Mexico

Contaminación de agua y conflictos sociales, daños de la minería en Chiapas y Oaxaca

La explotación minera en el país ocasiona problemas de abasto y contaminación de agua, además de que genera conflictos sociales. Sólo en Chiapas hay al menos 21 concesiones y en San José del Progreso, Oaxaca, sigue el diferendo por la operación de la empresa Cucaztlán, que comenzó a explotar plata hace seis años.

En los municipios Acacoyagua y Escuintla, en la costa de Chiapas, la explotación de titanio afecta la calidad de las fuentes de agua de las comunidades, y sólo en esa zona hay al menos 21 concesiones mineras, de acuerdo con el Frente Popular en Defensa del Soconusco, en un documento presentado al relator especial de Naciones Unidas para el Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento, Léo Heller.

Explicó que los sistemas de agua municipales obtienen líquido de los ríos Cintalapa y Cacaluta, y las tomas se encuentran justo abajo de la mina de titanio Casas Viejas, explotada por la empresa El Puntal. Desde 2004, la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó cinco proyectos extractivos en la zona de influencia de la reserva de El Triunfo y en las áreas de recarga de mantos acuíferos, con lo cual empezaron los problemas de abasto, indicó.

Señaló que han crecido los casos de cáncer de colón, estómago, hígado y riñones entre los habitantes de Acacoyagua y Escuintla. Apuntó que ha solicitado a las autoridades estudios epidemiológicos por daños a la salud y al agua por la minería, así como de calidad del líquido, pero no se han realizado.

En Ejutla y Ocotlán, Oaxaca, comunidades se oponen a la expansión del proyecto minero San José, de las empresas Cuzcatlán y Fortuna Silver Mines, y han advertido que el presidente municipal de San José del Progreso, Servando Díaz Vásquez, en diversas ocasiones ha solicitado la participación de elementos armados ante protestas de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán. Los integrantes de ésta argumentan que por mandato de asambleas comunitarias se han declarado los territorios como prohibidos para la minería desde noviembre de 2015.

En tanto, una coalición de organizaciones civiles ha solicitado a las agencias gubernamentales de Canadá y Estados Unidos, encargadas de regular las leyes de valores en esos países, que investiguen si la empresa Almaden Minerals, de origen canadiense, ya que infringió los requisitos de divulgación que deben cubrir las compañías que cotizan en esos mercados al no revelar información clave sobre el proyecto de exploración de oro y plata conocido como Depósito Ixtaca, en el municipio Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla.

Mexico

¿El extractivismo, es reversible?

La minería es una actividad que ha traído grandes beneficios a la humanidad, está presente además en nuestra vida cotidiana pues gran parte de los productos que utilizamos contienen algún mineral. En México, este sector es estratégico para la economía y tan sólo en 2016 alcanzó casi el 2.9 por ciento del PIB nacional y genera más de 2 millones de empleos entre directos e indirectos, éstos últimos acaparan la mayor proporción.

De acuerdo con Forbes, México cuenta con condiciones favorables para el desarrollo de la minería, pues aproximadamente 70 por ciento del territorio tiene potencial extractivo; además, la ubicación geográfica, el acceso a mano de obra calificada y la certeza jurídica, estimulan el crecimiento en el sector, aunque su principal desafío está en darle sustentabilidad; no obstante, hay  una serie de obstáculos a superar, en especial, aquellos ligados a los intereses económicos.

Lo laxo de las normas es tangible desde el punto de vista de las concesiones, el uso de recursos como el agua, la cantidad de conflictos relacionados con la minería y la falta de incentivos en el manejo de residuos.

De acuerdo con información de Contralínea, existen en el país más de 1 mil 600 concesiones en zonas declaradas como Áreas Naturales Protegidas (ANP) en las cuáles, en vez de restringirse la actividad industrial para preservar los ecosistemas y recursos naturales, se realizan actividades de exploración y explotación.

Con relación al agua, las empresas mineras se encuentran entre los mayores consumidores y además se estima que catorce empresas contaminaron los recursos hídricos de las comunidades donde se localizan, en tanto siete más monopolizaron el recurso de tal forma que las localidades cercanas están en riesgo.

Además, 38 por ciento de los proyectos mineros se ubican en zonas donde hay acuíferos sobreexplotados o con poca disponibilidad de líquido. Por ejemplo, en Zacatecas, la minera Peñasquito, propiedad de GoldCorp, ha agotado el agua ya que algunos pozos de ejidos de Mazapil se han secado completamente. Cabe resaltar que Zacatecas se caracteriza por su escasez de agua y no obstante eso, está entre los tres estados donde la minería extrae más líquido, aproximadamente 55.8 millones de metros cúbicos.

En lo que se refiere a conflictos, en la actualidad existen más de 100 conflictos derivados del otorgamiento indiscriminado de concesiones para megaproyectos sin consulta previa, y según El Economista, a eso hay que sumarle que entre 2010 y 2016, al menos 303 ataques contra activistas estuvieron relacionados con  proyectos extractivos. Con relación al manejo de residuos está el caso de Grupo México, que ocasionó un derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre en el río Sonora, con impactos ecológicos fuertes para las localidades cercanas al afluente.

Mientras en Zacatecas, La Jornada (Nacional) refirió que en el municipio de Vetagrande, el 63 por de los niños tiene altos niveles de plomo y otros metales en la sangre, producto de los desechos de la minería, historia que se repite en muchos rincones del país por la falta de programas y monitoreo en la materia.

Con relación a lo anterior, cabe mencionar: México se encuentra entre los países que ratificaron el acuerdo de París para abatir el cambio climático, eso significa comprometerse a desarrollar los mecanismos necesarios para impulsar el desarrollo sustentable y la minería es un tema crucial a tratar, pues el sesgo evidente hacia la generación de ganancias, no justifica los daños sociales y ambientales que produce. El reto es enorme, pues lograr desvincular los intereses económicos privados será el primer paso para construir una política de desarrollo sostenible a largo plazo.

Fuente:http://ntrzacatecas.com/2017/06/13/el-extractivismo-es-reversible/

 

Argentina

Chubut no firma el pacto minero porque una encuesta lo rechaza

«El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, ratificó que no autorizará la apertura de la actividad minera en la provincia y basó su decisión en «una encuesta que hicimos donde hay un 63% de rechazo a la minería por parte de la gente con números que son claros y contundentes, por eso acá no habrá ningún tipo de emprendimiento minero».

El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, rechazó el Acuerdo Federal Minero -que suscribe el presidente Mauricio Macri con las provincias mineras- al sostener que «ésta es una provincia absolutamente ambiental lo cual fue ratificado en la cumbre que hicimos todos los sectores políticos y sociales el lunes 29» de mayo último.

En Chubut la minería metálica está prohibida por la ley provincial 5001, pero la posible inversión de u$s 1.000 millones por parte de la corporación Pan American Silver para explotar el yacimiento de plata y plomo denominado «Navidad» en la meseta del Chubut, había reabierto el debate.

La discusión se reavivó cuando el presidente de la Nación, Mauricio Macri, se reunió en septiembre del año pasado con el CEO de la compañía Pan American Silver, Ross Beaty, y lo invitó al gobernador Mario Das Neves a que escuche la propuesta de inversión en una reunión de la que participó, entre otros, el ministro de Energía y Minería de Nación, Juan José Aranguren.

De acuerdo con informes de especialistas, el estimado actual de recursos bajo tierra asciende en el proyecto Navidad a las 632 millones de onzas de plata y cerca de 3.000 millones de libras de plomo que están localizadas a pocos kilómetros de Gastre, una población ubicada 350 kilómetros al noroeste de esta capital con alrededor de 600 habitantes.

Chubut no sólo es una de las provincias con mayor potencial en el mundo de plata, plomo y oro, sino también de uranio con el yacimiento «Cerro Solo», ubicado en proximidades de Paso de Indios que está en condiciones de abastecer de la materia prima a la industria nuclear argentina al igual que las reservas existentes en «Laguna Colorada», «Laguna salada» y «meseta central».

Chubut sin embargo es la primera de las principales provincias argentinas productoras y exportadoras de petróleo que es una actividad extractiva, igual que la minería, con exigencias ambientales de naturaleza similar, de modo que si tiene capacidad para controlar y administrar la industria petrolera en su territorio, también tendría la misma aptitud para ejercer la autoridad de control minero en su propio territorio.

Fuente:http://www.telam.com.ar/notas/201706/192189-chubut-no-firma-el-pacto-minero-porque-una-encuesta-lo-rechaza.html

Chile

Comunicado desde Valle del Huasco tras reunión de Bachelet con Barrick en Canadá el martes recién pasado

“Para Bachelet (PS) no hay vida ni principios que valgan en pos del poder”

Tras enterarnos por la prensa (ver links abajo) que la Presidenta Bachelet se reunió el recién pasado martes 6 de junio con los directores o principales ejecutivos (CEO,s) de importantes empresas de Canadá entre ellas con la Barrick Gold como parte de las actividades en su vista presidencial a ese país del norte, con plena convicción y repudio a nuestra clase política y a la Nueva Mayoría declaramos:

1- Entendemos este encuentro como una falta de respeto y una agresión hacia la población del Valle del Huasco y de todo el país. No puede ser que el Gobierno siga amparando y celebrando la inversión de empresas cómo Barrick Gold en territorio chileno, las que han violado reiteradamente las leyes medioambientales de nuestro país y los derechos humanos e indígenas, destruido glaciares, contaminado nuestros ríos con metales pesados incluso poniendo en riesgo a la salud a la población, lo cual ha sido confirmado por los propios entes del Estado. Y las que además han destruido nuestro tejido social dividendo familias y comunidades, y que están poniendo en riesgo la subsistencia económica de nuestros pueblos que en su mayoría viven de la agricultura, turismo a baja escala, criancería, venta de productos agrícolas procesados y otras actividades tradicionales.

2- Este encuentro no viene en más que corroborar el nivel de compromiso y amarra política que tiene el Gobierno de la Concertación, hoy Nueva Mayoría, y exclusivamente Michelle Bachelet, con la trasnacional Barrick Gold y el empresariado minero de Canadá y Estados Unidos, sobre todo con aquellos que cuentan con el apoyo de los Rockefeller, quienes habrían aportado importantes sumas de dinero para restablecer la “democracia” en nuestro país en manos de la Concertación a cambio del acceso a los recursos mineros sin barrera alguna, como afirman una serie de investigaciones [1]. Así como tampoco dudamos de que deben haber suculentos aportes de esta trasnacional a diferentes candidaturas tanto presidenciales como parlamentarias en estos últimos años que también deben ser pagadas de vuelta.

3- Hoy, 8 años después de la cena ofrecida por Barrick a Bachelet donde fue condecorada por el Consejo de las Américas con una medalla de oro en manos de David Rockefeller por su apoyo al proyecto Pascua Lama, la presidenta es nuevamente invitada y homenajeada por el mismo Consejo ahora en un almuerzo. Para nosotros este encuentro y el con Barrick, viene en confirmar que los favores se siguen debiendo y peor aún se siguen pagando y a cualquier costo, que es lo que lo que hemos venido diciendo y denunciando con fuerza tras haberse paralizado el proyecto por infracciones gravísimas medioambientales en el año 2013, en donde el Gobierno en vez de defender a las comunidades, su vida y la de sus ecosistemas, ha estado, a través de todos sus órganos (Superintendencia de Medio Ambiente, Sernageomin, Comisión de Evaluación de Atacama, Consejo de Ministros) haciendo todo lo posible para viabilizar un proyecto inviable, asesino y que infringe reiteradamente la ley ambiental y sus compromisos (más de 9 sanciones) con plena conciencia, todas razones por la cual cualquier otro proyecto ya habría sido cerrado. Sin embargo, en este caso, las autoridades son incluso capaces de modificar el Permiso Ambiental (RCA) del proyecto por medio de una Resolución ecocida y criminal (094) que permite hacer más permisivos los límites autorizados de metales pesados en el río al proyecto Pascua Lama, con lo que se legaliza la contaminación emitida por el proyecto (la cual ha sido constante estos años), quedando esta oculta y permitiéndose que la población y sus ecosistemas se contaminen y enfermen en silencio. Resolución que ha sido posible gracias a la enérgica aprobación tanto del Intendente de la Región de Atacama (Miguel Vargas) y el Consejo de Ministros, todos designados por la mismísima Bachelet.

4- La complicidad y unión entre Gobierno y empresa es innegable, y es a tal punto que no pueden disimular; juntos como amigos destruyen nuestras vidas, economías, sueños y cultura. Muestra de esto es que la misma empresa el día jueves festinaba con el encuentro entre Bachelet y la trasnacional en su página de Facebook (Barrick Chile), así como en la misma página se puede ver una foto reciente en donde aparecen abrazados y muy alegres el Director Ejecutivo para Barrick en Chile René Muga, su gerenta de Medio Ambiente Alejandra Vial y la Ministra de Minería Aurora Williams, recordemos ex trabajadora de Luksic en Antofagasta Minerals, empresa que hoy explora el proyecto El Encierro junto a Barrick y cuyo dueño ha sido asesor de la trasnacional.

5- Al revés que el gobierno, no podemos más que lamentar que empresas genocidas y criminales de Canadá, como Barrick Gold, sigan declarando que seguirán invirtiendo en nuestro país; y por cierto lamentamos que nuestros gobiernos sigan celebrando estos pronunciamientos que al final no son más que dictámenes de muerte para nuestro territorio. Declaramos una vez más que es urgente terminar con el extractivismo como nuestro principal y único eje económico; y ante las palabras de Bachelet en su discurso respecto del TLC entre Canadá y Chile tales como “La economía y el comercio fueron creados al servicio de las personas y no al revés” o “Nuestros estrechos lazos han sido edificados gracias a los valores comunes como (…) el respeto total de los derecho humanos”, no podemos hacer más que con rabia, reírnos. Los Gobiernos de la Concentración no han hecho justamente más que olvidar el componente y derecho humano más básico: el derecho a la vida, con tal de lucrar y permanecer en el poder, lo que ha quedado clarísimo tras el reciente reportaje “Inversiones del PS” de Ahora noticias.

6- Ante esta agresión y provocación le decimos a Bachelet, a su Gobierno y a toda la Nueva Mayoría, que no permitiremos que sus negocios, deudas y favores se superpongan a nuestro derecho a vivir y permanecer en nuestro Valle del Huasco. Seguiremos oponiéndonos al proyecto Pascua Lama así como a cualquier megaproyecto en nuestra cordillera, ya que son ellos o nosotros. No moriremos de sed ni contaminados como usted y su gobierno han decidido.

FUERA BARRICK GOLD DE CHILE Y VALLE DEL HUASCO

NO A PASCUA LAMA, NUEVA UNIÓN, EL ENCIERRO, AGUAS CLARAS Y LOS OTROS PROYECTOS EN LA CORDILLERA DEL VALLE DEL HUASCO

Alto del Carmen 12 de junio de 2017

ASAMBLEA POR EL AGUA DEL GUASCO ALTO

Fuente:http://www.mapuexpress.org/?p=18424

Perú

A 8 años del Baguazo

El 5 de junio de 2009 –hace ya 8 años- el país amanecía con la noticia del violento desalojo contra los indígenas que tenían 53 días bloqueando la carretera Fernando Belaúnde en Bagua, Amazonas. Los enfrentamientos dejaron al menos 33 personas muertas y un desaparecido, entre Policías, nativos y mestizos. El «Baguazo» fue expresión de un movimiento indígena alzando la voz y pidiendo respeto, y de un sistema político que no estaba preparado para escuchar esa voz. ¿Hemos aprendido la lección?

A la luz de los hechos recientes, parece que no. El territorio amazónico sigue siendo asediado por todos los flancos, poniendo en riesgo la vida de las comunidades indígenas, así como la biodiversidad y, sin duda, el futuro del medio ambiente del cual dependemos todos y todas.

Tan solo la semana pasada, nuevamente el Gobierno peruano ha actuado en contra de la consulta previa. El Ministerio de Energía y Minas, PerúPetro y las empresas petroleras Pacific Stratus Energy y Maurel et Prom. han apelado la decisión judicial que obligaba a someter a consulta previa, libre e informada la concesión y exploración del Lote 116, en Amazonas. Argumentando formalismos, tanto el Estado como las empresas pretenden desconocer un hecho evidente: que la consulta es un derecho desde que Perú ratificó el Convenio 169 de la OIT en 1993, y que la concesión del Lote 116 no ha sido consultada. Precisamente la misma omisión que llevó al Baguazo, cuando el gobierno de García quiso imponer sin consulta un conjunto de decretos que afectaban la Amazonía para «adecuar» nuestra legislación al TLC con EEUU.

En la misma región, los pueblos awajun y wampis siguen enfrentando la presencia de otra empresa que opera sin consulta y pasando por encima las normas vigentes: la minera Afrodita, instalada en la megadiversa Cordillera del Cóndor. Pese a no contar con autorizaciones legales para ocupar el territorio indígena, la empresa aún no cumple con retirarse, atizando un conflicto que ya estaba activo en tiempos del Baguazo y que fue una de las razones que estuvieron detrás de la protesta de entonces.

A las amenazas extractivas hay que sumar la construcción de carreteras sin consulta, que incentivan la llegada de actividades ilegales de difícil control, como la tala y la minería ilegal. No ha bastado con el ejemplo de la sobrevalorada y corrupta carretera interoceánica sur, tras la cual la minería ilegal creció exponencialmente devastando la selva de Madre de Dios. Sin ir más lejos, muy recientemente el propio Congreso ha aprobado una Ley que declara de interés nacional la «conectividad» de la provincia de Purús, en Ucayali, respondiendo a una vieja iniciativa del congresista fujimorista Carlos Tubino para construir una carretera. Si bien la Ley se refiere a la «intermodalidad», no excluye la carretera, que podría conectar fácilmente a los mineros ilegales de Madre de Dios con la Reserva Comunal de Purús, una zona de gran biodiversidad.

Y ya que hablamos del Congreso, agreguemos que esta peligrosa Ley debería haber sido consultada a los pueblos indígenas, pero el proyecto para regular la consulta previa legislativa aún no avanza. Recordemos que el Convenio 169 obliga a consultar toda medida que pueda afectar a los pueblos indígenas, pero la Ley de Consulta sólo se refiere a los actos administrativos del Poder Ejecutivo. Es urgente que también el Congreso se sepa obligado a escuchar y dialogar con los pueblos indígenas buscando el consentimiento y el respeto a sus prioridades de desarrollo.

En Ucayali también es de gran preocupación la incontrolable tala ilegal. Hace tres años fue asesinado Edwin Chota junto con otros tres líderes indígenas de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, quienes denunciaban el ingreso de madereros ilegales. Recordemos que una investigación destapó que hasta el 90% de la madera exportada por Perú a EEUU tendría origen ilegal. Pese a este escándalo, hace muy poco el propio MINCETUR avaló el envío a ese país de un cargamento de madera ilegal incautada en Iquitos y valorizado en más de S/1.6 millones. La lucha contra esta actividad que también devasta el territorio amazónico sigue arrastrando los pies.

Pero la problemática de los pueblos indígenas también ha llegado a la propia Lima, cuyas autoridades también han mostrado indolencia y falta de capacidad para escucharlos. Hoy, que está en cuestión la calidad de la obra del «by-pass» impuesto por la Municipalidad de Lima en la avenida 28 de Julio, no podemos olvidar que el mismo fue realizado sacrificando el proyecto de vivienda que iba a beneficiar a la comunidad shipiba de Cantagallo.

Pese a todas estas amenazas –e incluso a costa de su propia vida y de la criminalización y judicialización que enfrentan- los pueblos indígenas siguen organizándose con tenacidad. Comunidad por comunidad, cuenca por cuenca, región por región, siguen luchando por garantizar un futuro sostenible para sus pueblos, para sus hijos e hijas, y –por qué no decirlo- para la humanidad toda, que depende de la protección de la Amazonía para enfrentar el cambio climático.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/729-a-8-anos-del-baguazo

Perú

¿Está disminuyendo el número de conflictos sociales en el país? Algunos datos para el debate

La Defensoría del Pueblo hace un registro mes a mes de los conflictos sociales, activos y latentes, que suceden en el país. Así, a partir de sus reportes mensuales se puede hacer un seguimiento permanente de los niveles de conflictividad, tanto a nivel nacional como de las regiones.

Haciendo un recuento de los últimos años, se observa picos de conflictividad social en el 2009 con 272 conflictos y en el 2012 con 245 conflictos. Luego, a partir del 2014 hasta marzo del 2017, los conflictos se mantuvieron sin mucha variación, alrededor de los 210 casos por mes en promedio. Sin embargo, en abril del 2017 se reportó una caída de 18 conflictos en un solo mes y en mayo nuevamente ha habido 7 conflictos menos: es decir, 25 menos en dos meses.

 

 

Esta caída atípica en relación a los años previos puede explicarse por varios factores. Una primera razón es la propia evolución de la conflictividad, reflejada a su vez en indicadores cualitativos y cuantitativos: por ejemplo, desde finales del año pasado algunos indicadores de intensidad, como el número de heridos por conflictos o protestas colectivas, habían mostrado una tendencia a la baja. No obstante, en el pasado una menor intensidad en los conflictos no necesariamente desencadenó en un menor número de conflictos.

 

 

Otro elemento que puede explicar esta tendencia a la baja en el número de conflictos es la emergencia declarada por «El Niño Costero» que sin discusión marcó la agenda nacional de los primeros meses del año: la movilización en los territorios afectados por el evento climático extremo y también en los menos afectados, ha sido -sobre todo- para hacer frente a la emergencia y no ha habido espacio para otro tipo de demanda.

También hay que considerar como otro factor la tendencia a la baja de la inversión minera como consecuencia de variables internacionales, especialmente, los menores precios de los metales y el poco respaldo financiero internacional para llevar adelante nuevos emprendimientos. Lo cierto es que las estrategias de las propias empresas mineras apuntan a procesos de maduración de sus inversiones a ritmos mucho más lentos que en el pasado.

Sin embargo, existe otra posible explicación de este cambio de tendencia: un posible ajuste metodológico en los propios informes de la Defensoría. ¿Qué podría estar pasando? Si se observa el cuadro siguiente, llama la atención que sólo en abril se hayan retirado 21 casos del registro de conflictos de la Defensoría cuando en los quince meses anteriores se había retirado entre 6 a 0 casos por mes. Igualmente, en abril y marzo del 2017, pasaron de conflictos activos a conflictos latentes, 15 y 10 casos, respectivamente, cuando en los últimos quince meses sólo se había pasado como latentes hasta un máximo de 6 casos por mes. Cabe señalar que metodológicamente, la Defensoría pasa a retirar un caso de conflicto de su registro cuando éste ha sido resuelto o cuando un conflicto categorizado como latente permanece varios meses sin reportar hechos.

 

 

Sería importante que la Defensoría aclare si se ha hecho ajustes en la metodología y haga públicos los criterios de la misma. De hecho, bajo la secuencia explicada en el párrafo anterior, posiblemente en los próximos meses haya nuevas disminuciones en el registro de conflictos. También es importante saber qué sucede con los conflictos que son retirados, ya que de acuerdo a los reportes de la Defensoría, el retiro del registro no significa que el conflicto haya sido resuelto, sino que éste no ha presentado hechos durante largo tiempo. Tampoco se sabe si la Defensoría tiene los recursos suficientes para monitorear los conflictos una vez retirados.

Finalmente, cuidado con los mensajes triunfalistas que se puedan estar preparando desde algunas instancias del Ejecutivo, sobre todo desde el viceministerio de Gobernanza Territorial, que -no hay que olvidar- fue creado recién en marzo de este año. Como muestran las estadísticas, la caída en el número de conflictos (35 menos) se inicia en el mes de febrero, antes de la creación del mencionado viceministerio y ha continuado en los meses siguientes. Habrá que observar qué pasa de aquí en adelante.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/731-esta-disminuyendo-el-numero-de-conflictos-sociales-en-el-pais-algunos-datos-para-el-debate

 

 

 

Chile

Post-extractivismos en Chile: posibilidades y urgencias

Eduardo Gudynas

En el primer día, mirando hacia afuera por las ventanas, se veían las chimeneas, conductos, depósitos y todo tipo de estructuras que se inclinaban sobre las playas y aguas de Quintero y Puchuncaví, cerca de Valparaíso. Se podía ver y oler la devastación ecológica. Hacia adentro, un nutrido grupo de vecinos debatía bajo el empuje de mujeres que con mucho orgullo explicaban su resistencia a todas esas amenazas sociales y ambientales. Los ánimos rebosaban energía ciudadana.

En el segundo día, el foco pasó a la provincia de Petorca. Se sucedieron relatos sobre cómo, desde fuera, se impuso una apropiación del agua de tal intensidad que se dejó a los de adentro, a las comunidades locales, sin acceso a ella. Los testimonios fueron sobre ríos que casi han desaparecido, lagunas que ya no existen o personas que deben bañarse apenas con un paño húmedo; es el robo del agua.

Todas estas imágenes mostraban las distintas caras de los extractivismos, un concepto que se refiere a la apropiación intensiva de recursos naturales para servir a las corrientes exportadoras que nutren la globalización.

Estos relatos, unos promovidos por las Mujeres de la Zona de Sacrificio en Resistencia de Quintero y Puchuncaví (1), y los otros por los integrantes de Modatima (Movimiento de Defensa por el acceso al agua, la tierra y la protección del medio ambiente; 2),  dejan muy en claro la gravedad del problema. Son, además, muy semejantes a lo que se padece en los demás países sudamericanos.

Extractivismos, sus soportes y conexiones

En efecto, extractivismos como las explotaciones mineras y petroleras, o la agricultura intensiva, generan todo tipo de impactos (3). Unos son efectos directos, a nivel local, allí donde ocurre la extracción de los recursos naturales. En esas circunstancias se pueden enumerar la contaminación de suelos y agua de la megaminería, o el acaparamiento del agua para la agricultura intensiva.

Paralelamente, los extractivismos sólo son posibles si cuentan con lo que se denomina como “áreas de soporte” y “redes de conectores”. El primer aspecto alude a las áreas que proveen insumos indispensables como la energía y el agua, incluyendo por ejemplo las centrales termoeléctricas o represas, las que a su vez tienen serios impactos ambientales y sociales.

El segundo componente se refiere a las carreteras, ferrovías, oleoductos, mineraloductos o cualquier otra conexión entre sitios de extracción con sus áreas de soporte como con los puntos de salida de las exportaciones. Estos a su vez también originan efectos negativos sobre el ambiente y las personas.

Teniendo presente estos casos, lo que sucede en Petorca y otros sitios de Chile con respecto a la apropiación del agua, en muchos casos corresponde a los impactos directos de los extractivismos. A su vez, lo que se observa Quintero y Puchuncaví es impactante por concentrar en una superficie relativamente pequeña emprendimientos de soporte como de conexión, todo ellos con serios efectos. Allí se acumulan proveedores de energía (como las plantas que queman carbón), terminales petroquímicas y de procesamiento de mineral, junto a los conectores que permiten recibir insumos (como combustibles) y embarcar minerales. Los impactos son tantos, tan intensos y tan concentrados, que nadie puede desconocer: basta respirar para sentir el polvillo del carbón o advertir los colores sufridos de la poca vegetación que resiste en el área.

Estos casos dejan muy en claro una condición propia de todos los extractivismos: son insostenibles desde el punto de vista ecológico, dañan la salud humana, y son profundamente injustos bajo cualquier perspectiva de justicia. Distintas revisiones de la situación en Chile, como las que lleva adelante el Observatorio Latino Americano de Conflictos Ambientales (OLCA), confirman la gravedad de la situación (4). No es posible seguir insistiendo en esas estrategias, y es necesario promover alternativas.

 

Postextractivismos como alternativas

Ante esta situación, a inicios de la década de 2010 en los países andinos, sobre todo en Perú, a los cuestionamientos a los extractivismos se sumó la novedad de ofrecer alternativas. Esto ocurrió bajo condiciones muy similares a las que se observan en todo Chile, tales como la contaminación minera o la afectación de lagunas o ríos, y que sobre todo hostigaban a comunidades rurales pobres. Las críticas y resistencias no bastaban ya que inmediatamente se les reclamaba: “si no hay minería, ¿cuál es su alternativa?”, o bien “sin minería colapsaría la economía nacional”. Era necesario responder a esas preguntas desafiantes.

Además, estaba cada vez más claro que los impactos extractivistas eran de tal intensidad que no podían ser revertidos con meros ajustes tecnológicos, como mejores filtros en las chimeneas. La megaminería a cielo abierto es en realidad una amputación ecológica ante la cual las medidas de compensación planteadas, como mojar los suelos para que no se levante polvo, resultan ridículas.

Así nació lo que se denomina postextractivismo. Este es un conjunto de posturas que sin dejar de señalar los impactos extractivistas busca opciones concretas para dejar de depender de ellos (5).

En Chile es imperioso abordar esta cuestión. En el país se acumulan todo tipo de impactos negativos en su territorio. Además el país sufre una verdadera adicción extractivista, expresada en la muy alta participación de las exportaciones de recursos naturales (pasaron de representar el 80% del total exportado en 2000, al 85,6% en 2015). Para agravar más la situación hay una enorme dependencia en un solo producto (el cobre, en refinados y concentrados da cuenta del 55% de las ventas externas). A contracorriente de las imágenes populares, eses es un perfil más semejante a Perú (país donde los bienes primarios representan el 85% de las exportaciones), que a un país emergente o industrializado, donde las ventas al exterior descansan sobre todo en manufacturas y servicios.

Los postextractivismos desean quebrar esa dependencia. Para el caso chileno, en forma preliminar podría plantearse que una primera etapa en estas transiciones buscaría reducir la dependencia de exportaciones de recursos naturales por debajo del 50% del total exportado. Además, que eso estuviera diversificado en diferentes commodities sin que ninguna representara más del 20% de las ventas externas.

Es posible señalar algunas ideas básicas sobre el postextractivismo que, lejos de agotar la temática, al menos pueden ser útiles para promover este debate en Chile. Comencemos por precisar que por un lado se busca detener los impactos más graves, allí donde destruye la naturaleza o afecta la salud pública. Los emprendimientos que no pueden ser reformulados para cumplir adecuados estándares sociales y ambientales deben ser clausurados. Aquí es importante advertir que esta no es una postura, por ejemplo anti-minera, ya que puede haber aprovechamientos mineros que no son extractivistas. Tampoco es el llamado a una naturaleza intocada, sino un mandato de responsabilidad en aprovechar los recursos naturales sin destruir esa base ecológica.

Para avanzar en este camino se deben cumplir las actuales normativas sociales y ambientales. Esto se debe a que muchos emprendimientos extractivos son posibles porque los propios estados no respetan sus exigencias en ambiente, ordenamiento territorial o salud pública, o por ser cómplices en esconder información clave. Entonces cualquier alternativa reclama su efectivo cumplimiento.

Paralelamente son necesarios ajustes en las políticas públicas, un amplio campo sobre el que se puede compartir algunos ejemplos. Como muchos sólo entienden el lenguaje económico, es imprescindible aplicar una contabilidad que incorpore los costos ambientales y sociales. Muchos extractivismos son buenos negocios porque no contabilizan los efectos económicos de la contaminación o de las enfermedades. Bajo la misma perspectiva, los precios de las materias primas deben ser corregidos buscando que su valor incorpore los costos totales, incluyendo sus componentes sociales y ambientales.

A medida que se reduce el peso de los extractivismos deben crecer otros sectores que lo reemplacen. Desde el punto de vista del empleo se observan muchas oportunidades ya que sectores como la minería o la agricultura intensiva en realidad demandan pocos puestos de trabajo. Desde el punto de vista económico, y en especial para las cuentas públicas, la cuestión aparece inicialmente más complicada porque se dispara el temor que una caída de las exportaciones extractivistas reduzca los ingresos económicos.

Sin embargo, las opciones postextractivistas ofrecen varias respuestas. Es necesaria una reforma tributaria ya que muchos emprendimientos mineros y petroleros tributan poco o nada. Una tributación justica y efectiva brindaría ingresos que podrían compensar en parte una reducción de las exportaciones, tal como muestran estudios preliminares para el caso peruano. De la misma manera, una reducción en los extractivismos significa ahorros en los dineros que el Estado o la sociedad dedica en pagar los costos de la contaminación y los impactos en la salud.

Finalmente, no olvidemos que los gobiernos otorgan enormes subsidios (explícitos u ocultos) para sostener a los extractivismos. Estos “subsidios perversos” deberían ser suspendidos, y esos fondos deben ser redirigidos a reconversiones productivas en sectores no extractivos. Dicho en forma más simple, el Estado cuenta con voluminosos recursos económicos que en la actualidad usa para promover los extractivismos cuando deberían destinarse a las alternativas.

Los postextractivismos dan un paso más reclamando la diversificación productiva. En ese sentido, en varios países se ha identificado el enorme potencial que en ese sentido tiene una reconversión agropecuaria. Otras prácticas, inspiradas en la agropecuaria orgánica, tienen menos impactos ambientales, consumen menos energía y requieren más empleo. Estas resultan en alimentos más sanos y abundantes, lo que permitiría terminar con distorsiones tales como la de exportar minerales para importar alimentos. Este tránsito postextractivista sin duda va en sentido contrario a las estrategias chilenas actuales que amparan sectores de alto impacto, como los cultivos de palta orientados a la exportación (con efectos denunciados por Modatima) o las plantaciones forestales.

No puede dejar de mencionarse que el postextractivismo requiere cambiar los comportamientos de intenso consumo dentro de nuestros países. Los hábitos de los sectores de mayores ingresos económicos en las grandes ciudades, son los que demandan por más y más extractivismos.

El postextractivismo además busca radicalizar la democracia, ya que cualquiera de sus alternativas parte de la participación ciudadana. Pero a la vez debe enfrentar las opacas redes de poder político y económico que amparan los extractivismos, sin olvidar sus componentes de corrupción como muestran los casos en Brasil o Chile.

Globalización y regionalismos de otro modo

Pero más allá de los cambios nacionales, de todos modos los extractivismos son dependientes de las demandas globales. Por ello, los postextractivismos enfrentan esto postulando una desvinculación selectiva de la globalización y un regionalismo de nuevo tipo, que sea autónomo ante los mercados globales y permita articular sectores productivos dentro del continente. No se postula el aislacionismo, sino una recuperación de las capacidades nacionales para poder decidir volúmenes, precios y tipo de recursos naturales a exportar. Debemos admitir que esto difícilmente puede lograrlo un país aisladamente ya que basta que una nación esgrima mayores regulaciones ambientales o correcciones de precio para que un país vecino, competidor, opere en sentido contrario para atraer más inversores y proyectos. Esto hace que necesariamente las transiciones postextractivistas requieran coordinaciones entre países acordando los mismos estándares y exigencias sociales y ambientales. Podrá decirse que esto es una fantasía pero recordemos que, en un pasado reciente, en el marco de Naciones Unidas avanzaban propuestas de coordinación del comercio internacional en materias primas que fueron derribadas por el vendaval neoliberal y las presiones de las corporaciones transnacionales.

La reconversión hacia otros sectores productivos no-extractivistas también se potencia bajo acuerdos con países vecinos. Existen muchas opciones en la agropecuaria, y sus encadenamientos con la industria alimentaria, pero también en sectores manufactureros convencionales. Se deben organizar cadenas industriales regionales, donde Chile coparticipe junto a países vecinos, por ejemplo fabricando componentes automotores. De esta manera se puede salir de la trampa actual, donde los recursos económicos ganados con exportar minerales o celulosa, pongamos por caso a China, luego se gastan en comprar automóviles chinos. Sin duda que esas industrias regionales tendrán otras prioridades (siguiendo con el ejemplo, se enfocará en medios públicos de transporte antes que en fabricar autos personales).

Este tipo de reformas se organizan en lo que se ha llamado un “regionalismo autónomo”. O sea, un proceso por el cual el vínculo con las naciones vecinas permita organizar redes productivas regionales, bajos otras condiciones sociales y ecológicas, mientras se gana autonomía para romper con la dependencia y subordinación con los mercados globales.

Las alternativas son posibles

Estos son apenas algunos ejemplos que muestran que hay muchas oportunidades para comenzar a diseñar salidas a los extractivismos en Chile. Todos buscan romper con el fatalismo de entender que el país sólo puede ser exportador de materias primas, para siempre y sin otras opciones.

En realidad la actitud debe ser inversa, ya que los extractivismos actuales son insostenibles no sólo ecológica y socialmente, sino también para las economías nacionales. Ni Chile ni el planeta toleran más este estado de situación. Es en este cambio de actitud donde está posiblemente uno de los mayores aportes del postextractivismo, al volver a abrir las puertas a pensar alternativas.

Notas

  1. Mujeres de la Zona de Sacrificio en Resistencia de Quintero y Puchuncaví, más informaciones en: https://www.facebook.com/Mujeres-de-Zona-de-Sacrificio-Quintero-Puchuncav%C3%AD-908094075974874/
  2. Modatima (Movimiento de Defensa por el acceso al agua, la tierra y la protección del medio ambiente), más información en: www.modatima.cl
  3. Una biblioteca con artículos, reportes y libros sobre extractivismos, incluyendo sus definiciones e impactos, se puede encontrar en: www.extractivismo.com
  4. Dimensión socioambiental de los conflictos territoriales en Chile, OLCA, Santiago, 2016.
  5. Una biblioteca con textos y otros recursos sobre postextractivismo está disponible en: www.transiciones.org

Este artículo es posible gracias a la invitación de la profesora Paola Bolados, del programa en ecología política, feminismos y poscolonialidad en la Universidad de Valparaíso, lo que me permitió conocer las experiencias que se comentan. Las fotografías son del autor; abril 2017.

Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), Montevideo.

Colombia, Sin categoría

La minera que pide 16.500 millones de dólares de indemnización a Colombia

Esta es la impresionante historia de la explotación de oro que la canadiense Cosigo Resources quería hacer en el Apaporis colombiano, la Corte Constitucional no permitió y hoy está en un litigio internacional que le costaría esa suma al Estado.

El domingo una columna de Rodrigo Uprimny generó controversia en el mundo jurídico. En su escrito el abogado advertia los peligros para el Estado de una ola de demandas de empresas extranjeras ante tribunales de arbitramento internacionales. Y citaba un ejemplo contundente: la minera canadiense Tobie Mining demandó al país por 16.500 millones de dólares por cuenta “por la supuesta “expropiación” de un título minero que quedó sin efecto pues fue concedido en el parque nacional Yaigoje-Apaporis. Repito la cifra para que no crean que fue un error: ¡US$16.500 millones! Unos 50 billones de pesos, que equivalen a la quinta parte del presupuesto nacional en 2017”. La exorbitante cifra corresponde a cerca de 10 veces la venta de Reficar, una de las transacciones más onerosas que ha hecho el Estado en los últimos años.

El Parque Nacional Yaigoje Apaporis es uno de esos tesoros escondidos de la bioversidad en el país. Sus majestuosas aguas, sus bosques infinitos y las míticas culturas indígenas que lo resguardan quedaron inmortalizados en el famoso libro del etnobotánico y gran explorador de National Geographic, Wade Davis.  Se trata de un territorio sagrado para muchas comunidades ancestrales con un millón de hectáreas se selva virgen y exhuberante. Por eso, cuando en el año 2009, la empresa minera canadiense pidió al Estado desarrollar allí un proyecto de extracción de oro a cielo abierto, la comunidad científica y los ambientalistas pusieron el grito en el cielo.

Muy pocos colombianos conocen el Apaporis, pero quienes lo han recorrido y estudiado, coinciden en el valor extraordinario que tiene para el planeta. «Una mina en el Apaporis es como un pozo de aceite en la capilla sixtina”, resumió hace unos años en una entrevista para Semana.com, el mismo Wade Davis. «El debate no es si debe haber o no minas, pero si cuántas, en dónde, con qué impacto ambiental y más que todo para quién. Hay sitios donde se puede poner una mina y hay sitios en los que nunca vale la pena hacerlo. Poner una mina para extraer oro en un río como el Apaporis que es un río sagrado para todos los grupos indígenas del Amazonas es ridículo. ¡Es terrible!», agregó.

El titulo minero que el entonces Ingeominas le otorgó a la empresa canadiense Cosigo Resources levantó una polvareda en la opinión pública y en la justicia. SEMANA tituló en 2001 un reportaje sobre esa polémica como «El Avatar Colombiano», pues la lucha de esas comunidades indígenas ancestrales se estaba dando a imagen y semejanza de la exitosa película de James Cameron. El caso evidenció el descontrol de la llamada «piñata de titulos mineros» que por años había entregado concesiones a empresas sin importar si sus proyectos estaban en los lugares naturales protegidos como páramos, humedales o reservas forestales. En el caso del Apaporis había una complejidad adicional: el titulo se había entregado apenas unos días después de que el Estado había declarado el lugar como parque nacional.

El caso llegó a la Corte Constitucional por cuenta de una tutela que interpuso un colono llamado Benigno Perilla. En un hecho sin antecedentes los magistrados se trasladaron a la profundidad de la selva de Vaupés para conocer el caso de primera mano. A la audiencia, que se realizó en una maloca indígena, llegaron decenas de personas. Esa mañana, Perilla reconoció que Cosigo los había asesorado para poner la tutela. Posteriormente, el capitán makuna agregó que ellos, junto con sus médicos tradicionales, ya habían decidido el futuro del Apaporis: ser un parque para siempre. “Ellos son como nuestros magistrados”, concluyó.  En la audiencia, los indígenas, que estaban divididos por cuenta del proyecto minero, anunciaron que querían reconciliarse.Por cuenta de ese testimonio y de las demás pruebas que recogió el alto tribunal, quedó claro que la empresa no tenía ningún derecho de explotar oro allí. La Corte Constitucional recordó que los parques nacionales son territorios tan importantes que la ley les da el carácter de inalienables, imprescriptibles y con la prohibición a perpetuidad de realizar actividades extractivas.

Fuente:http://www.semana.com/nacion/articulo/16500-millones-de-dolares-demanda-tobie-mining-contra-colombia-por-apaporis/528264

 

Latinoamerica

El Amazonas amenazado por la acción del hombre

El Amazonas, la mayor reserva biológica del planeta, se encuentra en una encrucijada. La selva tropical más extensa y rica del mundo está amenazada por acciones del hombre como la minería, la ganadería, la industria petrolera y la tala inmoderada.

Durante las últimas cuatro décadas el ser humano ha explotado intensamente las reservas madereras, mineras y petrolíferas de la zona. Una situación que ha llevado al límite sus bosques milenarios tradicionalmente llenos de vida.

El Amazonas se extiende por siete millones de kilómetros cuadrados, el 50 por ciento de todo el territorio continental de América del Sur. Es un área colosal, de riqueza y biodiversidad infinita.

Algunos biólogos estiman que una pisada humana supone entrar en contacto con mil 500 especies que van de las plantas y insectos hasta los hongos y las bacterias.

En la actualidad, alrededor del 20 por ciento del Amazonas ha sido profundamente modificado por el hombre, cuando no consumido por las motosierras o carbonizado por el fuego, de acuerdo con cifras oficiales.

En un reciente viaje al estado Maranhao, en el norte de Brasil, Notimex pudo comprobar que en esa región pobre y tropical se encuentra uno de los proyectos mineros más longevos y ambiciosos realizados hasta la fecha en el Amazonas brasileño.

Se trata de la mina de hierro de Carajás, una de las mayores a cielo abierto del planeta. Y una de las más ricas por la alta pureza del mineral.

La mina de Carajás es uno de los mayores yacimientos de mineral de hierro del mundo. Economistas aseguran que Shanghai -la metrópoli financiera de China en la que viven más de 20 millones de personas- está erigida casi por completo con una parte considerable de los 130 millones de toneladas de mineral que se extraen cada año del lugar.

Es probablemente una exageración. Pero no hay duda de que la mina, explotada por la empresa brasileña Vale, es un pilar fundamental en la relación económica entre el gigante sudamericano y China.

Kilométricos socavones son diariamente cavados por la maquinaria, en un afán por perforar el corazón de esta tierra rojiza.

Los restos de vegetación han sido erradicados para permitir el paso de los enormes tractores de más de 10 metros de altura que transportan el mineral. De ahí, el polvo de hierro será embarcado en unos inmensos trenes de mercancías y recorrerán 892 kilómetros hasta llegar a los puertos del océano Atlántico.

Cuando los convoyes llegan al puerto de Sao Luis de Maranhao los buques cargan el mineral y lo transportan a China y Japón en su forma primaria. El polvo rojizo se convertirá en los hornos asiáticos en acero para levantar rascacielos o construir puentes.

El Proyecto Grande Carajás fue realizado durante la dictadura militar brasileña. Además de la mina y la ferrovía, una enorme presa hidroeléctrica fue erigida. También se creó un polo de empresas siderúrgicas. Miles de millones de dólares han salido en forma de mineral de Carajás.

Más de 14 mil millones de dólares de inversión pretenden aumentar la producción de dicha mina en 90 millones de toneladas. Para ello se ha abierto un nuevo yacimiento y se está construyendo una nueva ferrovía en paralelo a la que ya existe.

Notimex se trasladó a diversas comunidades donde pasa el tren para escuchar a las personas que viven allí. Media docena de trenes de hasta 330 vagones cruza cada día 27 municipios. Son cientos las comunidades de indios, agricultores y cimarronas que los convoyes, de más de tres kilómetros, cortan en dos.

El paso del tren, que se produce 24 horas en intervalos de 40 minutos, se ha convertido en un factor determinante y cotidiano. Las escuelas paran lecciones y los vecinos se despiertan por el ruido, las casas sufren daños en las estructuras por el temblor ocasionado por la ferrovía; el transporte de personas queda interrumpido cuando el tren circula.

Peor aún es cuando el kilométrico convoy decide parar sin preaviso y durante horas en una estación que carece de un paso subterráneo o elevado. Para muchos no queda otra alternativa sino arriesgar sus vidas pasando por debajo de los vagones.

Uno de quienes conoce bien esa problemática es José Lopes de Oliveira. Este hombre, de 53 años, vive en el poblado Capiaçu, situado en la localidad de Arari. Un área rural y humilde donde buena parte de los residentes recibe ayudas del gobierno para poder comer y pagar sus cuentas.

Un nuevo ramal que está siendo construido significará trenes cada 20 minutos. Algunas organizaciones como Justicia en los Raíles aseguran que eso supone mayor peligro, mayor tiempo de espera y mayor miseria para las poblaciones junto a la ferrovía.

Los activistas se han coordinado para tratar de conseguir las máximas compensaciones por el proyecto. Exigen mayores inversiones por parte de la minera Vale, que el año pasado tuvo ingresos superiores a los 26 mil millones de dólares.

Roseane Mendes Cardozo es una de las más aguerridas activistas en la región Esta campesina de 30 años y madre de cuatro hijos participó en 2013 en una ocupación que paró los trenes durante tres días para que la empresa construyera un viaducto.

Vale dijo no tener disponibles voceros para ser entrevistados. En respuestas por e-mail a una serie de preguntas, la empresa dijo que cumple todas las normativas y legislaciones. Enfatizó que gastó 200 millones de dólares en inversiones socioambientales en 2015 y que construirá 47 viaductos para que las poblaciones puedan cruzar cuando pasan los trenes.

Pero el problema del Amazonas no es solo la minería. Actualmente el principal motor de la deforestación es -por paradójico que parezca- la producción de ganado.

En Brasil cada año en torno a ocho mil kilómetros cuadrados de bosque es deforestado y quemado. Y en su mayoría esa extensión es utilizada para colocar vacas cuya carne es posteriormente consumida en las grandes ciudades de Brasil y del mundo.

Una dinámica que preocupa a muchos. Pero sobre todo a los guardianes de la selva: los indios. Las comunidades tradicionales, que viven en el Amazonas desde mucho antes de los colonizadores europeos, perciben la ganadería, la plantación de monocultivos y los megaproyectos como incompatible con la conservación.

Por eso han decidido movilizarse y defender sus tierras. Para saber qué están haciendo viajamos hasta la Tierra Indígena Pindaré. Una reserva de 15 mil hectáreas homologada por el gobierno brasileño.

Los Guajajaras son uno de los grupos étnicos más numerosos del país, con una población censada en 27 mil personas.

Su primer contacto con los colonizadores se remonta a inicios del siglo XVII. Viven de la pesca, la caza y la agricultura. Una forma de vida que consideran intrínsecamente vinculada a su territorio, donde cada vez se sienten más amenazados.

Muchos invasores queman el bosque para abrir nuevas áreas para la agricultura de subsistencia. O para la ganadería. Una dinámica que asusta a los indios, que han creado sus propios grupos de vigilancia.

Ante esa situación, los Guajajaras dejan las flechas y sacan sus celulares, para registrar lo que consideran una ilegalidad. Es la batalla de la información en las redes sociales.

Desde que Brasil dejó de considerar el Amazonas un lugar inhóspito para explotar sus recursos decenas de ciudades se han creado. La esperanza de hacer fortuna con los recursos del Amazonas ha atraído a cientos de miles de inmigrantes. Unos núcleos urbanos que han crecido de forma desordenada a orillas del Río Amazonas y sus afluentes.

Francisca Sousa es otra de las luchadoras. A sus 70 años, solo sueña con ser reasentada en el nuevo barrio que debería comenzar a construirse este año. Residente desde hace 35 en Piquiá, Francisca decidió hace algunos salir de su casa debido a la contaminación.

Historias como estas son cotidianas a lo largo y ancho del Amazonas, donde todavía no se ha encontrado un equilibrio entre desarrollo económico y preservación del medio ambiente. Las cifras no invitan al optimismo. En 2016 hubo un aumento de 29 por ciento de la superficie deforestada del Amazonas brasileño.

La situación es tan conflictiva que grupos indígenas de reservas adyacentes a otras como la de Gurupí -donde existen áreas intactas de valiosas especies de madera- han montado sus propios grupos de vigilancia para expulsar a los madereros, que ofrecen vehículos y bebidas alcohólicas a los indios a cambio de acceder a sus territorios para cortar especies.

Situada en el estado pobre de Maranhao, en el norte de Brasil, la Reserva Biológica del Gurupí es una de las más amenazadas del Amazonas, y también una de las regiones más violentas para defensores del medioambiente, periodistas, activistas y órganos federales que combaten la deforestación.

En un viaje realizado por Notimex durante dos días por el corazón de la reserva el reportero pudo presenciar cómo decenas de caminos son abiertos en el bosque por violentas mafias madereras que, impulsadas por un gran lucro en el comercio de especies de madera de ley, extraen de la reserva árboles como la caoba o la copaiba.

Ejemplo de lo que sucede en otras áreas de enorme conflictividad y violencia del Amazonas brasileño, la reserva también está amenazada por campesinos sin tierra que se adueñan de áreas de bosque, las queman y plantan maíz o mandioca.

Además existen haciendas de ganadería que, aliadas con los madereros, extraen las especies de alto valor económico y luego prenden fuego al bosque, para plantar posteriormente pasto para alimentar el ganado bovino.

Esta compleja dinámica ha sido captada por los satélites que monitorean el Amazonas indican que 762 mil kilómetros cuadrados de bosques originarios han sido talados o sustituidos por áreas de pasto para el ganado bovino en las últimas décadas.

Fuente:https://www.terra.com/noticias/mundo/el-amazonas-amenazado-por-la-accion-del-hombre,b3649081e015c9e

Mexico

México: Actividades extractivas afectan gravemente la salud y ponen en riesgo la vida de trabajadores: Fundar

El informe determina que las zonas mineras deberían ser consideradas como sitios potencialmente peligrosos para la salud humana.

Los impactos de las actividades extractivas sobre el medio ambiente, en particular sobre el agua y sobre la salud humana, tienen múltiples implicaciones que van desde la competencia por los recursos hídricos, la contaminación de fuentes de agua superficiales o subterráneas, hasta las enfermedades que padecen aquellas personas que viven en zonas cercanas a donde se desarrollan estos proyectos. Así lo documenta el Anuario de Actividades Extractivistas en México realizado por Fundar, que también informa de los altos riesgos para la seguridad, la salud y la vida de los trabajadores y trabajadoras que trabajan en la industria.

El informe determina diferentes afectaciones en la salud según la modalidad extractiva. Así, los residentes de zonas cercanas a operaciones de perforación y fractura hidráulica, conocida como fracking, existen afectaciones comprobadas a la salud tales como el aumento en las tasas de hospitalización, problemas respiratorios autoreportados y erupciones cutáneas, así como muertes por accidentes de vehículos motorizados, traumas, abuso de drogas y niños con bajo peso al nacer. Añaden que muchos de los productos químicos utilizados en los procesos de fractura hidráulica representan un riesgo para los seres humanos y el medio ambiente, tanto si se liberan en ciertas concentraciones, como si algunas de estas concentraciones peligrosas persisten en el medio ambiente y alcanzan y afectan a un ser humano, animal o planta.

Asimismo, actividad minera tiene impactos serios en la salud humana de residentes cercanos, así como a los mismos trabajadores y trabajadoras que laboran en las minas. Ponen como ejemplo Molango, en el estado de Hidalgo, uno de los diez yacimientos de manganeso más grandes del mundo, donde se han encontrado las concentraciones más altas de ésta sustancia y estas tienen efectos demostrados sobre la capacidad intelectual de los niños. Además, reportaron estudios que relacionan la inhalación de polvo contaminado con manganeso con los deterioros motores y de la atención en adultos de esta población

La minería también es considerada como de alto riesgo para la seguridad, la salud y la vida de los trabajadores. Según recoge el informe, la CAMIMEX (Cámara Minera de México) reporta que la tasa de incidencia de accidentes, definida como el número de accidentes incapacitantes entre el número de trabajadores expuestos, fue de 2.7 para el caso de minería subterránea y de 1.1 para el caso de la actividad minera a cielo abierto; estas cifras incluyen únicamente a las empresas afiliadas a la Cámara Minera de México y a sus contratistas. Un dato alarmante que aporta la CAMIMEX (2015) es que para el año 2015 se registraron 35 accidentes fatales entre sus trabajadores. Entre las causas de los mismo se encontraron golpes por caídas de piedras, atropellamientos, electrocución, accidentes en maquinarias, caídas y aplastamientos.

El informe señala así que las zonas mineras deberían ser consideradas como sitios potencialmente peligrosos para la salud humana debido a los impactos diversos y difíciles de cuantificar de la intensa actividad de la extracción de hidrocarburos.

El informe también alarma sobre la sobreexplotación de los acuíferos en aguas subterráneas, ya que el agua es un recurso ampliamente usado en las actividades extractivas, tanto en la minería como en la extracción de hidrocarburos, particularmente en el proceso de fractura hidráulica (fracking) empleado para la extracción de hidrocarburos no convencionales, como los de yacimientos de lutitatra, generando graves conflictos sociales e impactos ecológicos.

Fuente:http://kaosenlared.net/mexico-actividades-extractivas-afectan-gravemente-la-salud-ponen-riesgo-la-vida-trabajadores-fundar/