España.- La empresa australiana Berkeley ha iniciado los procesos para construir la planta de procesamiento de residuos radiactivos sin las licencias pertinentes y con la ayuda de un equipo de gobierno encausado por prevaricación. Jesús Cruz, es una de las personas que planta cara a la mina de uranio de Salamanca.

“Soy Jesús Cruz, natural de Retortillo”. Con esta sencilla frase se presenta Jesús, el primer hombre en alzar la voz contra la futura mina de uranio que la empresa australiana Berkeley quiere construir en el Campo Charro. De llevarse a cabo el proyecto, España se convertiría en el único país de la Europa occidental con una instalación de tales características. Cada vez son más las organizaciones que se suman a esta causa: Stop Uranio, Salamanca Antinuclear, Ecologistas en Acción, GREFA, Equo, WWF España… Pero sin él nada de esto habría sido posible, demostrando que los comportamientos individuales son esenciales para construir un fuerte tejido en red.

Su historia de lucha comenzó en 2011, cuando la minera Berkeley empezó a negociar de una manera sospechosa contratos con el Ayuntamiento de Retortillo, del cual nuestro protagonista había formado parte durante 20 años, cinco como concejal de cultura y el resto como portavoz del mismo. “Vi que el Ayuntamiento que había entrado ese mismo año se puso a negociar rápidamente acuerdos a cambio de dinero con la minera, por lo que me puse a estudiar todo lo que podría haber detrás. Descubrí las ventas que el alcalde hacía, descubrí como contrataron a los concejales para trabajar con la mina… A partir de ese momento el Ayuntamiento permitía todo lo que Berkeley hacía y además informaba favorablemente de ella ante las otras administraciones”.

Un proyecto bajo la sombra de la sospecha

Jesús se refiere a la venta de terrenos que efectuó el exalcalde del PP en Retortillo, Javier Santamartina, a Berkeley. Salva decir que actualmente éste se encuentra encausado por prevaricación, algo que contrasta con los rumores que defienden que vendió esos terrenos por el doble de su valor, mientras vecinos, como Fernándo Rodríguez, denuncian que pretenden expropiarles sus terrenos por 6,60 euros el metro cuadrado durante quince años, cuando la tasación es mucho más alta. A la par, tres concejales del mismo partido comenzaron a trabajar para la minera (en la actualidad dos de ellos continúan ligados a la empresa). A raíz de esto fue cuando el consistorio del pueblo concedió a Berkeley todos los permisos municipales necesarios.

Si el proyecto sigue adelante, la economía local de la zona quedará destruida a cambio de 20 puestos de trabajo

Jesús calcula que el terrero se verá afectado en unas 2.500 hectáreas, las cuales serán ocupadas no solo por una mina de uranio, sino por una planta de procesamiento de residuos radiactivos; que incluirá una balsa y una carretera para facilitar el accesos a las instalaciones, y un almacén nuclear de primera categoría, según la clasificación del Consejo de Seguridad Nuclear. Para mostrar los efectos ya causados, Jesús señala la carretera que se ha empezado a construir: “Para hacer esta carretera pidieron permiso, pero ¿qué hizo Berkeley a parte? Comenzar a hacer la balsa. Yo llamé inmediatamente al Seprona, puesto que no tenían licencia para hacer la balsa, ni venía en ningún proyecto. ¿Cómo respondió Berkeley? Dando una reclamación responsable. Finalmente, tuvo que venir el Seprona para confirmar que lo que estaban haciendo no era una extracción de arios, sino una balsa, para lo que se necesita una licencia urbanística, al igual que para la construcción de la carretera. El Ayuntamiento simplemente abrió un expediente sancionador, y Berkeley paró las obras por precaución. Esta carretera tiene un presupuesto de un millón de euros. Imaginaos si eso se puede hacer con una declaración responsable.”

El pueblo a cambio de veinte puestos de trabajo

Así es como dio lugar un problema con múltiples vertientes. El primer efecto más significativo ha sido la desunión de un pueblo que antes convivía en armonía; puesto que la población se ha polarizado en pro y en contra de la minera. Unos consideran que la minera traerá trabajo y prosperidad a la localidad, y otros piensan que ceder ante Berkeley será hipotecar la economía de la zona por un periodo más que breve de tiempo, alrededor de 10 años, ya que la explotación de uranio en la zona no durará más tiempo. En Retortillo se encuentran los restos de una explotación minera de la empresa pública Enusa Industrias Avanzadas, S.A , (ENUSA), que suspendió su labor en la zona por su “contenido pobre” y su baja rentabilidad económica en el tiempo. De hecho cuando Berkeley solicitó su colaboración conjunta en este nuevo proyecto, ENUSA volvió a concluir que la explotación del lugar “no es viable ni sostenible en el tiempo”.

Jesús continúa: “No entra en ninguna cabeza decente aceptar a una minera que nos dará trabajo durante 9 años, 190 puestos de trabajo según ellos, de los cuales solo el 10% serán para gente de la zona, ya que serán los no cualificados. Osea que por 20 puestos de trabajo vamos a permitir que nos destruyan en 20 kilómetros a la redonda. No habrá agricultura, no habrá ganadería, no habrá turismo, ni casas rurales, ni balneario.” Un balneario de la época romana, que se suma a la belleza natural de la zona, y que supone el principal reclamo turístico del pueblo. “Aquí vivimos del balneario”, asegura Eugenia Silva, vecina del lugar, “¿quién va a querer venir a bañarse en unas aguas que están a escasos metros de una explotación de uranio?” Se lamentan los vecinos.

La tala de encinas, un daño irreparable

Si bien la problemática de los puestos de trabajo todavía son elucubraciones, uno de los efectos que ya se ha dejado notar es la tala de más de 2.500 encinas, la mayoría de ellas centenarias. “La tala de encinas se basa en la declaración de impacto ambiental que la Junta de Castilla y León concedió en 2012, pero no sabemos porqué sin tener la licencia para la planta por parte del Consejo y el Ministerio de Industria y sin tener los permisos para comenzar la extracción, se les permite arrancar 2.500 encinas, un acto irreparable para esta zona”, declara Jesús.

La mina se ubicará en una zona Red Natura 2000, protegida por su alto valor ambiental y ecológico, lo que pone en peligro el desarrollo de los ecosistemas y la vida de especies endémicas.

Las encinas han sido las primeras víctimas de este proyecto. Fernando Blanca, de Grefa, explica que para comenzar con el proceso de extracción se tiene que eliminar primero la masa forestal. No obstante, para paliar este daño Berkeley prometió que trasplantaría unas 20.000 en una dehesa a 40 kilómetros de Retortillo, en la localidad de Vitigudino, algo que la mayoría de los implicados cuestiona, como Hipólito Velasco, de Stop Uranio y natural de Retortillo: “Se prometió a un alcalde de la zona que las encinas las iban a replantar y eso es imposible. Las trocean y las sacan con nocturnidad. Sino, ¿por qué no están aquí apiladas para que la ciudadanía vea al cuerpo del delito?” En esta misma línea se expresa Enrique Moro, de la misma organización: “Hay muchas irregularidades, trabajan de noche con la leña y creemos que se la están llevando con camiones a Portugal”, algo que secunda Salvador García, de Salamanca Antinuclear: “Hemos calculado que con la madera pueden sacar unos 20.000 euros. Eso es una barbaridad”. El propio Jesús explica la polémica: “Berkeley va a replantar unas encinas en una zona a 40 kilómetros de aquí, donde probablemente no nazcan, porque no es terreno de encinas. Además, sabemos por la oposición de Vitigudino que van a recurrir ese acuerdo, porque la dehesa del lugar está entregada a sus ganaderos, que necesitan el terreno para el ganado. A parte de que no quieren porque los treinta o cuarenta Ayuntamientos de la zona de Vitigudino, de las Arribes y del Yeltes se han posicionado en contra. No se puede apoyar a una empresa que quiere arruinar a una comarca por 9 años de trabajo.”

Incumplimiento de normativas europeas

Puede ser que para personas ajenas a la localidad, la oposición a la tala de encinas sea un mero capricho ligado al sentimentalismo, pero hay que recordar que estas juegan un papel vital para el equilibrio natural de la zona. Enrique Moro, de Stop Uranio, denuncia como se está arramplando con encinas donde especies protegidas tenían depositados sus nidos: “Ahora es época de cría de especies, y hemos observado como han arrancado encinas con nidos”. Y es que esta instalación se ubicará en una zona de gran valor ambiental, oficialmente protegida por las calificaciones de Reserva de la Biosfera, Meseta Ibérica (9 de Junio de 2015), Parque Natural de las Arribes del Duero (11 de abril de 2002), zonas ZEPA y LIC y Riveras de los Ríos Huebra y Yeltes, de la red Natura 2000 (Directiva 92/43/CEE). Por todo este valor ecológico, la Junta de Castilla y León solicitó ante la Unión Europea ayuda monetaria, que le fue concedida a través de los fondos LIFE. Es decir, la Junta ha justificado la necesidad de recibir un dinero para la conservación de sus especies, mientras que por otro lado da el sí a un proyecto que altera la existencia de las mismas. Esto pone en tela de juicio el papel de la Junta en el proceso. De hecho, el alcalde de Villavieja de Yeltes, Jorge Rodríguez, apunta a que la propia Junta ha modificado la directiva de suelo agrícola para que prevalezca el sector minero sobre el agropecuario. “¿Si antes pensaban que ese suelo no se iba a recuperar, porqué ahora sí?”.

Así mismo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha emitido un informe detallando la inviabilidad del proyecto por los siguientes efectos adversos: afecciones a la salud humana y animal, inutilización de las aguas de la cuenca del río Yeltes y afluentes, contaminación del suelo acuífero local, contaminación de los cultivos regados con agua subterránea, contaminación de los suelos de la zona, afecciones a la redes tróficas de ecosistemas acuáticos y reducción de la biodiversidad de todos los ecosistemas del entorno minero. El informe del CSIC, firmado por Miguel Álvarez Cobelas, Doctor en biología, concluye: “este investigador es contrario a que se autorice la apertura de dicha mina”.

¿Qué se esconde detrás de este proyecto?

El porqué ahora y el papel de la Junta son dos de los múltiples factores que bañan este proyecto en contradicciones. Las razones que existen para explicar el motivo que empuja a una empresa minera a instalarse en una explotación que como mucho tiene 10 años de actividad es algo que perturba a la población. Una de las explicaciones apunta a una supuesta especulación con el proyecto. “Berkeley comenzó a vender a los accionistas en Londres y en Sidney que habían comenzado con la actividad minera con la construcción de la carretera”, señala Jesús, algo que ratifican compañeros de otras organizaciones, como Carolina Martín, de Ecologistas en Acción: “Berkeley es una empresa especuladora de derechos mineros. Con ayuda del lobby consigue derechos mineros y luego los vende”.

Por otro lado, el motivo que justificaría la posición favorable de la Junta sería la indemnización que tendría que pagar a Berkeley por la cancelación del proyecto: “La junta de Castilla y león nos llegó a decir que fueran los jueces quienes parasen el proyecto, porque si eran ellos Berkeley iban a demandarles y reclamarles los 50 o 70 millones que habían invertido ya”, explica nuestro entrevistado, hipótesis que comparten el alcalde de Villavieja y Marta Santos, coportavoz de Equo en Salamanca.

Sea como fuere, si Berkeley gana la batalla todo quedará hipotecado para los futuros usos que se le quieran dar al territorio, como por ejemplo la construcción de un cementerio nuclear, algo que temen los miembros de Salamanca Antinuclear. De hecho, en el informe de solicitud que presentó Berkeley para la autorización del proyecto se especifica que se incluye el “almacenamiento definitivo de residuos radiactivos”.

En estos momentos la guerra sigue abierta. Terminando la entrevista y la visita, Jesús tiene una actitud cabizbaja, teme que Berkeley gane la lucha, una lucha de unos cuantos contra una gran multinacional, pero si él, un solo hombre, ha conseguido tenerles en jaque, ¿qué no se puede conseguir ya? Desde que comenzó a denunciar la historia en su web (’El blog de Jesús’ ) hasta ahora, decenas de medios han hablado ya de la mina de uranio de Retortillo, desde los más pequeños hasta los más grandes. Jesús sospecha que se aproxima una derrota, pero esto es ya una victoria, en tanto en cuanto Retortillo ya no es invisible para los medios de comunicación. Como es lógico, muchos de ellos consideran que la mina traerá trabajo, pero no entienden que les están robando su tierra y su pasado. Jesús recuerda como de pequeño se bañaba en el río cuyas aguas corren el riesgo de quedar inhabilitadas, e Hipólito las veces que ha paseado por los mismos caminos que ahora están siendo devastados. Que la gente tenga dependencia de un móvil parece algo normal, pero que la gente se aferre a la tierra, algo que nos ha dado todo a cambio de nada, parece que aún es algo complicado de entender. En una conversación por el lugar, Hipólito me hablaba del superhombre de Nietzche y de cómo algún profesor suyo en la Universidad se atrevió a compararse con él. Desde luego, él no se atrevió a contrariar al que por aquel entonces era su catedrático, pero en sus adentros pensaba que para él, el verdadero superhombre estaba en las gentes del campo, cultos, que no expertos; como se hacen llamar algunos para hacer galantería de su ’superioridad intelectual’. Cuanta razón lleva Hipólito, cuántos años de conocimientos nos llevan estas gentes que luchan por esa encina milenaria, que les dio cobijo, amparo y vida.

Fuente:http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Un-pueblo-a-cambio-de-veinte

Sierra Leona atrae flujos significativos de Inversión Extranjera Directa (IED); esto es, capitales foráneos para la creación de empresas agrícolas, industriales y de servicios, principalmente. Este fenómeno comenzó hace años, pero en 2014 se detuvo cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la epidemia de ébola. Ahora, tras superarse esa crisis, de nuevo se ha acentuado. En el pequeño país de África Occidental estás operaciones están orientadas, mayoritariamente, a la minería y a la agroindustria para la exportación y suelen involucrar acuerdos de tierras a gran escala facilitados y negociados por funcionarios gubernamentales, políticos locales y jefes tradicionales.

Las personas y comunidades afectadas por la expropiación forzosa de tierras que acompañan a estos proyectos suponían que iban a recibir compensaciones justas que les permitirían mejorar sus vidas y, además, esperaban encontrar oportunidades de empleo remunerado con las empresas multinacionales beneficiarias de estos acuerdos. Pero la realidad dista mucho de esas expectativas y promesas. Esto ha creado una frustración que se traduce en un aumento de la tensión social en el país.

Entre 2009 y 2012, al menos 1.154.770 hectáreas, cerca del 21.4% del total de la tierra cultivable de Sierra Leona fueron cedidas para proyectos de agroalimentación, estimaba el informe Who is benefiting? elaborado por la coalición de ONG Action for Large-Scale Land Acquisition Transparency (ALLAT) en 2013. Estas cifras no contabilizan las concesiones realizadas en el sector minero.

Desde que se publicó aquel estudio no se cuenta con nuevos datos fiables sobre el total de tierra usurpada por compañías extranjeras en Sierra Leona. Sin embargo, activistas medioambientales y de derechos humanos apuntan a que el porcentaje ha seguido en aumento una vez que la epidemia de ébola se declaró oficialmente terminada en marzo de 2016.

Uno de los sectores que más inversiones ha recibido en Sierra Leona es el de la bioenergía. Addax Bioenergy, una filial de Addax and Oryx Group, con sede en Suiza, es el mayor inversor en este campo. Su caso sirve para analizar este tipo de proyectos. La apuesta de la compañía en el norte de Sierra Leona fue aprobada como un Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) en conformidad con el artículo 12 del Protocolo de Kioto. Esta norma permite a los gobiernos de los países industrializados y a las empresas suscribir acuerdos para cumplir con las metas de reducción de gases de efecto invernadero (GEI). No cabe duda de que fue una buena noticia al tratarse del primer proyecto de generación de energía a base de caña de azúcar para la producción de etanol que adquiría el sello de MDL en África, como anunció en su día el periódico Awoko.

Desde un principio, la empresa, además de dejar claro que su objetivo principal es la exportación, declaró que iba a generar 120 GWh al año destinados a la red eléctrica sierraleonesa. Esto le generó grandes elogios por parte del presidente Ernest Bai Koroma durante un discurso en el Parlamento nacional. El problema de la electricidad es uno de los muchos que acucian al Gobierno del país que no termina de cumplir su promesa de conducir la energía a las principales ciudades. Además, en aquellas partes donde llega los cortes son frecuentes.

A pesar de todo esto, Addax Bioenergy ha sido criticada por ONG locales e internacionales (basta ver el informe de ALLAT como ejemplo de ello). Estas organizaciones alegan que esta inversión ha tenido importantes impactos negativos en las comunidades locales afectadas: compensaciones insuficientes a los dueños de la tierra, desplazamiento de poblaciones, bajos salarios e incumplimiento de las expectativas de generación de empleo. Además, los privilegios y exenciones de impuestos otorgadas a esta, y otras compañías, pueden suponer pérdidas de millones de euros para el Estado sierraleonés, denuncia ALLAT.

Este caso sirve para entender las incertidumbres y ambigüedades que acompañan a la entrada de IED en la minería y la agroindustria de Sierra Leona, y de muchos otros países africanos. Los donantes internacionales, los inversores, el Gobierno y también muchos sierraleoneses de clase alta y media (profesionales, empresarios, elites…) resaltan las perspectivas de desarrollo asociadas a las IED. Sin embargo, la mayoría de los sierraleoneses todavía luchan por poder sobrevivir en una nación donde, a pesar de estas inversiones millonarias, más de la mitad de la población vive por debajo de la línea de la pobreza y el país ocupa el puesto 179 (de 188) en el último Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas.

Podríamos también haber elegido como ejemplo a una de las empresas que han conseguido concesiones en el sector minero. Este es el caso de African Minerals Limited, recogido por Human Right Watch (HRW) en el informe Whose Development? Human Rights Abuses in Sierra Leone’s Mining Boom, y que en noviembre de 2015 fue denunciada ante un tribunal londinense por los residentes de las aldeas cercanas a la explotación a la que acusan de desalojarlos de sus comunidades y tierras con métodos violentos.

En el sector de la minería es donde se han producido los mayores abusos y violaciones de los derechos de los trabajadores. Aquellos que han conseguido un empleo se quejan de la prohibición de afiliarse a los sindicatos, de los bajos salarios, de la falta de seguridad en el trabajo y del tratamiento racista que reciben por parte de los expatriados. Esto ha originado algunas huelgas que han sido reprimidas violentamente por las fuerzas de seguridad sierraleonesas, como bien recoge el informe de HRW.

Independientemente de los elogios que estas compañías puedan recibir, la realidad es que la usurpación de tierras está teniendo un efecto negativo en la lucha contra la pobreza. Ni siquiera los que consiguen ser empleados por las nuevas compañías pueden sentirse privilegiados en su nueva situación.

Desde hace tiempo, algunos periodistas sierraleoneses denuncian que, a pesar de los argumentos utilizados por el Gobierno para seguir apoyándolas, estas inversiones extranjeras a gran escala no están reduciendo la alta tasa de desempleo que tiene el país. Afirman que muchas de las empresas detrás de estas operaciones, como es el caso de Addax o Socofim, han realizado muchas promesas que son difíciles de verificar ya que los acuerdos firmados no son transparentes. Además, dudan de que las tierras estén siendo tasadas de acuerdo con el verdadero precio de mercado. También en este punto existe mucha opacidad. Y advierten de que de mantenerse el actual ritmo de concesiones, el país se quedará sin tierra cultivable en un futuro no muy lejano.

“En realidad, los agricultores se han visto obligados a vender sus tierras por una miseria. La mayoría de las esperanzas de mejores medios de vida, más empleos y mejores escuelas para los hijos no se han hecho realidad. Los acuerdos de tierras a gran escala han hecho que miles de pequeños agricultores sean hoy mucho más pobres”, afirma Elijah Grega en un artículo publicado en Development and Cooperation.

Fruto de todos estos abusos, la tensión social está creciendo en el país. La gente está enojada porque los inversores, que se llenan la boca de palabras como Responsabilidad Social Corporativa (RSC), no están respetando las promesas hechas. Sin embargo, el Gobierno sí les ofrece importantes recortes de impuestos y utiliza las fuerzas de seguridad para reprimir las protestas y resistencia de los agricultores que se ven expulsados de sus tierras o de los mineros que reclaman mejoras laborales. Al mismo tiempo, los activistas por los derechos de la tierra están siendo criminalizados y algunos han sido condenados a prisión por los tribunales, afirma Grega.

Lo único positivo de esta situación es que los agricultores han comenzado a organizarse y a alinearse con los defensores de derechos humanos. Tras varios años sin poder ejercer ninguna presión debido a los toques de queda impuestos por el Gobierno para prevenir la expansión del ébola, finalmente retomaron sus acciones. Esto ha empujado al Ejecutivo a aprobar una nueva ley de Propiedad de la tierra, que fue firmada por el presidente el pasado 23 de marzo.

Algunos activistas que consultados afirman que no es un mal documento y que puede significar el principio de algunos cambios. Pero dudan de la voluntad del Gobierno para desarrollarlo e implementar sus propias disposiciones. De todas formas, han decidido darle un voto de confianza hasta ver qué sucede realmente. A cambio piden, como gesto de buena voluntad, que no se otorguen nuevas concesiones de tierra, o al menos se disminuya su ritmo, hasta que se pongan en marcha las nuevas reformas. Por ahora, todo indica a que no se está teniendo en cuenta esta petición, por lo que es posible que la tensión social siga en aumento en Sierra Leona y desemboque en actos violentos en los próximos meses, indican las mismas fuentes.

Fuente:https://elpais.com/elpais/2017/06/29/africa_no_es_un_pais/1498745194_340675.html