Mexico

Gobierno y Grupo México eluden remediar ecocidio en Sonora: ONU

Autor: Cristina Gómez Lima, La Jornada.

El grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Empresas y Derechos Humanos, encabezada por Pavel Sulyandziga y Dante Pesce, acusó a Grupo México de ser arbitrario y no respetar normas ambientales ni laborales, y al gobierno federal de ser incapaz de hacer cumplir la ley por su urgencia de atraer inversiones.

En su informe más reciente, el grupo de trabajo determinó que la empresa propiedad de Germán Larrea Mota Velasco y las autoridades federales se acusan mutuamente para eludir la urgente remediación de los daños causados por el derrame tóxico de la mina Buenavista del Cobre al río Sonora, ocurrido el 6 de agosto de 2014, que afectó a más de 22 mil personas.

Sulyandziga y Pesce afirmaron que solicitaron a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) interponer una querella contra la minera, pero la dependencia alegó que sólo podría asesorar o hacer recomendaciones.

El organismo señaló que el tanto el gobierno como las empresas violaron los derechos humanos al no vigilar el diseño y la ejecución de proyectos de gran escala y tampoco reparar los daños causados.

El Estado mexicano, sujeto a los intereses de empresas

El equipo de la ONU visitó Sonora en septiembre pasado, después de escuchar los argumentos de las partes involucradas. Se reunieron con los titulares de dependencias estatales y federales, directivos de Grupo México, organizaciones civiles y pobladores de la ribera del río Sonora.

Determinaron que ni el consorcio minero ni las autoridades federales están comprometidas para remediar los daños, a pesar de que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Profepa detectaron 55 irregularidades en las actividades de la empresa.

El Estado está sujeto a los intereses de las empresas. No se aplican políticas ni se cumplen compromisos de remediación, apuntaron en el informe.

Las violaciones a los derechos de los pobladores de las localidades cercanas al río Sonora, indicó el grupo de trabajo, consisten en la nula remediación, reparación y compensación por daños económicos y ambientales, así como en los problemas de salud causados por el derrame.

Recordó que, a fin de evitar demandas penales y administrativas, Grupo México se comprometió a instalar 28 plantas de tratamiento del agua con tecnología de filtración de metales pesados y a construir una clínica para tratar a los afectados, pero no ha cumplido.

Subrayó que las empresas están obligadas a respetar los derechos humanos, con independencia de la capacidad o voluntad de los estados.

Fuente:http://www.jornada.unam.mx/2017/07/26/estados/023n1est
Perú

Alto riesgo ambiental en 9 departamentos por 17 relaves mineros

Autor: Dionel Martinez Castillo , Cooperacción.

La emergencia generada por el fenómeno de “El Niño Costero” reavivó el debate sobre el alto riesgo de desastre[1] en el que se encuentra la ciudad de Lima, por el probable deslizamiento o colapso del relave minero “Triana”. Propiedad de la empresa minera australiana Nyrstar, este relave está ubicado en el kilómetro 93 de la Carretera Central en el sector conocido como cerro Tamboraque, a escasos metros del curso del río Rímac. De ocurrir un colapso, podría contaminar las fuentes de agua que abastecen a las plantas de tratamiento de Sedapal.

El pasado 4 de abril, Gestión publicó un artículo titulado “Lluvias ponen en riesgo de contaminación del agua por 18 relaves mineros en el país[2]” en el que, además de referirse a la situación de Tamboraque, se señala que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) había identificado 18 relaves mineros que representaban un potencial riesgo ambiental[3], debido a las lluvias torrenciales ocurridas en todo el país.

Fue a partir de este artículo y en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que se solicitó a OEFA la información espacial detallada (incluidas coordenadas geográficas) de los 18 relaves mineros citados en el diario Gestión. OEFA nos alcanzó la información requerida con la aclaración de que los relaves mineros identificados en situación de riesgo eran 17 y no 18 como lo había mencionado el diario Gestión, el cual posteriormente publicó una nota aclaratoria.

De la revisión previa de la información remitida por OEFA, se encontró que de los 17 depósitos de relaves[4] que presentan potencial riesgo ambiental, 16 están en operación y solo uno está en proceso de cierre o cerrado. Estos relaves pertenecen a 15 proyectos de propiedad de 12 compañías mineras. Entre los casos identificados están Buenaventura, que con sus minas Julcani y Orcopampa tiene tres de los 17 relaves; la compañía Antapaccay con la mina Tintaya que tiene dos relaves; la compañía Volcan con sus minas Carahuacra y Andaychagua que tiene dos; y la compañía minera Kolpa con la mina Huachocolpa Uno que tiene dos depósitos de relaves, que podrían generar un desastre ambiental.

Si analizamos la distribución espacial de los 17 puntos, vemos que están localizados en 13 distritos, pertenecientes a 11 provincias de 9 departamentos del Perú. Así mismo identificando su ubicación y contigüidad a quebradas y ríos, vemos que siete de estos relaves podrían contaminar las aguas del río Mantaro a través de sus afluentes. Asimismo, se observa la posibilidad de un desborde o colapso del relave Chinchán de la mina Casalpaca sobre la quebrada Yuraccocha (afluente del río Rímac), que podría significar un desastre mayúsculo en términos del abastecimiento de agua potable para gran parte de la población limeña (ver cuadro y mapa, para mayor detalle de otros casos).

Como sabemos, existen altas probabilidades de que en un contexto de variabilidad climática se vuelvan a repetir fenómenos de intensidad atípica, lo que podría convertir este riesgo ambiental en desastres con miles de afectados, pues la proximidad de estos 17 relaves a quebradas y ríos que son fuentes de agua de poblaciones urbanas y rurales es preocupante.

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[1] El riesgo es la posibilidad (o probabilidad) de perder aquello a lo que se atribuye importancia. Para un territorio es la posibilidad (o probabilidad) de perder los elementos esenciales (por ejemplo el agua potable en la ciudad de Lima) que permiten su funcionamiento y desarrollo (D’Ercole y Metzger, 2002).

[3] Según la Guía de Evaluación de Riesgos Ambientales de la Dirección de Calidad Ambiental (Ministerio del Ambiente) publicada en el año 2011, el riesgo ambiental se define como “la probabilidad de que ocurra un efecto adverso como resultado de la exposición a contaminantes. Para que exista riesgo deben conjugarse el peligro y la exposición a dicho peligro. Los individuos o grupos de individuos expuestos se denominan receptores y pueden ser receptores humanos, animales y plantas, ecosistemas o receptores ambientales a proteger (por ejemplo: acuíferos o cuerpos de agua superficial)”.

[4] En el procesamiento de la información espacial se identificó que, de los 17 relaves mineros remitidos por OEFA; los depósitos de relaves Santa Catalina del proyecto minero Quiruvilca, N° 9 del proyecto minero Julcani y un relave del proyecto minero Cerro Verde, tenían coordenadas de ubicación espacial erradas, por lo que se procedió a su georefenciación de manera referencial con ayuda de la base de datos de unidades mineras en exploración y explotación del Ministerio de Energía y Minas. Así mismo, debido a que OEFA, envió las coordenadas de ubicación de relaves en diferentes sistemas, se hizo la conversión al sistema de coordenadas Universal Transversal de Mercator (UTM).

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/advanced-stuff/cooperaccion-informa/740-alto-riesgo-ambiental-en-9-departamentos-por-17-relaves-mineros

Perú

PPK: un año desmantelando políticas ambientales

Autor: Prensa Cooperacción

Al cumplir sus primeros 12 meses como presidente constitucional, debemos reconocer que Pedro Pablo Kuczynski viene cumpliendo fielmente una de sus promesas: «no exagerar» en la normativa ambiental, «ser realistas» para atraer inversiones(1).

En efecto, durante este año el Gobierno ha retrocedido –aún más- en la tímida política ambiental que había construido el Estado peruano. El Ministerio del Ambiente ya no pretende convertirse en autoridad rectora, sino que ha sido relegado al papel de promover campañas informativas e impulsar algunos proyectos específicos. La errada concepción detrás de todo esto es que las políticas ambientales impactan negativamente en el crecimiento económico.

El Gobierno se ha comprado el discurso que los gremios empresariales han venido sosteniendo durante los últimos años, desde que el Estado empezó a impulsar algunas políticas de regulación y fiscalización ambiental. Según los voceros de las grandes empresas, la excesiva «tramitología» era la causa de una menor inversión en el sector minero y de la desaceleración de la economía. Frente a ello, la solución sería reducir los «trámites» –particularmente ambientales- y en general flexibilizar los reglamentos, las exigencias y la fiscalización a las empresas.

Es a partir de este enfoque que se deben entender las diversas decisiones que ha venido tomando la gestión de PPK en el último año. Entre los retrocesos socioambientales más saltantes se encuentran los siguientes:

  • ordenamiento territorial en el limbo: con su nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF), el Ministerio de Ambiente renuncia de manera ilegal a la función rectora en el proceso de Ordenamiento Territorial, contemplada en su ley de creación. Con ello, al no haberse aprobado ninguna norma que establezca cuál será el nuevo ente rector, este proceso -fundamental para ordenar las actividades, equipamiento, servicios, etc., en un territorio- ha quedado en el limbo legal.
  • propuesta de nuevo reglamento de exploración minera: El nuevo reglamento busca la simplificación administrativa y la reducción de trámites para la exploración minera, además en determinados proyectos de exploración se reduce la necesidad de estudios ambientales. Según el viceministro Labó, el objetivo de este reglamento es «revertir la caída de las inversiones». Como vemos, se trata de una norma ambiental que explícitamente tiene objetivos económicos.
  • los nuevos Estándares de Calidad Ambiental para Aire que –entre otros cambios- elevan el límite para dióxido de sulfuro en 12 veces (pasando de 20 a 250 ug/m3 al día). Pese a que muchos dijeron que este «sinceramiento» buscaba facilitar la venta del Complejo Metalúrgico de La Oroya, esta semana se conoció que la subasta del mismo ha fracasado por tercera vez. En realidad, de acuerdo a las propias declaraciones previas de PPK, esta norma buscaría captar inversiones para nuevas fundiciones y plantas de procesamiento de minerales.
  • aguas residuales: el DL 1285 reduce las exigencias y procedimientos para la aprobación del vertimiento de aguas residuales. Esta norma, leída en conjunto con los nuevos Estándares de Calidad Ambiental para Agua –que flexibilizan las exigencias parámetros microbiológicos y parasitológicos como los coliformes totales- buscaría facilitar la inversión en saneamiento.
  • reconstrucción sin cambios: tras el fenómeno meteorológico denominado «El Niño Costero», la creación de la Autoridad para la Reconstrucción excluyó al Ministerio de Ambiente, que como es evidente debería tener un rol clave para responder a amenazas climáticas. Esta Autoridad sí incluye a los ministerios económicos y productivos (Economía, Transportes, Agricultura y Vivienda). Además, deja fuera a los gobiernos locales y regionales y a la población que debería vigilar el proceso para evitar corrupción. Otro tema que ha quedado excluido es el ordenamiento territorial: si inicialmente creímos que la «reconstrucción con cambios» tenía que ver con la planificación territorial para reducir riesgos futuros, esta preocupación ha sido obviada. A lo sumo se ha contemplado la declaratoria de zonas de alto riesgo no mitigable, pero ello es algo completamente insuficiente pues también se debería identificar las zonas de riesgo mitigable y sobre ellas establecer las condiciones de uso. Algo que no está previsto por falta de una visión integral.
  • el MEF a cargo del Fondo Verde para el Clima: un cambio relevante ha sido la decisión de designar al MEF –en reemplazo del Minam- como nueva Autoridad Nacional Designada para mantener la relación con el Fondo Verde, principal fondo de Naciones Unidas para financiar proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático.
  • minería ilegal: los decretos 1293 y 1351 han debilitado la lucha contra la minería ilegal, abriendo la posibilidad de dejar en suspenso las sanciones para los infractores con el argumento de impulsar su formalización. Esto ha abierto una puerta falsa para que continúen operando mafias y sigan usando maquinarias de gran envergadura que causan daños irreparables al ecosistema.
  • Desde CooperAcción venimos sosteniendo que este enfoque es errado. La desaceleración económica no tiene que ver con las normas ambientales, sino con la variabilidad global de los precios de las materias primas y con decisiones de inversión de las propias empresas. De hecho, una encuesta recientemente difundida por el centro Wiñaq(2) muestra que los empresarios del sector consideran en un 66% que las causas principales del retraso en los proyectos mineros son «decisiones estratégicas de la casa matriz», «menores precios», «mayores costos» y «problemas con el mantenimiento», versus apenas 5% que menciona «trámites del gobierno nacional». Adicionalmente un 23% considera que la causa principal son «conflictos sociales», los mismos que en gran parte se producen por una inadecuada gestión ambiental y del territorio.
  • Relajar las normas traerá a la larga no solo mayores costos sociales y ambientales, sino también mayores costos económicos para la sociedad y para el Estado, pues los problemas que se generan en algún momento tendrán que resolverse y alguien debe responsabilizarse de ellos. Un aire de peor calidad, asociado a enfermedades que deberán ser tratadas por el sistema de salud, se traducirá en mayores gastos. Un agua de peor calidad costará más para ser potabilizada e igualmente puede ocasionar a la larga una serie de enfermedades. El crecimiento de nuestras ciudades y otros centros poblados sin planificación territorial hace que se deterioren las condiciones de vida e incrementan nuestra vulnerabilidad a múltiples amenazas, las cuales se pueden intensificar en un contexto de cambio climático. Ya en 2007 un informe del Banco Mundial estimaba en 3% del PBI los costos económicos de la degradación ambiental en el Perú. La incapacidad actual del Estado para afrontar la gravísima contaminación que sufren poblaciones como las de Simón Bolívar (Pasco), Espinar, La Oroya o Andoas nos muestra la dramática realidad de esta cifra.

    Para un desarrollo sostenible en el tiempo, el Gobierno debe dejar atrás este enfoque caduco que contrapone economía versus ambiente. Una inversión con visión de futuro debe ir de la mano con una autoridad ambiental fuerte y con capacidad para garantizar el bienestar de las personas y de los ecosistemas.

  • Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/744-ppk-un-ano-desmantelando-politicas-ambientales
Colombia

El “No” a la minería

Autor: María Laura Rojas, Semana Sostenible

Los proyectos minero energéticos no son únicamente un porcentaje importante del PIB, son también una actividad económica con una redistribución deficiente de la riqueza y con impactos negativos sobre la salud y el medioambiente.

Desde 2016 la Corte Constitucional permitió que las comunidades locales se pronunciaran por vía de participación directa, sobre la implementación de proyectos mineros. Hasta ahora se han realizado siete consultas en las que el “No” a los proyectos mineros ha ganado con una mayoría abrumadora. En todos los casos más del 90 por ciento, y en ocasiones cerca al 100 por ciento de los votantes han dicho no a la implementación de este tipo de proyectos, una respuesta contundente que poco se ve en las decisiones sometidas a votación en el país.

Tanto la sentencia como las consultas que se han realizado hasta ahora, y las que están programadas, han generado preocupación y debate en varios sentidos. Se discute sobre el alcance de la autonomía regional respecto de las competencias del gobierno nacional en cuanto al uso del subsuelo y los recursos naturales; se debate la pertinencia de someter este tipo de decisiones con impacto macroeconómico a procesos de participación directa; algunos cuestionan la forma en que se han llevado a cabo las consultas, la formulación de las preguntas y la manera en que se han insertado o no en los procesos formales establecidos para la formulación e implementación de estos proyectos; muchos temen la incertidumbre jurídica que pueden generar y sus consecuentes efectos sobre la inversión extranjera en Colombia.

También se ha invocado el posconflicto en muchos de los argumentos en contra de las consultas, afirmando que es un proceso que requerirá de recursos millonarios que de no provenir del sector minero energético en buena medida no estarán disponibles. Pero en Colombia nos pasa que caemos con facilidad en este tipo falsos dilemas que sobre simplifican y dividen en posiciones dicotómicas a los actores que están involucrados, y que tienen la posibilidad y la competencia para tomar acción. Las consultas son un mecanismo de participación fundamental y necesario en este tema que por fin empezamos a entender como intersectorial y determinante para el desarrollo en todas sus dimensiones.

os proyectos minero energéticos no son únicamente un porcentaje importante del PIB que financiaría el posconflicto. Son también una actividad económica con una redistribución deficientísima de la riqueza, con impactos negativos sobre la salud humana y el medioambiente, y que vale la pena repensar a la luz de la transición hacia las energías renovables que está ocurriendo a nivel mundial y que mal haría Colombia en ignorar.

Es decir, no se trata solo de si las grandes corporaciones tras los proyectos de inversión en el sector pierden o no con la decisión de la Corte y la de los habitantes de los municipios en las consultas, también es fundamental que las preguntas y la controversia que se ha generado se asuman desde una visión intersectorial de mediano y largo plazo, coherente con la necesidad de una institucionalidad fuerte en las regiones, y una planeación adecuada que entienda que esta actividad económica tiene efectos significativos en la calidad y disponibilidad de los recursos naturales, incluyendo el agua, y el bienestar de las poblaciones.

Queda claro que hay voluntad por parte de los ciudadanos de participar en este tipo de decisiones, y que además hay una posición contundente respecto de los proyectos mineros. Como siempre el mayor reto está en l

a implementación, y la pregunta es si como sociedad sabremos tomar esta coyuntura, desarrollos jurídicos y participación ciudadana como una oportunidad de aproximarnos a la implementación con una mirada integral y coherente con el desarrollo sostenible, y de avanzar en la diversificación económica a la que están llamando los colombianos y la mayoría del mundo.

* María Laura Rojas es co-fundadora y co-directora de Transforma, organización creada para hacer realidad el desarrollo sostenible desde la investigación, la consultoría, la incidencia y el litigio estratégico. Abogada de la Universidad de los Andes. Durante los últimos cuatro años trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores como asesora para temas de cambio climático y más recientemente como Coordinadora de Asuntos Ambientales. Ha trabajado también en la oficina regional para Latinoamérica del Centro de Derechos Reproductivos.

**Sobre Antropoceno:

El planeta tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años. De todas las eras geológicas que se han sucedido desde entonces, el holoceno, que inició hace 11.700 de años, garantizó las condiciones perfectas para que prosperara la especie humana. Esas condiciones, sin embargo, están cambiando drásticamente desde hace 60 años. En un parpadear estamos entrando en una nueva era geológica: el “Antropoceno”, la era en que la civilización humana tiene impactos de escala planetaria, modelando toda la geología de la tierra. En este espacio compartimos opiniones e ideas relacionadas con la vida en esta nueva era de impactos planetarios.

Fuente:http://sostenibilidad.semana.com/opinion/articulo/no-a-la-mineria-por-maria-laura-rojas/38272

Argentina

CAUSA LOS PELAMBRES Fiscal de Estado: “No podían ignorar lo que ocurría en su territorio”

Autor: Tiempo de San Juan

Lo hizo el fiscal de Estado, Jorge Alvo, como querellante para que investiguen a los ejecutivos mineros del terreno que contaminaron los chilenos.

Los ejecutivos mineros del proyecto El Pachón serán investigados por la escombrera minera ilegal que montó la compañía chilena Los Pelambres en territorio argentino. Eso se debe a la ampliación de la denuncia que hizo el martes en la mañana en el Juzgado Federal el fiscal de Estado, Jorge Alvo.

Allí le pide al juez federal Leopoldo Rago Gallo que investigue a los ejecutivos mineros del territorio en el que está asentado el proyecto minero El Pachón, donde los chilenos montaron ilegalmente una escombrera.

Argentina

Alumbrera pidió a los proveedores que suspendan todos los servicios

Autor: El Ancasti
Conflicto Relacionado: La Alumbrera - Andalgala

La empresa también informó que comenzó el retiro de las personas que trabajan en el yacimiento. Minería asegura que están garantizados los puestos de trabajo.

Tal como estaba previsto, el lunes llegó a la empresa Minera Alumbrera y a la Secretaría de Minería la notificación formal de la Cámara Federal de Tucumán por la que se ordena suspender la actividad en Bajo La Alumbrera y Bajo El Durazno. Ese mismo día, la empresa envió una notificación a los proveedores en la que comunica que por situaciones de fuerza mayor se encuentra imposibilitada de cumplir las obligaciones emergentes del contrato. En ese contexto solicita que se suspenda la prestación de los servicios previstos en el contrato. Además, presentó ante la Secretaría de Minería el plan para la suspensión de la actividad.

La empresa argumenta que la medida tiene su fundamento en el fallo de la Cámara Federal, que fue emitido el pasado 10 de julio y notificado el lunes pasado. “Solicitamos tenga a bien suspender la prestación de los servicios previstos en el contrato y programar la bajada del personal que se encuentre en las instalaciones de los yacimientos”, indica la misiva y en ese marco informa que se los mantendrá al tanto de la evolución de la situación.

Ayer, Minera Alumbrera elevó a la Secretaría de Estado de Minería el “Plan de detención segura de operaciones” de la empresa, en cumplimiento a lo dispuesto por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, que ordena la paralización temporaria de las tareas en los yacimientos Bajo La Alumbrera y Bajo El Durazno.

En la nota que dirigió la empresa al organismo minero se consigna que la notificación de la sentencia se realizó el lunes 24, una vez levantada la feria judicial y que ese mismo día, en cumplimiento a la medida judicial dispuesta, “se retiraron 145 personas del sitio por la falta de tareas, entre personal propio y contratistas”. Y se adelanta que “al último día de detención, programada para el 27 a la medianoche, se retirarán 1.180 personas por falta de tareas”.

Ante esta notificación, desde la Secretaría de Minería se arbitraron las medidas necesarias para que personal de Policía Minera y de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera monitoreen las medidas adoptadas por la minera.

Por otra parte, la autoridad minera provincial recibió de la empresa la garantía de que los trabajadores continuarán hasta tanto se resuelva el pleito judicial. La Secretaría pide ser parte de las pericias solicitadas por la Justicia.

Además, el secretario de Minería, Rodolfo Micone, se reunió con las nuevas autoridades de la CGT Catamarca, Roberto González y Leonardo Burgos, a los fines de informar sobre la situación de los empleados de Minera Alumbrera y brindar una pantallazo general de la medida cautelar dispuesta por la Justicia. La reunión se hizo por pedido de los gremialistas, preocupados por el alcance de la medida judicial.

En el encuentro, la autoridad minera provincial informó sobre el seguro ambiental, las pericias requeridas por la Justicia y la situación laboral de los empleados afirmando que Alumbrera “va a hablar con los sindicatos para llevar tranquilidad de que ninguno de los empleados va a ser despedido y el sueldo está asegurado”.

Y también dejó en claro que tanto desde la Provincia, como del Estado nacional, a través del SEGEMAR, “se vienen haciendo monitoreos y auditorías ambientales quincenales, trimestrales y semestrales, de acuerdo a normativas vigentes y con laboratorios certificados, con cruce de muestras”, a modo de control ambiental y el impacto de la actividad.

Finalmente establecieron conformar una comisión conjunta integrada por el Estado (Secretaría de Minería, Ministerio de Gobierno y Justicia; Asuntos Municipales y la Dirección de Trabajo) y la CGT para monitorear esta situación y comenzar a trabajar puntos comunes para otros proyectos mineros.

Mera: «Parece que YMAD estaba viendo otro canal»

El senador Dalmacio Mera tuvo duras críticas por el rol pasivo que asumió la empresa YMAD como socia de Minera Alumbrera, dueña del yacimiento y codemandada en la causa.

«Parece que YMAD estaba viendo otro canal, se han sorprendido con un fallo que nadie que tenga un mínimo de ejercicio judicial desconoce. Se entera de un fallo por los diarios cuando en sus obligaciones está la de tramitar una causa, la de conversar con la Justicia, la de conversar con la otra parte; todo eso lleva la tarea de un abogado, no solo ir y presentar un escrito y enterarse por los diarios», dijo en declaraciones a Radio Valle Viejo.

«Éste no era un fallo para estar descansando, durmiendo la siesta, a ver qué es lo que pasaba y cómo terminaba. Evidentemente por las consecuencias y las declaraciones que yo he visto desde el día que hemos tenido este fallo, YMAD está en otra sintonía. No he escuchado, como socia que es y como codemandada en la causa, a ningún actor plantear qué hizo y cómo defendió el derecho de Catamarca y de los catamarqueños».

Por otra parte, Mera cuestionó el tribunal que se conformó y que estuvo integrado por Marina J. Cossio, Raúl Daniel Bejas y Guillermo Daniel Molinari. Los dos últimos se integraron por la excusación presentada por Ricardo Sanjuan y Ernesto Wayar. En este sentido, Mera cuestionó la decisión de parar la actividad con un tribunal integrado por jueces subrogantes y aludió al caso de Molinari, quien está a cargo del Juzgado Federal de Santiago del Estero. «Es de una provincia que nos ha recriminado mucho por los desechos al río que después llegan a Santiago del Estero. Es todo muy extraño, por eso queremos tener una versión oficial», dijo.

Fuente:http://www.elancasti.com.ar/politica-economia/2017/7/26/alumbrera-pidio-proveedores-suspendan-todos-servicios-342118.html

Ecuador

Mayor minera mundial acelera exploración de cobre en Ecuador

Autor: Gestión

El valor del sector minero de Ecuador podría ascender de US$ 1,100 millones este año a US$ 7,900 millones para 2021 a medida que llegan grandes empresas, según el informe BMI Research de Fitch Group.

Bloomberg.- BHP Billiton, la mayor minera mundial, abrió una oficina y está tratando de sumar personal en Ecuador a medida que avanza en la búsqueda de cobre en un país que se está convirtiendo en la zona neurálgica de exploración del sector.

Cerro Quebrado, la unidad local de BHP, con sede en Melbourne, invertirá cerca de US$ 82 millones en exploración, habiendo establecido una base en la capital, Quito, y publicó anuncios para trabajadores, entre ellos un geólogo con experiencia.

El valor del sector minero de Ecuador podría ascender de US$ 1,100 millones este año a US$ 7,900 millones para 2021 a medida que llegan grandes empresas, según el informe BMI Research de Fitch Group.

BHP se suma a competidores australianos como Hancock Prospecting Pty de Gina Rinehart, Fortescue Metals Group Ltd. y Newcrest Mining en el establecimiento de oficinas o la adición de licencias de exploración en la nación, según Rodrigo Izurieta, presidente de la Cámara de Minería del Ecuador.

Las compañías mineras se sienten atraídas por las expectativas de que el país tenga importantes depósitos de cobre y oro no descubiertos, y las garantías de que el recién instalado presidente Lenin Moreno continuará los esfuerzos para atraer la inversión, dijo.

“No hay duda de que el interés está aumentando, tanto que podemos hablar de una nueva fase para la minería en Ecuador”, dijo Izurieta por teléfono desde Quito. “Ecuador es una de las últimas fronteras mineras del mundo, pero está sub-explorada y subdesarrollada. Hay una gran oportunidad. “

Las compañías mineras están buscando nuevos yacimientos de cobre, ya que la producción disminuye en los proyectos existentes y se pronostica que la demanda del metal aumentará debido a las energías renovables, los vehículos eléctricos y la urbanización en los mercados emergentes.

Faltan proyectos desarrollados y se deteriora la calidad del mineral en minas envejecidas, dijo Oscar Landerretche, presidente de la mayor productora de cobre del mundo, Codelco, este mes en una entrevista.

“Está en marcha el establecimiento de una presencia en el país, incluyendo un espacio para oficinas y contratación local en Quito”, dijo BHP en un comunicado sobre su trabajo en Ecuador.

BHP avanzó 0.7% hasta US$ 24.56 dólares australianos en Sídney.

Ecuador había adjudicado 233 nuevas concesiones de exploración a finales de junio y las compañías se han comprometido a gastar alrededor de US$ 474 millones hasta 2021 en exploración, según el Ministerio de Minería.

Alrededor del 80% de las concesiones –que tienen un tamaño promedio de aproximadamente 4,000 hectáreas– han sido adjudicadas a compañías canadienses y australianas, dijo el ministerio en una presentación en marzo.

BHP invertirá más de US$ 82 millones en exploración inicial en cinco áreas ubicadas en la provincia de Imbabura, cerca de Sabaleta y Santa Teresa, dijo el ministro de Minería del Ecuador, Javier Córdova, en un mensaje.

Hancock Prospecting confirmó en un correo electrónico que ha alquilado oficinas en Ecuador, y Newcrest, la mayor productora de oro de Australia dijo en un correo electrónico que abrió una oficina de exploración.

Fortescue, una minera de hierro que se propone diversificar, también ha sumado una oficina y le fueron adjudicadas 32 áreas de exploración, dijo el máximo responsable, Nev Power, en un comunicado. “El compromiso formal con las comunidades locales está en marcha”, dijo Power.

Fuente:http://gestion.pe/empresas/mayor-minera-mundial-acelera-exploracion-cobre-ecuador-2196020

Internacional

A Donald Trump lo que le interesa de Afganistán no es el terrorismo, es la minería

Autor: Playground

Tras 16 años de guerra, EEUU lejos de irse del país lo que quiere es comenzar a explotar sus recursos valorados en un billón de dólares.

En 2001, tras los atentados del 11S, el presidente George Bush decidió atacar Afganistán y desalojar a los talibanes del país. Desde entonces, la guerra de Afganistán se ha convertido en uno de los conflictos más largos en los que se ha implicado nunca EEUU y ha visto pasar a 3 presidentes diferentes. Aunque en 2014 el presidente Obama la dio por terminada sin éxito, con la llegada al poder de  Donald Trump el conflicto se ha vuelto a recrudecer.

Desde que el republicano está en el Gobierno la actividad terrorista en Afganistán se ha intensificado, el Gobierno afgano ha perdido el control de al menos 10% del territorio, el ISIS ha entrado en escena y la seguridad en el país es inexistente. ¿Y Trump que ha hecho? El presidente de EEUU ha lanzado la madre de todas las bombas, ha incrementado las tropas y ha dejado la estrategia en Afganistán en manos de sus asesores militares.

Sin embargo, hay algo que puede dar un giro radical a la estrategia de Estados Unidos en Afganistán. Algo escondido en el subsuelo, a cientos de metros de profundidad.

Según informa The New York Times, la riqueza mineral de Afganistán podría contribuir a que Donald Trump quiera quedarse en Afganistán.

El republicano es un hombre de negocios y para él, acceder a las reservas mineras de Afganistán sería una victoria. Mientras que en los pasillos de la Casa Blanca el debate acerca de qué hacer en en país cada vez es mayor, varios de los asesores del presidente se han reunido con un ejecutivo químico para discutir el potencial de la minería en la zona, de acuerdo con The New York Times.

El interés de EEUU por las minas afganas no es nuevo. En 2010, un  informe del Departamento de Defensa de Estados Unidos valoró las reservas mineras de Afganistán en 1 billón de dólares. Además, en 2006 el gobierno de Bush mapeó los recursos minerales desde el aire y durante el Gobierno de Obama ya se intentó construir una industria minera en el país, tarea que fracasó estrepitosamente.

Aunque el país cuenta con grandes yacimientos de hierro, oro, cobre, cobalto y otros minerales, con potencial para contribuir significativamente a la economía afgana, la mayoría de minas activas en Afganistán no se encuentran reguladas ni controladas por el gobierno y se producen extracciones ilegales en zonas controladas por los talibanes, informa el Instituto para la paz de EEUU. Esta corrupción y los problemas de infraestructura y seguridad frenaron el proyecto de Obama pero no parecen importar en la administración Trump.

Para él, los minerales son los únicos atractivos de Afganistán y su explotación podría impulsar la economía afgana, generar puestos de trabajo para los estadounidenses y dotar a EEUU de poder en el mercado de minerales raros, una industria casi monopolizada por China.

Además, el republicano contaría con un aliado de excepción: el propio presidente Ghani. El afgano, que se resistió durante la era Obama al desarrollo minero en su país, parece haber cambiado de opinión con la llegada de Trump al poder. De hecho Ghani ya ha discutido con el presidente Trump sobre los depósitos mineros sugiriendo que es una gran posibilidad económina.

Sin embargo, los asesores consultados por The New York Times se muestran claros:

«Sería peligroso utilizar el potencial para la explotación de recursos como argumento principalpara el compromiso militar», dijo Laurel Miller, analista senior de RAND, que sirvió hasta el mes pasado como representante especial del Departamento de Estado para Afganistán y Pakistán. «Las barreras a la entrada son muy considerables, y ese tipo de argumento podría alimentar la sospecha sobre las verdaderas intenciones de Estados Unidos en Afganistán».

 Fuente:http://www.playgroundmag.net/noticias/actualidad/Donald_Trump-mineria-Afganistan_0_2017598233.html

Chile

Barrick da primeros pasos para reactivar Pascua-Lama como mina subterránea

Autor: Emol
Conflicto Relacionado: Pascua Lama-Barrick Gold
La gigante minera canadiense comenzó los trabajos con las comunidades de la Región de Atacama y entregó detalles del nuevo enfoque en Chile.
SANTIAGO.- La compañía canadiense Barrick reactivó a fines de junio su trabajo con las comunidades cercanas al proyecto Pascua-Lama en el lado chileno, reconociendo que el nuevo enfoque será el de una mina subterránea.
La gigante minera, que ha sufrido numerosos traspiés en su objetivo de concretar la mina binacional, no desiste y avanza en el trabajo temprano con las comunidades de la Región de Atacama, pese a que de reactivarse el proyecto sería secuencial, comenzando por el lado argentino.
Según detalla «El Mercurio», en una carta enviada a dirigentes sociales de la zona, la minera indica que están partiendo un proceso de profundización de relaciones con las comunidades «con el objetivo de actualizar la información social del proyecto, de cara a la elaboración de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental».
Aunque en algún momento se planteó la modificación del permiso obtenido, el nuevo camino sería partir desde cero, presentando un estudio nuevo, pero ratifican la decisión de que la explotación sea subterránea.
«Uno de los pilares del nuevo diseño es disminuir los impactos sociales y ambientales, por lo que la alternativa al proyecto actual es una mina subterránea», añade la misiva fechada el 20 de junio y firmada por la directora de relaciones comunitarias de Barrick Chile, Sandra Riquelme.

Colombia

Pequeños mineros quindianos atribuyen ilegalidad a constantes cambios en requisitos

Autor: Cronica del Quindio.com

Durante el foro Discusión de Mecanismos para la Regulación y Formalización de la Minería de Susbsistencia, Pequeña y Mediana del Departamento del Quindío, los trabajadores del sector manifestaron que el principal factor de la ilegalidad es el cambio constante de requisitos.
Luz Estela Ramírez Guevara, directora ejecutiva de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia, Conalminercol, explicó que las personas viven en un limbo pues a veces son legales y a veces no. 

“Cuando el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, existía, todos tenían carné, todos eran legales, pasamos al código de minas y dejamos de serlo. La gente no quiere hacer las cosas mal, el mismo Estado con toda la reglamentación que está sacando está generando ese conflicto”.

Agregó: “Hay mineros legales, los de ladrillo, los de arcilla también son mineros, son varias empresas las que hay acá que están viviendo el problema. Para la legalidad hay mucho ahogamiento, normas, exigencias técnicas y económicas, ellos tienen que cumplir con una cantidad de cosas y hay desconocimiento”.

Andrés Alexánder Torres Valero, minero de material de construcción, dijo que asistió al foro para hablar de la problemática que enfrentan. “En el río Santo Domingo nuestro conflicto es que el gobierno nos exige demasiadas cosas que nosotros no podemos cumplir. Somos mineros artesanales y trabajamos con cajones, ellos creen que tenemos maquinaria pero no tenemos nada de eso y lo que nos piden es demasiado para nuestros alcances económicos”.

Édier Castaño, arenero del río Santo Domingo, manifestó que constantemente la Policía ambiental los está sacando de su lugar de trabajo porque no son legales y ellos no saben cómo formalizarse.

El secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Quindío, Carlos Alberto Soto Rave, indicó que el foro lo realizó la administración departamental con el objetivo de atender las solicitudes de los pequeños mineros que advierten no estar formalizados.

“La idea es dejar claras las rutas para los mineros porque allí hay otra situación y es que todas las empresas que producen ladrillo a partir de toda esta nueva reglamentación están en la informalidad porque no logran cumplir con las nuevas normas”.
Compromisos adquiridos

Beatriz Elena Gallego Mejía, ingeniera de minas de la dirección de formalización minera del ministerio de Minas y Energía, indicó que tras el foro se comprometieron a trabajar articuladamente con las diferentes instituciones del departamento, especialmente con la gobernación del Quindío.

“La idea es que en el marco de la junta de formalización con la pequeña minería del departamento podamos llevar esas problemáticas, tratar de plantear soluciones y darle desde las ofertas institucionales nuestro apoyo y capacitaciones”.

Víctor Manuel Tabares Trujillo, funcionario de la vicepresidencia  de promoción y fomento de la Agencia Nacional de Minas, señaló: “La conclusión importante es que se dejó claridad de las herramientas que hoy tiene la autoridad minera para los procesos de formalización, legalización y de solución que tienen algunos titulares mineros. Ya a los mineros de susbsistencia les quedó claro en qué posiciones se encuentran y cuáles son los pasos a seguir para poder formalizarse como es debido y ser una organización más estructurada”.
50% de material de arrastre proviene de fuentes ilegales

Una de cada dos toneladas de materiales de agregados que se usan para la fabricación de concreto, asfalto, entre otros, provienen de fuentes ilegales, así lo informó Carlos Fernando Forero, director general de la  Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos de Colombia, Asogravas.

“De acuerdo con información que recogimos el año pasado, en Colombia se produjo 140 millones de toneladas de agregados y encontramos que un porcentaje muy grande proviene de fuentes de ilegalidad. Esto es el no pago de IVA y de regalías, sobrepeso que llevan de lo que permite la ley en el país y  los incumplimientos en las zonas mineras y ambientales que tienen por explotación”.

Dijo que para contrarrestar la situación, diferentes gremios han emprendido una campaña denominada Compra formal, construye legal, que busca concienciar a los compradores, lo que significa obtener materiales que provengan de fuentes formales.

“Nosotros, bajo nuestros estatutos, tenemos la obligación de promover la formalización y que exista competencia leal. Cuando alguien vende por debajo del precio porque no paga IVA o las regalías, es lo que tenemos que de alguna manera salir a denunciar y buscar mecanismos de control”, concluyó.