Perú

Vecinos denunciaron casos de leucemia y cáncer de estómago por actividad minera en Pasco

Más de 80 vecinos del distrito de Simón Bolívar, Cerro de Pasco, llegaron a Lima para protestar este miércoles contra las actividades mineras en su región. Según contaron a RPP Noticias, hay más de 40 casos de niños con leucemia y 500 adultos con cáncer de estómago por la contaminación de la minería. Cifras citadas por la agencia AFP hablan de 2,000 menores con plomo en la sangre. Como parte de su protesta se encadenaron a la sede el Ministerio de Salud (Minsa)

El alcalde de Simón Bolívar, Zumel Trujillo, contó que en el 2012, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEI) identificó a Pasco como la segunda región con más casos de cáncer, solo detrás de Lima. “A pesar de que tenemos mesas de diálogo, desde el año 2015, semanales y quincenales, no se ha avanzado”. Tras compartir las cifras de casos de cáncer, dijo que si se hiciese un diagnóstico de los 100 mil habitantes de la región, los números serían más alarmantes.

Mexico

59 mineras, presuntas evasoras de impuestos y obligaciones

Empresas mineras vinculadas a los hombres más ricos del país y a inversionistas extranjeros aparecen en la lista de presuntos evasores fiscales descubiertos por la Auditoría Superior de la Federación. En el registro, son 59 empresas filiales de Grupo México, Compañía Minera Cuzcatlán, Cementos Apasco, Cementos Moctezuma e Industrias Peñoles.

Unas 59 empresas mineras fueron identificadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) “como presuntas evasoras fiscales”, entre ellas se encuentran las filiales de Grupo México, propiedad de uno de los hombres más ricos del país, Germán Larrea, Buena Vista del Cobre, SA de CV e Industrial Minera México.

Buena Vista del Cobre, SA de CV es la misma que derramó 40 millones de litros de solución de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora. La empresa ha sido catalogada como una de las que incumplen con la legislación ambiental mexicana.

La segunda compañía del empresario Germán Larrea, Industrial Minera México, tiene en su historial la muerte de 65 de sus trabajadores tras la explosión de la Mina 8 “Pasta de Conchos”, hace 11 años.

El Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2015 indica que el Servicio de Administración Tributaria deberá instruir a la Administración General de Grandes Contribuyentes para que ejerza su facultad de comprobación de 59 contribuyentes… “que cuentan con títulos de concesiones mineras, que se identificaron como presuntos evasores, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que no realizaron el pago de los derechos especial, adicional o extraordinario de minería previstos en los artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos”.

En la lista de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), también se identifica a otras de las grandes mexicanas como: Exploraciones Mineras Peñoles, Cementos Apasco y Cementos Moctezuma.

Aparece la Compañía Minera Cuzcatlán, subsidiaria de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, que a su paso por San José del Progreso, Oaxaca, ha dejado conflictividad social. El asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez, opositor a esta minera, se dio el 15 de marzo de 2012, en aquel municipio.

En la lista de registros fiscales también se encuentran los relacionados con Arcelormittal México, SA de CV; Mexichem Fluor, SA de CV; Minera Corner Bay, SA de CV, First Majestic Plata, SA de CV, Agnico Eagle México, SA de CV, entre otras.

Mayra Montserrat Eslava Galicia, académica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, comenta que con esto “se ve la mínima recaudación de impuestos que hay en este sector. Se ha venido fomentando el apoyo a la industria minera, para que se quede en el país; sin embargo, no hay una recaudación efectiva de impuestos.

Fuente:http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2017/03/05/59-mineras-presuntas-evasoras-de-impuestos-y-obligaciones/

Colombia

Otros nueve municipios que le dicen no a la minería en Huila

El Concejo Municipal de San Agustín se convirtió en el noveno municipio del Huila en declarar prohibido todo proyecto extractivista: minería, hidroeléctricas y explotación petrolera. Los concejales argumentaron que la historia del municipio era agrícola, y que así debía seguir siendo. Los otros ocho municipios son: Tarqui, Pitalito, Oporapa, Acevedo, Altamira, Elias, El Agrado, y Timaná, los que se suman a Támesis y Jericó en Antioquia.

Esta medida es un paso más allá de la posibilidad de parar proyectos mineros mediante consultas populares que otorgó la Corte Constitucional. Pero estas medidas están en riesgo pues el gobierno central anunció que demandará los acuerdos municipales que prohíben la minería.

Las decisiones de los concejales de estos nueve municipios vienen días después de que el viceministro de Minas, Carlos Cante, mencionara que el Huila es un eje central para proyectos mineros que ayudarán a financiar el posconflicto.

Fuente:https://www.las2orillas.co/otros-nueve-municipios-le-dicen-no-la-mineria-huila/

Colombia

Futuro de la Minería a gran escala en el Tolima será analizado en la Asamblea

Por iniciativa del  Presidente de la Asamblea Departamental del Tolima,  Diputado Alejandro Martínez, se  concretó la visita del Viceministro de Minas, Carlos Andrés Puente, prevista para el próximo martes 20 de junio, en Sesión Plenaria a las 8a.m.

“El objetivo de  está invitación al señor Viceministro, es que  se le cuente al Tolima la posición  y la mirada  que el Gobierno Nacional le está dando al tema de la minería a gran escala en toda su amplitud de oportunidad de negocio, esto apropósito del tema de Consulta Minera que se vive en el Departamento; y  también que nos cuente sobre la minería a pequeña escala, y minería artesanal de la cual también se deriva una economía”, señalo Martínez Sánchez.

Un tema coyuntural que abarca los gremios económicos y productivos del Departamento del cual en la actualidad “existe nerviosismo por la inseguridad jurídica  que hay en el  sector   que podría generar un impacto negativo en la economía”.  Teniendo en cuenta que la minería en Colombia no está representada solo en Oro, sino otros  derivados  con los que se desarrollan grandes proyectos de infraestructura en el país.

Para tal fin, y con el ánimo  que haya pluralidad en el tema, este martes están convocados los distintos gremios productivos del Departamento,  como también el  Gobernador del Tolima doctor  Oscar Barreto, el  Procurador Regional  y Ambiental, doctor Daniel Rubio, el  director de Cortolima, Jorge Cardoso, María Cristina Lara, directora de la Andi, Carlos Palero, representante de Cemex, entre otras 20 personalidades de la región.

Fuente:http://www.ecosdelcombeima.com/regionales/nota-107793-futuro-de-la-mineria-a-gran-escala-el-tolima-sera-analizado-la-asamblea

Mexico

Mineras no le dejan ni un peso a Puebla

Fuente:http://www.elpopular.mx/2017/06/11/local/mineras-no-le-dejan-ni-un-peso-a-puebla-164354

Argentina

La Justicia rehabilitó la mina Veladero sin inspeccionarla…Una mina fuera del código

El juez levantó la cautelar a pedido de la empresa, aunque nunca realizó la inspección ocular correspondiente para verificar las obras tras los derrames. Los pobladores de Jáchal denuncian “la connivencia del gobierno provincial con la minera” canadiense.

La Justicia sanjuanina rehabilitó la mina Veladero, que estuvo paralizada más de dos meses después del derrame de líquidos cianurados ocurrido en marzo pasado. El juez interviniente levantó la medida cautelar que pesaba sobre la explotación minera “en virtud de un pedido específico que realizó la empresa, que estaba acompañado por el informe del ministerio de Minería”, aunque aclaró que no realizó una inspección ocular del lugar. Al mismo tiempo, el magistrado rechazó un amparo presentado por los operadores de la mina para que no intervenga el Defensor del Pueblo en la causa impulsada por los jachalenses para que se realicen estudios de sangre a los pobladores locales. En tanto, el abogado de los asambleístas de Jáchal sostuvo que “además de ser una puesta en escena que no hace más que confirmar la connivencia del gobierno provincial con la empresa, el ministerio de Minería de la provincia resolvió unificar las sanciones por el segundo y tercer derrame para evadir el cierre de la mina, como obliga el código de minería”. Uno de los referentes de la asamblea de Jáchal dijo, ayer a última hora, que no se habían enterado del levantamiento hasta que este diario lo consultó, porque estuvieron incomunicados durante casi todo el día y no pudieron comunicarse ni siquiera desde los teléfonos fijos, algo similar a lo que les había pasado durante el segundo derrame de la mina.

La resolución del juez Pablo Oritja, de la Segunda Circunscripción Judicial de Jáchal, permite que la mina de oro y plata, operada por la canadiense Barrick Gold y la empresa China Shandong Gold Group, vuelva a funcionar, aunque la investigación para establecer las responsabilidades y las causas que determinaron el amparo tras el derrame continúe.

La medida judicial se relaciona con la disposición que emitió el miércoles el ministro de Minería de la provincia, Alberto Hensell, que dio por concluidos los trabajos de adecuación que el gobierno le impuso a las empresas tras el derrame del 28 de marzo pasado, el tercero en menos de un año y medio.

Para rehabilitar la minera, el gobierno exigió que la empresa realizara varios trabajos de readecuación en el valle de lixiviación, donde se separa el oro y la plata de la roca por medio de la aplicación de agua con cianuro.

Las tareas, que demandaron algo más de dos meses y según estimó el gobierno local costaron unos 500 millones de dólares, permitieron al  ministro Henssel asegurar que “para la autoridad de aplicación es un tema superado. La minera cumplió con las medidas exigidas”.

Como parte de las tareas realizadas, se cambiaron los cinco caños corrugados que se usaban para conducir la solución cianurada por siete caños de alta presión e instalaron un equipo importado desde Chile para equilibrar las presiones en todo el sistema.

Además, se amplió la zona segura del valle, instalando membrana impermeable en el callejón contiguo a la zona de lixiviación y puso un sistema de alarmas para la detección temprana de futuros incidentes.

Según Hensell se realizó “una prueba hidráulica general y los resultados fueron muy satisfactorios” para los especialistas contratados por el gobierno para hacer la evaluación.

En tanto, Oritja aclaró que no concurrió “a la inspección ocular por el mal tiempo reinante en la zona” donde se emplaza la minera, en el Valle del Cura de la cordillera andina, a 4100 metros de altitud.

Sin embargo,uno de los abogado de los asambleístas, Marcelo Arancibia, dijo a PáginaI12 que “esto era esperable, ya lo venía anunciando tanto la empresa como el gobierno, y el juez que había dicho que no se iba a oponer a que el ministerio de Minería aprobara las obras, sin convocar a un perito independiente. El juez tiene que explicar por qué hay que creerle si es la tercera medida cautelar que dicta y levanta. Las anteriores las levantó aduciendo que la seguridad estaba garantizada”, y remarcó que “queda claro que la mina más segura del mundo con ISO 900, como la vende el gobierno y la empresa, es una mina low cost que usaba caños que no eran los adecuados y con zonas sin impermeabilizar”.

Además, el letrado denunció que “el sumario administrativo por el segundo y tercer derrame no fue resuelto y van a unificar la sanción para evitar el cierre de la mina como establece el código minero que dice que a la tercera infracción grave se cierra la mina. De esta forma, la empresa quedaría sólo con dos infracciones. Les están dando una vida más”.

Fuente:https://www.pagina12.com.ar/44450-una-mina-fuera-del-codigo

Mexico

En riesgo, recursos naturales estratégicos

Las reservas de recursos naturales estratégicos del Sur del país están en riesgo ante la injerencia de potencias extranjeras que los requieren para preservar su hegemonía y sobrevivencia, amenaza que debe ser enfrentada por el Estado, alertan expertos en geopolítica y seguridad nacional.

Las reservas de recursos naturales estratégicos del Sur del país –biodiversidad, tierras cultivables, agua, uranio, tierras raras– podrían caer en manos de potencias extranjeras, de empresas trasnacionales, sin excluir intervenciones armadas, alerta Luis Alfonso Medina Martínez, exdelegado naval ante la Junta Interamericana de Defensa en Washington DC, Estados Unidos.

“El Estado debe estar alerta para repeler cualquier injerencia externa y defender los recursos estratégicos del país; no seremos ajenos a los conflictos que se originen por obtenerlos, ni a la mirada de las potencias extranjeras que podrían recaer sobre México para obtenerlos, como parte de las llamadas guerras del futuro”, advierte.

Debido a esta amenaza, dice, se torna imprescindible asegurar la región que concentra los recursos estratégicos de México –Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca–, y proveer al país de una visión preventiva para contener las pretensiones de las potencias extranjeras sobre ellos.

“En un futuro de conflictos y guerras por la escasez de alimentos, agua y energéticos para sostener la vida humana en el planeta, se requiere de visualizar la defensa de los recursos naturales estratégicos del Sur del país, destinados a satisfacer los requerimientos de la sociedad y contener las pretensiones de potencias extranjeras de apoderase de ellos”, apunta.

Considera que dado el ritmo de consumo de materias primas, es previsible que esta región sea foco de atención para potencias que los requieran para sostener su supremacía o incluso para posibilitar su supervivencia, toma especial importancia para México asegurar a las futuras generaciones el acceso a estos recursos; sin embargo, esto no es una tarea sencilla, dado que se requiere de unidad nacional.

En su estudio La importancia geopolítica de la región Sur de México en el siglo XXI, una visión de defensa de los recursos naturales estratégicos, Medina Martínez indica que la búsqueda de estos recursos puede internacionalizarse y llegar a materializar amenazas reales por la apropiación de productos comerciales e industriales, carbón, petróleo y minerales, entre los destacan las tierras raras, insumos para la hegemonía económica y geopolítica de las potencias mundiales.

Explica que el mundo vive un escenario geopolítico reconfigurado en relación a los recursos naturales estratégicos, debido a su escasez absoluta y relativa, que involucra petróleo, agua, biodiversidad, alimentos y tierra fértil, cuya obtención podría generar escenarios de enfrentamientos armados.

En ese contexto, México es poseedor de grandes recursos naturales en la región Sur del país, lo cual lo convierte en un foco de atención a los ojos de potencias que necesiten materias primas para su subsistencia, ante lo cual plantea necesario establecer mecanismos de defensa, que no necesariamente tendrían que ser militares.

Para el desarrollo integral del país y la seguridad nacional, es necesario fortalecer la competitividad y autosuficiencia en beneficio del pueblo de México, ya que nuestro país puede aprovechar que cuenta con una diversidad de recursos minerales, los cuales son requeridos por otros países.

Recursos naturales, fuentes de conflicto

El control de los recursos naturales estratégicos relacionados con la seguridad humana –agua, alimentos y tierras cultivables–; con la industria y el comercio (energéticos, minerales), crea puntos de tensión y son fuentes de conflicto. Por ello, los Estados desarrollan estrategias para controlar o garantizar su acceso afirma Sara García Tasich, analista del Instituto de Estudios Estratégicos de España.

Actualmente, dice, la caracterización de recurso estratégico ha resurgido pero ajustándose a las coordenadas del capitalismo mundial. Por ello, se están volviendo a categorizar recursos que antes no merecían atención o que podían considerarse como inagotables, siendo el agua un caso paradigmático.

Explica que el valor estratégico de los recursos naturales está determinado por su disponibilidad y por estar desigualmente distribuidos; porque son claves para el modo capitalista de producción; porque contribuyen al mantenimiento de la hegemonía local, regional o mundial, y por la percepción que se tiene de su situación actual frente a su proyección a futuro.

El creciente valor estratégico del agua y los alimentos, dice, va en paralelo al de las tierras cultivables, lo que ha llevado a una carrera mundial por el control y apropiación de tierras de países que buscan fortalecer su seguridad alimentaria. La volatilidad de los precios de los alimentos y las restricciones a la importación impuestas por los principales productores, impulsa a los países a buscar alternativas para garantiza su suministro.

Por ello, agrega, hay un considerable aumento de la inversión, tanto en el mercado de la tierra como en el de las materias primas agrícolas. Entre 2002 y 2012, se adquirieron en el mercado más de 200 millones de hectáreas de tierra –lo que equivale a ocho veces el PIB del Reino Unido–, en acuerdos de tierra de gran escala.

Sin embargo, añade García Tasich las grandes inversiones en tierras se traduce en inseguridad alimentaria, desplazamiento de pequeños agricultores, conflictos sociales, devastación del medio ambiente, pérdida de agua,  empobrecimiento e inestabilidad política de las naciones en las que se acapara la tierra.

Expresa que los recursos energéticos son estratégicos por naturaleza, siendo el petróleo, carbón gas y uranio los más relevantes y están desigualmente distribuidos. Por tanto, son estos recursos los que reciben mayor atención en el desarrollo de geoestrategias y en los juegos geopolíticos. Son insustituibles, como el uranio por ser de gran valor para la producción de energía eléctrica, incluso, ha sido uno de los objetivos de las organizaciones terroristas.

Los recursos minerales, que sin dudas mantienen su importancia militar, los Estados observan su carácter estratégico desde la óptica económica para la industria y el comercio. El litio, por ejemplo, se utiliza para la fabricación de baterías que se emplean en dispositivos electrónicos, por lo que su valor estratégico ha ido en aumento. Las tierras raras son imprescindibles como materia prima de magnetos, usados en tecnologías verdes (vehículos eléctricos, turbinas de viento).

La codiciada frontera

En ese sentido, el capitán Alfonso Medina Martínez señala que la protección de los recursos naturales estratégicos del país tornará necesario la conformación de un área de interés, en torno a la región delimitada por los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco y el Sur de Oaxaca, donde el Estado debe tener un control político, social, económico y cultural y proyectar el poder nacional de nuestro país en Centroamérica y el Caribe.

El especialista le confiere gran importancia al Istmo de Tehuantepec, el cual, dice, constituye parte de la franja fronteriza del enclave estratégico del país, que de caer en manos extranjeras, originaria la pérdida de la región y significaría la desarticulación del Estado mexicano.

Plantea que la seguridad del área de interés estratégica del Sur, requiere de fortalecer los puntos claves con cercos de protección y áreas de influencia política, económica y militar en las fronteras marítimas y terrestres, en la zona económica exclusiva, y su frontera con Guatemala y Belice, y en Centroamérica y el Caribe.

Alerta ante el expansionismo de EU

El también ingeniero en Ciencias Navales por la Heroica Escuela Naval Militar, señala que en materia de política internacional México dejó de lado acciones importantes para el desarrollo nacional, “como los intentos por frenar el expansionismo estadunidense, nuestra preeminencia en el Caribe, las alianzas militares en defensa de intereses comunes, y la proyección ideológica hacia el Caribe y Centroamérica”.

Además, indica que el país tiene que modernizar su política exterior y entender que las bases de la herencia política de los siglos XIX y XX que ya no aplican en la actualidad. “Debemos tener presente que la interdependencia comercial de los países, la preeminencia de los asuntos comerciales sobre los políticos, la transición del poder, del ámbito político al económico, minarán poco a poco los principios de política exterior de México”.

Por ello, México requiere retomar su papel de potencia en el Caribe, Centro y Sudamérica mediante la presencia activa en los ámbitos comercial, cultural y político, cuyo soporte debe contar con la cooperación y alianzas militares, lo cual será visto con recelo por Estados Unidos y los países europeos y asiáticos.

Medina Martínez considera que México es víctima de la instrumentación estadounidense llamada softpower, término que se describe como “la capacidad de obtener lo que uno desea, atrayendo a los demás en lugar de amenazarlos o pagarles”. ¿Cuál es el papel de México en este soft power o línea globalizadora?, la respuesta podría estar en el Tratado de Libre Comercio, indica.

Sin embargo, detalla que en México a pesar de que el comercio en América del Norte ha crecido alrededor del 75 por ciento muchas empresas no sobrevivieron a la competencia extranjera, al no disponer de tecnología de punta, versatilidad o capacidad de ajuste a las nuevas condiciones que impone una economía abierta como la generada con el TLC. Esto, dice, es sólo un ejemplo de lo que elsoft power estadounidense puede hacerle al país.

El capitán de navío señala que a pesar de que los países de América Latina lograron su independencia, continuaron siendo manipulados por los intereses de potencias extranjeras, bajo levantamientos armados, revueltas y golpes de estado, financiados por gobiernos y empresas extranjeras, para desestabilizar y poner en los gobiernos a personas afines a sus intereses y estableciendo dictaduras.

Considera que en Latinoamérica el escenario tiene como novedad la quiebra relativa del hegemonismo norteamericano, a raíz del rechazo regional al área de Libre Comercio de las Américas, la lucha contra los tratados de libre comercio y las políticas de izquierda de los integrantes del ALBA (Venezuela, Bolivia, Nicaragua) y de Argentina, Brasil, Uruguay, a lo que se suman las protestas peruanas, chilenas y costarricenses.

Con base en lo anterior, agrega que México debe analizar el escenario latinoamericano teniendo en cuenta su economía, su política, su aspecto socio-cultural y educativo, apoyo y cooperación militar, cuyo resultado deberá permitirle al país recuperar su área de influencia natural, ya que históricamente la explotación de recursos ha sido una práctica imperialista en la región.

Así, advierte que los recursos naturales estratégicos se ven cara a cara con las guerras del futuro en las que “seremos testigos de una nueva etapa de dominación imperialista y en la que existe una relación entre los países que han tenido conflictos y los recursos que poseen”.

En ese sentido, expone que si bien México ha intentado recuperar su área de influencia en la región a través del Plan Puebla Panamá que pretendía fortalecer los tratados de libre comercio de la región; sin embargo, presentó las limitaciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. “Es decir, vemos aquí nuevamente la intervención estadunidense”.

Así como con el Proyecto Mesoamérica cuyo problema es que pretende impulsar un desarrollo hacia el exterior, dando la espalda hacia el interior de cada país que lo conforma, “lo que nos lleva a preguntar si dicho proyecto solo responde a los intereses estadounidenses, en lo que sería un reposicionamiento imperialista en América Latina”.

Debido a que la escasez de alimentos impacta directamente en la seguridad nacional, queda claro que el Estado y su política son responsables de la preservación de la nación, debiendo por tal motivo hacer frente a cualquier amenaza. Podemos afirmar por lo tanto que la geopolítica de los recursos naturales está íntimamente ligada a la estabilidad de la política interna de una nación así como a su política exterior, tanto en lo que se refiere a la diplomacia y comercio, como a las capacidades de sus Fuerzas Armadas.

La geopolítica de los recursos naturales, pretende enfatizar la relevancia e influencia que éstos han tenido en la historia y la importancia que están llamados a representar, dado el uso y abuso que de ellos se hace y su escasez cada vez más patente.

Lo anterior deberá ser tomado en cuenta por los países industrializados al adecuar sus procesos políticos, para legitimar la búsqueda de estos recursos de manera extra nacional, lo que originará conflictos que podrían poner en riesgo la seguridad de un Estado o una región, donde los países más pobres y menos desarrollados serán las víctimas.

La importancia de proteger nuestra área de interés estratégico del Sur de México, radica en que, ante el inminente escenario de las guerras del futuro, México debe fortalecer su influencia en Centroamérica y el Caribe para formar un bloque bajo la hegemonía mexicana que presente resistencia a la incursión de potencias extranjeras en la región.

Es innegable que una proyección hegemónica por parte del Estado mexicano hacia Centroamérica y el Caribe, requiere cambios profundos a nivel político, por lo que si queremos surgir como potencia, debemos dejar de lado la pasividad, el espejismo de seguridad o comodidad ante los acontecimientos internacionales.

“Esto implicaría desarrollar políticas que impulsen la proyección económica del país; la utilización plena de los recursos humanos; ampliación de la infraestructura portuaria y marina mercante; y, lo más importante, una clase política comprometida con el desarrollo nacional”.

José Réyez

Fuente:http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2017/06/13/en-riesgo-recursos-naturales-estrategicos/

Mexico

Resistencia frente a la minería: batalla contra cinismo

Son múltiples los impactos de la minería en la vida de las personas y el medio ambiente: en el agua, por ejemplo, la actividad minera requiere un uso intensivo, aunado a la contaminación de fuentes de aguas subterráneas y superficiales que se presentan continuamente en las zonas cercanas a las mineras.

La actividad minera tiene impactos serios en la salud humana y puede afectar a hombres, mujeres, niños y niñas que viven cerca de los sitios donde se realizan estas actividades, así como a los mismos trabajadores y trabajadoras que laboran en las minas. Al respecto, es posible encontrar plomo en las zonas mineras de donde se extrae oro y plata, al igual que otros metales de importancia como el arsénico, el manganeso, el cadmio y el cromo, dependiendo del tipo de minería que se realice y del mineral que se extraiga. Lo anterior por supuesto, en detrimento de la salud de las personas. La literatura, los testimonios y las evidencias sobre casos de afectaciones e impactos de la actividad minera en las personas y hacia el ambiente, abundan.

Durante el 3er. Encuentro Regional de Pueblos en Defensa del Territorio de la Huasteca y el Totonacapan, organizado en la comunidad indígena Ma Kaha-Santa Mónica, en Tenango de Doria, Hidalgo, se presentaron varios casos sobre las afectaciones de la minería en comunidades. Todos graves, todos fuertes, pero merece particular mención el caso de la comunidad de Salaverna, en el municipio de Mazapil en Zacatecas, uno de los principales centros productores de oro y plata del país. Durante el Encuentro, integrantes del Observatorio Socioambiental de Zacatecas, expusieron su valiente testimonio contando cómo la empresa minera Frisco, -propiedad de Carlos Slim-, ha afectado la vida de los pobladores de la ahora casi abandonada comunidad, al extremo de forzarles al desplazamiento. En Salaverna quedan pocas familias que se resisten a abandonar sus casas y su tierra, se resisten a ceder a la voracidad de la minería.

La resistencia de los pueblos frente a los proyectos extractivos es constante y cada vez mayor, pero no deja de ser una batalla contra un sector consentido y por demás privilegiado. Para muestra, el Informe de la Auditoría Fiscal de la Federación (ASF) 2015, señala que de 17 mil 402 concesiones mineras vigentes en 2015, solo 140 contribuyentes pagaron el derecho especial sobre minería, esto es, apenas 0.8 % del total. Y respecto al pago del derecho extraordinario, solo 80 de un total de 247 concesionarios pagaron. La ASF concluyó que 2 mil 884 contribuyentes estaban obligados al pago de los derechos especial, adicional y extraordinario, pero… ¡omitieron su pago!

Sin duda, la minería es un sector sobrevalorado. En comparación con el total de los ingresos recaudados por el Gobierno Federal por impuestos, el aporte de la minería representa apenas el 0.32 por ciento. Mientras que la contribución de la actividad de exploración y extracción de minerales metálicos y no metálicos al Producto Interno Bruto (PIB) nacional fue de apenas el 0.9% durante 2016. Es decir, la minería, no es ese motor económico que beneficia a las finanzas públicas del país.

Sin embargo, pese a que la información anterior es pública, la única respuesta recibida por el H. Congreso de la Unión hasta ahora, ha sido la de modificar la ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de tal manera que las empresas puedan deducir gastos de exploración. Lo anterior con objetivo de incentivar la exploración de nuevos yacimientos y finalmente, la actividad minera. Así se las gastan en el congreso. La incongruente propuesta legislativa, actualmente está en espera de ser aprobada, esperemos que  las y los integrantes de la comisión de minería no privilegien aún más a un sector por demás consentido, sería un gran cinismo.

Fuente:http://movimientom4.org/2017/06/resistencia-frente-a-la-mineria-batalla-contra-cinismo/

Chile

Los grandes proyectos de inversión revocados por el SEA

Si bien el 64% los permisos ambientales que requirieron revisión en los últimos cinco años fue validado, la autoridad ambiental ha resuelto caducar un 12% de las Resolución de Calificación Ambiental (RCA) durante los últimos dos años. Se trata 67 proyectos a los cuales el SEA resolvió caducar las RCA por no ejecutar obras durante un lapso de cinco años.

Viernes 09 de Junio de 2017.- Al cierre del primer semestre han ingresado a la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) un total de 574 solicitudes para acreditar el inicio de ejecución de proyectos. La acción es un paso clave para ejecutar los planes de las compañías y desde diciembre de 2013 sus resoluciones tienen fecha de caducidad.

Si bien el 64% los permisos ambientales que requirieron revisión en los últimos cinco años fue validado, la autoridad ambiental ha resuelto caducar un 12% de las Resolución de Calificación Ambiental (RCA) durante los últimos dos años. Se trata 67 proyectos a los cuales el SEA resolvió caducar las RCA por no ejecutar obras durante un lapso de cinco años. En términos de inversión, sumaban una cifra estimada de US$3.180 millones y diez de ellos concentran casi el 90% del monto.

Con la entrada en vigencia de la Ley N° 20.417 en 2010, el Ministerio del Medio Ambiente estableció que los titulares de proyecto o actividades tienen la obligación de presentar los antecedentes al SEA que demuestren el inicio de la ejecución del proyecto en un plazo de cinco años tras la notificación favorable de RCA. Aquello fue complementado dos años después con el Decreto Supremo N° 40, que definió que el inicio de la ejecución de un proyecto o actividad se establece “cuando se realicen gestiones, actos u obras de modo sistemático, ininterrumpido y permanente”.

Las obras

La Central Termoeléctrica Energía Minera, Hacienda Topocalma de la Inmobiliaria General y el Proyecto de Recuperación de Cobre de Relaves Rougher de Minera Escondida son los tres mayores proyectos cuyos permisos ambientales fueron caducados. Sumados, se trata de de un inversión estimada en US$2.185 millones. Entre las otras iniciativas destacan proyectos de salmoneras. De hecho, un 62% de los proyectos o actividades ingresados y caducados en cinco años corresponden a este sector productivo, 8% son de la industria de la energía y 3% son del área de la minería.

La gran mayoría de las RCA revisadas por la autoridad ambiental terminaron siendo respaldadas. Del total de los ingresados, el Servicio de Evaluación Ambiental ha resuelto 78,6% de los expedientes ingresados.

La caducidad de la Resolución de Calificación Ambiental para proyectos de inversión en Chile se encuentra regulada tanto por el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, como también por la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Certezas

Según el director subrogante del SEA, Juan Cristóbal Moscoso, la normativa de caducidad tiene como objetivo principal que los proyectos aprobados sean ejecutados en condiciones similares a aquellas a la vista durante la evaluación.

Sin embargo, expertos en derecho ambiental discrepan sobre los efectos que tiene esta figura. La caducidad “no es más que el traslado de una institución propia de otros tipos de derechos, como los procesales a una institución como la RCA que tiene una naturaleza totalmente distinta”, sostuvo Mario Galindo, abogado socio de Vergara, Galindo y Correa Asociados.

Sin embargo, admite que la figura de la caducidad busca evitar la especulación con los proyectos y la ejecución de proyectos ambientales que poseen una RCA muy antigua.

El vicedecano de la Facultad de Derecho de la UC, Ricardo Irarrázabal, sostuvo que bajo la actual figura de caducidad “siempre estás con una incertidumbre durante cinco años en si alcanzas o no a materializar la ejecución del proyecto. Cuando ingresas un EIA dices cuál es el inicio del proyecto, pero siempre está supeditado a esa gestión”.

Mientras que Rodrigo Benitez, asociado senior de Jara Del Favero Abogados, se mostró conforme con la actual normativa. “Me parece bien que exista una fórmula de sacar del sistema RCA que son más especulativas. Más aún cuando los proyectos de inversión deben hacerse cargo de otros proyectos con RCA aunque no estén ejecutados. Permite ordenar el sistema y eso creo que es bueno para los proyectos que entran a evaluación”, afirmó Benitez.

Fuente:http://www.relaves.org/2017/06/12/los-grandes-proyectos-de-inversion-revocados-por-el-sea/

El Salvador

Victoria de la sociedad civil de El Salvador: Entra en vigor la ley que prohíbe la minería metálica

CIVICUS conversa con Saúl Baños, abogado de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica de El Salvador y Director Ejecutivo de una de las organizaciones que la integran, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. El entrevistado relata una historia de éxito de la sociedad civil en su lucha por la prohibición de la minería metálica en el país, y da cuenta de los desafíos pendientes.

1. A fines de marzo se aprobó en El Salvador una ley pionera que prohíbe la minería metálica en el país. ¿Cómo fue el proceso que condujo a su aprobación, y qué rol desempeñó en él la sociedad civil organizada?
La ley de prohibición de la minería metálica fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 29 de marzo de 2017. Que un país tan pequeño y empobrecido como El Salvador tomara esta decisión soberana contra los intereses de una poderosa empresa transnacional fue un hecho sin precedentes que nosotros consideramos como una victoria aunque los contenidos de la ley no fueran exactamente los que impulsábamos en un principio.

La nueva ley prohíbe la exploración, extracción, explotación y procesamiento de metales preciosos en todo el territorio salvadoreño, con la excepción del trabajo artesanal de fabricación, reparación o comercialización de joyas o productos de metales preciosos, por considerar que la extracción de metales es dañina tanto para el medio ambiente como para la salud pública, en particular por efecto del uso excesivo y la contaminación de fuentes de agua.

El proceso conducente a la aprobación de la ley fue muy largo. La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica –una coalición de once organizaciones de derechos humanos, ambientalistas, religiosas, de juventudes y de base- viene trabajando desde el año 2004, y presentó su primer proyecto de ley en el 2006. La propuesta inicial, que buscaba derogar la Ley de Minería de 1995, no avanzó. Más adelante, hacia 2011, los ministerios de Economía y Medio Ambiente del Poder Ejecutivo presentaron una nueva propuesta para suspender los procedimientos administrativos relativos a la minería. Nosotros no estuvimos de acuerdo, y de manera inmediata presentamos una nueva iniciativa de prohibición de la minería. Ambas –la del gobierno y la nuestra- pasaron a ser discutidas en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, pero ninguna prosperó.

2. ¿Qué factores explican que, después de tantos años de esfuerzos infructuosos, la ley fuera finalmente aprobada?
En primer lugar, la coalición de apoyo se amplió considerablemente. La ley recientemente aprobada surgió de un colectivo mucho más amplio, del que la Mesa Nacional formó parte, y que fue liderado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Otro protagonista importante fue la Iglesia Católica – la Conferencia Episcopal, los obispos de las distintas diócesis, y particularmente el Arzobispo Monseñor Escobar Alas, que retomó la propuesta y, junto con otros sacerdotes y organizaciones sociales, la presentó a la Asamblea Legislativa. A continuación, el 9 de marzo de 2017, se hizo una marcha multitudinaria y el presidente de la Asamblea Legislativa junto a otros diputados se comprometieron a lograr la aprobación de la ley antes de Semana Santa.

En segundo lugar, nosotros mismos fuimos aprendiendo sobre la marcha. Inicialmente nuestro conocimiento técnico, científico, del tema de la explotación del oro y sus efectos era muy limitado. De hecho, nuestra primera propuesta exigía la sustitución total de la Ley de Minería 1995, que regula no solamente la extracción de metales sino también de otros productos minerales como piedra y arena. Posteriormente decidimos centrarnos en la explotación de metales preciosos, y fundamentalmente de oro.

Finalmente, el hecho de que El Salvador ganara el caso de la demanda que inició Pacific Rim/Oceana Gold en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) en octubre del año pasado aceleró la aprobación de la ley. En 2009 la empresa Pacific Rim/Oceana Gold había demandado al Estado de El Salvador por expropiación indirecta y lucro cesante, figuras reconocidas en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés). Al cabo de un proceso que duró siete años la empresa fue condenada a pagar 8 millones de dólares. A nuestro juicio el caso debió cerrarse en la etapa de reconocimiento de jurisdicción. Pero el tribunal decidió que siguiera en aplicación de la Ley de Inversiones de El Salvador, la cual reconocía la jurisdicción del CIADI. La empresa mintió, ya que por ser de origen canadiense, no debió acogerse al CAFTA. Sin embargo, se había hecho pasar por estadounidense al obtener domicilio legal en Estados Unidos mediante la apertura de una caja postal en Nevada. Y luego el caso continuó amparado en una legislación interna de El Salvador. Pero finalmente el tribunal falló unánimemente a favor del Estado salvadoreño – es decir, incluso el integrante que había sido designado por el demandante le dio la razón al Estado.

3. ¿Qué tácticas empleó la Mesa para promover la iniciativa?
El nuestro no fue solamente un trabajo de escritorio: a lo largo de más de diez años hicimos trabajo político y comunitario, lobby con actores del gobierno y demás tomadores de decisiones, litigio, campaña de medios y promoción del debate público.

Durante el proceso se sucedieron tres presidentes de la República. Al final de su mandato y cuando Pacific Rim/Oceana Gold recién había presentado la demanda contra el Estado salvadoreño, Antonio Saca (ARENA, 2004-2009) ordenó que no se otorgaran los permisos de explotación a la empresa. La demanda ante el CIADI duró todo el mandato de Mauricio Funes (FMLN, 2009-2014), cuya postura fue firme –desde que era candidato se comprometió frente la Mesa Nacional en un acto público; hasta le hicimos firmar una carta- y la heredó el actual presidente, Salvador Sánchez Cerén (FMLN, 2014-2019), que hizo lo mismo. Y aunque ellos cumplieron, el camino no estuvo libre de obstáculos. Aún cuando los presidentes tuvieran una postura clara, siempre hubo funcionarios que coquetearon con las empresas mineras.

La Asamblea Legislativa, por su parte, se renueva cada tres años y hay una alta rotación de diputados y diputadas. En un proceso tan largo, la composición tanto de la Asamblea como de su Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático se modificó varias veces, y con frecuencia sus nuevos integrantes no estaban interiorizados en el tema –muchas veces se trataba incluso de su primera elección como diputados. De modo que cada vez teníamos que empezar nuevamente la tarea de acercamiento y sensibilización. Trabajamos intensamente con la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, cuyos miembros incluso hicieron una visita al río San Sebastián, contaminado por la explotación minera desde los años 80. Y los diputados vieron cuál era la situación de los pobladores, y fueron entendiendo que la explotación minera era inviable en las condiciones de nuestro país.

También hicimos consultas populares en cinco municipios, donde las comunidades expresaron su oposición a la minería. Pero el trabajo comunitario no fue fácil, porque la empresa Pacific Rim/Oceana Gold también hacía su trabajo. En paralelo con la demanda en el CIADI y el lobby con políticos y funcionarios, la empresa tenía un “brazo social” en el terreno, la Fundación El Dorado. El departamento de Cabañas, donde se ubica el emprendimiento minero, es uno de los departamentos más pobres del país; para satisfacer sus necesidades básicas, sus habitantes requieren de apoyo gubernamental, y en ausencia del Estado la empresa encontró un terreno propicio para entrar con ayuda comunitaria, apadrinando escuelas, contratando empresas para proveer atención médica en la comunidad, etc. La empresa hacía que los beneficiarios firmaran hojas con listados de asistencia, muchas veces sin encabezado, que sospechamos eran luego presentados como listados de personas que simpatizaban con la minería. La empresa también coordinaba con los alcaldes de estos municipios, que pertenecían al partido que simpatizaba con la minería. Estas acciones – hay que decirlo- fueron generando una cantidad de adeptos a la empresa, porque la gente veía que la empresa estaba satisfaciendo algunas necesidades que ellos no tenían otro modo de cubrir.

La empresa incluso organizó una especie de tour con unas instalaciones que habían acondicionado como un emprendimiento minero en miniatura, y llevaban estudiantes para mostrarles cómo era el trabajo e insistían en que era seguro, hablaban de la “minería verde” y “minería responsable”. Incluso hacían excursiones a Nicaragua: pagaban los buses y llevaban a la gente para que vieran como era allí el proceso de explotación minera. Esto lo hacían a nivel nacional: vendían la idea de la explotación minera como la panacea para la situación de crisis económica del país, como fuente de empleo para la población y de ingresos para el Estado. Y algunos gobernantes la creían, mientras que nosotros tratábamos de contrarrestar estas mentiras.

En esta batalla por la opinión pública incluimos la atención a la minería transfronteriza. El Salvador es agua-dependiente: su río más caudaloso, el Lempa, pasa por Honduras y Guatemala antes de llegar a El Salvador. La región tiene un problema de escasez de agua, y la minería utiliza cantidades ingentes de agua y la deja contaminada. La empresa insistía en que iban a tener reservorios de agua de lluvia y que no iban a mezclar agua contaminada con agua inocua. Sin embargo, algunos hechos, como el rompimiento de un dique de la empresa Samarco en Brasil, tuvieron aquí mucho impacto, y entonces nosotros preguntamos qué pasaría en nuestro país si ocurriera algo parecido. Sin ir más lejos, el año pasado la ruptura de las paredes de un reservorio que contenía melaza, un subproducto del procesamiento de la caña de azúcar, produjo contaminación en un río. Murieron cantidades de peces y hubo un largo proceso de descontaminación, además de un proceso judicial que obligó a la empresa a pagar por el daño ambiental. Y nosotros preguntamos qué pasaría si en vez de con melaza, que al fin y al cabo es un producto orgánico, eso hubiera ocurrido con residuos de la minería.

Finalmente, con el apoyo del Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL, por sus siglas en inglés), presentamos a lo largo del proceso dos amicus curiae para que nuestras argumentaciones fueran sumadas a las de la defensa del Estado ante el CIADI. No sabemos si fueron tomadas en cuenta, pero en todo caso no nos limitamos a entregar el documento escrito, sino que también hicimos trabajo político en las bases y en los medios de comunicación. En ese proceso la Mesa se convirtió en un referente.

4. Además de los obstáculos mencionados, derivados del trabajo de base de la empresa, ¿experimentaron otras dificultades o restricciones?
En el trabajo con los medios también encontramos dificultades. Cuando salió el fallo del CIADI, los medios de comunicación conservadores no le dieron suficiente cobertura, por lo que la población no llegó a dimensionar la importancia del tema. De hecho en el exterior tuvo una repercusión mucho mayor que en el país. Lo mismo ocurrió con la aprobación de la ley: aunque la cobertura esta vez fue mayor, el tema se perdió un poco entre los otros temas –sobre todo la inseguridad y la delincuencia- mucho más enfatizados por la cobertura diaria.

Además, como tenía dinero, cuando la ley avanzó en la Asamblea Legislativa la empresa empezó a publicar comunicaciones en los periódicos de mayor circulación, en páginas completas a color. Para ello manipuló la imagen del Papa Francisco y de miembros de algunos gobiernos de países con minería, y llevaba a su “expertos” para presentar “evidencia” de que la minería no genera perjuicios a la salud humana. Eran espacios pagados pero aparecían como noticias.

En cambio, cuando nosotros queríamos publicar comunicados contra la minería –pagando las tarifas vigentes, por supuesto- nos ponían obstáculos e incluso nos censuraban. Nos pedían que enviáramos los comunicados con anticipación para que el editor jefe los revisara y nos advertían que se reservaban el derecho de publicarlos o no. Con uno de los últimos pretendieron que pagáramos el derecho de respuesta que el periódico le iba a otorgar a la empresa minera, que se se había considerado agraviada por nuestra publicación. Yo soy abogado, conozco la ley y les explicaba con paciencia que no teníamos la obligación de pagar nada. Pero así funcionan los medios de comunicación.

Además, las personas que hacían trabajo comunitario y actuaban en el terreno fueron muchas veces amenazadas e intimidadas. Los integrantes de Radio Victoria, una radio comunitaria del municipio del mismo nombre en Cabañas, que tuvo un rol fundamental, recibieron amenazas por este y por otros temas. Les tiraban anónimos debajo de las puertas, les hacían llamadas para amedrentarlos, incluso al aire cuando estaban transmitiendo, y algunos tuvieron que salir del país. A eso se sumaban las expresiones hostiles de funcionarios públicos de gobiernos locales y la negligencia de algunos jefes policiales o de la fiscalía de la localidad a la hora de investigar.

A lo largo de los años el movimiento acumuló varios muertos. En 2008 desapareció Marcelo Rivera, y tras una fuerte búsqueda su cuerpo fue encontrado en un pozo, con las manos amarradas en la espalda con alambre y con señales de haber sido torturado. Los siguientes cuatro asesinatos en la zona ocurrieron entre marzo y diciembre de 2009, en el cantón Trinidad, de Sensuntepeque. Dos pertenecían a la familia Menjívar y dos a la familia Rivera. Otros dirigentes sufrieron atentados pero sobrevivieron. En general hubo poca investigación y se manejó la hipótesis de que las muertes habían sido obra de pandilleros o delincuentes comunes, pero nosotros siempre sostuvimos que estaban conectadas con el trabajo de oposición a la minería metálica en Cabañas, y que eran el producto de la ruptura del tejido social y de la convivencia pacífica resultante de la intervención de la empresa en las comunidades. Con todo, la lucha continuó.

Ya desde la aprobación de la ley la persecución contra los compañeros de la Mesa en el territorio ha disminuido, y no hemos vuelto a recibir amenazas.

5. ¿Cambia la agenda del movimiento tras la aprobación de esta ley? ¿Se disuelve la Mesa, o consideran que aún les queda trabajo por hacer?
Nuestro objetivo todavía no está cumplido; no debemos dormirnos en los laureles. La empresa aún no ha hecho nada: no ha pagado los 8 millones de dólares, mantiene la Fundación El Dorado y va a conservar sus trabajadores hasta agosto, y además ha creado otras filiales internas más pequeñas que son las que dan la cara internamente. Creemos que es incluso posible que presente una demanda de inconstitucionalidad de la ley, y tenemos que estar preparados para ello. De hecho nos parece curioso que la empresa no haya cerrado sus operaciones de manera inmediata, dada la contundencia de la ley en su prohibición de la minería metálica en el país, y por eso pensamos que deben estar preparando acciones legales.

Por otra parte, vamos a exigir al Ejecutivo que elabore los reglamentos necesarios –procedimientos e institucionalidad dentro de los ministerios de Medio Ambiente y de Economía- para dar cumplimiento a la nueva ley. Por ejemplo, la ley contempla la necesidad de buscar medios de vida alternativos para los mineros artesanales –que en verdad son muy pocos, se estima que poco más de trescientos- de modo que es importante que se elabore una política en ese sentido. Este es un proceso de debe regularse para que nadie obtenga un beneficio indebido: de hecho hemos reclamado en lo inmediato un censo de mineros artesanales para regular la actividad, que de hecho también es nociva para el medio ambiente e insegura para los propios mineros.

Por último, seguimos trabajando en el terreno porque tenemos la convicción de que las comunidades locales han sido las protagonistas de este proceso, y por lo tanto deben conocer y comprender el fruto de su trabajo. Deben conocer el texto de la ley, que aunque es breve contiene términos técnicos y jurídicos que no la hacen inmediatamente comprensible para la población. De modo que la estamos llevando a las comunidades, donde hacemos reflexiones populares sobre la ley. Nuestro trabajo comunitario busca lograr que las comunidades se conviertan en defensoras de un derecho ganado.

6. ¿Cuán conectada está la sociedad civil de El Salvador con sus contrapartes en otras partes del mundo? ¿Han recibido solidaridad y apoyo desde el exterior?
El escaso financiamiento de que dispone la Mesa procede mayormente de la cooperación internacional, y nuestros esfuerzos recibieron el apoyo solidario de la comunidad internacional. Hacia 2007 se formó una coalición internacional denominada Aliados Internacionales contra la Minería en El Salvador, con integrantes sobre todo en los Estados Unidos, pero también en otros países, que apoyó a la Mesa Nacional y a las comunidades afectadas por proyectos mineros con acciones de lobby, de presión para que se aprobara la ley, de denuncia de los impactos de la actividad minera y de los tratados de inversiones que permiten a las empresas operar sin restricciones, y con reclamos de imparcialidad en el CIADI, entre otras acciones.
‬Fuente:http://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/2859-victoria-de-la-sociedad-civil-de-el-salvador-entra-en-vigor-la-ley-que-prohibe-la-mineria-metalica