Para los ambientalistas, los trabajos de minería ejecutados por las grandes empresas afectarán al páramo en su totalidad, sin importar si limita o no con este ecosistema.

Aunque las empresas mineras ubicadas cerca al Páramo de Santurbán han manifestado que los proyectos están diseñados para generar un menor impacto al ecosistema, para Gonzalo Peña Ortiz, especialista en Ingeniería Ambiental, esto no es cierto y terminará afectado completamente este lugar y el agua que surte a Bucaramanga y su área metropolitana.

“El daño es irreversible para el sistema paramuno, esto se presenta por el hecho de sacar millones de toneladas de material de sus entrañas para luego procesarlos. Es físicamente imposible que vuelva a ser lo mismo”, explica Peña Ortiz.

Para el ambientalista, los trabajos de minería que se realizarán en la provincia Soto Norte (Matanza, California, Vetas, Tona, Charta y Suratá) llevarán a que el páramo pierda sus funciones primordiales de reserva de agua: “en otras palabras el daño se producirá por la rotura y extracción de los materiales, independientemente de la tecnología que utilicen y de los compuestos empleados en la actividad minera”.

Ante estas afirmaciones, José Hernán Valencia, especialista en concesiones mineras de Minesa, señala que esta empresa “elabora un estudio de impacto ambiental, el cual contempla el análisis de todos los componentes técnicos, sociales y ambientales (flora, fauna, aire, suelo e hidrología, entre otros) con el fin de evaluar y determinar el escenario más apropiado desde la prevención y mitigación. En este sentido se están evaluando alternativas con criterios de eficiencia”.

Valencia destaca que en el proyecto minero no se usará cianuro ni mercurio, y se respetarán los límites del Páramo de Santurbán, así como “la cantidad y calidad del agua que abastece al acueducto de Bucaramanga y el fortalecimiento de la minería tradicional en Soto Norte”.

Pero el especialista en Ingeniería Ambiental insiste en que el hecho de que una empresa no utilice mercurio ni cianuro en su proceso no garantiza que el ecosistema se vaya a preservar en su estado natural: “el punto es la modificación, en forma irreversible, de todo el conjunto del páramo con la pérdida irreparable de sus funciones sistémicas. El problema se presentará cuando comiencen a mover esas cantidades de material; es ahí donde estamos diciendo que no necesitamos que nos dañen la vida, para que después los incrédulos admitan que tuvimos la razón”.

¿Más temblores?

Otro de los temas que preocupa a los ambientalistas es que los trabajos de minería incrementen la sismicidad en la región, ya que la explotación subterránea podría ocasionar repetidos movimientos telúricos, que incluso generarían un terremoto, advierte Gonzalo Peña Ortiz.

Al respecto, Hernán Valencia insiste en que no hay ninguna relación entre las condiciones propias de sismicidad de la zona con la operación que desarrollará Minesa en el área.

“El sismo es un fenómeno natural impredecible y atribuible a los movimientos tectónicos de placas de extensión regional, que pueden ocurrir en la corteza terrestre, a profundidades superiores a los 70 kilómetros y cuyos efectos sobre la superficie del terreno dependen, no sólo de la profundidad, sino de la intensidad del movimiento telúrico”, reitera el especialista en concesiones mineras de Minesa.

Los recursos por minería

Las mineras que están en Soto Norte han asegurado que los trabajos de procesamiento de los minerales no serán realizados dentro del páramo, para lo cual sacarán estos recursos en forma de concentrados polimetálicos.

No obstante, esto ha generado entre la ciudadanía algunos interrogantes sobre el efecto económico que esto tendría, por ejemplo: ¿Quién controlará la cantidad de oro que saldrá del país? ¿Qué otros metales se llevarán?

“Eso deja una incertidumbre en los recursos que el Estado realmente pueda recibir por concepto de regalías, que es de sólo el 3.2% para todo el país (por concepto de oro). Es importante anotar que parte de esas regalías las descuentan como gastos de responsabilidad social empresarial, es decir que en muchos casos están sustituyendo al Estado como lo que hicieron en California donde construyeron una placa huella. Es cierto que esa obra es un beneficio para la comunidad pero es el Gobierno Nacional quien debe hacerlo; además, hasta el último peso que invierten en esa actividad lo descuentan, es por eso que la Contraloría ha elaborado estudios donde se demuestra que por cada $100 que invierten, ellos (las empresas) reciben más. Es decir que estamos entregando todos nuestros recursos minerales y les estamos pagando para que lo hagan”, denuncia el ingeniero ambiental, Gonzalo Peña Ortiz.

Por su parte, Minesa, a través de su vicepresidente financiero, Andrés Calderón, sostiene que la Minera de Santander estima que el país recibirá alrededor de US$450 millones en regalías y US$1.7 mil millones en impuestos: “además generará desarrollo, Minesa será un dinamizador de la economía regional, con una inversión de más de US$1.600 millones en las compras locales y salarios durante el avance del Proyecto Soto Norte”.

Fuente:http://www.vanguardia.com/economia/local/402353-no-habra-mineria-limpia-ni-sostenible-ambientalistas

La minería ha rasgado la piel de nuestra capital, generando impactos ambientales, sociales y económicos, difíciles de mitigar. El Alcalde Enrique Peñalosa y el Concejo de Bogotá tienen en sus manos la posibilidad de eliminar esa actividad definitivamente con el nuevo POT, de lo contrarío, tendremos minería en una extensión equivalente a 17 parques Simón Bolívar.

Cuando se habla de gran minería en Colombia, posiblemente las primeras imágenes que nos llegan a la cabeza son las de departamentos como Cesar, la Guajira o Boyacá. Pero al ingresar a Bogotá por la Autopista Norte, la Autopista Sur o la vía al Llano, inmediatamente nos cambia esa percepción y evidenciamos, visualmente, los grandes impactos de esta actividad. Por lo tanto, hay que conocer al menos 4 aspectos en los que la actividad minera en Bogotá deja más impactos negativos que beneficios:

Impactos a las finanzas distritales: Entre el año 2000 y el 2012, Bogotá recibió 1.524 millones por concepto de regalías por minería, sin embargo,  a 2012, la Contraloría Distrital anunció que dicha actividad económica sumaba hasta ese momento un pasivo ambiental[1] por 37.000 millones de pesos. En el mismo sentido, entre el año 2000 y el 2016, el Distrito invirtió 15.624 millones en intervenciones de mitigación de riesgos en zonas de antiguas canteras que en muchos casos se encuentran ocupadas por desarrollo urbano y/o viviendas de estratos 1 y 2. El aspecto económico es entonces la primer evidencia de lo costosa que resulta dicha actividad económica para la ciudad.

Impactos a la atmósfera: Para quienes viven en las zonas aledañas a la extracción minera de Usme, Tunjuelito o Ciudad Bolívar, particularmente, es usual encontrar bastante polvo en ventanas o muebles de las casas, pero también es usual ver en las estadísticas distritales, que estas localidades son las que más reportan casos de Enfermedades Respiratorias Agudas. Y no es para menos, las emisiones sólidas tienen su origen en las propias actividades extractivas, su transformación y transporte, aunque no hay que dejar de lado los gases emitidos por la combustión de la maquinaria y las emisiones naturales durante el proceso de extracción. Además, hay que sumarle el ruido y las vibraciones que generan dicha actividad.

Impactos al suelo: Como mencioné al iniciar este artículo, los daños al paisaje son los más visibles de la actividad minera puesto que son los que todos pueden percibir sin mayor esfuerzo. Pero hay que precisar que los daños en este aspecto se basan en la desertificación y la modificación del relieve. Para el primer aspecto hay que recordar que el suelo de Bogotá es de interés ecológico nacional con destinación prioritariamente agro-forestal, tal y como lo señala la Ley 99 de 1993, sin embargo, la actividad minera ha intensificado la deforestación, erosión y pérdida de suelo fértil en los territorios expuestos. En el segundo aspecto, se genera gran desestabilización de laderas por las sobrecargas y/o excavaciones y por las alteraciones en el nivel freático.

Impactos al recurso hídrico: Quienes se han visto afectados por las inundaciones del Río Tunjuelo podrían culpar -en parte-, a las actividades de extracción minera, dado que generan acciones como la incorporación de partículas sólidas en el río, el aumento de la carga de fondo y el incremento en las tasas de sedimentación aguas abajo del río. Pero la minería también ha generado importantes alteraciones en la dinámica fluvial y en el régimen hidrogeológico de la cuenca.

Ahora bien, lo preocupante es que a 2016, según la Agencia Nacional Minera en Bogotá hay 40 títulos mineros que ocupan 2.781 hectáreas, hay 10 solicitudes de contratos de concesión por un total de 3.340 hectáreas y otras ocho solicitudes de legalización por un total de 816 hectáreas, lo que finalmente plantea un potencial minero en la capital del país de 6.937 hectáreas. Si se hace una comparación, se podría decir que en Bogotá se pretende explotar un territorio 17 veces más grande que el Parque Simón Bolívar.

También a 2016, según la Corporación Autónoma Regional y la Secretaría Distrital de Ambiente, existían 134 predios afectados por la extracción de materiales de construcción y arcilla, de estos, 102 están ubicados en el perímetro urbano de la ciudad. Del total de dichos predios, 98 son de carácter ilegal y no se ha logrado el cumplimiento de los Planes de Manejo, Recuperación y Restauración Ambiental, situación que incrementa los problemas ya expuestos.

Como ordenó la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-273 de 2016, son las autoridades regionales y municipales, las que podrán establecer zonas que queden transitoria o permanentemente excluidas de la minería, particularmente, mediante la aprobación y adopción de los Planes de Ordenamiento Territorial. Es así, como en este año, el Alcalde Enrique Peñalosa y el actual Concejo de Bogotá, tienen no solo la autonomía sino el deber de decirle NO MÁS a esta actividad en el Distrito y la de generar un plan de transición para los ciudadanos que dependen de esta actividad económica.

Alcalde, juéguesela por el ambiente en Bogotá.