Los Gigantes: prometen sanear la mina de uranio cerrada desde 1990
CÓRDOBA.- La mina de uranio a cielo abierto de Los Gigantes -a 30 kilómetros de Villa Carlos Paz- dejó de operar en 1990, pero nunca se realizó la remediación varias veces prometida y reclamada por los habitantes de la zona. Desde el Ministerio de Energía de la Nación insistieron en que las tareas se harán, pero no dieron fecha. Es casi seguro que no será este año porque la provincia se tomará al menos 90 días para analizar la iniciativa presentada por la administración nacional.
«La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) presentó a las autoridades provinciales involucradas la ingeniería de remediación para la primera etapa de gestión», respondieron desde Energía ante la consulta de LA NACION. La CNEA entregó la explotación de la mina a la empresa Sánchez Granel, que inició la extracción de uranio en 1982.
Tres años después hubo un desborde de los diques de cola (donde se acumulan los residuos) y el agua contaminada llegó al río San Antonio. Aunque las autoridades afirmaron que la «neutralización» fue «rápida», el episodio puso en alerta a la comunidad que
comenzó a reclamar por el impacto ambiental; con el tiempo se reconocieron nuevos problemas y, en 1990, cesó la explotación.
Fuentes de Minería de Córdoba explicaron que el proyecto de «evaluación» de remediación entró el 1° de junio después de que el presentado en octubre pasado fuera rechazado «porque no tenía los elementos de sustento necesarios». El nuevo será analizado por Minería, Medio Ambiente y Recursos Hídricos. «Tiene que ajustarse a la ley ambiental provincial. Después deberá haber una audiencia pública», anticiparon.
Salvo el área de dormitorios y los tachos donde estaba el ácido sulfúrico para la concentración del uranio, todo sigue igual en la mina abandonada. Los residuos generados durante la explotación se mantienen a cielo abierto. Desde Energía señalan que hay un programa de monitoreo ambiental de «agua superficial, subterránea, aire y radiológico», y que, además, la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) hace «monitoreos independientes».
Desde el Foro Social -creado en 2005 por exigencia del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF, trabaja en apoyo al Banco Mundial) para desembolsar los recursos del Programa de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio (Pramu) e integrado por diferentes ONG-, el geólogo Juan Carlos Paesani insiste ante este diario en que son «organismos internacionales independientes y reconocidos» los que deben hacer los controles. Rechaza que los instrumenten entidades que «tienen relación con la CNEA y no hay imparcialidad».
En el último documento del Foro Social (ahora ampliado a todo el país) se sostiene que la mina debe ser «remediada por la CNEA, que también deberá disponer su cierre definitivo y un programa de vigilancia», sometiendo todo el proceso a una evaluación de impacto ambiental y a una audiencia pública.
Respecto de la ausencia del Foro en las decisiones sobre la mina (la participación está exigida por el BIRF) hay cruce de versiones. Energía señala que en mayo de 2006 decidió «trabajar en forma independiente a la coordinación» de la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba, «por lo cual la CNEA quedó desvinculada en el funcionamiento del Foro».
Paesani insiste en que, ante cada requisitoria, les decían que fueran a Buenos Aires. «No tenemos presupuesto para hacerlo -continúa-. Nos constituimos por exigencia de las autoridades, pero nos terminamos enterando por los medios de lo que hacen.»
El peor temor de la comunidad es que se rompa el sistema de diques de retención, con lo que el agua desembocaría en los arroyos Cajón y Cambuche. «La CNEA nunca elaboró para los vecinos un plan ni prepararon a la gente para una eventual contingencia, pese a los accidentes y derrames de aguas alcalinas y ácidas que hubo», señala el Foro.
En abril pasado, autoridades provinciales y nacionales recorrieron el lugar; se renovaron las promesas de remediación. «El proyecto cumplirá todos los pasos indicados en la legislación ambiental y requeridos por las autoridades de aplicación; concluido ese proceso y con las autorizaciones pertinentes, se comenzarán las tareas de remediación», señalan desde Energía. Las obras -no se aclara cuáles- serán controladas por la provincia y la ARN.
Más polémica
La alerta de la comunidad creció cuando trascendió que la CNEA quiere trasladar 58.000 toneladas de residuos de la planta Dioxitek (produce dióxido de uranio) del barrio Alta Córdoba en la capital provincial a Los Gigantes para hacer una remediación general. Las autoridades provinciales ya expresaron que se oponen.
Ante esta consulta puntual, desde Energía indicaron: «Cuando la planta salga de servicio se procederá al desmantelamiento, plan que se está trabajando junto a las autoridades municipales y provinciales. Los residuos de Dioxitek son de baja actividad, por lo que pueden ser tratados en las instalaciones existentes de la CNEA a tal fin».
Por un acuerdo ante la Justicia, la planta está «en condiciones de operar de manera segura para la población y el ambiente certificada ante las autoridades competentes» a nivel local y nacional, indican desde el ministerio, pero advierten que no está trabajando «a la espera de la correspondiente autorización» que llegaría «en breve». Hoy el país importa mineral de uranio, insumo para la producción de dióxido.
Dioxitek estaba cerrada desde el 10 de noviembre cuando la Municipalidad de Córdoba la clausuró por violar la ordenanza de uso de suelo que prohíbe ese tipo de industrias en la ciudad. En esa fecha venció un acuerdo, firmado en 2012, con el entonces ministro Julio de Vido. Desde 1994 hay promesas de relocalizar la planta, que tiene sus residuos de radiación baja enterrados en un predio contiguo. El traslado sería a Formosa, donde se construye otra.
En esa provincia la comunidad quom que vive en la zona -pegada al límite con Paraguay- donde se levanta la planta se opone y pidió a la Corte Suprema que intervenga; Energía sostiene que se cumplieron «todas las instancias de aprobación e información exigidas por ley», y que se instrumentó un proceso «de consultas e intercambio de información con la población, que continúa abierto».
Fondos internacionales para obras
CÓRDOBA.- En 2008 el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento aprobó el préstamo de US$ 70 millones para financiar diferentes objetivos del Programa de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio que se hizo efectivo en 2010, cuando por decreto el Ejecutivo aprobó el convenio. Antes de aprobar el préstamo, se le entregaron a la CNEA, como organismo ejecutor, los Fondos de Preparación de Proyecto (PPF) para alistar la documentación.
El desembolso -que está en el orden del 97%- incluye trabajos de remediación del ex complejo fabril de Malargüe (Mendoza); el desarrollo de «opciones técnicas, ambientales y sociales» para la remediación de El Chichón (Alta Córdoba), Los Gigantes y «otros sitios» y la gestión de las iniciativas. En Energía explican que los procesos de adquisiciones relacionados con el préstamo son controlados por la Auditoría General de la Nación y el Banco Mundial.
Fuente:http://www.lanacion.com.ar/2039403-los-gigantes-prometen-sanear-la-mina-de-uranio-cerrada-desde-1990
El tema minero vuelve a instalarse en Jacobacci
El interés de una empresa argentina en el Proyecto Calcatreu vuelve a poner sobre el tapete de la explotación de la minería de primera categoría en Jacobacci y la región.
Hace meses Pan American Silver Corp. anunció un acuerdo con Patagonia Gold Plc a través de Patagonia Gold S.A., por el cual adquirirá una participación del 100% en el proyecto COSE, localizado en la provincia de Santa Cruz. La transacción está valuada en 15 millones de dólares. A esto hay que agregar que Patagonia Gold recibió la opción exclusiva para comprar el proyecto de oro y plata Calcatreu por parte de Minera Aquiline Argentina S.A., subsidiaria de Pan American Silver Corp.
Calcatreu es un depósito epitermal de baja sulfidización con mineralización de oro y plata, situado a unos 60 kilómetros al sur de Jacobacci. Si se decide su explotación, su puesta en marcha demandaría un par de años para saber si realmente es factible.
Actualmente técnicos de Patagonia Gold, realizan distintos trabajos de exploración para evaluar la factibilidad del proyecto Calcatreu y definir la compra en octubre.
Ayer, el intendente de Jacobacci, Carlos Toro (UCR), afirmó que tanto el gobierno nacional, como la provincia y el municipio de Jacobacci han mantenido contactos con directivos de la empresa minera interesada en adquirir Calcatreu.
Atentos a lo que suceda
“Estamos al tanto de estas negociaciones y atentos a lo que puede suceder. El tema se vuelve a instalar y debemos tomar conciencia, prepararnos y estudiar para poder afrontar esta discusión que se nos va a venir pronto, con la mayor responsabilidad posible y los fundamentos más sólidos para poder decidir que es lo que queremos como comunidad”, dijo el jefe comunal.
La discusión que se dio entre el 2003 y el 2005 ante la posible explotación del Proyecto Calcatreu, dividió a la comunidad jacobaccina, que tuvo su final con la aprobación en la Legislatura de Río Negro de la denominada “ley anti cianuro”. Esta ley fue derogada en 2011 cuando Carlos Soria asumió la gobernación de la provincia y el tema vuelve a instalarse en las calles jacobaccinas y en la región.
En este sentido, Toro adelantó que si bien hay una necesidad de trabajo muy importante en Jacobacci que puede cubrirse con la actividad minera, el municipio no se va a expedir hasta tanto el tema sea debatido en profundidad.
“Así como el ferrocarril, en su momento y ahora la ruta 23 han generado un impacto al medio ambiente con el desmonte y la voladura de los cerros, la minería también lo produce. Hoy se está confeccionando la nueva Carta Orgánica y este es un tema que nuestros convencionales incluirán con todos los elementos técnicos que sean necesarios”, agregó.
Recalcó que de tomar una postura afirmativa debe existir un acuerdo comunitario y se deben tener las garantías de que la explotación se realizará con una tecnología que genere el menor impacto posible sobre el medio ambiente.
La comunidad de Jacobacci virtualmente se dividió entre 2003 y 2005, cuando surgió la posibilidad de explotación del proyecto Calcatreu.
Fuente:http://www.rionegro.com.ar/sociedad/el-tema-minero-vuelve-a-instalarse-en-jacobacci-EN3096314
Señalan como evasoras fiscales a 12 mineras canadienses
Doce mineras canadienses fueron descubiertas por la Auditoría Superior de la Federación como presuntas evasoras fiscales; de éstas, cuatro aparecen en la lista de seis mineras que exigen al Sistema de Administración Tributaria el reembolso de 360 millones de dólares
El gobierno canadiense presiona para que el Sistema de Administración Tributaria (SAT), a cargo de Osvaldo Santín, reembolse más de 360 millones de dólares en impuestos a mineras de aquel país que operan en México. Por el contrario, de acuerdo con la lista de 59 registros federales de contribuyentes (RFC) que corresponden a presuntas evasoras fiscales, hay 12 filiales de compañías canadienses, de acuerdo con un reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Los RFC revelados en el Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2015, corresponden a: Agnico Eagle México, Agnico Sonora, Minas de Oro Nacional, Minera Real del Oro, Mina Bolañitos, Refinadora Plata Guanacevi, Obras Mineras y Tiros del Centro, Minera La Encantada, Minera El Pilón, First Majestic Plata, Compañía Minera Cuzcatlán, Minera Peñasquito, Plata Panamericana, Primero Empresa Minera, Minera Plata Adelante y Minera Meridian Minerales.
Estas son filiales de las canadienses: Agnico-Eagle Mines Limited, Alamos Gold, Argonaut Gold Inc., Endeavor, Engineering, Desing & Construction (EDC), First Majestic Silver Corporación, Fortuna Silver Mines, Goldcorp México, Pan American Silver Corp México, Primero, Southern Silver’s, Yamana Gold Inc.
Del listado de registros, el documento Recaudación y Aplicación de los Derechos Mineros. Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-06E00-02-0085 indica que corresponden a los “contribuyentes que cuentan con títulos de concesiones mineras que se identificaron como presuntos evasores, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que no realizaron el pago de los derechos especial, adicional o extraordinario de minería previstos en los artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos”.
Los deberes incumplidos
El artículo 268 de la Ley Federal de Derechos, se refiere a que los titulares de concesiones y asignaciones mineras que obtuvieron ingresos por la enajenación o venta de la actividad extractiva, deberán pagar una tasa del 7.5 por ciento sobre sus ingresos.
El artículo 269 de la Ley aplica para los titulares de concesiones que no ejecuten obras y trabajos de exploración y explotación durante dos años continuos. Éstos deberán aportar las cuotas señaladas en el artículo 263, fracción VI, de la Ley Federal de Derechos, por hectárea concesionada.
En tanto que el artículo 27 obliga a titulares de concesiones y asignaciones mineras que obtengan ingresos por la enajenación de oro, plata y platino a pagar el 0.5 por ciento.
Miguel Mijangos Leal, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), dice que el gobierno canadiense lleva varios años presionando a los gobiernos latinoamericanos en el tema minero. “Lo han hecho para modificar leyes que eviten la que dicen es una ‘doble’ tributación y ésta principalmente se realice en Canadá, dónde están inscritas la mayoría de las mineras del mundo, porque obtienen mejores condiciones económicas.
“La fuerte apertura del gobierno mexicano a la inversión extrajera, bajo la equivocada creencia que la inversión trae crecimiento económico nacional, es una de las causas para tener un marco legal laxo (y cuando digo marco legal me refiero a todas las leyes que involucran al sector), incluyendo por supuesto la tributaria”, dice.
Al cruce de la información divulgada por el SAT a un medio de comunicación y lo evidenciado por la Auditoría Superior de la Federación, se observa que de las 12 supuestas evasoras, cuatro de ellas se encuentran en la lista que exige el reembolso de impuestos a través de funcionarios de su país de origen.
Aquellas que se encuentran en ambas listas son Goldcorp, Alamos Gold, Agnico Eagle Mines y Endeavour Silver Corp. Las otras dos compañías apoyadas por las autoridades canadienses: McEwen y Torex Gold Resources.
Goldcorp, que reclama al gobierno mexicano 230 millones de dólares, aparece en el sitio 1461 de lista de Forbes como Las empresas públicas más grandes del mundo 2017, que analiza 2 mil firmas trasnacionales. La publicación también la sitúa en el espacio 285 de los mejores empleadores de Canadá.
BNaméricas, la comunidad de negocios en línea más grande en América Latina, indica que esta empresa tiene sus principales activos en Canadá con cuatro minas, y el mismo número en México, en Centroamérica y Sudamérica. Actualmente opera los proyectos Peñasquito, Los Filos, El Sauzal y Camino Rojo en México; Marlin en Guatemala; las minas Alumbrera y Cerro Negro en Argentina, y Pueblo Viejo en República Dominicana.
Alamos Gold, que tiene retenidos 26 millones de dólares, dice su información institucional, es productor intermedio de oro canadiense con producción en la mina Young-Davidson, en el norte de Ontario, Canadá, y las minas Mulatos y El Chanate en Sonora, México. “La Compañía tiene un perfil de crecimiento líder con proyectos de exploración y desarrollo en México, Turquía, Canadá y los Estados Unidos…”, dice su página oficial.
Agnico Eagle Mines, que requiere al SAT 18 millones de dólares, es una empresa canadiense de minería de oro que produce metales preciosos desde 1957, según su portal corporativo. Sus ocho minas están ubicadas en Canadá, Finlandia y México, con actividades de exploración y desarrollo en cada uno de estos países, así como en Estados Unidos y Suecia.
Endeavour Silver Corp, que pide la devolución de 15.6 millones de dólares, anunció que en 2016 El Cubo (la tercera mina más grande de la compañía) produjo 2 millones de onzas de plata y 21 mil 327 onzas de oro. “La producción de plata y oro superó las previsiones debido a un mayor rendimiento, parcialmente compensado por menores recuperaciones de oro”, indicó en su plataforma de internet.
McEwen tiene sus plantas productoras en el norte del país, denominadas El Gallo Gold y El Gallo Silver, ubicadas en Sinaloa, México. Además, explota minas en Argentina y Canadá. A esta empresa, el SAT le tiene pendientes de entregar 6.2 millones de pesos.
Torex es un productor de oro, con sede en Canadá, dedicado a la exploración, desarrollo y explotación de un área de 29 mil hectáreas en el “Cinturón de oro de Guerrero”, indica. Dentro de esta propiedad, Torex cuenta con la mina El Limón-Guajes, que comenzó la producción de oro en diciembre de 2015, y el Proyecto Media Luna, en una etapa avanzada de exploración. Se define como un “productor creciente de oro y plata en las Américas”, en su página de internet. El gobierno mexicano le tiene retenidos 66.5 millones de dólares.
“Como el gobierno mexicano ha enviado a la opinión pública el discurso de las bonanzas de la inversión como crecimiento, y el cual está amarrado a tratados comerciales que obliga a pagos de compensación si hay incumplimiento, ahora las empresas condicionan su inversión a cambio de obtener más preferencias que las que de por si obtienen en Canadá. Por ello, tratan por cualquier vía de abaratar, lo más que puedan, el costo de producción y el pago de impuestos y aranceles; prefieren menos sindicalizados y más empleados vía outsourcing, y así transfieren, evitan impuestos y ganan en renta. Por eso, les dan preferencias de cuotas en el pago de concesiones entre más superficie de tierra soliciten o, como sucede con el reciente impuesto (del 7.5 por ciento). Éste no tiene un mecanismo de supervisión transparente y permite la creación de lagunas legales que simplemente le evitan al fisco tener idea de cuánto sacó y vendió una empresa, para poder entonces tasar el impuesto real.
“En síntesis, es un juego entre las empresas y los gobiernos, y en este juego no hay negocio, ni nacionalidad ni ganancias… hay despojo y enriquecimiento de particulares y de políticos”, dice Mijangos Leal.
Goldcorp en la mira de Naciones Unidas
El respeto a los derechos humanos y ambientales también ha sido motivo de que funcionarios de organismos internacionales pongan su mirada en México, ya que el país es uno de los que más conflictos registra en América Latina.
En México, la principal productora de oro aparece entre los casos de violación a los derechos humanos que documentaron organizaciones defensoras, así como el Grupo de Trabajo de la ONU. También se le ha relacionado a dicha empresa con problemas fiscales en el país.
El Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) documentaron la “destrucción de la vida comunitaria y generación de daños a la salud y al ambiente en la comunidad de Carrizalillo”, en Guerrero.
En el informe México: Empresas y Derechos Humanos —compendio de información que presentan la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU—se documenta:
“La empresa, actuando con dolo, compró de forma ilegal tierras del ejido en propiedad comunal.
“Durante las acciones de protesta de la comunidad ha utilizado a todo el aparato de gobierno para amedrentar, amenazar e incluso desalojar a la población, cuando ésta ha establecido plantones o cierres de las operaciones mineras.
“Durante la construcción del proyecto, dinamitó un área con resquicios arqueológicos (pirámide y otros sitios de rezo), pertenecientes a la cultura balsas-mezcala. No respetó las leyes ambientales mexicanas, al destruir una porción de la región terrestre prioritaria denominada RTP#118 [Cañón del Zopilote, denominado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio)]. También destruyó una área protegida para aves migratorias IACA # 18 (Conabio).
“En su pileta de lixiviados se han reportado y detectado miles de muertes de aves que han sido ocultadas por la empresa. El proyecto minero ocupa el 90 por ciento de la microcuenca hidrológica, alterando y dañando toda la dinámica hídrica de la zona”.
México, atractivo para las mineras canadienses
El portafolios de Proyectos Mineros Operados por Compañías de Capital Extranjero —de la Coordinación General de Minería de la Secretaría de Economía— indica que en el país hay 803 con capital canadiense. También las hay de Argentina, Italia, India, Australia, Bélgica, Japón, Estados Unidos, China, Corea, Perú y España.
La Cámara Minera de México (Camimex) indica: “Antes de la aprobación de los nuevos derechos mineros, el sector estimó para los próximos seis años una inversión de 30 mil millones de dólares, y la generación de 100 mil nuevos empleos, lamentablemente la entrada en vigor de los nuevos derechos y los bajos precios de los metales, propiciaron que las inversiones se contrajeran y el empleo redujera su ritmo de crecimiento”.
“En el periodo 2013-2015 se han invertido 16 mil millones de dólares y se han creado 16 mil 357 nuevos empleos, lo que dista mucho de las proyecciones originales, ante la pérdida de competitividad”, dice la Camimex.
Fuente:http://www.remamx.org/2017/07/senalan-como-evasoras-fiscales-a-12-mineras-canadienses/
Casillas: la represión policial afectó a niños y discapacitados
“Acá cayó una bomba de esas”, dijo Mara Azucena Pozuelos Gómez, e indicó el lugar preciso del corredor de su casa donde cayó una bomba de gas lacrimógeno, a unos tres metros de donde estaban sentados. De ese lugar salieron de emergencia dos niños intoxicados por el gas que utilizó el sector de la policía el jueves 22 de junio.
Desde su corredor en Casillas, al lado de la carretera, a menos de 50 metros de la casa, se ve el campamento de la manifestación pacífica en resistencia contra la minería. La población en resistencia de Casillas y de los municipios vecinos de Santa Rosa y Jalapa están en pie de lucha desde el 7 de junio.
Desde entonces hay vía libre para el paso de todo vehículo menos los que llevan combustible, cemento, u otros materiales para la mina de El Escobal, ubicada a menos de 20 kilómetros de Casillas . Por los sismos y daños que provoca el movimiento, exigen que se cierre la mina y que se vaya la empresa Minera San Rafael, filial de la empresa matriz canadiense Tahoe Resources.
En la tarde del 22 de junio, llegaron más que 200 agentes de la policía y fuerzas especiales, relatan vecinos. Cuando tiraron gas lacrimógeno hacia la manifestación pacífica, la gente salió huyendo por varios lados, y la policía siguió tirando gases hacia las personas. Algunos huyeron hacia la casa de Pozuelos Gómez. Subieron ahí porque había una señora de edad avanzada y unos niños en malas condiciones de salud debido a la inhalación de gases lacrimógenos, relató Pozuelos el pasado 27 de junio
Pozuelos Gómez estaba durmiendo a su nieto de 10 meses de edad en un cuarto. La policía disparó gas lacrimógeno hacia su casa, y cuatro bombas cayeron en el patio. Aparte de esas cuatro, otra cayó en el corredor, y entró al cuarto donde estaba el bebé. “El bebé iba muy mal. Es el más pequeñito iba como muerto. Se había desmayado porque no alcanzaba ya la respiración”. Su esposo llevó al bebé de emergencia a un sanatorio en Nueva Santa Rosa.
La intoxicación de su nieto fue más grave, y la semana después de los hechos del 22 de junio, sigue sin recuperarse completamente, han tenido que nebulizarlo con oxígeno e inyectarlo. La abuela y la madre siguen en contacto con el médico que los atendió para darle seguimiento al estado del bebé. “Quedó un poco mal de sus pulmoncitos, porque todavía hay que estarlo nebulizando porque tiene como mucho hervorcito que le quedó. Como inhaló mucho eso, dijo el doctor que poco a poco iba a ir sacando”, comentó Pozuelos.
El gas afectó también al hijo de 11 años de edad de Pozuelos: “Lo llevaron rápido al Centro de Salud para ponerle oxígeno, porque estaba ya morado de aquí”, señaló, e indicó la parte de la cara alrededor de los labios. “Él me nació con labio leporino, entonces él siempre tiene problemas para respirar”. Después lo tuvo que llevar también al sanatorio porque una mano se le había quedado tiesa y sin sensación.
Según informaron vecinos de Casillas, unos niños en una guardería al otro lado de la carretera también salieron afectados por la gas lacrimógeno, pero los impactos más graves los sufrieron el nieto e hijo de Pozuelos Gómez. Son los dos niños sobre los cuales circularon reportes falsos en las redes sociales de que habían fallecido debido a los gases.
La familia está muy preocupada, ya que temen pueda suceder otro incidente de represión con gas lacrimógeno o peor, y desde el 22 de junio, Pozuelos Gómez ha estado mandando a los cuatro niños a dormir en otro lado. Su hijo de 11 años quedó muy asustado, dijo.
Otros vecinos de Casillas también sufrieron por la represión policial que tuvo lugar el 22 de junio. La policía detuvo a tres participantes en la resistencia pacífica y otro vecino del lugar, y permanecieron detenidos durante varias horas en Nueva Santa Rosa hasta su liberación sin cargos.
Nacido en Casillas, Miguel Ángel Payeras Herrarte ha participado en la manifestación pacífica desde que inició la resistencia. Tiene problemas de vista, entonces no permanece allí en la noche, pero sí cada día. El jueves 22 de junio andaba con una silla eléctrica, pero no arrancó bien y permaneció en la zona del cruce de entrada hacia Casillas, donde tiraron bombas de gas lacrimógeno la policía. Es diabético, tiene una pierna amputada arriba de la rodilla, y ninguna sensación en la otra. Relató: “aquí dos policías me amenazaron, me dijeron, vos estás enfermo, y por qué estás en esta manifestación, entonces directamente les digo yo, pues, tengo que estar en esta manifestación porque yo estoy haciendo por los que vienen después, no por mi, sino que por los que vienen después, o sea los niños”.
En medio de la humazón, dos policías lo llevaron de un lado a otro en el sector, añadiendo que, “arrastrando me llevaban en la silla, pero en la silla llevaba yo donde uno pone el pie, y esta canilla como no la siento, entonces la llevaba debajo de donde pone uno el pie, y golpearon todo”, dijo.
La represión policial no detuvo la resistencia pacífica en Casillas. Cuando llegó la policía, solo estaban unas 50 personas en el sitio de la manifestación permanente, pero antes de que saliera la policía ya eran miles de manifestantes en el lugar, dijo Payeras Herrarte. A raíz de su indignación por la represión y por los rumores de niños fallecidos, llegaron rápido al sitio la población de Casillas e incluso de otros municipios y aldeas vecinos.
Payeras concluyó diciendo: “Que se cierre la mina. Por eso es que estamos aquí en esta manifestación pacífica, pero como al gobierno no le conviene eso, entonces nos manda la policía. Aquí estoy en esta resistencia, y como ya tengo medio cuerpo nomás no me importa la muerte. Un pueblo unido, la misma palabra dice que no será vencido”.
Fuente:http://www.prensacomunitaria.org/casillas-la-represion-policial-afecto-a-ninos-y-discapacitados/
Consulta popular en Pijao busca impedir actividad minera
El 9 de julio se llevará a cabo la consulta popular en el municipio de Pijao en el Quindío. Los promotores de la campaña, que busca impedir los procesos de extracción de metales en el municipio, esperan superar el umbral de 2,026 votos y así defender los recursos naturales del lugar emblema del eje cafetero.
Para Mónica Flórez, miembro del Comité Ecológico y la Fundación Pijao CittaSlow, “hemos recorrido todo el municipio, vereda por vereda para trabajar con las comunidades y que ellas comprendan la importancia de salir a votar en la consulta popular”.
Florez manifestó que buscarán que un tercio de las 6,055 personas habilitadas para votar en Pijao lo hagan respondiendo no a la pregunta “¿Está usted de acuerdo, si o no, en que en el municipio de Pijao, se lleven a cabo procesos de minería de metal?”
Flórez además manifestó que la Registraduría Nacional “hizo un recorte de 17 a 6 mesas de votación argumentando que la consulta es un derroche de dinero”. Sin embargo, ella destacó el entusiasmo general que hay en el municipio, desde las autoridades hasta los estudiantes, por el desarrollo de la consulta popular. “En conjunto con el grupo Marcha Carnaval de Quindío le estamos pidiendo a la gente que salga a votar temprano para que a pesar del recorte en las mesas logremos alcanzar el umbral”.
Adicionalmente, Pijao es un distrito minero que tiene hasta el momento 6 títulos mineros y 8 solicitudes mineras de oro, plata y Niquen de empresas relacionadas con Anglo Gold Ashanti. Ante esto Flórez aseguró que el Vice Ministro de Minas, Carlos Andrés Cante, “ha estado en Pijao planteando una campaña por el si en la consulta popular”.
Según ella, “no es gratuito que el Vice Ministro de minas venga, pues hay en cola solicitudes que necesitan del apoyo del Gobierno”.
Pijao es el primer lugar de Latinoamérica que hace parte de la red CittaSlow
La consulta popular en Pijao es especialmente importante debido a que este municipio hace parte de los 153 lugares en el mundo que pertenecen a la Red Internacional CittaSlow que significa “cuidad lenta” en italiano. Los miembros de esta Red se caracterizan por ser lugares que viven en comunión con la naturaleza, las tradiciones culturales y el patrimonio arquitectónico.
La preservación del entorno natural y la reactivación de las economías locales que se articulan alrededor de la familia, se verían fuertemente afectadas con la presencia de grandes empresas mineras. Estas afectarían el ritmo de vida desacelerado que hace parte del movimiento CittaSlow y pondrían en riesgo los ecosistemas de páramo, montaña y los afluentes hídricos.
Fuente:http://www.contagioradio.com/consulta-popular-pijao-articulo-43082/
Minería revive en Santurbán, el primer páramo delimitado
A menos de tres años de firmarse la delimitación del páramo de Santurbán, el primero de estos ecosistemas en tener una zona demarcada para la conservación, los incumplimientos de las promesas del Gobierno para reactivar la economía de una comunidad históricamente dedicada a la minería, le han abierto el camino a una empresa multinacional que va detrás de las aproximadas 9 millones de onzas de metales preciosos que albergan estas montañas.
Buscando alejarse de los fantasmas del fallido proyecto de la empresa canadiense Greystar, que volvieron a Santurbán el símbolo de la lucha ambientalista contra la minería expansiva, la Sociedad Minera de Santander, Minesa, propiedad del grupo árabe Mubadala, presentará antes de septiembre una solicitud para adelantar un proyecto de explotación por 25 años ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla.
Mubadala es una empresa que pertenece a la familia real saudí y adquirió los títulos mineros del empresario brasileño Eike Batista en 2015.
Sin embargo, para blindarse de resultados adversos en una eventual consulta popular, como las que ha tumbado los proyectos mineros en Cumaral y Cajamarca este año, la empresa ha puesto empeño en enviar el mensaje que su idea es la de desistir del uso del cianuro y el mercurio para la extracción de los minerales y en poner a las alcaldías de la zona (Vetas, Suratá, Matanza y California) de su lado.
Para lo primero, Minesa ha desplegado una vasta estrategia comunicativa en la que explican que su interés es extraer concentrados polimetálicos, un producto que no es definitivo ni puro como un lingote de oro y lejos de la línea de páramo. Este material se enviaría a otros países donde se culminaría el proceso de extracción del metal precioso.
En ese sentido, como no estarían realizando el proceso químico completo para tener el oro, pueden prescindir del uso del mercurio y el cianuro. O al menos esa es la idea.
Lo segundo ha sido más fácil, pues la situación económica de los municipios les ayuda.
Orlando Rodríguez, alcalde de Vetas y cabeza de la Asociación de Municipios del Páramo de Santurbán, manifestó que ni el proyecto de guardaparques, ni el pago por servicios ambientales, ni los proyectos productivos alternativos (principales promesas del Gobierno) se han cumplido.
La apuesta del Estado
Contrario a la opinión del alcalde, Luis Gilberto Murillo, ministro de Ambiente, indicó que los planes trazados por el Gobierno para no abandonar a agricultores y mineros de la zona incluyen el pago por servicios ambientales, la transformación de los cultivos de químicos a orgánicos; la promoción de la zona como destino turístico y el impulso a otras actividades productivas, como la cosecha de uvas.
El funcionario destacó que en diciembre informó que destinará 32.000 millones de regalías para impulsar la delimitación de todos los páramos.
Es de anotar que en mayo, la Cdmb y la empresa de la familia árabe firmaron un acuerdo de cooperación con el objeto de “proteger los recursos hídricos de las microcuencas de la región” que, además de la retórica a favor de la protección, incluyó $157 millones de la empresa para la corporación, con el fin de mejorar las plantas de tratamiento de aguas residuales de los municipios vecinos.
Respeto al ambiente
El alcalde Rodríguez insistió en que no están apoyando a Minesa “sino a una minería bien hecha y estamos trabajando para que nos dejen ejercerla, como siempre hemos hecho, respetando el ambiente”, recalcó.
Rodríguez recordó que la delimitación de Santurbán, que contempla 98.954 hectáreas de tierra (un 76% del total del ecosistema de páramo en donde no se puede desarrollar ninguna actividad productiva), dejó gran parte de la extensión de su municipio de brazos cruzados.
“Nos quedó solo un 21,5% de nuestro territorio sin la restricción de la delimitación. En estos momentos tenemos un porcentaje de desempleo del 82% en hombres y 92% en mujeres”.
Como “paciente cero” de la lucha contra la minería, en los municipios cercanos a Santurbán se desarrolló un feroz debate entre ambientalistas y las comunidades. Los primeros, en defensa de un ecosistema que genera agua para la región y los segundos, por su derecho a ejercer una tradición de más de tres siglos.
Ante la reanudación del debate, los movimientos contra la intervención del páramo advirtieron que los anuncios de cambio que propone Minesa no son más que cambiar espejos por oro.
“Una cosa es el proceso del mineral y productos que se extraigan del socavón y otra cosa es cómo vamos a perforar la montaña para sacar ese material. Los daños ambientales están en esa perforación enorme”, explicó Florentino Rodríguez, miembro del Movimiento por la Defensa del Páramo de Santurbán.
Agregó que esa perforación genera una alteración química que terminará por contaminar las aguas subterráneas que, en últimas desembocan en yacimientos naturales.
Asimismo, por la técnica que anuncia Minesa para desechar el uso de químicos, el uso del agua para la destilación del material sería descomunal.
A pesar de su exposición, Rodríguez dice ser consciente que la minería vencerá en una eventual consulta minera. “Ante el incumplimiento de las necesidades mínimas, los pueblos caen seducidos por la plata, aunque esas funciones de bienestar sean del Gobierno”.
Por ello, sin planes aún exactos, aseguró que buscarán la intervención desde el gobierno departamental y desde Bucaramanga para impedir esta minería, “después de todo, es el agua que nos tomamos y por eso, sí nos incumbe a todos”
Fuente:http://www.elcolombiano.com/colombia/mineria-en-paramo-de-santurban-LM6842926
Lenín Moreno se reúne con indígenas
El Gobierno del Ecuador, ha sido calificado como un hito, el encuentro que ha desarrollado la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), con Lenín Moreno.
El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, dijo llegar a este diálogo con las manos extendidas, otorgando ya 5 indultos a indígenas apresados por generar disturbios en diversas protestas, y con planes concretos para el campesinado y sector indígena.
Además ofreció devolver la educación intercultural a los pueblos indígenas, su sistema de transporte comunitario, y dio en comodato por 100 años las sedes de la Conaie, lo que fue reconocido por la dirigencia.
Parte de los programas en el campo será también la chatarrización de todas las herramientas campesinas, para modernizar los sistemas agrícolas.
El gobierno a cambio, espera el respaldo del movimiento indígena para fortalecer la minería a gran escala en el país, la Conaie ha pedido meses atrás, cuando confrontaba con el anterior gobierno, que se declare al Ecuador libre de minería. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el 7% de ecuatorianos corresponde a población indígena.
Esta ‘minga’ o trabajo comunitario propuesto por el presidente Lenín Moreno, arrancaría el próximo uno de agosto, con énfasis en los territorios campesinos e indígenas de todo el país.
Robinson Robles, Quito.
Fuente:http://www.hispantv.com/noticias/ecuador/346520/presidente-moreno-reunion-indigenas-conaie
La evolución del empleo minero y los conflictos por temas laborales
Un tema que no ha estado muy presente en los informes sobre el sector minero es el de la evolución del empleo minero y los conflictos por temas laborales. En una coyuntura en que se ha confirmado el inicio de una huelga nacional de la Federación Minera a partir del 19 de julio, es oportuno revisar algunas cifras.
Según información del propio Ministerio de Energía y Minas, actualmente 173,615 personas trabajan en el sector minero, de las cuales 60,915 (35%) tienen una relación laboral directa con las empresas mineras y 112,650 (65%) son contratistas.
Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, luego de alcanzar un pico en el número de trabajadores el año 2013 (214,122), la cifra cayó el año siguiente (27,513 puestos menos) y luego de una ligera recuperación volvió a retroceder en 2016 y se ha movido ligeramente en lo que va del año 2017.
Nueve regiones (Arequipa, La Libertad, Junín, Pasco, Lima, Cajamarca, Apurímac, Ancash, Moquegua) concentran el 75.95% del empleo directo en minería. En la zona sur del país está el 46.07% de la fuerza laboral minera; mientras que en el centro y en el norte, el 29.16% y el 24.77% respectivamente.
En los últimos años, las cifras en cuanto al número de huelgas y las horas-hombre perdidas, han ido fluctuando, pero en términos generales se puede afirmar que el sector minero no se ha caracterizado por paralizaciones crecientes en los últimos tiempos. El primer gráfico nos muestra una retrospectiva de largo plazo, en la que se puede apreciar en primer lugar, una caída importante en buena parte de la década del 90; luego un ligero repunte en el número de huelgas a mediados de la década pasada y, finalmente, un descenso importante en los dos últimos años.
En cuanto al número de horas-hombre perdidas, indicador que muestra con mayor precisión la intensidad y duración de las huelgas, en los últimos años se nota un descenso entre el 2008 y 2010, luego una reactivación el año 2011 y en el último año una caída significativa. Pese a ello, las estadísticas del Ministerio de Trabajo muestran que el sector de explotación de minas y canteras registró el mayor número de huelgas a nivel nacional el año pasado.
No se conocen estadísticas oficiales del número de huelgas en lo que va del presente año. Sin embargo, cabe notar que en los primeros meses se han producido paralizaciones en importantes empresas mineras: es el caso de la huelga en Cerro Verde, que duró 21 días en el mes de marzo y la de Southern que, durante dos semanas, paralizó las operaciones de Cuajone y Toquepala.
En la mayoría de casos, las demandas de los trabajadores han girado en torno a temas de seguridad laboral y/o exigencias económicas por el menor reparto de utilidades registrado en los últimos años como consecuencia de los menores precios de los minerales. Habrá que estar atentos a la evolución futura de la problemática laboral en la minería peruana.
Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/advanced-stuff/cooperaccion-informa/737-la-evolucion-del-empleo-minero-y-los-conflictos-por-temas-laborales
El derrame tóxico de la minera de Grupo México en el río Sonora continúa afectando a la población tres años después
La cifra de afectados por uno de los desastres ambientales más grandes registrados México, el vertido hace ya tres años de 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el río Sonora por parte de la empresa minera Buenavista –del Grupo México– no deja de ascender.
Actualmente, tal y como indica el diario mexicano ‘La Jornada’, el número de personas a las que se les ha detectado residuos tóxicos en sangre y orina ha ascendido de 360 a 381.
Según indica el citado medio, el responsable de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (Uveas), Lázaro Euardo Ávila, ha informado de que todas las personas son atendidas y monitoreadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a través de análisis de sangre y orina cada cuatro meses.
Y es que, según publica ‘La Jornada’, un estudio a cargo del Grupo Microanálisis –un laboratorio que realiza trabajos específicos para Eveas– los habitantes de lugares cercanos al río Sonora continúan consumiendo agua con altos niveles de plomo, arsénico y hierro.
Dicha situación llevó a que Grupo México, una vez ocurridos los hechos, se comprometiera a instalar un total de 27 plantas potabilizadoras, número que posteriormente reduciría a 9 y que, a día de hoy, no ha entregado ni instalado ninguna, rechazando asimismo que los niveles de residuos en los análisis se deban a la contaminación de la empresa.
“Esos niveles son muy bajos para atribuírselos a la mina, podría ser que en ese municipio (Banámichi) la causa sea la toma de red municipal, tanto por un daño en la tubería o por que están muy antiguas”, indicó a una entrevista al citado medio.
Fuente:http://www.notimerica.com/sociedad/noticia-derrame-toxico-minera-grupo-mexico-rio-sonora-continua-afectado-poblacion-tres-anos-despues-20170703151147.html