Luego de que en junio del presente año el Consejo Municipal de Jericó, en Antioquia, tomara la decisión de prohibir la minería en ese territorio, incluyendo el proyecto minero Quebradona de la Anglo Gold Ashanti, el Tribunal Superior de Antioquia dejó sin efecto esta declaratoria. Los defensores del ambiente y la población de Jericó manifestaron su rechazo ante esta decisión.
Fernando Jaramillo, coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó, manifestó que “el Tribunal Administrativo de Antioquia ha venido desconociendo la pretensión justa y legitima de los habitantes de esta zona del departamento desde hace varios años cuando se han tomado iniciativas para proteger el territorio y la vocación agrícola”.
Además, enfatizó en que el territorio está amenazado por las empresas mineras como Anglo Gold Ashanti que, en particular en Jericó, ha pretendido explotar un yacimiento de cobre, oro y plata. Sin embargo, no solo ha sido Jericó el único municipio que se ha opuesto “al modelo económico de desarrollo del país”. Jaramillo indicó que son 11 municipios de la región del sur este antioqueño “que hemos aprobado acuerdos para prohibir la minería”.
COMUNIDAD DE JERICÓ INSTALARÁ ACCIÓN DE TUTELA
Ante esta decisión, las comunidades van a presentar una acción de tutela ante el Consejo de Estado, donde demostrarán como “el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia ha violado el debido proceso”. Esto lo explican teniendo en cuenta que ha habido varias intervenciones al proceso que se ha adelantado en el Tribunal.
Esto quiere decir que el proceso de revisión “solamente tuvo en cuenta las intervenciones que están a favor de la invalidez del acuerdo”. Además, las intervenciones que hicieron los concejales de Jericó y la ciudadanía, “fueron casi en su totalidad desconocidas”.
También, argumentarán que es improcedente que el Tribunal Administrativo de Antioquia tome como sustento de sus argumentaciones el artículo 37 del código de minas “que fue declarado inexequible el año pasado por la Corte Constitucional”.
Los defensores del ambiente creen que es inadmisible que el mismo Tribunal “no tome en consideración la totalidad de la sentencia de la Corte, la 445, donde se dice que los municipios están facultados para prohibir la minería en sus territorios. Por esto, el acuerdo de Jericó tomó las medidas necesarias para defender el patrimonio ecológico y cultural del municipio, atendiendo lo estipulado en la Constitución.
Finalmente, Jaramillo enfatizó en que, tanto el Tribunal Superior de Antioquia como la Gobernación del mismo departamento “pretenden desviar la atención de la ciudadanía haciendo creer que nos estamos extra limitando y a través de ese acuerdo, estuviéramos ordenando el territorio, lo cual no es el caso”.
Fuente:http://www.contagioradio.com/habitantes-de-jerico-tutelaran-derecho-a-prohibir-la-mineria-en-su-territorio-articulo-50105/
Así lo dijo el ministro de minería, Alberto Hensel. Sostuvo que viajarán con técnicos para determinar dónde se ubicarán las cámaras que harán el monitoreo permanente de la ejecución del plan de remoción.
El alcalde de El Cantón de San Pablo, Elkin Palacios, confirmó que el estudio fue hecho con la Agencia Nacional de Minería.
Lolita Chávez: “Hemos parado a las mineras con nuestras vidas”, 13 de diciembre de 2017
Cuetzalan, Pue.- Tras haber probado mediante un peritaje en antropología que son un pueblo originario, los macehuales de la Sierra Nororiental de Puebla demandaron al Juez Quinto de Distrito en el estado, para que haga valer sus derechos respecto al territorio en el Juicio de Amparo y eche atrás las concesiones entregadas a Minera Autlán, Minas de Santa Marta y el Grupo Ferrominero.
Por extralimitación de funciones por parte de los concejales de Jericó al pretender prohibir la minería, el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró sin validez el acuerdo del 8 de junio de este año, con el que los corporados del suroeste antioqueño pretendían salvaguardar los recursos naturales al frenar cualquier intención de adelantar minería en su territorio.
La Confederación Indígena Tayrona, en conjunto con representantes del Gobierno Nacional, instalaron, la mesa de concertación. Los indígenas le hicieron saber al Gobierno Nacional que los argumentos cosmogónicos sobre la defensa del territorios, no son negociables y deben estar incluidos en la deliberación sobre la protección de la Sierra Nevada de Santa Marta.
La Ley de Biodiversidad, presentada por el Partido Verde Ecologista de México, ha sido criticada por ambientalistas debido a que abre la puerta a la privatización de los recursos naturales.
