Mexico

Gobierno panista solapa minería a cielo abierto

Juan David Castilla Arcos / Xalapa, Ver. En las últimos quince días, se olvidaron las conciliaciones y empresas mineras están irrumpiendo en predios privados para explorar y alterar el medio ambiente, sobre todo en Actopan y Alto Lucero.

El ambientalista Héctor Colío explicó que el “gobierno del cambio” incumple promesas de campaña sobre proteger a los ciudadanos, ya que está permitiendo a empresas que irrumpan en tierras y dañen casas, ríos, pozos y demás áreas naturales.

Se trata de las empresas empresas Almaden Minerals y Candelaria Minning, que llevan a cabo los proyectos El Cobre y Caballo Blanco.

«¿Quién dio la orden de que las empresas se apresuraran? Parece que estaba guardada la minería abierta, creo que en el Gobierno del Estado dijeron que los dejaran pasar, el pasado gobierno no autorizó la minería abierta, la presión social o los científicos».

A su juicio, este gobierno, que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares, se había mostrado indeciso sobre el tema de las empresas mineras, las cuales desean explotar zonas de Actopan y Alto Lucero, cerca de la Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde.

«Pero este gobierno que se había mantenido aparentemente titubeante, parece que dio un paso atrás y le dijo a los empresarios: métanse. El problema es que están llegando a terrenos de particulares, sin permiso».

Y es que ahora parecieran estar de acuerdo con estos proyectos, tanto autoridades municipales como la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA).

«Alguien frena a los funcionarios del estado, frena al procurador del estado, al presidente municipal, ¿será el gobernador que dijo pásenle?, ¿serán las empresas que están presionando?, la pregunta es ¿qué desató la actitud de los empresarios que durante un año estaban con prudencia?, hubo reuniones conciliatorias, alguien detiene al gobierno o él dijo que deben pasar».

Los ambientalistas dialogaron con el secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, en busca de respuestas; sin embargo, no las encontraron.

«Dieron la orden del gobernador, actívense. Tiene quince días que llegaron las empresas, algo pasó, hablamos con Franco porque se están metiendo a terrenos, están tumbando árboles, al municipio lo maniataron. En quince días se le dio permiso a las empresas para que se metieran», culminó.

Fuente:http://libertadbajopalabra.com/2017/08/17/gobierno-panista-solapa-mineria-cielo-abierto/

Colombia

Navarro Wolff: minería en Colombia no sirve sino para hacer daño. Que se vayan para el diablo

El senador rechazó la ejecución de la minería que adelanta en Santander.

En su visita a la ciudad de Bucaramanga, mientras se realizaba el lanzamiento de la gran alianza por el agua, el senador manifestó que la minería no es un trabajo que económicamente deje grandes ganancias para el país.

Con frases como “Hay que proteger la naturaleza. De la minería no queda sino el hueco. La minería debe irse para el diablo”, Wolff rechazó la ejecución de proyectos de minería que afecten el medio ambiente, entre ellos, el liderado por Minesa en Soto Norte, en el departamento de Santander.

“La minería durante 2016 no dio nada, hablando de minería de oro, y carbón, sólo pagó $1.9 billones de pesos en impuestos, no pagó nada, estamos en contra de la minería, estamos en defensa del agua, y mucho más si afecta aguas sensibles (….) la minería de Colombia no sirve sino para hacerle daño, hay que proteger la naturaleza, al pequeño minero, en caso de Santurbán hay que buscarle una solución, pero la gran minería que se vaya para su África, allá está bien, para Canadá, para el diablo“.

Por último, el congresista señaló que la minería no está siendo rentable para el país, pues el valor que paga de impuestos es mínima y el impacto ambiental negativo que genera es muy alto.

Fuente:http://www.lafm.com.co/nacional/navarro-wolff-mineria-colombia-no-sirve-sino-dano-se-vayan-diablo/

 

Colombia

Polémica por definir quién va a estudiar la minería

“Los abajo firmantes —ciudadanos, integrantes de movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y universidades públicas y privadas— acudimos a ustedes a fin de expresar la preocupación que nos asiste por la manera como el Gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible desconoce el alcance de lo ordenado por ese Honorable Tribunal en la Sentencia T-445 de 2016”.(Colombia)

Así comienza la carta firmada por más de 100 personas que fue radicada ante la Corte Constitucional luego de que el Ministerio de Ambiente fijara los criterios para definir quiénes serán los encargados de estudiar los impactos de la minería en los ecosistemas del territorio colombiano. La idea de llevar a cabo una gran evaluación de los efectos que la minería ha tenido en las últimas dos décadas en el país fue una de las exigencias de los magistrados al Gobierno en 2016.

“A nuestro juicio los criterios para la convocatoria y escogencia del grupo de expertos son confusos y muestran un sesgo centralista y academicista que excluye a actores con idoneidad y experticia en el tema que se pretende investigar”, anotaron los autores de la carta. Se refieren a la exigencia de títulos de posgrado y mínimo dos publicaciones en revistas nacionales o internacionales, cuando existen personas que han trabajado en estos temas por décadas aunque no cumplen esos criterios.

Algo similar ocurre con los criterios para los expertos tradicionales y locales. “Se restringe la participación de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinos que habitan el territorio, y que no necesariamente tienen contacto con el ámbito académico”, señalaron.

Pero uno de los puntos que más preocupan a los firmantes de la carta, encabezados por el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez Becerra y el exministro de Minas y Energía Jorge Eduardo Cock, es que estos y otros criterios podrían dejar por fuera a grupos de interés marginados “que no tienen cómo asumir el pago de expertos que defiendan el interés general, y por el contrario propiciarían la inclusión de muchas personas con el respaldo de empresas extractivas”.

De acuerdo con el cronograma de Minambiente para llevar a cabo esta gran evaluación de la minería, el 1º de septiembre se conocerían los nombres de los grupos de expertos elegidos para la tarea.

Fuente:http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/polemica-por-definir-quien-va-estudiar-la-mineria-articulo-708617

 

Ecuador

Minería acaba lentamente con 89 comunidades afro

En dos lugares de 89 comunidades de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo, zona norte de la provincia de Esmeraldas, la minería ilegal y legal todavía no intervine debajo de las casas de los comuneros y en ciertas áreas de sus parcelas.
No así en los ríos, esteros, bosques y en su gente, donde los efectos del uso indiscriminado del mercurio, arsénico, hierro, vanadio y aluminio que muchos usan para extraer el oro, han generado, incluso, mutación y extinción de los peces en ciertos afluentes.
Las evidencias gráficas y documentales las expuso en un foro contra la minería ilegal, Eduardo Rebolledo, investigador de la Pontificia Universidad Católica (PUCE) Esmeraldas. Su hallazgo determina que al menos 42 mil personas del norte de la provincia de Esmeraldas, en alguna ocasión, se expusieron a la contaminación provocada por las empresas mineras ilegales.
Los ríos cambiaron

Desde septiembre de 2015, la Empresa Nacional Minera del Ecuador (Enami EP) entregó cerca de 38 mil 700 hectáreas entre los dos cantones afectados a la Cooperativa de Producción Minera ‘Río Santiago y Cayapas’ (Coprosan), quienes manejan nueve concesiones. Ellos son considerados legales.
En la Pastoral Social del Vicariato Apostólico de Esmeraldas, estiman que entre las 89 comunidades afectadas por la minería y la deforestación están unas 80 mil personas divididos entre niños, embarazadas, hombres y adultos mayores, la mayoría afro-ecuatorianos; también hay reportes de chachis.

Su gente no solo presenta problemas dermatológicos, sino estomacales. Depender de 15 afluentes que cruzan sus comunidades impide erradicar los problemas de salud. La pobreza también vive entre ellos.
“Los ríos ya no tienen sus colores naturales, ahora son plomos o amarillo oro”, detalla Kléver Santana, de Pastoral Social. La necesidad de tener agua segura y no convivir con la industrialización de la minería, llegó hasta a los entes de control en 2010.
Un año después, el 24 de marzo, el Juez Sexto de Garantías Penales Multicompetente de san Lorenzo, dispones siete medidas cautelares, las que hasta 2017, siguen pendientes, pese a que se dispuso cumplirlas en máximo 90 días.

 

Acciones de la audiencia

Entre las acciones están dar agua potable a las comunidades, determinar el estado de salud de los comuneros, suspensión total y absoluta de la actividad minera y la intervención de los ministerios del Ambiente, Salud, de Riegos, Senagua. Que cumplan su rol es una función de la Defensoría del Pueblo que impulsa la causa a favor de las 89 comunidades.
Los afectados, ambientalistas, de la iglesia, sociedad civil están convencidos que falta mucho por hacer, por organizaron la ‘Audiencia del Chocó’, que se hará a las 09:00, en el cantón San Lorenzo en el salón de actos de la parroquia cristiana ‘Martín de San Lorenzo’.

Se calcula que 207 personas copen en lugar. Entre ellos 13 testigos que escucharán 50 de la sociedad civil; 18 peritos; 70 comuneros; 40 de Quito entre otros que detallaran la problemática actual para luego en manifiesto, exigir del Estado: reparación integral y restauración.
“Se va a delatar la verdad de toda la afectación de la minería y la deforestación de las palmicultoras. Infamaremos incluso a las Naciones Unidas”, adelanta Kléver Santana, de Pastoral Social, quien promueve la ‘Audiencia del Chocó’. (MGQ).

Fuente:https://lahora.com.ec/esmeraldas/noticia/1102093107/mineria-acaba-lentamente-con-89-comunidades-afro

 

Perú

COTABAMBAS: ORGANIZACIONES EXIGEN SUSPENSIÓN INMEDIATA DEL ESTADO DE EMERGENCIA

(17/08/2017) Compartimos el pronunciamiento suscrito por diversas organizaciones en rechazo al Estado de Emergencia decretado la víspera por el Gobierno.

PRONUNCIAMIENTO
SUSPENSIÓN INMEDIATA DEL ESTADO DE EMERGENCIA EN COTABAMBAS
Las organizaciones sociales, instituciones nacionales e internacionales reunidas en la ciudad de Abancay  en el evento sobre “Buen vivir desde las comunidades campesinas de las regiones Cusco, Huancavelica, Cajamarca y Apurímac”, ante la declaración de Estado de Emergencia en los distritos de Challhuahuacho, Haquira y Mara de la Provincia de Cotabambas, decretada por el Gobierno Nacional, mediante el D.S. N° 085-2017-PCM, manifestamos lo siguiente:
1. De acuerdo a la Constitución Política del Perú y normatividad internacional, la declaratoria de estado de emergencia es una medida aplicable de manera “excepcional” y solo debe emplearse cuando se produce perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o graves circunstancias, que afecte la vida de la nación, por lo que creemos que el Ejecutivo abusa de las facultades que le otorga la Constitución Política, limitando y restringiendo el derecho a la protesta social que vienen ejerciendo las comunidades campesinas.

 

2. La declaratoria de Estado de Emergencia ante cada conflicto no solo no contribuye a prevenir y solucionar los desencuentros con la población, sino que agrava la criminalización de la protesta que afrontan los líderes, lideresas y defensores del medio ambiente.

3. Las justas demandas de las comunidades campesinas que exigen el respeto de sus derechos, no se pueden responder con el uso desmedido de la fuerza. El conflicto en Las Bambas ya tiene un lamentable saldo de 4 personas fallecidas por heridas de bala producidas por la Policía Nacional del Perú,  sus familias se encuentran en el desamparo y la criminalización de más 100 comuneros  y comuneras.

 

4. Las modificaciones al Estudio de Impacto Ambiental no solo no fueron consultadas, sino que no se previó las medidas adecuadas de mitigación de impactos, como el asfalto de las carreteras por donde transita el transporte minero. La medida implementada por la empresa y aprobada por el gobierno, de regar la carretera, es insuficiente para responder a la movilización de 300 camiones diarios por una vía pública que atraviesa los centros poblados y comunidades.

 

5. Apoyamos a las comunidades campesinas que exigen la actualización de los contratos celebrados entre ellas y la empresa por el uso de su territorio comunal y el transporte de minerales de la Mina Las Bambas. Asimismo, apoyamos su exigencia de que se les brinde el mismo trato que han recibido las cuatro comunidades de Challhuahuacho y Tambobamba.

 

6. Exigimos que las instituciones del Estado garanticen que no se vulnere derechos fundamentales de los miembros de las comunidades campesinas. Asimismo exigimos que al Ministerio Público y el Poder Judicial cumplan su papel de garantes del orden constitucional y solicitamos a la Defensoría del Pueblo mantener un rol activo y vigilante.

7. Instamos al Gobierno a dar solución inmediata y pacífica a las demandas de la población y sus comunidades, convocando a un espacio multisectorial entre las comunidades y la empresa para llegar a acuerdos satisfactorios para todas las partes; asimismo lo instamos a dejar sin efecto la declaratoria del estado de emergencia, para que la población y sus organizaciones puedan ejercer su derecho a reunión y libre tránsito garantizando su participación en la solución de este conflicto.

 

8. Demandamos a la empresa Minera Las Bambas el cumplimiento de su responsabilidad social y ambiental.

 

Abancay, 16 de agosto de 2017.
Suscriben:

 

• Federación Interprovincial de Desarrollo Territorial y Ambiental de las Provincias de Cotabambas, Chumbivilcas, Espinar y Paruro
• Frente de Defensa de la Provincia de Espinar
• Defensoras del Territorio y Cultura K´ana
• Frente de Defensa de los Intereses del Distrito de Haquira
• Federación Regional de Mujeres de la Región de Apurímac
• Derechos Humanos Sin Fronteras
• CEDEP Ayllu

CooperAcción
• Centro Bartolome de las Casas
• Red Muqui
• IDECA
• APRODEH
• Broederlijk Delen – Bélgica
• Asociación Madre Coraje –  España

Fuente:http://www.conflictosmineros.org.pe/?q=alertas/17/08/2017/cotabambas-organizaciones-exigen-suspensi-n-inmediata-del-estado-de-emergencia

Sin categoría

Invitan a marchar por el agua del páramo de Santurbán el 6 de octubre

Ni con Minesa, ni con Eco Oro, ni con Greystar, ni con ninguna otra firma que llegue en el futuro. La meta es impedir que se le otorgue un título minero a cualquier empresa que quiera explotar oro a gran escala en Santurbán.

Esa es la principal premisa de la Gran Alianza por el Agua que se lanzó esta semana entre el comité para la defensa del agua y el páramo de Santurbán, la Alcaldía de Bucaramanga y otras entidades públicas y privadas.

La primera gran acción es una marcha que están convocando para el 6 de octubre, donde se espera superar la participación que se logró con la movilización ‘100 mil voces por el agua’ de 2013.

Esta nueva marcha partirá de la Puerta del Sol a las 2:00 p.m. y recorrerá la carrera 27 y la calle 36 hasta llegar a la Plaza Cívica Luis Carlos Galán.

Propuesta de Minesa

Cabe recordar que Minesa está promoviendo un proyecto minero en el Soto Norte, que estaría por debajo de la línea delimitada del páramo.

Dicha firma ha insistido en varias ocasiones que su propuesta es “minería bien hecha”, sustentable y sostenible, pues no usa mercurio, ni deja rastros de cianuro, de modo que no se afectan los ríos. Además, según ellos, se llevaría desarrollo a la región.

Contra la megaminería

No obstante, las organizaciones y entidades que promueven la Alianza por el Agua no opinan lo mismo. Erwing Rodríguez-Salah, del Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana, manifestó que “cualquier acción de minería que se haga por encima de las bocatomas (donde el acueducto capta el agua) genera un riesgo para el agua que consumen 3 millones de personas”.

Igual opinión tuvo Gonzalo Peña, que afirmó que el bosque andino de Santurbán “es una unidad biogeográfica” y así se explote oro por debajo de la línea de páramo se afectarían las fuentes hídricas.

Qué ha dejado la minería

Por su parte, el senador de la Alianza Verde, Antonio Navarro, señaló que “la locomotora minera no trajo los beneficios que prometió el Gobierno y en cambio ha traído miseria”.

Según él, los impuestos que se recaudaron en 2016 de todos los proyectos mineros (sin incluir petróleo y gas) sumaron $1,9 billones, “que es menos de un 1% del IVA (recaudo de un punto del IVA es de $2,9 billones al año)”.

Aseguró que la caída de los precios llevó a que el recaudo de impuestos por hidrocarburos pasara de $30,7 billones (2012) a $5,4 billones (2016), mientras que en minería pasó de $3,4 billones a $1,9 billones en el mismo periodo de tiempo.

Mientras tanto, la deuda externa del país subió un 161% en la última década, según el Observatorio de Empleo de la Universidad del Rosario.

Participación de todos

A esta alianza por el agua ya se han sumado la Alcaldía de Bucaramanga, el Área Metropolitana (AMB), el Acueducto Metropolitano (amb), algunos concejales y diputados y líderes sociales, estudiantiles y religiosos. No obstante, se está convocando a todas las fuerzas vivas, partidos políticos, alcaldías y entidades públicas y privadas para que se vinculen. “Esto no es de un grupo específico, esperamos que se vinculen todos los que quieran defender el páramo”, dijo el Concejal Jorge Flórez.

Invertirán recursos del área en Soto Norte

El Jefe de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga, Manuel Francisco Azuero, explicó que se deben promover acciones concretas para proteger el páramo de Santurbán. “Hay unos mecanismos de corresponsabilidad que vamos a implementar, pero aún no están definidos”, dijo el funcionario, que señaló que la idea es destinar recursos de los municipios del área para impulsar proyectos económicos y ambientales en el Soto Norte.

Una opción que se maneja, por ejemplo, es usar parte de lo que se recoge con la sobretasa ambiental. Otra alternativa es hacerlo con recursos del Acueducto Metropolitano o la sobretasa del agua. Además, se pueden adquirir más terrenos cerca de las fuentes hídricas y mejorar la reforestación de esas cuencas.

Fuente:http://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/406910-invitan-a-marchar-por-el-agua-de-santurban-el-6-de-octubre

 

 

Argentina

Citaron a indagatoria a siete ex funcionarios kirchneristas por violar la Ley de Glaciares

Es histórico. Nunca antes un funcionario había sido citado a indagatoria por cuestiones ambientales, en este caso, por violar la Ley de Glaciares. El juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria a los ex titulares de la Secretaría de Ambiente (hoy, ministerio) Juan José Mussi, Omar Judis y Sergio Lorusso, a los ex presidentes de la Administración de Parques Nacionales Patricia Gandini, Carlos Enrique Corvalán y Eugenio Indalecio Breard, y al ex director del Ianigla (el instituto encargado de la confección del mapa de glaciares), Ricardo Villalba. Además, mandó a auditar a la actual gestión.

La causa se inició a partir del derrame de metales pesados del 12 y 13 de septiembre de 2015 en la mina Veladero, que Barrick Gold explota en el norte de San Juan. Fue el mayor accidente ambiental de la historia minera argentina. La Corte Suprema decidió que el expediente siga su curso en la Justicia local (donde avanza a paso lento), pero que la Justicia federal porteña debía investigar las posibles implicancias de los funcionarios nacionales. Por eso, los abogados que represantan a la Asamblea Jáchal No Se Toca, Enrique Viale y Diego Seguí, se presentaron para pedir que se indague acerca de la posible violación de la Ley de Glaciares, ya que su cumplimiento hubiese evitado la contaminación, que luego se repitió en otras ocasiones. Con el tiempo se amplió la investigación al proyecto Pascua Lama, también de Barrick Gold.

El razonamiento de los querellantes es sencillo: si la Ley de Glaciares se cumpliera, Veladero y Pascua Lama no deberían existir, por ende, no hubiese habido derrames. Los propios estudios de impacto ambiental de Barrick Gold reconocen que sus yacimientos están ubicados en zonas protegidas por ley.

Lo primero que ordenó Casanello fueron una serie de operativos en el Ministerio de Ambiente y en el Ianigla, en los que se secuestraron documentos internos que, por ejemplo, reconocían la falta de control de los proyectos mineros o la falta de incorporación de glaciares en el inventario nacional, como el Toro 1 y el Brown inferior.

Para entender el tema hay que ir un poco para atrás en el tiempo. La Ley de Glaciares fue sancionada el 30 de septiembre de 2010, por lo que, de acuerdo a su texto, el 31 de marzo de 2011 debía estar finalizado el inventario de glaciares en la zonas prioritarias, es decir, las que tienen actividades posiblemente incompatibles con la protección, como la megaminería. Sin embargo, no solo no se cumplió con ese plazo, sino que al día de hoy ni siquiera está finalizado en su totalidad el mapa de glaciares de San Juan. Y la primera publicación sobre la cuenca del río Jáchal, afectado por Barrick Gold, fue cinco años después.

«Un glaciar no inventariado –o no publicado– es un glaciar desprotegido», advirtió Casanello en la resolución a la que Infobae tuvo acceso.

Pero el problema, según el magistrado, no fue solo temporal. También se dejaron afuera glaciares, más de mil en la zona de los Andes áridos, de acuerdo al testimonio de una testigo. ¿Por qué? Porque el Ianigla decidió, en un documento elaborado en 2010, no incluir en el inventario los glaciares menores de una hectárea, y la resolución fue convalidada por la Secretaría de Ambiente, pese a que la ley ordena proteger todos los glaciares «cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación». Una aclaración: ese es solo un ejemplo. Hubo otras limitaciones, más bien técnicas, pero que tuvieron consecuencias prácticas muy concretas: glaciares no inventariados y, por ende, no protegidos.

A partir de este razonamiento, Casanello advirtió que las autoridades «excluyeron del inventario muchos cuerpos de hielo que si bien representaban un menor porcentaje de agua, en zonas desérticas –como la provincia de San Juan desde el río Jáchal hacia el norte– significaban –y significan– un aporte hídrico sumamente valioso». Incluso el juez subrayó que pese a la aridez de la zona y la existencia de Veladero y Pascua Lama, «San Juan no fue ‘prioritaria’ a los fines del inventario».

El fallo es muy claro y, por momentos, pedagógico. «Los glaciares en la zona se caracterizan por ser pequeños, fríos y secos. Los efectos e importancia de estos reservorios de agua pueden ser insignificantes en otros sitios donde los glaciares poseen mayores dimensiones. Sin embargo, en regiones como el norte de San Juan, donde la calidad y cantidad de agua son un tema de preocupación constante, todo cuerpo de hielo cobra una importancia fundamental: son como oasis en el desierto», explicó Casanello. Además, repasó el testimonio de la ex diputada Marta Maffei, una de las creadoras de la ley junto a Miguel Bonasso y Daniel Filmus, quien advirtió que «los glaciares más pequeños son los que más se derriten en verano y por ende los que más pueden alimentar las cuencas».

La conclusión es rotunda. «Barrick no solo funciona en una zona protegida –y por ende constituye una actividad prohibida por ley– sino que ha impactado fuertemente sobre el ambiente a proteger. Se asienta sobre permafrost –»el frezeer» de los glaciares, que permite su conservación–; tiene instalaciones en morenas, glaciares de escombros, vegas, protalus; los caminos hacia las minas han deteriorado e incluso hecho desaparecer glaciares debido al constante levantamiento del polvo que producen sus camiones; su cercanía a glaciares provoca una afectación indirecta –y en algún caso, lisa y llanamente, directa– de los mismos. A todo esto hay que agregar una cifra negra: las geoformas, que por ser menores de una hectárea o por el simple hecho de no estar mencionadas en el ‘cronograma’ no han sido mapeadas y que podrían estar por debajo de la infraestructura de la mina», indicó el magistrado.

Casanello sostuvo, al respecto, que «varios organismos nacionales contribuyeron mediante sus omisiones a generar un ámbito de desprotección de los glaciares». Por eso, los primeros en ser mencionados fueron los responsables de la Secretaría de Ambiente desde la creación de la ley hasta el 10 de diciembre de 2015: Mussi, Judis y Lorusso.

No obstante, el juez aclaró que, al menos por ahora, no serán citados funcionarios vinculados a la actual gestión, pues –en principio– hubo avances, aunque ordenó que la Auditoría General de la Nación realice un «completo informe» en el plazo perentorio de dos meses sobre todo lo obrado a partir de enero de 2016 por autoridades nacionales.

En cambio, sí fueron incluidos el director del Ianigla entre 2010 y 2016, Ricardo Villalba, quien decidió modificar la definición legal de glaciar, y los tres administradores de Parques Nacionales en el último lustro kirchnerista, ya que el juez destacó «la ausencia de acciones en la conservación de los glaciares» ubicados en la Reserva de Biósfera San Guillermo», parte de la cual fue directamente afectada por Veladero y Pascua Lama.

En la querella recibieron con alegría la decisión. «El fallo demuestra lo que hace años venimos denunciando sobre la sistemática violación de la Ley de Glaciares», dijo a Infobe el abogado Enrique Viale, precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. «Son años de lucha; es un aliciente y espaldarazo para el pueblo de Jáchal, que viene resistiendo los embates de los gobiernos nacionales y provinciales y de la minera Barrick», cerró.

Fuente:http://www.infobae.com/politica/2017/08/08/citaron-a-indagatoria-a-siete-ex-funcionarios-kirchneristas-por-violar-la-ley-de-glaciares/



Mexico

Mineras arrecian hostigamiento contra habitantes de Actopan y Alto Lucero

Xalapa, Ver.- Pobladores de las comunidades de El Porvenir y Los Baños en Actopan y Alto Lucero, denunciaron que desde hace 15 días, los empleados de las empresas mineras Almaden Minerals y Candelaria Minning, han arreciado su hostigamiento hacia los ciudadanos que se oponen a la actividad minera en la zona.

Al respecto, el integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental (Lavida), Héctor Colío, no descartó que existan enfrentamientos entre los dueños de ejidos que se oponen a la actividad y empleados de las mineras que se meten a los terrenos sin permiso de sus legítimos dueños, y aseguró que esto ya fue informado al secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán.

Señaló que es posible que el acoso puede deberse a las denuncias que han interpuesto los habitantes de este lugar y que han hecho antes diversas instancias de Gobierno.

«Parece que dieron la orden desde el Gobernador o la Semarnat y dijeron: actívense, porque ya hay demandas en la Semarnat y Profepa. Ellos piden permiso para una exploración, pero no para cambio de uso de suelo y deben contar con la anuencia de propietarios y vecinos, pero desde hace 15 días algo pasó en Veracruz».

Agregó que si bien antes las empresas se habían conducido con cierto sigilo y hasta deferencias para con los habitantes cercanos, ahora hay un cambio radical en el trato.

«Llegaban a ciertos acuerdos y a raíz de que los pueblos hicieron escritos y las asambleas negaron los permisos para la explotación, se vino una vorágine para pasarles encima».

El activista cuestionó quién dio la orden para que las empresas apresuraran sus trabajos durante la actual administración de Miguel Ángel Yunes Linares.

«Creo que en el Gobierno del estado dijeron que los iban a dejar pasar porque el pasado Gobierno no autorizó la minería abierta por la presión social, por los daños que se iban a causar según dijo la Universidad, pero esto Gobierno que se habla mantenido aparentemente titubeante, parece que dio un paso atrás y les dijo que se metieran».

Lamentó que aún cuando han acudido a la Fiscalía General del estado (FGE) a solicitar que se haga un levantamiento de hechos por los trabajos que sin permiso realizan las empresas en predios particulares, esta se ha negado a atenderlos.

«Dicen que eso no les corresponde a ellos porque es un daño ambiental, y son daños en propiedad ajena, pero alguien frena a los funcionarios del estado, alguien frena al ‘procrurador’ del estado, al Presidente municipal, será el Gobernador que dijo pásenle, será la presión de las empresas».

Por su parte, el habitante de Los Baños, Ascensión Sánchez Vázquez, aseguró que la afectación más visible es en los manantiales y pozos de la zona pues incluso algunos se han secado.

«Algunos manantiales han mermado su producción, pozos igualmente y son los daños que tenemos, además de destrucción de caminos porque circulan con pipas y camiones; hay una falta de respeto a los derechos de las comunidades porque no respetan que no se les quiere dar permiso, no acatan el derecho de los pueblos».

Narró que los empleados de las mineras se meten a sus predios incluso durante la madrugada, a sabiendas de que no cuentan con los permisos para hacerlo.

«Lo que se deja ver es una gran ausencia de autoridad porque andan con toda libertad y no hay autoridad que intervengan y les llamen la atención. Las comunidades estamos molestas y en desacuerdo y cada día son más las comunidades que están en repudio de este proyecto».

Por ello, lanzó un llamado a las autoridades para que atiendan está problemática que afecta a los habitantes de varias comunidades.

Fuente:http://www.e-veracruz.mx/nota/2017-08-16/ecologia/mineras-arrecian-hostigamiento-contra-habitantes-de-actopan-y-alto-lucero

Colombia

Con consulta lucharán contra la minería en Paipa

Un colectivo de ambientalistas, liderado por Francisco Cipagauta, vienen adelantado el proceso de la consulta popular para la prohibición las actividades mineras en la región.

“Estamos en la etapa de recolección de firmas, el fin de semana realizamos un foro con la participación de varios expertos en el tema de geología, con el fin de analizar los alcances ambientales de la minería en Paipa”, indicó Magda Orjuela, vocera de la consulta.

Los avances 

Según la activista, el proceso avanza con la recolección de firmas que deben superar las 2.500 hasta el próximo 15 de diciembre del presente año.

“Para poder avalar el proceso sin que tenga ningún tropiezo tenemos como meta reunir 5.200  firmas. Con el fin de lograr este objetivo estamos haciendo socializaciones en las veredas del municipio, para que haya una inclusión de toda la población en la firmatón”, dijo Orjuela.

La consulta va encaminada a frenar la construcción de termoeléctricas en dicha municipalidad y prohibir la minería a cielo abierto en Paipa, la cual ha dejado afectaciones en la calidad de aire y el agua.

Hasta el momento, los promotores de la iniciativa no han recibido apoyo de la administración municipal ni de las corporaciones ambientales, por lo que la iniciativa se viene realizando de formar independiente.

Fuente:http://hsbnoticias.com/noticias/local/con-consulta-lucharan-contra-la-mineria-en-paipa-336479

Argentina

Los ejecutivos de la Barrick Gold procesados «son perejiles»

BUENOS AIRES (Redacción) – Confirmaron el procesamiento de 8 ejecutivos de Barrick Gold por contaminar la cordillera, aunque le dictaron la falta de mérito al gerente general del proyecto. Es porque en septiembre de 2015 hubo un derrame de solución con cianuro y otros metales pesados en la Mina Veladero, el mayor de la historia minera argentina. Sin embargo, desde la asamblea de vecinos “Jáchal No Se Toca” consideraron que «los ocho acusados son perejiles»

Hoy, la Sala Primera de la Cámara Penal de San Juan confirmó el procesamiento de ocho ejecutivos de la minera por encontrarlos presuntos autores del delito de contaminación de agua, de manera culposa, por actuar con negligencia o impericia en la profesión. El delito está previsto en el artículo 56 de la ley nacional de Residuos Peligrosos (24.051), que tiene una pena de uno a dos años de prisión en suspenso. Aunque le dictó la falta de mérito al gerente general del proyecto, Antonio Adames, apartado de su cargo tras el incidente ambiental.

El tribunal conformado por los jueces Raúl Iglesias, Juan Carlos Caballero Vidal y Silvia Peña Sansó mantienen los procesamientos contra Leandro Poblete (jefe de Procesos), Segundo Álvarez (supervisor Junior del valle de lixiviación), Carlos Cabanillas (gerente de Operaciones de Mina), Angel Escudero (jefe de Prevención de Riesgos), Osvaldo Brocca (jefe de Servicios Técnicos), David Sánchez (jefe de Mantenimiento de Mina) y Ricardo Cortez (supervisor Junior de Medio Ambiente).

Pero, a pesar del avance de la Justicia, uno de los abogados de la asamblea de vecinos Jáchal No Se Toca, Diego Seguí, consideró que «los ocho acusados son perejiles», ya que aseguró: «Nosotros pedimos la indagatoria de (el ex ministro de Minería, Felipe) Saavedra y nunca la pidió el juez, pedimos la indagatoria del (ex secretario de Gestión Ambiental y Control Minero, Marcelo) Ghiglione y no la solicitó nunca y a Guillermo Caló, ex CEO de Barrick, que tampoco llamó a indagatoria el juez (Pablo) Oritja».

Para el juez Iglesias la prueba de la negligencia de los ejecutivos se cristalizó en una reunión ocurrida el 6 de septiembre, donde todos los procesados acordaron la apertura de la compuerta del canal Norte para que el agua de deshielo de un temporal fuera a parar al río Potrerillos, según afirmó un medio local. Con lo cual, el 12 de septiembre, al haberse roto una válvula de la cañería que transportaba solución cianurada, con la compuerta abierta, el agua con cianuro se derramó hacia afuera del valle de lixiviación contaminando los ríos Potrerillos, Las Taguas y La Palca.

En tanto, según expresaron desde la compañía Barrick Gold mediante un comunicado, no comparten los argumentos de la justicia para ratificar los procesamientos y detallaron que seguirán apoyando legalmente a los procesados, ya que comprenden «que no hay razón alguna que justifique considerar los hechos ocurridos como delictivos».

Pero, a pesar del avance de la Justicia, uno de los abogados de la asamblea de vecinos Jáchal No Se Toca, Diego Seguí, consideró que «los ocho acusados son perejiles», ya que aseguró: «Nosotros pedimos la indagatoria de (el ex ministro de Minería, Felipe) Saavedra y nunca la pidió el juez, pedimos la indagatoria del (ex secretario de Gestión Ambiental y Control Minero, Marcelo) Ghiglione y no la solicitó nunca y a Guillermo Caló, ex CEO de Barrick, que tampoco llamó a indagatoria el juez (Pablo) Oritja».

Para el juez Iglesias la prueba de la negligencia de los ejecutivos se cristalizó en una reunión ocurrida el 6 de septiembre, donde todos los procesados acordaron la apertura de la compuerta del canal Norte para que el agua de deshielo de un temporal fuera a parar al río Potrerillos, según afirmó un medio local. Con lo cual, el 12 de septiembre, al haberse roto una válvula de la cañería que transportaba solución cianurada, con la compuerta abierta, el agua con cianuro se derramó hacia afuera del valle de lixiviación contaminando los ríos Potrerillos, Las Taguas y La Palca.

En tanto, según expresaron desde la compañía Barrick Gold mediante un comunicado, no comparten los argumentos de la justicia para ratificar los procesamientos y detallaron que seguirán apoyando legalmente a los procesados, ya que comprenden «que no hay razón alguna que justifique considerar los hechos ocurridos como delictivos».

Fuente:http://www.elintransigente.com/sociedad/2017/8/16/ejecutivos-barrick-gold-procesados-son-perejiles-450152.html