El espacio de articulación para la lucha Plataforma Contra el Arco Minero hace un llamado amplio a los diferentes sectores del movimiento ambientalista y a la ciudadania en general para participar el próximo sábado 22 de julio en la Asamblea Pública por el Día Mundial contra la Megamineria a realizarse en el Boulevard de Sábana Grande, a la altura de Plaza Venezuela.

Desde el año 2009, por iniciativa de activistas mexicanos y canadienses se celebran jornadas de lucha contra la minería a cielo abierto en varios países, principalmente de América Latina, como Perú, Ecuador, Argentina y México. A continuación reproducimos el comunicado con la convocatoria, la cual puede ser suscrito por organizaciones e individualidades para la convocatoria a través del correo [email protected].

22-J: ASAMBLEA PÚBLICA CONTRA EL ARCO MINERO Y EN DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES

El 24 de febrero de 2016 el gobierno nacional firmó el decreto N° 2248 para el desarrollo del proyecto «Arco Minero del Orinoco» (A.M.O), que contempla el seccionamiento del 12% del territorio nacional para la explotación minera por parte de 150 empresas transnacionales y nacionales. El gobierno argumenta que, ante la caída de los precios del petróleo, y la consecuente disminución de ingresos para el país, el proyecto antes mencionado se justifica como vía para la búsqueda inmediata de divisas y de mantener negocios y acuerdos con los organismos financieros internacionales. En este sentido Venezuela se suma a la dinámica de endeudamiento y entrega de territorio que suponen los proyectos mega-mineros llevados a cabo en países latinoamericanos durante los últimos 20 años. Se ignora además el efecto del pago de una deuda pública con componentes ilegítimos.

El decreto contempla todo un marco de violación de la Constitución y las Leyes Orgánicas de la República Bolivariana de Venezuela, así como de tratados internacionales a los que está adherido el país. El proyecto se empezó a ejecutar sin desarrollar los correspondientes estudios de impacto ambiental y socio-cultural, y progresivamente se han firmado concesiones en zonas determinadas del Arco Minero sin llevar a cabo el proceso de consulta previa a las comunidades indígenas de la zona, y sin respeto al derecho a la demarcación de tierras indígenas contemplado en la Carta Magna. Lo anterior se puede corroborar directamente en el contenido de los siguientes artículos constitucionales:

Art.119.- «… Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y en la ley.»

Art. 120.- «El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas…»

Art. 127.- «Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado… Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley.»

Art.128.- «El estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable que incluya la información, consulta y participación ciudadana…»

Art.129.- » Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impactos ambiental y sociocultural….»

Aunque el ejecutivo lo plantea como un plan para «diversificar la economía» y darle «salida» a la crisis actual, el proyecto supone en la práctica en una profundización del rentismo en el país. La actividad minera que realizan las empresas transnacionales en países suramericanos es sumamente expansiva y desastrosa. Se construyen minas gigantescas, que pueden llegar a tener una extensión de más de 1,5km de diámetro y más de 300m de profundidad, para procesar millones de toneladas de mineral sin ningún tipo de límites. Estas compañías se enriquecen aceleradamente y los pueblos quedan padeciendo la miseria, la degeneración social y la destrucción ambiental que deja dicha actividad. De fondo se plantea una diversificación del extractivismo en Venezuela que pone en total riesgo la reserva hídrica más importante del país y más del 70% de la electricidad generada en el país, generada por las represas hidroeléctricas ubicadas en la región de Guayana.

A poco más de 16 meses de haberse hecho el anuncio, se han firmado cartas de intención y acuerdos con transnacionales, muchas de las cuales tienen denuncias de violación de soberanía y derechos humanos, así como de responsabilidad en la ocurrencia de desastres ambientales. Entre esas corporaciones vale destacar a manera de ejemplo el caso de la Barrick Gold Corp. que actualmente afronta una demanda internacional por la contaminación de 7 ríos en San Juan, Argentina. Por otro lado, el proyecto del Arco Minero contempla todo un entramado de negocios ocultos en las que el estado está constituyendo empresas mixtas con transnacionales cuyos números de la bolsa estaban en estado crítico hace más de un año, como la Gold Reserve. Y tenemos el caso de las empresas «fantasmas» o de «maletín», como Faoz Corp. de la cual no se tiene registro de su actividad, su página web oficial es un cascarón vacío y su sede oficial en Caracas, que no posee ningún tipo de aviso o anuncio, no corresponde a una compañía que realice trabajos de minería.

De facto la zona A.M.O comprende un Estado dentro de otro Estado, al formar un entramado legal contrario al marco constitucional. En el proyecto se generan una serie de beneficios arancelarios y tributarios para las compañías mineras, llegando a disminuir o eliminar el cobro de impuestos como el IVA o el ISLR. Además, se cercenan derechos democráticos, políticos y sociales, como el derecho a la protesta y a la organización sindical (de acuerdo a lo establecido en el art. 25 del decreto), derecho a vivir en entornos saludables, entre otros; y el alto mando militar designado para la zona pasa a ser la máxima autoridad de la región, teniendo potestades ejecutivas a través del decreto, así como económicas a través de CAMINPEG, empresa militar constituida en 2016. De igual manera, las condiciones en las que se desenvuelve el AMO conforman unas instancias asociadas a la burocracia ambiental del país que tienen como mandato cubrir la formalidad del resguardo ambiental de la zona, y encubrir el inmenso daño ambiental con base en una supuesta «minería ecológica».

Al analizar las condiciones y consecuencias del AMO en el marco de una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente hecha por el Presidente de la República, con unas bases comiciales plagadas de vicios anti-democráticos y en el contexto de una serie de sucesos irregulares relacionados con el proceso de inscripción de candidaturas, resulta alarmante la intención de modificar la Carta Magna habida cuenta de las presiones ejercidas por las corporaciones transnacionales para desregular la actividad minera, la manera inconsulta e inconstitucional como fue aprobado el proyecto del Arco Minero del Orinoco y la creación de las denominadas Zonas Económicas Especiales, mediante la «Ley de regionalización integral para el desarrollo socio productivo de la patria», entra en plena contradicción con los artículos 119, 120, 127, 128, y 129 de la CRBV.

Es preocupante que las dirigencias políticas de los polos PSUV-MUD relegan del debate nacional el proyecto A.M.O como una cuestión secundaria, cuando debería tener prioridad en la búsqueda de alternativas al modelo rentista extractivista, y no su profundización. En el último año, ha quedado en evidencia discursos contradictorios de ambos. Los dirigentes del PSUV, que constantemente hablan de «Paz», «Respeto a la Constitución» y «Eco Socialismo» defienden un mega-proyecto capitalista, inconstitucional, entreguista, etnocida, ecocida y que se contrapone al quinto objetivo del Plan de la Patria, el cual es ley de la república desde el 2013 y que estos mismos aseguran defender. Por otro lado la MUD, cuya mayoría en la Asamblea Nacional rechazó unánimemente el plan megaminero en junio de 2016, queda en contradicción cuando Julio Borges, presidente del poder legislativo, aclara en una carta del 17 de Mayo de 2017 dirigida a los organizadores del «Latin America Down Under», que los contratos y acuerdos firmados con el actual gobierno quedan invalidados, pero que una vez cambie la situación nacional y «se restablezca la democracia en nuestro país, nuestras puertas estarán abiertas para recibir las inversiones, con la debida seguridad jurídica, que el país necesita para re-direccionarse a lo largo de un camino de progreso y desarrollo«.

Ante esta situación diferentes organizaciones, grupos e individualidades nos hemos dado a la tarea de hacer un llamado amplio a un gran Asamblea Pública de luchadores contra el Arco Minero del Orinoco, en defensa de la soberanía y de los derechos constitucionales. El año transcurrido desde la promulgación del decreto, nos muestra la imperiosa necesidad de generar un espacio de discusión de todos los sectores críticos de esta cruda realidad. El reto es el de incorporar a ambientalistas, luchadores sociales, líderes y activistas comunitarios, indígenas, trabajadores, profesionales, intelectuales, indígenas, luchadores sociales, dirigentes comunitarios, trabajadores y estudiantes, en espacios asamblearios de discusión y articulación de acciones, apoyándonos en los acuerdos y sin obviar las diferencias que puedan existir. Consideramos que ante la crisis, este espacio de discusión debe generar alternativas viables al rentismo extractivista, como el desarrollo de nuestros potenciales agroecológicos, turísticos, industriales y culturales así como el desarrollo de una política minera seria.

Lograr la derogación del decreto de creación del Arco Minero del Orinoco y defender nuestros derechos constitucionales, vinculados al tema ambiental, indígena y de soberanía nacional, constituye una tarea titánica y de largo aliento, que estamos dispuest@s a asumir. Creemos que con la organización y la movilización democrática y autónoma del pueblo venezolano podremos alcanzar ese objetivo. Por ello hacemos el llamado a este Encuentro de Luchadores entendido como un espacio amplio, democrático, diverso y plural para el debate nacional y la lucha contra los proyectos extractivistas que amenazan al conjunto de la vida en Venezuela y el resto del continente.

Fuente:https://www.aporrea.org/actualidad/n311648.html