Chile

Proyecto de Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos se acelera

El proyecto minero-portuario Dominga fue rechazado con polémica por el Comité de Ministros, pero aún le queda la instancia del tribunal ambiental para decidir su futuro.

Sin embargo, en la práctica se podría ver bloqueado si se aprueba un área de protección y conservación marina en la Región de Coquimbo, en las costas de La Higuera, que podría afectar al terminal de exportación de mineral ideado por Andes Iron.

El proyecto de Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) comenzó a discutirse en 2010 luego de una propuesta de la ONG Océana, pero su discusión bajó de intensidad.

Eso, hasta que en octubre de este año —al mes de ser rechazado Dominga por el Comité de Ministros—, el intendente de Coquimbo, Claudio Ibáñez, instruyera al seremi de Medio Ambiente retomar y acelerar esta discusión.

Según una presentación de la Seremi de Medio Ambiente de la IV Región —a la que accedió “El Mercurio”—, se planea presentar la propuesta final de esta área protegida para la aprobación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad a fines de febrero, ya en la etapa final de la actual administración.

Fuente:http://www.relaves.org/2017/11/29/proyecto-de-area-marina-costera-protegida-de-multiples-usos-se-acelera/

 

Colombia

Ordenan a Anglogold suspender exploración en reserva central

La decisión se dio ocho años después de que instauraran una acción de cumplimiento en contra de la multinacional

La decisión que tiene recurso de apelación, busca que se precise si el área ubicada al interior de la Reserva Forestal Central y sobre la que se dio permiso de exploración es compatible con la minería.

El Juzgado Tercero administrativo oral del circuito de Ibagué resolvió en primera instancia fallar una acción popular en contra de AngloGold Ashanti y suspender las actividades de exploración minera al interior de la Reserva Forestal Central.

Permisos que fueron concesionados a través de los contratos GGF – 151 y EIG – 163; dicho freno se da “hasta tanto no se demuestre la compatibilidad de la actividad económica minera con los objetivos de conservación establecidos en el Pomca del río Coello, el Plan de Manejo de los Páramos y Humedales adoptado por Cortolima (…)”.

La decisión se dio ocho años después de que la ciudadana Ivone Prada y el distrito de riego Usocoello, instauraran una acción de cumplimiento en contra de la multinacional, argumentando que los contratos que tenían para exploración afectaba el área ubicada en los páramos Chili – Barragán.

Situación que vulneraba los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible.

Además de estas órdenes, se deberá tener en cuenta la delimitación que hizo el Ministerio de Ambiente sobre los páramos y los nevados “en cuyo interior no es dable realizar actividades mineras (…)”, se explica en el fallo.

Para ello, las autoridades ambientales, Cortolima, el Ministerio de Ambiente con el apoyo del Instituto Von Humbolt y el Ideam, deberán establecer un informe técnico en el que se determine cuáles zonas de las otorgadas en concesión por medio de los contratos GGF – 151 y EIG – 163, podrían estar habilitadas para adelantar procesos mineros.

Cortolima también deberá implementar en el marco del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica el río Coello, un programa mediante el cual se determine las causas de la disminución acelerada de los caudales, la recuperación y su futura conservación, entre ellas se hace referencia las quebradas Corazón y La Arenosa.

Para verificar el cumplimiento de las órdenes del juzgado se deberá conformar un comité de verificación presidido por la juez que lleva el caso, el alcalde de Cajamarca, el Gobernador del Tolima, Cortolima, AngloGold Ashanti, los ministerios de Ambiente y Minas, la Agencia Nacional de Minería, Usocoello, al igual que, la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria.

ACUSACIÓN FISCALÍA

Cabe recordar que recientemente se conoció que la Fiscalía General de la Nación presentó un escrito de acusación en contra de Rafael Antonio Alfonso Roa, quien fue uno de los representantes legales de la multinacional, por la invasión de áreas de especial importancia ecológica.

El director de Cortolima, Jorge Enrique Cardoso, indicó que entre 2006 y 2007, una empresa intervino en un área que necesita de un permiso que se denomina sustracción de área forestal, “construyeron campamentos, arreglaron vías y eso es lo que está llamando la Fiscalía, al representante legal de la firma Kedada hoy AngloGold Ashanti”.

El directivo agregó que se hará partícipe en el proceso como víctima para lograr que se reconozca los daños ambientales causados en esa época.

E indicó que “la Corporación Autónoma tiene tres procesos sancionatorios en contra de AngloGold, el Ministerio de Ambiente (ya) generó un fallo y le impuso una multa, que en este momento está en conocimiento del Consejo de Estado”.

Y el otro está relacionado con la intervención que hizo la multinacional en la vereda Camao en Piedras, proceso que está en auto de cargos y valoración de pruebas, tras una recusación que hizo la empresa y que está siendo evaluada por la Procuraduría General de la Nación.

Fuente:https://www.larepublica.co/economia/ordenan-a-anglogold-suspender-exploracion-en-reserva-central-2584085

Mexico

SSP Hidalgo reprime manifestación indígena contra minera

Hidalgo. Vecinos de las localidades indígenas de Tolago y Chinconcuac, municipio de Lolotla, que se manifestaban de manera pacífica contra la minera Autlán, fueron dispersados de forma violenta por elementos de la Secretaria de Seguridad Pública de Hidalgo esta noche. Al cierre de la edición el saldo del operativo policíaco era de 10 personas detenidas.

Por la mañana, 400 pobladores de dichas localidades se apostaron en las afueras de las instalaciones de la minera Autlán para protestar por la supuesta contaminación del aire y del agua de un río producida por manganeso. También reclamaron el incumplimiento de la empresa de instalar una purificadora de agua.

Los vecinos eran encabezados por Alberto López, comisariado ejidal de Tolago, y Maximino Romero, delegado de Chiconcuac.

A pesar de que una comisión de inconformes había aceptado participar en una mesa de diálogo con representantes de la empresa, la cual se realizaba en el auditorio del sindicato de la minera Autlán, los granaderos, de manera sorpresiva arremetieron contra los manifestantes.

De acuerdo a los vecinos fueron detenidas diez personas, entre ellas Alberto López, Fortino Rojas, Rubén López, Rodrigo López, Guadalupe Silva, Maximino Romero, entre otros.

María Jaime López Hernández, vecina de Tolango, una de las participantes de la manifestación denunció, que no han podido entablar comunicación con los detenidos.

Dijo que ni la Policía Estatal no la Procuraduría de Hidalgo ha querido informarles dónde se encuentran los detenidos.

Según los vecinos, por los golpes que recibió por parte de los policías, un hombre identificado como Oscar Velazco fue trasladado al hospital de Tlanchinol.

Acusaron a los uniformados de robarles teléfonos celulares con los que habían grabado la represión policiaca. La minera Autlán se localiza en el municipio de Molango y en este complejo se extrae el 80 por ciento de la producción manganeso del país.

Los vecinos aseguran que las emisiones afectan a comunidades de los municipios de Lolotla, Xochicoatlán y Tepehuacan de Guerrero. Esto, aunado a diversos daños estructurales de las viviendas a causa de las explosiones de dinamita que realizan los operarios de la minera.

Fuente:http://www.remamx.org/2017/12/ssp-hidalgo-reprime-manifestacion-indigena-contra-minera/

Ecuador

Exigen reparar los daños de la minería y suspender concesiones en Ecuador

Gobierno asegura que los proyectos cumplen con altos estándares de responsabilidad social y ambiental.
Organizaciones ecologistas y defensores de los Derechos Humanos demandan que en el Gobierno exista una “verdadera voluntad política” para reparar los daños ocasionados por la actividad minera.

Para ellos no es suficiente que el presidente, Lenín Moreno, en una reunión con líderes indígenas el lunes anterior, se haya comprometido a suspender todos los procesos de concesión mientras no se cumplan todos los requisitos, como la consulta previa a las comunidades.

Acción Ecológica, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) solicitan también la caducidad de las autorizaciones y permisos extendidos a los proyectos San Carlos-Panantza, Mirador y Fruta del Norte.

Informe 
En un informe conjunto, indican que estos “han causado violaciones a los Derechos Humanos y del territorio de las comunidades campesinas y pueblos indígenas, así como daños a la naturaleza” en unas 3 millones de hectáreas de la Cordillera del Cóndor, en el suroriente del país.

Gloria Chicaiza, de Acción Ecológica, aseguró que esa zona “está sufriendo una reconfiguración” con graves impactos en ríos, bosques y suelos, lo que, a su vez, afecta a las poblaciones locales, lesionando su soberanía alimentaria y salud.

Harold Burbano, de Inredh, acotó que todo esto es producto “del abuso de poder e imposición” cuando esos proyectos fueron concesionados en el Gobierno de Rafael Correa a empresas extranjeras.

“Estos fueron autorizados y mantenidos incumpliendo el derecho a la participación y a la consulta previa libre e informada y, a pesar de que el mandato minero No.6 de 2008, debió llevar a la extinción de las concesiones sobre las que se desarrollan los mismos”, anotó.

Burbano agregó que hasta ahora “los desalojos que se dieron no han sido reparados” y exigió de la Asamblea que de manera independiente y objetiva atienda los pedidos de amnistía a decenas de moradores que afrontan procesos penales por oponerse a la minería.

Respuesta
El ministro de la Minería, Javier Córdova, respondió que estos proyectos cumplen “con altos estándares de responsabilidad social y ambiental, precautelando las buenas prácticas e incentivando el progreso local”.

Esto lo dijo durante el acto en el que se cumplió el segundo pago de regalías mineras anticipadas de Lundin Gold, empresa operadora del proyecto Fruta del Norte. El funcionario afirmó que con este modelo de concesión se ha beneficiado a las zonas de influencia minera, de tal forma que en Zamora Chinchipe se ha invertido más de 87 millones de dólares en 124 proyectos de salud, saneamiento, vialidad, educación, entre otros.

Adicionalmente, según un comunicado, manifestó que de acuerdo con la Ley de Minería este rubro se invierte en el desarrollo local de las comunidades cercanas a los proyectos mineros. (RVD)

Fuente:https://lahora.com.ec/esmeraldas/noticia/1102121659/ecologistas-exigen-reparar-los-danos-que-ocasiona-la-mineria-

Argentina

La minería derrama tóxicos, no bienestar socioeconómico

Para satisfacer legítimas necesidades sociales no se requiere la colosal expansión megaminera en Latinoamérica, de donde se extraen minerales de hierro, cobre, aluminio, zinc, níquel, estaño, plomo, oro, plata… en volúmenes equivalentes a entre dos y diez veces la cantidad consumida en nuestra región. Además, la electrónica y otros usos industriales representan apenas 8% de la demanda mundial de oro. Oro cuya extracción en Pascua Lama hubiera implicado volar 4 toneladas de roca por cada gramo de oro resultante.Por Marcelo Giraud – Lic. en Geografía-UNCuyo Miembro de la Asamblea Popular por el Agua

Gobiernos y empresas pretenden imponer la megaminería metalífera en Mendoza, violentando el sostenido rechazo social a dicha actividad, expresado en la sanción de la Ley 7.722, cuya constitucionalidad ratificó la Suprema Corte de Justicia, y en el rechazo popular y legislativo al proyecto San Jorge.

Muchos defensores del ambiente siguen siendo tildados de ignorantes, ecoterroristas y otros epítetos, como si la oposición a la contaminación y despojo de los bienes comunes careciera de fundamentos.

Vale pues recordar los reiterados derrames de solución cianurada en Veladero -a pesar de sus certificaciones ISO 14001- y la mayor catástrofe ambiental de la historia brasileña, al colapsar el dique de colas de una mina de Vale-BHP, en 2015. O informar que en 2016 División Andina de Codelco causó tres derrames, contaminando el río Aconcagua y obligando a interrumpir la captación de agua para riego y consumo humano en Los Andes.

Según Naciones Unidas, durante la última década se produjeron cuarenta roturas y colapsos de diques de colas: once en América Anglosajona, once en América Latina, quince en Asia y tres en Europa. Menos que en décadas anteriores, pero de mayor magnitud.

Para satisfacer legítimas necesidades sociales no se requiere la colosal expansión megaminera en Latinoamérica, de donde se extraen minerales de hierro, cobre, aluminio, zinc, níquel, estaño, plomo, oro, plata… en volúmenes equivalentes a entre dos y diez veces la cantidad consumida en nuestra región. Además, la electrónica y otros usos industriales representan apenas 8% de la demanda mundial de oro. Oro cuya extracción en Pascua Lama hubiera implicado volar 4 toneladas de roca por cada gramo de oro resultante.

El gobierno ha exacerbado los múltiples privilegios al capital minero, eliminando retenciones y ratificando el máximo de 3% a las regalías provinciales.

Si el rechazado proyecto San Jorge estuviese hoy en explotación, aportaría regalías por $144 millones anuales: apenas 0,2% de los $73.925 millones del presupuesto provincial 2017.

Según datos oficiales, en 2016 hubo apenas 10.337 empleos en minería metalífera en todo el país (2.447 en San Juan), apenas 0,09% del total de 12 millones de trabajadores registrados.

¿Está “parada” la minería en Mendoza? En verdad, la minería no metalífera siempre estuvo activa. En 2016 la extracción de hidrocarburos empleó a 3.997 trabajadores, y la masa salarial total de la minería mendocina fue 52% superior a la de San Juan.

En dicha provincia proliferaron las 4×4, pero los indicadores sociales (pobreza, indigencia, desocupación, necesidades básicas insatisfechas…) han seguido siendo notoriamente mejores en Mendoza que en San Juan, provincia donde la explotación del oro ha derramado cianuro, no bienestar socioeconómico.

Nuestro buen vivir como sociedad mendocina requiere que no negociemos nuestros bienes comunes, y sigamos negando toda licencia social al extractivismo megaminero.

Fuente:http://noalamina.org/argentina/mendoza/item/38367-la-mineria-derrama-toxicos-no-bienestar-socioeconomico

Mexico

Túneles de mina ponen en riesgo viviendas en barrios de Pachuca

El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Hidalgo, José Rubén Pérez Ángeles, comentó que existen “focos rojos” en Pachuca, porque muchas casas están construidas sobre túneles de minas.

Afirmó que si bien no es un asunto nuevo, la realidad es que, con el paso del tiempo, existe más peligro porque la tierra registra asentamientos.

Corresponde a Protección Civil realizar una evaluación, como lo han hecho, pero sobre todo monitorear constantemente, con el apoyo del Servicio Geológico Nacional.

“Ya tuvimos el antecedente en Cubitos, hace más de dos décadas. No estamos exentos de que vuelva a ocurrir”, mencionó.

Informó que el problema no solamente involucra a Pachuca, sino también a los ayuntamientos de Mineral del Chico, Mineral del Monte y Mineral de La Reforma, principalmente.

Los fenómenos climatológicos, explicó, hacen que ciertas zonas de la capital del estado se conviertan prácticamente en “focos rojos”.

Lamentó que muchas familias no asuman con responsabilidad esta situación, y en lugar de desalojar sus casas o predios, continúen ahí.

Puso como ejemplo las viviendas que se localizan en barrios como La Nueva Estrella, el propio Arbolito y Camelia.

“Es muy fácil percibir que los cerros tienen reacomodos, porque hay grietas que se van abriendo más”, indicó.

Explicó que el Colegio de Ingenieros Civiles tiene la voluntad de coordinarse con los diferentes ayuntamientos, para poder realizar evaluaciones que permitan alertar a las familias que están en riesgo.

Pero para ello, dijo, debe de haber voluntad de los habitantes.

“Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Protección Civil, mantiene comunicación con autoridades municipales”, detalló.

Finalmente, señaló que es una de las labores sociales que realizan como colegio. “De lo que se trata es de evitar tragedias”, concluyó.

Fuente:http://noalamina.org/latinoamerica/mexico/item/38374-tuneles-de-mina-ponen-en-riesgo-viviendas-en-barrios-de-pachuca

Colombia

¿Por qué está tambaleando la minería en Antioquia?

Diez municipios en el suroeste del departamento le dijeron ‘no’ a la minería a través de acuerdos municipales. Este es el panorama y las razones que esgrimen.

Aunque se puede decir que la minería colombiana empezó en Antioquia y que sus más de 200 años de tradición extractiva le han dado al departamento una fortaleza económica e industrial que en otrora tuvo brillo propio, hoy esa no es un legado que quieran todos paisas, la muestra está en que en los últimos meses los concejos de diez municipios del suroeste antioqueño —Támesis, Jericó, Urrao, Titiribí, Jardín, Concordia, Betulia, Tarso, Salgar, Pueblorrico— dijeron no a la minería, después de que se supiera que hay varios títulos mineros que ponen en riesgo la alta vocación agrícola y ganadera de la subregión.

Todo empezó hace varios meses en Támesis y Jericó donde un grupo de “neocampesinos con arraigo ancestral a sus tierras” conformó un grupo al que nombraron Mesa técnica: custodios de flora y fauna en el paraíso del Suroeste de Antioquia, con el que buscaron blindar una región que aporta el 60 por ciento de la producción del café de Antioquia y el 16 por ciento de la cosecha nacional, lo que representó ingresos para el departamento mayores a los 7 billones de pesos en 2016.

El trabajo de la Mesa Técnica ha sido arduo, y busca proteger un terruño que nunca ha sido minero. Ahora, ese trabajo no ha caído del todo bien en la Gobernación de Antioquia, donde el gobernador Luis Pérez dijo que es entendible que las regiones que no tienen una vocación minera tan fuerte como el caso del nordeste o el bajo cauca, quieran continuar en sus labores ancestrales.

Dora Elena Balvín, secretaria de Minas de Antioquia, le dijo a SEMANA que desde su despacho se apoya la minería bien hecha y que lo sucedido en el suroeste no deja de preocupar. “La minería es una de las actividades más tradicionales del departamento, por eso tenemos 1.400 títulos mineros. La vocación de la tierra de nosotros es minera en gran mayoría”. Y que si bien los acuerdos “son respetados” cada uno es revisado por la Oficina Jurídica de la Gobernación y que si es encontrado alguna anomalía se pasa al Tribunal Administrativo de Antioquia para su final revisión, de hecho, ya algunos están en ese trámite.

Ya el Tribunal se pronunció sobre el acuerdo firmado en Urrao, aduciendo que el Concejo no tenía facultades para determinar los usos del suelo y, además, aseguraron que se vulneraban “normas constitucionales y legales, toda vez que se extralimitó, al no respetar los parámetros establecidos en norma legal, y prohibió una actividad que es de interés nacional y de bienes que pertenecen al Estado”.

En palabras de la secretaria Balvín, es la Nación la que tiene la potestad de definir el uso del subsuelo y que las alcaldías sólo pueden entrar a prohibir o modificar la minería a través de los Planes de Ordenamiento Territorial. “Me parece que se está malinformando a la comunidad, porque los pesticidas y la ganadería también arrasan con el medio ambiente. La deforestación que ha ocasionado el tema de la ganadería en la historia de Antioquia, es mucha. Aquí solo estamos satanizando la minería”.

Sin embargo, las objeciones del Tribunal no parecen muy convincentes, pues en el numeral noveno del artículo 313 de la Constitución se estipula que a los concejos municipales les compete “Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio”. Según el abogado Rodrigo Negrete, quien ha acompañado a las comunidades en su lucha por el territorio, en la sentencia T445 de 2016 la Corte Constitucional señalo que hay tres vías para levantar voz ante el avance minero: consultas populares, las disposiciones de los POT, y los acuerdos municipales en defensa del medio ambiente.

“Es muy raro porque el Tribunal Administrativo del Huila sí reconoció que los concejos tienen está facultad, pero en Antioquia no, lo que es muy diciente teniendo en cuenta que la Gobernación de Antioquia es autoridad minera. Es juez y parte. Es más, el Tribunal cita dos sentencias que han sido declaradas inexequibles. Al ver nsotros estamos anomalías decidimos demandar”, dijo Negrete.

El panorama no es del todo claro, pero de lo que no queda duda es de la posición de las comunidades, en este caso unas comunidades que nunca han ejercido la minería. La Gobernación de Antioquia, que adelante estudios tan revolucionarios como el Plan de Ordenamiento Territorial Agrícola (POTA), deberá decidir de acuerdo a las vocaciones de cada región.

Fuente:http://www.semana.com/nacion/articulo/la-mineria-tiembla-en-antioquia/551211

Costa Rica

Pueblo Bribri dice no a la minería

El gobierno de Costa Rica construyó una página de internet para anunciar los avances de la construcción del protocolo de consulta en los territorios indígenas. El estatus del pueblo Bribri, de Talamanca, territorio al sur de Costa Rica, está apuntado por el gobierno como “en proceso de diálogo”, mientras la mayoría de los pueblos ya están listos para seguir a la última fase, un encuentro nacional.

La verdad es que el pueblo Bribri se rehúsa a participar en la construcción de dicho protocolo. “Todo este proceso es un performance. El protocolo y la consulta son herramientas para que tengan algo para justificar la entrada en el territorio y explorarlo. Hacen la consulta a su gusto y después dicen que exploraran los recursos con nuestro consentimiento. La verdad es que no nos escuchan”, señala el indígena.

De acuerdo con el reporte “Inventario de Proyectos de infraestructura en Mesoamérica”, ejecutado por Conservation Strategy Fund en asociación con The Nature Conservancy y financiada por el Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos, la región de Talamanca es considerada como uno de los seis sitios prioritarios para proyectos en toda Centroamérica y sur de México.

“Sabemos los recursos que tenemos en nuestros territorios y sabemos también los proyectos que el gobierno tiene planeado para saquearnos. Quieren transformar nuestros bosques en mercancía con la implementación del proyecto REDD+, quieren represar nuestras aguas y producir energía, y sacar nuestros minerales”, dice el indígena Bribri, Baudillo Salles Sánchez.

Hay una deuda histórica del Estado hacia a los pueblos indígenas de Costa Rica y esta deuda solamente será saldada quitada cuando el gobierno devuelva a los pueblos indígenas 100% de sus territorios, sostiene el indígena Bribri Leonardo Buitrago. “Solamente después de eso, se podría construir un protocolo de consulta de buena fe. Los territorios están llenos de gente no indígena, con sus tiendas y negocios y por presupuesto aprueban los proyectos del gobierno, es gente invasora que tiene intereses distintos de los nuestros”, señala el indígena.

Si Talamanca está llena de vida y de bosques es porque los indígenas han luchado y han logrado defenderlos, dice Buitrago. “Perforación para petróleo, empresa bananera, extracción de carbón, hay un sin fin de proyectos que han querido entrar, pero gracias a la lucha de los pueblos indígenas, hemos podido sacarlos de aquí. Y así llevaremos nuestra lucha”.

Capítulo 5 del reportaje: Consulta Indígena legaliza el despojo de los pueblo

Fuente:http://movimientom4.org/2017/12/capitulo-5-pueblo-bribri-dice-no-a-la-mineria/

Ecuador

Prólogo del libro de William Sacher sobre la megaminería en Ecuador El cuento chino y la violencia minera

En este libro, William Sacher propone una profunda lectura sobre cómo se impone la megaminería en el Ecuador. Como uno de los mayores conocedores de la materia, Sacher se adentra en los entretelones de las empresas chinas, que comienzan a copar el escenario minero ecuatoriano, y se plantea tres preguntas claves: ¿Por qué los chinos? ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí, en la cordillera del Cóndor?

La tarea que asume el autor nos ayuda entender las razones y las consecuencias de la gran ofensiva minera china en América Latina, particularmente en los Andes. Con su profundo análisis, nos brinda una mejor comprensión de los procesos de acumulación originaria (Carlos Marx) y desposesión (David Harvey), que marchan de la mano con el cada vez más vigente imperialismo chino. Esta es la punta del ovillo que Sacher hala con inteligencia y sagacidad, para luego desmenuzar la política minera de la ‘revolución ciudadana’.

Las informaciones y reflexiones presentadas en estas páginas empiezan retratando a un capitalismo con ‘rostro chino’, un proceso que empezó en China con la disolución de bienes comunes y la liquidación masiva de las tradicionales empresas públicas, para potenciar la incursión transnacional de capitales chinos en el mundo. Aquí aparecen los primeros grandes rasgos del actual imperialismo chino, a los que Sacher califica como un ‘cuento chino’, que sintetiza una cada vez más dura realidad para muchos países en el mundo.

Del Consenso de Washington, que impuso la apertura, flexibilización y liberalización económica en Nuestra América, caminamos al ‘Consenso de Beijing’, que profundiza y amplía los extractivismos, genera relacionamientos mediante grandes obras de infraestructura construidas por compañías chinas (muchas ligadas al complejo minero-petrolero-energético), y un masivo endeudamiento externo con capitales chinos. Todo esto consolida la ‘chinificación’ de economías como la ecuatoriana. El libro explica cómo ha evolucionado la minería en el país, desde los años neoliberales hasta la época ‘progresista’. En particular, la lectura de la minería en la década correísta describe una marcha que hace recordar a las agujas del reloj. Uno de los puntos cumbre en esa marcha del tiempo minero correísta se cristalizó con el ‘mandato minero’, expedido por la Asamblea Constituyente de Montecristi el 18 de abril de 2008, que daba marcha atrás a las normas jurídicas y la hemorragia de concesiones neoliberales. Un mandato –construido desde la resistencia a la megaminería– que, particularmente, planteaba la posibilidad de repensar la minería en Ecuador, al establecer, por ejemplo, limitaciones a las actividades mineras en fuentes de agua.

Ese distanciamiento inicial de las máximas pretensiones neoliberales duró poco. De hecho, Correa transitó cada vez con más premura hacia la imposición de la megaminería en el Ecuador. Y en la práctica, desplegando perversamente un discurso de soberanía nacional, ha cristalizado y ha revivido –de largo– muchas de las aspiraciones neoliberales de los capitales mineros. Apenas unos días después de aprobado el mencionado ‘mandato minero’, cuando todavía sesionaba la Asamblea Constituyente, el propio presidente Correa pactó con los grandes capitales mineros y, en poco tiempo, él se transformó en el mayor promotor de la megaminería de toda la historia republicana.

La posición prominera de Correa explica el incumplimiento del mencionado mandato constituyente y también la imposición, en enero de 2009, de una ley de minería abiertamente inconstitucional, tal como lo reconocería incluso la mal llamada Corte Constitucional de Transición. Así, con el incumplimiento del ‘mandato minero’, se abrió la puerta al festín minero del siglo XXI, cuestión que se analiza detenidamente en este libro sobre la ‘Ofensiva megaminera china en los Andes’.

La marcha del capital minero chino por la geografía ecuatoriana se concentró – ¿por lo pronto?– en la Amazonía. La cordillera del Cóndor experimenta las primeras incursiones de un extractivismo desconocido hasta entonces en el país, como lo es la megaminería. Es más, William Sacher anticipa la posible consolidación de un distrito minero binacional peruano-ecuatoriano, precisamente en dicha cordillera, que hace de frontera entre los dos países. Por eso bien podemos adelantar la conclusión de que actualmente estamos viviendo los primeros momentos de un desbordamiento minero de proporciones impredecibles.

Sin embargo, lo interesante del caso ecuatoriano es la resistencia al extractivismo minero observada desde hace algún tiempo. Esa resistencia, y la lucha en contra del extractivismo petrolero y depredador formaron parte sustantiva de las propuestas de la naciente ‘revolución ciudadana’ en 2006, cuando se planteaban incluso novedosas alternativas para superar la condición primario-exportadora del país. El Plan de Gobierno de Alianza País 2007-2011 –elaborado en 2006 con amplia participación social– proponía, por ejemplo, una moratoria petrolera en el sur de la Amazonía y la recuperación de las áreas degradadas por la actividad petrolera y minera, particularmente. No podemos olvidar tampoco los reclamos y proposiciones de organizaciones ecologistas agrupadas en el Comité Ecuatoriano para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma), que fueron aceptados públicamente por el entonces candidato Rafael Correa y su movimiento.

En ese horizonte está también la Iniciativa Yasuní-ITT, surgida desde la sociedad civil, y, por cierto, todas aquellas disposiciones constitucionales revolucionarias, como los Derechos de la Naturaleza. Lo lamentable es que todo ese bagaje transformador y muchos otros puntos destacables hoy están olvidados.

El gobierno de Correa dio marcha atrás a sus compromisos iniciales antes de cumplir los dos años en funciones. Desde entonces las agujas de su reloj caminaron hacia un claro reencuentro con el neoliberalismo extractivista.

Mientras tanto, muchas comunidades se demuestran cada vez más empoderadas y dispuestas a enfrentar los extractivismos, particularmente el minero. En diversos lugares del país se multiplica la lucha en defensa de la vida. Una acción que aflora paulatinamente también en diversas ciudades; una resistencia que el Estado correísta intenta romper con medidas represivas: judicializando y criminalizando a quienes se oponen a la megaminería. Esto sucede en toda América Latina: los gobiernos ‘progresistas’ y neoliberales, sin excepción, se hermanan cuando se trata de imponer la megaminería u otros extractivismos. Bien vemos que la modalidad primario-exportadora se ha instalado con cada vez mayor profundidad en la matriz de acumulación de todos los países latinoamericanos.

En el Ecuador, como bien expone William Sacher en este libro, la megaminería se impone, literalmente, a sangre y fuego. Basta ver los detalles de lo que ocurre en Tundayme, provincia de Zamora Chinchipe, o bien en Nankints, provincia de Morona Santiago. Así, una vez más, varias regiones del Ecuador aparecen como tierra de conquista y colonización, en un esfuerzo miserablemente justificado bajo una ilusión desarrollista. Un atrevimiento que conjura todo tipo de violencias.

Para enfrentar esta compleja situación, no basta con plantear salidas negociadas buscando imposibles equilibrios sociales y ambientales. La megaminería provoca verdaderas amputaciones a la Madre Tierra, la Pachamama, como se la definió en la Constitución de Montecristi. Sus efectos despedazan los tejidos sociales, económicos, y hasta culturales de los pobladores de esas tierras, sobre todo pueblos y nacionalidades indígenas, cuyos derechos están claramente establecidos en dicha Constitución, e incluso a escala internacional por Naciones Unidas. Estas violencias no solo son materiales, son también simbólicas. Surgen cuando se destruye culturalmente a pueblos enteros o se presiona psicológicamente a individuos aislados u organizados, criminalizándolos o recriminalizándolos como fundamentalistas, de ‘ecologistas infantiles’ o de ‘ancestrales disfrazados’. Todas estas violencias, desplegadas en nombre de la ley y el orden, cobijadas por el credo del progreso y del ‘desarrollo’, no son una mera consecuencia de la megaminería o de las actividades petroleras. A lo largo de su libro, William Sacher indica cómo estas violencias son una condición necesaria para ejecutar tales extractivismos. Desde sus orígenes coloniales, estas violencias han sido indispensables para sostener los procesos de acumulación en el capitalismo periférico. La apropiación de minerales, según las necesidades de un supuesto ‘desarrollo’, incluso pretende tornar legítimo el momento de la represión violenta por parte del Estado. Así, el presidente Correa ha asumido los intereses chinos como propios y ha convertido al Estado ecuatoriano en policía de las transnacionales de ese país. Desde que el gobierno de la ‘revolución ciudadana’ abrió las puertas a la megaminería –completando la tarea emprendida por los gobiernos de ‘la larga noche neoliberal’–, las acciones represivas y violentas desplegadas desde el Estado para acceder a los recursos minerales han sido permanentes. Para entender mejor lo que esto representa, nada mejor que leer con detenimiento las páginas de un libro claro y preciso, un libro comprometido con la lucha de los pueblos por la vida.

Alberto Acosta: Economista ecuatoriano. Exministro de Energía y Minas. Expresidente de la Asamblea Constituyente. Excandidato a la Presidencia de la República del Ecuador. 
 
Serie sobre
EL DEBATE CONSTITUYENTE Editores Alberto Acosta y Esperanza Martínez.


Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes. 

Fuente:http://www.rebelion.org/noticia.php?id=235594

Ecuador

Detenidos nuevos pedidos mineros en Ecuador

La entrega de nuevas concesiones mineras que llevaba adelante el Ministerio del ramo como parte del catastro minero están detenidas hasta nueva orden. Ayer, el ministro de Minería, Javier Córdova, confirmó que de acuerdo con la disposición del presidente Lenín Moreno, no se entregarán nuevas concesiones mineras hasta que esa cartera entregue un informe de las concesiones realizadas, se dé un reporte de las que se quiere concesionar en el 2018 y que el primer mandatario apruebe todo el proceso.

Esto, luego de que la semana pasada, Moreno se comprometiera a ello con la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).

“Lo que ha pedido el presidente, y evidentemente cumpliremos con su disposición es que se detengan las concesiones hasta que se haga revisión de que las entregadas cumplen con la normativa –que sí lo hemos cumplido, si no, no se hubiese entregado– y a partir de eso se haga una evaluación”, explicó el funcionario.

El ministro Córdova indicó que tras el inicio del catastro minero, que se dio luego de varios años de moratoria, se generaron 1.000 solicitudes de concesión. De estas, en el 2017 se entregaron 300 concesiones y restan 700 más.

Estas primeras 300 podrían generar unos $ 1.000 millones de inversión en cuatro años, según la institución.

En todo caso, el funcionario aclaró que no existe una “hemorragia de concesiones”, como se ha dicho por parte de algunos dirigentes de la Conaie. Explicó que mientras en 2013 lo concesionado equivalía al 10% del territorio, actualmente con las 300 concesiones, solo se ha concesionado 5% del territorio. Comentó que las concesiones son para empresas que inician recién la etapa de exploración y que de acuerdo con los parámetros internacionales, los proyectos para explotación terminan siendo apenas un 1% de lo concesionado.

El ministro habló de este tema, tras el lanzamiento de la 11ª edición del evento Expominas, que se realizará entre el 18 y el 20 de abril del próximo año.

Hasssan Becdach, organizador de la Expominas, recordó que la primera exposición fue organizada cuando apareció el mandato minero. En esa ocasión hubo 8 empresas participantes. Ahora la feria ha crecido y contará con 100 empresas del ramo.

Durante el evento, los empresarios mineros, el presidente de estudiantes de la Facultad de Geología y Minas de la Universidad Central, Fernando Quespaz, y el alcalde de El Pangui, Jairo Herrera, aprovecharon para hacerle un reconocimiento al ministro Córdova por su apoyo a la actividad.

El funcionario dijo que para el próximo año se espera una inversión minera total de $1.000 millones. (I)

Fuente:https://www.eluniverso.com/noticias/2017/12/19/nota/6532909/detenidos-nuevos-pedidos-mineros