Evaluación socioambiental de los proyectos mineros: el desafío que viene
El sector minero fue pionero en Chile en establecer un sistema de evaluación ambiental de sus proyectos. En 1992, dos años antes de la promulgación de la ley de bases del medio ambiente y cinco años antes de la publicación del primer reglamento del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), el Sector Minero, en acuerdo con el Ministerio de Minería, decidió someter a todos sus nuevos proyectos a un proceso de Evaluación Ambiental, motivado por la necesidad de presentar garantías de viabilidad ambiental y social de estos proyectos para obtener el financiamiento por parte de instituciones financieras adscritas al International Financial Council (IFC).
La sociedad ha tomado el rol de un actor cada vez más activo en el proceso de toma de decisión respecto a la aprobación y ejecución de proyectos de desarrollo productivo en general y minero en particular. El avance de las comunicaciones y las redes sociales hacen que sea ahora más fácil organizarse y coordinar acciones que permitan manifestar inquietud y/o rechazo por parte de la comunidad. Al menos en este ámbito, la sociedad es políticamente activa y esa actividad, lejos de disminuir, se incrementa día a día. Hoy, con el rechazo del Proyecto Dominga, precedido por el rechazo a varios otros proyectos mineros por parte de las instituciones a cargo del SEIA, cabe preguntarse si la institucionalidad asociada a la aprobación de proyectos está preparada para este nuevo escenario en que ya no basta con cumplir con una lista de requerimientos técnicos en el contexto de la normativa legal para que un proyecto llegue a ser ejecutado, o si es necesario revisar dicha normativa a fin de incorporar apropiadamente el componente social (activo),
además de las exigencias ambientales y políticas. ¿O se trata acaso de dificultades que surgen como consecuencia de proyectos mal diseñados, no sustentables o mal presentados?
El Sistema de Evaluación Ambiental pretende asegurar y garantizar la sustentabilidad ambiental y social de los proyectos, previo a su desarrollo. Para ello, el titular del proyecto debe presentar los estudios pertinentes que permitan asegurar o demostrar que el proyecto va a cumplir con todas las normas y exigencias ambientales vigentes. Los titulares de los proyectos confían en que un estudio bien hecho es garantía de una resolución ambiental favorable. Pero, en la práctica, esto no está ocurriendo. El SEIA no es un instrumento de optimización que busque la mejor solución desde un punto de vista ambiental y social, ni menos un instrumento de ordenamiento territorial. Este último punto es importante en el contexto actual de Chile donde existen importantes vacíos que salen a la luz durante el proceso de evaluación ambiental. Muchos consideran que diversas actividades son inaceptables e incompatibles con recursos ambientales, culturales y sociales en algunas zonas del país, sin que exista una declaración explícita de ello, respaldada por estudios multidisciplinarios y por un consenso político y social. Una definición y delimitación muy clara de zonas de exclusión y de las actividades consideradas compatibles en las diferentes regiones del territorio nacional sería de gran ayuda.Eso es el objeto del ordenamiento territorial, respaldada por la Evaluación Ambiental Estratégica, hoy en mano de los municipios y de las regiones pero que sin lugar a dudas está en déficit y muy atrasada. Al final de los años 90, SERNAGEOMIN impulsó un interesante programa piloto de cartografía temática, con registros de las zonas de riesgos geológicos y ambientales
y que derivó en la publicación de mapas que deberían servir de base a la planificación territorial pero que, lamentablemente, son desconocidos para muchos de los actores. Es fundamental avanzar en este proceso de planificación estratégica para sentar las bases de un modelo o sistema de ordenamiento territorial que efectivamente sirvan de pauta y de marco para la evaluación ambiental de cada proyecto específico, y no forzar el SEIA a cumplir un papel que no le corresponde.
Por otra lado, existe sin dudas errores en la forma como las empresas mineras siguen abordando el proceso de evaluación ambiental y social de sus proyectos. No se trata, una vez definido y diseñado el proyecto, de contratar a una empresa consultora y asesores especializados para tratar de demostrar que el proyecto es ambientalmente y socialmente aceptable, ni una ONG que les haga el «relacionamiento comunitario» o les sugiera acciones de «buena
vecindad». Es indispensable entender la evaluación ambiental y social como un instrumento preventivo e incorporar estas dos dimensiones en el diseño mismo del proyecto, desde una etapa muy inicial. Un proyecto sustentable, ambientalmente y socialmente exitoso, es un proyecto que busca optimizar todas sus componentes desde el punto vista ambiental y social, lo cual supone ir mucho más allá de las exigencias legales, y de las instancias formales de participación; supone incluso redefinir lo que hasta ahora se ha entendido como «negocio minero». Buscar con las comunidades locales las alternativas de ubicación y diseño de las instalaciones y selección de tecnologías que mejor se ajustan a lo que quieren y están dispuestas a aceptar estas comunidades, integrar al proyecto las necesidades y modalidades del desarrollo local, reconocer en forma temprana las componentes ambientales sensibles y vulnerables y adaptar el proyecto para garantizar su protección, otorgar a los habitantes del territorio la posibilidad de decidir sobre aspectos críticos del proyecto, son hoy las nuevas maneras de abordar el proceso de evaluación ambiental y social.
El futuro de la minería en Chile depende entonces de como avanzamos en forma exitosa en estas dos direcciones. Por un lado, mejorando nuestra política y nuestros instrumentos de planificación territorial y por otro lado, adoptando desde el sector minero una actitud mucho más proactiva, al igual como ocurrió a principios de los años noventa, y cambiando nuestra forma de desarrollar los proyectos hacía un diseño más consensuado.
Fuente:http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/09/06/evaluacion-socioambiental-de-los-proyectos-mineros-el-desafio-que-viene/
Minería y megaproyectos son causas de agresiones
Jalisco destaca como la novena entidad con más violaciones ejercidas contra defensores de derechos humanos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, según se desprende del informe titulado La Esperanza no se agota y dado a conocer por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).
El documento, que busca documentar la situación de las personas defensoras de derechos humanos durante la actual administración federal, recoge que desde diciembre de 2012 se han presentado 302 casos de agresiones de diversas índoles en 30 entidades del país, 11 de las cuales ocurrieron en Jalisco.
Éstos se han dado principalmente en los rubros de defensa del territorio, minería y cuestiones relacionados con megaproyectos.
“Los estados que presentan mayor incidencia en violaciones a los derechos humanos y delitos contra personas y colectivos ligados a la defensa de la tierra y el territorio son: Chiapas (24), Oaxaca (24), Jalisco (10) y Chihuahua (8) (…) El registro que tenemos de casos relacionados con megaproyectos abarca 21 entidades federativas, de las cuales Oaxaca tiene el mayor número de casos documentados, representando 20 por ciento (13). En Jalisco, de lo que conocemos, se registra el 11 por ciento (siete), mientras que en Chiapas, Puebla, Chihuahua y Sonora registramos 7.5 por ciento (cinco en cada entidad) de los casos en cada uno”, se expone en el documento, aunque no se hace un desglose explícito de megaproyectos como la construcción de la Presa El Zapotillo y el acueducto para llevar el agua desde ésta hasta León, Guanajuato.
Respecto a proyectos mineros, se documentaron un total de 18 violaciones de los derechos humanos de los defensores en todo el territorio nacional. De ellos, tres tuvieron lugar en Jalisco, cuyas mineras se han asentado principalmente en zonas limítrofes con Colima, como en Cuautitlán de García Barragán –uno de los municipios más marginados del estado–. El informe resalta que con frecuencia las mineras enfrentan la oposición de las comunidades “debido a las violaciones que provocan a sus derechos económico, sociales, culturales y ambientales”.
En el recuento de los 30 defensores y defensoras “ejecutados extrajudicialmente y asesinados durante 2017”, existen tres casos acontecidos en Jalisco: el de los hermanos Miguel y Agustín Vázquez Torres, miembros de la comunidad wixárika involucrados en la recuperación de tierras, a quienes un grupo de desconocidos dio muerte el 22 de mayo; y el de Gerardo Corona Piceno, quien buscaba a su hermano desaparecido en 2012 y señalaba como presuntos responsables de funcionarios de Ixtlahuacán de los Membrillos y que fue asesinado el 20 de abril a las afueras de su domicilio en la colonia Jardines de la Cruz, de Guadalajara.
A nivel nacional, el informe resalta un repunte en la criminalización de la protesta social, se contabilizan 90 mil 694 asesinatos relacionados con la estrategia de seguridad emprendida y se señala un aumento de los feminicidios.
NÚMERO
3 agresiones contra defensores ligadas a proyectos mineros se dieron en Jalisco
Fuente:http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=80783
Anla recibió estudio de impacto ambiental de Minesa
Ahora, las autoridades se tomarán varios meses antes de definir si otorgan los permisos para el proyecto de extracción de 9 millones de onzas, de una región del municipio de California, Santander.
El director de Sostenibilidad de Minesa, Minera de Santander, Juan Camilo Montoya Bozzi informó que ya se radicó el estudio de impacto ambiental del proyecto para sacar oro de la región de California, en el páramo de Santurbán.
De resultar positiva la respuesta de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, se abriría el camino para la explotación aurífera en la cordillera oriental, cerca de Bucaramanga, aseguró el vocero de la compañía.
Este proyecto suscita críticas por cuanto los ambientalistas han dicho que resultará igual de nocivo al planteado, hace unos años por Greystar.
El temor es que la explotación termine contaminando las fuentes hídricas que abastecen a más de un millón de habitantes del área metropolitana de Bucaramanga.
De hecho, hasta el alcalde de esta capital, Rodolfo Hernández Suárez ha puesto a la comunidad a escoger entre el agua y el oro.
Fuente:http://caracol.com.co/emisora/2017/09/06/bucaramanga/1504696264_594176.html
Comenzó en Susques la Tecnicatura en Minería Sustentable
El Ministerio de Educación puso en marcha, este lunes en Susques, una nueva oferta educativa que formará recursos humanos en Química Minera Sustentable, dentro de los objetivos del Gobierno provincial en materia de desarrollo del litio y otros minerales estratégicos.
La ministra de Educación, Isolda Calsina, encabezó la apertura del ciclo lectivo de la nueva tecnicatura, que se dictará con régimen presencial y tres años de duración. La nueva oferta de formación técnica, dijo la funcionaria, «viene a fortalecer las capacidades de nuestros jóvenes para que todos estemos a la altura de esa demanda que los tiempos están imponiendo”.
Tras destacar la importancia de las energías renovables y del litio para la lucha mundial contra los efectos del cambio climático, Calsina subrayó que Susques se está convirtiendo en «un ámbito de desarrollo local que es realmente fundamental para nuestra provincia”.
La ministra ponderó, además, la actitud de apertura constructiva puesta de manifiesto por el Instituto de Educación Superior N° 3 Juan Ignacio de Gorriti que desde hace cuatro años brinda formación docente en la localidad y ahora instrumenta la nueva carrera de Química Minera Sustentable. «Vivimos tiempos de cambios rápidos y profundos y eso exige de nosotros esa capacidad flexibilizar y crear nuevas oportunidades”, advirtió.
Por su lado, la rectora del Instituto de Educación Superior N° 3, Ana Cicarelli, reflexionó que «el futuro se construye en el presente, el futuro no nos espera, nosotros tenemos que prepararnos para ir a su encuentro. Nuestra institución -subrayó- pudo poner en juego el valor, la decisión y la acción necesaria para atravesar fronteras aceptadas históricamente, interpelando mandatos sociales instituidos y generando espacios que permitan construir saberes técnicos, como parte de un entramado social de conocimiento e información impensado para la escuela en la que nosotros mismos nos formamos”.
Añadió Cicarelli que «así como hace ya 133 años nuestro instituto asumió el mandato fundacional de Sarmiento de la formación de maestros, hoy asistimos a lo que se podría denominar la refundación del sentido de formación que poseíamos ya que aquel mandato fue interpelado por demandas sociales, políticas, culturales y científicas que nos obligan a replantearnos nuestra tarea, no sólo a la luz de dichos avances sino de las nuevas configuraciones de lo humano caracterizadas entre otras cosas por la apropiación y naturalización de nuevos conocimientos”.
El comisionado municipal de Susques, Orlando Sebastian Cruz, agradeció al Gobierno y a la ministra Calsina que se «haya interesado en Susques no sólo por la minería sino por nuestra educación y el crecimiento de nuestros hijos que tanto anhelamos sean profesionales el día de mañana”.
Cruz agradeció además la apertura a nuevas propuestas de la comunidad susqueña y explicó que la minería «es algo nuevo que en este año lo empezamos a trabajar a nivel comunidad y municipios y con esta iniciativa educativa vamos a poder seguir adelante”.
El egresado de la nueva carrera estará capacitado para desempeñarse en tareas productivas de recursos químicos mineros metálicos y no metálicos; podrá realizar análisis químicos de las diferentes etapas en los procesos productivos mineros de metales, cerámicos, pétreos, así como detectar y controlar tipos de riesgos asociados a la industria del sector minero o empresas de servicios de la minería, tanto del sector público como del privado.
También podrá trabajar en laboratorios químicos y empresas metalúrgicas como asistente de laboratorio o técnico operador laboratorista, asistente químico en muestras o asistente técnico en empresas proveedoras o de servicios a la minería.
El plan de estudios de la carrera incluye asignaturas tales como Formación General, Ingles, Informática I, Fundamento, Programación y Métodos Numéricos; Matemática Industrial, Química General e Inorgánica; Química Orgánica y Analítica; Química Ambiental; Tratamiento Químico de Minerales; Economía y Organización; Física para químicos, Geología y Sistemática de Suelos, Emprendedurismo; Impacto Ambiental, Procesos y Operaciones Químicas; Higiene y Seguridad Industrial, entre otras.
La carrera está acreditada por Resolución Nº 4658-E/17-5509-E/17 del Ministerio de Educación de Jujuy y se dicta en la Unidad de Extensión del Instituto de Educación Superior N° 3 con sede en la Escuela primaria «27 de Febrero” de la localidad de Susques.
Estuvieron en el acto la directora de Educación Superior del Ministerio de Educación, Natalia García Goyena; la coordinadora de Políticas Socioeducativas, Alejandra Mollón; el coordinador de Relaciones Institucionales, Patricio Mainoli y en representación de la compañía Oro Cobre, la ejecutiva Silvia Rodríguez, además de autoridades municipales, docentes y alumnos de la nueva tecnicatura.
Fuente:http://www.jujuyonlinenoticias.com.ar/jujuy/2017/9/6/comenzo-susques-tecnicatura-mineria-sustentable-44796.html
Tras rechazo a Dominga, comité de ministros revisa proyecto minero Cerro Casale
La iniciativa de las compañías canadienses Barrick Gold y Kinross Gold explotará una mina de oro y cobre en la Región de Atacama.
Tras el polémico rechazo al proyecto minero portuario Dominga, el Comité de Ministros se reúne este miércoles para analizar el megaproyecto Cerro Casale de las compañías canadienses Barrick Gold y Kinross Gold, el cual explotará una mina de oro y cobre en la Región de Atacama.
El proyecto minero ya había sido analizado en 2015 y fue aprobado con algunas condiciones, pero la firma Barrick fue al Tribunal Ambiental que en junio pasado determinó que el Comité de Ministros reevaluara antes de 100 días.
La instancia está compuesta por los ministros de Agricultura, Carlos Furche; de Salud, Carmen Castillo; de Economía, Jorge Rodríguez Grossi; de Energía, Andrés Rebolledo; de Medio Ambiente, Marcelo Mena; y de Minería, Aurora Williams, pero ella se encuentra en China y llegó el subsecretario Erich Schnake.
La fecha original de la sesión era el 21 de agosto pasado, pero en ese instante se decidió revisar el proyecto Dominga que pretendía instalarse en la comuna de La Higuera.
Fuente:http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/medioambiente/contaminacion/tras-rechazo-a-dominga-comite-de-ministros-revisa-proyecto-minero-cerro/2017-09-06/093042.html
Operación minera no logra superar rechazo de comunidades
Un 63 % de los municipios mineros considera que la actividad del sector primario es positiva para el país, un 9 % más que el año pasado. Pero, en los municipios no mineros, esa proporción bajó 4 %, hasta situarse en 60 % este año. Esto arrojó la última medición de Brújula Minera 2017, estudio que mide la reputación del sector minero nacional.
El estudio fue desarrollado por el Centro Nacional de Consultoría y por Jaime Arteaga & Asociados (JA&A Asociados), que preguntaron a directivos de empresas mineras, autoridades ambientales y de control, municipios, oenegés, entre otros.
Así se tiene que un 30% de los encuestados afirmó que participaría en una consulta sobre la minería, y un 51% de ese total está de acuerdo con que se prohiba en su municipio.
A ese escenario de rechazo, se suma que 22% de titulares mineros en fases de construcción y montaje expresaron tener oposición de las autoridades locales. Asimismo, un 22% de titulares mineros en exploración encararon manifestaciones políticas.
En ese sentido, un 27 % de los dirigentes empresariales espera que en próximos años las operaciones sean menores, un 37 % dice que se mantendrían igual y apenas un 36 % de la muestra afirma que se expandirán.
Ranquin
Por otro lado, las empresas antioqueñas Mineros S.A. y Cementos Argos volvieron a ocupar el cuarto y quinto lugar, respectivamente, en el ranquin general de favorabilidad. Los tres primeros lugares fueron para las multinacionales Cerrejón (La Guajira), Drummond (Cesar) y Cerro Matoso (Córdoba).
Con operaciones en Antioquia, se posicionaron Anglo Gold Ashanti en la sexta posición y Continental Gold en la novena. Esta última escaló 13 puestos, frente a 2016.
En tanto que la Agencia Nacional de Minería (ANM) se ubicó en el primer lugar como la entidad con mayor favorabilidad entre los empresarios. El 82 % de encuestados indicó conocerla bien, “el porcentaje más alto de las entidades del sector”, destacó la ANM en un comunicado.
En ese listado, le siguen los ministerios de Minas y Medio Ambiente, así como el Servicio Geológico Colombiano. Subió al quinto puesto la Unidad de Planeación Minero Energética Upme) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) es penúltima.
Por último, entre funcionarios del Gobierno, la mayor favorabilidad fue para el Servicio Geológico Colombiano, seguido del Ministerio de Minas y Energía y el último lugar es para la Anla.
Fuente:http://www.elcolombiano.com/negocios/el-sector-minero-no-logra-convencer-a-comunidades-IG7228390
La Junta aprueba un plan minero desfasado que prima la extracción sobre el Medio Ambiente
La Estrategia de Recursos Minerales de Castilla y León 2017-2020 pretende facilitar que se abran las minas lo más rápido posible adaptando la legislación medioambiental para este propósito, y aprueba un informe que habla de ocho minas de carbón en León, cuando quedan tres abiertas, y que llega a estar desactualizado hasta en dos mil años al referirse la primera vez al cobre en Cármenes y el oro en el Teleno.
«Existe una importante labor investigadora que está poniendo de manifiesto la existencia de importantes recursos […] de cobre y cobalto en el entorno de Cármenes (León), de plomo y cinc en el corredor cámbrico de Toral de los Vados-Oencia, o de oro en la zona del Teleno». Este es el primer párrafo de la Estrategia de Recursos Minerales de Castilla y León 2017-2020 que se refiere a la explotación de cobre y oro en la provincia, que parece obviar que ya los astures tenían minas para extraer estos productos y que los romanos conquistaron esta zona para explotarlas intensamente hará dos mil años.
Una presentación poco afortunada para un plan minero que consiste en un extensísimo documento de 134 páginas, 104 de ellas con vasta información y 30 con mapas geomineros, que cualquier leonés o conocedor de la materia consideraría un cachondeo tras leer el párrafo anterior. Afortunadamente no es del todo así, puesto que este informe oficial de la Junta está compuesto de varias partes. Una de ellas redactada por expertos, en las que la precisión técnica a la hora de indicar qué minerales son explotables (y cómo) sí indica en los apuntes geomineros que los romanos y astures sabían muy bien que León es enormemente rico en muchos y diversos minerales.
Pero la polémica es que, siendo un plan de actuación a futuro, añade otra parte más política que es donde se incluye el impreciso y malogrado párrafo anteriormente descrito. Ésta redacción impuesta desde la Administración ‘esconde’ varias recomendaciones para cambiar la legalidad minera primando la actividad de la extracción sobre el Medio Ambiente. Así, el fin de la estrategia planteada pretendería conseguir que se abran «lo más rápido posible» las explotaciones, para evitar una «excesiva protección» de los parajes y facilitar la actividad a los empresarios y el negocio económico. Cosa que ya los ciudadanos observaron repetidamente en las alegaciones al documento en el Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León. Pese a que se les contesta educadamente a cada uno diciendo que tomarían en cuenta sus varias y contundentes quejas, el documento final no las contempla como les gustaría.
Sin embargo, la postura de la Junta antes de aprobar este plan ya indicaba que esta estrategia minera iría en ese sentido de abrir zanja donde fuera para las empresas mineras, puesto que sus objetivos reconocidos eran de salida tres: la «reconfiguración del modelo administrativo al efecto, de manera que contribuya al logro de mejoras en el ámbito minero», el «impulso deliberado (sic) a la mejora de la competitividad de las actividades mineras que desarrollen el potencial minero del territorio castellano y leonés», y la «mejora de la integración de las actividades mineras en el conjunto de la sociedad y su enraizamiento sostenible en el territorio».
Con todo ello, una vez leído el desarrollo de esos objetivos en este documento público recopilado por la Dirección General de Energía y Minas dirigida por el leonés Ricardo González Mantero, y aprobado el 24 de agosto por el Consejo de Gobierno de la Junta en Valladolid, es difícil distinguirlo de uno redactado por el sector empresarial minero. La apuesta por rebajar los criterios actuales medioambientales, legales e incluso económicos para abrir una mina es clara y evidente, incluso advirtiendo que va a costar la oposición de la Sociedad y que se deben tomar medidas para rebajar esos inconvenientes.
Adecuar las leyes medioambientales a facilitar la extracción
Así, el ímprobo y preciso trabajo técnico de los geólogos y expertos que se incluye en este plan minero queda en segundo plano cuando en la parte política, la que decide el camino a seguir para beneficiar a la extracción de minerales, se comienza a advertir que la inmensa riqueza mineral de la autonomía debe anteponerse a la protección de los parajes.
«En resumen, el sector de la minería presenta unas perspectivas halagüeñas, que se pueden traducir en una producción constante o creciente para casi todas las sustancias. Además, Castilla y León atesora un potencial minero muy interesante, capaz de atraer inversiones para la investigación y la explotación de sus recursos minerales, si bien, el grado de desarrollo que alcance la minería en el futuro ha de superar un licenciamiento social cada vez más inclusivo a la vez que un marco normativo que de manera unánime requiere su perfeccionamiento y adaptación a los tiempos que corren». Una frase burocrática para indicar que hay que cambiar la legislación para superar la resistencia social de la apertura de las minas; como ocurre a día de hoy en la de uranio de Retortillo, Salamanca, con una fortísima contestación popular (y más de 170.000 firmas en contra).
A esto se suma, como ejemplo, otro párrafo en que la Dirección General de Minas de la Junta ya sugiere directamente que se promocionen las actividades mineras por encima de la protección natural, incluso la que esté por hacerse. «Es por todo ello, que se hace necesario que los documentos técnicos de soporte para la elaboración de la normativa medioambiental utilizada para la ordenación y declaración de futuros espacios naturales tengan en consideración el potencial minero existente en la Comunidad de Castilla y León».
Asunto que en el caso de los Planes de Ordenación de los Recursos Forestales (como el de la Montaña Occidental de León) queda aún más evidente. El documento aprobado por la Junta indica en el párrafo final de su punto 5.3: «Sería conveniente que el Centro Directivo competente en materia de minería colabore en la realización de estos planes con el fin que no se establezcan determinadas figuras de protección que impidan o dificulten el desarrollo actual y futuro de la actividad minera».
Simplificar los trámites administrativos para facilitar la actividad minera
Lo aprobado por la Junta de Castilla y León es claro y meridiano: se persigue una simplificación de los trámites administrativos que facilite la actividad y la generación de riqueza y empleo. La propia consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, apostó por ello en la presentación de esta estrategia a los medios de comunicación porque para los defensores del sector minero éste «fija población en el medio rural» y además «es difícil que ésta sea deslocalizable». Cosa que es cierta, salvo que cierre la explotación del mineral como está ocurriendo en las comarcas mineras del carbón con funestas consecuencias sociales y poblacionales.
Según la nota de prensa de la Junta, «para favorecer su explotación productiva se plantea la redacción de un decreto de Minería para desarrollar con más claridad y reforzar la seguridad jurídica de ciertos trámites administrativos inherentes a cualquier iniciativa extractiva, como los otorgamientos de autorizaciones, suspensiones temporales, prórrogas, concentraciones de trabajos, caducidades y concursos».
Y pese a que también indican que «desde el punto de vista del cuidado medioambiental, se prevé la elaboración de un plan de regularización de las garantías financieras, con el propósito de minimizar el impacto que sobre las arcas públicas puedan tener cierres prematuros o no planificados de empresas dedicadas a la explotación de yacimientos», la Consejera de Economía obvia que la estrategia aprobada también apunta a rebajar los requisitos económicos para iniciar las extracciones y facilitar así la apertura de nuevas minas. La Junta admite en sus propias notas de prensa que la intención es «allanar el camino a todo emprendedor que quiera abrir o ampliar su negocio en torno a los recursos minerales de Castilla y León».
Es de destacar también que la Junta se compromete a facilitar a los empresarios, técnicos y capitales financieros la organización de jornadas sobre el estado de la minería autonómica poniendo como gestores de estos eventos a la Dirección General de Energía y Minas, las asociaciones empresariales y los Colegios Profesionales. Que todo quede en casa, incluso el negocio de los eventos hoy en día tan en boga por cualquier promesa de negocio.
Un plan con cifras de 2014 con ocho explotaciones de carbón en León, cuando hoy sólo quedan tres
El extenso y denso documento compilado y presentado bajo la supervisión del leonés Ricardo González Mantero como director de Energía y Minas de la Junta (con sede en el EREN de la avenida Reyes Leoneses), evidencia en su primera lectura unos desfases temporales cruciales para la provincia leonesa. Es cierto que en sus mismas páginas reclama una acción más efectiva a la hora de recoger datos estadísticos, pero posiblemente porque es un reconocimiento implícito de que los datos más actualizados tabulados en todo el informe son del año 2014. Es decir, que se está planificando desde 2017 a 2020 con cifras de 2014.
Pero aún es más grave la circunstancia respecto a las explotaciones de carbón, que, desde 2014 cuando se contabilizaban 8 en León y 5 en Palencia, hoy prácticamente han desaparecido. Tanto, que el propio documento (que en realidad cuando se consultaba durante las alegaciones se titulaba 2016-2020), añade un párrafo con las que siguen abiertas en 2015 y otras menciones a cambios legislativos en 2016. Líneas posiblemente añadidas según pasaba el tiempo sin obtener el visto bueno definitivo del Gobierno del PP en la Junta para evitar su absoluta obsolescencia.
Es tan notorio su retraso a la hora de aprobarlo hace diez días, que el documento en su primer párrafo indica que su aprobación «surge como compromiso de legislatura de Juan Vicente Herrera del 2 de julio de 2015». Y el segundo, que su pase a documento estratégico oficial se había «de concretar en el año 2016»; como así prometió «el Presidente de la Junta de Castilla y León en el debate sobre política general de la Comunidad Autónoma de fecha 29 de junio de 2016 en las Cortes de Castilla y León».
En resumen, el plan minero de la Junta se ha aprobado con más de un año de retraso, con datos de 2014, con una previsión de ocho minas de carbón abiertas en León cuando en 2017 sólo están operativas una explotación de interior y dos cielos abiertos. Al menos también apunta algo que viene de largo y que son parte de las sempiternas promesas de Herrera al sector del carbón: que hay que continuar los planes para la reconversión de estas comarcas mineras (incluyendo la promoción de sus museos y la valorización del patrimonio genominero) llevando a cabo el Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros del Carbón 2016-2020 aprobado por las Cortes de Valladolid. Que hay que incluir el carbón de nuevo en la lista de combustibles estratégicos de la Unión Europea. Que hay que convencer a las Eléctricas de que compren carbón autóctono y otras medidas propias de cuando había minas abiertas. Promesas que, aunque necesarias y trabajadas en los despachos, no se han concretado en nada a día de hoy. Y de poco sirven si los datos que se manejan son de hace tres años en un sector que se ha desplomado en estos últimos dos hasta casi desaparecer.
Siendo indudable el trabajo técnico desplegado para poner en blanco sobre negro la situación de la riqueza geominera de las nueve provincias de la comunidad autónoma y con un gran listado de medidas de todo tipo para afrontar la política futura de la Minería en León y en Castilla, destaca que un informe de 2015 —que se podría haber aprobado a primeros de 2016, puesto que es un resumen de las líneas de actuación del departamento dirigido por Ricardo González Mantero y presidido por la Consejera de Economía, Pilar del Olmo, y no una norma legislativa a aprobar por las Cortes ni ser debatida o enmendada—, haya estado cogiendo polvo en los despachos políticos 13 meses desde que el presidente Juan Vicente Herrera indicó que debía salir inmediatamente a la luz. Así se explica que los datos que apunta en cuestión de calcular la producción de cada tipo de minería estén tan desfasados para un sector que ha pasado por tal convulsión como la minería del carbón: de ser uno de los motores económicos fundamentales de la provincia de León, a prácticamente nada.
Esta circunstancia, lógicamente, hace dudar de la adecuada efectividad de la estrategia planteada por la Junta para las comarcas mineras leonesas y palentinas del carbón (los llamados «recursos energéticos»), aunque para el resto de las de la autonomía y de otros sectores (minerales metálicos, industriales, rocas ornamentales, áridos o aguas) pueda ser más o menos acertada porque los datos de 2014 no han supuesto un cambio radical en su desarrollo. Éstos últimos, pese a la crisis, sí siguen abiertos.
Concienciando al ciudadano: «La minería es bienestar social»
Eso sí, la Junta intenta mirar al futuro. En un intento de no mostrar a los ciudadanos lo malo del cierre de las comarcas mineras del carbón dedicará esfuerzos a «la concienciación social dirigida a todo tipo de público para dar a conocer en que ámbitos de la vida cotidiana están presentes las materias primas minerales». Es tal cual lo que expone una de las importantes líneas de actuación que propone su plan minero. En este último caso, como si se preparara a la Sociedad para las rebajas en los estándares medioambientales, la Estrategia de Recursos Minerales 2017-2020 apunta que «es esencial para sembrar el conocimiento que posibilite que las generaciones futuras entiendan que la minería es un pilar básico en el modelo actual de bienestar social y económico y que, realizada de la manera adecuada y con la tecnología disponible, es compatible con la conservación y disfrute del medio ambiente».
Los técnicos de la Dirección General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, realizaron un indudable esfuerzo para tener terminado en 2015 este documento, con amplísima información geominera sobre todos los tipos de minería y potenciales explotaciones futuras. En sí mismo el informe es indudablemente una mina, pese a haber sido aprobado tan tarde. Eso sí, en muchos sentidos es tan enorme y extenso que para encontrar las buenas vetas de la verdadera intención política de los gestores burocráticos y políticos de la autonomía hay que leerlo en profundidad. Con linterna, pico y pala.
Fuente:http://www.ileon.com/actualidad/077492/la-junta-aprueba-un-plan-minero-desfasado-que-prima-la-extraccion-sobre-el-medio-ambiente
El aporte tributario del sector minero y los sueldos de los maestros
En plena huelga de los maestros, algunos afirmaron que si hubiesen salido proyectos como Tía María, Conga, Río Blanco y todos los demás que figuran en la cartera de proyectos mineros, estaríamos recaudando a manos llenas, lo que posibilitaría pagar mejores sueldos a los maestros.
Lo cierto es que los datos oficiales no respaldan este tipo de afirmación. En el período del boom minero (2003-2012) y con la recaudación al alza, los sueldos de los maestros no subieron. Por ejemplo, los años de mayor auge del precio de los minerales coincidió con el segundo gobierno de Alan García y precisamente en ese quinquenio, los sueldos de los maestros estuvieron a la baja.
Por si fuera poco, las mismas fuentes (SUNAT y MEF) muestran que desde el año 2012 las inversiones mineras comenzaron a caer en el país mientras que los salarios de los maestros aumentaron. Por lo tanto, el incremento de los presupuestos para el sector educación y la mejora de los salarios de un sector tan importante como el de los maestros implican la suma de varios factores, pero sobre todo, una voluntad política que es lo que precisamente le ha faltado a varios de nuestros gobernantes.
La realidad sobre los aportes tributarios del sector minero
En los últimos años la producción minera ha estado creciendo a dos dígitos (15,47% en 2015 y 21,6% en 2016), impulsada por el aumento de la producción de cobre; sin embargo en el mismo período, el aporte tributario llegó a su nivel más bajo: el sector minero redujo su aporte a la recaudación del Impuesto a la Renta de 50,9% en el año 2007 a apenas el 4,6% el año 2016. Si consideramos el total de tributos recaudados por el Estado peruano, el aporte minero también se ha ido reduciendo: luego de una contribución pico de 24,7% en 2007, en la actualidad presenta un nivel de aporte de apenas 5,4%.
¿Qué impidió y qué es lo que continúa impidiendo que los beneficios de la bonanza minera sean capitalizados por el país? Haciendo un recuento del conjunto de instrumentos fiscales implementados en las últimas décadas (antigua regalía minera, aporte voluntario, nueva regalía minera, impuesto especial a la minería, gravamen especial a la minería, obras por impuestos, entre otros), en términos generales se puede afirmar que no permitieron que el país alcance el objetivo de una adecuada apropiación de la creciente renta minera. Esto se debió principalmente a los siguientes factores: (1) la herencia del marco tributario de la década del 90 que otorgó enormes beneficios y generó vacíos legales que las empresas supieron aprovechar y que en diferentes medidas se mantuvieron; (2) instrumentos que se implementaron en la década de bonanza poco eficaces y que en el proceso de negociación y también en su implementación, fueron totalmente mediatizados por las empresas y, 3) la puesta en marcha de instrumentos fiscales que, si bien eran más apropiados para lograr la ansiada progresividad fiscal, se implementaron casi al final del período de bonanza.
Al margen de sumas y restas, son tres los aspectos centrales que muestran las limitaciones y el fracaso de las políticas implementadas que configuran una oportunidad perdida para el país precisamente en la década de bonanza: nunca se logró incrementar de manera sostenida la presión tributaria en el país y peor aún, el período post boom nos ha regresado a una peligrosa tendencia decreciente que nos aleja cada vez más del promedio de presión tributaria de los países latinoamericanos y sobre todo de las necesidades del país; nunca existió una real voluntad política -sobre todo en el pico del súper ciclo de precios de los metales- para implementar una verdadera reforma tributaria para alcanzar una mayor equidad fiscal y por el contrario, se optó por una política tributaria minera complaciente; y finalmente, una autoridad tributaria que no realizó mayores esfuerzos en materia de control, fiscalización y cobranza.
Una reciente publicación que aborda el tema de la recaudación fiscal y los beneficios tributarios en el sector minero, analiza el caso de los dos proyectos mineros más importantes que han entrado en producción en los últimos años: Las Bambas y Cerro Verde1.
Por ejemplo, en el caso Las Bambas, considerando un precio promedio por debajo de US$ 2,56 la libra, las posibilidades de que puedan pagar Impuesto a la Renta durante los primeros cinco años de operaciones -y por lo tanto que haya transferencias de canon a Apurímac-, son reducidas. Dicho sea de paso, esta proyección no está muy alejada de lo que se afirma en el propio Marco Macro Económico Multianual 2018-2021 del Ministerio de Economía y Finanzas: «los grandes proyectos mineros nuevos como Las Bambas, Toromocho y Constancia comenzarían a pagar impuesto a la renta empresarial a partir del 2020».
Dicho sea de paso, no es la primera vez que algo así ocurre: por ejemplo, Antamina comenzó a producir el año 2001 y recién comenzó a pagar Impuesto a la Renta el año 2005, ya que se vio favorecida por la aplicación del beneficio tributario de depreciación acelerada que al disminuir contablemente el total de sus activos netos, le permitía obtener pérdidas tributarias que se iban sumando a las pérdidas de los ejercicios subsiguientes, configurando así una bola de nieve que crecía año tras año.
Volviendo al caso de Las Bambas, al no pagar Impuesto a la Renta, lo único que llega a Apurímac desde el año pasado son las regalías. Según la propia empresa minera, propietaria del proyecto Las Bambas, el año 2016 se pagó US$ 34,3 millones. Las regalías que paga Las Bambas tienen como referencia el propio contrato de transferencia del proyecto (y no la actual ley de regalías que se aplican escalonadamente sobre la utilidad operativa).
Cerro Verde es otro ejemplo de una mega inversión e incremento productivo sin mayor aporte tributario. En los últimos años esta empresa pasó de una producción de 255 mil toneladas a 575 mil toneladas por año con dos importantes inversiones: el proyecto planta de sulfuros primarios y el proyecto de ampliación de Cerro Verde.
Desde el año 2013, los aportes tributarios y no tributarios de Cerro Verde cayeron drásticamente, tocando fondo el año 2015 y el último año se registra una recuperación. Entre los diferentes impactos, se puede subrayar la caída drástica del canon minero transferido a Arequipa.
Otra controversia con Cerro Verde es por las regalías no pagadas. Para la Sunat la empresa debió pagar 286 millones de soles por regalías correspondientes a los años 2006 y 2007. Esta disputa entre la Sunat y Cerro Verde ha pasado por procesos administrativos, por el propio Tribunal Fiscal y luego, por decisión de la propia empresa, se judicializó la controversia.
Lo cierto es que la empresa ha perdido en todas estas instancias: hace apenas unos días, la Séptima Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima volvió a denegar el recurso de apelación que interpuso la empresa buscando traerse abajo las resoluciones administrativas de la Sunat y del Tribunal Fiscal que la obligan a pagar más de US$250 millones por regalías mineras, multas e intereses, que le corresponden a la región Arequipa. ¿Cerro Verde seguirá apelando?
La necesidad de sacar lecciones
No es muy coherente plantearse como meta formar parte de la OCDE y al mismo tiempo alejarnos cada vez más de la presión tributaria estándar en esos países: 34% aproximadamente, en comparación con una presión en el Perú que continúa a la baja y que según el propio MEF actualmente apenas llega a 13,4%.
Si el objetivo es estandarizarnos con las prácticas fiscales de los países miembros de la OCDE, habría que preguntarse ¿cuánto hemos hecho para adherirnos al estándar global para el intercambio automático de información financiera entre jurisdicciones que estos países han acordado poner en práctica desde 2017, mediante el cual se pone fin al secreto bancario que ha permitido que defraudadores y evasores fiscales se escondan? ¿Por qué suspendimos, sin haber aplicado, la norma general antielusión que la OCDE exige a sus países miembros para que estos puedan cumplir con las mejores prácticas internacionales en materia impositiva?
América Latina y sobre todo un país como el Perú, tiene mucho margen para subir sus reducidos niveles de presión tributaria con el objeto de financiar su gasto público productivo (en sanidad, educación e infraestructura), generando a su vez incrementos en las tasas de crecimiento económico a largo plazo.
No se puede seguir acentuando la inequidad del sistema tributario vía reducción de los impuestos directos y tampoco es aceptable que las campañas de los principales grupos económicos como el minero apunten a debilitar aún más nuestra capacidad recaudatoria.
La revisión del contexto general, la política fiscal, las cifras y el balance general, nos muestra que en el país sigue pendiente la necesidad de sentar las bases de un verdadero desarrollo sostenido que permita establecer relaciones de equilibrio entre actividades productivas como la minería y las expectativas y demandas de las poblaciones.
Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/759-el-aporte-tributario-del-sector-minero-y-los-sueldos-de-los-maestros
Compañías mineras en Chiapas provocan ecocidios y enfermedades a chiapanecos
Muchas empresas de minería han ocupado terrenos que no les corresponden y ya han comenzado a afectar a la población en general.
Chiapas.- Las empresas minera en el estado han comenzado a afectar la vida de los pobladores así como su salud, esto debido a que la operación de las 25 concesiones para la explotación de minerales se hace sin que la Secretaría de Economía (SE) especifique los criterios de su entrega y sin que a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publique la información correspondiente a los proyectos, los concesionarios, o las manifestaciones de impacto ambiental.
La investigadora de la organización Impunidad Cero, Ana Ávila afirma que no hay supervisión de los organismos encargados de medir el impacto ambiental de los megaproyectos mineros en la zona, lo cual ya generado graves consecuencias para la salud de los habitantes de la región que han presentado nuevas enfermedades asociadas con el consumo de agua contaminada.
Ávila señala en su investigación de Impunidad Cero, que tampoco se respeta el derecho a consulta de los pueblos afectados por la exploración y explotación de minas y que en muchas ocasiones se violan los derechos de estas personas. Mismas que son víctimas de la falta de transparencia, la dificultad para encontrar información pública y de interés y la contradicción en los datos oficiales.
La investigadora denuncia que las irregularidades de acuerdos con los mineros resultaron en que la gente , después de meterse al agua de los ríos Cintalapa y Cacaluta, les salía un sarpullido en la piel que, con el tiempo, se convertía en llagas; además veían cómo los peces se morían.
Las mujeres embarazadas parían bebés que nacían ya con heridas en la piel. El médico del municipio de Escuintla reportaba índices más altos de cáncer. Impunidad Cero también aclara que al momento no existen estudios toxicológicos ni un reconocimiento de las afectaciones por la extracción de titanio, por lo tanto, no hay un tratamiento adecuado para las enfermedades.
De acuerdo con Impunidad Cero, durante la investigación de Ana Ávila, se encontró que en la reserva de El Triunfo hay 25 concesiones mineras, las cuales suman 240 mil 578 hectáreas, territorio que rebasa en 121 mil 401 hectáreas a la propia reserva de la biósfera, pues de acuerdo con la página oficial de las APNs, ésta tiene una extensión de 119 mil 177 hectáreas.
Fuente:http://mxpolitico.com/chiapas/ambiental/companias-mineras-en-chiapas-provocan-ecocidios-y-enfermedades-chiapanecos