la  Plataforma cívica «No en mi tierra», cuya porrtavoz es Maria José Corral Martín, natural de Fornillos de Fermoselle, y la Asociación Terra Sostenible.

 

Ambos colectivos denuncian «la mala gestión pública del territorio, entregándole las llaves del futuro a empresas depredadoras y corruptas, juzgadas por estafa, como es el caso de la empresa Grabat Energy S.L., a la que se le ha concedido el permiso de investigación. Para colmo de mala gestión del territorio, la administración no tiene el mínimo control oficial sobre lo que hacen las empresas mineras, que mantienen su actividad en secreto, ni tienen inspectores de minas que vigilen las explotaciones. Si ningún buen padre de familia gestionaría tan mal su patrimonio ¿por qué se le permite a una administración pública semejante aberración sin que tenga que asumir responsabilidades legales por ello? «.

Tanto la Asociación Terra SOStenible, como la Plataforma No en mi tierra, se han personado como parte interesada y han presentado alegaciones  a la autorización del proyecto de investigación que, al igual que otros en lista de espera, amenaza la supervivencia del mundo rural Zamorano.

 Fuente:http://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2018/04/09/vecinos-arribes-crean-plataforma-oponerse/1076142.html
Colombia

Corte hará audiencia para debatir el futuro de las consultas populares

La Corte Constitucional realizará este jueves una audiencia clave para definir el alcance de las consultas populares en el país y establecer si, a través de este mecanismo de participación ciudadana, se puede prohibir o no la minería y explotación de recursos naturales en los territorios.

Esta audiencia pública, que recogerá las opiniones y voces de diferentes sectores frente al tema, se da en medio de la revisión que está haciendo ese alto tribunal de una tutela de Mansarovar Energy Ltda. contra una decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del Meta que permitió que siguiera adelante una consulta popular que terminó frenando la extracción de petróleo en Cumaral (Meta).

El 19 de octubre del 2016  la alcaldía de Cumaral presentó un decreto en el que señaló que un número significativo de ciudadanos radicó solicitudes en el despacho de la administración municipal para que se iniciara la consulta popular.

Después de que el Tribunal del Meta y el mismo Consejo de Estado negaron la tutela de la empresa indochina Mansarovar, la consulta siguió su curso y en junio del año pasado con 7.703 votos, el 97 por ciento de los cumaraleños que votaron decidió que no quería más explotación de hidrocarburos en su territorio. 

Para Mansarovar es claro que no se podía prohibir la minería a través de una consulta popular porque hay normas que establecen que la Nación es dueña del subsuelo y las entidades territoriales no pueden decidir sobre él. 

Así, la Corte les preguntará a los invitados en la audiencia sobre cuáles son las competencias nacionales y cuáles las de las entidades territoriales en materia de propiedad de subsuelo, cuáles son los criterios de distribución de los recursos de regalías, cuál es el aporte del sector minero para el país, y qué tensiones generan en los territorios las operaciones mineras.

También se consultará qué mecanismos se usan para que la minería opere en las regiones, y qué tan coordinadas están las entidades nacionales y locales en esta materia. Además, se preguntará qué consecuencias han generado las consultas populares en actividades y proyectos minero-energéticos. 

En la audiencia se espera un intenso debate, pues serán escuchados los diferentes sectores como el representante legal de Mansarovar Energy Colombia, el Tribunal Administrativo del Meta que avaló la consulta popular, el alcalde de Cumaral (Meta), el presidente del Concejo Municipal de Cumaral, el Gobierno, a través de sus ministerios de Minas, Ambiente, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, el Procurador, Defensor, entre otros.

También asistirán representantes de la sociedad civil como el Presidente de la Federación Colombiana de Municipios, el director de Dejusticia, de la Fundación Ideas para la Paz, y abogados ambientalistas.

Además, se esperan las intervenciones de delegados del sector minero y petrolero del país.

En todo este debate hay varios antecedentes en la Corte Constitucional. Aunque una decisión del 2014 de ese alto tribunal estableció que en los casos de minería y explotación de recursos la Nación debe ponerse de acuerdo con los entes territoriales, otro fallo de junio del 2016  les dio el poder a las alcaldías y a los concejos municipales el poder de prohibir la minería, luego de tumbar el artículo 37 del Código de Minas que les impedía hacerlo.

El argumento de la Corte en esa ocasión consistió en que esa norma debía tramitarse por una ley orgánica -que requiere de más votos en el Congreso para su aprobación- y no por una ley ordinaria, con el fin de que tengan mayor representación las comunidades ya que afecta la vida de las comunidades.

Fuente:http://www.eltiempo.com/justicia/cortes/audiencia-en-la-corte-constitucional-sobre-consultas-populares-de-mineria-y-petroleo-203066

Venezuela

Comunidad indígena de Sifontes denuncia violencia minera y presiones del gobierno para apropiarse de sus territorios

Indígenas de la comunidad San Luis de Morichal han denunciado el asesinato de al menos dos de sus hermanos pemones, a manos de grupos armados autodenominados “sindicatos”, dedicados a la minería ilegal al sur del estado Bolívar. Pueblos indígenas de Gran Sabana se solidarizaron con sus hermanos ante la creciente violencia minera que amenaza sus territorios que, en teoría, están protegidos por la Constitución nacional.

Pueblos indígenas del municipio Gran Sabana se solidarizaron con la comunidad de San Luis de Morichal, en el municipio Sifontes, quienes exigen el reconocimiento y respeto al territorio pemón. A su vez reiteran que no habrá ningún tipo de negociación para la actividad minera en la zona, ante las presunciones de que el gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, tenga intereses mineros en la zona y por eso pretende negociar.

Jorge Pérez, concejal de Gran Sabana, señaló que tienen información de que este martes acudirán representantes del gobierno regional hasta San Luis de Morichal, por cuanto reiteró: “las tierras indígenas no se negocian”.

Solicitan también una investigación a funcionarios de seguridad por contar con presuntas maquinarias en El Chiguao, en el municipio Angostura.

El pueblo de San Luis de Morichal ha intensificado sus denuncias contra la violencia a manos de bandas criminales dedicadas a la minería ilegal. Se han referido al menos de dos asesinatos, sobre los que acusan a grupos armados autodenominados sindicatos.

El caso más reciente es el de la desaparición de Oscar Meya, hermano del capitán Omar Meya. El hecho habría ocurrido el 13 de marzo cuando fue secuestrado, según las denuncias del consejo de caciques del pueblo pemón. También acusan de la desaparición de Domingo Cabrera, el pasado 30 de julio de 2017, a los mal llamados sindicatos, los cuales estarían vinculados con cuerpos de seguridad.

La violencia minera al sur del estado Bolívar es de vieja data, con enfrentamientos entre bandas y otros con organismos de seguridad, que a su vez han sido cómplices en el fortalecimiento de estos grupos irregulares. Los resultados: muertes violentas y menos control de la minería ilegal.

Con la creación del Arco Minero del Orinoco, el problema recrudeció, pues con ello llegan denuncias de operaciones de limpieza de las minas para ser entregadas a trasnacionales a las que se les otorgó las concesiones para la exploración y explotación minera. Los casos más recientes han sido la masacre de Tumeremo en marzo de 2016, y la de la mina Cicapra en febrero de este año.

Fuente:http://www.correodelcaroni.com/index.php/sucesos/item/63477-comunidad-indigena-de-sifontes-denuncia-violencia-minera-y-presiones-del-gobierno-para-apropiarse-de-sus-territorios