Internacional

UGT-FICA denuncia un proceso de cierre encubierto en la minería del carón por parte del Gobierno y las eléctricas .

Autor: 20 Minutos.es
(España) – El sindicato UGT FICA ha denunciado hoy públicamente la puesta en marcha, por parte del Gobierno y las eléctricas, de un proceso encubierto para lograr el cierre de la minería del carbón.
Por ello, reclama al Ejecutivo que preside Mariano Rajoy que se deje de «subterfugios» y, de ser así, abra el diálogo para pactar con las organizaciones sindicales un plan ordenado de cierre del sector minero en el que se contemplen medidas sociales y económicas (prejubilaciones, bajas incentivadas y recolocaciones en empresas con garantías de futuro) de forma que el proceso sea lo menos lesivo posible para los trabajadores y las comarcas mineras.
UGT FICA, a través de un comunicado recogido por Europa Press, reconoce ser consciente de que la solución a esta difícil situación es una cuestión de voluntad política.
A tal efecto, recuerda que ya ha solicitado reuniones urgentes con representantes de diferentes ámbitos (secretario de Estado de Energía, Dirección Regional de Minas de CyL, consejerías de Castilla y León y Asturias, vicepresidente de la Diputación de León, grupos parlamentarios, Carbunión, etc.), para informar de esta situación y pedir intervenciones políticas.
VENTA DE CARBÓN NACIONAL Considera que toda solución para el sector ha de pasar por el cumplimiento del marco de actuación pactado y por propiciar urgentemente la venta de carbón nacional, pues, como así advierte, de no ser así en breve las empresas mineras entrarán en un proceso de despido de sus trabajadores. Insiste en que no existe ningún tipo de carencia técnica que impida a las eléctricas la compra de carbón autóctono, pues además de resultar más barato que el importado, modera los precios y además ofrece garantía de suministro. «Estamos convencidos de que la solución es una cuestión de voluntad política», añade.
«El sector minero agoniza por la inoperancia del Gobierno y la desidia de las eléctricas, y la situación no admite más demoras, de ahí que desde UGT FICA estamos acordando medidas de protesta a desarrollar conjuntamente con CC.OO. para intentar revertir el proceso, garantizando el futuro de las empresas, de los trabajadores y de las comarcas mineras, no descartando la convocatoria de una huelga general en el sector».

Venezuela

La minera canadiense Crystallex gana una demanda para tomar recursos de una cuenta de Venezuela en un banco de Nueva York

Autor: Redacción BBC Mundo

Un tribunal de Estados Unidos hizo público el jueves que la minera canadiense Crystallex tome fondos del gobierno de Venezuela depositados en una cuenta de un banco de Nueva York para saldar un pago.

La decisión judicial llega después de una disputa entre Crystallex y el gobierno venezolano iniciada en 2008, cuando el entonces presidente Hugo Chávez nacionalizó la mina de oro más grande del país, «Las Cristinas».

Según un reporte de la agencia Reuters, que tuvo acceso a la resolución del tribunal, la empresa canadienseespera obtener cerca de US$1.200 millones, más otros US$200 millones de intereses, que le demanda al gobierno venezolano.

Para ello, el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York le autorizó a Crystallex a confiscar los recursos de Venezuela en una cuenta del Bank of New York Mellon Corp.

Sin embargo, aún no es de conocimiento público si la cuenta del gobierno de Venezuela tiene los fondos suficientes para cubrir el reclamo.

El mismo presidente Chávez había otorgado en 2002 la concesión a Crystallex para operar en la mina «Las Cristinas», uno de los yacimientos de oro más grandes del país sudamericano.

Tras la nacionalización de 2008, la minera canadiense exigió una compensación, y al no obtener un pago llevó el caso ante los tribunales de arbitraje internacional del Banco Mundial y del sistema de justicia de EE.UU.

Luego del litigio, el pasado 26 de julio, el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York emitió la orden dada a conocer el jueves para que los fondos de Venezuela en el Bank of New York Mellon Corp. sean intervenidos.

Hasta el momento el gobierno de Venezuela no ha hecho algún pronunciamiento público sobre esta acción judicial en Estados Unidos.

Frentes abiertos

El gobierno de Venezuela tiene abiertas disputas con unas 20 empresas que buscan compensaciones luego de las nacionalizaciones que ejecutó el gobierno del presidente Hugo Chávez (1999-2013).

Desde el gigante petrolero estadounidense Exxon Mobil Corp a la pequeña minera de oro Gold Reserve, varias firmas han ganado juicios en contra del gobierno Venezuela.

Sin embargo, el cobro de las demandas ha sido complicado por las resoluciones judiciales necesarias para embargar recursos monetarios venezolanos fuera de su territorio.

El presidente Nicolás Maduro ahora también enfrentanuevas sanciones que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos en contra de altos funcionarios, políticos y el mismo gobierno.

Este viernes, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para prohibir las negociaciones sobre nuevas emisiones de deuda y de bonos por parte del gobierno de Venezuela y de la petrolera estatal Pdvsa.

También impiden la negociación de ciertos bonos que estén en manos del sector público venezolano, así como el pago de dividendos al gobierno de Venezuela.

Todo ello limita la capacidad de Venezuela para realizar operaciones a través del sistema financiero de Estados Unidos.

Fuente:http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-41058891

Bolivia

Mallku Khota La mina y el vuelo de los cóndores

Autor: Liliana Carrillo V. / Mallku Khota, Página Siete.

En el pueblo potosino hay un proceso internacional en marcha, una mina que no se activa y siete ayllus que temen que, cuando empiece, la explotación contamine sus cosechas.

Es un recuerdo:  la cosecha abundante, el rico yacimiento; un recuerdo diferente para cada uno: la llegada de los «gringos”, las balas en el campamento y la marcha. Mallku Khota (Lago del Cóndor, en aymara), el pueblo incrustado en lo  alto de las montañas potosinas, es ahora una pausa -tiempo congelado- para un centenar de mineros que acarician la veta que no explotan y 80 familias de comunarios que ven mermar la laguna en la que ya no vuelan los cóndores.
Entre 2003 y 2008, la empresa canadiense South American Silver se adjudicó sin consulta previa la explotación de los yacimientos de indio, galio y plata del pueblo potosino de Mallku Khota. En 2012, temiendo las consecuencias ambientales de la anunciada explotación a cielo abierto, los comunarios se levantaron y a costa de sangre lograron que el Gobierno revierta la concesión y expulse a la transnacional.
Hoy, cinco años después, hay un proceso internacional en marcha, una mina que no se activa y siete ayllus que temen que, cuando empiece, la explotación afecte sus cosechas. La laguna, dicen, se reduce.
pueblo  de altura
«Antes la laguna era más grande; ahora ya no tiene ni peces. ¿Dónde siempre se irá el agua?”, se pregunta doña Martina Choque. Es quizás la habitante más antigua de Mallku Khota; no lo sabe, pues nunca tuvo papeles que den cuenta de su existencia.
Sus recuerdos de al menos ocho décadas se remontan a los cerros en los que siendo niña pasteaba ovejas y cosechaba papa. Su pueblo ahora alberga a 80 familias. «Antes sólo había tres casitas y la gente venía a veces desde los ayllus para trabajar en las minas”. Eso sí, mineros siempre hubo.
Mallku Khota debe su nombre a la montaña más alta de la serranía que también ha bautizado a la mayor de las cinco lagunas de agua dulce de la región. Los habitantes repiten la historia que escucharon de sus padres y éstos de sus abuelos: Era tan pura esa agua de altura que hasta allí llegaban los mallkus para saciar su sed, de ahí el nombre aymara del pueblo que traducido al castellano significa Lago del Cóndor.
Un camino serpenteante y polvoriento conduce a Mallku Khota desde el pueblo más cercano: Chiruqasa. Son dos horas de ascenso continuo hasta llegar a los 4.000 msnm. La comunidad se ubica entre los municipios potosinos de Sacaca y San Pedro de Buena Vista. Forma parte del ayllu Sullk’a Jilaticani, que tiene el título de Tierra Comunitaria de Origen (TCO).
Un letrero da la bienvenida: «Hacia una minería con altura cuidando tu medio ambiente y tu seguridad”. Al lado, un puesto militar con cuatro conscriptos y a lo lejos, una columna de mineros  con guardatojo que avanza hacia el campamento.
Mallku Khota posee recursos estratégicos: sus cinco lagunas alimentan las vertientes que dotan de agua a todo el norte de Potosí.  Es el agua la que ha fertilizado esta tierra de altura, transformando el inhóspito altiplano en cálido valle generoso en sus cosechas. La comunidad tiene además yacimientos de plata, indio y galio -los más ricos del hemisferio occidental, según estudios de  la South American Silver- y, como si la Pachamama no fuera suficientemente generosa, también
cuenta con vetas de oro.
«Tener tantas cosas es también maldición. A Mallku Khota le han envidiado sus minerales  y desde la Colonia han venido a quitarnos. Últimamente se los han querido llevar  los de la empresa  y ahora tenemos miedo por nuestra agua”, sentencia Andrés Chajni Fábrica, comunario y minero.
Antes de llevar el guardatojo sobre el ll’uchu fue uno de los partícipes de la marcha que en 2012 llegó a La Paz exigiendo la nacionalización de la mina. «Hemos tenido un muerto y hartos heridos pero hemos logrado que la empresa se vaya y que la Comibol nos dé trabajo. Sólo que ahora no sabemos qué va a pasar”.
Mineros en pausa
 «Los mineros nos encontramos preocupados porque no hay un avance como ha tenido que ser.
Hasta hoy no estamos haciendo nada, aunque nuestro Presidente   ha ordenado en distintas oportunidades que Mallku Khota tiene que entrar en producción”,  enfatiza Reynaldo Berna.
Es el dirigente del sindicato de trabajadores mineros de Mallku Khota, que  agrupa a 115 mineros  y todos exigen que comience ya la explotación del yacimiento. Advierten con realizar bloqueos y otras protestas.
Cuando la South American Silver se fue de la zona, en 2012, la Comibol asumió la explotación de la mina. Cumpliendo el convenio firmado tras las movilizaciones, la estatal contrató a comunarios  de las cinco regiones del ayllu Sullk’a Jilaticani. Se sumaron los experimentados mineros que habían luchado por la nacionalización.
Cada mañana, antes de las 7:00, un centenar de mineros -con guardatojos, panocas, botas de goma- se presentan en el campamento. Después se distribuyen en grupos en el sector denominado Imcrom, cerca de la laguna principal. Allí se ha construido una bocamina alrededor de una zanja enorme rodeada de herramientas y cables. Todos los días, estos obreros de la tierra mueven taladros, mascan coca, remueven tierra, «avanzan” pero no explotan la veta.
«El Gobierno se ha olvidado de este sector  y es un perjuicio. La Comibol está tardando mucho pero nosotros vamos a pelear hasta que Malku Khota pueda ponerse de pie”, enfatiza Berna con la experiencia de 33 años de trabajo en las minas.
 A su alrededor, sus compañeros -hombres curtidos y duros- coinciden: «Déjennos ya trabajar”.
 «Esta mina es tan rica que puede mantener a toda Bolivia”, asegura el minero Benito Candariz.
Por lo menos medio centenar de los mineros son originarios de los ayllus de Mallku Khota.
Después del conflicto lograron un contrato con la Comibol y paralelamente trabajan la tierra. Ellos también piden atención del Gobierno:
«Queremos tener una fuente laboral todos los ayllus no unos pocos nomás. Que nos atiendan nuestras peticiones como pueblo originario indígena de la comunidad. Esperamos los cinco años y  no hay resultados, nos han puesto de lado. Existe la marginación, la discriminación”, reclama Andrés Chajni Fábrica, nacido en Mallku Khota hace 41 años en una familia enraizada desde tiempos inmemoriales en la región. Fue productor toda la vida y desde hace cinco años también es minero.
Sobre las razones de la tardanza en el arranque de Mallku Khota, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) señala que no se quiere detener el proceso internacional contra la la South American Silver.
«Tenemos una comunicación de la Procuraduría General, en la cual, si bien nos autorizan iniciar trabajos, pero también nos indican que puede haber algún problema que puede perjudicar en el juicio internacional que tiene la empresa; entonces de esa forma es que se ha tenido que detener el arranque del proyecto de Mallku Khota”,
explicó el Presidente Ejecutivo de la Comibol José Pimentel Castillo.
Comunarios en alerta
La explotación a cielo abierto del yacimiento de Mallku Khota significaría la contaminación de las lagunas que son nacimiento de las fuentes hídricas para toda la región de los valles potosinos, según varios estudios. Otro riesgo asociado es el manejo de residuos.
«Preocupados estamos”, expone Zacarías Choque, que ha llegado en moto, ataviado con chaqueta y ll’ucho tradicionales del ayllu norte potosino. Tiene 25 años, tres hijos, el cargo de autoridad comunal y una incertidumbre: «¿Qué va a pasar con las lagunas cuando empiece la explotación?”.
Como todos en el pueblo, Zacarías es trilingüe y pasa cómodamente del aymara al quechua y de éste al castellano. «A la fuerza hemos aprendido”, comenta y recuerda que en su niñez caminaba cinco horas dos veces a la semana para ir y volver del municipio de Sacaca.
Allí había una escuela-internado, donde iban todos los varones de su comunidad. Por eso pelearon todos por una escuela para Mallku Kotha. Ahora hay una que tiene dos profesores para 200 alumnos y «no es suficiente”.
«El principal problema que tenemos son los desastres: la helada. Este año poca producción tenemos”, comenta la autoridad originaria. En la altura, las comunidades de Mallku Kotha producen papa, avena,  haba, arveja y oca.
«Ahora no hay explotación minera pero más adelante va a perjudicar  al pueblo, al distrito indígena Mallku Khota y a sus siete comunidades. El  lago se puede secar, ya cada año retrocede seis metros. Estamos de acuerdo que trabaje la mina pero pedimos al Gobierno que nos ayude, que nos dé una indemnización”, solicita Choque a nombre de los comunarios que representa.

 

Para la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), que administra la mina después de la nacionalización,  no hay ningún riesgo  por la sencilla razón de que aún no hay ninguna explotación. En su momento, anuncia, se hará  un estudio ambiental.

«Una vez que iniciemos los trabajos de preparación del proyecto a diseño final, vamos a ver qué procesos se va aplicar al yacimiento y en función a eso, se tiene que presentar ante el ministerio correspondiente el impacto ambiental y el permiso social que va a significar el desarrollo de este yacimiento”,  dice la respuesta oficial

firmada por el presidente ejecutivo de la Comibol, José Pimentel Castillo y el gerente técnico y de operaciones,  Alfredo Contreras Paz.
«Ha habido pequeños problemas; sin embargo, todo se está superando gracias a la comprensión de los mismos trabajadores de la empresa”, añade la respuesta. Recalca que es el juicio internacional el que retrasa las operaciones en el yacimiento.
En este pueblo todos esperan: unos que empiece la explotación minera; otros que el agua no se agote y con ella,  las cosechas y el futuro. En los últimos años, ningún habitante de Mallku Khota ha vuelto a ver un cóndor… nunca más.
 el riesgo ambiental
Después de su expulsión de Mallku Khota, en 2012, la South American Silver cambió de nombre a TriMetats Mining Inc. En su página www.trimetalsmining.com se encuentra, con paciencia, el estudio exploratorio que realizó a la mina norte potosina en miras a la explotación que nunca hizo.
El plan establecía  la apertura simultánea de cuatro pits (o grandes tajos) en el cerro Mallku Khota para extraer 40.000 toneladas diarias de material para su procesamiento.
 «Esto implicaría no sólo la destrucción del cerro mismo, sino de las lagunas que además de ser fuentes de agua  constituyen lugares sagrados y al menos una de ellas resultaría ser una naciente de agua”, sostiene el estudio «Mallku Kotha: Breve cronología del conflicto minero de Georgina Jiménez y Jorge Campanini.
«Estas lagunas son esenciales para la producción agrícola de las poblaciones aguas abajo. Su desaparición implicaría cambios y efectos no previstos en el sistema ecológico e hídrico y, desde luego, consecuencias en las condiciones de producción agropecuaria de las comunidades. Otro impacto es el asociado a la generación de residuos”, asegura la investigadora Patricia Molina en el estudio Extractivismo, territorio y conflictos en Bolivia.
Según su  informe, la empresa canadiense preveía generar un promedio de 25 millones de toneladas de residuos por año.  «Lo que supone que luego de 15 años este proyecto dejaría en la zona cerca de 375 millones de toneladas de desechos que, junto con sus instalaciones, requerirían la ocupación de  suelos, de donde desplazarían a las poblaciones”, añade.
Indígenas ante la amenaza
Cinco periodistas armaron mochilas y se aventuraron hacia las entrañas de Pilón Lajas, Madidi y Tacana II (La Paz), Aguaragüe (Tarija), Iñao (Chuquisaca) y Mallku Khota (Potosí) para recoger la voz de sus habitantes y desentrañar los peligros que se ciernen sobre el hogar de estos pueblos indígenas.
Este es un trabajo periodístico de Página Siete, La Pública, Los Tiempos, Correo del Sur y El Potosí.
 
La lucha por la nacionalización
El 5 de mayo de 2012, la maestra Sonia Sacará despertó en la madrugada y no por el frío de ese invierno. «Los gritos nos asustaron. No entendíamos qué era”. La primera intervención a Mallku Khota, eso era.
A pedido de la South American Silver, un contingente policial iba tras las autoridades originarias para detener una protesta que crecía. Días antes, la comunidad se había levantado en contra de la intención de la transnacional de iniciar la explotación  a cielo abierto.
El sol tardó en despuntar ese 5 de mayo y cuando lo hizo la Policía ya había retrocedido y los comunarios retenían a un efectivo. Fue el primero de varios, incluidos funcionarios de la empresa, en los siguientes tres meses.
 El 28 de mayo, los comunarios de Mallku Kotha, con apoyo de la Conamaq, inician una marcha hacia La Paz exigiendo al Gobierno la anulación de la concesión minera a la South American Silver,  la liberación de los dirigentes detenidos, y «la paralización de toda actividad extractivista en los territorios indígenas  donde existan conflictos socioambientales”.
La marcha parte de Mallku Khota el 28 de mayo y llega a la sede de Gobierno 11 días después. El 8 de junio de 2012, cientos de potosinos, vestidos con ponchos, ll’uchos y chaquetillas son reprimidos con gases lacrimógenos y agua del carro Neptuno en su intento de instalar una huelga en  la Vicepresidencia paceña. Los enfrentamientos dejan cinco policías heridos y  dirigentes indígenas detenidos.
El 5 de julio, un nuevo intento de intervención policial a Mallku Khota deja el saldo de cuatro comunarios heridos y uno muerto por impacto de bala: José Mamani, de 45 años.
Hay más protestas y  el Presidente se reúnen con los comunarios. El resultado es el acuerdo de la reversión de la concesión de la empresa American Silver y su «nacionalización”.
El 1 de agosto de 2012 se  promulga el DS 1308 que revierte las concesiones mineras de la  South American Silver en Malku Khota sin compensación. Al año siguiente la transnacional demanda al Gobierno; el proceso continúa.
La riqueza  de la veta
Estudio   South American Silver  estableció en 2012 que las reservas  del proyecto Mallku Khota «alcanzan a 230 millones de onzas de plata y 1.481 toneladas de indio, y un recurso inferido de 140 millones de onzas de plata y 935 toneladas de indio”.
Proyección  Planteaba la explotación a cielo abierto para «recuperar un conveniente porcentaje de recuperación al 73.6% en el caso de la plata, 81% en el indio, 26.9%, en el galio, 84.8% en el cobre, 51.1% en el plomo y cerca del 62% en el zinc.
Fuente:http://www.paginasiete.bo/revmiradas/2017/8/27/mallku-khota-mina-vuelo-condores-149195.html
Mexico

Gobiernos hacen “trabajo sucio” para imponer mega proyectos en comunidades : REMA

Autor: REMA, Libera Radio.

Diversos grupos en resistencia de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) contra la imposición del modelo extractivo y de los diferentes mega proyectos que se imponen en México y en el resto del mundo, se reunieron en la comunidad del Ixtepex, Oaxaca, donde se llevó acabo el foro nacional “El Extractivismo o la vida”, en el que participaron habitantes de nueve estados de la República y 23 municipios específicamente del Istmo de Tehuantepec. El intercambio de experiencias fue fundamental para continuar fortaleciendo los procesos de organización con el fin de detener los abusos en ejidos, comunidades y bienes comunales .

La REMA aseguró en un comunicado que “con el falso discurso del progreso, han despojado del territorio y destruido los bienes comunales naturales de los habitantes”, iniciando un proceso de desplazamiento, forzando a familias enteras que pierden así su vida sana, procesos culturales y de identidad.

El encuentro de afectados por la minería actualiza la información de los diferentes mega proyectos que siempre están enlazados entre sí y que han alcanzado su máxima expresión con las Zonas Económicas Especiales (ZEE). “Se ha manifestado el cinismo del gobierno obediente y en conspiración con partidos políticos dispuestos a cambios constitucionales, leyes y reglamentos con el fin de saquear, contaminar, destruir de manera ‘legal’ el ambiente”, advirtieron en el encuentro.

En el resolutivo final, la organizaciones participantes indicaron que los “falsos gobernantes hacen el trabajo sucio a los empresarios dividiendo a las familias, quienes además de sufrir el hurto de sus tierras, son víctimas del desprestigio por medio de fuertes campañas en las que la persecución, el hostigamiento y la amenazas se hacen presente llegando al encarcelamiento, la desaparición y el asesinato por parte de el ejército, la marina y la policía federal”.

Los participantes de este foro concluyeron que los empresarios, gobiernos y la banca comercial son apoyados por estructuras internacionales y nacionales, definiendo como deben ser impuestos los modelos. La colaboración de la justicia incrementa la impunidad y fomenta la falta de justicia dejando a un lado los roles sociales que le corresponden al estado, transformándolo en una nación corporativa.

Las organizaciones expresaron la creación de espacios para mujeres, fortaleciendo la unión y organización además de poner en la agenda las luchas de problemática de género como una cuestión tanto económica y política.

En la declaratoria la REMA aseguraron “seguir luchando por nuestro territorio y nuestros derechos, decidiendo el futuro que queremos, lo que somos, lo que nos da esa identidad forjada a través de nuestras milenarias expresiones culturales, así como también entre todas y todos, asumimos el compromiso de continuar en conexión con la naturaleza a través del significado amplio que representa una de nuestras actividades milenarias”.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería concluye que “las asambleas agrarias, municipales son el proceso a la libre determinación que desde hace siglos asumen como un elemento fundamental de consentimiento pleno, libre, informado porque en esos espacio colectivos hacen ejercicio de sus derechos, fortaleciendo su autonomía y su capacidad para decidir sobre su territorio y sus bienes naturales”.

Fuente:http://www.liberaradio.com/gobiernos-hacen-trabajo-sucio-para-imponer-mega-proyectos-en-comunidades-rema/

Perú

CIUDADANOS DEL DISTRITO DE CARHUAMAYO EN JUNÍN DENUNCIAN QUE MINERA MILPO AFECTA SU ACCESO AL AGUA

Autor: OCMPe
Conflicto Relacionado: Yanacocha

La compañía minera Milpo es la actual operadora del proyecto de zinc Shalipayco, que se ubica en el distrito de Carhuamayo, departamento de Junín. El yacimiento ubicado a 12 km de la ciudad de Carhuamayo poseería además plata, cobre y oro, motivo por el cual la empresa viene realizando exploraciones en los alrededores de la laguna Yanacocha.

 

Según informó la radio local La Nueva Zona, las últimas intervenciones realizadas alrededor de la laguna habrían secado los puquiales, conocidos popularmente como ojos de agua, y se ha mermado el agua para Carhuamayo, pues la planta de tratamiento de agua potable para la ciudad se abastece de estas fuentes hídricas.

 

Señalaron además haber constatado que el agua contiene una sustancia turbia y lechosa, por lo que exigieron a las autoridades pertinentes hacer los estudios del caso a fin de prevenir enfermedades estomacales en la población o la intoxicación de sus ganados, que pastean con regularidad por la zona.

 

De acuerdo a la información brindada por el Frente de Defensa del Agua de Carhuamayo, a través de una resolución del Cuarto Juzgado Contencioso de Lima se había programado para el día 24 de agosto a las 10 am una inspección a la laguna Yanacocha, a fin de constatar los impactos que pudiera haber causado la exploración minera, que según la empresa Milpo no ha causado ninguna afectación socioambiental. No obstante por falta de logística esta diligencia fue encargada al Juzgado Mixto de Junín, tras lo cual la población empezó a organizarse para acompañar a la comitiva.

Llegado el día de la inspección el Ministerio Público remitió una carta informando que no tenían planificada una visita a la laguna, generando confusión entre los pobladores. Sin embargo el Frente de Defensa del Agua aclaró que la fiscalía no tenía participación en el proceso y que el Juzgado Mixto no había remitido ninguna resolución de postergación para la diligencia, por lo que junto con los presidentes de las comunidades, caseríos, centros poblados y barrios del distrito, así como en presencia del alcalde, los jueces de paz, las juntas del vaso de leche y la población en general realizaron una caminata de 4 horas hacia la laguna, que constituye la reserva de agua para el pueblo de Carhuamayo y forma parte de la zona de amortiguamiento de la reserva natural de Junín.

Lamentablemente la inspección no se pudo concretar porque el Juzgado Mixto se encontraba en huelga, según informaron medios locales. Por lo que informaron que en un tiempo prudencial programarán una nueva fecha.

 

Nuevamente nos encontramos frente a una situación que pone en riesgo el frágil ecosistema de las cabeceras de cuenca y que generaría un nuevo conflicto social ante la lenta respuesta de las autoridades.

 

25 de agosto de 2017

Fuente:http://www.conflictosmineros.org.pe/?q=alertas/25/08/2017/alerta-ciudadanos-del-distrito-de-carhuamayo-en-jun-n-denuncian-que-minera-milpo

Brasil

Brasil abre a la minería una gran zona natural de la cuenca del Amazonas

Autor: Joaquim Elcacho, La Vanguardia

El Diario Oficial de Brasil publicó el pasado 23 de agosto el decreto por el que se “extingue” la Reserva Nacional de Cobre y sus asociados (RECA), una superficie de gran valor natural en la que estaba prohibida o fuertemente regulada la actividad minera desde 1984.

El decreto firmado por el presidente brasileño Michel Temer abre la posibilidad de crear explotaciones mineras en una extensión de casi 47.000 kilómetros cuadrados. Para tener una idea de esta extensión se puede recordar que Dinamarca tiene una superficie de 43.094 km2 y la comunidad autónoma de Aragón, 47.719 km2.

La decisión del gobierno de Brasil pretende incentivar la actividad económica y formalmente no afecta a la protección de la fauna y la flora de esta gran superficie en la cuenca del Amazonas pero diversos expertos en medio natural y grupos ecologistas han destacado que supone un a puerta abierta a la construcción de grandes explotaciones mineras (oro, mineral de hierro, cobre) en una zona de gran riqueza natural que incluye nueve áreas protegidas (bosques estatales, reservas ecológicas y tierras indígenas).

Un informe divulgado el mes pasado por WWF-Brasil, en colaboración con Jazida (empresa especializada en geoprocesamiento), la extinción de la RENCA amenaza con generar importantes conflictos entre la actividad minera, la conservación de la biodiversidad y los pueblos indígenas.

 

El área conocida como RENCA engloba nueve áreas protegidas: el Parque Nacional Montañas del Tumucumaque, los Bosques Estatales del Parú y de Amapá, la Reserva Biológica de Maicuru, la Estación Ecológica del Jari, la Reserva Extractiva Rio Cajari, la Reserva de Desarrollo Sostenible del Río Río Iratapuru y las Tierras Indígenas Waiãpi y Río Paru d’Este. El informe del WWF indica que la principal área de interés para la minería en RENCA coincide justamente con un área de protección integral, la Reserva Biológica (Rebio) de Maicuru, donde los datos del Servicio Geológico Brasileño (CPRM) apuntan fuertes indicios de la existencia de cobre y oro.

El director ejecutivo de WWF-Brasil, Maurício Voivodic, considera que abrir la RENCA a la actividad minera pondrá en riesgo varias áreas protegidas, pudiendo causar impactos irreversibles al medio ambiente y pueblos de la región. “Además de la explotación demográfica, deforestación, pérdida de la biodiversidad y comprometimiento de los recursos hídricos, habrá un incremento de los conflictos agrarios y amenaza a pueblos indígenas y poblaciones tradicionales”, advierte el Maurício Voivodic.

En las tierras del RENCA viven diversos grupos indígenas, entre los los que se encuentra el pueblo Wajãpi, que mantiene un relativo aislamiento y conservan modos de vida milenarios en una área superior a 17.000 kilómetros cuadrados de selva amazónica.

Entre muchas otras muestras de protesta contra la extinción de la RENCA, las redes sociales en internet han destacado la crítica en Twitter de la modelo brasileña Gisele Bündchen.

Fuente:http://www.lavanguardia.com/natural/20170825/43789590309/brasil-temer-autorizacion-mineria-reca-amazonas.html

Ecuador

Protesta en exteriores del campamento de la minera Río Blanco.

Autor: Redacción Cuenca, El Comercio
Conflicto Relacionado: Río Blanco
Un grupo de comuneros de la zona de Río Blanco, en la zona noroeste de Azuay, protesta en contra de las actividades del proyecto minero que se ejecuta en el lugar. El reclamo, que tiene el carácter de indefinido, empezó hace 13 días. Desde entonces se impidieron los trabajos en esta mina, que es uno de los cinco proyectos estratégicos que impulsa el Gobierno nacional. Andrés Durazno es el vocero de los manifestantes. Según él, su objetivo es que se suspendan las actividades mineras en la zona.
“Es una protesta pacífica que se realiza al ingreso del campamento”. Durazno reconoce que su protesta impidió el ingreso de los trabajadores de la mina hasta la mañana de este jueves 24 de agosto de 2017. “Queremos dialogar con las autoridades nacionales y los representantes de la empresa minera. Pero no hemos tenido una respuesta”. Para el gobernador de Azuay, Xavier Enderica, la mañana de este jueves un grupo de militares y policías acompañó a los trabajadores mineros para que puedan ingresar. Según él, esta acción se cumplió luego que 100 familias que se benefician del proyecto llegaron a la Gobernación de Azuay para pedir apoyo.

Enderica dijo que un grupo de uniformados continuará monitoreando la zona para preservar la paz y seguridad. El proyecto minero Río Blanco está ubicado entre las parroquias cuencanas de Chaucha y Molleturo y está concesionado a la empresa Ecuagoldming. De acuerdo con información del Ministerio de Minería, esta mina cuenta con una reserva de 4,3 millones de onzas troy de plata y 0,6 millones de oro. Se prevé una vida útil de 11 años desde el inicio de la producción, que inicialmente estaba previsto para el segundo semestre de este año.

Fuente:https://www.elcomercio.com/actualidad/protesta-campamento-mineria-rioblanco-azuay.html

Argentina

El avance de una territorialidad transfronteriza del litio en la Puna argentino-chilena

Autor: Bárbara Jerez, Gensur.

Bárbara Jerez
Dra. En Estudios latinoamericanos
Becaria posdoctoral CONICET
Universidad Nacional de Salta.

La intensificación de los metabolismos actuales de la economía globalizada genera una inevitable tensión entre los territorios del llamado Norte global que progresivamente se van transformando en grandes consumidores de energía provenientes de fuentes renovables “carbono cero” (Gobel, B. 2013), y los territorios locales donde sus ecosistemas y comunidades deben soportar los fuertes impactos múltiples que genera en ellos la extracción de aquellos minerales que se utilizan para la fabricación de tecnologías “verdes”, como es el caso del litio en la Puna de Atacama. Este escenario demuestra que la actual generación tecnológica en base a fuentes renovables no fósiles también reproduce las desigualdades socioterritoriales que históricamente estructuran el sistema-mundo moderno/colonial (Mignolo, W. 2007) que diferencia entre territorios, sujetos, culturas y economías definidos como dominantes y aquellos que son definidos como subordinados, es decir, como explotables y desechables.

Hoy en día nos encontramos frente a una transición energética global impulsada principalmente por las economías del centro-norte de Europa para reducir las emisiones de CO2 de sus matrices energéticas respectivas, en las cuales se proyecta extender su abastecimiento en base a fuentes de generación “renovables” para dejar de depender de fuentes fósiles altamente contaminantes (como petróleo, gas, etc.); para ello se ha vuelto indispensable – en las condiciones actuales- un aumento en la producción de tecnología para el almacenamiento energético recargable de dispositivos portátiles como computadores, telefonía celular, pero de manera especial para la fabricación de baterías de autos eléctricos cuya industria proyecta un exponencial aumento en su producción en los próximos años. Sin embargo, dicha transición energética inserta en la actual estructura de los metabolismos de la economía globalizada significa una fuerte presión sobre los territorios que disponen de las materias primas necesarias para abastecer estas nuevas tecnologías “verdes” como el litio, y la Puna como uno de los territorios en los que se encuentran sus mayores reservas (y a menor costo).

Esta reconversión energética “carbono cero” no modifica las intrínsecas desigualdades socioterritoriales que produce el extractivismo capitalista; pues en este caso concreto para abastecer una potencial matriz energética “verde” –especialmente en los países del hemisferio norte- se explotan e impactan fuertemente los territorios locales donde se extraen los minerales necesarios como el litio, donde una de sus principales fuentes la constituyen las salmueras contenidas en los salares de la Puna de Atacama en el sector argentino, chileno y boliviano.

Actualmente existen explotaciones de litio a gran escala en Argentina (salar de Hombre Muerto en la provincia de Catamarca y salar de Olaroz-Caucharí en la provincia de Jujuy) y en Chile (Salar de Atacama, Región de Antofagasta), en Bolivia existen explotaciones en fase piloto que el gobierno nacional -con muchas dificultades administrativas, financieras y tecnológicas- busca expandir en el salar de Uyuni (departamento de Potosí). A ello hay que agregar las existencia de avanzadas exploraciones en las argentinas provincias de Catamarca y Salta, así como en la chilena región de Atacama cuyo desenlace en los tres territorios aún está en juego.

Las exportaciones de este mineral en el caso de las plantas ubicadas en el noroeste argentino y el norte chileno se realizan a través del Puerto de Antofagasta (en el pacífico norchileno) lo que traza indiscutiblemente una territorialidad transfronteriza del litio que a nivel local subordina las territorialidades preexistentes, pues en esos mismos territorios existen áreas silvestres protegidas de los Estados (nacionales y provinciales), comunidades Kolla y Atacameñas (likanantay) que habitan la zona desde tiempos ancestrales, y una serie de circuitos turísticos que van en crecimiento. El colonial carácter fundacional del extractivismo capitalista también lo reproduce el litio, donde incluso se ha llegado a re-bautizar la propia región de la Puna con nomenclaturas eldoradistas como “el triángulo del litio”, tratándose de un enunciado que espacial y simbólicamente impone una territorialidad hegemónica extractivista (Jerez, B. 2015) en esta región ancestral, cuyo concepto es ampliamente difundido son plena soltura por los gobiernos, empresas y numerosos sectores académicos para producir una identidad de enclave que en la práctica naturaliza la explotación de este commodity de turno invisibilizando los profundos impactos que a nivel local genera.

La territorialidad transfronteriza del litio en este sector puneño abarca en primer lugar, un circuito de transporte multimodal que abarca desde los salares de la Puna argentina desde donde se extrae el mineral, la planta de procesamiento de cloruro de litio en Salta, el traslado de esta materia prima por los pasos fronterizos cordilleranos (principalmente el Paso de Jama, entre Jujuy y la Región de Antofagasta), las explotaciones del mineral en el salar de Atacama, y la exportación de todo este material por el Puerto de Antofagasta. Este circuito a su vez es parte del Eje Capricornio de IIRSA (Iniciativa de Infraestructura Regional Sudamericana), y en el caso del noroeste argentino también forma parte del Plan Belgrano que conforma también es parte de IIRSA; estas iniciativas en su conjunto establecen una serie de planes de modernización de la infraestructura de transporte multimodal para la aceleración de la extracción y exportación de commodities en la región al menor costo posible, cuyo diseño y orientación ha sido elaborada absolutamente a espaldas de las comunidades locales que habitan los territorios afectados pese a que estas iniciativas los impactan directamente.

Otro elemento importante de colocar sobre la mesa son las implicancias del Tratado de Integración y Complementariedad Minera entre Argentina y Chile (tratado minero), que constituye un cuerpo legislativo binacional para expandir la explotación minera hacia la franja fronteriza compartida por ambas naciones en la cordillera de los Andes, estableciendo una verdadera zona franca minera (Jerez, B. 2015) o simplemente un “tercer país virtual” (Luna, D. et al, 2004) que desterritorializa tanto a los Estados nacionales como a las territorialidades de los pueblos originarios cordilleranos a la medida de los intereses corporativos que hoy tienen en la mira la extracción de los bienes comunes naturales ubicados en plena frontera y abaratar al máximo costos de producción. La territorialidad del extractivismo del litio en el altiplano se ubica en el área de influencia del tratado por lo tanto las empresas pueden claramente beneficiarse de sus lineamientos, tales como son la exención de la doble tributación, la exportación por puertos chilenos (Alcayaga, J. 2009; Jerez, B. 2013) y la adquisición de propiedad minera en zonas de frontera, entre otros.

En el la zona específica de la puna argentino-chilena existen empresas operan por ambos lados de la cordillera que están realizando faenas de explotación y exploración, donde un caso emblemático sin duda es el de la empresa SQM (ex estatal SOQUIMICH privatizada en la dictadura de Pinochet y hoy día controlada por capitales canadienses y chilenos), una de las más grandes productoras de carbonato de litio a nivel mundial que explota el litio hace casi 30 años del Salar de Atacama y adquirió en el año 2016 el 50% de las acciones de minera Exxar (Lithium Américas Corp) que tiene un proyecto de explotación de litio en el salar de Caucharí (Jujuy). También en este mismo territorio se encuentra la empresa de capitales estadounidenses Albemarle que controla la extracción de litio en la zona sur del Salar de Atacama a través de su filial Rockwood, y que a su vez está realizando exploraciones avanzadas en el salar de Antofalla ubicado en la argentina provincia de Catamarca. A esto se suman numerosas empresas que están ampliando sus faenas mineras en el Noroeste argentino como son Sales de Jujuy, FMC y LIEX en Catamarca, ERAMET en Salta, entre otros; y en el lado chileno además existen intenciones del gobierno de extender la explotación de litio hacia el salar de Maricunga en la región de Atacama donde aún no está definido si explotará de manera mixta o exclusiva la estatal del cobre CODELCO o bien si se concesionaria a capitales privados.

Sin embargo existen algunas diferencias importantes en las legislaciones mineras respecto al litio en ambos países en cuestión, ya que en el caso de Argentina este mineral es tratado de igual manera que los demás commodities mineros como un recurso concesionable para exploraciones y explotaciones prácticamente sin restricciones, en el caso de Chile existe desde la época de la dictadura de Pinochet un marco legal específico que considera al litio desde un punto de vista geopolítico como un “recurso estratégico” cuya propiedad está en manos del Estado a través de la CORFO y CODELCO(1) pero que sin embargo lo explotan empresas privadas a través del otorgamiento de contratos administrativos específicos para su explotación y exploración por una determinada cantidad de toneladas en un plazo fijo donde se autoriza solamente la exportación de
carbonato de litio.

A nivel local se observan una serie de problemáticas en torno a las explotaciones de litio en ambos países que son fundamentales colocar en el centro de los cada vez más extensos debates respecto a la explotación de este mineral. Por una parte existen una serie de irregularidades –y en muchos casos simplemente ausencias- en cuanto al cumplimiento de la legislación respectiva y al propio cumplimiento de las funciones del los Estados como entes reguladores y fiscalizadores, en ambos países existen fuertes impactos ecológicos a raíz de las extracciones mineras de litio en los salares explotados, especialmente por el agotamiento de las aguas dulces y salmueras, entendiendo que se trata de una de las zonas de mayor aridez a nivel global. Esta situación está afectando gravemente los ecosistemas y economías locales que dependen directa e indirectamente de los salares, lo que por lo tanto conlleva poner en juego la subsistencia de las economías locales pastoriles, salinas y agrícolas de las comunidades originarias (atacameños o likanantay y Kolla) que habitan en las cuencas de los salares, el abastecimiento doméstico de agua, y también afectando al turismo que constituye una importante actividad en la zona (especialmente en el Salar de Atacama)(2). Por otra parte es evidente el trato beneplácito de ambos Estados a favor de las empresas mineras de litio, donde por un lado en Argentina libera de retenciones a las exportaciones mineras lo que significa dejar que las empresas se lleven prácticamente libre de retenciones las riquezas del país, así como la violación a los derechos a consulta libre, efectiva e informada a las comunidades originarias que se observa en todos los salares donde existen faenas mineras de litio, derechos que claramente establece la constitución nacional y el tratado 169 de la OIT que ambos países ratificaron.

1 Las estatales Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO) tienen actualmente en sus manos la propiedad minera del litio en los salares en Chile.
2 Para mayor información sírvase revisar el informe final de la comisión especial de la cámara de diputados investigadora de los órganos públicos competentes encargados de la fiscalización y protección de glaciares, humedales y salares de Chile. Disponible en: https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=32031&prmTIPO=INFORMECOMISION

En el lado chileno por su parte existen múltiples denuncias contra la empresa SQM que van desde prácticas antisindicales, extracción de agua y salmuera por sobre los niveles legalmente establecidos, la exportación ilegal de concentrado de salmuera de litio hacia el Sureste asiático (donde se evidencia las negligencias en el control aduanero) cuando la ley solamente permite la exportación de carbonato de litio, hasta el financiamiento ilegal de campañas políticas de los partidos oficialistas de “centro-izquierda” (Nueva Mayoría(3)) y de la derecha con aportes ilegales de SQM. Además no deja de sorprender que la propia empresa financia estudios de seguimiento ambiental en el Salar de Atacama y envía informes de los niveles de agua donde la Dirección General de Aguas prácticamente no hace seguimientos in situ y se aceptan como verídicos los informes enviados por las propias empresas. Todo ello hoy en día es foco de una controversia entre la CORFO y SQM donde el primero busca quitarle las concesiones del litio a favor de la empresa Albemarle (ROCKWOOD) con quien la entidad estatal mantiene un convenio para otorgarle una ampliación de sus explotaciones de litio en el mismo salar y con ello aumentar la producción de este commodity.

3 Nueva Mayoría es la alianza política de “centro-izquierda” de la que forma parte la presidenta actual de Chile, Michelle Bachelet.

A nivel local es indiscutido el impacto de las explotaciones de los salares, dando como resultado una fuerte disminución de los niveles de aguas que afectan directamente las formas de vida humanas y no humanas en estos ecosistemas únicos a nivel global, donde también las faenas de litio contaminan estas cuencas (como el derrame de diesel para motores, escombros acumulados, hundimiento de maquinarias en las salmueras, el impacto de la polución del litio en polvo en la zona y del trazado de caminos por donde transitan frecuentemente camiones con alto tonelaje dentro de los propios salares, etc.). Situaciones de las cuales existen fuertes denuncias en todas las provincias y regiones donde se explota este mineral, pero que en la práctica parece tener muy poco efecto en la protección de los territorios locales donde son fuertemente transformadas las vidas cotidianas y las territorialidades de las comunidades originarias, en las que el Estado más que ser un garante de derechos parece constituirse en un verdadero representantes de las empresas mineras.

Este complejo escenario territorial en la Puna suele ser intencionadamente invisibilizado a los ojos de los actores que protagonizan la discusiones centralistas y economicistas que justifican la expansión de las explotaciones de litio aprovechando la alta demanda que actualmente tiene en los mercados globalizados. A pesar que existen algunas endebles iniciativas piloto en ambos países para intentar aumentar la cadena de valor del litio a nivel local ensayando la fabricación de baterías de litio, el rol de economías monoproductoras de materias primas no parece sufrir grandes cambios dentro de la estructura económica y política global que demanda a los salares de la Puna este codiciado mineral para abastecer el crecimiento de la industria automotriz y electrónica no fósil.

Bajo el argumento de la necesidad de generar tecnología para una matriz energética “verde” reduciendo las emisiones energéticas de carbono de las sociedades industrializadas, se termina destruyendo ecosistemas y territorios locales de la Puna de Atacama, lo que en la práctica reproduce el yugo colonial de las históricas desigualdades socioterritoriales se expresan claramente en el predominio la sustentabilidad energética de algunas regiones del globo terminan costando la devastación de otras regiones –que no son espacios vacíos sino que desde tiempos inmemoriables albergan diversos pueblos originarios- donde se originan los commodities para estas
transformaciones energéticas “verdes.

Por ello es fundamental poner en la balanza -y en el mismo rango de importancia- las discusiones socioterritoriales del litio y sus fuertes impactos a nivel local en la Puna que las discusiones económicas y tecnológicas que defienden la oportunidad de explotar este mineral para abastecer la generación tecnológica “carbono cero” de las sociedades industrializadas; donde las dimensiones territoriales de sus reales impactos dejen de ser colocadas en planos marginales de discusión en la toma de decisiones respecto a los proyectos que se autoricen en los territorios locales, pasando a constituir aspectos centrales para pensar las limitaciones y posibilidades reales de las economías de cada país y de sus potenciales matrices energéticas “verdes”.
Hoy en día urge pensar la sustentabiidad energética y el destino de nuestros territorios locales abarcando su amplia y real complejidad sin ocultar las nuevas colonialidades territoriales que reproduce la demanda de los commodities de turno, que en este caso terminan por convertir a los salares de la Puna en verdaderas zonas de sacrificio para la generación energética “limpia” del norte global, por muy “carbono cero” que sean las tecnologías que se fabriquen con estos. Proyectar la producción tecnológica a la medida de la capacidad real de los ecosistemas locales, junto al derecho a una verdadera información y deliberación regional de las poblaciones afectadas por la implementación de megaproyectos extractivistas, independiente del uso posterior de los commodities que se extraen –sea “verde” o no- deben ser condición irrenunciable para decidir el presente y futuro de los territorios en cuestión, así como para pensar una matriz energética global realmente sustentable y socialmente justa abarcando las implicancias en la totalidad de los territorios que forman parte de su cadena de valor.

 

Bibliografía
1. Alcayaga, Julián (2009) “El país virtual. El fracaso de las transnacionales mineras”. Ediciones Tierra Mía, Santiago de Chile.
2. Göbel, Bárbara (2013): La minería del litio en la Puna de Atacama. Interdependencias transregionales y disputas
locales”. Revista Iberoamericana XIII, 49. Pp. 135-149.
2. Jerez, Bárbara (2013) “Impactos de las geopolíticas transnacionales en las localidades transfronterizas de la
Patagonia Andina: Territorialidades en conflicto en torno a la implementación de megaproyectos de minería y represas
hidroeléctricas”. Revista de Estudios Políticos Estratégicos, vol 1, nro. 2. Segundo semestre. Programa de Políticas
Públicas Universidad Tecnológica Metropolitana. Santiago de Chile.
3. Jerez, Bárbara (2015) “(Des)Colonialidades espacio-territoriales y Conflictos extractivistas en cuencas
Transfronterizas: El caso de la Patagonia argentino-chilena 2009-2010”. Tesis para optar al grado de Doctora en
Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional Autónoma de México. México, DF.
4. Luna Diego, Padilla, César y Alcayaga, Julián (2004) “El exilio del Cóndor: Hegemonía transnacional en la frontera. El
tratado minero entre Chile y Argentina”. Observatorio latinoamericano de conflictos ambientales. Santiago de Chile.
5. Mignolo, Walter (2007). “La idea de América Latina”. Gedisa editores, España.

Fuente:http://www.gensur.org/index.php/docs/115-gensur/litio/280-el-avance-de-una-territorialidad-extractivista-transfronteriza-del-litio-en-el-altiplano-argentino-chileno


Argentina

Los Pelambres: la empresa minera responsabiliza al Estado chileno

Autor: No la a Mina

Los Pelambres instaló su escombrera de 52 hectáreas con material tóxico en territorio de la provincia de San Juan. La firma señaló que los mapas provistos indicaban que era suelo chileno. La compañía, propiedad del grupo chileno Luksic, envió varios informes a la cancillería chilena donde justificó que el hecho se produjo debido a que los mapas que le proveyó el Instituto Geográfico Militar de Chile (IGM) indicaban que se trataba de territorio chileno. El conflicto mantiene en vilo a los cuerpos diplomáticos de ambos lados de la Cordillera. 

Según el diario El Mercurio, en Los Pelambres “aumenta la preocupación por un conflicto que se arrastra hace tiempo, pues la justicia argentina lleva adelante dos causas, una civil y una penal, interpuestas por Pachón –empresa filial de Glencore, que opera en San Juan– contra la empresa chilena, lo que amenaza a sus ejecutivos”.

La empresa minera sostiene que “se trata de un conflicto entre Estados y no entre empresas privadas” y existe una denuncia porque el problema “involucra a los Estados”.

La prensa chilena remarcó que el conflicto limítrofe avanzó tanto que se coló en la cumbre del Mercosur, realizada recientemente en la ciudad de Mendoza. La escombrera se inició luego de que las autoridades chilenas la aprobaran en 2004 y dejó de funcionar en 2011.

En las actas del Senado argentino, del 14 de septiembre de 2016, figura que la Cancillería trasandina planteó en 2011 que “la compañía operadora de la minera El Pachón denunció que Los Pelambres había depositado escombros en sus terrenos, acumulando aproximadamente 50 millones de toneladas de material en una superficie de 51 o 52 hectáreas”.

Fuente:http://noalamina.org/argentina/san-juan/item/37531-los-pelambres-la-empresa-minera-responsabiliza-al-estado-chileno

Perú

Urge revisar beneficios tributarios del sector minero

Autor: Cooperacción.org.pe
Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero
    • Estudio muestra que Las Bambas recién pagaría Impuesto a la Renta en cinco años, y que Cerro Verde dejó de pagar US$ 240 millones amparada en un contrato de estabilidad tributaria
    • Beneficios otorgados a sector minero no son justificables, menos en un escenario de desaceleración económica

Desde el 2014, la economía peruana se encuentra en desaceleración. En ese marco, la presión tributaria ha disminuido y bordea apenas el 14% del PBI, muy por debajo de los países de la OCDE, grupo al cual el Perú aspira pertenecer y cuyo promedio de presión tributaria es 25% del PBI. El plan de reconstrucción nacional por los efectos del fenómeno El Niño Costero demandará una inversión aproximada de S/ 23 000 millones en los siguientes años, suma equivalente al 3,5% del PBI. Ante este escenario, incrementar la recaudación para cumplir con las demandas sociales de la población, debe ser un imperativo de este Gobierno. Sin embargo, se mantienen exoneraciones tributarias injustificables en sectores como el minero.

De acuerdo con la publicación «Recaudación fiscal y beneficios tributarios en el sector minero, a la luz de los casos Las Bambas y Cerro Verde», elaborada por Propuesta Ciudadana, CooperAcción y Oxfam, entre los beneficios tributarios y jurídicos que se mantienen desde los años 90 están la depreciación acelerada y la deducción del impuesto a la renta de tercera categoría por inversiones en infraestructura de servicio público. Las grandes empresas cuentan también con contratos de estabilidad jurídica que las protegen de cambios en el esquema tributario.

El documento devela un sistema fiscal inequitativo, incluso entre sectores económicos; lo cual dificulta mejorar la calidad de vida de los peruanos y peruanas y podría generar o acentuar conflictos sociales. Así, si bien la producción minera viene creciendo, el aporte al fisco de este sector cayó de 24,7% en 2007 a 5,4% en 2016. Además, el impuesto a la renta (IR), principal pago de las empresas mineras, se ha diluido. De aportar el 50.9% en el 2007 pasó a 4,6% del total de ingresos por este concepto.

En el caso de Las Bambas, proyecto que inició operaciones en 2016, en Apurímac, el estudio calcula que podría empezar a pagar IR recién en cinco años. «No existe información transparente por parte del Estado acerca de la fecha en que la empresa empezaría a pagar Impuesto a la Renta, pero nuestras proyecciones indican que con un precio moderado del cobre esto recién ocurriría el 2021, aunque esto dependerá de otras variables», explicó César Flores, investigador de CooperAcción. Si bien el precio del cobre ha mejorado en las últimas semanas, aún se encuentra lejos del píco de 4.5 dólares la libra durante el boom minero, señaló Flores.

Señaló que si no se aplicaran algunos beneficios tributarios actuales como la depreciación acelerada, Las Bambas podría empezar a pagar IR en menor tiempo y adelantar así recursos para el canon, que en el marco de un plan de desarrollo podría favorecer a la población de Apurímac, y especialmente, de Cotabambas, una de las provincias más pobres del país.

Adicionalmente, sugirió evaluar el actual esquema de regalías mineras. Actualmente, Las Bambas paga regalías sobre ventas, las mismas que fueron fijadas en su contrato, y no sobre sus utilidades como estableció la más reciente reforma tributaria. «Las regalías sobre ventas han permitido iniciar la operación con recursos para el gobierno subnacional», precisó.

En el caso de Cerro Verde, principal empresa minera de Arequipa, la publicación estima que gracias a su primer contrato de estabilidad tributaria de 15 años (de 1998 a 2013), dejó de pagar aproximadamente US$240 millones por concepto de IR y US$330 millones de regalías (por esta deuda mantiene una contingencia con la Sunat). Ambos montos, sumados, alcanzarían para pagar, por ejemplo, dos años del programa Juntos, orientado a la reducción de la pobreza.

«El esquema tributario que se estableció en los años 90 permitió a esta empresa un conjunto de exoneraciones y beneficios tributarios que significaron pérdidas de ingresos para el Estado y para la región Arequipa», dice Epifanio Baca, investigador del Grupo Propuesta Ciudadana. En 2004 -explica Baca-, se estableció la regalía minera, la cual muchas empresas del sector no pagaron amparadas en contratos de estabilidad jurídica. «Se observa un desinterés por una reforma del régimen tributario del sector minero y ello perjudica directamente a las personas, pues dejan de tener mejores servicios y obras de infraestructura», sostiene.

Recomendaciones

En el marco de la publicación, se propone a las autoridades respectivas lo siguiente:

  • Evaluar los beneficios tributarios, considerando la estructura de costos del sector minero, así como el ciclo de precios de los minerales en el mediano y largo plazo, y buscar optimizar la participación del Estado en la renta extractiva.
  • Evaluar la posibilidad de que el sector regrese al esquema de pago de regalías sobre las ventas totales, como se aplica en el proyecto Las Bambas.
  • Promover la máxima transparencia de los pagos tributarios y no tributarios de las empresas mineras.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/advanced-stuff/cooperaccion-informa/754-urge-revisar-beneficios-tributarios-del-sector-minero.