Pronunciamiento del Foro Regional “Impactos y Desafios de la Mineria Metalica en
Reunidos los movimientos sociales de la región Centroamericana, ambientalistas, defensores de derechos humanos, colectivos de mujeres, pueblos indígenas entre otras expresiones organizadas en el Foro Regional “Impactos y Desafíos de la Minería Metálica en América Central”, en el que hemos tenido la oportunidad de analizar el contexto de deterioro de nuestros recursos naturales y medios de vida, violaciones a derechos humanos en la región e intercambiar experiencias sobre el avance de nuestras luchas.
Preocupados/as por:
- El Avance de la Minería Metálica en la región Centroamericana que se manifiesta hasta el momento en 405 concesiones en la región CA4, que generan impactos negativos principalmente en el agua, la tierra, la fauna, la flora y la cultura, los medios de vida y la salud de los pueblos.
- El avance de los efectos del cambio climático ha colocado a los países centroamericanos entre los 10 más vulnerables a estos efectos, situando a Centroamérica en una región altamente vulnerable.
- El incremento de las demandas y procesos legales en contra de las grandes empresas transnacionales ante las violaciones a los derechos de los pueblos, por parte de los movimientos sociales y organizaciones de sociedad civil. (3 casos llevados en Honduras ante instancias internacionales, 1 caso en Guatemala y 1 caso en Nicaragua).
- La existencia en la región de un modelo económico de “desarrollo”, enfocado en el extractivismo, que saquea las riquezas, profundiza la corrupción política y empresarial, debilita nuestros Estados Nacionales y empobrece a los pueblos destruyendo el ambiente y envenenando el agua, bajo nuevas formas de colonización y esclavitud laboral.
- El rol permisivo y promotor de los Estados Nacionales subordinados hacía los intereses de la Inversión Minera.
- El marco legal regulatorio entreguista y deficiente impuesto a partir de tratados de libre comercio e inversiones, que comprometen las capacidades de los Estados para la protección de derechos y el ordenamiento territorial y las leyes de protección de los bienes comunes en los países de la región.
Consideramos lo siguiente
Que ha sido comprobado en diversos estudios que la minería metálica aporta como máximo 2% del Producto Interno Bruto (PIB) de los países centroamericanos (0.7% en Guatemala, 0.2% en El Salvador, 0.3% en Honduras y 2.0% en Nicaragua), así como el 2.7% del aporte total de la recaudación tributaria y el 0.60% de generación de empleo (0.37% en Guatemala, 0.09% en El Salvador, 0.25% Honduras y 0.59% en Nicaragua.)
Además de esto las industrias extractivas abusan de los recursos naturales en especial del agua y los suelos generando procesos de despojo, degradación ambiental, contaminación por metales pesados, cambio de uso de suelo, estructuras, erosión, compactación y drenaje acido, afectando directamente las aguas para consumo humano y poniendo en grave riesgo la seguridad alimentaria y la salud de las personas, en particular de los más vulnerables las mujeres, ancianos y niños.
El debilitamiento del Estado de Derecho, a través de la cooptación de Cortes y Magistrados que permiten y promueven estrategias de criminalización a líderes y lideresas, así como de las protestas y las movilizaciones ciudadanas en defensa de sus derechos colocando en grave riesgo la vida de los defensores y defensoras de Derechos Humanos.
Que la presencia de la industria minera en Centroamérica, ha provocado la persecución, cárcel y muerte a un gran número de defensores y defensoras de Derechos Humanos, cuya expresión más visible fue el cruel asesinato de nuestra querida compañera Berta Cáceres; una mujer valiente y coherente con esta lucha, que aún permanece en la impunidad como reflejo de la complicidad del Estado.
Que Centroamérica es una región que comparte riesgos y problemas comunes, el corredor mesoamericano alberga a países que tienen la categoría de países mega diversos, que comparten una gran riqueza de biodiversidad y están conformados por diversos pueblos que aportan conocimientos y practicas ancestrales, que han enriquecido culturalmente a la humanidad.
Los riesgos e impactos en cada uno de los países tienen sus efectos en toda la región, especialmente los casos de minería transfronteriza.
La emisión de la ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador, es un ejemplo a seguir por los países de la región centroamericana, el ejemplo de lucha del pueblo salvadoreño es un avance importante en la defensa del territorio
Ante esta situación demandamos:
La urgencia de construir modelos alternativos de desarrollo, ejerciendo el derecho a elegir libremente modelos sustentables que utilicen racionalmente los bienes naturales de nuestros países, regulando las Inversiones Extranjeras Directas (IED) a efecto de reducir los impactos socio ecológicos que pongan en riesgo el futuro y la vida de esta y próximas generaciones.
Que los Estados y gobiernos centroamericanos terminen con todas las formas de criminalización de la acción ciudadana, incluidas las protestas y que respeten el derecho a defender derechos por la preservación de los territorios, el agua, el bosque y la vida.
Que la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, China, Rusia y los países sedes de las empresas mineras y compañías importadoras de materias primas actúen impulsando los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, sancionando en sus países de origen las violaciones cometidas en los países donde intervienen.
Mientras exista minería activa, que los gobiernos y legisladores de cada Estado centroamericano, establezcan marcos legales más eficientes que exijan la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del sector minero, así como el pago justo de los impuestos y fianzas por parte de las empresas, respetando los procesos de consultas públicas transparentes e incluyentes.
Llamamos a los ciudadanos, organizaciones de sociedad civil y movimientos sociales de los países llamados “desarrollados” a continuar apoyando y articulando esfuerzos conjuntos en la lucha contra la destrucción ambiental provocada por la minería metálica en nuestros países.
Declaramos que nos hemos unido en una Alianza Regional Frente a la Minería Metálica para fortalecer nuestros lazos solidarios en la lucha por una Centroamérica Libre de Minería Metálica.
Finalmente denunciamos y rechazamos la campaña de acoso, difamación, criminalización y judicialización espuria contra el líder Q’eqchi Bernardo Caal Xol, orquestada por la Cámara de la Industria de Guatemala –CIG, y apoyada por prácticamente todas las cámaras y entidades empresariales del país, por defender los derechos colectivos del pueblo Q’eqchi que se opone a los proyectos hidroeléctricos OXEC, sobre el río Cahabon en Alta Verapaz, Guatemala. Igualmente denunciamos las amenazas e intimidaciones sufridas por Medalime David lideresa garífuna en Honduras, por la defensa del territorio.
Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua a los 28 días del mes de abril del año 2017.
Fuente:http://us7.campaign-archive2.com/?e=&u=c5654770cc835b50b63d92ba1&id=67ab341a8b
Si se excluye a la minería ilegal de la Ley contra el Crimen Organizado, tal como pretende el fujimorismo mediante el proyecto de ley N° 1095, se cedería posición ante el incumplimiento de normas 
Comunidades zapotecas en el Istmo de Tehuantepec Oaxaca, se han mantenido en resistencia contra las concesiones mineras en su mayoría de origen canadiense, a pesar de que las asambleas comunitarias realizadas en diferentes comunidades afectadas por los megaproyectos se han opuesto a la ola de despojos de la tierra y el territorio.
Se equivoca el ministro con su argumento de “la minería responsable”. El mismo de Adrian Gerard, vocero de una multinacional. “La minería responsable” sólo es un slogan publicitario, pagado por empresas mineras. Falso como cualquier slogan comercial o como uno de político en campaña electoral. Habilidoso para perpetuar el engaño contra la comunidad.
La periodista venezolana, Valentina Quintero, denunció que la compra de más 300 kilogramos de oro que hizo el ministro de Minería, Jorge Arreaza, es ilegal y aseguró que eso conlleva a la destrucción de la naturaleza.
“Muchos gobiernos de América Latina criminalizan la protesta social y eso hace que defender el medio ambiente sea jugarse la vida”. Gustavo Castro Soto, defensor de la Tierra y del Medio Ambiente, testigo del asesinato de la ecologista hondureña Berta Cáceres, acogido en el programa de protección de Amnistía Internacional en España, ofreció ayer su testimonio sobre las dificultades que padecen las comunidades indígenas para defender su territorio de la especulación.
La congresista puneña de Fuerza Popular, Alejandra Aramayo -la misma que impulsaba y defendía a capa y espada el cuestionado proyecto que atentaba contra la libertad de prensa-, acaba de presentar otra polémica iniciativa: un proyecto de ley que plantea excluir el delito de minería ilegal de la Ley Contra el Crimen Organizado, argumentando que el endurecimiento de sanciones penales no resolverá el problema de la formalización minera.
La Corte Constitucional declaró al río Atrato como un sujeto de derecho y, por ende, el Estado debe garantizar su cuidado. La decisión no surge porqué sí. Este es uno de los ríos más importantes del Caribe, el mar donde vierte sus aguas por 16 bocas diferentes.
Recelo, eso es lo que se vive por estos días en Quindío tras el anuncio, la semana pasada de la suspensión indefinida de los trabajos exploratorios de la multinacional minera AngloGold Ashanti en Cajamarca, Tolima.