Mientras se realizaba el VII Seminario de Litio en Sudamérica en la ciudad de Catamarca, alrededor de 50 manifestantes se reunierón y cortaron la calle Ayaucho, frente a Hotel Casino, para resaltar su malestar ante la explotación minera indiscriminada. Los mismos marcharon hasta el edificio del Ejecutivo Provincial para continuar la protesta, luego se desconcentraron pacíficamente.
Fuente:http://bloglemu.blogspot.cl/2017/06/argentina-un-acuerdo-para-no-enojar-las.html
La firma del Nuevo Acuerdo Federal Minero vuelve a poner en evidencia que el poder político argentino desdeña las condiciones de seguridad, las economías regionales y la suerte de las comunidades para continuar beneficiando a las empresas y aplicando apenas unos retoques fiscales acordados hace meses con el sector minero. La firma del Nuevo Acuerdo Federal Minero entre el Gobierno nacional y las provincias se llevará a cabo el martes 13 de junio, luego que las partes pudieron destrabar algunas diferencias.
Las provincias mineras llegaron a un acuerdo para firmar el Acuerdo Minero durante una reunión que mantuvieron el ministro de Energía, Juan José Aranguren, con los gobernadores de Salta, Juan Manuel Urtubey; de San Juan, Sergio Uñac; de Catamarca, Lucía Corpacci; y de Río Negro, Alberto Weretilneck.
La reunión se llevó a cabo en la sede de la cartera energética luego que el Gobierno nacional decidiera postergar la firma del acuerdo.
La suspensión de la firma se conoció el viernes pasado casi a la par con el anuncio del gobernador de Salta de que su provincia no iba a adherir al acuerdo en los términos acordados por la mesa técnica del Consejo Federal de Minería, que viene trabajando el tema desde mediados de 2016.
Tal como previamente se habían comprometido con las empresas del sector, el punto central que arrojó el diálogo entre los mandatarios provinciales y Aranguren fue la decisión de eliminar la posibilidad de introducir una nueva carga tributaria a la actividad, que contemplaba la creación de un fondo para desarrollo del 1% sobre el ingreso de las empresas mineras, que iba a ser administrado por la Nación.
Otro tema importante que surgió de la reunión es que se ratificó el 3% de regalías que figuraba en el texto del Acuerdo como tope a alcanzar por cada jurisdicción, dejando abierta la posibilidad de que ciertas provincias decidan un porcentaje menor o incluso su no aplicación.
En ese sentido y protegiendo interses de las explotaciones ya instalada, seclaró que cualquier nuevo importe o porcentaje o forma de cálculo que se quiera implementar, se aplicará para nuevos proyectos solamente y no para los existentes. Justamente los yacimientos en explotación son los causantes de graves daños ambientales y perjuicios sociales y económicos en las regiones de infuencia, como es el caso de Minera La Alumbrera en Catamarca y Barrick Gold en San Juan.
Finalmente, se ratificó que se mantendrá en el convenio la aplicación de una tasa de 1,5% para la conformación de un fondo provincial para infraestructura minera, aunque su aplicación o no quedará librada a la política que decida encarar cada provincia. Resulta inaplicable este punto de aparente federalismo si consideramos el poder que ejercen las grandes mineras transnacionales sobre los gobiernos provinciales y considerando -por ejemplo- que las finanzas de aquellas superan en diez o más veces los presupuestos de éstas.
Fuente:http://bloglemu.blogspot.cl/2017/06/argentina-un-acuerdo-para-no-enojar-las.html
España.- La Coordinadora de Municipios Afectados por la Mina de Borobia y la Diputación General de Aragón han decidido presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra el fallo del Tribunal de Justicia de Castilla y León que autoriza la explotación de seis cuadrículas de la mina de magnesitas de Borobia. El Tribunal Supremo deberá en primer lugar decidir si admite a trámite el recurso, para posteriormente dictaminar sobre esta sentencia, que da luz verde a la explotación de magnesitas en la localidad de Borobia. Los recurrentes vuelven a insistir en que “la evaluación de impacto ambiental está incompleta”, según apunta Ricardo Martínez ecomo responsable de la Plataforma en Defensa del agua y la Tierra.
Un recurso que hará que la empresa minera no materialice la promesa de construir una factoría en la localidad soriana, ya que no se comprometerá económicamente hasta que no queden litigios judiciales pendientes, aunque prosigue con la extracción del mineral.
Los grupos contrarios a la mina de Borobia también denunciaron “vertidos al río Manules, al parecer tras la rotura de una balsa de tierra, incumpliendo la obligación de realizarlas en hormigón”.
Mientras tanto, el alcalde del municipio, José Javier Gómez Pardo, considera “un sinsentido la continua judicialización que lleva a cabo la Comunidad vecina de Aragón contra cualquier avance en la mina de magnesitas”. La Diputación General de Aragón y 12 pueblos han recurrido al Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Castilla y León que autoriza la extracción en seis cuatrículas.
“Más de 50 puestos de trabajo están pendientes de crearse en Borobia por parte de la empresa que explota la mina de magnesitas, a la espera de que se acabe un proceso judicial que se prolonga en el tiempo y que encabeza el gobierno regional de la DGA”. El alcalde Gómez Pardo considera “que la empresa no invertirá hasta no tener seguridad jurídica”.
Incluso ha intentado tender puentes con las instituciones vecinas de Aragón para que paren esta dinámica que impide la creación de puestos de trabajo con el aprovechamiento de los recursos naturales de esta comarca tradicionalmente minera. Insiste el máximo responsable municipal que “el magnesio no contamina, que todas las medidas mediambientales se están tomando y que es una oposición radical sin sentido”.
Fuente:http://cadenaser.com/emisora/2017/06/08/ser_soria/1496898589_346636.html
“Muchas voces se han levantado para pedir la anulación del decreto de 2016 que creó el Arco Minero de la Zona Estratégica de Desarrollo Nacional del Río Orinoco. Se trata de un área de concesión de 111.843 m2, para minería de oro, diamantes, hierro, cobre, bauxita, coltán, entre otros recursos, que ha captado la atención de unas 150 empresas, de 35 países.”
Un decreto inconstitucional Según el Observatorio Guayana Sustentable, el decreto contraviene al menos cuatro tratados internacionales, incluida la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y viola nueve leyes y reglamentos nacionales, así como cuatro artículos de la Constitución Bolivariana. Ecologistas, abogados, ingenieros, geólogos y expertos en minería, sostienen que el decreto no exige una evaluación ambiental y sociocultural exhaustiva, antes de la aprobación del inicio de sus actividades y que éstas podrían tener impactos negativos en los ecosistemas adyacentes al Arco.
El Estado estaría promoviendo actividades que atentan contra el Medio Ambiente, porque no está cumpliendo con el artículo 128 de la Constitución, que requiere que la política de ordenación territorial preste atención a consideraciones ecológicas, geográficas, de población, sociales, culturales, económicas y políticas y que se observan las mejores prácticas de desarrollo sostenible.
Posibles consecuencias Piden un alto total de actividades extractivas en tierras ancestrales en los estados de Amazonas, Delta Amacuro y Bolívar, porque si la contaminación comienza a extenderse todo el país se verá afectado, dado que Venezuela ocupa el noveno lugar en el mundo en cuanto a biodiversidad. Esta zona en particular está cubierta por 18.000 hectáreas de bosques, posee el 80 por ciento de las reservas de agua de Venezuela y produce el 75 por ciento de la energía del país.
Además, el 85 por ciento de su territorio es tierra protegida. Los expertos sostienen que el decreto que crea el Arco Minero es inconsistente cuando se trata de la delimitación del área y se presta a la creación de “un Estado dentro de otro Estado, donde los gobiernos locales serían ignorados y sólo se cumplirían las normas militares”. Además de solicitar la derogación del decreto, el Observatorio Guayana Sustentable pide al gobierno de Nicolás Maduro, que revise el documento titulado “Manifiesto de Guayana contra el Arco Minero del Río Orinoco”, donde comunidades locales y expertos presentan una serie de Recomendaciones para hacer frente a los peligros ambientales, sociales y económicos planteados por el Arco Minero.
Los activistas dicen que es urgente actualizar y poner en práctica, el Plan de Ordenación Territorial del Estado de Bolívar, para que las actividades económicas y sociales que se desarrollan en la zona vayan acompañadas de una adecuada atención al Medio Ambiente. Cabe señalar que el estado ya está enfrentando graves amenazas ambientales causadas por una extensa industria minera ilegal.
Fuente:http://www.ecoticias.com/eco-america/137229/Fuerte-oposicion-al-decreto-del-Arco-Minero-en-Venezuela
Durante sesión del Concejo de San Agustín, los cabildantes aprobaron un acuerdo el cual limita el desarrollo de proyectos mineros y energéticos en la Capital Arqueológica.
Según los concejales, con este acuerdo aprobado, se busca la no alteración del paisaje natural por los proyectos de minería o generación de energía al tiempo que ratifica un mensaje de defensa del territorio.
Con esta determinación ya son ocho los municipios en el Huila que se oponen a la realización de proyectos mineros o de generación de energía mediante represas.
El anuncio de parte del cabildo agustiniano llega en momentos en los que el viceministro de Minas, el opita Carlos Cante, defendiera la realización de proyectos mineros en los municipios y su papel en el posconflicto.
Con información de La Voz de la Región.
Fuente:http://opanoticias.com/concejo-de-san-agust%C3%ADn-le-dice-no-los-proyectos-minero-energ%C3%A9ticos
La Diputada del Partido de la Revolución Democrática, Rosa Delia Cota Montaño presentó a la opinión pública del estado 10 puntos con los que a su juicio se puede avanza de mejor manera en Baja California Sur en los aspectos social, económico y político y con ello darle un rumbo diferente a la implementación de políticas públicas por parte de los gobiernos estatal y municipales.
En pronunciamiento presentado en la sesión ordinaria del Congreso del Estado, la legisladora expuso que si bien las reformas estructurales han dañado severamente al país y beneficiado a unos cuantos, “las reformas implementadas a nivel estatal siguen la misma filosofía y armonización.
La representante popular señaló entre los diez puntos la tarea pendiente por parte de los poderes locales “de mandar mensajes a la ciudadanía sudcaliforniana de recuperación de la confianza perdida. El acabar con la simulación y el doble discurso sobre la minería tóxica en la entidad, “o estamos a favor o estamos en contra..no hay puntos medios. Estamos del lado de la inmensa mayoría de la sociedad o apoyamos proyectos depredadores”.
Rosa Delia Cota Montaño señaló que los tres poderes públicos deben de aprobar un plan de austeridad “para bajar el gasto corriente significativamente que permita disponer de recursos para infraestructura, educación, salud y convivencia social”. Igualmente, propuso un Programa Estatal de Reactivación Económica con visión regional de género, emprendedora y sustentable genere los empleos que la población necesita.
Dijo que en materia de seguridad, “más allá de llenar las calles con policías y militares” se requiere de un verdadero programa de prevención del delito y de atención a las víctimas de la violencia y la inseguridad.
Destacó que el estado necesita de verdaderos planes de desarrollo urbano “donde se garanticen los derechos de lkos ciudadanos a la movilidad, a la convivencia, a la cultura, a la recreación y al trabajo… más allá de pavimentar algunos pedazos de calles y de empastar estadios”.
La Diputada Cota Montaño indicó que se requiere un programa en el que se amplíen los derechos de los grupos específicos como discapacitados, la diversidad, los adultos mayores, los jóvenes y las mujeres. “Es urgente legislar y tipificar el delito de feminicidio e e instalar la alerta de género en el estado”.
Enfatizó que se debe de contar con programas de gobierno en los que se aproveche en todas sus capacidades el potencial agropecuario y turístico de la entidad. En el caso del primero, indicó es urgente un Programa Integral de Desarrollo Rural, que no solamente contemple el aspecto productivo, “sino fundamentalmente la organización, la capacitación, las tecnologías modernas y la comercialización de los productos del campo”. En tano que en lo relacionado con el turismo aseveró que Baja California Sur debe de aprovechar las enormes capacidades para el turismo alternativo, creando el Fondo de Financiamiento de pequeños y medianos proyectos en este renglón de la economía, que sean sustentables, y para ello se requiere revisar la Ley de Turismo del Estado.
Por último comentó que es necesario que el Congreso del Estado impulse una reforma municipal, para convertir al municipio en una escuela de la democraica, la participación social y el desarrollo, ampliando los mecanismos de consulta y participación de la sociedad, y al mismo tiempo transparentando el gobierno y rindiendo cuentas.
Fuente:https://colectivopericu.net/2017/06/07/que-se-hable-con-la-verdad-al-pueblo-sobre-la-mineria-toxica-solicita-rosa-delia/
Hay 44 poblaciones en las que la continuidad de proyectos mineros se definiría por consulta popular.
Seguir Leyendo la Noticia :http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/exploracion-minera-y-consulta-popular-en-44-municipios-de-colombia-96876
“El litio en Argentina con sello chino”
La llegada de empresas y actores chinos a Argentina, que adquirió mayor dinamismo en la última década, también puede verse en el sector minero. No sólo Shadong estaría comprando el 50% dela operación de Veladero, propiedad de la canadiense Barrick Gold…sino que existe especial interés alrededor de la minería de litio…Además, capitales chinos como los de la empresa Sinopoly Battery Limited se encuentran entre las cinco empresas más importantes del mercado de litio, con una participación del 5,42%…Así uno de los primeros hechos significativo fue la llegada de la empresa china Ganfeng al proyecto propiedad del joint venture constituido por la empresa Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) y la canadiense Lithium Americas Corp (LAC) para la explotación del Salar de Olaroz-Caucharí ubicado en el oeste de la Provincia de Jujuy, a 70 kilómetros de la frontera con Chile.
Entre las condiciones del acuerdo, Ganfeng habría adquirido el 19,9% de las acciones de la canadiense Lithum Americas Corp (LAC)…Si bien en la minería de litio es presentada por sus principales promotores como menos agresiva en términos de impactos ambientales al compararse con la minería a cielo abierto, la misma tampoco es inocua, y genera otra serie de impactos ambientales que no están siendo suficientemente estudiados…
Fuente:https://business-humanrights.org/en/node/158560
El 10 de febrero presentó declaración de impacto ambiental para rehabilitar instalaciones.Así se desprende de la declaración de impacto ambiental (DIA) presentada por la empresa el 10 de febrero de este año, la cual deberá ser resuelta por la Comisión Regional de Evaluación Ambiental (CEA), que preside la intendenta regional Karina Acevedo e integran los seremis de Medio Ambiente, Salud, Economía, Energía, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda y Urbanismo, Transportes, Minería, y Planificación.
Actualmente los organismos técnicos se encuentran realizando observaciones al proyecto, que ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) por corresponder a “obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en cualesquiera otra área colocada bajo protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita”.
Además, la tramitación se ha llevado adelante sin un proceso institucional de participación ciudadana con la comunidad local. El artículo 30 bis de la ley establece que para el caso de DIAs esta podrá realizarse por decisión del director del SEA si, dentro de los 10 días de publicado el proyecto en el Diario Oficial (2 de mayo), es solicitada por dos organizaciones sociales o por 10 ciudadanos directamente afectados. Plazo que para este proyecto ya se habría cumplido.
Sin embargo, el Estado cuenta con otra herramienta para corregir tal omisión dado que el inciso segundo del mismo artículo estipula que “si durante el procedimiento de evaluación de la DIA, ésta hubiese sido objeto de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que afecten sustantivamente los impactos ambientales del proyecto, el organismo competente deberá abrir una nueva etapa de participación ciudadana, esta vez por diez días, período en el cual se suspenderá de pleno derecho el plazo de tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental”, lo cual es una prerrogativa de la CEA, según estipula el artículo 96 del Reglamento del SEIA.
CMCB ya había presentado una DIA a principios de este año, pero esta fue declarada inadmisible por carecer de información relevante para ser evaluada. Así lo consigna la resolución exenta del 23 de enero pasado.
Elementos clave
Según la DIA, actualmente la laguna Salitrosa (conocida en el sector como Salmonosa o Escondida) cuenta con un volumen de 330 mil m3, por lo cual depositar en ella 580 mil m3 prácticamente triplicaría su caudal, aumentaría su cota en 4,5 metros e inundaría unas cinco hectáreas de superficie aledaña. A esto se agrega que las aguas del interior de la mina presentan “parámetros excedidos tales como boro, fluoruro, manganeso, molibdeno, sulfato, sodio”, tema no menor considerando que los propios pobladores expresaron durante una reunión en diciembre su preocupación porque esta se encontraría “contaminada por aceites y petróleo de la antigua operación”, con el consiguiente riesgo de que el agua depositada escurra (o inunde) el estero El Baño que pasa por Bahía Jara y confluye hacia el lago General Carrera.
El informe final de la consultoría “Lineamientos de un Plan de Gestión para el Sitio Priorizado Estepa Jeinimeni – Lagunas Bahía Jara”, realizada en 2009, determinó que las lagunas de dicho sector son “un área con valor ambiental relevante”, ya que “como la mayoría de los humedales, corresponden a sistemas frágiles de carácter temporal, muy sensibles a cualquier intervención antrópica, al poder provocar desequilibrios en el ecosistema”. Aclara que “son hábitat de una gran variedad de aves, como flamencos chilenos (Phoenicopterus chilensis), cisnes de cuello negro (Cygnus melancoryphus), cisnes coscoroba (Coscoroba coscoroba), taguas (Fulica armillata), varias especies de patos, etc. Cabe destaca que no existían registros de cisnes coscoroba en la zona, y es una especie en peligro de extinción”. Durante la visita que el 19 de mayo realizara la empresa a la laguna, junto a algunos servicios públicos, se constató efectivamente la presencia de cisnes de cuello negro, “lo cual no fue considerado en la línea base de la declaración de impacto ambiental”, según consigna el acta oficial levantada.
En la región existe creciente preocupación sobre los efectos de las actividades productivas sobre la calidad de las aguas del lago General Carrera, fuente de agua potable para gran parte de las localidades ribereñas y el principal atractivo turístico de la proyectada Zona de Interés Turístico del Territorio Chelenko. Se trata, además, de un lago binacional sobre el cual existe un Tratado de Medio Ambiente y un Protocolo sobre Recursos Hídricos Compartidos suscrito entre Chile y Argentina.
A esto se agrega que la DIA reconoce que “existe una gran cantidad de asentamientos arqueológicos cercanos al sector sonde se localiza el proyecto, sin embargo, todos a más de 2 kilómetros al este del área del proyecto”. Ante esto, el Consejo Nacional de Monumentos Nacionales solicitó una tabla que detalle estos hallazgos y su distancia a las operaciones.
En el proceso, tanto la municipalidad de Chile Chico como Sernatur y Conaf, entre otros servicios, decidieron excluirse de participar en la evaluación.
Reinicio de operaciones
Las instalaciones corresponden “a una operación de minería subterránea que se mantuvo en funciones entre los años 2003 y 2008”. Producto de “la falta de recursos y los precios de la plata y el oro de dicha época”, en 2008 CMCB (subsidiaria de la multinacional Mandalay Resources) paralizó sus operaciones, ubicadas en el sector de Cerro Bayo. En estos años de inactividad, los túneles se inundaron, por lo cual el proyecto de extracción de agua se considera necesario para reiniciar las operaciones de esta sección.
La compañía ha informado que las 250.000 toneladas de mineral presentes en el sector, son “necesarias para la continuidad operacional de CMCB en Chile Chico, dado el requerimiento de explotar simultáneamente desde múltiples vetas, para abastecer la planta de procesos en Laguna Verde y mantener la viabilidad de la operación”.
La Confederación de los Pueblos Kichwas del Ecuador y sus delegaciones provinciales, así como la agrupación Defensores del agua de Quimsacocha, asistieron ayer al Palacio de Carondelet para solicitar al presidente, Lenín Moreno, declare al Ecuador libre de minería. El grupo, liderado por Carlos Pérez Guartambel, dirigente indígena que apoyó al excandidato Guillermo Lasso en las pasadas elecciones presidenciales, pidió además a la Asamblea que llame a juicio político al vicepresidente Jorge Glas.