Un comité ministerial se muestra en contra de una explotación de hierro y cobre en la región de Coquimbo donde viven los pingüinos de Humboldt.

Un comité ministerial de Chile rechazó el lunes 21 de agosto el proyecto de construcción de una gran mina en la región de Coquimbo debido a su gran impacto medioambiental en una zona donde habita el 80 % de la población mundial de los pingüinos de Humboldt.

El comité, integrado por los ministros de Energía, Minería, Agricultura, Economía, Medio Ambiente y Salud de Chile, se pronunció en la misma forma en que ya lo había hecho en marzo la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA), que desaprobó el proyecto Dominga de la firma Andes Iron.

Al término de la reunión, el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, dijo que «creo firmemente en el desarrollo, pero esto no puede ser a costa del patrimonio ambiental ni causar riesgos a la salud de las personas. Más aún en zonas de valores ecológicos únicos en el mundo».

Desde hace años los habitantes de Coquimbo y los científicos buscan frenar este proyecto argumentando que afectaría a una zona de rica biodiversidad.

En las aguas costeras de la localidad de La Higuera, en la región de Coquimbo, se emplazan las reservas marinas Isla Choros-Damas, Isla Chañaral y la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, que ocupa más de 888 hectáreas y alberga una gran cantidad de especies endémicas marinas y terrestres. Alberga alrededor del 80 % de la población mundial del pingüino de Humboldt, el chungungo (nutria marina), la ballena azul y la ballena fin, entre otras especies en peligro de extinción.

Beneficio económico, daño ambiental

La propuesta de Andes Iron supondría la construcción de una mina de hierro y cobre, además de un puerto en el norte de la región de Coquimbo, en el municipio de La Higuera. Tendría una producción anual de doce millones de toneladas de concentrado de hierro y 150.000 toneladas de concentrado de cobre, y supondría una inversión de 2.500 millones de dólares.

Después de ser rechazada por la CEA, los ejecutivos de la compañía habían recurrido al comité ministerial para que revirtiera ese fallo, argumentando que Dominga cumple la normativa y «se hace cargo de sus impactos» medioambientales. La sentencia de hoy se basó en aspectos técnicos, basados en los pronunciamientos de 14 servicios, «sin consideraciones políticas», aseguró Mena.

El ministro chileno dijo que los reclamantes pueden recurrir al Tribunal Ambiental o a la Corte Suprema «si quedaron insatisfechos» con el fallo. Por su parte, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) criticó la decisión del comité de ministros, que calificó de «política» y «sin justificación». JEC – EFE.

Fuente:http://www.lavanguardia.com/vida/20170821/43727528965/gobierno-de-chile-rechaza-un-megaproyecto-minero-por-impacto-medioambiental.html

Salamanca es un hervidero: la municipalidad está en quiebra con un hoyo financiero de más de $5 mil millones. En el centro de las acusaciones: Gerardo Rojas (PPD), alcalde por 12 años hasta 2016. CIPER descubrió que el forado se tapó por años con millonarios aportes de Minera Los Pelambres, la que carga con un prontuario ambiental en la zona. Contraloría cuestiona este tipo de aportes por conflicto de interés. CIPER estableció que entre 2010 y 2016 la empresa del Grupo Luksic traspasó al municipio más de $7 mil millones. Al menos $2 mil millones fueron desviados al pago de sueldos y gastos corrientes.

En mayo pasado las sirenas de peligro en la faena de Minera Los Pelambres volvieron a sonar. Esta vez no se trataba de derrames de desechos, ni tampoco de cortes de caminos provocados por opositores a la mega faena de cobre y molibdeno del Grupo Luksic. A principios de ese mes, los ejecutivos de la minera fueron notificados por la nueva administración de la Municipalidad de Salamanca, comuna ubicada a 45 kilómetros de Los Pelambres (Región de Coquimbo), que un monto significativo de los más de $5.200 millones que transfirió a las arcas de la entidad entre 2015 y 2016 se habían esfumado.

La búsqueda de esos dineros –que hoy ha dado paso a una exhaustiva investigación en Los Pelambres, la Municipalidad de Salamanca y la Contraloría– es solo la superficie de una caja que esconde el destino de otros millonarios traspasos desde la minera al municipio. La indagación de CIPER arroja que entre 2010 y 2016 Minera Los Pelambres inyectó a la Municipalidad de Salamanca $7.200 millones en donaciones. Para graficar el impacto de ese monto en las finanzas municipales, basta citar un ejemplo: los $3.255 millones que Los Pelambres traspasó a la administración edilicia en 2016 representaron más del 16% del presupuesto municipal, superando en $1.200 millones el monto disponible para la gestión de salud en toda la comuna.

El protagonista central de los más de $2 mil millones investigados es uno de los históricos aliados de Minera Los Pelambres: Gerardo Rojas Escudero (PPD), quien fue desde 2004 y hasta 2016 alcalde de Salamanca. Rojas, con estudios de Derecho, también ocupó el sillón edilicio entre 1992 y 1994. Versiones recogidas para este reportaje indican que entre ambos periodos el ex alcalde trabajó algunos años para la propia minera como asesor jurídico.

Pese a la danza de millones que recibió el gobierno local bajo el mandato de Gerardo Rojas, hoy la Municipalidad de Salamanca arrastra un hoyo financiero que sobrepasa los $5 mil millones. Eso no es todo. El arqueo que hizo la nueva administración edilicia arroja que, del total de dineros que Los Pelambres depositó en las arcas municipales entre 2015 y 2016 –y que debían ir en beneficio de los vecinos–, hay al menos $2 mil millones que fueron desviados al pago de remuneraciones de funcionarios y a cubrir la operación del municipio.

En otras palabras: la gestión del ex alcalde Gerardo Rojas ha dependido en buena medida de los recursos de Los Pelambres. Los traspasos también le han permitido a la minera obtener beneficios tributarios en virtud de la Ley de Donaciones.

No solo beneficios tributarios ha conseguido Los Pelambres con sus aportes millonarios a Salamanca. Los traspasos de dinero están estrechamente ligados a los sucesivos problemas medioambientales protagonizados por la minera y que han sacudido a sus más de 25 mil habitantes.

PRONTUARIO MEDIOAMBIENTAL

El año 2008 fue fatídico para los habitantes de Salamanca. El 28 de noviembre, la rotura de un ducto de Minera Los Pelambres originó el derrame de 12 mil litros de petróleo. No era el primer episodio de contaminación de la mega operación controlada por Antofagasta Minerals (AMSA), el brazo minero del Grupo Luksic. En agosto de ese mismo año, aguas residuales de la faena minera habían escurrido al río Cuncumén y al estero Las Camisas. Un año después, 13 mil litros de concentrado de cobre cayeron al río Choapa.

Por esos eventos Los Pelambres fue multada por la autoridad ambiental en 2009 con $82,5 millones, el 0,02% de sus utilidades de ese año que, en el atardecer del “superciclo” del cobre, sobrepasaron los $480 mil millones.

El prontuario socio ambiental de Los Pelambres incluye la remoción de glaciares rocosos, estrés hídrico, polvo en suspensión y la construcción de El Mauro, uno de los tranques de relaves más grandes de Sudamérica, a pocos kilómetros del pueblo de Caimanes. La lista se engrosó con nuevos episodios de derrame en 2012, 2015 y con los cargos que presentó en su contra la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) en 2016 por varias infracciones calificadas como graves.

Lo anterior no ha sido obstáculo para que la minera se haya granjeado el férreo apoyo de autoridades de Salamanca y de la región, entre ellas el del ex alcalde Gerardo Rojas, cuya gestión municipal está hoy bajo la lupa de la Contraloría General de la República.

El default del municipio es vox populi en Salamanca y hace algunos meses la noticia llegó a las oficinas de la minera que, en mayo pasado, encargó una auditoría a Pricewaterhouse Coopers (PWC) para conocer el destino de las platas entregadas al municipio en los dos últimos años de gobierno del ex alcalde. El informe ya está terminado y será presentado a las autoridades de Salamanca en el transcurso de esta semana.

Alertas anteriores por el mal uso de los aportes de la minera por parte de la administración de Rojas eran conocidas. En 2009, por ejemplo, la Contraloría advirtió que desde al menos 2007 la municipalidad había destinado fondos de la minera al pago de remuneraciones y cuentas del municipio. Esos hechos “podrían revestir carácter de delito”, concluyó la investigación.

Pese a lo lapidario del informe, los dineros remesados por Los Pelambres a las arcas municipales aumentaron vertiginosamente año a año. En 2016, cayó una nueva advertencia de Contraloría sobre el desvío de fondos de la administración del ex alcalde PPD.

“Pelambres ayudaba a la Municipalidad de Salamanca con recursos porque el alcalde le paraba los conflictos, gestionaba con los vecinos que no se le opusieran, entonces por ahí partieron esos proyectos”, señaló una autoridad de la región que pidió reserva de su identidad.

Históricamente, Gerardo Rojas ha jugado un rol clave como mediador entre la comunidad de Salamanca y la minera. “Si se cierra Minera Los Pelambres los indicadores económicos se van a las pailas”, señaló a la prensa en marzo de 2015 tras el fallo de primera instancia que ordenó la demolición de El Mauro, el gigantesco contenedor donde la minera deposita sus relaves. Las últimas estimaciones indican que el índice de pobreza en la comuna de Salamanca alcanza 19%, casi cinco puntos arriba de la media nacional.

Bajo el mandato de Rojas la alcaldía ha tenido que pronunciarse formalmente sobre los planes de expansión de la faena del Grupo Luksic. Así ocurrió en 2012, cuando el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) le pidió a ese municipio analizar la compatibilidad territorial de un proyecto para aumentar la capacidad productiva de Los Pelambres. La entidad edilicia se manifestó “conforme” (ver documento). No debió hacerlo.

Un dictamen de Contraloría del 5 de marzo de 2010 instruye que las municipalidades tienen la obligación de no suscribir convenios o recibir aportes de empresas o personas que “tengan o puedan tener interés en asuntos que deban ser analizados, conocidos o resueltos por la entidad edilicia”. Ese dictamen se hizo para efectos de impugnar las donaciones a municipios de Aysén realizadas por empresas que controlaban dos proyectos hidroeléctricos en esa región que en ese momento eran evaluados por el SEA (ver documento).

Desde Antofagasta Minerals negaron que Minera Los Pelambres haya vulnerado alguna vez ese dictamen de Contraloría y agregaron que están avanzando en un modelo de gestión en el que quienes reciban los aportes no sean los municipios, sino terceros expertos en ejecución de proyectos.

DERRAME DE PLATA

CIPER pudo rastrear parte importante de los montos traspasados por la minera a la cuenta del municipio desde 2010 en adelante: son al menos $7.200 millones en los últimos siete años. Aunque no se pudo conocer con exactitud la cifra total de aportes anteriores a esa fecha, hay evidencias de traspasos de dineros desde al menos 2007.

Más de la mitad de los $7.200 millones inyectados desde 2010 por Los Pelambres fueron transferidos en los dos últimos años de la gestión de Gerardo Rojas, quien después de 12 años en el cargo fue derrotado en las elecciones de octubre de 2016. A partir de abril de 2015, la mayoría de las donaciones comenzaron a ejecutarse al alero del programa “Vive Salamanca”. El acuerdo, firmado entre el municipio y la minera, debía formalizar y canalizar los cuantiosos aportes en proyectos que prometían “mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

“Vive Salamanca” es parte de un proyecto más amplio de Los Pelambres llamado “Somos Choapa”, a través del cual desde hace un par de años se gestionan las donaciones de la minera a todas las comunas de esa provincia. La metodología de “Somos Choapa” fue diseñada a la medida de Los Pelambres por la empresa de comunicaciones del sociólogo Eugenio Tironi.

El acuerdo que selló el programa “Viva Salamanca” en abril de 2015 es explícito en que los fondos de la minera debían ser usados “única y exclusivamente para los objetos mencionados (…) y, por ende, no pueden ser destinados para fines que no estén indicados en el presente convenio”.

Pero eso no ocurrió. Según los antecedentes que CIPER tuvo a la vista, de los $5.258 millones que entre 2015 y 2016 la administración edilicia recibió de la minera, al menos $2.103 millones no figuran en la cuenta corriente municipal y no cuentan con documentación de respaldo. Esos millonarios fondos no se han traducido en ninguna obra que vaya en beneficio de los salamanquinos.

POZO SIN FONDO

La investigación de CIPER arroja que una tajada considerable del dinero que históricamente ha fluido desde Los Pelambres a la alcaldía, ha ido a tapar los hoyos de la escuálida caja municipal. Con esos fondos se montó una bicicleta financiera que hace poco colapsó. Lo que sí está claro por ahora, es que por años ese flujo de dinero le permitió a  Gerardo Rojas solventar los gastos operacionales de su administración.

El edil electo de Salamanca, Fernando Gallardo (Independiente por Chile Vamos), reconoció a CIPER que la deuda municipal asciende actualmente a $5.080 millones.

El descalabro financiero que afecta a la alcaldía de Salamanca quedó registrado en el acta del Concejo Municipal del 12 de junio pasado. Allí, el jefe de Finanzas del municipio y quien fuera brazo derecho de Rojas,  Rodrigo Muñoz, reconoció ante los concejales que “durante largo tiempo la administración anterior funcionó con fondos del convenio Viva Salamanca” (ver acta).

Según expuso Muñoz, a medida que llegaban las platas de Minera Los Pelambres, estas se iban utilizando para cubrir otros gastos. Y entregó detalles: $654 millones para el pago de honorarios; $312 millones usados como “aporte a educación”; $599 millones en “gasto corriente”; $181 millones en actividades municipales, entre otros.

Esto continuó, relató Muñoz, hasta que “fue imposible revertir el saldo a estado positivo”. El jefe de Finanzas municipal no titubeó cuando una concejala consultó sobre el conocimiento de la administración anterior sobre la precaria situación de la entidad: “La unidad de Finanzas siempre mantuvo informado de este déficit de caja al ex alcalde Rojas (…) todos los días le entregábamos el estado de fondos para que tomara conocimiento”, dijo.

El alcalde Gallardo transparentó a CIPER que aún no ha sido posible determinar con exactitud el destino de parte de las donaciones de la minera: “Yo creo que aquí hay una malversación clarísima, porque los aportes de Los Pelambres eran para hacer proyectos, pero esos proyectos no se hicieron. Entonces, ¿dónde quedó la plata?”, se pregunta.

El alcalde se refiere a obras inexistentes, como la construcción de una plaza en el barrio Santa Rosa de la comuna; la pavimentación de caminos en el sector de Tranquilla; cuatro plazas en la localidad de Chillepín y la habilitación de un centro cultural.

Uno de los mayores problemas que deberá resolver el alcalde Fernando Gallardo en los meses venideros es cómo pagarle a proveedores que fueron contratados por el municipio con platas de la minera:

-En el proyecto de soterramiento de cables en la Avenida Infante, una de las arterias principales de la ciudad, hay un avance de un 95%, pero le debemos a la empresa constructora unos $1.150 millones -señaló Gallardo a CIPER.

El nuevo alcalde espera que el municipio siga recibiendo aportes de Minera Los Pelambres. Consultado respecto del tratamiento que en adelante le dará la nueva administración a estas donaciones, el alcalde fue categórico: “Los aportes de la minera no me amarran”.

CIPER intentó comunicarse en reiteradas oportunidades, aunque sin éxito, con el ex alcalde Gerardo Rojas para conocer su versión. El jueves 17 de agosto se logró contactar a su esposa, la que señaló que Rojas devolvería el llamado. Al cierre de esta edición eso no ocurría.

OÍDOS SORDOS

Antes que se hiciera público el colapso financiero que hoy tiene a la Municipalidad de Salamanca sin fondos, hace ocho años la Contraloría ya había hecho reparos al uso que el municipio hacía de los recursos que le donaba Los Pelambres.

Un informe de la Contraloría de 2009 constató que casi la mitad de los $226 millones traspasados por la minera en 2007 para la compra de un terreno y el diseño de construcción de un liceo técnico profesional, habían sido ocupados por la alcaldía para el pago de remuneraciones de funcionarios. La situación se repitió en 2008 y 2009 (ver informe).

Fueron los años en que Los Pelambres protagonizó una decena de incidentes medioambientales: vertimientos de aguas de proceso, petróleo y hasta concentrado de cobre que en ocasiones escurrieron a esteros y al mismo río Choapa, la arteria de la economía agrícola de la zona. No solo las aguas del río se vieron afectadas por la extracción minera. En 2008 se dio a conocer un informe de la Universidad de Waterloo (Canadá) que denunció que Los Pelambres había removido glaciares rocosos cercanos a su operación, los que contenían reservas de agua de entre 1,89 y 2,84 millones de metros cúbicos. Esa cantidad equivale a entre 48 y 72 veces el total de agua potable facturada por la sanitaria Aguas del Valle en toda la Región de Coquimbo en 2015.

“Las intervenciones de glaciares rocosos no fueron anunciadas por Pelambres en ninguno de lo estudios ambientales presentados a la autoridad entre 1997 y 2004. Sin embargo, se conocía de su existencia (…) por causas que desconocemos se omitió esa información”, señalaron los expertos de Waterloo (ver documento).

En medio de la seguidilla de episodios de daño ambiental protagonizada por Los Pelambres, la preocupación del entonces alcalde Rojas estaba puesta en responder a los cuestionamientos de la Contraloría por los desvíos de dinero. Su argumento fue uno solo: el municipio arrastraba una deuda estructural. Y el mal uso de los recursos de la minera se debía a situaciones “urgentes” y que “una vez que se contaba con los fondos suficientes, estos se reponían”.

Para el organismo contralor la respuesta fue insuficiente: “Además de vulnerar la normativa sobre donaciones, constituye una falta a las obligaciones del alcalde (…) Considerando que los hechos podrían revestir carácter de delito, la Contraloría formulará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público”, consignó.

Por razones que se desconocen la vía penal fue desestimada. CIPER contactó a la Fiscalía de Coquimbo donde afirmaron no haber recibido antecedentes sobre esta situación, ni de Contraloría ni de ningún otro organismo público.

El terremoto que en 2015 remeció al norte del país originó un nuevo cuestionamiento. En noviembre de 2016 la Contraloría impugnó que el municipio utilizara $43,4 millones donados por la minera en la reparación de viviendas. El problema: el compromiso era hacerlo con 47 casas y solo “alcanzó” para 18.

Rojas explicó entonces que “al momento de la suscripción del convenio se entregó una propuesta estimativa del costo de las soluciones, sin un proyecto de respaldo que las justificara”.

El informe volvió a desnudar el caos en las arcas edilicias: el municipio llevaba siete meses sin hacer una conciliación de sus cuentas y había diferencias de más de $214 millones entre los registros contables vigentes. También se constató la inexistencia de documentación que respaldara algunas compras y servicios prestados al municipio (ver documento).

Llama la atención que las alertas de Contraloría sobre el mal uso de los millones aportados por Los Pelambres a Salamanca no tuvieran ningún efecto ni en el municipio ni en la minera. Y ello, porque  entre 2009 y 2016, años del primer y último informe del organismo, el flujo de recursos de la minera no hizo más que aumentar. Las cifras que CIPER pudo pesquisar indican que las donaciones alcanzaron $1.075 millones en 2013; $1.132 millones en 2014; $2.151 millones en 2015 y $3.255 millones en 2016. Dependiendo del año, los montos representan entre el 0,2% y el 2% de las utilidades de Los Pelambres.

–Nosotros no conocíamos el informe de Contraloría de 2009. No teníamos información respecto de su existencia. Si lo hubiésemos tenido a la vista, algo hubiéramos hecho en esa época –indicó a CIPER el gerente de Asuntos Públicos de Antofagasta Minerals, Andrés Morán.

Cristina Farías, presidenta de la Junta de Vecinos Arboleda Grande de Salamanca, ha sido crítica de los aportes de Los Pelambres y de la relación del ex alcalde Rojas con la minera:

–Gerardo Rojas jamás hizo un levantamiento del impacto de las operaciones de la minera. Cuando las comunidades tenían conflictos con Los Pelambres el municipio jamás estuvo a la cabeza apoyando.Tampoco se preocupó de exigirles el cumplimiento de la resolución de calificación ambiental ante los servicios competentes, para disminuir el impacto que produce su actividad extractiva en la población –dijo a CIPER.

Casi un mes antes del pronunciamiento de Contraloría sobre la gestión de recursos del municipio tras el terremoto, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) había emitido un lapidario informe. Su destinatario: Minera Los Pelambres.

En ese documento, fechado el 13 de octubre de 2016, la SMA formuló a la minera nueve cargos –cinco catalogados como “graves”– por diversas violaciones a las resoluciones de calificación ambiental que le dieron luz verde a su operación. Entre las infracciones se detectaron bombeos desde pozos donde la minera no contaba con derechos de agua establecidos, lo que podría “estar afectando los derechos de terceros” en la cuenca del estero Pupío, e incumplimientos de medidas de compensación asociadas a la reforestación de especies arbóreas (canelos, guayacanes y algarrobos), todas ellas diezmadas por la construcción del tranque de relaves El Mauro (ver documento).

La profesora Ana Leyton, directora del Centro Cultural del Choapa en Illapel, ha sido testigo de las transformaciones que introdujo en la década de los ’90 la actividad minera en toda la provincia. También es crítica respecto de los métodos que ha empleado Los Pelambres para implantar su faena e insertarse en la región:

–Nosotros somos sacrificados ambientales y esto fue decidido por las propias autoridades regionales de Coquimbo. Pelambres destruyó la vida agrícola en gran parte del valle. Dígame usted, ¿por qué tendría uno que estar agradeciéndole sus donaciones a una empresa extractivista que destruye el valle? –cuenta en conversación con CIPER.

MÁS ALLÁ DE SALAMANCA

Los históricos aportes de Minera Los Pelambres a la Municipalidad de Salamanca no son los únicos cuestionados por Contraloría. En mayo de 2015, el organismo emitió un informe que indagó en la relación entre la Gobernación de Choapa y la minera. En su investigación, el ente fiscalizador detectó que el gobernador, Álex Trigo Rocco (PS), había suscrito entre 2010 y 2014 diversos convenios de colaboración con la compañía sin tener las facultades legales para hacerlo, pues ese rol le corresponde al intendente.

En dos convenios se centraron los reparos del ente contralor: un programa de “seguridad pública” y otro de “seguridad ambiental”. Para ambos Los Pelambres allegó recursos a la gobernación con el propósito de que se contratara personal a honorarios para su funcionamiento, entre otros ítems. Entre las irregularidades detectadas por la Contraloría figura un abogado remunerado con dineros de la minera realizando labores distintas a las estipuladas en el convenio. También, obras de “ampliación y mejoramiento” del edificio de la gobernación. No hubo licitación para la ejecución de esas obras.

“Minera Los Pelambres busca coordinar sus acciones con los diversos organismos públicos y privados y comunitarios preocupados del desarrollo y crecimiento de la provincia del Choapa, motivo por el cual otorgó el financiamiento de las obras ejecutadas en el inmueble de la gobernación con el objeto que los recursos humanos contratados con cargo al convenio de colaboración, tuvieran los equipamientos y espacios físicos necesarios para la ejecución de las tareas propias del convenio”, fue la respuesta del gobernador consignada en el informe (ver documento).

Los aportes financieros y nexos con políticos en las zonas donde Antofagasta Minerals (AMSA) tiene sus inversiones, han sido motivo de cuestionamientos y polémicas. La más bullada fue la renuncia a su cargo que debió presentar en junio de 2015 el entonces ministro Secretario General de la Presidencia, Jorge Insunza (PPD), tras conocerse que mientras era diputado le vendía a la minera del Grupo Luksic informes a cambio de un pago mensual de $2,2 millones. Insunza, quien presidió además la Comisión de Minería de la Cámara, reconoció que el trabajo que hacía para la minera a través de una consultora, venía desde antes de 2014, cuando asumió como diputado precisamente por el Distrito 9, correspondiente a las comunas de Salamanca, Illapel y Los Vilos, entre otras.

La minera también se ha involucrado en el financiamiento de campañas políticas en la región. Así lo reconoció el ex gobernador de Choapa, Iván Cisternas (RN), a una radio de Salamanca a principios del año pasado. Cisternas acudió a las oficinas centrales de la minera en Santiago a pedir apoyo financiero, cuando se presentó en 2013 como candidato a diputado por el Distrito 9.

El gerente de Asuntos Públicos de AMSA, Andrés Morán, dijo a CIPER que la minera nunca ha recibido a candidatos en sus oficinas:

–Nosotros efectivamente hacíamos aportes a campañas políticas bajo la norma vigente en la época. Se hacían como aportes reservados de modo estrictamente legal. No me puedo hacer cargo de lo que dijo Iván Cisternas, porque no nos reunimos con candidatos para escuchar sus necesidades de financiamiento de campaña.

Pero Cisternas insistió en sus dichos en conversación con CIPER: “A mí me dieron $10 millones, por la vía legal a través del Servel”. Consultado respecto de cómo supo la identidad del donante de esos dineros si se trata de aportes reservados, afirmó:

-Cualquiera que te diga que no sabe de dónde vienen los millones te está mintiendo. Nadie los regala, llegan de algún lado de donde tú fuiste a pasar el sombrero. Yo fui a Pelambres, pedí plata, me dijeron ok, te vamos a depositar tanto, tal como le vamos a dar al resto”.

Iván Cisternas perdió la elección parlamentaria en 2013. Los dineros de la minera, esa vez, no bastaron.

Fuente:http://ciperchile.cl/2017/08/21/municipios-mineros-i-los-millones-de-la-minera-los-pelambres-que-se-esfumaron-en-salamanca/

Un intenso lobby desplegó Dominga en los últimos tres años. Pero una declaración de Pablo Wagner, el ex subsecretario de Minería, da cuenta de dos reuniones más que se hicieron en pleno gobierno de Piñera y mientras éste aún tenía intereses económicos en el proyecto. Correos de Iván Garrido y Nicolás Noguera también revelan que el precio de Dominga subió en $4.500 millones, mientras en paralelo se bajaba la central Barrancones. Ninguna de esas relaciones, de acuerdo al expediente del llamado caso Bancard, fueron indagadas a fondo por la fiscalía. La trenza política de la minera hoy se mezcla con la ambiental, luego que nueve de 14 servicios públicos convocados por el Comité de Ministros que dirimirá hoy el futuro del proyecto, pusieran el foco sobre las omisiones e inconsistencias que impedirían conocer a cabalidad el real impacto de Dominga sobre el medio ambiente y la vida de las comunidades.

Fue una movida casi de último minuto, porque hasta el miércoles pasado, lo de Minera Dominga ni siquiera estaba considerado para ser visto por el Comité de Ministros en su sesión de este lunes 21 de agosto. La cita fue programada a comienzos de mes, pero la tabla original contemplaba como tema único a tratar otra cosa que nada tenía que ver: la optimización del proyecto Cerro Casale, una faena en la Región de Atacama del gigante minero canadiense Barrick. Pero del polémico y millonario proyecto minero-portuario que la empresa Andes Iron aún pretende instalar en la comuna de La Higuera, al extremo norte de la IV Región, y que en marzo fue rechazado en una estrecha votación en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, la convocatoria no decía nada.

La omisión era extraña, pero al parecer premeditada. El plazo de 60 días hábiles para que los ministros resolvieran sobre la viabilidad de Dominga venció el 10 de agosto, por lo que la empresa ya estaba en condiciones de recurrir a los tribunales ambientales aduciendo silencio administrativo. Su presidente ejecutivo, el geólogo Iván Garrido, ya había anunciado en una entrevista que si el comité no revisaba el tema en agosto, seguiría esa vía. Fuentes que han conocido el proceso interno que lidera el ministro del Medioambiente, Marcelo Mena, señalaron a Radio Bío Bío que la omisión no fue casual y que como cualquier decisión que se tomara sobre la materia sería políticamente incómoda, la estrategia inicial del gobierno apuntaba a postergar lo más posible su revisión. Incluso aseguran que una opción real era dilatarla hasta que la resolución final pasara a ser responsabilidad de la siguiente administración.

Sin embargo, en los últimos días eso cambió y el pasado jueves 17, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) envió a los seis ministros miembros del comité un nuevo oficio donde incorporaba a Dominga en el programa de su siguiente reunión. Allí tendrán que analizar los argumentos que les enviaron los 14 organismos públicos que participaron en la evaluación de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), de los cuales al menos nueve insisten en que debe ser rechazado (ver expediente).

La decisión que deberán tomar igual no será fácil y mucho menos inocua. Si el comité compuesto por los ministros de Medio Ambiente, Agricultura, Economía, Energía, Minería y Salud decide mantener el rechazo a la calificación ambiental del proyecto, el gobierno tendrá que asumir el costo de paralizar una inversión estimada en US$ 2.500 millones y la promesa de casi 10.000 nuevos puestos de trabajo en una región donde, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), se registra la cuarta mayor tasa de desocupación de Chile (7,7%).

En cambio, si lo revierte, daría luz verde a un proyecto ampliamente cuestionado por no aportar todos los antecedentes necesarios para medir correctamente su real nivel de impacto ambiental en una zona de alta sensibilidad ecológica, poniendo en riesgo, dicen los informes, los ecosistemas de dos importantes áreas bajo protección: la Reserva Marina Islas Choros-Damas y la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Y lo haría apenas un par de semanas antes de oficiar como anfitrión del 4º Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas (IMPAC4, por sus siglas en inglés), un evento que se realizará precisamente en La Serena y Coquimbo entre el 4 y 8 de septiembre.

Pero hay también otros factores en juego que van más allá de lo ambiental, y entremezclan intereses políticos con posibles delitos que investiga la justicia.

Cuando en 2014 se supo de los pagos irregulares por parte del Grupo Penta al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, el Ministerio Público de inmediato lo interpretó como un posible soborno para favorecer a Dominga. De hecho, una de las primeras gestiones que hicieron ejecutivos del proyecto ante alguna autoridad, fue con Wagner a mediados de 2010. Como aún no existía la Ley de Lobby, no quedaron actas ni registros de ese primer encuentro –como sí pasó con otras 23 reuniones con distintas autoridades entre mayo de 2015 y junio de este año–, pero sí ocurrió. Fue él mismo quien lo reconoció escuetamente en un interrogatorio ante la Policía de Investigaciones (PDI), no en la indagatoria aún abierta en su contra por el supuesto cohecho, sino que en otra que la fiscalía abrió para perseguir una eventual negociación incompatible del ex Presidente Sebastián Piñera cuando ese mismo año mandó a bajar arbitrariamente y por fuera de toda formalidad la Central Termoeléctrica Barrancones, al tiempo que su familia era la mayor accionista de la sociedad matriz de Dominga. Una relación que para entonces y por los siguientes siete años, se mantuvo completamente oculta.

En esa última investigación, y a pesar de las escasas diligencias ordenadas, el fiscal Manuel Guerra obtuvo datos importantísimos que permiten dimensionar cuánto realmente ganó la familia Piñera Morel con la venta de su participación en Dominga. La mayor parte de esas acciones las poseían a través de Andes Iron Ltd., una empresa creada en un paraíso fiscal especialmente para llevar a cabo esa millonaria operación.

Los nuevos antecedentes no sólo elevan al menos 11 veces el tamaño del negocio que se jugaba por esos días, sino que además podrían dar cuenta de que la decisión de eliminar Barrancones pudo eventualmente haber incidido a favor del precio final de venta de Dominga. Aun así el fiscal optó por omitir esos y otros antecedentes clave, anunciar por la prensa al menos tres veces que no tenía nada que comprometiera penalmente a Piñera y dar por cerrado todo el proceso sin formalizaciones.

Las omisiones de Guerra

Pudo haber sido una casualidad, pero el momento en que se bajó Barrancones por gestiones directas desde La Moneda, no fue cualquiera en la historia de Minera Dominga. Justo por esos días, a fines de agosto de 2010, los gestores del proyecto minero-portuario estaban en plena negociación para vender el 100% de la propiedad a la familia de Carlos Alberto Délano, uno de los controladores del Grupo Penta. Miles de millones de pesos estaban puestos sobre la mesa. Y quienes más tenían por ganar con la oferta eran los miembros de la familia del entonces Presidente, Sebastián Piñera.

Todo aparece ampliamente detallado en una serie de correos electrónicos que figuran en la investigación judicial que llevó a cabo el fiscal Guerra sobre las inversiones del hoy candidato presidencial de Chile Vamos en la pesquera peruana Exalmar y el proyecto Dominga, y que fue sobreseída el pasado jueves 3 de agosto por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. Los mails no son de Piñera, de sus hijos ni de su esposa, porque ninguna de sus cuentas fue indagada: el fiscal consideró que “habría sido arbitrario” hacerlo, según dijo a La Tercera.

Los únicos mensajes que sí se incluyeron en la carpeta provienen de la cuenta institucional de Nicolás Noguera, gerente general del Grupo Bancard y representante de los intereses de los Piñera Morel en todas sus inversiones que no estaban sujetas a los fideicomisos ciegos, tanto en Chile como en el extranjero. Los entregó de forma voluntaria en abril pasado, casi cinco meses después de haberse abierto la investigación, en un disco duro que ese mismo mes analizó la Policía de Investigaciones (PDI). Allí aparecieron 1.158 archivos respecto a la compra de acciones en Exalmar y 625 sobre la participación del family office del ex mandatario en Dominga.

Es precisamente en esos últimos correos que aparecen datos clave para entender cómo se negoció y cuánto realmente ganó la familia Piñera al salirse del proyecto minero en diciembre de 2010. Las escrituras públicas que dieron cuenta de esa venta se referían a una transacción cercana a los $6.765 millones, una operación millonaria que se mantuvo oculta hasta que una investigación de Radio Bío Bío la reveló casi siete años después. Sin embargo, los mensajes de Noguera desnudan la real dimensión del negocio: las verdaderas cifras involucradas son al menos 11 veces más de lo que se sabía hasta ahora.

Pero hay otro dato que podría ser aún más importante, que se relaciona con los tiempos en que se dio la negociación, y que incluso podría poner en duda la aseveración que hizo el Grupo Bancard en un comunicado el 27 de febrero pasado, luego de que se hiciera pública su antigua inversión en Dominga: “El proyecto no tuvo relación alguna ni se vio afectado directamente por el proyecto de central termoeléctrica Barrancones. Es más, el hecho de que este proyecto no se llevase a cabo, de manera indirecta pudo haber perjudicado al proyecto Dominga, al privarlo de una fuente de energía cercana”.

Lo cierto es que la oferta inicial de la familia Délano para adquirir Dominga, con Barrancones aún en el horizonte y ad portas de ser aprobada por la institucionalidad de la época, era de US$ 130 millones. Pero una vez que el Presidente movió sus fichas para bajar la termoeléctrica, el precio que se negociaba no bajó, sino que al contrario, aumentó en otros US$ 20 millones. Y de todo ese dinero, a la familia Piñera le correspondía una tercera parte.

Los antecedentes, en todo caso, no fueron considerados por el Ministerio Público, que se negó a indagar y llevar a cabo más diligencias porque a juicio del fiscal Guerra “no se ve ninguna relación lógica entre Barrancones y Minera Dominga”. Pero son varios los hechos que entrelazan los intereses de ambos proyectos y que la fiscalía simplemente omitió en su investigación. Los nexos van mucho más allá de la mera coincidencia geográfica y del impacto ambiental sobre la misma área de preservación ecológica, en las inmediaciones de Punta de Choros. De hecho, otra investigación que publicó Radio Bío Bío el pasado 10 abril dio cuenta de que todos quienes participaron en la bajada de Barrancones tenían en ese momento negocios cruzados con Dominga. Y que el factor común en la mayoría de esos vínculos era precisamente el nombre de Sebastián Piñera.

Dicha investigación periodística da cuenta que el terreno donde se instalaría Dominga es en gran parte propiedad de una comunidad agrícola, denominada CALCH, donde forman parte un hermano de Piñera, un par de amigos, un socio y los dueños de una de las empresas que le manejaban sus fideicomisos ciegos. También que el empresario Juan Claro, el emisario que el mismo Presidente mandató personalmente para negociar informalmente la bajada de Barrancones, además de su amigo, es junto a su familia el principal poseedor de derechos en esa comunidad y, por lo tanto, el comunero más influyente. Y que ya en ese entonces tenían millonarios contratos firmados con Minera Andes Iron para preparar su instalación.

De todo eso no aparece ni una sola palabra entre las casi 6.000 páginas que componen la carpeta del fiscal.

Los correos de Noguera: “Para contar los billetitos…”

La cadena de correos electrónicos partió con un mensaje que escribió el geólogo y presidente ejecutivo de Andes Iron, Iván Garrido, el 11 de agosto de 2010. Era una convocatoria urgente a los directores de Minería Activa Uno SpA (MA1) para una sesión extraordinaria al día siguiente. Uno de los cuatro destinatarios era Nicolás Noguera, representante en el directorio de los principales accionistas de la sociedad, los Piñera Morel. Decía el asunto del correo: “Oferta Proyecto Santa Dominga”.

En el texto, Garrido se refería a la primera propuesta seria que hacía la familia de Carlos Alberto Délano (a través de Inmobiliaria Duero) para adquirir el 100% de Minera Andes Iron, la sociedad que el grupo de inversionistas reunidos en MA1 había creado unos meses antes para desarrollar el proyecto Dominga. Los Délano ofrecían US$ 130 millones, que por entonces equivalían a unos $66.747 millones, sujeto a un due dilligence de 90 días.

La propuesta era altamente conveniente: el capital que pusieron los 31 accionistas que dieron origen al proyecto se alzaba por esos días a poco más de $6.000 millones, y la oferta de los Délano equivalía a 11 veces esa cifra y más. Como los Piñera poseían un tercio del negocio a través de Mediterráneo Fondo de Inversión Privado (FIP), les correspondía la mayor parte de ese pozo. Pero la oferta sólo estaría vigente por tres semanas. De ahí la urgencia de la cita.

Sólo José Jiménez, gerente de Activa, la filial de LarrainVial que dio origen a todo el proyecto, no pudo ir a la reunión porque estaba fuera de Chile. Los otros directores de MA1, Aníbal Larraín, también vicepresidente de Watt’s, y el abogado Juan Paulo Bambach, confirmaron su asistencia. Noguera también lo hizo con un mensaje escueto y sarcástico frente a la oferta de los Délano: “Ok. Entre broma y broma…”, escribió.

Al día siguiente se reunieron y al mismo tiempo la estructura de propiedad de Minera Andes Iron se modificó: pasó a ser controlada por Andes Iron Ltd., una sociedad creada poco antes en las Islas Vírgenes Británicas especialmente para concretar una eventual venta. No se trataba de nuevos dueños, sino sólo de una movida, posiblemente tributaria, de los mismos actores. Todos los derechos sobre esa sociedad offshore estaban en manos de MA1, y ahí el accionista mayoritario seguía siendo el FIP del family office de los Piñera.

Una semana antes de que venciera el plazo puesto por los Délano, Barrancones fue aprobado y en sólo un par de días, desahuciado. Días después, Garrido volvió a escribir a los directores y les pidió prolongar la vigencia de la oferta una semana más. Aunque no está explícito, de los correos se desprende que a esa altura los compradores ya habían recibido una contraoferta que Pedro Ducci, yerno de Carlos Alberto Délano, respondió positivamente en un correo que envió a los otros directores el 8 de septiembre de 2010. El monto sobre la mesa ya había aumentado a US$ 150 millones, es decir, más de $4.500 millones que cuando aún existía Barrancones. La respuesta de Noguera fue:

“Estimados,

¿Podríamos tener para el directorio de mañana una estimación de cómo se distribuyen los flujos de la oferta de Duero (en sus dos modalidades) para las diferentes de acciones de Minería Activa Uno (para contar los billetitos…)?

Saludos,

NN”

En los días siguientes todo se fue afinando para un trato que se cerró los primeros días de octubre, y que a pesar de la venta total, permitía que algunos inversionistas pudieran seguir siendo parte del proyecto. Noguera sería uno de los que aprovechó esa opción, a través de su empresa personal Átomo Ltda. La fecha de la venta sería el 10 de diciembre de ese año, y de los US$ 150 millones el 93,3% se debería pagar al contado. Los US$ 10 millones restantes se pagarían a MA1 un año después, siempre y cuando no se determine que el lugar donde se instalaría Dominga está “emplazado en una zona de exclusión, un parque nacional o reserva natural, impidiendo de forma insubsanable el desarrollo de la actividad minera o la instalación de un puerto a 50 kilómetros de las concesiones mineras”. Como eso no ocurrió, el acuerdo se concretó en la fecha estipulada. La familia Piñera se retiró de Dominga y se adjudicó en esa operación más de $21.683 millones.

Ese día, Iván Garrido los invitó a todos a un almuerzo para festejar.

Nueve oficios para un rechazo.

Aunque en lo formal poco y nada tuvo que ver en la decisión del Comité de Evaluación Ambiental de Coquimbo el negocio que hizo la familia Piñera con Dominga, Garrido ha asegurado que una vez que se supo de esas inversiones, el proceso se politizó y desde ahí poco importó el proceso de evaluación ambiental.

“El conflicto de interés está cuando él (Piñera) tenía algunos intereses económicos en el mismo territorio. Es evidente que hay un conflicto de interés, pero ¿de qué manera afecta eso al proyecto Dominga? Ahí hay una situación que desliga a Dominga, el problema es otro”, declaró en una entrevista a La Tercera.

Cuando en marzo se rechazó el proyecto, y aunque el SEA había recomendado aprobar y algunos servicios no manifestaban objeciones, la votación fue dividida: seis votos a favor, seis en contra. Quien dirimió fue el intendente de Coquimbo, Claudio Ibáñez. “Aunque se manifiesta la voluntad, no necesariamente se advierte un desempeño responsable y equilibrado, justo y armónico y terminamos sufriendo las consecuencias que empañan el gran desafío de lograr un desarrollo sustentable”, dijo tras votar y firmar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) negativa a Dominga.

Casi dos meses después, Andes Iron recurrió al Comité de Ministros argumentando que “ninguna de las causales de rechazo invocadas en la RCA guardan relación con el mérito del procedimiento de evaluación ambiental, siendo aquellas manifiestamente infundadas y arbitrarias”. El comité solicitó a los 14 servicios y organismos públicos que participaron en la evaluación un informe donde justifiquen su voto. Y a lo menos nueve vuelven a poner el foco sobre las omisiones e inconsistencias que impedirían conocer a cabalidad su real impacto sobre el medio ambiente y la vida de las comunidades.

El seremi de Energía, Marcelo Salazar, se había manifestado conforme en la previa a la votación, pero en último minuto votó en contra. Dijo que durante el proceso anterior siempre respondió desde una lógica sectorial, pero que recién al final, con el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) en sus manos y las consideraciones de todos los demás organismos del Estado involucrados, se dio cuenta de que quedaban dudas respecto a los efectos que Dominga produciría en su área de influencia y cómo los mitigaría para cumplir la ley.

Desde el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) respondieron con algo muy específico y breve: que los titulares del proyecto no consideraron el impacto de las pantallas eólicas sobre las aves de la zona. En el Servicio Nacional de Pesca enumeraron varias inconsistencias: que los muestreos para determinar la línea base del medio marino eran insuficientes; que no permitían evaluar impactos sobre las aves, mamíferos y recursos bentónicos; que la evaluación sobre la descarga de la planta desalinizadora de agua al mar era deficiente; y que lo mismo pasaba con los efectos de la salmuera que se depositaría en la bahía de Totoralillo Norte. También dicen que el estudio no contiene antecedentes claros que permitan descartar o reconocer impactos sobre áreas productivas pesqueras. Para todas esa observaciones, el servicio había propuesto medidas compensatorias o de mitigación, pero el SEA simplemente las omitió y en el informe final no estaban incluidas. Por eso decidieron rechazar.

Los otros servicios que insistieron en las causales de rechazo fueron las subsecretarías de Evaluación Social, de Medio Ambiente, de Salud y de Agricultura, además de la Conaf y la Intendencia de Coquimbo. La mayoría apelaba a falta de información que permitiera y evaluar correctamente los efectos adversos del proyecto sobre el ambiente, su flora y fauna, la calidad de vida de las comunidades que habitan la zona y la salud de la población. Uno de los más duros fue Ibáñez, quien adjudicó esas fallas a “la cadena de errores que emanan de las etapas iniciales del proceso de evaluación, al estar mal determinada el área de influencia y la línea base” y a la “arbitrariedad de la empresa” al excluir totalmente a las zonas de conservación y protección ecológica de su área de influencia, siendo que hay informes que ratifican su impacto sobre esas áreas.

Los informes, en todo caso, no son vinculantes y los ministros pueden decidir algo distinto de quienes ya votaron. Pero otro factor que podría influir es el fuerte lobby que ha implementado la empresa a cargo de Dominga desde que el proyecto se puso en carpeta, y que sólo en los últimos dos años ya registra 23 reuniones con diferentes autoridades. Tras el rechazo sólo figuran en los registros públicos dos reuniones para hacer lobby: una con el senador Jorge Pizarro (DC) en abril, y otra en junio con el director regional del Sernageomin. Lo extraño es que para su última ofensiva, Andes Iron contrató los servicios de Azerta, de Cristina Bitar, una de las mayores y más importantes empresas de lobby y comunicación estratégica del país. Desde entonces que no aparecen en ningún registro público.

Las reuniones que no aparecen en el registro de lobby

“A mediados del año 2010, los ejecutivos de Minera Activa me solicitaron una reunión para hablar de los diferentes mercados de capitales mineros”, dijo Pablo Wagner, el ex subsecretario de Minería de Piñera, al fiscal Guerra. La reunión se concretó, pero Wagner omitió en su declaración que el FIP Mediterráneo, de la familia Piñera Morel, todavía tenía intereses con Minera Activa, los cuales recién desaparecerían en diciembre de ese año, cuando se produjo la venta a Délano. Guerra, en todo caso, tampoco le preguntó sobre la relación de Piñera con esa sociedad.

“Con posterioridad, durante ese mismo año, los accionistas de la familia Délano, en una reunión muy escueta ya que esta era más bien de corte protocolar, me hablaron del interés de éstos por comprar a Minera Activa una proyecto minero de hierro en la IV Región, desconociendo mayores detalles al respecto. Con el pasar del tiempo y con las noticias que salían a la luz pública, pude asociar la denominación ‘Dominga’ al proyecto que habían mencionado los accionistas de la familia Délano”, agregó Wagner.

La declaración de Wagner es clave para entender los intereses cruzados en este proyecto minero mientras el FIP Mediterráneo aún tenía un tercio de las acciones de Dominga y Piñera se desempeñaba como Presidente. Esas dos reuniones no están bajo ningún registro de lobby y sólo se conocen porque Wagner se vio obligado a revelaras ante la fiscalía.

A fines de 2014 fue cuando el lobby comenzó a ser medido a propósito de la entrada en vigencia de la ley que regula esa actividad. Y fue en mayo de 2015 cuando Dominga comenzó su despliegue de relaciones públicas ante el gobierno y otras autoridades, el cual recién se detuvo el mes pasado y totalizó 23 reuniones privadas.

Todas esas citas han sido encabezadas por Iván Garrido, el ideólogo de Dominga. Pero no ha ido sólo. Junto a él han participado asesores comunicacionales y legales, como Gabriel Witt, Mauricio Campusano, Javier Vergara, Marcela Alday, Alejandro Contreras, Fernando Valenzuela, Patricio Leyton, Marcelo Olivares y Francisco Villalón, el ex asesor del gobierno y militante de la Democracia Cristiana (DC).

Garrido fue recibido tres veces por dos ministros y otras 19 por subsecretarios y jefes de servicio. La mayor parte de esas reuniones fueron catalogadas como presentación del proyecto Dominga, aunque en otras se habló sobre la tramitación ambiental. En ninguna de esas reuniones aparecen funcionarios de Azerta, pese a ser una agencia de lobby contratada por Dominga.

Fuente:http://www.biobiochile.cl/especial/noticias/reportajes/reportajes-reportajes/2017/08/21/minera-dominga-el-lobby-los-vacios-ambientales-y-los-nexos-con-pinera-sin-investigar.shtml

De acuerdo con el comité, el proyecto no contaba con suficientes medidas de mitigación. Ahora los reclamantes podrán recurrir al Tribunal Ambiental para apelar la decisión.

En una votación dividida el Comité de Ministros rechazó este lunes el proyecto minera Dominga, por no contar con suficientes medidas de mitigación.

El comité estaba confirmado por los ministros de Medio Ambiente, que lo encabezaba, Energía, Minería, Salud, Economía y Agricultura.

«Los antecedentes son bastantes claros en que habían vicios en cuanto a la línea base que permitían que este proyecto no pudiera ser aprobador», señaló el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena.

Ahora los reclamantes podrán recurrir al Tribunal Ambiental para apelar la decisión del comité.

En marzo pasado la iniciativa de Andes Iron fue rechazada por el Consejo de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo.

Esto, luego de que el intendente de la región, Claudio Ibáñez, rechazara el proyecto haciendo uso de su voto dirimente.

Luego de eso, en mayo pasado, la empresa presentó el recurso de reclamación ante el Comité de Ministros, en busca de revertir el rechazo por parte del Consejo de Evaluación de Coquimbo.

El proyecto de la minera Dominga estaba planificado en la comuna de la Higuera y contempla una inversión que rodea los US$ 2.500 millones.

Fuente:http://www.t13.cl/noticia/negocios/comite-ministros-mantiene-rechazo-minera-dominga