Chile

RIO TINTO y su insistente búsqueda de yacimientos a explotar en región de Arica y Parinacota

En nuestro país aún no existe una Ley de PAM (Pasivos Ambientales Mineros) ni norma de suelos. No obstante, Chile sigue mostrándose abierto a proyectos mineros de gran escala. Como éste! Río Tinto, uno de los principales grupos mineros del mundo, persiste en su deseo de operar una mina en Chile. Para ello, la compañía anglo-australiana solicitó permisos para iniciar una campaña de exploración con miras, si los estudios tienen “éxito”, a desarrollar una faena a gran escala.

Rio Tinto, uno de los principales grupos mineros del mundo, persiste en su deseo de operar una mina en Chile. Para ello, la compañía anglo-australiana solicitó permisos para iniciar una campaña de exploración con miras, si los estudios tienen éxito, a desarrollar una faena a gran escala.

La firma busca a nivel mundial yacimientos de tamaño relevante para poder explotarlos, y aunque en el pasado desarrolló programas de exploración sin mucho éxito, Rio Tinto continúa en su apuesta por nuestro país y espera recibir luz verde para un nuevo programa en Chile. Según una consulta al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la compañía espera realizar sondajes a 58 kilómetros de Arica, en un terreno ubicado a 2.100 metros de altura, en un proyecto denominado Palmani.

El proyecto, señala el documento presentado por Rio Tinto, “tiene por objetivo el descubrimiento y caracterización del potencial de una concentración de sustancias minerales, que eventualmente pudieren dar origen a un proyecto de desarrollo minero en el futuro”. Para eso, instalarán 10 plataformas de sondajes en los terrenos ubicados en Arica y, así, determinar el potencial de la zona.

Actualmente, Rio Tinto posee el 30% de la propiedad de Escondida, la mina de cobre más grande del mundo, pero no opera ningún yacimiento en Chile. Anteriormente, la firma ha desarrollado exploraciones en asociación con Codelco, pero hasta el momento no se han comunicado grandes avances.

Chile está dentro de las prioridades de la compañía en su búsqueda de proyectos desde cero, denominados como greenfield . “En los últimos años, Rio Tinto ha trasladado el énfasis de los gastos de exploración a proyectos en la OCDE y Perú en línea con el creciente enfoque en la exploración del cobre”, indica su último reporte anual.

También es una de las prioridades del grupo el desarrollo del cobre, por lo que las características geológicas de Chile calzarían con este objetivo. Según un reporte, la consultora SNL Metals & Mining, Rio Tinto fue la gran minera que más invirtió en exploración del metal rojo a nivel mundial, gastando US$ 151,6 millones.

Caída en exploración

Pese al repunte que han tenido las materias primas en los últimos meses, las grandes compañías siguen impulsando ahorros de costos, siendo la exploración uno de los ítems más afectados.

Es así como el año pasado en Chile el presupuesto en exploración minera bajó a US$443,4 millones, es decir, alrededor de US$172 millones menos que en 2015. A su vez, 2016 fue el cuarto año de caída consecutiva en los presupuestos.

Fuente: http://www.relaves.org/2017/07/12/rio-tinto-y-su-insistente-busqueda-de-yacimientos-a-explotar-en-region-de-arica-y-parinacota/

Mexico

Protestan contra mineras en Acacoyagua

COMUNICADO DEL FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO 20 DE JUNIO

Alertamos sobre las dos agresiones que sufrimos esta semana

Acacoyagua, Chiapas, México   A 4 de agosto del 2017.A los medios de comunicación de Chiapas y México, A la sociedad civil mexicana en general, A los defensores y las defensoras del territorio en México y el mundo,

Desde el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS), les alertamos sobre la creciente tensión social a la que nos estamos enfrentando en Acacoyagua, donde llevamos más de dos años luchando pacíficamente por la cancelación de las 21 concesiones mineras que existen en nuestro municipio y el de Escuintla.

Esta semana, tan solo entre el lunes 31 de julio y hoy viernes 4 de agosto, hemos sufrido dos agresiones por parte de un grupo de personas encabezadas por Julio Alfaro, ligado a la minera El

Puntal S.A. de C.V., propietaria de la mina de titanio “Casas Viejas”, a la cual nos oponemos firmamente.

Protestas

El 31 de julio, un grupo de 50 personas, encabezadas por Julio Alfaro, llegaron a nuestro campamento en el puente del río Jalapa, en el municipio de Acacoyagua, para intimidarnos y pedirnos que dejáramos pasar los camiones de la minera El Puntal hacia la mina “Casas Viejas”. Nosotros integrantes del FPDS somos defensores pacíficos, por lo que no caímos en la provocación y esperamos que se retiraran.

Recordamos que los habitantes de Acacoyagua (a la vez municipio y ejido), tenemos un acuerdo ejidal en el que prohibimos el paso de máquinas pesadas en los caminos ejidales y otro en el que prohibimos la actividad minera en nuestro territorio. Nadie puede oponerse a estas dos decisiones nuestras y estamos en nuestro derecho cuando tapamos el paso a los camiones de la minera El Puntal en la salida de la comunidad Jalapa, por donde buscan entrar a la mina.

Hoy, 4 de agosto, nos presentamos en frente del palacio municipal alrededor de 200 hombres y mujeres integrantes del FPDS para entregar un oficio al presidente municipal en el que le informábamos sobre esta primera agresión. A las 12:00 horas, una comisión del FPDS de 12 personas, acompañadas por un integrante del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C., pudo entrar y entregar dicho oficio, no al presidente municipal que se encontraba ausente, sino a su asesor jurídico. En el documento, le exigimos se haga responsable del respeto a nuestra integridad física y psicológica, puesta en riesgo por la agresividad de los mineros y la pasividad de la autoridades.

No a la mina, gritan en Acacouyagua

Mientras nuestra comisión estaba a dentro de la presidencia entregando el oficio, llegó un grupo de alrededor de 100 personas, encabezadas por Julio Alfaro, quienes vinieron a entregar documentos que supuestamente comprueban que la minera El Puntal está operando la mina “Casas Viejas” legalmente, con 28 permisos.

Pero no llegaron solo a hacer ese tramite. Al ver que estábamos presentes, empezaron a provocarnos y desligitimar verbalmente nuestra labor en defensa de la vida, así como la de las organizaciones que nos acompañan en nuestra lucha, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. y Otros Mundos A.C./Amigos de a Tierra México y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). Buscaron hacernos caer en la confrontación, lo que nos negamos a hacer. Fue necesaria la intervención de la policía municipal para que cese la agresión. Julio Alfaro pudo entregar su documentación a condición de que él y su grupo se retiraran inmediatamente.

Zapata antiminero

Urge que el presidente municipal de Acacoyagua nos escuche, se haga responsable del respeto a nuestra integridad física y psicológica, y que nos informe sobre si esos supuestos 28 permisos fueron otorgados o no a la minera El Puntal para operar la mina “Casas Viejas”. Esperamos lo haga en la reunión que el ayuntamiento se comprometió a realizar la próxima semana con nosotros y con el cabildo.

Estamos preocupados por la pasividad de las autoridades ante la violencia que hacen reinar en Acacoyagua las personas a favor de la industria minera. Nuestra lucha es justa y digna, y no debemos aceptar que nosotros, como muchos defensores en Chiapas, Mexico y el mundo, seamos agredidos por defender la vida.

FIRMAMOS:
FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO 20 DE JUNIO (FPDS)

OTROS MUNDOS A.C./AMIGOS DE LA TIERRA MÉXICO

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DIGNA OCHOA.
Fuente:http://www.remamx.org/2017/08/protestan-contra-mineras-en-acacoyagua/
Mexico

Gobierno y Grupo México olvidan a damnificados por derrame minero en Sonora

Al cumplirse ayer tres años del mayor desastre ambiental en el país, provocado por la industria minera, pobladores de los siete municipios del río Sonora, miembros de los comités de cuenca y activistas de la organización no gubernamental Poder marcharon y bloquearon los principales cruceros de la ciudad de Hermosillo para exigir a las autoridades federales y al consorcio minero Grupo México la remediación total de los estragos causados hace tres años por un derrame de residuos tóxicos en dicho cauce.

Acusaron de incumplimiento de compromisos al gobierno federal –por conducto de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)– y al consorcio minero Grupo México, cuya filial, Buenavista del Cobre, en el municipio de Cananea, vertió en el río Sonora y su afluente, el Bacanuchi, 40 mil metros cúbicos de sustancias tóxicas, en perjuicio de 22 mil lugareños.

Los inconformes se quejaron de que el fideicomiso de 2 mil millones de pesos quedó suspendido el pasado 7 de febrero por órdenes de Grupo México, propiedad de Germán Larrea Mota Velasco. Con esos recursos supuestamente se resarcirían los daños causados por la contaminación del río, se brindaría atención médica a los afectados y se daría apoyo a las actividades económicas perjudicadas.

Después de que las comisiones Nacional del Agua y Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios tomaron muestras de agua y determinaron que las concentraciones de metales pesados no rebasan los límites permitidos por la norma oficial mexicana, Grupo México ordenó concluir las labores de remediación en el río. Por ello, ya no se ejercieron 700 millones de pesos.

Los manifestantes, convocados por los comités de cuenca del río Sonora, señalaron que el encargado de manejar el fondo privado, Rodolfo Lacy Tamayo –también subsecretario de la Semarnat–, usó en forma arbitraria los recursos y reportó en el sitio destinado para transparentar el gasto que se han utilizado mil 300 millones de pesos en el cumplimiento de acuerdos.

Buscan omitir remediación

Benjamin Cokelet, director y fundador de la organización civil Poder, que asesora legalmente a los afectados por el derrame, señaló que Grupo México violó acuerdos legales, por no aplicar las medidas ni respetar los plazos. Aseguró que el daño causado por el derrame es más grande de lo que se creía.

Apuntó que el consorcio de Larrea Mota Velasco actúa en forma ilegal y arbitraria no sólo en México, sino también en Estados Unidos y Perú, entre otros países.
Los más de 300 inconformes rechazaron la propuesta que el diputado priísta Fermín Trujillo presentó en el Congreso local, para que la ribera del río Sonora sea declarada zona económica especial.

Dicha iniciativa ha sido expuesta tanto en la Legislatura como en sesiones de cabildo en Arizpe, Banámichi, Huepác, San Felipe, Ures, Aconchi y Baviácora, de manera discreta y con votaciones unánimes, sin reglamentación de por medio y sin precisar su función.

Durante la movilización, Óscar Encinas y Ramón Miranda, residentes de Ures y Aconchi, respectivamente, afirmaron que, debido a la opacidad de la ley, la aplicación de esta medida beneficiaría sólo a la industria minera y no a la población.

Resarcir falsamente la falta de remediación. Para eso quieren la zona económica especial. No queremos que tapen un problema mayor con una curita. No hubo información previa y oportuna, reprochó Óscar Encinas Gámez.

Mientras los ciudadanos protestaban en Hermosillo, la mina Buena Vista del Cobre seguía operando. Guardias privados y elementos de la Policía Federal resguardaron los accesos al yacimiento, ante la posibilidad de una manifestación.

Los trabajos se realizan en los yacimientos La Mariquita, El Jaralito y 16 de Septiembre, en una franja de 37 kilómetros de largo y 22 de ancho. La mina vierte desechos tóxicos en más de tres presas de lixiviados cercanas al río Sonora.

El derrame de 40 mil metros cúbicos ocurrido el 6 de agosto de 2014 afectó 17.6 kilómetros del arroyo Tinajas, 64 kilómetros del Bacanuchi y 190 kilómetros del río Sonora, hasta la presa El Molinillo, que abastece a la mitad de la población de Hermosillo.

Grupo México reportó a la Bolsa Mexicana de Valores que sus utilidades aumentaron más de 60 por ciento en el segundo trimestre de 2017 en comparación con el periodo enero-marzo, y ascendieron a 557 millones de dólares.

Sin embargo, tres años después del derrame tóxico, la empresa no ha cumplido su compromiso de remediar los daños ambientales, instalar plantas potabilizadoras y financiar atención médica a los habitantes afectados.
Fuente:http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/08/07/gobierno-y-grupo-mexico-olvidan-a-damnificados-por-derrame-en-sonora

 

Argentina

Argentina quiere el trono de Chile en el litio

El país transandino está impulsando una cartera de proyectos para la explotación de litio que suma US$ 3.000 millones, con eso quiere producir más de 200 mil toneladas hacia 2020 y así robar el sitial que Chile ostenta en el mercado del oro blanco. Mientras, la indefinición de una política nacional sería un factor clave en el estancamiento de Chile, lo que se une al conflicto que existe entre SQM y Corfo.

Argentina quiere el sitial que Chile ostenta en el mercado del litio. El vecino país está implementando una fuerte política de fomento a las inversiones mineras donde el litio ha sido la gran estrella. Una de ellas fue la ejecutada en febrero de 2016, cuando el Presidente Mauricio Macri eliminó la retención a las exportaciones mineras, medida considerada “fundamental para la planificación de inversiones de mediano y largo plazo” por parte del presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, Caem, Marcelo Álvarez.

Y será ese impulso el que podría provocar que Argentina se transforme en el mayor productor de litio en los próximos años. Por lo menos así lo estima el secretario de Minería del país transandino, Daniel Meilán. “De acuerdo a las proyecciones, y siendo conservadores, para 2020 Argentina será el primer productor mundial del litio”, dijo en marzo pasado en un seminario en Canadá.

Pero Meilán hoy va más allá y detalla a La Tercera que su estimación es que al 2020 el vecino país produzca más de 200.000 toneladas de carbonato de litio equivalente al año, superando la meta trazada por Chile, que gracias a los proyectos de Albemarle y SQM llegaría recién a las 148.000 toneladas.

Hoy, Argentina produce 30.000 toneladas de carbonato de litio equivalente, lo que equivale a un 15% de la oferta global, versus las 64.000 toneladas de Chile, responsable de casi el 40% de las necesidades mundiales. El año pasado se produjeron 185 mil toneladas de carbonato de litio equivalente, cifra que al 2020 se proyecta llegará a 345 mil toneladas. Entonces, con este nuevo impulso, nuestros vecinos esperan lograr la ambiciosa meta de abastecer más del 45% de la oferta mundial (ver infografía).

“El actual gobierno argentino y sus provincias, principalmente las de Jujuy, Salta y Catamarca, decidieron trabajar fuertemente en promover la exploración y explotación de yacimientos de litio. Creemos que esto es un gran costo de oportunidad para que Argentina aproveche la fiebre de demanda que existe por el litio”, indica Daniel Meilán.

Para llegar a ese anhelo, explica, se está diseñando una ambiciosa cartera de proyectos, que totalizarán inversiones por unos US$ 3.000 millones, destaca Meilán.

Hoy, el país que dirige Mauricio Macri posee dos proyectos en operaciones: el Salar de Olaroz y el Salar del Hombre Muerto, pero en este último la compañía Orocobre ha enfrentado varios problemas para poder producir lo inicialmente pactado. Por eso, en el mercado se estima que de toda la cartera de proyectos estimada al otro lado de la cordillera, solo dos o tres iniciativas podrán finalmente concretarse.

El que comenzará prontamente a operar es el que impulsa la chilena SQM, que junto con Lithium Americas y Jemse, están desarrollando el proyecto Exar, en el Salar de Caucharí, Jujuy. Se trata de la construcción de una planta de litio que irá en dos fases, para producir en total 50 mil toneladas de carbonato de litio equivalente y que su primera fase iniciaría su operación en 2019.

En Argentina existe una muy buena disposición para incentivar la inversión y mantener las reglas del juego de manera clara. Muestra de ello es la eliminación del impuesto a las exportaciones que se hizo el año pasado, una de varias medidas que el gobierno argentino aplicó y seguramente seguirá haciéndolo para incentivar la inversión”, explica el gerente general de SQM, Patricio de Solminihac.

Agrega que el proyecto, ubicado a 300 kilómetros del Salar de Atacama, “es un gran complemento para nuestras operaciones de litio existentes en Chile”.

Albemarle, empresa que selló un acuerdo con Corfo para asegurar la venta nacional de productos industrializados a partir del litio, también está impulsando una iniciativa al otro lado de la cordillera. En específico, en el Salar de Antofalla, en Catamarca, pero que recién está en fase de exploración avanzada.

Indefinición de Chile

Pero la gran pregunta es ¿qué pasó con Chile, que dejó abierta la puerta para que el resto del mundo amenace su liderazgo? El país tiene los mejores yacimientos de litio del mundo en términos de concentración y condiciones ambientales en la Región de Atacama, posee el 52% de las reservas mundiales del mineral y es el líder en producción del llamado oro blanco, pero, pese a eso, no ha logrado desarrollar una industria como la del cobre.

En Argentina se cree que uno de los elementos que influyen en el estancamiento chileno es por el sistema de otorgamiento del permiso de extracción del mineral. “Creo que ello retarda el acceso privado a las propiedades mineras”, explica Meilán.

En Chile, el litio es un mineral “no concesionable”, por considerarse “estratégico”, lo que significa que sólo el Estado o por empresas estatales como Codelco, dueña del 18% del Salar de Maricunga y de 100% del de Pedernales, en Atacama, pueden producirlo.

Para algunos actores del rubro, las restricciones legales a la explotación del litio generan barreras de entrada adicionales, y si el país quiere mantener su competitividad en la industria tiene que necesariamente abrir el mercado.

En Argentina, en tanto, el litio tiene el mismo régimen que el resto de los minerales que se explotan, es decir, es concesionable. “Los recursos son de las provincias y pagan una regalía por la explotación de recurso. Asimismo, deben cumplir con las normativas para conservar dicha concesión”, explica Marcelo Álvarez, de Caem.

Daniel Meilán añade que en contra de Chile también influyó la “indefinición que provocaron las dificultades políticas que tuvo el tema del litio, lo que favoreció, como contrapartida, el desarrollo de la minería del litio en Argentina”.

Para la gerenta general de SignumBox e integrante de la Comisión del Litio, Daniela Desormeaux, el que Argentina haya impulsado la exploración de sus salares, hace unos años, fue una decisión que marcó la diferencia con Chile. “El trabajo de exploración que existe en Chile es mucho menor al que se ha desarrollado en Argentina, pero también es porque en Chile la propiedad minera está muy concentrada: está el Salar de Atacama, que es el principal, y existen los otros salares -como Maricunga, Pedernales y Siete Salares-, pero que son de un menor tamaño”, explica la experta.

También indica que es necesario que Codelco avance en la búsqueda de un socio para desarrollar las pertenencias que posee. “El Salar de Maricunga es el segundo mejor salar chileno después de Atacama y, en términos de calidad, es mucho mejor que cualquier salar de Argentina”, explica.

El gobierno sabe de estas deficiencias y ve cómo Argentina potencia las inversiones en este mineral, y aunque se estima que la apuesta del vecino país es de largo aliento aún, inquieta más el crecimiento que está mostrando Australia, país que se estima ya superaría a Chile. De hecho, de acuerdo con información de la Secretaría de Minería de Argentina, Australia produjo en 2016 cerca de 77.000 toneladas de carbonato de litio equivalente, cifra que podría incrementarse, dado el aumento de producción que a inicios de año anunció Talison en la mina Greenbushes hacia 2019.

“Chile ya perdió el liderazgo. Y esto fue sin considerar el crecimiento que está proyectando Argentina. Se logró por Australia, país que junto con Argentina y Canadá concentran el mayor número de nuevos proyectos de litio, los que llegan a una cifra única de 350 a nivel mundial”, indica un ejecutivo de la industria.

Conflicto SQM-Corfo

Por todas estas aristas, en el gobierno preocupa que el conflicto que SQM y Corfo tienen desde hace más de tres años se siga extendiendo, sobre todo por lo que pueda suceder mirando hacia 2023, año en que a la compañía se le termina la cuota de extracción que fija la Comisión Chilena de Energía Nuclear (Cchen), y el año 2030, en que se termina el contrato de explotación con Corfo.

Esto, porque se sabe que los únicos proyectos que en Chile se están impulsando en el negocio del litio son los de Albemarle, que pasará de producir 35 mil a 85 mil toneladas al año 2019 y la ampliación de capacidad de SQM, empresa que esta semana recibió la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de su iniciativa, que le permitirá alcanzar las 70 mil toneladas de carbonato de litio.

“Chile tiene que seguir creciendo, y para eso es necesario que el conflicto con SQM y Corfo se solucione. Eso es clave, porque el salar que tiene mayor expectativa y cualidades de crecimiento es el Salar de Atacama”, indica un ejecutivo de la industria.

Para Daniela Desormeaux, este conflicto genera “incertidumbre” en el mercado y, por eso, indica, “el tema entre Corfo y SQM tiene que solucionarse”.

Además, manifiestan en el gobierno que la única opción de crecimiento real que pueda tener Chile se dará solo en unos siete años más, como mínimo, y podría venir más por el lado de la cuprera estatal. “Por eso es clave que el Estado avance en los Contratos Especiales de Operación de Litio (Ceol)”, indica una fuente del Ejecutivo.

Y agrega que la mayor preocupación es qué sucederá en Chile más allá del año 2020. “Hoy no hay un estancamiento en la industria del litio, porque hay proyectos. Están los crecimientos de Albemarle y SQM, pero ¿qué pasará después? Si no se soluciona ese problema, ellos no seguirán invirtiendo en Chile”, acusa la fuente. Y eso ya se está viendo, pues la compañía que hoy dirige Eugenio Ponce está ampliando sus inversiones a Argentina y Australia, y se espera que durante las próximas semanas se anuncie una inversión en un tercer país.

Pero la preocupación también se da por el lado de los recursos, pues estimaciones que ha hecho públicas el propio vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran, el litio podría transformarse en el segundo producto de la canasta exportadora después del cobre, la que podría agregar al país más de US$ 10.000 millones en ingresos mirando hacia 2035.

“La clave para llegar a eso es, por un lado, generar un conjunto de factores de producción que permitan la industrialización, y requiere, además, que se resuelvan los problemas que existen en el Salar de Atacama”, ha destacado Bitran en varias intervenciones.

Fuente:http://www.latercera.com/noticia/argentina-quiere-trono-chile-litio/

Chile

Senado aprueba cambio del uso del agua en proyectos de minería

Se trata de un primer paso para limitar los privilegios de la minería sobre las “aguas halladas” en sus exploraciones y explotaciones, obligándoles a informar en 90 días sobre los afloramientos, pudiendo usar solo las que justificadamente requieran, pero sin afectar la sustentabilidad de los acuíferos o los derechos de terceros, entre otras medidas.

Un primer paso para limitar los privilegios del sector minero sobre los recursos hídricos aprobó la semana pasada la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, en el marco de la reforma al Código de Aguas que se encuentra en su segundo trámite constitucional. Los senadores acordaron restringir el alcance de las “aguas halladas”, figura que en la legislación vigente permite a las empresas utilizar de facto y sin supervisión todos los caudales que afloren en sus faenas de exploración y explotación.

El proyecto que salió de la Cámara de Diputados obligaba a los mineros a informar y solicitar autorización sobre las también así llamadas “aguas del minero”, condiciones que eran resistidas por el Ejecutivo, la Sociedad Nacional de Minería, el Consejo Minero y una mayoría de los cinco integrantes de la comisión.  Fue en este contexto que en las últimas semanas el suspendido senador DC Jorge Pizarro se abrió a una propuesta alternativa, junto a sus colegas Adriana Muñoz (PPD, quien preside la instancia) e Isabel Allende (PS).  En contra se mostraron los senadores Francisco Chahuan (RN) y Víctor Pérez (UDI).

De esta forma se aprobó la modificación al artículo 56 del Código de Aguas, estableciendo que las concesionarias mineras deberán “informar sobre las aguas halladas  para su registro, dentro de noventa días corridos desde su hallazgo, a la Dirección General de Aguas (DGA)” y podrán utilizar tales afloramientos “en la medida que sean necesarias para las faenas de explotación y no afecten la sustentabilidad de los acuiferos o los derechos de terceros”. Para ello deberán consignar ubicación, volumen y unidad de tiempo, además de las actividades que justificarían su uso. Adicionalmente, la utilización y goce se extinguirá por el cierre de la faena minera, por la caducidad o extinción de la concesión, porque dejen de ser necesarias para la faena o porque se destinen a un uso distinto.

En particular, y al contrario de lo que ocurre hoy, se estableció que el uso de y goce las aguas “no podrá poner en peligro la sustentabilidad de los acuíferos en conformidad con lo dispuesto en el artículo 5ºbis, o los derechos de terceros.  La Dirección General de Aguas limitará dicho uso si hubiere grave afectación de los acuíferos o de derechos de terceros a consecuencia de estos aprovechamientos”.

Se determinó además que el servicio establecerá “un procedimiento simplificado para la minería artesanal o pequeña minería”.

Caudal Ecológico

El martes pasado, luego de aprobar los cambios al artículo 56, se comenzó el debate sobre la figura de caudal ecológico para derechos ya constituidos.

Hoy la disputa se centra en la presión que gremios energéticos como la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas (APEMEC) están realizando sobre el Ejecutivo para ser eximidos (en sus centrales de hasta 20 megawatts) de la obligación de mantener caudales ecológicos, incluso en áreas protegidas.  Esta excepción, que ha sido apoyada por el gobierno, constituiría un factor de dumping ambiental que privilegiaría a empresas, en su mayoría extranjeras y con una capacidad de inversión de hasta unos  60 millones de dólares, (es decir unos 40 mil millones de pesos),  permitiéndoles en los hechos secar los ríos y sacrificar cuencas en pos de sus intereses económicos.

A esto se suma que en el artículo 129 bis 1 el Ejecutivo, mediante indicación, intenta eliminar la condición de caudal ecológico en los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, en las áreas amenazadas y degradadas, manteniendo su existencia solo al interior de parques nacionales, santuarios, reservas y monumentos naturales, además de humedales protegidos por la Convención de Ramsar.

Producto de esta ofensiva, desde la sociedad civil se ha difundido un video que alerta a los parlamentarios  y a la ciudadanía sobre tales cambios.

La importancia del caudal ecológico es que permite evitar el desecamiento de los ríos, asegurar el mantenimiento y funciones de las cuencas hidrográficas y la integridad de los ecosistemas que estas sostienen. Esto entrega seguridad hídrica a todas las actividades que requieren de la mantención de cuencas y caudales, tales como el agua potable, la agricultura, la industria y la sostenibilidad de las ciudades, entre otras.

Fuente:http://www.elciudadano.cl/economia/senado-aprueba-cambio-del-uso-del-agua-en-proyectos-de-mineria/08/07/

Mexico

Trabajos de exploración de minería podrían tardar años: Lavida

Los trabajos de exploración de la mina El Cobre 2 en Actopan y Alto Lucero podrían ampliarse hasta 100 años, alertó el integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas en Defensa Ambiental (LAVIDA), Guillermo Rodríguez Curiel.

En entrevista, explicó que lo único que tiene que hacer la minera Gavilán, filial de la canadiense Almaden Mineral, para lograrlo es entregar un informe a la Secretaría de Economía solicitando la ampliación.

«Los permisos de exploración son por 50 años, y una vez que se cumplen basta un oficio a la Secretaría de Economía que tiene 72 horas para decir que sí; serían 100 años de concesión».

Por ello, dijo que es urgente que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares emita un decreto para declarar a las comunidades de San Juan Evangelista, Villa Rica, Los Baños y Rancho Nueva Italia, como área natural protegida.

Fuente:http://xeu.com.mx/nota.cfm?id=917418

Colombia

Expectativa por la realización de la consulta antiminera en Cogua

En Cogua están a la espera de que el Tribunal de Cundinamarca decida esta semana si se puede realizar la consulta popular que rechaza más proyectos mineros en ese territorio. Para el alcalde de este municipio, William Forero, la minería es necesaria y respetarán los títulos que ya están otorgados. Sin embargo, no quieren más concesiones.

«Hay un polígono que está establecido de 286 hectáreas, que es de arcilla y gravilla. Está localizado exactamente en la vereda El Olivo. Eso se respeta porque nos está aportando en la parte social, económica y estamos aportando con el desarrollo y el progreso del país. (…) Lo que no queremos es para el futuro, no queremos más expansión», dijo a Caracol Radio.

William es claro al asegurar que con la minería que se está haciendo es suficiente y, de llegar a ocurrir una expansión de los títulos, desaparecería el río Neusa. Por eso quiere mantener su territorio netamente ecoturístico, agropecuario y quieren que se mantenga intacta la reserva forestal.

«Estamos siendo muy respetuosos con el Tribunal. Esperamos que tengamos apoyo para la protección y conservación. Las comunidades, la iglesia, las juntas de acción comunal, todos estamos unidos en la defensa de nuestro territorio», puntualizó.

Fuente:http://caracol.com.co/emisora/2017/08/07/bogota/1502121796_317460.html

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Caso Afrodita: Cordillera del Cóndor en riesgo por posible minería artesanal

Según testimonios de la zona, la polémica Compañía Minera Afrodita estaría ensayando una nueva estrategia para explotar las reservas de oro en la Cordillera del Cóndor. Según relataron al Vigilante Amazónico líderes locales, funcionarios de la empresa se habrían acercado a algunas familias cercanas al río Comainas para ofrecerles que sean ellas mismas las que soliciten la concesión para explotar el territorio y se conviertan así en mineros artesanales. Esto viene generando conflictos y divisiones al interior de las comunidades y organizaciones indígenas.

Si bien la operación formal de Afrodita se encuentra detenida por el momento, al no haber conseguido los permisos correspondientes, la estrategia de empresas formales de fomentar la minería «artesanal» para comprar dicha producción no es nueva y se conocen casos similares en otras partes del país.

A esta denuncia se suma la información de una carretera abierta en medio del bosque para unir el lado ecuatoriano, donde ya existe minería, con las instalaciones de Afrodita. Según detallan vigilantes ambientales de la zona, la construcción de esta carretera se habría iniciado en enero de este año y ya se habría concluido, generando tala, desbosque y degradación de la biodiversidad de la zona. Siempre según testimonios locales, ya se estaría extrayendo material rocoso para ser transportado a través de esta vía. Fotos recientes confirman la operación de maquinaria y personal en la zona.

La simple observación de imágenes satelitales permite comparar la degradación del ecosistema del lado ecuatoriano, en donde existen actividades mineras, con la conservación de la rica biodiversidad del bosque gracias a la lucha de las comunidades indígenas, en el lado peruano.

Antecedentes del conflicto

La Cordillera del Cóndor, ubicada en la frontera entre Perú y Ecuador, en Amazonas, ha sido el hogar de los pueblos awajún y wampís desde tiempos precolombinos. Su territorio, rico en flora y fauna, posibilitó el desarrollo de las comunidades indígenas y han sido éstas quienes han preservado a lo largo del tiempo el equilibrio natural de los bosques y sus recursos. En este contexto, han rechazado fuertemente la minería al considerarla una actividad incompatible con la subsistencia del ecosistema y sus modos de vida.

En el año 2005 se empezaron a gestar las grandes concesiones mineras que terminarían perjudicando directa y concretamente a la población. En ese entonces el gobierno desconoció los acuerdos que había logrado con las comunidades para la creación de un parque nacional en sus territorios y redujo el área legalmente protegida de unas 152 mil hectáreas a solo 88,477 hectáreas, a través del Decreto Supremo No.023-2007-AG. Gracias a esto la empresa minera Afrodita pudo instalarse en una parte del territorio, con grandes reservas auríferas, llamado El Tambo.

Muchos testigos aseguran que la minera Afrodita se encontraría explotando la zona, para lo que se habría instalado plataformas y cavado túneles. Esta actividad, sin tener aún el Estudio de Impacto Ambiental aprobado, se explicaría a partir de permisos que el Gobierno Regional de Amazonas habría otorgado a la minera. Sin embargo, en diciembre de 2016 el Gobierno Regional anuló la resolución que inscribía territorio indígena y de bosque amazónico como terreno eriazo, y en febrero de este año declaró improcedente la solicitud de minera Afrodita de constituir un usufructo por posesión sobre ese mismo terreno. Pese a ello, el campamento minero se mantiene en territorio indígena en medio de la ambigüedad legal. Esta situación hizo que en marzo de este año, una veintena de ex licenciados y reservistas indígenas del Ejército Peruano, del distrito fronterizo del El Cenepa, destruyeran parte del campamento minero, después de ver frustrados los intentos de diálogo con el Estado.

La situación es preocupante, pues el interés minero en la zona y el desinterés del Estado, para proteger la Cordillera del Cóndor, pone en riesgo a los ríos Sawientsa, Comaina, Marañón y Amazonas, así como la preservación del Parque Nacional Ichigkat Muja, la Zona Reservada Santiago-Comaina y la Reserva Comunal Tuntanain. Los pueblos awajún y wampís solo esperan que el Estado priorice el diálogo para un Ordenamiento Territorial que proteja el frágil ecosistema que custodian para la humanidad de la visión individual y cortoplacista que esconde la minería contaminante.

Fuente:http://vigilanteamazonico.pe/vigilancia-y-comunicacion/galeria-multimedia/noticias/739-caso-afrodita-cordillera-del-condor-en-riesgo-por-posible-mineria-artesanal.html

Latinoamerica

Los conflictos y controversias de la minería de Canadá en América Latina (que van en contra de su imagen progresista)

Canadá está de moda. De manos de su carismático primer ministro, Justin Trudeau, proyecta la imagen de una nación pacífica, progresista y socialmente responsable.

Y sin embargo, en América Latina, la presencia canadiense a menudo se percibe de forma muy distinta.

La expresión más concreta de la influencia canadiense en la región, la minería, está rodeada de conflictos y controversia social y ambiental.

Influencia

La influencia canadiense en la minería se siente en América Latina más que en cualquier otra región del mundo.

Más de la mitad de la inversión minera de ese país en el exterior se acomoda en nuestra región, con 80 grandes proyectos.

Tal vez sea inevitable que, dada la cantidad de proyectos mineros, Canadá sea pararrayos de críticas que van destinados a la minería en general.

Pero las expectativas eran distintas cuando los mineros canadienses aterrizaron en la década de 1990.

La minería canadiense llegó acá con un discurso de minería limpia, de ayuda al desarrollo», le recuerda a BBC Mundo Cesar Padilla, vocero del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), una ONG crítica de las multinacionales mineras.

«Y finalmente no cumplieron la mayoría de las promesas y compromisos que hacían», afirma.

«Algunas empresas mineras canadienses se han caracterizado por los grandes y largos conflictos con comunidades, que no han respondido a la lógica de una minería moderna responsable sino que han terminado en estrategias de intimidación, violencia», agrega Padilla.

Controversias

Son varios los casos de mineras canadienses que se han envuelto en controversias por los supuestos efectos ambientales nocivos de su actividad.

Padilla menciona, apenas como un ejemplo, el conflicto que la minera Barrick ha tenido por más de una década en Chile y Argentina, o el de la mina Marlin de Goldcorp en Guatemala por las acusaciones de daño ambiental, acusaciones que las multinacionales canadienses han rechazado.

Más grave aún, hay quienes alegan que la actividad minera supuestamente ha contribuido a la violencia en las zonas en las que opera.

«Trabajos periodísticos e informes como el del Consejo de Asuntos Hemisféricos y el del Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina han mostrado que empresas canadienses dañan el medioambiente, fuerzan desplazamientos de personas, ignoran la voz de comunidades autóctonas, intentan influir en el diseño de leyes nacionales y apoyan la criminalización de la protesta social», aseguraba en una columna editorial del New York Times el comentarista mexicano Jaime Porras Ferreyra.

Menos conflicto

«No estoy de acuerdo con esas caracterizaciones de las empresas canadienses en América Latina», le dice a BBC Mundo Ben Chalmers, Vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la Asociación Minera de Canadá (Mining Association of Canada).

Para sostener su argumento, Chalmers cita un reciente estudio del profesor Paul Haslam, de la Universidad de Ottawa, sobre la presencia canadiense en las cinco principales naciones mineras latinoamericanas.

«El estudio catalogó todas las operaciones mineras en esos países, y encontró que el 36% de ellas eran de propiedad canadiense. Pero solo el 20% de ellas tenían conflictos asociados a su actividad. En cambio, las mineras de propiedad de otras naciones extranjeras distintas a Canadá, que constituían un 24% del total, tenían conflictos en 34% de los casos», asegura Chalmers.

«En términos generales, las mineras canadienses están manejando los conflictos mejor que otras minas de propiedad extranjera», le dice Chalmers a BBC Mundo.

Responsabilidad social

Chalmers reconoce que algunos casos censurables han atraído la atención de los críticos a la minería canadiense, pero asegura que tanto la sociedad civil canadiense como las mismas empresas trabajan para asegurar la protección de los estándares ambientales y de responsabilidad social.

En los últimos diez años, indica, se ha creado un programa «Hacia la minería sostenible», que requiere a las empresas mineras miembros de esta asociación reportar sobre 23 indicadores de asuntos ambientales y sociales, una iniciativa que Chalmers describe como pionera.

El papel del gobierno

A lo que muchos críticos replican que no es suficiente y que se requiere que el mismo gobierno canadiense tome medidas para asegurar el buen comportamiento de sus empresas mineras en América Latina.

¿Ha habido esfuerzos en ese campo por parte del gobierno canadiense?

«Hasta el momento no en la práctica», le dice a BBC Mundo Cesar Padilla de la OCMAL.

«Eventualmente en el discurso sí, pero no olvidemos que el poder de estas mineras no solo se refleja acá en América Latina sino que también en Canadá. El sector minero es muy poderoso políticamente», insiste, para concluir que ni la llegada de Trudeau al poder ha hecho mucha diferencia.

«La situación en Canadá no ha cambiado mucho pese al discurso que tiene el actual gobierno», puntualiza.

Apoyan innovaciones

La industria minera canadiense nuevamente se muestra en desacuerdo.

Chalmers le dice a BBC Mundo que a lo largo de los años se han establecido mecanismos para que pueda haber acceso a los tribunales canadienses para los reclamos sobre supuestos abusos de mineras de ese país, así como se ha creado la figura de un «consejero de responsabilidad social corporativa» para las mineras del sector.

«Nuestra industria ha apoyado esos desarrollos», insiste el vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la Asociación Minera de Canadá.

Padilla, por su parte, asegura que el comportamiento de las mineras canadienses también tiene que ver con las reglas que le imponen los gobiernos locales.

«No nos olvidemos que una misma empresa puede tener una muy buena conducta en un país y muy mala en otro. Depende de la institucionalidad de cada uno de esos países», le dice el activista a BBC Mundo.

«Lo que hacen en Chile es diferente a lo que hace la misma empresa en República Dominicana o en Honduras. Usan el espacio que les deja la institucionalidad y las leyes de los países», agrega.

Problema de imagen

Pese a sus esfuerzos, la industria minera canadiense tiene un camino difícil por delante al intentar convencer a sectores muy escépticos de la sociedad latinoamericana sobre las ventajas de su actividad.

La minería canadiense genera puestos de trabajo, inversión y divisas para los países latinoamericanos.

Pero la minería en general, y no solo la canadiense, enfrenta un problema grave de imagen en muchos países de la región, en donde muchos sectores de la población han perdido paciencia frente a las controversias ambientales y sociales que se han desencadenado en torno a estos megaproyectos mineros.

Una posición resumida por Padilla cuando le dice a BBC Mundo que, en su opinión, no es fácil encontrar ejemplos de mineras trabajando para el beneficio de América Latina.

«Existen las empresas mineras malas y las peores», puntualiza.

Fuente:http://www.bbc.com/mundo/noticias-40698694

Mexico

Ejidatarios de La Joya se defienden contra minera

EJIDATARIOS DE LA JOYA, POANAS, ESTÁN DISPUESTOS A USAR LAS ARMAS DE FUEGO SI ES NECESARIO.

En el municipio de Poanas, en la comunidad de La Joya, fue detectado un yacimiento de oro y plata de tipo «mundial» en una exploración de la empresa First Majestic; sin embargo los ejidatarios, con rifle en la mano, aseguran que van a defender el territorio y no van a permitir la entrada de la minería.

Rosa Isela de la Rocha, diputada local y empresaria minera, reconoció que en Durango existen alrededor de cuatro conflictos sociales entre empresas mineras con ejidatarios por los contratos de explotación minera (En Santa María del Oro, San Juan del Río, el ya conocido en Tlahualilo y el de Poanas).

Pero éste último, dijo la legisladora, llama la atención porque los ejidatarios han asegurado que no permitirán que la minería les arrebate sus tierras ganaderas y agrícolas.

«No conocen el beneficio que les puede dejar esta actividad minera en la localidad, pero bueno, nosotros hemos platicado con los directivos de First Majestic para evitar un conflicto social, hasta un a revolución, porque los ejidatarios están dispuestos a defenderse con las armas», comentó.

La empresa minera señalada hizo trabajos de exploración minera y detectó un yacimiento muy importante de plata y hora, comentó Isela de la Rocha, en el cual están dispuestos a invertir fuertes cantidades.

«Si nos vamos a lo que dice la Ley, la prioridad la tienen los mineros porque esta actividad está por encima de la agricultura, la ganadería y otras más, excepto los energéticos y con la ley en la mano se les obliga a los ejidatarios a rentar sus tierras para esta actividad, pero iniciaríamos un conflicto social enorme», señaló.

En cuanto a conflictos entre empresas mineras con pequeños propietarios de tierras, dijo que ahí sí se pueden tener más de 100 conflictos.

Para evitar este tipo de enconos, dijo la empresaria minera, se busca hacer reformas en la Ley de Fomento Minero de Durango para crear un comité consultivo de contacto donde se daría asesoramiento a los ejidatarios a la hora de hacer convenios con empresas mineras.

De igual manera, se buscaría mediar con aquellos ejidos que ya firmaron convenios y que no están de acuerdo con lo que se les está pagando.

Fuente:http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/780285.se-defienden-contra-minera.html