Venezuela

Militarización y minería en Venezuela

Venezuela está haciendo una apuesta peligrosa. El país, devastado por la corrupción, apuesta por la minería a gran escala para salvar el día. Con la economía aún en caída libre y una tasa de inflación de 2.300 por ciento esperada este año, familias enteras están huyendo de sus comunidades en el norte urbano y emigrando a las remotas regiones mineras del sur en busca de salvación financiera, o al menos un salario digno.

Los afortunados obtendrán los beneficios de la minería, lo que algunos críticos llaman el “robo legalizado” de la extracción de recursos naturales, aunque los riesgos son extremadamente altos.

El decreto minero anunciado por el presidente Nicolás Maduro en 2016 abrió el Arco Minero de Orinoco para exploración y explotación; es una zona escarpada, en gran parte boscosa que cubre 112,000 kilómetros cuadrados, gran parte de ella parte de la Amazonía.

Según los informes, la región, ubicada al sur del río Orinoco, es rica en los minerales más buscados del mundo, pero también está plagada de conflictos, alimentada por militares, bandas armadas locales y grupos guerrilleros colombianos, todos buscando el control de un ejército estimado, pero no certificado. $ 100 mil millones en minerales ocultos.

Hasta ahora, compañías nacionales e internacionales recientemente creadas, en su mayoría sin mucha experiencia en minería, han estado haciendo fila para obtener una porción del pastel: oro, coltán, cobre, diamantes y mucho más, pero no están solos en la región: los militares también ha apostado un reclamo.

Cuando Maduro lanzó el Arco Minero el año pasado, también creó una “Zona Económica Militar” para protegerlo, dando derecho a sus fuerzas armadas a participar en todas las actividades mineras, al tiempo que aumentaba sus capacidades operativas dentro de la región minera.

Las corporaciones privadas que quieren explotar minas en Venezuela están obligadas por ley a formar empresas conjuntas con empresas estatales, muchas de las cuales se crearon recientemente. Una de las nuevas compañías es la llamada Compañía de Minería Militar Anónima, denominada CAMIMPEG.

Esta tendencia no es nada nuevo para Venezuela. Las empresas y el ejército suelen estar estrechamente vinculados, con personal militar activo o jubilado de alto rango que presta servicios en alrededor del 30 por ciento de las juntas públicas conocidas de las empresas. Fue el difunto presidente socialista Hugo Chávez quien primero otorgó una autoridad significativa sobre el ejército nacional, por lo que hoy puede operar con un alto nivel de impunidad en todo el país.

Pero eso no significa que a los lugareños les guste o confíe en los militares. En El Callao, por ejemplo, una ciudad dominada por la minería, los soldados mantienen una fuerte presencia visual, pero muchos mantienen sus rostros escondidos detrás de capuchas y bandanas.

“Se cubren la cara si [vienen] de la región ellos mismos, para no ser reconocidos. Los soldados han sido asesinados antes “, explica un propietario de una tienda de comercio de oro local.

Fuente:http://noalamina.org/latinoamerica/venezuela/item/38243-militarizacion-y-mineria-en-venezuela

Mexico

Zacualpan y su lucha contra la minería

El pasado domingo 26 de noviembre los nahuas de la comunidad de Zacualpan, Comala, en el estado de Colima, estuvieron de fiesta. Ese día celebraron el IV aniversario del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ), una organización comunitaria que integraron para defender su territorio y sus recursos naturales, principalmente los minerales, el agua y el bosque. Los comuneros andaban contentos porque en cuatro años de lucha han tenido varios triunfos, parciales pero triunfos al fin, en la defensa de su patrimonio, pero también han aprendido a organizarse y establecer alianzas con otras organizaciones regionales y nacionales que luchan por lo mismo. Saben que no están solos y que su lucha es también asumida por otros mexicanos, o al menos así lo constataron con la presencia de varias organizaciones que los acompañaban en el festejo.

La lucha comenzó en el año 2013, cuando se enteraron que el gobierno federal había otorgado dos concesiones que abarcan alrededor de 200 hectáreas, casi todo el territorio del que son propietarios. Su reacción era porque nadie les había pedido permiso para ingresar a su territorio, pero también porque de llevarse a cabo el proyecto afectaría a gran parte de la región, pues en Zacualpan nace el manantial que abastece de agua Colima y Villa Álvarez, dos de ciudades grandes del estado. El 18 de noviembre de 2013 organizaron el CIDTZ y tomaron el acuerdo de no permitir la instalación de la mina. El 4 de diciembre se manifestaron en la Cámara de Diputados exigiendo la cancelación de las concesiones, logrando que una semana después ésta aprobara un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades correspondientes a cancelarlas.

La movilización no paró ahí. Como el Comisariado de Bienes Comunales estaba coludido con la empresa minera solicitaron a la Procuraduría Agraria convocara a una reunión para destituirlos pero en lugar de hacerlo convocó a otra para ofrecerles proyectos productivos, lo que puso al descubierto su contubernio con la minera. Los comuneros buscaron apoyo externo y los días 15 y 16 de febrero de 2014 organizaron en la comunidad de Zacualpan un foro nacional de afectados por la minería. El 13 de marzo de 2014 sufrieron por primera vez la represión policial, que dejó como resultado varios heridos. Ese día había decidido cerrar las bombas de agua que surten a la mitad de la población del estado de Colima, para obligar a las autoridades a reconocer la autoridad agraria que la comunidad había electo democráticamente pero en lugar de eso el gobierno decidió mostrar su fuerza.

De todo eso hablaron en el festejo del pasado 26 de noviembre, donde se recordó la importancia de la comunera Epitacia Zamora Teodoro, ahora fallecida, en la conformación del consejo, lo que marcó la participación activa de las mujeres en el proceso. Eso también quedaba claro a la vista de los asistentes pues fue la maestra Patricia Gazpar Osorio quien recibió a los presentes y recordó el origen precolombino del pueblo, mientras Carmen Guzmán Zamora hacía un recuento de las luchas y sus principales logros: “romper con el patriarcado encarnado en la figura del cacique al destituirlo y nombrar a un comisariado de bienes comunales que ejerce el poder mandando obedeciendo; ser la primera comunidad en ser reconocida ante un Tribunal Agrario, como territorio libre de minería sirviendo de ejemplo para los pueblos que luchan contra el extractivismo minero y lograr la destitución de la entonces delegada María Elena Díaz Rivera quien intentó criminalizar el movimiento en defensa de los bienes comunes.”

Todos los éxitos alcanzados, dijo, han sido posibles porque nuestro CIDTZ y el Comisariado de Bienes Comunales sirven al pueblo sin buscar beneficios personales o de grupo y porque hemos aplicado una línea política correcta que consiste en movilización-negociación-movilización. Por otro lado, hemos logrado el apoyo nacional e internacional de organizaciones democráticas y progresistas, de intelectuales (como los que integraron la misión internacional de observación) y periodistas comprometidos con su trabajo, de abogados democráticos que a pesar de ser hostigados y amenazados por el Estado se mantienen firmes en la lucha jurídica. Papel destacado en nuestra lucha de resistencia fue el de la organización ambientalista Bios Iguana y de la Red Nacional de Afectados contra la Minería.

Tanto entusiasmo por los éxitos de cuatro años de lucha no les impide mirar que el camino para alcanzar sus objetivos es bastante largo y requerirá tiempo para recorrerlo. Lo saben y se preparan para ello. Ganar la Junta Municipal y ponerla al servicio del pueblo es uno de sus próximos objetivos, pues controlar el gobierno local les permitiría un acceder a un mayor grado de organización y movilidad política. De cómo piensan hacerlo no se habló mucho, sólo se enunció para pedir a los presentes, sobre todo las organizaciones solidarias, que las sigan acompañando en este caminar, como ellos lo hacen con otros compañeros que van encontrando en el camino. Quedó claro que para los indígenas la fiesta también es lucha y la lucha no está separada de las fiesta.

Fuente:http://www.remamx.org/2017/12/zacualpan-y-su-lucha-contra-la-mineria/

Colombia

“Por medio de una Acción Popular Juez ordena suspensión de actividades de explotación minera”: Guillermo Alfonso Jaramillo

De acuerdo al alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo las personas que trabajan dentro de las cortes manejan diferentes conceptos, su apreciación la hizo tras conocer el nuevo fallo del Tribunal Administrativo del Tolima donde dice que los municipios no pueden prohibir el uso de la minería en el suelo.

Es de recordar que en su momento el gobernador del Tolima, Óscar Barreto Quiroga, objeto esta decisión del acuerdo municipal 012 aprobado por el Concejo de Ibagué ante el Tribunal del departamento Pijao, por medio del cual se prohíbe la realización de actividades mineras contaminantes en todo el territorio urbano y rural de la ciudad y se «dictan medidas para la preservación y la defensa del patrimonio ecológico y cultural de Ibagué».

Según el fallo del Tribunal dicho acuerdo, al perecer desconoce el contexto de la conformación del ordenamiento minero dentro de un territorio determinado.

“Pues ante todo esto y los conceptos emitidos nosotros consideramos que en este caso no creemos que este ajustado a las decisiones últimas que la Corte Constitucional determinó en el cual resuelve claramente que los municipios pueden prohibir la minería”, precisó Jaramillo.

Agregó que el fallo dice lo que dice porque consideran que no es así o por una simple ´omisión´; o quizás el alegato presentado por las autoridades  de la Agencia Nacional el Tribunal opto por tomar dicha decisión.

Sobre la Acción Popular

El burgomaestre local también dijo que recibió un documento por parte del personero de Ibagué, donde habla una juez de la República sobre una acción popular, este dice claramente que, “entablo este proceso contra Anglo Gold Ashanti, el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Minas y Energía, con el fin de que hagan las siguientes aclaraciones (….) según la jueza la demanda termina así: orden de suspensión de actividades de explotación minera al interior de las zonas de reserva forestal central que fueron objetos de concesión minera a través de contrato GGF 151  EIG 163, hasta tanto no se demuestre la actividad económica minera con lo establecido en el plan del manejo de la cuenca hidrográfica del Río Coello Ponca”.

En consecuencia de esto Guillermo Alfonso Jaramillo puntualizó que eso es lo que ellos están buscando, “que cuando hay proyectos mineros, turístico o de cualquier tipo que atenten contra la vocación de un pueblo de un municipio puedan los municipios prohibirlo, es decir que dicho proyecto sea suspendido, ya que va en contravía del uso del suelo propuesto por el municipio y también del uso del subsuelo”.

Sentenció diciendo que ellos no quieren minería, que tarde que temprano las comunidades se tendrán que imponer, “aquí el apoyo que la gente brinda y que será por mucho tiempo es que al medio ambiente hay que protegerlo, así como las cuencas hídricas de la devastación feroz que podría ser ejercida por parte de las mineras, especialmente cuando pretenden hacer minería de cielo abierto contaminante utilizando cianuro”.

“Estamos mirando desde el punto jurídico que vamos hacer, pero quieto no voy a estar, mientras este en la Alcaldía vamos a defender los recursos naturales y a estar en contra de la minería de metales preciosos donde se haga mega minería, no vamos a ir en contra de las minerías que aquí ya se manejan como la artesanal, los areneros, de los que sacan balastro y Feldespatos”.

Sobre esta última, Feldespatos, la Alcaldía busca regular y controlar pero no se están restringiendo, dijo además que si esta por fuera de la Administración Municipal seguirá peleando.

Y concluyó que no quiere en Ibagué lo que está pasando en Chocó, Guajira y el bajo Cauca Antioqueño donde hay 50 mil hectáreas destruidas y los niños están siendo amantados con leche contaminada con mercurio.

Respuestas de la Corte Constitucional

En palabras del mandatario local la Corte  tomó en su momento tres decisiones; la primera obedece a que los municipios son autónomos y pueden decidir sobre el uso del suelo; el segundo, es cuando tumba y declara inasequible  el artículo 37 del Código de Minas, el cual establece que el Gobierno Nacional no le puede imponer decisiones de minería a los municipios.

“Por último quién toma las decisiones, que en este caso sería el Estado, ya que muchos decían que Bogotá lo hacía y resulta que la Corte dijo que sobre el subsuelo  decide el Estado y el Estado es la Nación, el departamento y el municipio, ósea que nosotros también decidimos sobre ello”.

Fuente:http://www.ecosdelcombeima.com/ibague/nota-117688-medio-de-una-accion-popular-juez-ordena-suspension-de-actividades-de-explotacion-

Argentina

¿Qué protege la ley de glaciares y qué se esconde detrás de su modificación?

No es un secreto que detrás de la ley de glaciares se encuentran intereses mineros que disfrazan su avaricia con un discurso mentiroso.

Sólo el dos por ciento del agua del mundo es agua dulce, y el 75 por ciento de esa agua dulce está en los glaciares. La Ley de Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, votada en dos oportunidades por el Congreso Nacional, no es el resultado de un capricho de nuestros legisladores: fue un esfuerzo consciente a favor del pueblo argentino.

Los glaciares son grandes reservas hídricas que capturan agua en forma de nieve en el invierno. Su masa fría y ubicación en clima fríos de montaña permiten la liberación de agua vital a las cuencas hídricas andinas, cuando más lo necesitan en verano y en meses de poca precipitación.

Sin nuestros glaciares andinos, la nieve del invierno se derretiría con el arribo de la primavera, lo que afectaría las cuencas hídricas que nacen en los Andes.

Por eso los argentinos hemos decidido por ley nacional que los glaciares constituyen para nuestro pueblo reservas estratégicas. No es verdad que la ley de glaciares es de imposible cumplimiento. La ley de glaciares incorpora herramientas de gestión ambiental básicas como el Inventario Nacional de Glaciares y describe con claridad las actividades que pueden o no realizarse en zona glacial o periglacial.La ley protege los glaciares y el ambiente periglacial. ¿Qué es el ambiente periglacial? No es escarcha, es suelo saturado en hielo y es de vital importancia.

Su incorporación a la ley fue una recomendación expresa del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, que reúne a los expertos más importantes de nuestro país en la materia.

El ambiente periglacial es esencial para redistribuir la humedad ambiental de la montaña y para regular el flujo hídrico a las cuencas. Esta “regulación de cuencas” es la razón principal por la que la ley lo protege. Las economías de las provincias cordilleranas no vinculadas a la minería dependen del agua provista por estos recursos de hielo.

¿Quiénes se beneficiarán con la modificación de la ley de glaciares? Las empresas mineras a gran escala.

En 2005, desde el Centro de Derechos Humanos del Ambiente (Cedha) publicamos un informe sobre el impacto de la minería a gran escala. Destacamos la importancia de modificar el marco normativo que legaliza el saqueo, frente al cual la opinión de la comunidad carece de valor alguno. Denunciamos los excesivos privilegios impositivos a favor de corporaciones mineras.

En 2006, cuando asumí en la Secretaría de Ambiente de la Nación, 80 sanjuaninos solicitaron nuestra intervención porque proyectos mineros estaban dinamitando glaciares para extraer oro. Entonces decidimos trabajar de manera directa en lograr la sanción de la ley de glaciares.

Esta ley no sólo protegería a nuestros recursos de hielo en la alta montaña y los identificaría para su continuo monitoreo mediante un inventario nacional, sino que otorgaría a la Secretaría de Ambiente competencia sobre su protección y, de modo específico, una herramienta para detener el avance desmesurado y descontrolado de la minería que está ocurriendo en ecosistemas montañosos sensibles.

¿Qué mejoras ha traído para los argentinos la minería a gran escala?

No es un secreto que, detrás de la modificación de la ley de glaciares, se encuentran intereses mineros que disfrazan su avaricia con un discurso mentiroso de desarrollo. Los niveles de pobreza se incrementaron en la cercanía de proyectos mineros como Veladero o La Alumbrera, que hace más de 10 años están extrayendo oro y plata en Catamarca y en San Juan.

Fotos satelitales demuestran que las mineras no sólo están operando en zonas protegidas por la ley, sino que los glaciares y los ambientes periglaciales están sufriendo un daño irreversible por el avance de esta minería ilegal. En la zona de impacto de las operaciones de Barrick Gold, hay más de 400 glaciares y otros recursos de hielo perenne de alta montaña.

Nos dijeron que hacían minería responsable, pero grandes empresas eluden controles y niegan acceso a la información sobre sus operaciones.

Nos dijeron que la minería es segura y que no hay peligro para el ambiente o para las personas, pero hoy el río Jáchal está contaminado y la gente debe ir a comprar bidones de agua para no enfermarse, porque el agua que sale de sus canillas ya no es segura.

Ya no reclamamos que nos digan la verdad: reclamamos la aplicación de la ley de glaciares sin modificación alguna.

*Fundadora del Centro de Derechos Humanos y Ambuente, exsecretaria de Ambiente de Argentina (2006-2008)

Fuente:http://www.lavoz.com.ar/opinion/que-protege-la-ley-de-glaciares-y-que-se-esconde-detras-de-su-modificacion
Perú

Nativos peruanos rechazaron reubicación en nueva ciudad

Nativos de Perú reubicados por la minería rechazaron la nueva ciudad a la cual fueron removidos.

La nueva ciudad llamada Nueva Fuerabamba fue creada para albergar a 1.600 familias que dejaron abandonados sus aldeas y tierras de cultivo.

Las familias dejaron sus hogares por irse a trabajar en la minería de cobre a cielo abierto.

El nuevo pueblo contaba con calles pavimentadas y casas con electricidad y agua potable.

Algunos de los servicios mencionados como agua y electricidad eran desconocidos por los nativos que no contaban con los mismos.

En la comunidad fueron ubicados los nativos quechuas de un pueblo remoto en el sur de los Andes peruanos.

La obra habitacional fue posible gracias a las empresas que ayudaron en su construcción, mientras que las comunidades tuvieron que dejar sus hogares por la minería.

Nueva ciudad

¿Qué se les ofreció a las familias? A las familias les fueron ofrecidos por las autoridades de la empresa las viviendas, empleos y los servicios.

Así lo sostuvo el operador de la mina, MMG Ltd, con sede en Melbourne de la estatal China Minmetals Corp.

Esta empresa ofreció a la comunidad empleos y compensaciones suficientes como para que los nativos no tuvieran que trabajar más adelante.

De acuerdo con lo indicado por los nativos lo prometido no fue así. Los aldeanos y MMG tuvieron disputas.

La disputa fue el control de los recursos naturales de la zona, así como de otros lugares del país.

Las batallas por el control de los recursos son normales en América Latina, pero en Perú los desencuentros son álgidos.

Perú es el segundo mayor productor mundial de cobre, zinc y plata.

Es por eso que, los nativos se han revelado contra la industria y las empresas que se niegan a compartir la riqueza en forma justa.

Perú sufre 167 conflictos sociales. En su mayoría estos conflictos guardan relación con la minería, por eso la Defensoría del Pueblo, debería tener como objetivo desarticular esos encuentros hostiles.

Nueva Fuerabamba fue la pieza central de uno de los asentamientos mineros más costosos, pero no negociados.

Hoy los pobladores luchan por adaptarse a esa nueva forma de vida, pero siguen extrañando su anterior modo de vivir.

Fuente:http://segundoenfoque.com/nativos-peruanos-rechazaron-reubicacion-nueva-ciudad-2017-12-11

Internacional

Rusia propone en ONU ley para evitar minería en asteroides

Estados Unidos adoptó normativas que permiten a empresas nacionales extraer y vender recursos naturales de los cuerpos celestes.

El Gobierno de Rusia expondrá ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la prohibición de la minería en los asteroides y otros cuerpos celestes.

La Cancillería eslava y la corporación aeroespacial Roscosmos redactaron una ley de implementación del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre.

El dictamen está dirigido a tornar inquebrantable la cláusula actual sobre ese tema que estipula que los cuerpos celestes y sus recursos naturales no pueden ser propiedad de ningún Estado.

La iniciativa correspondiente será presentada en abril de 2018 a la subcomisión de asuntos jurídicos de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos.

La miembro del departamento jurídico del Ministerio ruso de Exteriores, Olga Volínskaya, dijo que la ley de implementación tiene su base en los principios del Tratado que son igualdad de acceso, no discriminación, no apropiación, entre otros.

Estados Unidos adoptó normativas que permiten a empresas nacionales extraer y vender recursos naturales de los cuerpos celestes, como asteroides, sin reivindicar su soberanía.

El Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, firmado en 1967, estableció que el espacio ultraterrestre, incluyendo la Luna y otros cuerpos celestes, no podrá ser propiedad nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación, ni de ninguna otra manera, pero no hizo mención explícita de la explotación de recursos naturales de asteroides.

 

Fuente:www.telesurtv.net/news/Rusia-propone-en-ONU-ley-para-evitar-mineria-en-asteroides-20171211-0009.html

Internacional

El campo charro contra la mina de uranio

España.- Lo vengo denunciando desde hace más de un año. Castilla-León se ha convertido en la nueva California de los Estados Europeos Unidos. Si en el lejano oeste los buscadores de oro se imponían a golpe de revólver, en España, los buscadores de tesoros y nuevos mineros, venidos de muy lejos, como en el oeste, se imponen con decretazos,“mordidas”, y comisiones, que son disparos con sordina que matan también pueblos enteros. La fiebre del oro y las minas en pequeños pueblos. Los elegidos son casualmente los que hasta hoy estaban dejados de la mano de Dios, y abandonados de las manos de los políticos, que ahora las sacan para llenar sus sacas. Y no es un juego de palabras, sino la puta, pura y cruda realidad. Situación de expolio que abarca dos países, España y Portugal. Como Portugal, afectado también, por donde nuestros ríos van a la mar, no ponga remedio con unas políticas más inteligentes que la de nuestros políticos depredadores, no sólo este país sino el hermano, serán una balsa de lodos contaminados y contaminantes.

Lo vengo denunciando en mis artículos y reportajes desde hace tiempo, ante la treintena de proyectos de explotaciones mineras a cielo abierto -la mayor depravación terrestre- que proyectan abrir empresas extranjeras de Canadá y Australia,entre otros grandes, en nuestra península, con la falacia de dar empleo, y la anuencia y connivencia de nuestros depravados y estúpidos gobernantes. Pongo tales adjetivos no sólo como descripción y cualidad de quienes planean estas políticas nefastas, sino también con razón y convencimiento, para que entiendan y rectifiquen en signo de inteligencia, la misma que tiene y le sobra al pueblo llano. Un pueblo, preocupado por su futuro y unido en la lucha del presente, que se muestra en contra y no quiere que le den gato por liebre: pan para hoy, trabajo infame y precario; y hambre, desolación y ruina, para mañana. Pueblos conscientes de que les matan el presente y les roban el futuro: mañana en esas tierras no habrá vida por culpa de forasteros venidos de lejos, que se irán lejos con las manos llenas, mientras dejan a los lugareños con las manos vacías. Refugiados en leyes obsoletas y en connivencia con políticos de baja estofa, destruyen -ya han empezado- la poca vida que queda en esa zona del oeste de Salamanca. Vida de penurias, sacrificio, y también satisfacciones, que han tratado de mantener sus pobladores con la ganadería del campo charro. Matan la vida con esa explotación de uranio como hace varios años la mataban en los pueblos vecinos de Berruecopardo y adyacentes. Hoy queda un puñado de edificios en ruinas, como si hubiera pasado una guerra. Ciertamente ha pasado una guerra. Matan también su propia vida -ni ellos se salvan aunque no lo crean-, estos intrusos metidos en política para medrar como sea, al menos si no la suya, las vidas de sus hijos o nietos. ¿Qué cultivarán? ¿Qué comerán? ¿La comisión de millones que luego llevarán a Suiza? El dinero no se come, ni sirve para comprar lo que no existe, porque la tierra no lo produce; si no hay tomates, qué van a comprar por mucho dinero que obtengan, si no hay lechugas ni fréjoles, qué verdura van a comer, él y sus hijos, o sus nietos… Echen una mirada por la zona vecina de otra minería en Berruecopardo y verán un enorme y árido terraplén, como si hubiera caído una bomba, un tremendo socavón lleno de agua sucia, contaminada, que no sirve para beber, ni para regar, ni para lavar, ni para abrevar los animales… Bueno, tampoco habrá animales. Animales en una zona que destacaba por la calidad y especificidad de sus reses, bravas y mansas, de carne y de carga, piaras de cerdo hocicando bellotas… Habrán desaparecido del campo charro de la misma manera que los otros frutos del campo.

La empresa australiana Berkeley lleva dos años comprando políticos de esa zona para conseguir los permisos (varios concejales y alcaldes están siendo investigados por los Jueces), prometiendo trabajo para los vecinos, asegurando el progreso, pregonando en los medios de comunicación y en los despachos de alcaldes y diputados, que quieren promocionar la zona, y que uno de sus objetivos es contratar a mujeres, casi la mitad de la plantilla, para trabajar en la explotación minera. Menos mal que los jueces han echado cautelarmente para atrás las aviesas intenciones empresariales, aunque todavía no está dicha la última palabra. Muchos expertos y ecologistas  dudan de que no se abra, y se haga caso omiso a las consecuencias negativas que estas explotaciones a cielo abierto acarrean: tala de árboles, cual cascos de Atila, donde no volverá a crecer la hierba, ruidos, barrenos, explosiones y contaminantes no sólo durante los trabajos de extracción del uranio, sino después: la contaminación seguirá durante siglos. Veremos si se suspende esta debacle, se entra en razón, y los políticos, que se supone representan al pueblo, hacen caso de las manifestaciones contra las minas, aquí, en Salamanca, en Ávila, en Galicia y en Andalucía… Pero sabemos por experiencia cómo se las gasta este gobierno, heredero del anterior del sr. Aznar, que no creía, ni cree, como su sucesor, en el cambio climático. Como creía en las armas de destrucción masiva, nos metió en la guerra de Irak, y así nos fue: casi dos centenares de muertos por la falacia del mayor ejército del mundo… Un ejército en chancletas, con fusiles de tercera mano. El más terrible atentado terrorista… Por no escuchar el grito masivo del pueblo español. Igual que hoy. Pero hoy mucho peor y más grave, porque afectará a generaciones enteras durante siglos.

La mina de uranio en Salamanca, un atentado ecológico y social

En el Campo Charro, al oeste de Salamanca, en la zona compartida con Portugal, la empresa australiana Berkeley está intentando abrir en el corazón de la dehesa la mayor mina a cielo abierto de uranio de toda Europa. Está a tan sólo 2,5 kilómetros del pueblo de Retortillo, que para mayor barbaridad, posee un balneario donde acuden personas de todas partes para recuperar su salud, mejorar la que tengan, o simplemente para descansar y olvidarse del ruido y el estrés de la ciudad. Es uno de los pocos balnearios del mundo con agua a 40 grados, sin malos olores, que, además de propiedades curativas, es potable. La mina a cielo abierto, que afecta a otros pueblos como Villavieja de Yeltes, apellidada así por el principal río que cruza la comarca, acabará con ese turismo salutífero, con la tranquilidad y con la vida de un entorno natural de extraordinaria riqueza. Una zona protegida dentro de las redes ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y LIC (Lugar de Importancia Comunitaria), que forma parte de la Red Natura 2000, por ser hábitat de especies en peligro, como el águila real o la cigüeña negra. Para empezar abriendo caminos, cual Atila redivivo, la empresa ha mandado talar miles de encinas, cuya recuperación, tras los trabajos de explotación, será imposible. Un verdadero desastre humano y ecológico.

A dicho proyecto se oponen, desde que se enteraron, los vecinos de la comarca, que se han unido, para tener fuerza legal, en una Plataforma ciudadana llamada Stop Uranio, que, apoyada por expertos, ecologistas y partidos políticos como Equo, organizaron la pasada semana, los días 6 y 9, una marcha senderista reivindicativa para recorrer la dehesa donde pastan toros bravos, piaras de pata negra, entre milenarias encinas y alcornoques, y vieron el desastre que ya ha empezado a causar la empresa minera. Durante este fin de semana, la fachada de su ayuntamiento ha amanecido con pintadas en contra de la mina. La protesta ciudadana ha llegado hasta el Parlamento Europeo en Bruselas, y éste se ha puesto a investigar a sabiendas de que tal explotación minera, que no durará más de diez años, es una de las industrias más contaminantes y destructivas del planeta. Está analizando la falacia del desarrollo que prometen como cebo, como el caramelo a un niño hambriento, por las circunstancias de una zona rural afectada por la despoblación y el abandono, para evitar que bajo la promesa de progreso y desarrollo sean engañados los ciudadanos.

La minería de uranio ha sido abandonada en toda Europa occidental por su escasa rentabilidad y sus riesgos para la salud y el medio ambiente. “Ningún país europeo permitiría semejante atrocidad ambiental”, afirman los Ecologistas, quienes aseguran que la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Energía e Industria no se han parado a evaluar los riesgos para la población a causa la radiactividad desprendida, que se extenderá kilómetros y kilómetros a la redonda. Nadie puede poner muros al viento. No solamente el polvo y las partículas en el aire, sino las filtraciones a ríos, como el  Yeltes, que atraviesa toda la comarca de sur a norte, el Camaces y el Huebra, que bañan la zona, y acuíferos y pequeñas lagunas que pueden afectar también al vecino Portugal.

Además, según explican en sus páginas web los Ecologistas, y entidades como WWF (World Wildlife Found, o sea, Fondo Mundial para la Naturaleza, la mayor organización independiente de conservación ambiental del mundo), “la mina puede acabar con los pocos empleos sostenibles y duraderos de la comarca, sectores como la ganadería o el turismo termal. Este despropósito ambiental y social sólo tiene una justificación: el beneficio a corto plazo para la empresa; se estima que las reservas de uranio apenas durarán 10 años. Cuando la empresa se vaya, como ha pasado en tantos lugares, a la comarca sólo le quedará el olvido y una tierra y una naturaleza arruinada”. Y prosigue: “Desde WWF estamos trabajando para detener la mina -una lucha en la que aunamos fuerzas con Stop Uranio, Equo y Ecologistas en Acción-, y ya hemos llevado el proyecto de la mina de uranio ante la Comisión Europea. Con un informe de la Universidad de Castilla-La Mancha, hemos denunciado que entre los impactos más graves de la mina está la probable extinción de la sarda salmantina, una especie de pez que sólo habita en los ríos de la comarca, protegida a nivel europeo”.

Sin haber obtenido los permisos definitivos y encontrándose sub judice en la Audiencia Nacional,, la empresa ha puesto en marcha sus máquinas y ya están trabajando, según grabaciones de los lugareños, donde se ve a operarios de Berkeley talando y arrancando de raíz cientos de encinas centenarias, el legado natural más valioso de toda dehesa. La Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid y la Fiscalía de Salamanca han iniciado una investigación a la empresa por un posible delito medioambiental.

Una barbaridad más de unos políticos que van a lo suyo sin escuchar al pueblo.

OTRA MINA EN LA RIA DE AROUSA

Lo malo y preocupante no es que se separe Cataluña de España, sino que nos quedemos sin España.

Ese es el mayor problema, que nos vamos a quedar sin España, sin esta hermosa tierra. He informado en varios artículos de que hay una treintena de proyectos mineros repartidos por todas las Comunidades Autónomas de este país, desde Castilla-León y Andalucía, a Galicia. Y en Galicia también los ciudadanos ser muestran contrarios a que se abra otra mina de cobre en la hermosa Ría de Arousa, en los concellos de Touro y O Pino. Una zona que fue explotada hace años y que quieren volver a las andadas empresas y políticos sin otro objetivo que “el lucro a costa de la costa”, de cargarse el paisaje, como los restos que quedan de la anterior explotación. Colectivos y entidades ecológicas esperan ser recibidos por las Cosellerías del Mar y de Medio Ambiente de la Xunta para abordar el tema y analizar las consecuencias nefastas para la población y el medio ambiente. Más de 30.000 personas se verán afectadas directamente, y se acabará con la pesca y el turismo de la Ría.

Otra barbaridad de otro gobierno del PP, que allá donde gobierna, en lugar de buscar la prosperidad común, aboca al desastre de sus pueblos en beneficio de unos pocos. Y ahí siguen. Sin que nadie les pare los pies, ni las manos… Y luego hablan de la unidad de España, cuando desoyen estos gritos de unidad en contra de que España desaparezca por la “fiebre del oro, del cobre, de…” ¡La mierda! ¡La mierda que inundará España!

Fuente:http://www.nuevatribuna.es/articulo/sostenibilidad/campo-charro-mina-uranio/20171211114035146190.html

Internacional

Campesinos poblanos piden cerrar mina ante parlamentarios de Canadá: aquí no los escucharon.

Habitantes de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, manifestaron simultáneamente en el Parlamento de Ottawa, Canadá, y en la entidad mexicana su rechazo a la instalación de una mina a cielo abierto de oro y plata de la empresa Minera Gavilán, subsidiaria de la canadiense Almaden Minerals, actualmente en fase de exploración avanzada, ya que violaría su derecho al agua, a la salud y a un medio ambiente sano.

De acuerdo con una evaluación de impacto realizada desde septiembre de 2014 por especialistas, y respaldada por organizaciones civiles como PODER, la minera ha mentido a sus inversionistas al asegurar que la zona donde planean operar está deshabitada y que el uso de suelo es nulo. Además omitió la existencia de un juicio de nulidad, así como una solicitud de cancelación emitidos por la población afectada.

La empresa –dueña de 72 por ciento de las concesiones mineras en la región de la Sierra Norte de Puebla– tiene un historial de violaciones a derechos humanos. Almaden ha participado directamente o como accionista en otros proyectos mineros como Caballo Blanco y White River que resultaron nocivos para el medio ambiente y derechos humanos, por lo que fueron suspendidos.

También contrató a Knight Piésold Engineering para redactar su declaración de impacto ambiental, a pesar de que esa compañía trabajó para la presa de relaves canadiense Mount Polley, la cual estuvo involucrada en el desastre ambiental de 2014 en Columbia Británica, cuando se derramaron 8 millones de metros cúbicos de residuos tóxicos al lago Polley, al arroyo Hazeltine y al lago Quesnel.

En mayo el diario local Central reportó que empleados de Almaden Minerals y su filial Minera Gorrión se adueñaron de predios privados en la comunidad de Loma Larga, perteneciente al municipio de Ixtacamaxtitlán, con amenazas y el uso de la fuerza. El Presidente Municipal Eleazar Hernández Arroyo ha negado haber recibido sobornos de la minera Almaden Minerals y rechazó haber otorgado licencias de uso de suelo para la extracción.

Las mineras canadienses son objeto de quejas en comunidades de todo el mundo”, destacó Benjamín Cokelet, director de la organización PODER. En México violan derechos humanos sin que el gobierno canadiense ni mexicano las controlen. El diario The Ottawa Citizen reportó a inicios de año que “las compañías extractivas canadienses han estado involucradas en los ejemplos más notorios de abusos contra los derechos humanos”.

Un informe del Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa encontró que, entre 2000 y 2015, murieron 44 personas a raíz de incidentes con mineras canadienses y 403 resultaron heridas, además de que hubo 709 casos de criminalización, incluyendo órdenes de arresto, detenciones y presentaciones de cargos relacionados con conflictos mineros.

En México, del total de los proyectos mineros, las empresas canadienses operan 65 por ciento o más de 850 proyectos que se encuentran en fase de exploración, desarrollo y explotación, de acuerdo con la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). En 37 de los casos en que 17 mineras han dañado comunidades en América Latina, 19 han ocurrido en territorio mexicano, incluyendo tres asesinatos y amenazas a ejidatarios, de acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina.

El 25 de abril de 2016, el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, recibió una carta de más de 180 organizaciones de América Latina y otros países que le solicitaban regular el comportamiento voraz y represivo de las compañías mineras canadienses en el extranjero, pero la ignoró.

LAS PROTESTAS

En Ixtacamaxtitlán, realizaron un cierre simbólico de las oficinas de la minera canadiense para protestar por el avance del proyecto de exploración. En Ottawa, cuatro representantes de la comunidad poblana dieron una conferencia de prensa en el Parlamento para exponer los resultados de una Evaluación de Impacto en Derechos Humanos con autoridades gubernamentales, inversionistas y diversos aliados de la sociedad civil. Exigieron la cancelación o suspensión del proyecto.

La creación de una mina a cielo abierto en la zona generará daños definitivos a los derechos al agua y la salud de las más de 25 mil personas que habitan en el municipio, así como al ecosistema de la región”, concluyó el análisis.

La empresa ha argumentado que solamente usará agua de lluvia, aunque las autoridades mexicanas aseguran que ninguna de las mil 250 operaciones mineras en el país funciona sólo con agua de lluvia.

El proyecto minero, que recibió la concesión desde 2003, se ubica en la cabecera de la cuenca del río Apulco, a unos metros de la población de Santa María, por lo que afectaría las tierras de cultivo de la población de Loma Larga. En caso de un derrame, afectaría 200 kilómetros desde la presa de jales.

Aunque el proyecto se encuentra apenas en fase de exploración, la empresa ha violentado la normatividad mexicana y el derecho al agua de los habitantes de la región al realizar 236 barrenos más de lo permitido y con mayor profundidad. Además, perforó pozos de agua, sin contar con un permiso para utilizar agua con fines industriales, lo que pone en riesgo la calidad del agua que consume la población, según el estudio.

De acuerdo con los reportes de la empresa para sus inversionistas, la evaluación de impacto encontró que ha mentido al afirmar que la zona donde planea hacer la mina se encuentra deshabitada: en el municipio de Ixtacamaxtitlán viven 25 mil 326 personas en 126 localidades con menos de 2 mil 500 habitantes y poco más de 60 localidades con menos de 100 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La compañía tampoco comunicó a sus inversionistas los procedimientos jurídicos iniciados por los opositores al proyecto y que están actualmente en marcha. Existe un juicio de nulidad que busca cancelar el permiso de exploración en el área que posee la empresa por haber violado las regulaciones ambientales mexicanas y también hay una solicitud de cancelación de las concesiones que posee esta empresa realizada ante la Secretaría de Economía, alertó el documento.

En este marco, del 5 al 12 de diciembre una delegación de habitantes de Ixtacamaxtitlán, Puebla, y defensores de los derechos humanos visita Canadá para pedir al Gobierno canadiense y a los inversionistas prevenir más violaciones de derechos humanos y daños ambientales asociados con el proyecto de Almaden Minerals en su comunidad.

Los poblanos esperan detener el proyecto minero actualmente en la fase de exploración, y promover una mayor rendición de cuentas para las mineras canadienses que operan fuera de su país de origen.

Acompañados de PODER, los habitantes Ignacia Serrano, Alejandro Marreros, Francisca Zamora e Ignacio Carmona estarán en Ottawa, Vancouver –ciudad sede de la minera– y Kamloops para reunirse con funcionarios del gobierno, comunidades indígenas e inversionistas mineros.

Benjamín Cokelet, de PODER, destacó que esta visita es de carácter preventivo, ya que la operación de la minera se encuentra en la fase de exploración.

Las palas aún no están trabajando, por lo que estamos a tiempo de prevenir los abusos a los derechos humanos y al medio ambiente. Vamos a pedir a los canadienses a todos los niveles, a las empresas y al gobierno que promuevan una conducta comercial responsable y protejan la diversidad ambiental y cultural. El proyecto minero de Almaden Minerals en México no hace ninguna de esas cosas”, aseguró.

Hacia el final de su visita, la delegación de mexicanos planea manifestarse frente a las oficinas centrales de la minera Aladem Minerals, en Vancouver, junto con aliados de organizaciones civiles de esa ciudad.

La manifestación en Canadá coincide con una discusión que hay en ese país gobernado por Justin Trudeau sobre la necesidad de contar con un “ombudsperson” que vigile el respeto a los derechos humanos dentro de las industrias extractivas.

En verano de este año, expertos de Naciones Unidas en derechos humanos y empresas manifestaron durante su visita a ese país que, teniendo en cuenta “la significativa huella” de las operaciones extractivas de Canadá en el extranjero, existe una función para una institución como un “ombudsperson” para proporcionar un remedio efectivo de manera oportuna y barata. Para ser eficaz, el gobierno debe establecer una entidad independiente, bien dotada de recursos y con poder para investigar denuncias, llevar a cabo hallazgos de hechos y hacer cumplir sus órdenes, de acuerdo con otras instituciones similares en Canadá.

Canadá es el hogar de más de la mitad de las compañías mineras del mundo que operan a nivel internacional. La industria extractiva (minería y extracción de petróleo y gas) representa alrededor del 7 por ciento del PIB del país norteamericano y el sector minero emplea a unas 375 mil personas, de acuerdo con Naciones Unidas.

Fuente:http://www.periodicocentral.mx/2017/nacional-seccion/item/23055-poblanos-piden-cerrar-mina-ante-parlamentarios-de-canada-aqui-no-los-oyen

Perú

Oro y bosques, incompatibles en la Amazonía peruana

La minería, legal o no, está acabando con la biodiversidad de la mayor selva del mundo y mermando la salud y el hábitat de miles de indígenas.

Su amigo Alfredo estaba inusualmente preocupado y su mirada agotada por el insomnio. Se le había acercado para decirle: “Víctor, los he oído. Quieren matarte”. Pero aquellos hombres no hablaban de Víctor. La tarde del 19 de noviembre de 2015, tres sicarios encapuchados lo mataron a él, Alfredo Vracko, en el terreno amazónico que el apasionado ecologista protegía de los mineros de oro, exhausto por miles de denuncias lanzadas al viento.

Una tarde húmeda y oscura, a orillas del río Tambopata, Víctor Zambrano recuerda a su compañero de cruzada con el ceño fruncido por el dolor y la repulsión. Acaricia las orquídeas y los frutos rojos del cacao en el gran jardín tropical al que ha dado el nombre indígena de su hija K’erenda Homet, brillante amanecer. Al terminar su carrera militar en Lima, en 1986, Zambrano volvió aquí, a la región de Madre de Dios, en el este de Perú, junto a la frontera con Brasil y Bolivia, para plantar a mano 19.000 árboles y arrebatar al abandono las 34 hectáreas de la familia. Era su homenaje a una Amazonia que encontró profanada por la agricultura salvaje, los ladrones de madera, la inercia del Estado y, sobre todo, por los asesinos de Alfredo, los garimpeiros, mineros ilegales de oro que desde 1999 han destruido 50.000 hectáreas de vegetación.

Perú es el sexto productor mundial del metal precioso y el primero de América Latina, y Madre de Dios proporciona el 70% del oro nacional. Aquí, en menos de veinte años, las canteras ilegales han aumentado un 400%: el Ministerio de Medioambiente calcula que cada año 50.000 mineros ilegales extraen de 16 a 18 toneladas. En 2016 cometieron el mayor ultraje: penetraron en la Reserva de Tambopata, 275.000 hectáreas de área protegida que Zambrano ayudó a crear. Él es el presidente del Comité de gestión, un puñado de voluntarios decididos a no negociar la inviolabilidad del mayor pulmón del planeta. Además de echar a los depredadores, arriesgando su vida, presionan al Gobierno regional, dirigido por un exminero reacio a legalizar a 4.000 pequeños mineros artesanales que, por el contrario, respetan la selva y, si se les apoya, podrían detener el saqueo de las mafias. “Los criminales me han ofrecido cuatro kilos de oro si me callo”, se acalora Zambrano, enérgico a sus 71 años y ganador de varios premios internacionales por su dedicación a la ecología. “Me negué, y ahora estoy en lo más alto de su lista negra. Me identifico con el bosque: no hay lugar para el miedo en mi camino”.

Desde que en 2008 la crisis económica hizo del oro un bien seguro, en Madre de Dios la deforestación se ha disparado: desde entonces se destruyen 6.000 hectáreas de Amazonia cada año, tres veces más que en el pasado. Y hoy, en esta región, que es la cuna de la mayor biodiversidad de la Amazonia peruana, grandes zonas verdes se han convertido en llanuras áridas y amarillentas, semejantes a cráteres lunares. Un estudio de la ONG estadounidense Verité calcula que las minas ilegales peruanas ganan 3.000 millones de dólares al año. La mitad de los 100.000 habitantes de Madre de Dios son inmigrantes de otras partes del país que acudieron a tamizar tierras y ríos para luego filtrar el polvo brillante con dosis masivas de mercurio: según el consorcio de universidades peruanas Carnegie Amazon Mercury Project, cada año se vierten en los cursos de agua de la región entre 30 y 40 toneladas de mercurio, y la población tiene en el cuerpo cantidades de este metal 34 veces superiores al umbral de alarma. Una catástrofe medioambiental y sanitaria que devenga a los mineros de 30 a 75 dólares al día a costa de terribles condiciones higiénicas, malos tratos de los jefes y guerras entre bandas rivales; en junio, cerca de Huepetuhe, una fosa regurgitó 20 cadáveres.

Los que dictan la ley en esta tierra de nadie, según Verité, son la mafia local y los carteles colombianos, con intrusiones también de la ‘Ndrangheta calabresa. El oro ilícito se limpia con certificados falsos emitidos por intermediarios esparcidos por las tiendas de compro oro que se encuentran por todos los rincones, desde la capital, Puerto Maldonado, hasta los lugares más recónditos de la selva. A través de Bolivia y Brasil, el metal precioso llega a las refinerías de Suiza, Estados Unidos, Canadá y Europa. La mitad de las 120 empresas de exportación del país han sido investigadas, pero no ha cambiado nada, ni siquiera después de las incursiones a lo grande de las fuerzas del orden: “Es puro teatro. Aquí domina la corrupción”, asegura una fuente del grupo ecologista SPDA, que prefiere mantener el anonimato tras haber sufrido una emboscada. Añade que las leyes son ambiguas, y que ya ni se cuentan las confabulaciones de la política y la justicia; incluso un exministro fue detenido por exportación de oro sucio.

La guerra contra los enemigos de Madre de Dios es muy dura, pero un grupo de hombres inflexibles como Víctor Zambrano están decididos a ganar. La Pampa, área tristemente célebre de la carretera interoceánica entre Puerto Maldonado y Cuzco, es la zona de acción de Óscar Guadalupe. Pequeño y ágil a sus 50 años, lucha con su asociación Huarayo contra uno de los más sórdidos efectos secundarios de las minas: la prostitución infantil en los 400 locales de alterne que salpican los barrios de chabolas donde los mineros pasan su tiempo libre. “Atraen a las niñas de los pueblos andinos más pobres con la promesa de un trabajo de camareras”, cuenta Guadalupe, que ha salvado a miles de niñas prostitutas, incluso de 11 años, de estos tugurios de madera y chapa. Ya no cuenta las amenazas que recibe, “pero la gente honrada está de nuestro lado: nos informa de los peligros, de los movimientos de los mineros. Y mientras tanto, el negocio del oro no se detiene; siguen llegando nuevos buscadores. Y la policía se mantiene a distancia de la Pampa”.

Delta 1 es un barrio miserable surgido en 2000 junto al río Pukiri y que aún hoy carece de agua corriente y alcantarillado, bien escondido en la selva entre Boca Colorado y Huepetuhe. Hacia el mediodía, jovencitas con camiseta y falda corta aparecen y desaparecen por los repugnantes callejones junto a los burdeles Venus y Boa Negra. Una tienda de Compro oro destaca en algo parecido a una plaza. En los barracones con funciones de bar, los mineros libres ven películas de Bruce Lee entre perros callejeros y basura rancia. Para llegar a Delta 1, hay que vadear el río, marrón por los vertidos de las minas, y enfrentarse a miradas cargadas de hostilidad. Aquí, hace poco, ataron y redujeron a cenizas a tres hombres por robar oro.

Desde la crisis de 2008 se destruyen 6.000 hectáreas de Amazonia cada año, tres veces más que en el pasado

Las minas se insinúan como una metástasis también a lo largo del lecho del gran río Madre de Dios, hogar de las comunidades indígenas. Martín Huaypuna Flores, de 60 años, fue el primero en dar la alarma en el año 2000, cuando un centenar de mineros desfiguraron su Tres Islas. “Sus excavadoras transformaron el bosque en una pradera aterradora”, recuerda. “Yo reuní a mi gente para expulsarlos”. Ciento cincuenta indígenas en canoas, con sus coloridos tocados de plumas de loro, armados solo con flechas y amor por la Amazonia, lograron vencer sin violencia. “Pero regresaron”, continúa Flores, “y los volvimos a echar, sin ninguna ayuda del Estado”. Hasta 2012 el Tribunal Constitucional no expulsó a los mineros de Tres Islas, caso único en la historia de Perú. “Es una pena que sigan allí”, suspira Flores. “Nadie ha ejecutado nunca la sentencia”.

Para reanudar la lucha con nuevas armas, el activista ha reunido en una asociación, Afimad, a 49 comunidades indígenas dedicadas a la recolección de un fruto que para ellos es más precioso que el oro: la nuez amazónica o castaña. Sus altísimos árboles seculares absorben de forma prodigiosa el dióxido de carbono, y la castaña es el alimento símbolo de Madre de Dios, única región peruana que la produce, cubriendo el 11% del mercado mundial. Sus recolectores, guardianes de la salud de las plantas, son los centinelas del equilibrio ecológico. Cuentan con el apoyo de la ONG italiana Cesvi, que desde hace 25 años ayuda a las asociaciones locales a mejorar esta actividad medioambiental. “Nuestro objetivo es convencer a los jóvenes para que cuiden de estos árboles vitales para el ecosistema”, explica Brandi Gatica, responsable de Cesvi en Madre de Dios, una ingeniera forestal enamorada de sus bosques. “No es fácil trabajar con políticos más partidarios de las minas que de los castañeros”, admite, “pero gracias a nuestras peticiones, hoy se ha declarado a estos árboles prioritarios para el desarrollo de la región. Los recolectores reciben concesiones de tierras por parte del Estado y obtienen beneficios fiscales por su trabajo de conservación. Y están más motivados para plantar cara a los mineros”.

Hay alguien que va aún más allá, dedicándose a resucitar la vegetación asfixiada por el mercurio. “Las minas matan la biología de la selva”, explica el agrónomo Ronald Corvera Gomringer, apasionado director del Instituto de Investigación de la Amazonia peruana. En su jardín de los clones cerca de Puerto Maldonado, da vida a nogales y otras especies para reverdecer las tierras contaminadas por los garimpeiros. “Son plantas capaces de generar un suelo nuevo y de capturar el mercurio. Se necesitarán por lo menos 20 años; si las autoridades no actúan pronto, los mineros se nos van a adelantar. El hombre no es más que un elemento como otro cualquiera dentro del ecosistema amazónico: ¿qué derecho tiene a romper su equilibrio?”.

Fuente:https://elpais.com/elpais/2017/11/22/planeta_futuro/1511358033_282056.html

Bolivia

DECLARACION PUBLICA DE APOYO A CEDIB

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL, ante las medidas arbitrarias adoptadas en contra de nuestro miembro en Cochabamba, Bolivia declaramos:

1.- CEDIB como miembro de nuestra red, ha demostrado compromiso, seriedad y consistencia en su trabajo de investigación, difusión y apoyo a comunidades afectadas por actividades extractivas en Bolivia.

2.- Hemos sido partes de varias de sus actividades de análisis y reflexión sobre la necesidad de enfrentar el extractivismo, por los graves efectos en la naturaleza, los ecosistemas base de subsistencia de tantas comunidades en América Latina.

3.- Conocemos y valoramos las actividades de investigación y difusión de los temas de mayor interés para comunidades, activistas, académicos y público en general, en torno a los modelos de desarrollo y la necesidad de transitar hacia un mundo mas justo, equitativo, diverso, responsable, solidario y consecuente con la crisis ecológica que vive el planeta.

4.- Damos fe del actuar responsable del CEDIB al momento de manifestar sus reflexiones críticas al extractivismo y a las injusticias cometidas contra comunidades afectadas por el modelo extractivo impuesto en mayor o menor medida en la totalidad de los países de nuestra región.

5.- Consideramos injusto, improcedente y arbitraria la medida de congelar el derecho del CEDIB de hacer uso de instrumentos financieros como cuentas bancarias, por ser sujetos de acusaciones sin fundamente que denostan su integridad e impiden su funcionamiento como organización de la sociedad civil que cumple con la legislación y las normativas nacionales.

6.- Demandamos de las autoridades competentes, la realización de las gestiones pertinentes y con carácter de urgente para remediar el daño producido a nuestra institución hermana y reparar los efectos negativos de la imposibilidad de funcionar regularmente por estar privado de los fondos que legitimamente le pertenecen.

7.- Llamamos a las organizaciones de la sociedad civil de la región a manifestarse contra esta injusticia, no solamente por que consideramos que se debe restituir el derecho a CEDIB de funcionar de manera normal, sino también porque esto es un
precedente para la utilización de este tipo de medidas a cualquiera de nuestras organizaciones hermanas en América Latina.

www.ocmal.org.