Panamá

Las compensaciones ambientales en Panamá: una estrategia que abre áreas protegidas para la actividad minera

La empresa Minera Panamá (MPSA), de propiedad de la empresa canadiense First Quantum, tiene una concesión en el Distrito de Donoso, Provincia de Colón en Panamá, que abarca un área de 13.600 hectáreas insertas en un área protegida para explotar cobre a cielo abierto. Además, la empresa construyó un puerto de aguas profundas sobre el mar Caribe que ocupa un área de 200 hectáreas por el cuál sacará el mineral del país y una central de energía a base de carbón para proveerse de energía para sus operaciones. La concesión se ubica a unos 120 kilómetros al oeste de la Ciudad de Panamá. Para obtener las autorizaciones ambientales, la empresa ha presentado planes de “compensación por pérdida de biodiversidad”.

¿Quién es First Quantum?

Esta empresa canadiense, compró en el año 2013 un 80 por ciento del capital accionario de Minera Panama SA (MPSA) que pertenecía mayoritariamente a la canadiense Inmet Mining/Petaquilla, que ya contaba con la concesión para explotar cobre y oro en la zona. Como la gran mayoría de las empresas canadienses que operan en América Latina, First Quantum cuenta con un historial de acusaciones de violaciones a los derechos humanos en otros países donde ha operado. Un informe de las organizaciones OECD Watch, Oxfam Canada y la organización de Zambia DECOP, ha denunciado que la empresa estuvo involucrada en ese país en el desalojo de pobladores de un área que tradicionalmente habían ocupado, causando graves daños a las comunidades. Otro informe alega que en 2002 la empresa había estado involucrada en la explotación ilegal de los recursos naturales en República Democrática del Congo, en África.

En Panamá, la concesión de más de 13.000 hectáreas está inserta en el Corredor Biológico Mesoamericano. Un área de conexión regional de gran riqueza que será severamente dañada por la explotación de cobre por parte de MPSA. Se trata de bosques con un excelente estado de conservación que albergan una riqueza increíble en términos de biodiversidad. La población adyacente es mayoritariamente población campesina e indígena que se dedica a la agricultura de subsistencia y la ganadería.

Las poblaciones aledañas ya vivieron en carne propia los impactos de la minería. Ya que en la misma región operó Petaquilla Gold, que en sus 100 hectáreas de concesión provocó contaminación de ríos, deforestación, impactos en la salud de las comunidades, sin mencionar los cientos de promesas incumplidas. La empresa se vio sumergida en un escándalo financiero. Fue abandonada, dejando en el camino grietas abiertas y piscinas con cianuro que aún hoy son una amenaza latente para los ríos y las personas de la zona, además de miles de trabajadores sin cobrar salarios y otras obligaciones laborales por parte de la empresa.

La compensación de daños incompensables

Minera Panama/First Quantum está obligada a realizar compensación por las pérdidas irreparables al ambiente que la extracción a gran escala de cobre va a generar, de acuerdo a las exigencias que el gobierno le marcó para darle las autorizaciones ambientales. La empresa se ha comprometido a seguir los estándares a los que obliga la Corporación Financiera Internacional (CFI), el ala privada del Banco Mundial, por lo que ha presentado planes de “compensación por pérdida de biodiversidad”.

La mina aún no ha comenzado a operar. No obstante, y tal vez para apaciguar a las ONGs conservacionistas que promovieron la declaración del Corredor Biológico Mesoamericano como área protegida y a las voces de los pobladores locales que se oponen a la destrucción masiva que el proyecto va a generar, si ha montado una fuerte campaña de promoción de sus actividades. Estas incluyen varios programas como parte de su estrategia de compensación. De acuerdo a su página en internet, la empresa “está comprometida a mantener un impacto neto positivo sobre la biodiversidad y ser un líder mundial en la gestión de la biodiversidad.”

El WRM realizó una visita a la zona a finales del 2016 para conversar con pobladores locales y conocer de primera mano lo que sucede a nivel local.

Entre los planes de compensación por pérdida de biodiversidad que la empresa tiene previstos, se encuentra la reforestación de 7.300 hectáreas. Esta plantación serviría para compensar las pérdidas irremediables que el proyecto minero va a generar en la zona del Corredor Mesoamericano. Los pobladores locales con los que conversamos en la zona de Coclecito conocían que la empresa estaba llevando a cabo planes de reforestación. A pesar de la gran propaganda en el sitio web de la empresa, durante la visita apenas pudimos ver unas pocas matas de café y unos pocos árboles nativos plantados en un borde empinado de la carretera.

En la de por sí absurda lógica de la compensación, parece aún más difícil imaginar que unas matas de café y unos pocos árboles puedan compensar por la pérdida de los bosques de la región que brindan refugio a una gran diversidad de fauna y flora, incluso a especies endémicas amenazadas de extinción y que además son de suma importancia para las comunidades locales que los usan cotidianamente .

Además, debido a que varias especies que habitan la zona evidentemente verán su hábitat destruido, la empresa ha hecho convenios con organizaciones internacionales en un intento de salvar algunas de estas especias – y así mejorar su imagen. Por ejemplo, su asociación con la organización Sea Turtle Conservancy busca proteger a las tortugas marinas en peligro de extinción que precisamente anidan en la costa caribeña que ahora será impactada por el puerto de aguas profundas que será utilizado para extraer el mineral.

Otro de los planes de compensación que la empresa presentó se trata de apoyar la gestión de las áreas protegidas que rodean la concesión: parque Santa Fé y Omar Torrijos, así como la creación de una tercera área de uso múltiple en Donoso, totalizando unas 250.000 hectáreas. Minera Panamá dice que cubrirá los gastos para equipos, infraestructura, monitoreo biológico, la educación y un programa de capacitación que beneficia a los guardaparques en todas las áreas protegidas de Panamá.

Aquí yace otra de las grandes falacias de los mecanismos de compensación. Las corporaciones ni siquiera deben montar sus propios planes de compensación, ya que han encontrado un camino que las libera de la responsabilidad de implementar un proyecto de compensación y lo que es más importante, las libera de la responsabilidad y el costo de mantener dichos proyectos, sobretodo una vez que la mina haya dejo de funcionar.

Además, uno de los conceptos subyacentes de la compensación es que estos deben ser “adicionales”. Es decir, los promotores de un proyecto de compensación tienen que demostrar que de no ser por ese proyecto el área que ahora pretenden conservar hubiese sido destruida. Lo que no es el caso en las áreas protegidas.

Usando métodos ilegítimos, como lo es la compensación de daños incompensables, Minera Panama se apresta a abrir y destruir los bosques panameños ubicados sobre el Corredor Biológico. Los mecanismos de compensación se basan en una lógica mercantilista que entiende un bosque como un conjunto de partes independientes e intercambiables. Una gran diferencia con respecto a la cosmovisión de los pueblos indígenas y campesinos, que ve al bosque como un todo interconectado e interdependiente incluso con ellos mismos, para quienes  permitir la destrucción y fragmentación  de un área tan rica como lo es el Atlántico caribeño es criminal.

 

Fuente: http://movimientom4.org/2017/09/las-compensaciones-ambientales-en-panama-una-estrategia-que-abre-areas-protegidas-para-la-actividad-minera/

Ecuador

Metales pesados, enfermedades y mafias, la triste realidad de Esmeraldas

Los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro están entre los más pobres del país, entonces con la minería, la palma y la deforestación no hay progreso. Se determinó la presencia, en los ríos, de al menos seis metales pesados que superan hasta 150 veces los niveles máximos establecidos en la ley ambiental nacional. Arsénico, magnesio, galio, hierro, aluminio y mercurio. La minería  es ahora controlada por mafias, quienes tienen servicios de inteligencia y amedrentan a la población gracias a su alto poder financiero. Como si ello fuese poco, están deforestando los bosques primarios para sembríos de palma africana que requiere el uso de insecticidas, fungicidas y herbicidas sin ningún control y el agua utilizada va a los ríos.

El sonido de los tambores retumba en el auditorio de la iglesia San Lorenzo del Pailón, al norte de Esmeraldas. Fue el 22 de agosto pasado. Un grupo de mujeres afroecuatorianas cantan y bailan a ritmo de marimba. Es su singular manera de rechazar lo que en la canción tararean: “Nos cogieron de repente, se metieron los mineros, el agua contaminada”.Es lo que se ve y escucha en un video grabado durante la ‘Audiencia del Chocó’ realizada por la ONG Acción Ecológica. Un espacio en el que los habitantes de los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro denunciaron el supuesto impacto que deja la minería, la palma africana y la deforestación.

En la reunión especialistas analizaron cuatro informes realizados por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Esmeraldas (Pucese), entre 2010 y 2014, tres de ellos en conjunto con el Ministerio del Ambiente (MAE).

Eduardo Rebolledo, biólogo y docente de la Pucese, dice que las conclusiones son preocupantes. “Debido a las denuncias, la universidad decide, con ayuda de fondos internacionales, realizar un primer estudio a finales de 2010, donde encontramos peces con deformidades y metales pesados en los ríos Santiago, Bogotá, Tululbí y Cachavi, y en los esteros María y Sabatela por la extracción ilegal de oro. Esto lo alertamos a las autoridades. Luego la PUCE contribuyó en un muestreo con el MAE y Senagua (Secretaría Nacional del Agua) en 2011 y se obtuvieron los mismos resultados… el Gobierno decretó el estado de excepción y, a través del MAE, nos contrató para un segundo estudio”, indica.

En esta última investigación se determinó la presencia, en los ríos, de al menos seis metales pesados que superan hasta 150 veces los niveles máximos establecidos en la ley ambiental nacional, dice Rebolledo. Arsénico, magnesio, galio, hierro, aluminio y mercurio.

Dirigentes lograron que el Juzgado Sexto de Garantías Penales de San Lorenzo otorgue, el 24 de marzo de 2011, medidas cautelares a 89 comunidades.

Pero la medida sirvió de poco, dice el párroco de Borbón, Aldo Pusterla: “La primera disposición fue suspender la minería, pero nunca pasó… El propio Gobierno mandó a la Enami (Empresa Nacional Minera) a Selva Alegre y San Lorenzo en septiembre del 2011 para iniciar un proyecto extractivo”.

Con su llegada, el MAE solicitó en 2012 a la Pucese que supervise las tareas de extracción de la empresa estatal, dice Rebolledo: “Encontramos más problemas que cuando estaban los mineros ilegales… se les había roto una piscina de recirculación y generaron una mortandad de peces enorme en el estero San Antonio”.

En respuestas enviadas vía email, la Enami asegura que “recibió varias concesiones mineras, en calidad de residuos abandonados debido a la intensa actividad minera ilegal, de lo cual, inició operaciones en 2012 en sitios puntuales, mediante la celebración de contratos de operación con pequeños mineros locales”. La entidad pública dice que la labor fue supervisada.

Incluso, señala la Enami, el MAE habría constatado “la rehabilitación de las áreas intervenidas por los operadores autorizados… y la remediación de pasivos ambientales”. Y que la Comisión Especial Contra la Minería Ilegal realizó operativos durante 2012 para neutralizar la minería ilegal en las concesiones de la Enami. En estas intervenciones se determinó que persistían los daños ambientales, pero la entidad indica que “de ninguna manera pueden ser señalados” ya que las labores ilegales se realizaban, mientras estaban a cargo.

Según el informe de la Pucese en 2011 se registraron 4.889 piscinas abandonadas. Kléver Santana, dirigente y miembro de la pastoral de San Lorenzo, afirma que la situación sigue igual. Mientras que Rebolledo asegura que “actualmente serían siete mil ya que los mineros tienen la maquinaria y recursos para abrir una cada semana”.

La contaminación ya implica afectaciones en la salud, señala Feliza Caicedo, enfermera de la comunidad Colón Eloy: “Las mujeres tienen problemas en la piel, manchas, infecciones en sus partes íntimas por bañarse en los ríos y beber su agua… Nos han dicho que los niños podrían nacer con discapacidades…”.

Un informe –entregado en diciembre de 2011 por el Ministerio de Agricultura (Magap) a la Defensoría del Pueblo– establece una serie de irregularidades en la comuna Santiago Cayapas en Eloy Alfaro: “(La minería)… es ahora controlada por mafias, quienes tienen servicios de inteligencia y amedrentamiento dentro de la población, su poder financiero es alto”, indica el documento.

El análisis se realizó tras denuncias sobre irregularidades en la venta de terrenos comunales de propiedad colectiva, Incluso, en medio de estas disputas, el Magap identifica problemas como “inacción del Estado”, “burocracia cómplice del abuso”, “deforestación”, “violencia” “…La comuna es un espacio fronterizo… de tráfico de armas, combustibles, drogas, trata de blancas…”.

Nathalia Bonilla, miembro de Acción Ecológica, asegura que los comuneros son obligados a vender sus tierras ancestrales de forma violenta, porque “la minería ilegal es manejada por grupos armados que amenazan a las familias… El MAE nos dice que por los niveles altos de sicariato no pueden intervenir…”.

Otra problemática es la deforestación de bosques primarios para sembríos de palma africana. Bonilla indica que estos cultivos se expanden sin control, lo que deja impactos graves. “A la deforestación de bosques se suma el uso de insecticidas, fungicidas y herbicidas sin ningún control, el agua utilizada va a los ríos”, dice.

También alerta que estos cultivos provocarían “posibles impactos en la biodiversidad de estas zonas con alto valor ecológico y en la calidad del aire… además, hay efectos sociales porque las personas que trabajan en palmicultoras no salen de la pobreza, no tienen salarios dignos”.

Un informe de este año de Acción Ecológica señala que solo en 2012 se deforestaron 16 mil hectáreas de bosque en Esmeraldas. Es aquella alfombra verde que caracteriza a esta provincia hoy fragmentada con piscinas abandonadas tras actividades mineras y por la expansión de la frontera agrícola con monocultivos como la palma africana.

 

Fuente: http://noalamina.org/latinoamerica/ecuador/item/37696-metales-pesados-enfermedades-y-mafias-la-triste-realidad-de-esmeraldas

Argentina, Chile

Los gobiernos de Argentina y Chile más cerca de las empresas mineras que de los pueblos

Pese a la oposición de las comunidades, las empresas mineras que aspiran a desarrollar proyectos en el área cordillerana ratificaron hoy a las autoridades de Argentina y Chile el interés en avanzar en ellos según las condiciones jurídicas y ambientales dispuestas por ambos países y del Tratado sobre Integración y Complementación Minera que fue suscripto en el año 1997, un eufemismo para no hablar de la profundización del modelo extractivista altamente repudiado por los pueblos. La ratificación fue transmitida por las compañías mineras durante el plenario de trabajo del tercer Encuentro Ministerial de la Alianza de Energía y Clima de las Américas que se realizó en la ciudad de Viña del Mar, en el que participó el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren.

“Creemos que esta área fronteriza será un lugar de competitividad común y de desarrollo futuro conjunto, porque tenemos una columna vertebral llena de recursos minerales y naturales que ambos países necesitan cuidar, y eso significa trabajar juntos, no hay otro camino”, dijo el secretario de Minería argentino, Daniel Meilán, en la reunión del tratado binacional que se realizó en la sede de la Comisión Chilena del Cobre.

En el encuentro, del que también participó el subsecretario de Política Minera, Juan Biset, se mantuvieron sucesivas reuniones con los directivos de las empresas con proyectos vigentes en el área cordillerana, las cuales pusieron al día a los funcionarios sobre sus perspectivas para el desarrollo de las inversiones y las alternativas que enfrentan a uno y otro lado de la frontera.

Así, se presentaron las autoridades de los proyectos Pascua Lama de Barrick Gold; Constelación de NGEx Resources; Filo del Sol de Filo Mining; Los Pelambres, de Antofagasta Minerals y El Pachón de Glencore; Vicuña también de NGEx Resources y Pan Pacific Copper y Los Azules de McEwen Mining.

Meilán también participó hoy junto a la ministra de Minería chilena, Aurora Williams, y al viceministro de Minas de Perú, Ricardo Labó, en la exposición Metal Bulletin donde se expuso acerca de la actualidad del sector y los desafíos que enfrenta en cada país de la región.

Allí, Meilán explicó que en la Argentina “existen 32 proyectos en factibilidad” y destacó el Acuerdo Federal Minero, sobre el que señaló que “es un mandato constitucional de cómo hacer una política minera en un país en el que los recursos naturales, minerales, pertenecen a las provincias”.

“Con esto se logra una base homogénea de distintos aspectos de la actividad que sea común a las 23 jurisdicciones, respetando las diferencias y las necesidades de cada una de ellos”, agregó al también abordar la minería del futuro, respecto de la cual indicó que las nuevas tecnologías, principalmente las energéticas, requerirán de mayor disponibilidad de insumos minerales, entre otros.

La visita de los funcionarios argentinos se dio en momentos en que aún se registraban repercusiones por el rechazo del gobierno de Michelle Bachelet del proyecto minero Dominga, lo que generó la disidencia y la renuncia de dos de sus ministros del área económica que defendieron el emprendimiento de concentrados de hierro y de cobre en la región de Coquimbo, valorado en 2.500 millones de dólares.

Funcionarios de la cartera energética admitieron en diálogo con Télam que si bien no fue el contexto ideal para los encuentros, se pudo ratificar el interés de ambos gobiernos por “poner en movimiento” los proyectos de carácter binacional mediante políticas y decisiones de complementación e integración.

“Compartimos la preocupación y la necesidad de generar entre los dos países un modo de abordar las políticas públicas para el sector minero que las separe de la coyuntura electoral inmediata”, enfatizó la fuente al resaltar “la búsqueda de una institucionalidad que permita reconocer a la región por presentar un esquema común”.

El Tratado sobre Integración y Complementación, que cumplirá 20 años en diciembre, constituye un marco jurídico para el negocio minero y tiene por objeto permitir a los inversores de cada una de las partes participar en el desarrollo de la integración, con amplias áreas de aplicación delimitadas a ambos lados de la Cordillera.

En el Acuerdo, uno de los puntos relevantes es el referido a la facilitación fronteriza, para lo cual los países se comprometen a realizar acciones de coordinación de modo de fomentar el desarrollo del negocio minero, el acceso y salida de las áreas de operaciones desde ambos territorios y permitir el uso de toda clase de recursos naturales, insumos e infraestructura sin discriminación de nacionalidad.

También se especifica que las prohibiciones y restricciones vigentes en las legislaciones de cada parte, referidas a la adquisición de la propiedad, el ejercicio de la posesión o mera tenencia o la constitución de derechos reales sobre bienes raíces, o derechos mineros, establecidas en razón de la calidad de extranjero y de nacional chileno o argentino, no serán aplicables a los negocios mineros regidos por el Tratado.

 

Fuente: http://noalamina.org/argentina/item/37693-los-gobiernos-de-argentina-y-chile-mas-cerca-de-las-empresas-mineras-que-de-los-pueblos

Mexico

Acusan a minera canadiense de causar daños a la salud, en la Sierra Norte

En el municipio de Ixtacamaxtitlán en la Sierra Norte de Puebla, la minera canadiense Almaden Minerals comenzó a generar daños a la salud por actividades de exploración para explotar yacimientos de oro y plata, alertaron organizaciones campesinas.

Integrantes del Frente Indígena y Campesino de México, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec, aseguraron que la contaminación del agua por la minería a cielo abierto ha dejado en los municipios pérdida de visión en los pobladores y envenenamiento de animales.

“Después de la actividad exploratoria de Almaden Minerals, el agua, algunos de los pozos cercanos provocaron la muerte de mamíferos que se acercaron a los abrevaderos”, dijo Violeta Valdez, vocera del Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano y Popular (Miocup CNPA)

Aseguró que las personas que viven en zonas cercanas experimentaron pérdida de visión, pero hasta el momento no se conoce cuáles son las sustancias que causan las enfermedades y padecimientos que tampoco han sido relacionadas oficialmente con la actividad minera.

Oswaldo Villegas, integrante del FICAM anunció que para exigir el cese del despojo en territorios indígenas, organizaciones campesinas se movilizarán este 20 de septiembre en todo el territorio nacional, pero esta vez no se realizará una movilización masiva a la capital sino que se protestará en cada comunidad y municipio donde existen los megaproyectos energéticos y mineros.

“No se tratará de una concentración mayor en la capital del país, sino en cada municipio y comunidad donde exista un proyecto de muerte”, dijo y confirmó que también participarán la Coordinadora Nacional de Movimientos Populares-Linea de Masas, el Movimiento Agrario Indígena Zapatista y la Unión Revolucionaria Emiliano Zapata.

Así explicó que el próximo 20 de septiembre, desde las sierras poblanas se visibilizará que el despojo de tierras no es el único atentado que sufren las comunidades indígenas, pues su vida está en franco riesgo.

Ayer se difundió un reporte especial realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en el que señaló que las fuentes de agua de comunidades en Puebla donde se desarrollan la minería, los proyectos hidroeléctricos y la extracción de hidrocarburos, a través de la técnica de “fracking”, han sido contaminadas.

En Puebla existen 240 proyectos mineros  que están vigentes; las concesiones fueron otorgadas de 1971 a 2015 para explotar 182 mil 774 hectáreas de territorio poblano en 48 municipios, de acuerdo con la Secretaría de Economía (SE).

 

Fuente: http://www.e-consulta.com/nota/2017-09-11/sociedad/acusan-minera-canadiense-de-causar-danos-la-salud-en-la-sierra-norte

Colombia

Concejo de Titiribí también rechaza minería de metales

El Concejo de Titiribí aprobó, en segundo y definitivo debate, un proyecto de acuerdo para prohibir la minería de metales, en especial de oro, cobre y zinc en esa población del suroeste antioqueño.

El presidente de la corporación Jairo Ossabal Robledo especificó que este acuerdo no será aplicable para la minería de carbón, que ha sido ancestral en la población y fuentes de materiales de construcción.

También le pidió a la Alcaldía realizar, en el menor tiempo posible, una consulta popular y actualizar el esquema del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio, tiendo en cuenta esta decisión.

Ossabal destacó que a la sesión asistieron representantes del Ministerio de Medio Ambiente, dos concejales de Támesis y uno de Jericó, grupos ecológicos y los presidentes de las 19 juntas de acción comunal rurales. El proyecto de acuerdo fue aprobado por ocho votos en favor y dos en contra. Hubo una ausencia.

Arturo Espinosa, fundador de la Corporación Tierra Nueva, de la vereda Los Micos, de Titiribí, opinó que la decisión es muy confortable por los daños que la minería le genera a la naturaleza, en especial, al agua en zonas rurales de este municipio.

“En la comunidad de Los Micos tenemos un grave problema con las fuentes hídricas, porque hace más de 50 años hay minas de carbón con socavones muy profundos y, al parecer, han afectado ese elemento y en el municipio hay varias solicitudes de exploración de oro y cobre en las montañas que son ricas en agua y se pueden secar.

Pidió crear otras fuentes de trabajo para los campesinos para que no tengan que recurrir a la explotación de estas riquezas e idearse alternativas para que vuelvan a los arados que han abandonado por falta de recursos para explotarlos.

En la vereda La María, de Titiribí, la empresa Sunward Resources, filial de la canadiense Gold Mining, desde 2009 está realizando un proyecto de exploración de oro y cobre.

La gerente en Colombia de la empresa, María José Mejía, aseguró que esta actividad cuenta con los permisos que exigen las leyes colombianas, pero acatarán la decisión que tome cualquier institución o autoridad del país.

Manifestó que una vez se conoció el proyecto de acuerdo iniciaron, con la sección jurídica de la empresa, los respectivos análisis y una vez los concluyan habrá un pronunciamiento oficial.

Ana Margarita Giraldo Posada, abogada especialista en Derecho Ambiental y Minero y coautora del libro Legalización de la Minería de Oro en Colombia, expresó que estas decisiones afectan los usos del suelo y, por este motivo, el Municipio, mediante su autonomía territorial, tiene alguna potestad de tomar decisiones. Sin embargo, explicó, no pueden tomarse mediante un acuerdo del concejo como también lo hicieron Támesis, Jericó y Urrao, donde simplemente dijeron: “queda prohibida la minería de metales”.

Resaltó que estas determinaciones tienen que estudiarse y analizarse dentro del Plan de Ordenamiento Territorial y concretadas con las autoridades ambientales, las cuales, con sus profesionales e instrumentos técnicos, deberán decir que se puede o no se puede realizar minería en cierta parte del territorio y también especificar si se afectarán los recursos naturales en forma tal que se debe prohibir esta actividad.

“En mi concepto, si estos acuerdos no están dentro de ese Plan de Ordenamiento Territorial concertado con las autoridades ambientales, incluso las nacionales y departamentales, están viciados de nulidad y no tienen validez jurídica”, opinó la profesional.

Liz Alvarez, secretaria de Minas de Antioquia, informó que en Titiribí hay 28 títulos mineros y 29 solicitudes con papeles radicados en su despacho para diferentes minerales.

Entre los títulos concesionados, además del de la Sunward, hay uno que pertenece a la empresa Zancudo Gold, que reviviría la actividad aurífera en las minas de El Zancudo, en el sector de Sitio Viejo.

“Hemos sido muy claros en los conceptos jurídicos emitidos por la Agencia Nacional de Minería y la Agencia de Defensa del Estado. En estos se dice que los concejos no tienen competencia para poder prohibir la actividad minera en los municipios”, concluyó la funcionaria.

Fuente: http://www.elcolombiano.com/antioquia/concejo-de-titiribi-tambien-rechaza-mineria-de-metales-XG7282660

Perú

TÍA MARÍA: Aún flamea la bandera del rechazo

 

“Agro sí, mina no”. Ese es el lema de rechazo al proyecto Tía María, que consiste en explotar dos tajos de cobre en la costa desértica de Arequipa. La consigna aparece impresa en banderas verdes fosforescentes izadas en las viviendas de Cocachacra. Es lo primero que llama la atención de cualquier foráneo que arriba a este distrito, el corazón del valle de Tambo y desde donde se articularon las protestas contra dicho proyecto minero de la compañía Southern Perú.

Son los mismos emblemas que portaban los pobladores hace dos años en las manifestaciones, cuando el Gobierno aprobó el Estudio de Impacto Ambiental de Tía María. El saldo de esas protestas fueron varios muertos y miles de pérdidas materiales.

Fernandina Quispe no es del valle. Llegó hace cinco años de Espinar-Cusco para trabajar en los quehaceres del campo. Le pagan 50 soles diarios de jornal. Así como ella, decenas de jornaleros participaron activamente en las protestas. Según ella, la minería  arrasará con el agro.

Son dos tajos de cobre, La Tapada y Tía María, ubicados a 2,5 km y 4 km del valle que contaminarán los campos. La minera ha garantizado una serie de medidas de mitigación para proteger el medio ambiente; sin embargo, el debate técnico a estas alturas tiene oídos sordos. Los opositores quieren que Southern se vaya. Es un conflicto con la compañía. Algunos dirigentes no descartan minería en Islay pero excluyendo a la compañía de capitales mexicanos.

La sensibilidad anda a flor de piel. Recientemente, el presidente ejecutivo de la minera,Oscar GonzálezRocha, declaró que estaban listos para poner en marcha el proyecto. Hubo una manifestación pública para rechazar esta declaración aunque no con la convocatoria de años anteriores.

El gremio empresarial de la provincia de Islay siente que con estas posturas, Southern atiza el conflicto.

Jorge Zuzunaga, presidente de la Asociación Civil Islay al 2021, califica que estas actitudes de González son lamentables. Zuzunaga aún recuerda la forma cómo se llevaron a cabo los talleres para explicar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en 2014.

En las charlas, los técnicos de la minera hablaban en términos técnicos y tan rápido que no se les entendía. “Todos nos mirábamos las caras y cuando preguntábamos nos respondían con otras cosas distintas», señala.

Para el empresario, esta es una de las principales razones por las que el proyecto no despegara. «Tampoco dejaban ingresar a más gente al local», agrega.

Sin embargo, también acusa a los líderes de la protesta antiminera de politizarla en beneficio propio.

El presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo, reconoce que bajo el lema de «Agro sí, mina no» el pueblo eligió a varios dirigentes en la provincia de Islay para la defensa de la agricultura en las elecciones municipales, no obstante, admite que los engañaron.

Se refiere al actual alcalde de Cocachacra, Herald Valencia Suárez, al vacado burgomaestre de Deán Valdivia, Jaime de la Cruz Gallegos, la primera autoridad de la Punta de Bombón, José Ramos Carrera y el alcalde provincial Richard Ale Cruz.

«Esas autoridades han quebrado la voluntad del pueblo y ahora se han vendido a la minera», dijo Cornejo.

PIENSAN EN TÍA MARÍA

En la avenida Libertad, la principal de Cocachacra, hay hoteles, restaurantes, discotecas, tiendas y farmacias. Son negocios cimentados con la expectativa del destrabe de Tía María. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Islay, Lorenzo Quea Selis tiene su propia interpretación del conflicto. Afirma que los oriundos del valle son pacíficos y quienes hacen resistencia a la inversión minera son «los migrantes» de  Puno, Juliaca y Cusco. Los foráneos trabajan de jornaleros y otros alquilaron las tierras a los viejos agricultores.

Aunque esa versión la contradice Juan Núñez Gallegos, un agricultor de 70 años. Toda su vida se dedicó a la agricultura en el distrito de Deán Valdivia. Tampoco quiere la mina. Teme que sus sembríos de ajo, papa, arroz y cebolla sean arrasados por la contaminación. «Para que entre Tía María tiene que tener la licencia social y no se la vamos a dar, el rechazo aquí es unánime», señala.

Por el momento, el valle vive en paz. La minera trabaja en su programa de socialización. El Gobierno dice que Tía María no obtendrá su licencia, mientras no resuelva un lío judicial por una superposición de la concesión de Pampa Cachendo, donde montarán sus instalaciones.

Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/1096335-tIa-marIa-aun-flamea-la-bandera-del-rechazo

Brasil

La minería preocupa a la Amazonía brasileña

 La propuesta de la liberación de la Reserva Nacional del Cobre para la explotación minera en Brasil , despertó el debate global en las últimas semanas.

Aunque la iniciativa fue negada por un juez , para los grupos ambientalistas la idea representa una regresión en la defensa del ambiente y se cuestiona los esfuerzos conservacionistas que se realizan en el país sudamericano.

Brasil tiene la mayor extensión de la Amazonía , que es el territorio considerado como»el pulmón del mundo? por la cantidad de biodiversidad que alberga. A pesar de que es el hábitat del 10% de la fauna y flora del planeta, esta zona está amenazada por la construcción de represas, la industria maderera y la minería.

La deforestación en la Amazonía brasileña aumentó en el 2015 por primera vez en 10 años. Solo entre agosto de ese año y julio del 2016, la cifra subió a 800 mil hectáreas.

Según el Instituto Nacional de Investigaciones sobre el Espacio, este número representa un aumento del 29% del área deforestada en comparación con el año anterior. Si se compara esta cifra con el año 2004, el área sin bosques se incrementó en un 71%.

La problemática aumentaría con proyectos como la explotación minera en la Reserva Nacional del Cobre. Esta zona, nombrada como reserva nacional en 1984, cubre más de cuatro millones de hectáreas y está ubicada entre los estados de Amapá y Pará .

Según el Fondo Mundial para la Naturaleza Brasil ( WWF ), este tipo de decisiones ocasionarían un incremento de la deforestación y una pérdida de la biodiversidad y de los recursos hídricos . Las áreas alrededor de la reserva que permanecerían bajo protección, también estarían en riesgo.

En una publicación del diario Nexo de Brasil se muestra que, desde 1988 hasta el 2016, se ha deforestado un área que equivale al tamaño de Suecia (421 870 km2).

Ante las críticas de ambientalistas , figuras reconocidas y opositores, el gobierno de Brasil aseguró que las tierras indígenas y las áreas protegidas, que equivalen al 69% de la reserva, serían conservadas.

En julio pasado, se presentó una propuesta para fomentar la actividad minera . Según medios locales, se propuso la apertura del 10% de todas las zonas de selva protegida, para que puedan ser utilizadas en esta industria , que emplea a alrededor de

200 000 personas. Con estas medidas se buscaría la reactivación de la economía .

Estos anuncios han tenido una repercusión mundial. La organización de defensa de la Amazonía Avaaz logró recolectar 600 mil firmas en tres días en una petición dirigida al Gobierno con el mensaje de»impedir que la Amazonía se convierta en un desierto» Organizaciones como Greenpeace también expresaron su rechazo a través de redes sociales y en movilizaciones que se realizaron en ese país.

Edgardo Latrubesse , investigador de la Universidad de Texas en Austin, explica que la construcción de represas en la cuenca del río Amazonas es otro de los problemas que afecta sobre todo a Brasil.

Con estas obras se busca generar energía para que sea una fuente de desarrollo para los países amazónicos , dice. Pero la acumulación de hidroeléctricas ocasionaría la pérdida de especies y un cambio en la dinámica de los ríos.
Fuente:  http://www.entornointeligente.com/articulo/85572/ECUADOR-La-mineria-preocupa-a-la-Amazonia-brasilena

Internacional

La canadiense Eldorado Gold suspende inversión en minas de oro en Grecia

El grupo minero canadiense Eldorado Gold anunció hoy la suspensión de sus inversiones en Grecia después de tres meses de negociaciones «infructuosas» con el ministerio de Medio Ambiente sobre la explotación de minas de oro en la península turística de Calcídica (norte del país).

En una rueda de prensa celebrada en Atenas el director ejecutivo de Eldorado Gold, Georges Burns, reprochó hoy al Gobierno de retrasar «por motivos burocráticos desconocidos» una serie de licencias necesarias, y le llamó a «pensar en los trabajadores griegos y en el país».

Burns añadió que desde 2012 el grupo invirtió 3.000 millones de dólares en las minas y que sus planes eran invertir la misma suma una vez hubiera obtenido las licencias de explotación, lo que además generaría otros 2.400 puestos de trabajo a los ya 1.200 existentes.

El directivo dejó, sin embargo, una puerta abierta y afirmó que si el Gobierno griego otorga a tiempo las licencias y apoya la inversión Eldorado estaría en posición de reconsiderar sus planes de inversión en el país.

El Gobierno de Alexis Tsipras suspendió las actividades de Eldorado nada más asumir el poder en 2015, en línea con la oposición a este tipo de minería que había mantenido siendo partido de oposición.

Sin embargo, tras un análisis del ministerio de Medio Ambiente y un dictamen del Tribunal Supremo Administrativo concedió las licencias de explotación, pero dejó pendientes las relativas al método de tratamiento del mineral.

Tradicionalmente, en el tratamiento del oro se utiliza cianuro, sustancia que provoca residuos tóxicos y ha sido rechazado por el Tribunal Supremo Administrativo.

Como fórmula alternativa Eldorado propuso el método de fundición rápida conocido como «flash melting» que supuestamente no deja residuos, algo sobre lo que hay opiniones divergentes entre los expertos.

El ministro de Medio Ambiente, Yorgos Stathakis, destacó en un comunicado que el contrato entre Eldorado Gold y el Estado griego estipula que el grupo está obligado a explotar las minas «sin provocar daños al medio ambiente y a la salud y a las actividades económicas de los habitantes de la región».

La decisión de Eldorado Gold de suspender sus inversiones en Grecia llega a un momento delicado para el Gobierno de Alexis Tsipras, que intenta convencer a los inversores internacionales de que el país vuelve a ser atractivo para inversiones extranjeras.

En Calcídica hay actividad minera casi sin interrupción desde los tiempos de Alejandro Magno.

A partir de los años 70 del siglo pasado entró en declive y en los 80 fue casi interrumpida, lo que provocó graves problemas de desempleo para los mineros locales.

Los esfuerzos por reanudar la actividad minera a partir de 1995 dividieron a la población local y provocaron el rechazo de las organizaciones ecologistas.

Mientras los mineros están a favor de reinicio de la explotación, otros sectores de la población local, que viven del turismo y de la agricultura, rechazan esta actividad.

La más polémica mina de oro, la de Skuriés, ocupa 180 hectáreas dentro de un bosque de hayas, pinos y castaños, en una zona de alta actividad turística.

Fuente: La Vanguardia.com

Brasil

Miembros de una tribu no contactada del Amazonas, asesinados por mineros de oro

Eran miembros de una tribu no contactada que recolectaba huevos a lo largo del río en una parte remota del Amazonas. Parece que tuvieron la mala suerte de encontrarse con mineros de oro.

Ahora, los fiscales federales en Brasil han abierto una investigación sobre la presunta masacre de unos 10 miembros de la tribu, la evidencia más reciente de que las amenazas a grupos indígenas en peligro de extinción están aumentando en el país.

La agencia brasileña de asuntos indígenas, Funai, dijo que había presentado una denuncia ante la fiscalía del estado de Amazonas después de que los mineros de oro fueron a un bar cerca de la frontera con Colombia y se jactaron de los asesinatos. Ellos blandieron una pala tallada a mano que, según decían, había pertenecido a la tribu, dijo la agencia.

“Fue una charla grosera en el bar», dijo Leila Silvia Burger Sotto-Maior, coordinadora de Funai para las tribus desconectadas y recientemente contactadas. «Incluso se jactaron de desmembrar los cuerpos y tirarlos al río”. Los mineros, dijo, afirmaron que «tenían que matarlos o morir».

Sotto-Maior dijo que los asesinatos se habían producido el mes pasado. La oficina de asuntos indígenas realizó algunas entrevistas iniciales en la ciudad y luego llevó el caso a la policía. “Hay muchas pruebas, pero hay que demostrarlas», dijo.

El fiscal a cargo del caso, Pablo Luz de Beltrand, confirmó que se había iniciado una investigación, pero dijo que no podía discutir los detalles del caso mientras estaba en marcha. Afirmó que el episodio se produjo en el valle de Javari, la segunda reserva indígena más grande de Brasil, en el lejano oeste.

“Estamos haciendo un seguimiento, pero los territorios son grandes y el acceso es limitado», dijo Beltrand. «Estas tribus no son contactadas, incluso Funai sólo tiene información esporádica sobre ellas. Así que es un trabajo difícil que requiere que todos los departamentos del gobierno trabajen juntos».

Beltrand explicó que era el segundo episodio que estaba investigando este año. “La primera denuncia de asesinatos de indios no contactados en la región se produjo en febrero, y ese caso sigue abierto. Era la primera vez que teníamos este tipo de casos en esta región», dijo en una entrevista telefónica. «No es algo que haya pasado antes”.

Survival International, un grupo mundial de derechos indígenas, advirtió que dado el pequeño tamaño de las tribus amazónicas no contactadas, este último episodio podría significar que un porcentaje significativo de un grupo étnico remoto fue eliminado.

Si la investigación confirma los informes, será otra masacre genocida más que resultará directamente del fracaso del gobierno brasileño en la protección de las tribus aisladas, “algo que está garantizado en la Constitución», dijo Sarah Shenker, una de las principales activistas del grupo de derechos humanos.

Bajo la presidencia de Brasil, Michel Temer, los fondos para los asuntos indígenas se han reducido drásticamente. En abril, Funai cerró cinco de las 19 bases que utiliza para vigilar y proteger a las tribus aisladas, y redujo la dotación de personal en otras. Las bases se utilizan para prevenir invasiones de madereros y mineros y para comunicarse con tribus recientemente contactadas.

Tres de esas bases se encontraban en el valle del Javari, conocido como la Frontera Incontactada y se cree que es el hogar de más tribus aisladas que en ningún otro lugar de la Tierra. Aproximadamente 20 de las 103 tribus no contactadas registradas en Brasil se encuentran en el Valle. “Tuvimos problemas con gobiernos anteriores, pero no de este tipo“, dijo Sotto-Maior, coordinadora de Funai.

El presupuesto de su agencia para este año para el departamento de tribus aisladas fue de sólo dos millones de reales, o cerca de 650.000 dólares, menos que los 7,5 millones de reales de 2014. «¿Qué puedo hacer con dos millones de reales?», dijo.

El presidente Temer, que es profundamente impopular, ha buscado el apoyo de poderosos grupos de presión agrícolas, ganaderos y mineros para impulsar cambios económicos a través del Congreso y protegerlo de una investigación de corrupción. El mes pasado, la cámara baja del Congreso votó para evitar que fuera sometido a juicio por corrupción en la Corte Suprema, pero sólo después de que el presidente repartiera empleos y acordara una serie de concesiones, muchas de las cuales afectaron a la deforestación.

Un decreto de Temer que abrió una gran reserva en la Amazonía a la minería provocó una protesta internacional. Después de que un juez bloqueara el decreto, el gobierno anunció que revisaría su decisión, pero los críticos se muestran cautelosos. Con las disputas por la tierra en aumento en muchas zonas remotas de Brasil, los grupos indígenas, los trabajadores rurales y los activistas por la tierra han sido todos blanco de ataques violentos. Más de 50 personas habían sido asesinadas a finales de julio, en comparación con 61 en todo el 2016, según la Comisión Pastoral de Tierras.

En algunos casos, se ha culpado a agentes del gobierno o de la policía por la violencia. Las autoridades están investigando una redada policial en la región amazónica que terminó con la muerte de 10 activistas. Ningún oficial resultó herido.

Los activistas temen que los grupos indígenas del país, y especialmente las tribus desconectadas, sean los más vulnerables en las disputas por la tierra.

“Cuando sus tierras están protegidas, prosperan», dijo Shenker, defensora de los derechos humanos. «Cuando su tierra es invadida, pueden ser exterminados”.

Fuente: https://columnacero.com/internacional/5214/miembros-de-una-tribu-no-contactada-del-amazonas-asesinados-por-mineros-de-oro/

Perú

Piden que Tumbes sea declarado en emergencia por agua contaminada

La Dirección Regional de Salud (Diresa) con oficio N.° 020-2017 solicitó al Gobierno Central que Tumbes sea declarado en emergencia por el peligro mortal en que se encuentran 11 mil moradores de siete centros poblados, que consumen a diario agua contaminada con minerales tóxicos como plomo, arsénico y hierro.

Para la Diresa, se requieren 478 millones de soles que serán destinados para realizar análisis de sangre a los moradores de los sectores Rica Playa, La Capitanía, Higuerón, Oidor, Vaquería, (San Jacinto), Casablanqueada y Carretas (San Juan de la Virgen), quienes ingieren el agua de forma directa del río Tumbes.

“Conocer el grado de contaminación que posee la población es importante, pues por años consumen el agua directa del río, por ello se están realizando las coordinaciones con el Ministerio de Salud para tratar de exponer toda la problemática con el Gobierno Central”, dijo el gobernador regional, Ricardo Flores Dioses.

DIAGNÓSTICO

A través del informe N.º 003-2017, la Diresa detectó que la población presenta trastornos en el cerebro y en el sistema circulatorio y reproductivo. Concluye el documento que “consumir solo agua con plomo produce que los órganos que controlan los sistemas (circulatorio y respiratorio) como los riñones y el hígado se degradan con el paso de los años”.

Asimismo, los metales como el arsénico y el hierro producen problemas cancerígenos, diabetes y daños pulmonares. “En el caso de las mujeres que están en periodo de gestación, podrían generarse malformaciones en el feto”, es otra de las conclusiones que se plasmó en el informe de la Diresa.

Fuente: http://larepublica.pe/sociedad/1096729-piden-que-tumbes-sea-declarado-en-emergencia-por-agua-contaminada