Solo cinco de las 57 unidades mineras ilegales plenamente identificadas en el departamento del Cesar han sido recuperadas, en casi un año, y aún los Alcaldes del departamento no lideran acciones para frenar los daños ambientales a ríos, ciénagas, bosques y playones en 24 de los 25 municipios.

Es una preocupación porque desde el año pasado, la Secretaría de Minas hizo un diagnóstico en el que identificamos y detectamos cuáles eran estas minerías ilegales e informales y hasta el día de hoy estamos haciendo ese balance de cómo vamos y la verdad es que es preocupante, porque tenemos alcaldes que no están haciendo la tarea como debemos hacerla”, dijo la secretaria del ramo, Carmen Cecilia Galvis.

La funcionaria lideró una mesa de trabajo con los Secretarios de Gobierno de todos los municipios este lunes en la Gobernación del Cesar, pero fueron muchos los invitados y pocos los que asistieron a este encuentro en que también se convocó a las autoridades ambientales y de Policía.

“Los secretarios de gobierno son los responsables de hablarles a los alcaldes en cuestiones de normatividad, porque esto es de normatividad y necesitamos veedores en cada municipio de esta minería ilícita en la que hoy vive el departamento”, explicó Galvis.

Señaló además que del 26 al 29 de septiembre se realizará una nueva socialización con todos los alcaldes para que tengan información de los alcances que pueden tener a través de las normas y las acciones de reconversión laboral para las 700 familias que viven de esta actividad ilícita.

De acuerdo con la caracterización de la explotación de recursos naturales sin títulos, ni licencias, realizada por la Secretaría de Minas Departamental, el único municipio que se salva de los efectos devastadores de la minería ilegal es González, al sur del departamento.

El mapa permitió detectar que los ríos Ariguaní, en la Sierra Nevada; Maracas, en Becerril; La Mula, en Chiriguaná; Simaña, en Pelaya y La Gloria; el Magdalena, en Gamarra,  son sometidos a  lesivas acciones para mantener vigente a la minería irregular.

A este cuadro desolador se suman el caño Tagoto y la ciénaga Montecristo, en Tamalameque; la quebrada El Carmen, en Pelaya; y los playones El Sordo, en Puerto Viejo y del río San Alberto.

Los efectos de esta explotación ilegal son el bajo caudal de los cuerpos de agua, muerte de peces y otras especies,  la erosión, tala de árboles, deterioro del suelo y subsuelo, para solo mencionar algunos daños al ecosistema.

También existen otras que operan sin licencias o títulos en Valledupar, Manaure, San Diego, Codazzi, Río de Oro, El Paso, Astrea, La Jagua de Ibirico, Chimichagua, Pailitas y Curumaní. El mapa indica que existen más de 15 ladrilleras, que extraen arcilla de manera ilegal; de las fuentes hídricas el mayor saqueo es el de material de arrastre, mientras que entre las montañas y bosques se abre paso la minería de recebo que no es más que la extracción en canteras a cielo abierto o subterráneas de materiales para la construcción.

Fuente: http://www.elpaisvallenato.com/2017/09/12/alcaldes-del-cesar-lentos-en-frenar-la-mineria-ilegal/

El domingo 12 de noviembre se realizará la consulta popular contra la minería en el municipio de Córdoba, Quindío, el segundo del departamento y del Eje Cafetero que iría a las urnas para rechazar las actividades de exploración y explotación de metales.

El Tribunal Administrativo del Quindío declaró constitucional la pregunta ¿está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Córdoba, Quindío, se desarrollen proyectos y actividades de minería de metales?.
Orlando Osman Méndez, integrante del Centro de Formación Campesina Kakataima y uno de los promotores de la consulta en Córdoba, explicó que, según la ley, el alcalde Guillermo Andrés Valencia tenía ocho días hábiles para definir la fecha de la consulta que debía ser en un término menor a tres meses.
Y relató que en este proceso se logró la unificación entre la Administración municipal y la comunidad que participó en cabildos, asambleas, marchas, entre otras actividades pedagógicas sobre la minería. “Es mucho más rápida y efectiva la consulta si es convocada por el alcalde que si se hace por firmas”.
Hace menos de un mes el texto llegó al Tribunal del Quindío que finalmente lo aprobó, después de ser avalado por los nueve concejales de Córdoba a través de un concepto de favorabilidad.
Según Osman, el censo electoral es de unos 5.400 votantes por lo que el umbral sería de unas 1.800 personas. Y aseguró que actualmente hay un título minero vigente y otros en solicitud como uno cercano a la estrella hídrica del municipio, que es el río Verde, que suministra agua a varias localidades del departamento.

El alcalde señaló que el objetivo es que las personas participen y expresen su voluntad, “Córdoba viene haciendo este trabajo desde 2015 y ese es un motivo por el cual el Tribunal también avaló esto”, dijo Valencia.
Y agregó que en los últimos tres años “venimos haciendo un trabajo con la comunidad explicándoles qué es la minería, qué impacto tiene, la riqueza que tenemos en agua, fauna y flora, la gente ya conoce las ventajas y desventajas de la minería”.
Cabe recordar que el pasado 9 de julio, se llevó a cabo la consulta popular en Pijao, Quindío, donde 2.613 habitantes de este poblado le dijeron no a la minería. En el departamento hay otros municipios como Calarcá y Salento, que también buscan frenar las actividades mineras a través de consultas populares

Alarmante. No de otro modo puede calificarse el hecho de que los ribereños de la estrella fluvial del Inírida, en el departamento del Guainía, presenten en el cuerpo concentraciones de mercurio hasta 109 veces mayores que las recomendadas por la misma Organización Mundial de la Salud (OMS).

Tal evidencia, si bien la ha cuantificado por primera vez la Secretaría de Salud de este departamento, permite fácilmente inferir que el problema afecta a la mayoría de la población que convive en zonas cercanas a donde se ejerce la minería ilegal.

Y aunque los resultados son fruto de una investigación del 2015 y no se conocían hasta hoy, reflejan un panorama desalentador y preocupante desde la óptica sanitaria si se tiene en cuenta que las personas examinadas, 202, de 15 comunidades, al parecer han adquirido este metal en forma crónica, a tal punto que se ha acumulado en su cuerpo de manera progresiva, sin presentar síntomas que potencialmente exijan la consulta médica. En otras palabras, son poblaciones que, si bien están realmente enfermas, desconocen su situación.

El agravante es que muchos de estos pobladores pertenecen a comunidades indígenas aisladas del sistema de salud. Así lo evidencia otra investigación, hecha en el 2014 por estudiosos de la Universidad de Cartagena y Parques Naturales Nacionales, que recorrió el río Caquetá para medir los niveles de mercurio y encontró que el 94 por ciento de los individuos analizados excedían en su cuerpo la dosis de referencia para este elemento, de una parte por millón, definida por la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

Como se observa, no basta con ratificar que este es un problema asociado a la minería ilegal, realizada por delincuentes, para ligarlo esencialmente a una situación de tipo judicial que, no obstante su importancia, oculta la verdadera dimensión de una tragedia humana: no solo es la afectación de la salud individual, sino que la supervivencia de comunidades enteras está en riesgo, empezando por el deterioro cerebral de los embriones, y se proyecta a un daño genético para las próximas generaciones.

Es, entonces, un asunto crítico. Y deja ver la fragilidad del sistema de salud en estas poblaciones, pues, si bien se jacta de tener una cobertura casi universal, en este caso se observan unas grietas inquietantes. ¿No debería la institucionalidad volcarse, con un carácter promocional y preventivo, a esos lugares apartados, en vez de esperar a que las personas consulten sin síntomas, sin ilustración sobre sus potenciales males o cuando ya no hay remedio?

Aquí no cabe disculpa. Hay que actuar con todas las herramientas de la ley contra la minería ilegal, que toma visos de crimen humano y ecológico. Los daños causados por el mercurio en el organismo son conocidos desde hace largo tiempo, y muchos ríos de Colombia están cargados de este metal. Y la cuestión se complica más cuando la gente, al carecer de acueductos, debe disponer de esas aguas peligrosas para suplir sus necesidades cotidianas. Urge actuar en salud. Solo queda la respuesta de las autoridades del ramo ante el interrogante, al tenor de la Ley Estatutaria.

Fuente: http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/aguas-peligrosas-danos-causados-por-la-mineria-ilegal-130112