Colombia

Jericó, el pueblo donde ronda el fantasma de un título minero

En el suroeste antioqueño se vive una tensión sin precedentes por cuenta de un título minero entregado hace doce años a la multinacional AngloGold Ashanti. Algunos en esta región -de una fuerte vocación agrícola- se rehúsan entregarse a la minería.

¿Dónde empieza una tradición, una cultura, una forma de ser? Esta puede ser una respuesta: el suroeste antioqueño. Aquí empezó todo: las arepas, el quesito, el aguardiente, el catolicismo, el honrarás a padre y madre, harás el negocio de tu vida, mantendrás la modestia porque es mejor la tierra y sus animales y sus matas que la ropa y el qué dirán; aquí nació una forma de ser arriero, de llevar el sombrero, de comer frisoles cada noche. ¿Dónde empieza una tradición, una cultura, una forma de ser, de ser montañero? Aquí nació una de esas formas de ser paisa, lo que algunos quieren preservar a toda costa en otras partes: la cultura.

Después de salir de Medellín se sube a Fredonia y en el descenso se ve el río Cauca como una gran lombriz revuelta en tierra y quieta, durmiendo el sueño plácido en medio del valle que es el límite entre Antioquia y Caldas, donde están los farallones —Paz y Galeras—, el cerro Tusa que parece una pirámide levemente inclinada y hecha con las manos, y la montaña —la montaña— La Mama, sin tilde, como le decían los viejos a sus hijos: “Dígale a su mama” . Todo eso es el suroeste. En los bordes de la montaña está la vereda La Oculta, famosa por la novela de Héctor Abad Faciolince y que tiene un lago donde se ahogaron varios, entre ellos el poeta nadaísta Amilcar Osorio después de una fiesta bien fumada. Detrás de La Mama está Jericó.

ericó trae su nombre de la Biblia. De Jericó cayeron los muros. Este Jericó paisa también tiene su fama, el documental “Jericó, el infinito vuelo de los días” es la prueba de que un pueblo se puede mantener incólume, sólo apunta de tradición, de campesinos que cultivan la tierra, de la religiosidad más piadosa, del aguardiente más embriagador. Jericó fue hace muchos años la capital de Antioquia, su clima de verano, su cercanía al río Cauca y al viejo Caldas convertían al pueblo en una metrópoli del siglo XIX, después vino un leve olvido hasta que llegaron las épocas del turismo y luego, las épocas del oro, de la minería.

 

En la oficina de su empresa de publicidad en el barrio El Poblado de Medellín, Gabriel Abad trataba de dárselas de prestidigitador. Llenó un pocillo hasta la mitad de café molido, el puro polvo café, y le agregó dos sobres pequeños de azúcar, mezcló todo con una cuchara y esparció todo en un pequeño montículo de café en el que brillaban algunas piedras de azúcar. “Díganme cómo hace uno para apartar el azúcar del café sin destruir la montaña”.

Gabriel Abad hablaba del proyecto Quebradona de la multinacional AngloGold Ashanti, que hasta el momento tiene licencia de exploración, y de aprobarse la licencia ambiental y social se haría explotación con técnica subterránea para el hallazgo de cobre —que hay—, cuyo material se encuentra a unos quinientos metros de profundidad. Según la misma empresa, “la actividad de exploración es similar a la usada en construcción de infraestructura como vías, aeropuertos, edificios; se limita a perforaciones de geología, geotecnia e hidrogeología con un diámetro máximo 8 pulgadas, hasta una profundidad de 1.200 metros”. Con esta técnica esperan estudiar la viabilidad del proyecto y analizar el estado de los minerales, que no están en beta sino dispersos entre tanta tierra refundida. Se vuelve a los que dice Abad en su oficina: “Díganme cómo”.

Quebradona es la gran duda que desde hace años les cayó a los habitantes de Jericó, Támesis y Tarso —el suroeste—, quienes temen que las exploraciones mineras, que ya van en 110 perforaciones, acaben con el agua que los ha surtido desde siempre. Y el miedo crece porque el suroeste nunca ha sido una región con vocación minera, los campesinos han poblado estas tierras fértiles para sembrar café, cítricos y para extender el ganado que por años ha surtido la demanda del Valle de Aburra.

Son neocampesinos. Los que estaban aquella mañana en la oficina de El Poblado son todos herederos de tierras —sus abuelos fueron dueños, sus padres, sus hermanos: llevan una herencia que quieren conservar, una cultura, una forma de ser—, son neocampesinos: ya llevan años haciéndose profesionales y quieren volver al origen, a labrar la tierra para recogerse. Ellos han formado la Mesa Técnica, un colectivo que desde octubre del año pasado quiere hacerle frente al poder minero y hasta el momento son ciento diez finqueros y esperan en poco tiempo ser más de mil: los hay neocampesinos y también campesinos de verdad, que saben coger el machete sin fingimientos para darle golpes a la madera, que conocen los tiempos de la luna y los brotes de agua de La Mama, que en las últimas semanas —dicen— se han multiplicado y para eso no tienen una explicación.

Verónica Vargas tiene una finca en Támesis y trabajó hasta hace muy poco en Bogotá como bióloga en proyectos de desarrollo social con componentes ambientales, así que cuando volvió al suroeste con la idea de trabajar en las tierras de la familia, en reforestar, en cambiar los sistemas de agricultura tradicional a silvopastoriles más sostenibles, en hacer cambios —porque los neocampesinos no quieren mantener la tradición total sino mejorarla— y la buscaron de Quebradona y le dijeron que era una mina, sabía de qué iba el tema. “Ellos querían hacer unas muestras de suelo y vinieron a pedirme permiso para hacerlo en mi finca, a mí me tomó por sorpresa y les dije que cómo así que minería. Les empecé a pedir papeles, que no los iba a dejar entrar así, que me mostraran. Nos reunimos, resulta que ellos quieren entrar por mi finca”.

u finca no está muy lejos del río Cauca, que viene desde La Pintada recorriendo el país desde Sur hasta el Norte, y sobre toda una curva, antes de llegar a una zona de paraderos de buses y camiones conocida como Puente Iglesias, está La Mama, en cuyas faldas se levantan la mayoría de las fincas de los miembros de la Mesa Técnica. “Ellos lo que quieren es entrar a la montaña justo por donde estamos nosotros, el problema es que las quebradas que nacen en esa montaña alimentan a Támesis, Jericó y Tarso y bañan e Cauca, y es ahí donde tienen los títulos mineros”, dijo Verónica Vargas.

*

Mientras una camioneta baja en desbandada hacia el suroeste, el sol reverbera y Claudia Vásquez —esposa de Gabriel Abad— dice que no puede ser que por culpa de la minería se llegue a perder toda la belleza y la producción, porque esas montañas que se ven vaporosas por el efecto del calor, espejismos a lo lejos, no son puro monte, gran parte son corredores biológicos para conectividad de fauna y flora y silvopastoreos, cultivos, cafetales, plataneras. Toda el área en la que se haría la explotación está totalmente poblada porque el suroeste no tiene terrenos baldíos y el café es el sustento de todo el mundo, sobre todo de los pequeños campesinos que no tiene más de cinco hectáreas de tierra. Lo que se ve desde lo alto es el 60 por ciento de la producción cafetera del departamento que, a su vez, representa el 16 por ciento de la cosecha nacional que alcanzó un valor de 7 billones de pesos en 2016, y la sola cosecha en Antioquia valió 1 billón 115 mil millones de pesos. El Suroeste tuvo un valor de 673 mil millones de pesos para toda la economía de la región.

El Comité de Cafeteros dice que en Jericó hay 890 campesinos caficultores, 1.533 hectáreas sembradas y 1.040 fincas; en Támesis existen 1.886 hectáreas sembradas en 2.154 fincas y 1.517 productores viven del cultivo. Pura tradición cafetera que en la Gobernación de Sergio Fajardo tuvo un impulso inusual con la producción e cafés especiales. Ir a cualquier pueblo del suroeste es encontrarse con pequeñas asociaciones que procesan sus propios cafés, cada uno en empaques muy artesanales con pequeños hoyos encima para recibir el olor, aromas diferentes: ácidos, frutales, amaderados, todos sabrosos de disfrutar en el paladar con o sin azúcar.

En la camioneta —manejada por Juan, otro propietario de finca, que ya traspasa los sesenta años y cada que pasa por un portón puede decir de memoria quienes vivieron ahí: abuelos, padres, hijos, y quién se casó con quién y qué ganado tenían ahí y cómo se tomaba aguardiente— llegan a Palermo, un corregimiento donde esperaban Dora Liliana Aguirre Porras, Jaime Correa Arango, Manuel Giraldo Barrera, David Grajales, Guillermo Hurtado Pérez y José Marín Ospina, ¿quiénes son? Hacen parte del Sindicato de Trabajadores de Palermo, o de la Junta de Acueducto Palermo, o de la Corporación Solidaria Amigos de Palermo, o del Comité por la Defensa Ambiental del Territorio del Municipio de Támesis; o simplemente —como dicen— nacidos, criados y malcriados en Palermo. Esperaban con las manos llenas: chocobananos, bolsitas de cardamomo, muestras de cacao, bolsas de café, todo lo que producen desde hace varios años. Sucede algo: los campesinos colombianos ya no quieren más intermediarios, se han dado cuenta de que pueden ofrecer un producto final. Crean marcas, se buscan la manera de procesar, de empacar, de llevar la mercancía a los supermercados. Estos del suroeste no son la excepción, son ellos los pequeños campesinos y cuando se dieron cuenta de que había llegado AngloGold hicieron la resistencia: “Quería montar aquí una oficina pero no los dejamos, y no hemos dejado que han encuestas no nos interesa, lo que queremos es agua”, dijo Dora Liliana Aguirre Pérez, el ceño fruncido, la risa franca, el cuerpo rotundo como su posición férrea. A algunos ya los retuvo la Sijín y el Ejército por acercarse a las zonas de exploración, todos se conocen las rutas monte adentro, temen por la fauna, por los palos de comino crespo, comino rosado, especies que creen endémicas, por el agua: por el agua. Temen que esa montaña, La Mama, protectora, no sea más esa peña verde.

Por una carretera vieja y destapada, apta para los cascos de los caballos y las mulas o para las llantas de un buen cuatro por cuatro, se llega de Palermo a la Soledad, un corregimiento de Jericó. Así se pasa de los 600 metros sobre el nivel del mar a los 1.800, rodeando La Mama, en algunas zonas hay hectáreas muchas de gulupa, propiedad ya de AngloGold. En La Soledad estaban William Gaviria, Argiro Tobón, Gustavo Arboleda, Rodolfo Tobón, esperaban tomándose unos aguardientes en una fonda trepada en el filo de una montaña y abajo el río Cauca encañonado, plácido, dormido. Los primero que dijeron fue que ninguno estaba dispuesto a vender y que ya han hecho varias protestas. Gustavo Arboleda cree que todo se perdería si empezara a perforarse la tierra para sacar metales: “Si con la sola exploración ya dañaron un acuífero y empezó a disminuirse el agua, entonces qué va a pasar con la explotación. Aquí nosotros no hemos vendido tierras, pero ya hay unos que sí y ahora la empresa está sembrando gulupa en esa zona, mientras hace sus huecos”.

 

Esto de ser rimbombantes: a Jericó le dicen la Atenas del Suroeste, la ciudad culta de Antioquia, la mesa de Dios, el hogar, la cuna de la única santa del país, Laura, y eso acá pesa. El pueblo es bello: las casas coloniales, las calles en piedra, el parque central arborizado, la iglesia como un faro. Monseñor Noel Londoño Buitrago es el obispo de la Diócesis de Jericó y espera en la casa parroquial —un patio central en el que hace años, seguro, desensillaban las bestias; un patio exterior, un baño de inmersión, el paso del tiempo suspendido por la fe—, conoce bien la tradición cafetera porque nació en Montenegro, Quindío, y lo suyo han sido las misiones, por eso cree que la llegada de la minería es una oportunidad para pensar en la cultura cafetera y en la formación de las nuevas generaciones para que continúen con su arraigo a la tierra.

“Yo digo que minería sí pero no así”, dice el sacerdote, quien cree que las multinacionales mineras pueden llegar a zonas donde no estén pobladas o que tengan una clara vocación minera, pero que el caso del suroeste es muy diferente porque son tierras de fuerza campesina, de agricultores. “Aquí iban a hacer un monasterio los benedictinos, pero les dijeron de la Alcaldía que después de la llegada de la minería no les podían garantizar el agua, así que desistieron de construir, aunque ya tenían planos. A mí se me acercaron unas personas de la multinacional para decirme que podían ayudar económicamente a la misión, y yo no les acepté nada. La única garantía de que esa mina no va a afectar el municipio es que los directivos de esa multinacional se vengan a vivir acá”.

 

Antioquia es el departamento con más títulos mineros en Colombia, los hay en Buriticá, Fredonia, Jericó, Anzá, Dabeiba, Urrao, Frontino, Amalfi, Zaragoza, Segovia, Andes, Támesis, San Roque, San José del Nus, Titiribí y Remedios. Antioquia es la representación fiel de la conquista, si debajo de tanta tierra hay tanto oro, se puede entender la locura de los antepasados españoles, el desprendimiento de los indígenas. En los primero tres meses de este año Antioquia exportó más oro que cualquier otro departamento, según el Dane, la cifra representó 295 millones de dólares, 240 millones más que el año pasado en la misma época.

El de Jericó es apenas uno de los 8.866 títulos mineros que hay en el país, muchos de ellos repartidos en una gran despensa agrícola: la cordillera andina sobre Nariño, Cauca, Huila, Tolima, Caldas, Risaralda, Antioquia y Bolívar, zona de campesinos, de labradores de tierra.

 

El viaje es largo y sólo es una vuelta a la montaña La Mama. En Tarso está la finca El Madrigal —propiedad de la familia de Catalina Mesa, directora del documental “Jericó el infinito vuelo de los días”—: tiene 76 hectáreas y en 39 de ellas más de 160 cabezas de ganado asistido por un sistema pastoril de bajo impacto en la tierra y que acaba con el perjudicial método de ganadería extensiva. No existen aquí las praderas como canchas de golf, perfectas según las estéticas del tapete, de un solo pasto y sin árboles: es todo lo contrario, árboles que dan sombra a la tierra y al animal, alguna maleza para que las reses puedan comer, cerdos sampedreños —negros, rumiadores, de buena pezuña, que aran la tierra por su sólo hábito de comer, que luego darán un buen jamón— pastan tranquilos. Nada se pierde, todo se reutiliza. Se hacen fertilizantes, fungicidas, abonos, todo natural y evitando maltratar con venenos la tierra. Según Huber Cartagena, administrador de la finca y concejal de Tarso, en la región están empezando los proyectos de fincas sostenibles donde puedan vivir en armonía el ganado, los cultivos y el campesino: “Reforestación, delimitación y caracterización de los corredores ambientales, parcelas de seguridad alimentaria, porque tenemos que cuidar el DMI, distrito de manejo integrado la trocha, la nube, la capota, que es donde está la estrella fluvial donde está el agua de Jericó, Támesis y Tarso, justo el lugar donde estará la minera”. Los campesinos están recibiendo las preocupaciones de los neocampesinos: que se necesitan fincas que puedan autosostenerse, conservar el medio ambiente.

 

La Mesa Técnica ha hecho su trabajo de divulgación y los campesinos están preocupados. Nadie les preguntó si querían que llegara la minería, nadie les preguntó que si se querían ir, que si querían vender. Esto llevó a que el lunes 29 de mayo el Concejo de Támesis aprobara por unanimidad el proyecto de acuerdo que rechaza y prohíbe la minería en el municipio. Según la diputada Ana Ligia Mora, que ha acompañado el proceso, este es un paso de valentía de los concejales que han recibido “presiones de varios frentes”. Este sería un primer paso para llevar el descontento popular a una consulta popular, como ya sucedió en Cajamarca, donde la AngloGold también tenía títulos mineros. Pero la fiesta no les duró mucho, porque el viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante, dijo que los concejos municipales no tienen la autoridad para expedir acuerdos que prohíban la minería, y menos en Antioquia, que en 2016 aportó el 41 por ciento de las 61,81 toneladas de oro que produjo el país.

En Jericó no están tan claras las posiciones, pese a que en las calles se leen los letreros en contra de la minería. María Victoria León, presidente del concejo y miembro de Cambio Radical, quien no hace mucho recibió una invitación de AngloGold para visitar uno de sus proyectos en Brasil, viaje al que no pudo ir pero sí su esposo Juan Guillermo Restrepo Ruiz. Reconoce que aunque el municipio no tiene vocación minera, no le ve ningún problema a la llegada de Anglogold, que desde hace doce años empezó un trabajo soterrado: “Lo que yo he entendido es que no hay riesgos de perder acuíferos, aunque toda causa tiene un efecto, pero esperamos que las consecuencias no sean tan duras porque la empresa se mueve legalmente. Desafortunadamente la comunidad está muy dividida hoy. Los letreros que hay en las casas no dicen que todo el mundo esté en desacuerdo”.

Toda la polémica ha llegado hasta la gobernación de Antioquia, Luis Pérez considera que es mejor la entrada de una multinacional que dejar la tierra en manos de las bandas ilegales, como ha sucedido en el Bajo Cauca, la región más contaminada con mercurio de todo el país. “Sin embargo hay que tener en cuenta las vocaciones de las regiones, en este caso el suroeste tiene una clara vocación agrícola, así que hay que entablar diálogo entre la comunidad y la multinacional”.

 

En una última finca, a orillas del río Cauca hay un hombre, se llama Gabriel. Lo mismo: pastos enmalezados, árboles enormes, quebradas y corredores ambientales recuperados, 400 cabezas de ganado que van directamente a Bogotá y cuya carne —dice— sabe a lo que sabe la carne de verdad: los jugos en el paladar, la huella apenas del fuego. Gabriel monta caballo con elegancia, el porte de un montañero que sabe dominar la bestia debajo de los pies. Al frente del río Cauca se queda callado por un momento y contempla en silencio. El río está a dos metros y baja fiero y revuelto, ya no es una lombriz dormida: es la muerte y la vida: un precipicio. A unos cuantos kilómetros —dos, tres— estará la piscina de lodos que se irá llenando mientras se saca el material disperso de La Mama, el cobre, y que tendrá 25 millones de metros cúbicos de lodos: un cóctel químico y tóxico.

Fuente:http://www.semana.com/nacion/articulo/jerico-las-entranas-del-cobre/527685

Chile

Reinicio de actividad minera amenaza biodiversidad de humedal protegido

Coyhaique-. Un total de 580 mil metros cúbicos de agua pretende retirar la Compañía Minera Cerro Bayo (CMCB) desde los túneles abandonados de la mina Javiera y depositarlos en la laguna Salitrosa, a unos 12 kilómetros de Chile Chico y dos Bahía Jara, como una forma de rehabilitar dichas instalaciones para la extracción de oro. Las faenas se localizarían a ocho kilómetros del límite de la Reserva Nacional Jeinimeni.

Así se desprende de la declaración de impacto ambiental (DIA) presentada por la empresa el 10 de febrero de este año, la cual deberá ser resuelta por la Comisión Regional de Evaluación Ambiental (CEA), que preside la intendenta regional Karina Acevedo e integran los seremis de Medio Ambiente, Salud, Economía, Energía, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda y Urbanismo, Transportes, Minería, y Desarrollo Social.

Actualmente los organismos técnicos se encuentran realizando observaciones al proyecto, que ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) por corresponder a “obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en cualesquiera otra área colocada bajo protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita”.

Aunque la propia compañía reconoce que sus operaciones se realizarían en áreas “bajo protección oficial”, dada su ubicación en el Sitio Prioritario de Conservación de la Biodiversidad Estepa Jeinimeni-Lagunas de Bahía Jara, para este caso no se aplicó el artículo 11 letra D) de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente que obliga a la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (y no solo declaración) para toda actividad localizada en o próxima a “poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar”.

Según el Sistema Nacional de Información Ambiental el área es “un ecosistema frágil con poca representación en el sistema de protección, con presencia importante de especies en categorías de conservación”.

Además, la tramitación se ha llevado adelante sin un proceso institucional de participación ciudadana con la comunidad local.  El artículo 30 bis de la ley establece que para el caso de DIAs esta podrá realizarse por decisión del director del SEA si, dentro de los 10 días de publicado el proyecto en el Diario Oficial (2 de mayo), es solicitada por dos organizaciones sociales o por 10 ciudadanos directamente afectados.  Plazo que para este proyecto ya se habría cumplido.

Sin embargo, el Estado cuenta con otra herramienta para corregir tal omisión dado que el inciso segundo del mismo artículo estipula que “si durante el procedimiento de evaluación de la DIA, ésta hubiese sido objeto de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que afecten sustantivamente los impactos ambientales del proyecto, el organismo competente deberá abrir una nueva etapa de participación ciudadana, esta vez por diez días, período en el cual se suspenderá de pleno derecho el plazo de tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental”, lo cual es una prerrogativa de la CEA, según estipula el artículo 96 del Reglamento del SEIA.

CMCB ya había presentado una DIA a principios de este año, pero esta fue declarada inadmisible por carecer de información relevante para ser evaluada. Así lo consigna la resolución exenta del 23 de enero pasado.

Elementos clave

Según la DIA, actualmente la laguna Salitrosa (conocida en el sector como Salmonosa o Escondida) cuenta con un volumen de 330 mil m3, por lo cual depositar en ella 580 mil m3 prácticamente triplicaría su caudal, aumentaría su cota en 4,5 metros e inundaría unas cinco hectáreas de superficie aledaña.  A esto se agrega que las aguas del interior de la mina presentan “parámetros excedidos tales como boro, fluoruro, manganeso, molibdeno, sulfato, sodio”, tema no menor considerando que los propios pobladores expresaron durante una reunión en diciembre su preocupación porque esta se encontraría “contaminada por aceites y petróleo de la antigua operación”, con el consiguiente riesgo de que el agua depositada escurra (o inunde) el estero El Baño que pasa por Bahía Jara y confluye hacia el lago General Carrera.

El proyecto contempla pasar por sobre este curso hídrico una tubería con el caudal extraído desde la mina Javiera, con el riesgo de filtración, según alertaron la Dirección General de Aguas y las secretarías ministeriales de Desarrollo Social y Salud.  Incluso este último organismo requirió “proporcionar información relativa a las captaciones  de agua para consumo humano (ubicación, cota, habitantes atendidos) existentes en toda  el área aledaña a la mina Javiera, la laguna Salitrosa y el estero El Baño de tal manera que se pueda establecer que ninguna contingencia podría afectar dichas instalaciones, así como también en lo relativo al agua para el riego agrícola”.

El informe final de la consultoría “Lineamientos de un Plan de Gestión para el Sitio Priorizado Estepa Jeinimeni-Lagunas Bahía Jara”, realizada en 2009, determinó que las lagunas de dicho sector son “un área con valor ambiental relevante”, ya que “como la mayoría de los humedales, corresponden a sistemas frágiles de carácter temporal, muy sensibles a cualquier intervención antrópica, al poder provocar desequilibrios en el ecosistema”.

Aclara que “son hábitat de una gran variedad de aves, como flamencos chilenos, cisnes de cuello negro, cisnes coscoroba, taguas, varias especies de patos, etc. Cabe destaca que no existían registros de cisnes coscoroba en la zona, y es una especie en peligro de extinción”.  Durante la visita que el 19 de mayo realizara la empresa a la laguna, junto a algunos servicios públicos, se constató efectivamente la presencia de cisnes de cuello negro, “lo cual no fue considerado en la línea base de la declaración de impacto ambiental”, según consigna el acta oficial levantada.

En la región existe creciente preocupación sobre los efectos de las actividades productivas sobre la calidad de las aguas del lago General Carrera, fuente de agua potable para gran parte de las localidades ribereñas y el principal atractivo turístico de la proyectada Zona de Interés Turístico del Territorio Chelenko.  Se trata, además, de un lago binacional sobre el cual existe un Tratado de Medio Ambiente y un Protocolo sobre Recursos Hídricos Compartidos suscrito entre Chile y Argentina.

A esto se agrega que la DIA reconoce que “existe una gran cantidad de asentamientos arqueológicos cercanos al sector sonde se localiza el proyecto, sin embargo, todos a más de 2 kilómetros al este del área del proyecto”. Ante esto, el Consejo Nacional de Monumentos Nacionales solicitó una tabla que detalle estos hallazgos y su distancia a las operaciones.

En el proceso, tanto la municipalidad de Chile Chico como Sernatur y Conaf, entre otros servicios, decidieron excluirse de participar en la evaluación.

Reinicio de operaciones

Las instalaciones corresponden “a una operación de minería subterránea que se mantuvo en funciones entre los años 2003 y 2008”.  Producto de “la falta de recursos y los precios de la plata y el oro de dicha época”, en 2008 CMCB (subsidiaria de la multinacional Mandalay Resources) paralizó sus operaciones, ubicadas en el sector de Cerro Bayo.  En estos años de inactividad, los túneles se inundaron, por lo cual el proyecto de extracción de agua se considera necesario para reiniciar las operaciones de esta sección.

La compañía ha informado que las 250.000 toneladas de mineral presentes en el sector, son “necesarias para la continuidad operacional de CMCB en Chile Chico, dado el requerimiento de explotar simultáneamente desde múltiples vetas, para abastecer la planta de procesos en Laguna Verde y mantener la viabilidad de la operación”.

Fuente:http://www.eldivisadero.cl/noticia-43381

Mexico

Reportan ataques contra activistas ambientales

Proyectos de empresas extractivas en el país entre el 2010 y el 2016 están relacionados con al menos 303 casos de ataques a defensores y defensoras del territorio y medio ambiente del país; tan sólo el año pasado se registraron 37 casos relacionados con la minería y 11 con la extracción de hidrocarburos, señaló el centro de análisis e investigación Fundar.

Proyectos de empresas extractivas en el país entre el 2010 y el 2016 están relacionados con al menos 303 casos de ataques a defensores y defensoras del territorio y medio ambiente del país; tan sólo el año pasado se registraron 37 casos relacionados con la minería y 11 con la extracción de hidrocarburos, señaló el centro de análisis e investigación Fundar.

Proyectos de empresas extractivas en el país entre el 2010 y el 2016 están relacionados con al menos 303 casos de ataques a defensores y defensoras del territorio y medio ambiente del país; tan sólo el año pasado se registraron 37 casos relacionados con la minería y 11 con la extracción de hidrocarburos, señaló el centro de análisis e investigación Fundar.

En un informe presentado este martes por la organización, denominado “Las Actividades Extractivas en México: estado actual. Anuario 2016”, la organización precisa que se registraron “63 ataques a personas defensoras entre julio del 2015 y junio del 2016”.

Del total de las agresiones, la más numerosa, con 24% del total, consistió en amenazas por las actividades de defensa; 19% fue intimidaciones; 18% fue la criminalización; la agresión física alcanzó 15% de los casos; 11% de hostigamiento; 6% de difamación, “y privación ilegal de la libertad, el desalojo forzoso, el allanamiento y el robo con 2% cada uno”.

En el documento se cita también información del Centro Mexicano de Derecho Ambiental del año 2015, que indica que Sonora, en ese año, lideró los casos de violencia y ataques contra activistas del medio ambiente en México con un total de 16 casos, mientras que Oaxaca le siguió con 13; el Estado de México con 12; Guerrero registró nueve y Colima se ubicó en quinto lugar con ocho casos.

Con respecto a los sectores más recurrentes en los que se registraron agresiones el año pasado, en primer lugar se colocan los proyectos relacionados con el agua, con 17 casos, le siguen la extracción minera con 10, los proyectos de infraestructura en general están en tercer lugar con ocho casos constatados y las hidroeléctricas se posicionan en cuarto con siete agresiones, entre otros sectores más.

El informe agrega que los ataques contra activistas del medio ambiente han aumentado de forma gradual al pasar de 10 casos registrados en el 2010 a los 78 con los que concluyó el 2015.

Hasta el año pasado se tenían registradas 25,178 concesiones mineras. De la cuales, las empresas radicadas en Canadá mantienen posesión de 65.3% de los proyectos, 13.2% corresponden a empresas estadounidenses y 9.2% son mexicanas.

Para el país los derechos pagados por la industria minera le significó en el 2016 solamente 0.32% de los ingresos federales y 0.24% del sector público presupuestario, o lo que se tradujo también en 0.9% del Producto Interno Bruto (PIB).

Fondos de reparación, sin certeza

En la presentación del estudio, la investigadora de Fundar, Beatriz Olivera, aseveró que no se tiene certeza sobre la aplicación de los recursos pertenecientes a los fondos para mitigar el impacto medioambiental en las comunidades que contienen proyectos de extracción.

En el 2013, con la reforma hacendaria, se creó el Fondo Minero. Un año después con la reforma energética, se creó el Fondo para Entidades y Municipios productores de hidrocarburos, expresó.

Estos fondos “se nutren de los ingresos que provienen de la actividad de extracción” que realizan las empresas. Entre el 2014 y el 2015, precisó la investigadora, el Fondo Minero obtuvo recursos por 4,282 millones de pesos, en tanto que el Fondo para Entidades acumuló recursos, entre el 2015 y el 2016 por 7,480 millones de pesos.

“Existe incertidumbre en el impacto que tienen a nivel local y sobre si los proyectos están siendo realmente implementados (…) Encontramos vacíos importantes en la información disponible sobre estos fondos, por lo cual es urgente que sean presentados bajo estricta transparencia”, expresó Olivera.

Fuente:http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/06/06/reportan-ataques-contra-activistas-ambientales

Colombia

Anglogold Ashanti ya ha contemplado demandar al Estado

Presidente de Anglogold Ashanti recalca la inseguridad jurídica para las inversiones mineras.

Luego de suspender la exploración en el proyecto de oro La Colosa, en Cajamarca, Tolima, tras la consulta popular, la minera sudafricana Anglogold Ashanti está concentrada en jugársela toda al éxito de sus proyectos en Antioquia: de oro en Gramalote y de cobre en Jericó.

El primero ya tiene licencia ambiental y el segundo está en fase exploratoria, pero ya se está viendo amenazado por los activistas que “están metiendo miedo en la gente sin permitir un debate informado, como se da en todo el mundo”, según Felipe Márquez, presidente en Colombia de la minera.

En entrevista con EL TIEMPO, el directivo revela que ante estas situaciones, ya han estudiado posibles demandas contra el Estado por inseguridad jurídica para las inversiones mineras.

¿Cuál es el plan tras la consulta en Cajamarca?

La decisión de suspender fue solamente para La Colosa. Estamos concentrados en nuestros proyectos en Antioquia, llamados Gramalote, de oro, en San Roque; y Nuevo Chaquiro (proyecto Quebradona), de cobre, en Jericó. Estamos tratando de aprender de algunos errores.

¿Qué buscan corregir?

No queremos que algunas personas que hicieron campaña política o activismo ideológico puedan hacer lo mismo.

Si eso pasara, seguramente sería el fin de la confianza de la compañía con Colombia. Estamos concentrados en poder explicarles mejor a las comunidades, con un mayor apoyo del Gobierno, cómo es que se puede hacer minería bien hecha, minería legal y minería que promueve.

¿En qué estado van las iniciativas?

En Gramalote ya tenemos la licencia y en Nuevo Chaquiro estamos lejos; en exploración, y no tenemos fecha definida para sentirnos capaces de ir por una licencia. Es como cuando una persona va al colegio. No podemos presentar el Icfes en séptimo o en noveno, y eso fue lo que nos hicieron en La Colosa. Nos preguntaron de química y física y en quinto de primaria uno no sabe eso. No puede pasar en Jericó.

¿Qué tan riesgoso es esto en Antioquia, con larga tradición minera?

El riesgo está. Las personas que promovieron la consulta en Cajamarca la están promoviendo en Jericó y Támesis, con argumentos acomodados, pero con el mismo fondo y falta de profundidad técnica.

Diciendo que es mejor la vida que el oro, que es mejor el agua que el oro y que el proyecto minero elimina la posibilidad de tener agua. En cualquiera de nuestras minas hay agua y sale limpia, pero las mentiras que se vendieron en Cajamarca se están tratando de vender por los mismos promotores, activistas y políticos.

¿Qué le piden al Gobierno?

Lo mismo de siempre. En este tipo de proyectos, el Gobierno es el que debe ir a la comunidad y decirle que el mineral no es de la compañía, sino del Estado.

Decir se va a sacar el mineral, o no, solamente si la compañía presenta un plan adecuado. Que no les dé miedo, porque acá no va a haber una mina hasta que haya un licenciamiento y no va a haber licencia si no hay audiencias públicas. Y si quieren consultas populares, pues que las haya, pero en el momento correcto y no anticipadamente ni después.

¿No hay nada qué hacer en Cajamarca?

Estamos intentando entender regulatoriamente cómo se implementa la decisión de la consulta popular.

Pero urge coordinar el uso del suelo y el del subsuelo…

Las personas están haciendo activismo metiéndoles a las personas unos miedos que concluyen en una votación, que después el ordenamiento jurídico no valida. ¿Usted cree que los 6.000 que votaron no van a hacer una vía de hecho para impedir que eso pase?

Hasta que no se decante, y el país entienda que el mineral es de todos, va a ser difícil volver.

¿Qué inversiones tienen este año esos dos proyectos?

Este año, para Gramalote estamos invirtiendo 30 millones de dólares. La construcción puede costar unos 900 millones de dólares si se da.

El presupuesto inicial para Colombia en el 2017 era cercano a los 90 millones de dólares, pero a hoy es de 35 millones de dólares, casi la tercera parte.

¿Y el resto se guarda?

Ese dinero ya se lo gastaron Malí y Ghana. Es triste ver cómo la plata destinada para el país se la asignan a otros por estas razones.

¿Somos el país con más agenda política y con comunidades en torno a la minería?

En comunidades no, pero en política sí. Usted no ve esa agenda política en otros países. Allí la comunidad dice que ahí está el mineral, pregunta cómo lo van a extraer, qué impactos hay y cómo lo mitigan, y qué les queda como comunidad. Ese debate de agua u oro, o de vida o mina, eso no se ve en otros países.

¿Qué dijeron las directivas mundiales tras lo de La Colosa?

Es como si estuviéramos con detención domiciliaria.

La credibilidad no es la mayor. Cuando se transmiten cosas y pasan otras, que no se pueden ni explicar, la confianza se pierde y comienza a bajar la inversión.

El siguiente nivel será si valdrá la pena seguir ahí. Estamos en el nivel más bajo de inversión y de confianza minera.

¿Han contemplado salidas jurídicas, como demandas?

Sí las hemos analizado; no están descartadas. En este momento, estamos tratando de jugarnos la vida.

Concentrarnos en nuestros proyectos en Antioquia, esperar que salgan bien y, entre tanto, esperar que el Gobierno Nacional vaya reglamentando qué es lo que pasa en un municipio después de una consulta popular. De acuerdo con lo que ahí suceda, tomaremos nuestras decisiones.

¿Y sería devolverle títulos al Gobierno?

En el 2012, cuando llegué a la compañía, teníamos cerca de 1.000 títulos mineros. Hoy tenemos, entre propuestas y títulos, alrededor de 150.

Algunas personas ven eso como un logro, pero el que más pierde es el país, porque no tiene los recursos para hacer la geología.

Los que promovieron la votación en Cajamarca, ¿siguen en la región?

La gran mayoría están en Jericó y en Támesis (Antioquia), pero no eran de Cajamarca ni de Jericó. Sería más interesante que estuvieran viendo cómo les ayudan a los 400 desempleados ahora.

Y que presenten proyectos y alternativas reales para usar bien el agua, el cual es su debate. Porque no hay nada y el agua es escasa hoy en la zona y no tiene la mejor calidad, la cual pudo haber sido mejorada con el proyecto La Colosa.

Uno de los promotores principales fue el alcalde de Ibagué, y yo quiero ver los proyectos concretos para las plantas de tratamiento de las aguas residuales del municipio, de las que hoy el 70 por ciento se van al río Coello, que ellos quieren defender. Es un debate de la insensatez.

Fuente:http://www.eltiempo.com/economia/sectores/entrevista-con-felipe-marquez-presidente-de-anglogold-ashanti-95882

Mexico

TRIUNFA LA SOCIEDAD LUDOVICENSE FRENTE AL INTENTO DE “THE CHEMOURS COMPANY” DE INSTALAR UNA PLANTA PRODUCTORA DE CIANURO EN SU TERRITORIO

El procedimiento administrativo ante las autoridades ambientales mediante el cual la empresa química The Chemours Company pretendía obtener un permiso para llevar a cabo su “Proyecto San Luis” consistente en instalar, en el municipio de San Luis de la Paz en Guanajuato, una planta para producir 65,000 toneladas de Cianuro de Sodio (NaCN) al año ha sido cancelado.

 

Pese a contar con el respaldo del gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, The Chemours Company ha desistido en su intento de llevar a cabo su “Proyecto San Luis” debido a la presión ejercida por la sociedad ludovicense que, abierta y contundentemente, se opuso al alto riesgo que para su salud y el medio ambiente local representaba el proyecto.

 

Chemours desistió después de que su solicitud de autorización en materia de impacto ambiental presentada en agosto del 2016 ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT fuera fuertemente cuestionada por la sociedad ludovicense. Dinamizados por la “Organización Ciudadana Ludovicense por el Derecho a Vivir en un Ambiente Sano” los ciudadanos de San Luis de la Paz desplegaron un amplio repertorio de acciones colectivas contra la instalación de la planta de cianuro por considerarla de alto riesgo para su comunidad.

 

El proceso de oposición social frente a la planta de cianuro de The Chemours Company confirma que -centrada en los propios ciudadanos- la defensa de comunidades receptoras o potenciales receptoras de los daños y perjuicios provocados por el modelo de desarrollo no depende tanto de la voluntad de operadores jurídicos, políticos y económicos como de la existencia de una sociedad alerta y movilizada, capaz de hacer valer sus pretensiones en, fuera e incluso en contra de los órganos estatales en su conjunto al impedir obras o proyectos contrarios a sus intereses.

 

El Cianuro de Sodio es uno de los venenos más potentes del mundo y The Chemours Company lo fabrica para proveer a la violenta industria minera mexicana que lo utiliza en los procesos de lixiviación de metales “preciosos” extraídos con la técnica “a cielo abierto”. Por ello, el triunfo de la sociedad ludovicense contra el ‘Proyecto San Luis’ debe dimensionarse adecuadamente: no es sólo contra la Chemours y por su propio territorio, es contra el conjunto de la industria minera.

 

¡EL CIANURO MATA!

 

¡VIVA SAN LUIS DE LA PAZ!

 

POR TERRITORIOS LIBRES DE MINERIA Y MEGAPROYECTOS

Argentina

Luego del derrame, la minera Barrick volverá a producir en Veladero en dos semanas

Lo afirmaron autoridades mineras de la provincia de San Juan. La mina está paralizada desde marzo último, tras el tercer derrame de cianuro en un año y medio.

Después de más de dos meses de parálisis de la mina Veladero, tras el derramamiento de cianuro, el tercero en un año y medio, las obras de refacción se encaminan hacia su finalización. Esto la llevaría a volver a funcionar, algo que podría darse en dos semanas.

Así lo advirtió el Secretario de Gestión y Control Ambiental Minero de la provincia de San Juan, Eduardo Machuca, quien destacó que las obras de remodelación del valle de lixiviación en la mina «van al 70% de su progreso» y estimó que en el transcurso del mes de junio el emprendimiento «podría volver a producir».

La mina de oro y plata, ubicada en la cordillera sanjuanina, es operada desde hace 12 años por la compañía internacional Barrick Gold. Allí, la compañía tiene paralizado el proceso de lixiviación, que es la separación del oro y la plata de la roca a través de la utilización de una solución cianurada.

Su clausura temporal había sido dispuesta por el Gobernador Sergio Uñac, tras el derrame de marzo último, por el cual se le impuso a la minera la adecuación y remodelación de la mina, enfocada en obras para brindar mayores condiciones de seguridad, cambios de cañerías, ampliación de la zona segura y controles del flujo de líquido cianurado en el proceso.

Según afirmó Machuca a la agencia Télam, los trabajos comprometidos por la empresa van por la fase cuatro, que es la instalación de siete cañerías de alta presión para reemplazar el anterior sistema de cinco cañerías. El funcionario agregó que «tenemos personal de la Secretaría en forma permanente en la mina, inspeccionando los trabajos y hasta aquí todo lo realizado cumple con las exigencias que les hicimos de manera satisfactoria», sostuvo. Con el avance de obras, estimó que en dos semanas la mina podrá volver a ser habilitada, «con lo que volverá a funcionar el corazón del emprendimiento, que es la elaboración de bullones de metal doré».

La etapa cinco será la construcción de un nuevo valle de lixiviación, y forma parte del proyecto de reforma integral de la mina presentado por la empresa al Ministerio de Minería provincial. En este punto, el funcionario afirmó que se está trabajando en el diseño y la planificación de la ingeniería civil e hidráulica. En total, destacó que la empresa debió aplicar una inversión de u$s 500 millones para adecuarse a las exigencias de la autoridad minera sanjuanina (para remodelación del valle y reacondicionamiento del sistema de ductos que transportan los concentrados mineros).

Para esto, la compañía tuvo que importar equipos destinados a la seguridad ambiental. La inversión incluyó la adquisición de un equipo denominado Dropbox, que permitirá distribuir en modos equivalentes los diferentes caudales de material que ingresan por cinco tuberías y pueden salir por siete ductos. «Con este dispositivo, fabricado en Chile con plásticos de alta densidad, resistentes a presiones internas y a radiaciones ultravioletas, se puede tener control sobre los flujos de solución que llegan al mismo, ante una falla de alguna tubería que se encuentre aguas abajo», precisó el funcionario.

El incidente que decretó el cierre temporal de la mina se dio hacia fines de marzo, por un «desacople de cañerías ubicadas sobre un canal de contención que transportan solución rica (oro y plata)», según comunicó en su momento el Ministerio de Minería, que agregó que el mismo «no afectó a personas ni cursos de agua».

Fuente:https://www.cronista.com/negocios/Luego-del-derrame-la-minera-Barrick-volvera-a-producir-en-Veladero-en-dos-semanas-20170606-0031.html

Colombia

En Ibagué radican proyecto de acuerdo para prohibir minería a gran escala

El alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, radicó ante el Concejo Municipal un proyecto de acuerdo por medio del cual pretende prohibir toda actividad de minería a gran escala en la ciudad.

El mandatario presentó la iniciativa argumentando que la ciudad debe ser un territorio verde y ambientalmente sostenible por lo que no hay espacio para la megaminería.

Por su parte, el concejal del partido Conservador Jorge Bolívar afirmó que con esta iniciativa se anula la posibilidad de adelantar la consulta popular minera, la cual era una promesa de campaña del hoy alcalde.

Fuente:http://caracol.com.co/emisora/2017/06/06/ibague/1496752450_400549.html

Latinoamerica

EL RASTRO DE SANGRE DE LAS MINERAS CANADIENSES EN AMÉRICA LATINA

La extracción de minerales por parte de poderes externos a la región es algo que siempre ha estado presente en América Latina. Hoy en día, un gran origen de explotación minera en la región son las mineras canadienses. Según un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay 22 proyectos mineros canadienses en América Latina que presentan graves impactos en el ambiente y vulneraciones de Derechos Humanos. ¿Dónde están?, ¿cuál es su impacto?, ¿a cambio de qué se llevan los recursos mineros?

MINERÍA EN AMÉRICA LATINA
En América Latina existen muchos conflictos por la resistencia de las comunidades a modelos de minería que afectan el medio ambiente y vulneran los derechos humanos. La base de datos del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL) registra actualmente 219 conflictos activos debido a la minería, en 20 países de la región.

De estos, 39 están en Perú, 37 en Chile, 37 en México, 27 en Argentina y 20 en Brasil. En Perú, la Defensoría del Pueblo registraba, en septiembre de 2013, 107 conflictos sociales activos o latentes en el sector de la minería, de un total de 148 conflictos socioambientales. En todos esos países operan empresas mineras canadienses.

“En total tenemos registradas 91 empresas mineras canadienses vinculadas a conflictos mineros en América Latina. No tenemos el dato exacto sobre cuántas están vinculadas a conflictos activos pues ello es muy dinámico pero consideramos que al menos el 70% de los conflictos de nuestra base muestra algún grado de actividad”, dijo a Distintas Latitudes César Padilla, coordinador del OCMAL.

De acuerdo con Padilla, además de Canadá, tienen fuerte presencia minera en la región empresas de China, Japón, Australia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.

MINERAS CANADIENSES
La extracción minera es una actividad estratégica y de larga tradición en Canadá, e incluso al país se le considera “una potencia minera”. Un estudio elaborado por Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina, titulado “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá”, aborda los casos de 22 proyectos mineros llevados a cabo por empresas canadienses en nueve países de la región, en donde se pudieron determinar las tendencias en el impacto de esas actividades y un patrón de violaciones de derechos humanos.

Esto resulta relevante al tener en cuenta el peso de la minería canadiense en la región. En el 2012, un 57% de las empresas mineras del mundo estaban registradas en la Bolsa de Toronto. De los 4322 proyectos llevados a cabo por esas empresas fuera de Canadá, 1.526 estaban en Latinoamérica. Los países de la región donde las empresas canadienses tienen más activos son México (20.000 millones de dólares) y Chile (19.000 millones de dólares).

Entre el 50% y el 70% de la actividad minera en América Latina está a cargo de empresas canadienses. En el 2012, operaban 67 empresas mineras canadienses en Argentina; 50 en Brasil; 55 en Chile; 39 en Colombia; 17 en Brasil; 201 en México y 89 en Perú.

Actualmente, las siete empresas mineras canadienses más importantes, en cuanto a los ingresos provenientes de la explotación minera en América Latina son Barrick Gold, Yamana Gold, Teck, Goldcorp, Kinross Gold, Pan American Silver y Gran Colombia Gold.

De acuerdo con el informe, Canadá, como país, debería asumir una mayor responsabilidad sobre el impacto de sus mineras en América Latina, teniendo en cuanto el respaldo financiero y político que el gobierno canadiense ha dado a sus empresas mineras a través del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional, del Export Development Canada y de sus Embajadas.

Esto no ha cambiado siquiera bajo la administración de Justin Trudeau, primer ministro que se ha hecho viral en redes sociales por sus visiones progresistas y pro refugiados. The New York Times se ha referido a esto como “el lodo de las mineras canadienses en América Latina”.

En Costa Rica, en 2010, se detuvo por un fallo judicial un proyecto minero de oro en el pueblo de Crucitas (norte del país). El abogado ambientalista, y ahora diputado izquierdista, Edgardo Araya, fue uno de los integrantes de la lucha contra este proyecto, también de origen canadiense, de la empresa Infinito Gold. Él asegura que las empresas canadienses tienen un comportamiento cuasi mafioso, y que el gobierno de ese país debería reponsabilizarse.

“La minería canadiense, según la experiencia que hemos tenido, es de las más despiadadas en ese sentido. En Costa Rica, Industrias Infinito nos dejó la experiencia de un comportamiento cuasi mafioso, de un manoseo de la institucionalidad de este país. Mostraron una cercanía política con el expresidente Óscar Arias, al punto que el ministro de Ambiente de ese gobierno fue juzgado por el delito de prevaricato, es decir, por emitir resoluciones contraria a la verdad”, dijo Araya a Distintas Latitudes.

“Si me quedó algo claro en toda la lucha contra la minería en Crucitas, fue que la embajada canadiense en Costa Rica se comportaba como un gerente más de la empresa minera, y hacía una defensa a ultranza de esa empresa. No me queda duda que el gobierno canadiense de ese momento tiene una corresponsabilidad en lo que que sucedió aquí en Costa Rica”, agregó.

Posterior a esto, en Costa Rica se prohibió la minería a cielo abierto. Recientemente, El Salvador fue un paso más allá y prohibió la minería metálica en el país.

Para Araya, el gobierno de Canadá debe aceptar que la responsabilidad y definir mecanismos para que el Estado de ese país pueda dar apoyo a víctimas de las actividades mineras en América Latina.

IMPACTO
Tanto las empresas canadienses como el gobierno de Canadá tienen conocimiento del grave impacto ambiental de estas actividades. En los proyectos analizados por el Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina, los daños al ambiente tienen que ver con la contaminación del aire, las aguas y el suelo.

En seis de los casos se observa un patrón en el tipo de daño ambiental, producido principalmente a fuentes de agua.

“En Argentina, en el proyecto Bajo de la Alumbrera, la contaminación afecta especialmente las aguas y es generada, entre otros factores, por la deficiente instalación del dique de colas en el origen de un cauce de agua, sin garantizar su impermeabilidad”, señala el informe.

“En Honduras, en el proyecto San Martín o Entre Mares, se ha denunciado la contaminación de las quebradas Agua Tibia y Guajiniquil por una grave infiltración del drenaje ácido en 2008. En junio de 2009 se realizó una nueva inspección con expertos en minas de la Universidad de Newcastle, encontrándose nueva evidencia documental de un grave evento de contaminación ocurrido en septiembre de 2008”, continúa.

Por otro lado, en Chile, en el proyecto Pascua Lama, se denunció la afectación de varios de los glaciares.  En Panamá, el consorcio Minera Petaquilla S.A. taló 54.2 hectáreas de bosque primario, secundario y de galería y un estimado de ocho hectáreas adicionales de vegetación para la construcción de la carretera de acceso, de helipuertos, de campamentos y de la planta de procesamiento. En Guatemala, se ha determinado que en torno a las actividades de la Mina Marlin se ha causado una fuerte contaminación del agua.

Además, varios proyectos mineros a gran escala han generado la alteración de la organización social de las comunidades y de sus formas de vida, provocando desplazamientos forzados. Estos desplazamientos son característicos: son previstos y gestionados directamente por la empresa para lograr la efectividad del proyecto.

Un ejemplo es el desplazamiento de comunidades vecinas a la mina Entre Mares, en Honduras, donde se ha denunciado que la empresa concesionaria incitó y en algunos casos obligó a que se vendieran terrenos, argumentando que la ley les autorizaba expropiar las tierras o que el Estado pagaría menos por ellas.

“También, el desplazamiento de agricultores y ganaderos de sus lugares de residencia, por alteraciones medioambientales en la mina Bajo de la Alumbrera, Argentina, en donde los vecinos de la región se vieron obligados a abandonar sus lugares históricos de residencia por la mortandad de sus animales, el deterioro de sus fuentes de agua y el cercamiento de sus caminos”, señala el informe.

Asimismo, la presencia de mineras en la región ha contribuido a la criminalización de la protesta. También se han dado muertes violentas y heridas graves a opositores a los proyectos y trabajadores de las minas.

En el informe se señala que en diez de los proyectos estudiados se registró la muerte violenta de por lo menos 23 personas y 25 casos de lesiones graves. Estos casos siguen en la impunidad. Los diez casos corresponden a proyectos mineros en México, Colombia, El Salvador, Honduras y Guatemala.

Las consecuencias de las actividades mineras extranjeras en suelo latinoamericano son demasiadas: afectación de glaciares, tala de bosques, contaminación del agua, afectación la calidad de vida de las comunidades y su desplazamiento, influyen en el diseño de leyes nacionales y apoyan la criminalización de la protesta social. De todo orden: social, ambiental, económico. Más allá de tener un primer ministro progre como Trudeau, al igual que para Estados Unidos y Europa, Canadá ve en América Latina Latina un patio trasero donde hacer lo que en sus tierras no haría. Pero la contaminación, sea en el norte o en el sur, es contaminación de (y para) todos.

Fuente:http://www.remamx.org/2017/06/el-rastro-de-sangre-de-las-mineras-canadienses-en-america-latina/

Mexico

Editorial / Minería: amenaza a la vida

Alrededor de mil 500 niños, 63 por ciento de los menores de edad que habitan en la cabecera municipal de Vetagrande, Zacatecas, tienen amenazado su desarrollo físico y mental debido a la contaminación por plomo y otros metales pesados, causada por la actividad minera que se lleva a cabo en los alrededores de la localidad de 5 mil pobladores.

Ubicada a 7 kilómetros de la capital del estado, Vetagrande ha sido objeto de estudios científicos que desde hace 18 años detectaron este problema y alertaron a las autoridades sobre los riesgos para la salud, pese a lo cual, en las casi dos décadas transcurridas desde esa primera llamada de alerta, el índice de niños afectados apenas se ha reducido 10 por ciento.

Las altas concentraciones de plomo en la sangre que dejan marcados de por vida a los habitantes de Vetagrande son un recordatorio de las graves afectaciones causadas por la minería en esta entidad. Sólo en 2015, tres minas propiedad del empresario Alberto Bailleres –galardonado por el Senado con la medalla Belisario Domínguez– tuvieron percances por derrames de desechos mineros en los municipios de Fresnillo, Sombrerete y Morelos, mientras el año pasado una investigación de Reuters dio a conocer que desde 2013 el complejo Peñasquitos, de la minera canadiense Goldcorp, tuvo filtraciones de selenio en los mantos freáticos del municipio de Mazapil.

En los casos mencionados, como en otros que se han presentado en diversas entidades, el denominador común es la indolencia de las compañías para remediar los desastres una vez ocurridos y para adoptar las medidas preventivas necesarias, así como una actitud sistemáticamente omisa de las autoridades competentes para establecer regulaciones adecuadas y para aplicar las ya existentes, a fin de que garanticen el respeto al entorno y a la vida humana en el desarrollo de la actividad minera.

Si a lo anterior se suma el auge de las concesiones mineras, que en los últimos años ha cedido a empresas locales y extranjeras vastas porciones del territorio nacional, se configura un escenario en que cada vez más comunidades se ven sometidas a abusos y padecen una cruda desprotección ante los intereses de esta industria extractiva.

Las autoridades mexicanas, que en días recientes han ratificado su compromiso con el Acuerdo de París sobre Cambio Climático y manifestado su voluntad de colaborar en la lucha global contra la degradación del medio ambiente, bien podrían comenzar por atender los urgentes problemas ambientales que se presentan en México y ponen en riesgo no sólo el frágil equilibrio de los ecosistemas, sino que amenazan de manera inmediata la salud y la vida de miles de personas.

Fuente:http://www.remamx.org/2017/06/editorial-mineria-amenaza-a-la-vida/

Internacional

Agua, suelo y vías pecuarias: las otras ‘víctimas’ de la minería de tierras raras

España.-El informe de la Junta que declara inviable el proyecto extractivo en el Campo de Montiel alerta de repercusiones en manantiales y humedales y posible «alteración masiva del suelo»

Se denomina ‘tierras raras’ a un total de 17 elementos químicos que se usan para la fabricación de alta tecnología, ordenadores, baterías de móviles o televisores.

En el Día Mundial del Medio Ambiente, el Gobierno regional ha convocado la Mesa de la Minería: «queremos que deje las menores huellas posibles en el territorio”

Que el lince ibérico, el águila imperial, el sisón y otras especies de la avifauna protegida de Castilla-La Mancha son incompatibles con el proyecto minera de tierras raras en el Campo de Montiel , es algo que se ha venido confirmando desde las primeras alegaciones al proyecto presentadas en enero de 2016. Ha sido uno de los principales motivos para que hasta el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, haya manifestado su rechazo a la iniciativa de la mercantil minera Quantum en esta comarca de la provincia de Ciudad Real.

Se denomina ‘tierras raras’ a un total de 17 elementos químicos, todos de carácter metálico, y usados para la fabricación de alta tecnología, ordenadores, baterías de móviles o televisores. Se trata  de elementos abundantes en la corteza terrestre pero que han generado conflictos comerciales entre la Unión Europea y China, a cuenta del monopolio para su uso que hasta el momento se ha llevado a cabo desde el gigante asiático.

Pero lo cierto es que en el informe de la Consejería de Medio Ambiente que tacha de “inviable” este proyecto, además de los riesgos para la fauna, hay otros factores que también han denunciado los colectivos sociales, económicos y agrarios, y que tienen que ver con la carencia de agua, la afección al suelo y las vías pecuarias. En el apartado del informe dedicado a la situación hidrológica, el Gobierno regional remarca que el proyecto de explotación para la extracción de monacita atraviesa las Ramblas ‘Camino de los Infantes’ y ‘Camino a Torre de Juan Abad’ del río Jabalón, perteneciente a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Establece así que la ejecución del mismo puede modificar las condiciones hidrológicas en las zonas de extracción y en sus alrededores, “con los subsiguientes cambios en la red de drenaje causados por un desequilibrio temporal en la escorrentía superficial o la infiltración”. Y añade que, por tanto, podría haber repercusiones en manantiales y humedales cercanos o distantes, “tanto en calidad como en cantidad”.

Como Quantum todavía puede corregir su estudio de impacto ambiental, y hay un plazo hasta el próximo otoño para una posible ‘cuenta atrás’ de este proyecto, Medio Ambiente alega que en los lugares de extracción debe preverse una gestión sostenible de los recursos hídricos y “técnicas complejas de drenaje que limiten el descenso de las aguas freáticas (descenso o ascenso en diferentes zonas)”. Aun así, incide en que tales impactos pueden afectar tanto a las aguas subterráneas como a las superficiales y añade que la evaluación de sus efectos sobre un lugar Natura 2000 exige un estudio hidrológico que la empresa no incorpora en su estudio inicial.

El Gobierno de Castilla-La Mancha alude a las alternativas o ‘planes B’ ofrecidas por Quantum: cintas transportadoras, acceso al derecho concesional de agua o la utilización de camiones cisterna. Pero de cualquier manera y dada la “alta demanda de agua necesaria para la ejecución del proyecto”, establece que la viabilidad del mismo está condicionada por la Confederación del Guadiana, si bien este organismo ya se pronunció sobre el tema, rechazando el proyecto.

Otro aspecto que destaca el informe son los procesos erosivos del suelo por lluvias torrenciales. Remarca especialmente la frase del estudio previo de Quantum donde la minera reconoce posibles “graves daños en situaciones de avenidas extraordinarias, por desbordamientos de cauce o derrames”. A esto añade la Junta que la explotación y posterior restauración del suelo para la extracción minera “supone la descompactación de suelo” y una elevación de hasta 50 centímetros.

Teniendo en cuenta que el proyecto podría realizarse hasta en 250 hectáreas, esto podría dar lugar a “procesos de erosión masivos y acarcavamiento del territorio en lluvias torrenciales y el arrastre de suelo hacia los cursos fluviales”. En definitiva, avisa sobre una posible “alteración masiva de suelo” y “pérdida de fertilidad”.

Medio Ambiente recalca que no se ha evaluado cuál puede ser el efecto de las lluvias torrenciales, y pide tener en cuenta varios aspectos, principalmente el hecho de que el permiso de investigación incide con la Vía Pecuaria Caña Real de los Serranos. Recuerda que según la Ley regional que regula estos tramos, “en ningún caso podrá autorizarse el aprovechamiento de tierras, áridos o canteras en las vías pecuarias, incluso en las parcelas de reemplazo colindantes con ellas». Tampoco pueden utilizarse, subraya el informe, para el tránsito de vehículos no agrícolas.

«Graves problemas erosivos»

Todas estas consideraciones, junto las indicadas referidas a las especies protegidas, llevan a la Junta a considerar que el método de extracción y restauración planteado por la minera puede provocar «graves problemas erosivos», con la consiguiente amenaza para territorios localizados aguas abajo como el pueblo de Torrenueva, en el caso de lluvias torrenciales, “no habiéndose evaluado el riesgo”.

Se da la circunstancia de que este 5 de junio, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha convocado la Mesa de la Minería para escuchar las demandas y necesidades del sector. La consejera de Economía, Patricia Franco, ha manifestado la preocupación de la Junta por el impacto ambiental de la actividad minera: “perseguimos bajo todos los medios que esta deje las menores huellas posibles en el territorio”.

En esta reunión se van a plantear dos temas fundamentales: la necesidad de crear a nivel regional un Código de Gestión de Prácticas Ambientales en la Actividad Minera, que permita asegurar que la actividad minera que se desarrolla en Castilla-La Mancha es una actividad sostenible desde el punto de vista medioambiental; y la idoneidad de modificar el sistema de garantías de recuperación medioambiental, para asegurar que la restauración de las zonas afectadas.

Fuente:http://www.eldiario.es/clm/Agua-pecuarias-victimas-minera-tierras_0_650235801.html