Argentina

Para la Justicia, Barrick Gold actuó con «negligencia» en la mayor minera aurífera del mundo

La solución con cianuro que hace más de un mes provocó el último escándalo de Barrick Gold en Argentina seguía brotando a borbotones de una de las tres inmensas tuberías averiadas de la mina Veladero, en los Andes. Aunque el cianuro -que se usa para extraer el oro de las rocas- no llegaba a salir del valle de la mina porque caía dentro de una malla de contención, fue el tercer derrame en un año y medio llevó a las autoridades a suspender parte de las actividades de la mayor minera aurífera del mundo.

El juez que investiga el último incidente acaecido a fines de marzo y un funcionario de la provincia de San Juan, donde está Veladero, dijeron que luego del segundo derrame en septiembre del 2016 la empresa desoyó advertencias sobre los riesgos de otro accidente.

Por la reincidencia, las autoridades podrían decidir una multa histórica mayor a los casi 10 millones de dólares que tuvo que pagar Barrick por el primer derrame ocurrido en el 2015, cuando contaminó ríos cercanos. También podrían establecer penalidades para ejecutivos e incluso funcionarios locales.

Después del segundo derrame, efectivos de la policía especial que vigila a las mineras, «habían exigido el cambio de una cañería porque estaba exudando, en principio. Habían advertido algunas pérdidas dentro del valle de lixiviación», aseguró a Reuters el juez penal de Jáchal -una de las ciudades más cercanas a la mina, en San Juan- Pablo Oritja.

«Si se hubieran cambiado esos caños como habían exigido, en principio el desacople (de los tubos) no se hubiera producido», dijo el juez.

El magistrado tiene en su poder tres actas -labradas entre diciembre y febrero por la policía minera de la provincia- que fueron incumplidas y que dieron pie a un proceso administrativo para sancionar a Barrick Gold.

La empresa dijo que se trata de un trabajo en curso.

«En todas las minas hay siempre procesos en marcha para responder e implementar acciones regulatorias que llevan tiempo completar, e involucran discusiones en desarrollo con los reguladores», explicó el portavoz de Barrick, Andy Lloyd.

En un correo electrónico, Barrick dijo que también se le solicitó que elevara la barrera -conocida como berma- que impide que la solución con cianuro escape de Veladero, la construcción de desniveles y el añadido de cámaras de monitoreo, entre otros puntos cumplidos por la empresa.

Veladero, la tercera mina de oro de Barrick a nivel mundial, produce más de 540.000 onzas de oro al año, que representan exportaciones por casi 700 millones de dólares.

Por el momento, la Justicia prohibió a Barrick agregar cianuro a la solución ya existente en el valle de lixiviación -donde se separa el oro de las rocas-, que continúa circulando en un circuito cerrado, pero con los ductos aún sin reparar.

Esta medida detuvo parte de la operación de Veladero.

TAREAS PENDIENTES

El Gobierno de San Juan aseguró que después del segundo incidente se le exigieron a Barrick medidas urgentes.

«Lo que se le pidió es que se hiciera una evaluación del estado de la cañería. Eso quedó pendiente de cumplimiento», señaló el ministro de Minería de la provincia de San Juan, Alberto Hensel, en una entrevista con Reuters, que supervisa el cumplimiento de las regulaciones.

Lloyd de Barrick explicó que ese estudio se completó, pero recién «en el último par de semanas» y se presentó al Gobierno de San Juan.

Una fuente del Ministerio de Minería provincial que prefirió el anonimato, dijo que en el pasado directivos de Barrick y hasta funcionarios del Gobierno provincial desoyeron advertencias de los empleados de Veladero y de la policía minera, que conocían los problemas de infraestructura que llevaron a derrames previos.

PLAN DE OBRAS

Barrick, que acaba de vender por 960 millones de dólares el 50 por ciento de su participación en Veladero a la china Shandong Gold, presentó a fin de abril un plan de inversiones por 500 millones de dólares como parte de las reformas que, tras el derrame de marzo, pidió el Gobierno de San Juan para permitir que la mina vuelva a operar normalmente.

«Este monto es el capital estimado necesario para sostener las operaciones en la mina por los próximos cinco años, incluyendo la próxima fase del valle de lixiviación», dijo Barrick a Reuters.

Sin embargo, el plan aún debe ser aprobado por autoridades de San Juan, quienes tienen la última palabra porque los recursos subterráneos de la provincia están bajo su jurisdicción. Esta semana se espera un veredicto, que podría consistir en permitir la operación normal de la mina, paralizarla por completo o darle más plazo a la empresa para presentar otro plan.

«No alcanza con que Barrick presente el proyecto o el plan integral, sino que ese plan integral debe ser ejecutado de acuerdo con las exigencias que hemos nosotros impuesto (…) Si no hacen las obras que nosotros les exigimos no hay ninguna posibilidad de que Barrick vuelva a operar», dijo Hensel.

«NEGLIGENCIA»

Veladero es tan monumental como las montañas que la rodean: situada a 4.000 metros de altura en medio del árido paisaje de los Andes, solo se comunica con las poblaciones cercanas a través de un camino privado de ripio de 150 kilómetros, por el que Reuters vio llegar a la mina camiones con cianuro.

Tras iniciar sus operaciones en el 2005, se esperaba que Veladero tuviera una vida útil de 13 años, que luego se extendió hasta el 2024.

«Este es un proyecto que estuvo diseñado para una cantidad de años acorde en aquel entonces cuando se puso en marcha a las reservas que se tenían cuantificadas», dijo el ministro Hensel.

«El potencial geológico minero de la provincia de San Juan ha permitido extender la vida útil de la mina. Lo que hay que hacer es acondicionar la mina a ese tiempo de extensión de la vida útil. Esto qué significa: nuevas cañerías, mejores sistemas de monitoreo, nuevas membranas», añadió.

Luego del último derrame, funcionarios del Ministerio de Ambiente de la Nación viajaron a Veladero para monitorizar las condiciones de trabajo y el estado de las instalaciones. La cartera presentó una denuncia penal ante la Justicia de San Juan por posible contaminación, que fue descartada.

«Cuando subimos para ver el incidente verificamos que hay cosas pendientes que la empresa tiene que hacer. Cómo guarda el residuo peligroso, cómo lo manipula. Eso no está en condiciones», dijo a Reuters el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, quien pidió detener la actividad de Veladero.

Parte del equipo de Bergman fue testigo de que los residuos peligrosos están a la intemperie y el personal los manipula sin protección, irregularidades que constituyen infracciones.

San Juan es una de las provincias argentinas más amigables con la minería, por lo que el incidente de Barrick podría afectar a todo el sector, que intenta combatir la fuerte resistencia cultural a la actividad que hay en el país.

En la principal ciudad cercana a la mina, Jáchal, se puede ver en los suburbios grafitis con la leyenda «Fuera Barrick» acompañada de una calavera con dos huesos cruzados.

Muchos de los 21.000 habitantes de la ciudad exigieron el cierre de la mina en protestas tras el primer derrame.

Los vecinos dijeron que han detectado un total de 10 derrames de la mina. Un estudio que encargaron a la Universidad de Cuyo reveló que, en uno de los ríos de la zona, creció exponencialmente la presencia de metales pesados, que pueden causar daños al sistema nervioso y problemas reproductivos.

El juez que investiga los derrames ordenó tomar muestras de sangre de los vecinos para ver si han sufrido problemas de salud relacionados con el derrame de cianuro.

Barrick niega que haya afectado el medioambiente o la salud de los pobladores. «La reiteración de incidentes implica negligencia», dijo Bergman.

Fuente:http://www.eleconomistaamerica.com.ar/empresas-eAm-argentina/noticias/8343359/05/17/Para-la-Justicia-Barrick-Gold-actuo-con-negligencia-en-la-mayor-mayor-minera-aurifera-del-mundo.html

Argentina

Minería nuclear: Odarda pide informes a Energía

La multiplicidad de rumores sobre el desarrollo de la la minería nuclear en Río Negro, motivaron a la senadora Magdalena Odarda (CC-ARI) a elevar un pedido de informes al Secretario de Energía de la provincia, Sebastián Caldiero, para que brinde precisiones por las actividades que se estarían desarrollando en el Área Protegida Bajo Santa Rosa y bajo Trapalco, y la instalación de una planta nuclear en Sierra Grande.

Odarda manifestó su rechazo a estas iniciativas y dijo que ambos proyectos ponen en estado de alerta a las organizaciones sociales y ambientalistas rionegrinos y de la Patagonia que, históricamente, han manifestado su oposición a este tipo de proyectos –megaminero y nuclear- debido a las consecuencias catastróficas que conllevan en la realidad socio ambiental de las regiones.

En ese sentido, la senadora adelantó que pedirá al funcionario provincial que informe “qué empresas mineras operan en la zona y exploran o explotan minerales de primera categoría, según Código de Minería de la Nación (razón social, minerales que están autorizados a extraer, métodos y químicos que utilizan)”.

Solicitará además estudios de impacto ambiental de cada uno de los yacimientos mineros en explotación en las zonas mencionadas; información respecto a qué tipo de organismos públicos intervienen en la aprobación de esta actividad como así también cuáles son las actuaciones administrativas que hasta el momento fueron emitidas por organismos del estado.

Respecto a la Planta Nuclear, la senadora requerirá a Caldiero que indique “con qué tipo de información cuenta el gobierno provincial respecto al desarrollo de la planta Nuclear en Sierra Grande; qué actuaciones se han llevado adelante desde la Secretaría; si se han firmado convenios entre la nación y/o la provincia respecto al emplazamiento de la Planta Nuclear; en qué lugar exacto se encuentra la zona donde se pretende la instalación de la planta mencionada; qué tipo de actuaciones se han llevado adelante en el marco de la aplicación de la ley General del Ambiente 25675, y de las leyes ambientales provinciales”.

Fuente:https://www.adnrionegro.com.ar/2017/05/mineria-nuclear-odarda-pide-informes-a-energia/

Mexico

Las megaminas del candidato de Morena en Coahuila

Un ex perito de la Secretaría de Economía anda vendiendo bienes de la nación a empresas privadas. En 2009, la compañía Macocozac, de la que es socio Armando Guadiana Tijerina, candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, le compró tres concesiones mineras: una en Zacatecas y dos en Sonora.

Poco antes, Jenaro Garza Guerra adquiró 28 títulos de concesión, mismos que fue traspasando a diversos consorcios. Entre 1999 y 2007 se desempeñó como perito minero, por lo que tuvo acceso a las condiciones de los polígonos que compró para luego vender.

La Constitución mexicana establece que las concesiones mineras (un permiso para explorar y explotar minerales en el subsuelo) deben otorgarse a empresas o particulares que las utilicen en beneficio de la nación. Pero los particulares, que muchas veces no tienen la capacidad económica para montar una mina, las están pidiendo —explica Mayra Montserrat Eslava Galicia, coautora del libro El mineral o la vida— para después venderlas, en un sistema que funciona como una especie de apartado del subsuelo, para luego lucrar con él.

El contrato de compra-venta de los tres títulos de concesión adquiridos por la empresa de Armando Guadiana Tijerina, obtenidos vía transparencia por este equipo de investigación, muestran que Jenaro Garza Guerra le traspasó a la compañía Macocozac, que forma parte del grupo Materiales Industrializados, propiedad de la familia Guadiana, los lotes Concha I, con una superficie de 16 mil 709 hectáreas, ubicado en el municipio de Mazapil, Zacatecas, y dos ubicados en Pitiquito, Sonora: Aguirre, con superficie de 3 mil 639 hectáreas, y El Viejo, con 16 mil 23 hectáreas.

El ex perito Garza Guerra es la segunda persona más beneficiada, por extensión, con títulos de concesión minera en el sexenio de Vicente Fox, aunque también obtuvo permisos durante la administración de Felipe Calderón. Tan sólo los tres títulos juntos que le vendió a Macocozac abarcan 36 mil 368 hectáreas, un área similar a la de siete delegaciones en la Ciudad de México: Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Benito Juárez.

Los tres lotes tienen potencial para oro, plata y cobre. El precio del traspaso de las concesiones fue suprimido en la copia del contrato, pero la cantidad abarca dos renglones y medio.

Miguel Ángel Mijangos, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), da un ejemplo de la cantidad de dinero que podría moverse en una operación de este tipo. “Una persona pide la concesión, hace en el lote un proyecto de exploración menor, en el que invierte un millón de pesos. Resulta que el pedacito donde exploró tiene buen potencial, entonces le ofrece a una empresa vendérselo en 10 millones de pesos. La empresa hace dos estudios más de exploración para comprobar el potencial y se hace una transmisión de la concesión”.

¿Y el Estado cuánto gana de eso? Mijangos calcula que Garza Guerra debió pagar, de acuerdo con los impuestos vigentes para concesiones mineras entre 2007 (cuando entró en vigencia) y 2009 (cuando la vendió), 613 mil 552 pesos por la concesión de 16 mil 709 hectáreas, ubicada en el municipio de Mazapil, Zacatecas, que luego transfirió a Macocozac.

El candidato comprador

El candidato minero nos recibe con camaradería en su oficina de Materiales Industrializados, el grupo empresarial del que forma parte Macocozac. Dos medios nacionales quieren entrevistarlo en plena contienda por la gubernatura. Luce contento, relajado, cordial.

Guadiana Tijerina es consejero y fundador de Claridad y Participación Ciudadana, una asociación civil que pugna por la transparencia. Su frase de batalla es: “Alto total a la corrupción y a la impunidad”, misma que acompaña con un manotazo en el escritorio. Sin embargo, tanto Macocozac como Materiales Industrializados y Compañía Minera Caopas, empresas de las que es socio, han enfrentado juicios fiscales e investigaciones judiciales por presuntos vínculos con el narcotráfico.

—¿Usted le compró a Jenaro Garza títulos de concesión minera en Sonora y Zacatecas?

—No, nosotros tenemos diversas concesiones mineras tanto en metálicos como en los no metálicos. Pero me interesa más hablar de la problemática del proceso electoral en el que estamos inmersos para Coahuila. Eso me interesa más ahorita —responde, al tiempo que su semblante pierde el gesto de amabilidad.

—Pero, siendo usted un empresario minero, queremos que nos ayude a entender por qué hay particulares con títulos de concesión y por qué las empresas se los compran.

—Bueno, si yo quiero transmitir los derechos de una concesión [minera] particular o de una sociedad, se hace con el permiso de la Secretaría de Economía, que se maneja a través de la Coordinación Minera y la Dirección General de Minas, regulado [todo] por la Ley Minera.

—¿Eso no genera como un sistema de “apartado” de la tierra para luego venderla?

—Pero así está la ley, y si no, le negarías el derecho… acuérdate que cualquier ciudadano puede denunciar un área que esté libre, o una compañía, para que la actividad minera se desarrolle. Pero sí se pueden propiciar algunas de las cosas que tú mencionas.

El perito vendedor

La primera vez que Jenaro Garza Guerra pidió un título de concesión fue en 1995, aunque se lo otorgaron hasta el año 2000. Desde esa primera fecha y hasta 2011 obtuvo 28 títulos de concesión en Zacatecas, Sonora, Durango y Coahuila. Al mismo tiempo que obtenía concesiones, se desempeñó —de 1999 a 2007— como perito con registro de la Secretaría de Economía, como consta en el listado de estos funcionarios publicado en esos años en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Miguel Ángel Mijangos, de Rema, explica que un perito minero hace los primeros estudios dentro de un polígono solicitado a la Secretaría de Economía para obtener un título. En ninguna parte de la ley dice que alguien con esta figura no puede solicitar concesiones, pero, por su actividad, tiene el conocimiento e información necesarios para pedirlas en terrenos redituables, “lo cual supone, por lo menos, un conflicto de intereses”.

De los 28 títulos que Garza Guerra obtuvo, tres se los vendió a Macocozac, 12 aparecen en las tarjetas de registro del Sistema de Administración Minera (SIAM) como cancelados, nueve los tiene todavía en su poder (cuatro en sociedad con otras personas), tres los cedió a Carbonífera La Esperanza, empresa de la que él es socio, y tiene uno más a su nombre, el 221233, que aparece como cancelado y sustituido por el 225181, aunque cuando se busca éste en las tarjetas de registro del SIAM resulta que no existe en el sistema.

Pero el título existe. Este equipo de investigación ubicó su rastro, en el manifiesto de impacto ambiental del tajo (mina a cielo abierto) El Cometa, presentado por la empresa Minerales Monclova, hoy MIMOSA, de Grupo Acerero del Norte (GAN).

El documento asienta que el título 225181 es propiedad de Jenaro Garza Guerra y que la empresa, después de explorar las áreas de El Cometa, en Abasolo, Coahuila, encontró buen potencial económico. Minerales Monclova estimó extraer 3 mil 640 toneladas de carbón, con una mina a cielo abierto, cuya inversión ascendería a 76 millones de dólares.

El proyecto, asienta el manifiesto de impacto ambiental, permitiría cubrir la demanda de carbón de la planta siderúrgica Altos Hornos de México, SA de CV (AHMSA), ubicada en Monclova, Coahuila. En el mismo documento se asienta que a Jenaro Garza Guerra se le otorgarían 6 mil 699 dólares por regalías (por una concesión de sólo 500 hectáreas).

Durante nuestra visita a Coahuila tratamos de ubicar a Garza Guerra para entrevistarlo, pero no logramos encontrarlo. Este equipo de investigación lo buscó más tarde vía telefónica, al cierre de esta edición, pero no atendió llamadas.

La asociación civil Familia Pasta de Conchos registra a Carbonífera La Esperanza (la empresa de Jenaro Garza, a quien en 2007 la Secretaría de Economía le canceló su registro como perito por no haber hecho ningún trabajo pericial en años) en la lista de mineras que obtienen lo que ellos llaman “carbón rojo”, extraído por empresas clandestinas, ilegales, o que aun siendo legales ponen en riesgo la salud y la integridad física de los mineros con tal de obtener un mayor margen de ganancias.

Este reportaje fue realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS y el sitio digital Pie de Página (PdP)

 

Fuente::http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2017/05/10/las-megaminas-del-candidato-de-morena-en-coahuila

Perú

Comunidades de Yaguas alertan que mineros ilegales buscan desinformar a población

Líderes de diversas comunidades indígenas de la región Loreto alertaron que representantes de mineros y madereros ilegales buscan desinformar a la población de esa zona para evitar el desarrollo del proceso de consulta previa.

En la región Loreto se realiza un proceso de consulta previa de la categorización de la Zona Reservada Yaguas, ubicada en las provincias de Putumayo y Mariscal Castilla.
De acuerdo a los dirigentes de las comunidades indígenas estas personas desinforman a la población y al Estado con el fin de desarrollar actividades ilegales en Yaguas, como son: tala ilegal, minería ilegal y cultivo de coca.
En declaraciones a la Agencia Andina, el presidente de la Federación de Comunidades Nativas Fronterizas del Putumayo (Feconafropu), Benjamín Rodríguez, explicó que el aspecto más preocupante resulta ser que dentro de esta desinformación, se indicó que el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) está militarizando la zona de Yaguas con el envío de Fuerzas Armadas (FF.AA.), dato que es falso.
«Es un sector muy importante porque es un lugar que creemos debe ser un espacio para poder darle la forma que científicamente están manejando. Es un lugar especial porque ahí se van a reproducir animales que hoy están en extinción», resaltó.
Añadió que en la Zona Reservada Yaguas existen recursos muy importantes que determinan al lugar como una zona especial. Rodríguez denunció, además, que la actividad minera ilegal ha contaminado las aguas de la zona, afectando la salud de familias y niños con la presencia de mercurio.
Comentó que el problema se acentúa dado que dirigentes como Edwin Vásquez Campos, de la Coordinadora de las Organizaciones de la Cuenca Amazónica (Coica), buscan detener el proceso de consulta previa por intereses personales como lo son la tala ilegal de árboles, la minería ilegal y la coca. «Mientras más se demora este proceso, más tiempo tienen para continuar con estas actividades ilícitas», aseveró.
Finalmente, Fernando Alvarado Sangama, fiscal indígena del Bajo Putumayo (Fecoibap), en compañia de Liz Chicaje Churay, presidenta de las Comunidades Nativas de la cuenca del río Ampiyacu (Fecona), solicitaron al Estado mayor presencia en la zona, como también programas y promociones de trabajo para la cuenca del Putumayo y los diversos pueblos, ya que se consideran olvidados por el Gobierno.
Fuente:http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-comunidades-yaguas-alertan-mineros-ilegales-buscan-desinformar-a-poblacion-666362.aspx
Chile

Intendente de Coquimbo niega presiones tras rechazar proyecto minero Dominga

Autoridades de la región de Coquimbo rechazaron presiones para influenciar su voto negativo al proyecto minero Dominga.

El principal sindicado por éstas, el intendente Claudio Ibáñez, recalcó que no estaban obligados a aprobar el proyecto tras la recomendación de sí hacerlo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Además de Ibáñez, los seremis de Energía, Marcelo Salazar y Oscar Pereira, fundamentaron su rechazo debido a que la evaluación realizada por el SEA no consideró las externalidades marítimas.

No obstante, el UDI Sergio Gahona, indicó que las respuestas no dejan claro si se ejercieron presiones y que las respuestas no aclaran la situación.

El proyecto tendrá una nueva oportunidad de ser analizado por el Comité de Ministros, si se acepta el recurso presentando por la minera Andes Iron.

Fuente:http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/05/09/intendente-de-coquimbo-niega-presiones-tras-rechazar-proyecto-minero-dominga.shtml

Colombia

Explotación minera, conflicto entre afros e indígenas

En el departamento las empresas se enfrentan al desafío que les demanda las leyes y luchas de los pueblos indígenas y los consejos comunitarios afro. El gobierno no aparece.

Los intereses de la comunidad indígena y afro son diferentes frente a la extracción de minería, mientras las organizaciones, asociaciones y resguardos  indígenas buscan la conservación del medio ambiente y luchan porque la zona no sea explotada y evitar la minería en el territorio, la comunidad afro busca formalizar los títulos para explotarlos.

Desafian las leyes

El departamento del Cauca contiene un gran recurso mineral que es apetecido por empresas mineras entre ellas esta AngloGold Ashanti, que ha logrado intervenir diferentes regiones en Colombia, para extraer el oro que hay en estas tierras. Los lugares excluidos y más necesitados en Colombia son los que tienen minerales, además es en ellos donde se encuentran las comunidades indígenas y afrocolombianas.

Uno de estos casos es el Cauca, donde estas grandes entidades mineras constantemente afrontan el desafío que les demanda las leyes y luchas de los pueblos indígenas y los consejos comunitarios afro.

La empresa AngloGold Ashanti en el Cauca, no ha logrado iniciar con sus labores de explotación de oro, ahora que una buena parte de los mineros que trabajan en esta empresa no son originarios del departamento, lo que trae más dificultad porque las  comunidades de Caloto, Buenos Aires y Suárez han emprendido una lucha contra estas personas  foráneas y han tenido que renunciar a sus títulos.

No ha podido comenzar sus explotaciones de oro y parte de los mineros no oriundos del departamento han tenido que renunciar a sus títulos,  que en los municipios de Caloto, Buenos Aires y Suárez tanto indígenas como afros se han unido para frenar la minería de aquellas personas que no sean caucanas.

Por medio de títulos otorgados al Consejo Comunitario de Suárez, la comunidad afro de esta zona ha podido explotar con una licencia concedida por ser reserva especial. Los indígenas, en cambio, denuncian que la minería ilegal ha dejado las tierras áridas, los ríos contaminados y que es difícil encontrar terrenos para cultivar. Once cabildos indígenas del Cauca tienen títulos mineros, pero ninguno está en proceso de explotación.

Fuente:http://hsbnoticias.com/noticias/local/explotacion-minera-conflicto-entre-afros-e-indigenas-303055

Mexico

Denuncia la COPUVO amenazas de empresa minera canadiense

Oaxaca.-La Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO) en acuerdo con comunidades de Ejutla y Ocotlán, convocamos a una reunión regional el día 7 de mayo de 2017, dicha reunión tendría como sede la comunidad de San José del Progreso, donde desde hace ocho años hemos defendido nuestro territorio frente al proyecto minero “San José”, impulsado por la empresa Cuzcatlán S.A. de C.V., filial de la canadiense Fortuna Silver Mines (FSM).

Previo a esta reunión, el Presidente Municipal de San José del Progreso Servando Díaz Vásquez, amenazó públicamente a nuestra organización, comunidades de la región y organizaciones civiles, con “no permitir la entrada a la población para la realización de un foro” además instó a la policía estatal y federal a “poner un cerco de elementos y un filtro en la entrada de la población para que este próximo 7 de mayo impidan el ingreso de las organizaciones…” de igual forma mencionó “que la postura de las autoridades municipales es no permitir que gente agrupada a estas organizaciones antiminas ingresen a la comunidad… para no generar más derramamientos de sangre”.

Además, entregó oficios a las autoridades de la región exhortando a “abstenerse a la participación de dicho acto, ya que en los años anteriores hemos tenido amargas experiencias”.

Debido al riesgo generado por estas amenazas, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) solicitó al gobierno del estado de Oaxaca, medidas cautelares a favor de las y los defensores de derechos humanos de las diversas organizaciones civiles y comunitarias que asistirían a dicha reunión, las cuales fueron aceptadas, por lo que hubo presencia de la Policía Estatal y Agentes Estatales de Investigación durante el 06 y 07 de mayo en la comunidad; es importante mencionar que la Policía Estatal también estuvo protegiendo al proyecto minero con elementos de seguridad durante estas fechas.

Frente a esta situación, queremos manifestar que la COPUVO forma parte de un proceso organizativo a nivel regional contra la minería. Este proceso está respaldado por las asambleas de comunidades de Ejutla y Ocotlán, a través de sus autoridades agrarias y municipales quiénes hemos denunciado la actuación de la empresa minera FSM. De igual forma nuestra lucha está sustentada en los marcos internacionales y nacionales de derechos humanos, por ende, nuestra lucha siempre ha sido pacífica.

Nos preocupa en sobre manera la actuación de Servando Díaz, ya que en lugar de abonar a la paz del municipio, está violentando y amenazando a las personas de la comunidad y autoridades agrarias de otras comunidades.

Denunciamos que detrás de la campaña de amenazas y hostigamiento hacia nuestro movimiento, se encuentra involucrada la empresa minera Fortuna Silver Mines, quién en su pretensión de expandirse hacia otros ejidos y comunidades de la región ha criminalizado y violentado nuestros derechos a la autonomía, al territorio, a la libre manifestación, entre los más importantes. Dicha empresa ha extraído de manera irracional nuestros bienes comunes y ha cambio ha generado violencia, destruyendo la paz y armonía que existía entre nuestros pueblos.

En este sentido la COPUVO exige lo siguiente:

  1. Cancelación de las concesiones mineras otorgadas por la Secretaría de Economía en las comunidades de Ejutla y Ocotlán.
  2. Cancelación del proyecto minero “San José” impulsado por la empresa canadiense Fortuna Silver Mines.
  3. Alto a la criminalización de la defensa comunitaria y a la criminalización de organizaciones en el estado de Oaxaca.
  4. Justicia para los compañeros asesinados y agredidos con armas de fuego en la comunidad, a raíz de la entrada de dicho proyecto minero.
  5. Responsabilizamos a la empresa minera Fortuna Silver Mines y a las autoridades municipales de San José del Progreso ante cualquier acto de violencia o agresión hacia las defensoras y defensores del territorio en la región.
  6. Manifestamos nuestra solidaridad con organizaciones civiles y comunidades que luchan por la defensa del territorio en Oaxaca.

La COPUVO anima a construir la hermandad y unidad entre las comunidades y pueblos de Ejutla y Ocotlán, ya que compartimos un mismo territorio y las afectaciones generadas por el proyecto minero, repercutirán en otras comunidades, como ya se ha constatado en los últimos años en la región.

¡Sí a la Vida, NO a la Minería!

Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán-COPUVO

San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca. 9 de mayo de 2017

Fuente:http://ciudadania-express.com/2017/05/09/denuncia-la-copuvo-amenazas-de-empresa-minera-canadiense/

Internacional

IU pedirá al Pleno que rechace el proyecto minero de Retortillo

(España).-El Pleno Ordinario que celebrará el próximo jueves el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo incluirá un total de 3 mociones. Además de las dos del PSOE que fueron presentadas en la mañana del martes en rueda de prensa, el Pleno incluirá también una moción de Izquierda Unida que tiene como objetivo que el Pleno rechace el proyecto minero que está llevando a cabo la empresa Berkeley en Retortillo.

En el texto de la moción se expone que este tipo de minería tiene “un gran coste y un elevado impacto medioambiental”, apuntando además que es “una explotación de carácter finito que transforma el medio donde se desarrolla, reduciendo o anulando los valores ambientales y ecológicos del entorno, que tardarán centenares de años en recuperarse”. Desde el punto de vista de IU, se trata de un “atentado contra un Campo Charro que mantiene unos valores ambientales de primer nivel”.

Para la formación, el proyecto “afectará de manera directa e indirecta a Ciudad Rodrigo y los mirobrigenses, tanto por la afectación de este tipo de instalaciones en la salud de las personas que habitan a decenas de kilómetros a la redonda, como por la pérdida de uno de los entornos con mayor valor ambiental en un radio cercano”.

IU plantea en su moción que la Corporación de Ciudad Rodrigo “tiene la obligación moral y política de sentirse concernida por lo que ocurre en su entorno más inmediato”, por lo que exponen como primer acuerdo de la moción el “rechazo al proyecto de explotación a cielo abierto de la empresa Berkeley”.

Además, se pide solicitar a la Junta de Castilla y León que paralice cautelarmente la tramitación del proyecto “hasta que no se disipen todas las dudas sobre las afecciones medioambientales y sobre la salud de la población, o hasta su deseable rechazo total al proyecto”; y al Gobierno de España que pida al Instituto de la Salud Carlos III “un estudio sobre los efectos en la salud de la población de la comarca de esta actividad”.

Fuente:http://salamancartvaldia.es/not/148742/iu-pedira-pleno-rechace-proyecto-minero-retortillo/

Mexico

Mineras generan conflictividad en Oaxaca y Chiapas

Organizaciones opositoras a la minería en San José del Progreso, Oaxaca, y Acacoyagua, Chiapas, denunciaron acoso e intimidación por parte de las autoridades de sus municipios, en el marco de reuniones para manifestarse en contra de los proyectos mineros en ambas regiones.

La Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuvo) informó que las comunidades de Ejutla y Ocotlán, Oaxaca, habían acordado reunirse en la comunidad de San José del Progreso, donde desde hace ocho años han defendido su territorio frente al proyecto minero “San José”, impulsado por la empresa Cuzcatlán S.A. de C.V., filial de la canadiense Fortuna Silver Mines.

Previo a la reunión, el presidente Municipal de San José del Progreso Servando Díaz Vásquez, “amenazó públicamente a nuestra organización, comunidades de la región y organizaciones civiles, con ‘no permitir la entrada a la población para la realización de un foro’”, denunció Copuvo a través de un comunicado.

Además, dice la organización, la autoridad municipal instó a la policía estatal y federal a “poner un cerco de elementos y un filtro en la entrada de la población para que el 7 de mayo impidan el ingreso de las organizaciones…” y mencionó “que la postura de las autoridades municipales es no permitir que gente agrupada a estas organizaciones antiminas ingresen a la comunidad… para no generar más derramamientos de sangre”.

El 15 de marzo de 2012, Bernardo Vásquez Sánchez, dirigente de la Copuvo fue asesinado en las inmediaciones del municipio de Santa Lucía Ocotlán (Contralínea 327).

La Copuvo denunció que “detrás de la campaña de amenazas y hostigamiento hacia nuestro movimiento, se encuentra involucrada la empresa minera Fortuna Silver Mines, quién en su pretensión de expandirse hacia otros ejidos y comunidades de la región ha criminalizado y violentado nuestros derechos a la autonomía, al territorio, a la libre manifestación, entre los más importantes. Dicha empresa ha extraído de manera irracional nuestros bienes comunes y generado violencia, destruyendo la paz y armonía que existía entre nuestros pueblos”.

Reciben a pobladores con policías y soldados

En tanto, el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) denunció que el pasado 8 de mayo, cuando llegaban a la reunión a la que los había citado el presidente municipal de Acaoyagua, Chiapas, Patricio Eli Matías Salas, fueron “recibidos” por policías vestidos de civil.

Informaron que poco después de la hora de la cita, mientras las puertas de la presidencia permanecían cerradas, “llegó un camión de rutina del Ejército en el que andaban unos veinte militares. Tres de ellos bajaron del vehículo para resguardarlo. Uno de ellos se dirigió hacia la comandancia de la policía municipal visiblemente para pedir información sobre nosotros y nosotras. Nos tomaron fotos sin pedirnos permiso y sin hablarnos. Se retiraron después de que las valientes mujeres del FPDS les dijeran que no tenían por qué estar allí”.

Denunciaron que esta intervención de la policía y del ejército “constituye un acto de intimidación en contra del FPDS ya que nuestra presencia no la justificaba en términos de seguridad. Éramos alrededor de cincuenta personas, habitantes de la cabecera de Acacoyagua y de las comunidades Castañas, Jalapa, Los Amates, San Marcos y La Cadena, esperando calmamente que se abrieran las puertas para que una delegación del FPDS entrara a dialogar con el presidente municipal y su cabildo. Veníamos en son de paz, sin ninguna arma más que nuestra palabra y una manta que decía ‘No a la minería’”.

Fuente:http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2017/05/09/mineras-generan-conflictividad-en-oaxaca-y-chiapas/

Mexico

Minería no produce desarrollo ni empleos en México: Investigador de la UNAM

Gian Carlo Delgado Ramos, investigador de la UNAM, sostuvo en una conferencia magistral, que es falso que la minería produzca desarrollo económico y empleo para México, aseguró que la minería sustentable no existe y las empresas mineras más grandes de México no pagan los daños ambientales que producen, que equivalen aproximadamente a 40% de la riqueza mineral que dejan a sus dueños.

Indicó que según cifras oficiales, en 2014 la industria minero metalúrgica generó 34 mil 817 empleos en México, equivalentes a 0.65% de la población económicamente activa. Sin embargo, 67.5% de esos empleos se produjeron en la industria metalúrgica, y menos de 33% en la minería, a pesar de que en esta última los consorcios Peñoles, Grupo Frisco y Grupo México se adjudicaron 73.1% del valor generado en la extracción de metales.

Agregó que hay una oleada de persecución criminal en México y América Latina contra líderes comunitarios y ecologistas que se oponen a la minería, lo que ha propiciado los asesinatos de dirigentes como Isidro Baldenegro López, Berta Cáceres, Ismael Solorio y Manuela Solís.

Delgado Ramos, sostuvo que la minería sustentable existe sólo en el imaginario y en el contexto de la economía convencional. Pensar que la eficiencia nos va a llevar a un acople, es soñar. Expuso que en México y a escala global, antes que revertirse, se producirá un aceleramiento del extractivismo, debido a la alta demanda de minerales metálicos y no metálicos.

Señaló, sólo China e India demandan 40% de todo el acero y el cemento que se producen en el mundo.

En México la riqueza de los 4 hombres más ricos del país, los 4 con inversiones mineras, equivale a 10% del producto interno bruto. Ellos son Alberto Bailleres, de Peñoles-Fresnillo PLC; Carlos Slim Helú, de Grupo Frisco; Germán Larrea Mota Velazco, de Grupo México, y Alonso Ancira, de Altos Hornos de México, acotó.

Fuente:http://regeneracion.mx/mineria-no-produce-desarrollo-ni-empleos-en-mexico-investigador-de-la-unam/