En las últimas semanas, entre las páginas policiales y las noticias locales de los principales diarios, se han registrado varios hechos de violencia que no deben pasar desapercibidos. En Ucayali, seis agricultores fueron asesinados el pasado viernes 1 de septiembre en el caserío Rayal, en el distrito de Nueva Esperanza, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.

Los cuerpos fueron encontrados flotando en un río con las manos atadas y por la manera como han sido asesinados todo indica que han sido víctimas de las mafias de traficantes de tierras que operan en la zona. La información que se maneja en la zona apunta a señalar que los agricultores habrían sido asesinados por haberse resistido a dejar sus tierras en manos de ciertos grupos que pretenden expandir el monocultivo dentro del Bosque de Producción Permanente (BPP). En la zona se viene promoviendo la siembra intensiva de arroz y cacao, sobre todo en el caserío Bajo Rayal que ocupaban los agricultores asesinados.

De hecho, la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (Feconau) ha denunciado que varios dirigentes indígenas vienen siendo amenazados por las mafias de traficantes de tierras a lo que se suman los taladores ilegales que pululan en la zona. Fuentes locales responsabilizan a la Dirección Regional de Agricultura y al Gobierno Regional de Ucayali por la demora en la demarcación territorial solicitada por las comunidades indígenas afectadas por el monocultivo, que como se sabe ocupa enormes extensiones de tierras y afecta los recursos genéticos presentes en los bosques primarios.

Este lamentable hecho trae a la memoria el asesinato, el año 2014, del líder asháninka Edwin Chota, miembro de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto. En esa ocasión también junto con Chota fueron asesinados los dirigentes Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quinticima Meléndez y Francisco Pinedo. Sin ningún tipo de respaldo y frente a la total indiferencia de las autoridades, Edwin Chota y las comunidades de la zona, se enfrentaron durante años a las mafias de taladores ilegales que operan al noroeste del Complejo de Conservación del Purús, muy cerca de donde se pretende imponer la construcción de una carretera que conecte Puerto Esperanza (Purus) e Iñapari (Madre de Dios). El proyecto de ley que apunta a mejorar la conectividad de Purus, léase construir una carretera que afectaría la zona de reserva comunal, fue presentado el pasado mes de mayo por el congresista fujimorista Carlos Tubino.

En otra zona del país, entre las localidades de Nasca y Marcona, se registró otro hecho de violencia. Dos bandas que se disputan el control de la mina artesanal Uracangana, ubicada en Marcona, se enfrentaron a balazos la semana pasada con el trágico saldo de cuatro personas fallecidas. Entre las víctimas figura un suboficial de la Policía Nacional.

Las investigaciones apuntan a una disputa abierta entre organizaciones criminales que buscan controlar la actividad minera que se desarrolla en el distrito de Vista Alegre. Cabe señalar que, sólo en los últimos meses, se han registrado hasta 15 asesinatos en la zona.

Lo que pasa en Nasca no es ninguna novedad y se reproduce en otras zonas del país donde se ha implantado la actividad minera informal y/o abiertamente ilegal. Por citar sólo unos ejemplos, es el caso de la minería que se desarrolla en la zona conocida como Cerro El Toro, en el distrito de Huamachuco, provincia de Sanchez Carrión en la región La Libertad o, en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca en Piura. En ambos casos, los mineros ilegales controlan esos territorios con el uso de la violencia frente a la total inacción de las autoridades locales, regionales y nacionales.

Por supuesto, otro ejemplo extremo es el de Madre de Dios. Cabe señalar que en la actualidad Tambopata, el epicentro de la minería ilegal en ese departamento, es la provincia con el mayor índice de homicidios a nivel nacional (29.5 por cada 100 mil habitantes), según información del propio Instituto Nacional de Estadística e Informática.

En Tambopata se ubica La Pampa, zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, en el kilómetro 105 de la Carretera Interoceánica y que desde su inauguración está totalmente controlada por diversas mafias: comerciantes de combustible, mercurio, explosivos, maquinarias y equipamientos diversos; servicios de todo tipo, entre los que, por supuesto y lamentablemente, destaca el tráfico de personas, explotación sexual, prostíbulos disfrazados de bares, cantinas y discotecas, entre otras actividades ilícitas.

La Pampa se ha convertido en tierra de nadie pese a los operativos que cada cierto tiempo realiza la Policía Nacional y que no logran revertir la situación de caos y descontrol. El área afectada por la minería ilegal ha crecido notablemente en Madre de Dios: las cifras del propio Ministerio del Ambiente muestran que de 6,254 hectáreas deforestadas por la minería en el año 2000, se pasó a 32,750 hectáreas en el año 2011 y a más de 50 mil hectáreas en los últimos años, sobre todo en las zonas de Delta, Hueypetuhe, Guacamayo e incluso penetrando en la zona de amortiguamiento de Tambopata. El impacto de esta expansión ha sido devastador.

Junto con el narcotráfico y la tala ilegal, la minería ilegal, es una de las actividades ilícitas que más se ha expandido en las últimas décadas. Son 21 regiones con presencia de este tipo de minería y las estimaciones de producción y del número de mineros informales e ilegales son todavía bastante gruesas: las cifras van en un rango de 100 mil a 500 mil personas, aunque el único dato oficial -que está por debajo de la realidad- es el de los 77,723 mineros que expresaron formalmente la intención de acogerse al proceso de formalización que el gobierno inició el año 2012.

Madre de Dios también es una buena advertencia de lo que podría pasar en zonas como la de Purus, si se concreta el proyecto de construcción de la carretera. La construcción de la Interoceánica Sur, fue determinante en la estrategia de expansión y control territorial de los mineros ilegales: les permitió la conectividad que nunca antes habían tenido y por lo tanto el acceso a áreas geográficas claves para, por ejemplo, trasladar su producción a centros de procesamiento y acopio en otras regiones y así iniciar el ansiado camino del blanqueo del oro ilegal para posteriormente alcanzar mercados internacionales. Además, les facilitó el acceso a insumos, maquinarias y equipos, que hasta antes del funcionamiento de la carretera era un cuello de botella que en muchos casos afectaba sus ritmos de producción, comercialización y expansión territorial.

En el panorama de hechos de violencia registrados las últimas semanas también figura el atentado narcoterrorista ocurrido en la localidad de Churcupampa, Huancavelica, que acabó con la vida de tres suboficiales de la Policía Nacional. La versión que maneja el Ministerio del Interior es que el ataque habría sido una respuesta a una incautación de varias toneladas de insumo para la elaboración de cocaína que había realizado la patrulla de policías. El atentado ocurrió en una zona de tránsito de insumos al VRAEM y de droga ya procesada y el propio ministro Basombrío ha hablado de una columna de terroristas que habría sido contratada por los propios narcotraficantes.

Lo cierto es que estas tres actividades ilícitas controlan cada vez una mayor porción de territorios en varias regiones del país y los impactos en el deterioro de nuestros bosques son significativos: cada año, el Perú pierde en promedio 150 mil hectáreas de bosque natural debido a la deforestación y la principal causa es la agricultura y actividades ilegales como la tala, la minería y el cultivo de hoja de coca. La pérdida acumulada supera los 10 millones de hectáreas de bosques.

No hay que olvidar que algo más del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el Perú provienen del cambio de uso de suelo y la deforestación: hace unos días el Apu achuar, Carlos Sandi, de la cuenca del Corrientes, declaraba en una conferencia de prensa en Lima: «Cortan un árbol en Lima y es noticia -y está muy bien que eso ocurra-pero al mismo tiempo los medios ni mencionan el daño ambiental que pasa todos los días en nuestros territorios».

Las comunidades y los pueblos indígenas son aliados contra este coctel tóxico de actividades ilegales cada vez más violentas y el Estado debería dejar de tratarlas como un obstáculo. Si no reaccionamos a tiempo, el riesgo es enorme.

Ahora que se está hablando de los años de violencia extrema que vivió el país en décadas pasadas y de posibles escenarios de rebrotes, no hay que perder de vista la violencia que estas actividades ilegales están imponiendo en varios territorios del país. Nuestra historia y la de países de la región, muestra que los intereses más oscuros se juntan y amplifican el daño que cada uno le hace al país por separado. No debemos llegar a situaciones extremas para reaccionar.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/765-los-otros-extractivismos-ilegales-y-violentos

Un informe internacional pone nuevamente en agenda la grave contaminación que sufren diversas comunidades del país, y la inacción del Estado ante las enfermedades que sufre la población afectada. » Estado Tóxico» es el nombre del informe difundido por Amnistía Internacional que relata dos casos emblemáticos: el de Espinar (Cusco), afectado por más de 30 años de actividad minera, y el de Cuninico (Loreto) afectado por contaminación petrolera. La respuesta del Estado para atender la salud de la población en estas localidades es “absolutamente inadecuada”, afirma el documento.

Durante la presentación del informe, Melchora Surco, mujer campesina de Espinar, relató cómo su nieto regresó feliz luego de hacerse exámenes médicos: “Me han dicho que tengo metales en mi cuerpo, cuando sea grande voy a vender esos metales y voy a ser rico”. Otro testimonio es el de Carmen Catalina Chambi, quien cuenta en el documento que cuatro de sus seis hijos están enfermos, uno de ellos nació con un oído bloqueado y a otro le tuvieron que extirpar un quiste de un pulmón. Estos desgarradores testimonios muestran en toda su crueldad la realidad de la contaminación que perjudica la salud y el futuro, especialmente de los niños de diversas comunidades.

En el caso de Espinar, hace más de siete años se conoce de la contaminación que afecta las fuentes de agua de la población. Desde el primer informe de CENSOPAS de 2010, que encontró que las 506 personas evaluadas tenían arsénico, cadmio, mercurio y plomo, se han hecho multitud de nuevos análisis que confirman la gravedad de la situación, incluyendo el estudio integral que fue producto de la Mesa de Dialogo instalada tras las protestas de 2012.

La lenta atención del Estado a la salud de la población no se corresponde con la urgencia de la situación. Luego de meses de trabajo, dicha Mesa de Diálogo –que entonces fue publicitada por el gobierno central como uno de los casos más exitosos de diálogo y negociación multiactor- culminó con un Plan de Inversiones y un Plan de Acción Ambiental. Pero hasta el momento los compromisos no se han cumplido, lo que motivó a un paro provincial en noviembre pasado. La Comisión de Alto Nivel que se conformó entonces estableció nuevos compromisos y nuevos plazos para los planes elaborados en el 2013. Una de las principales promesas es la construcción del nuevo hospital de Espinar.

En ese momento, la ahora ex ministra de Salud, Patricia García, señaló que actualmente no existe una guía para manejo de metales pesados en el país, y declaró que los planes y compromisos en materia ambiental producto de la Mesa de Diálogo de Espinar del 2013 no fueron ni son actualmente posibles. Por ello planteó que era necesario “transparentar la situación y sincerar las cosas” pues “no existen centros y tecnología especializada”.

Pero así como el Estado aún no atiende la salud de la población, tampoco ha sido capaz de identificar al responsable de la situación. El informe de la Mesa de Diálogo del 2013 concluyó que “las aguas superficiales y subterráneas, en algunos lugares cercanos a las actividades mineras de Xstrata Tintaya S.A., muestran una concentración de metales y otros elementos físicos y químicos superiores a los estándares de calidad ambiental establecidos” y que “ello supone una asociación entre dichos valores y zonas de actividad minera que tiene que ser examinada con mayor profundidad”. Los resultados preliminares del primer estudio concluido por el IPEN y otros producidos por OEFA apuntan a una asociación de los relaves mineros con la contaminación. Por ejemplo, sobre las relaveras de Huinipampa y Ccamacmayo, el informe del IPEN de 2014 indica que no se puede excluir que las aguas estén afectadas por las relaveras y recomienda la ejecución de estudios complementarios. La empresa minera sostiene que no tiene responsabilidad, en tanto que los testimonios de la población local señalan a las actividades de más de 30 años de la mina Tintaya como causa de la contaminación en la zona. Lo cierto es que, a la fecha, pese a tener pleno conocimiento de esta situación desde hace más de 7 años, el Estado aún no puede determinar quién es el responsable.

En su informe, Amnistía considera que “el Estado peruano ha incumplido por completo su deber de proteger a las comunidades de Espinar y garantizar su derecho a la salud”.