Mexico

La minera canadiense Blackfire en Chiapas contra defensores de los territorios y de la vida

Según el Departamento de Recursos Naturales de Canadá (NRCAN por sus siglas en inglés), 52% de las empresas mineras en el mundo cotizan en las bolsas de valores de Canadá. México se ubica en segundo lugar en el mundo en términos de los bienes mineros canadienses fuera de Canadá. En 2015, 11.3% o CAD$19.4 mil millones de los bienes mineros canadienses fuera de Canadá se radicaron en México en manos de 125 empresas mineras, superado solamente por los Estados Unidos con 14.5%. Según la Secretaría de Economía de México, hasta 2013, las empresas mineras canadienses representaban 69% de las empresas mineras extranjeras operando en México.

En el estado de Chiapas existen 99 concesiones mineras – de diversas empresas entre ellas canadienses – activas en 16 municipios que abarcan un millón de hectáreas (25% de la superficie territorial de la entidad). Entre los años 2007 a 2010, la empresa minera Blackfire Exploration, con sede en Calgary, Canadá , y su filial Blackfire Exploration México S. de R. L., se encontraban en operación en el municipio de Chicomuselo para la extracción de barita, a través de la mina Payback/La Revancha, misma que se encuentra ubicada en el ejido Grecia, municipio de Chicomuselo. Para llegar al Ejido Grecia y a la mina se requiere pasar por el ejido Nueva Morelia. El municipio de Chicomuselo cuenta con casi 40 mil habitantes y con el 90% de la población en pobreza con actividades de agricultura y ganadería de subsistencia.

El líder ambientalista y coordinador local de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Mariano Abarca Roblero, fue criminalizado y posteriormente privado de la vida el 27 de noviembre de 2009 como consecuencia de su actividad en contra de los efectos negativos de la actividad de la mina Paypack/La Revancha, propiedad de la empresa canadiense Blackfire Exploration. Abarca está marcado por su trabajo en defensa de la tierra, a un medio ambiente sano y contra los efectos negativos de la mina y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Sufrió sucesivas amenazas y ataques físicos provenientes de personas vinculadas a la empresa, denuncias penales llevadas a cabo por él sin que prosperaran y concluyeran en castigo a los responsables. Por el contrario, sí prosperaban, y con extraña agilidad, acusaciones penales interpuestas por la empresa Blackfire, con el respaldo de la embajada canadiense, en contra de Mariano Abarca por delitos inverosímiles, usualmente utilizados para contrarrestar la actividad de defensores de derechos humanos, como la asociación delictuosa, delincuencia organizada y ataques al Estado, entre otros, que justificaron su detención, arraigo y posterior liberación. La impunidad para con quienes amenazaron y atacaron su integridad física, y su detención por el estado, fortalecen la presunciЧn de que su asesinato correspondió a una decisión última llevada a cabo por los dirigentes de la empresa en connivencia con las autoridades del gobierno del estado de Chiapas, que a la vez había sido presionada por la embajada canadiense a favor de los intereses de la empresa.

Antes de iniciarse la operación de la mina con los ejidos Grecia y Nueva Morelia; tanto el gobierno como la empresa violaron el derecho a la consulta previa; el primero al otorgar la concesión minera sin consultar a la población, el segundo al no realizar el proceso informativo. La empresa también violó derechos de los habitantes del ejido Grecia, al arrendar tierras ejidales sin el debido procedimiento agrario y sin acuerdo de toda la población, virtud que los efectos de la actividad minera afectan a todos los habitantes y no solo a ejidatarios. Por lo tanto, el Estado mexicano ha violado en su perjuicio los artículos 1.1 (Obligación de respetar los derechos humanos), 4 (derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad personal), 7 (derecho a la libertad personal), 8 (garantías judiciales), 15 (derecho de reunión), y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Blackfire utilizó diversos mecanismos para asegurar su inversión y su impunidad en el asesinato y la corrupción. El gobierno mexicano garantizó por ley priorizar el uso del suelo para la explotación minera donde hubiera concesiones. Por ello las autoridades ambientales y otras dependencias gubernamentales federales y estatales facilitaran las inversiones mineras. La empresa canadiense logró obtener los favores políticos del gobierno de Chiapas, así como del presidente municipal de Chicomuselo al que le otorgó dinero a su cuenta personal para que asegurara e proyecto y controlara a la oposición. Esta demanda de corrupción fue interpuesta ante las autoridades canadienses misma que luego de algunos años desestimaron.

Los directivos de la empresa Blackfire dividieron a la comunidad. Otorgaron dinero a las autoridades para que éstos llevaran a cabo el convencimiento de la comunidad y aceptaran el proyecto minero. Lograron también el apoyo de algunos sectores económicos locales que se beneficiarían de la inversión como taxistas, hoteleros, trabajadores, transportistas, mismos que hacían eco de los hostigamientos y discursos de la empresa contra los opositores. Por otro lado, la empresa canadiense contrató a personal local dentro de su plantilla. El mismo encargado de las relaciones públicas de la empresa Blackfire poseía armas con las cuales amedrentaba y amenazaba a los opositores.

Los trabajadores de la empresa canadiense no solo amenazaron a Mariano Abarca, sino que intentaron corromperlo, los hostigaron e incluso golpearon. La empresa canadiense le inventó cargos vinculados a delitos de Asociación delictuosa y Atentados contra la Paz y la Integridad del Estado por lo que Abarca fue preso y luego liberado por la presión de la campaña nacional e internacional que implementó la organización Otros Mundos AC/ Amigos de la Tierra para su liberación. Mariano Abarca denunció ante funcionarios de la embajada de Canadá en la Ciudad de México que la empresa Blackfire le acosaba y que le amenazaban de muerte, por lo que la embajada sería responsable también si algo le pasara. Al final, fue asesinado.

La misma embajada de Canadá apoyó y asesoró a la empresa para facilitar su proyecto minero y la impunidad de sus actos. El gobierno mexicano ha otorgado todo su respaldo político y legal a las inversiones mineras pese a la sistemática violación a los derechos humanos e incluso a otros pasivos ambientales irreversibles. Luego del asesinato de Abarca Roblero el gobierno entorpeció las investigaciones, no avanzó en ellas. La investigación penal no fue llevada a cabo con la debida diligencia, puesto que no se esclarecieron debidamente los hechos ni se determinaron las responsabilidades de quienes actuaron como autores directos e indirectos en el crimen. A la fecha, la averiguación previa ha retornado al Ministerio Público para continuar con la investigación penal.

El asesinato de Mariano Abarca Roblero originó el inicio de una investigación ministerial, la número 051/FS10/2009, en la que declararon diversas personas como testigos, entre ellos Mario López Zunún y José Mariano Abarca Montejo, quienes afirmaron haber visto que quien huía de la escena del crimen portando un arma fue Jorge Carlos Sepúlveda Calvo, ex contratista de la empresa Blackfire. No obstante, la investigación penal no profundizó en el esclarecimiento de los hechos, el Ministerio Público indujo a los testigos en función de responsabilizar a una persona, diciéndoles que otras personas, que no habían aceptado declarar, vieron que el autor de los disparos fue Sepúlveda Calvo. Adicionalmente, el Ministerio Publico no llevó acabo otras diligencias, que habrían resultado importantes al momento de establecer responsabilidades, como son la identificación del arma utilizada, la trayectoria de los disparos, la altura probable del autor en función de la ubicación de los disparos en la anatomía de Abarca Roblero y Velázquez Rodríguez. La indagatoria tampoco amplió la investigación al interrogatorio de otras personas que pudieron aportar información testimonial sobre hechos previos y posteriores al crimen.

La causa penal 11/2010 del Juzgado Primero del Ramo Penal con sede en Cintalapa, Chiapas, en que constan los hechos relativos al crimen, carece de información que indique el desarrollo y agotamiento de una línea de investigación en relación a la probable participación de los directivos de la empresa Blackfire Exploration México en los hechos, pese a que los antecedentes del crimen suponen la alta probabilidad de estar involucrados. En ningún momento fueron escuchados en declaración, como no lo fue el Subsecretario de Gobierno que habría vertido expresiones de amenaza a la vida de Abarca Roblero.

Durante el año 2010 fueron aprehendidos Caralampio López Vázquez y Jorge Carlos Sepúlveda Calvo. También fueron detenidos los señores Caralampio López Vázquez y Ricardo Antonio Coutiño Velasco. Caralampio López Vázquez fue «empleado» de la empresa (gerente de personal y de seguridad de Blackfire, además de traductor y chofer de un ejecutivo de Blackfire). Ricardo Antonio Coutiño Velasco fue “contratista” y dueño de un camión que manejaba para Blackfire. Ahora, todos en libertad. Sin embargo, el gobierno utilizó el asesinato para perseguir a otros enemigos políticos.

Al privar de la vida a Mariano Abarca Roblero, el agente del Ministerio Público inicio, de oficio, la averiguación previa en Enero de 2010. El Juez Primero del Ramo Penal con sede en el municipio de Cintalapa, Chiapas, abrió el expediente penal iniciando el proceso penal. En junio de 2013, se dictó sentencia absolutoria a favor de la única persona inculpada por el crimen, Jorge Carlos Sepúlveda Calvo, ex contratista de la empresa Blackfire Exploration. En mayo de 2015, la Sala Regional Colegiada en materia Penal Zona 1, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, al resolver la apelación interpuesta en contra de la sentencia absolutoria confirma la misma sin que exista ningún otro recurso legal interpuesto en contra de la misma. Sin embargo, el Ministerio Público no siguió con la investigación.

En julio del año 2016, la esposa de Mariano Abarca Roblero solicitó que se le informara de las diligencias de investigación, pero hasta la fecha no hay respuesta. En marzo de 2017 solicitó la práctica de diligencias de prueba y que se girara citatorio para que comparecieran Horacio Culebro Borrayas, Nemesio Ponce Sánchez y Julio César Velázquez Calderón, para ampliar sus declaraciones ministeriales. En abril ella compareció ante la Fiscalía Especial de Investigación de los Delitos de Homicidio para ratificar la solicitud. Sin embargo, desde el asesinado de Mariano Abarca Roblero, y desde que fue absuelta la única persona procesada, no se ha llevado a cabo ninguna investigación adicional.

El Estado mexicano fracasó en su obligación convencional de proteger la vida de Mariano Abarca Roblero, privilegiando los intereses empresariales y respondiendo a las gestiones de la embajada canadiense. También fracasó en prevenir que su vida fuera interrumpida, y en garantizar el ejercicio del derecho, pese a conocer que se encontraba en riesgo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (la Corte o la Corte Interamericana) ha sido enfática al precisar las obligaciones de los estados con relación al derecho a la vida.

La Corte Interamericana, ha establecido que la responsabilidad del Estado surge aun cuando no existe identificación individual del agente transgresor. Para establecer que se ha producido una violación de los derechos consagrados en la Convención no se requiere determinar, como ocurre en el derecho penal interno, la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad, y tampoco es preciso identificar individualmente a los agentes a los cuales se atribuyen los hechos violatorios. Es suficiente la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del poder público en la infracción de los derechos reconocidos en la Convención, u omisiones que hayan permitido la perpetración de esas violaciones.

Hay elementos para suponer la responsabilidad directa del Estado por acción de sus agentes en la privación de la vida de la víctima; sin embargo, aun suponiendo que quienes llevaron a cabo el acto fueran particulares vinculados a la empresa minera, la responsabilidad del Estado mexicano subsiste, dado el respaldo y tolerancia para sus actos que supuso la impunidad ante las denuncias de Abarca Roblero, y la detención sin causa justificada que sufriera tres meses antes del crimen. Para la Corte Interamericana, «es suficiente la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del poder pЬblico en la infracciЧn de los derechos reconocidos en la Convención, u omisiones que hayan permitido la perpetración de esas violaciones.»

Sin embargo, no se ha logrado establecer responsabilidades penales contra los autores corporativos intelectuales violadores de los derechos humanos allende sus fronteras. También se ponen trabas jurídicas para identificar a los empleados nacionales como empleados de la empresa transnacional. Ni siquiera el caso administrativo contra Blackfire sobre la corrupción prosperó en Canadá, el paraíso fiscal, político y de impunidad de las trasnacionales mineras en el mundo. Esta impunidad se refuerza con los Tratados de Libre Comercio que facilita esta impunidad al obligar a los estados a modificar las legislaciones y otras medidas arancelarias, de lo contrario las demandas económicas son tan enormes e en su contra como insostenibles para los gobiernos.

La estrecha vinculación de intereses entre los estados y las corporaciones, los intereses de inversiones millonarias en juego, impide acceder a la justicia plena. Por ello urge un Tratado vinculante para responsabilizar a las corporaciones trasnacionales ante tanta violación a los derechos humanos y las afectaciones irreversibles al medio ambiente.

Fuente:http://otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/171-derechos/justicia-para-mariano-abarca/2763-la-minera-canadiense-blackfire-en-chiapas-contra-defensores-de-los-territorios-y-de-la-vida

Honduras

El valle de la desesperanza

La lluvia ácida no es una leyenda, lo saben los habitantes de El valle de Siria, ubicado a unos 120 kilómetros de Tegucigalpa. Las comunidades de Cedros, El Porvenir, y San Ignacio –tres municipios en la parte más oriental del departamento de Francisco Morazán– fueron afectadas por la minería de cielo abierto. Una variante del modelo extractivista. Contaminadas las aguas de sus ríos la lluvia en algún momento tenía que caer cual profecía bíblica. El derrumbe moral aquí es inminente ante la voracidad de los resultados de un modelo que ha heredado generaciones enfermas y empobrecidas. Aquella idea del desarrollo económico y la bondad de las empresas mineras es una que se desmitifica con la misma facilidad con la que cae una línea hecha con piezas de dominó.

Aquí vive Cristi, ella tiene dieciocho meses. No sabe que está enferma, no sabe que el cabello se le cae, no tiene la más mínima conciencia que un futuro lleno de incertidumbre le espera. Aneli, es madre de Cristi. Con dieciocho años, a ella también se le cae el cabello, sus problemas de salud comenzaron desde su nacimiento. Las dos nacieron enfermas, nacieron con la marca de la minería en sus cuerpos, una marca que llegó al valle a principios del 2000 y se instaló en las aguas de los ríos: las fuentes de agua que las comunidades del valle usaron siempre. Se abastecieron de estos ríos muchos años antes de la llegada de la minera, los usaron durante los ocho años de explotación de la Mina San Martín, y los siguen usando tras siete años de haber declarado el cierre de la mina, un cierre que para muchas organizaciones de derechos humanos –como OXFAM, El Centro Hondureño de Promoción del Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC) y el Instituto de Derecho Ambiental de Honduras– y para las mismas comunidades, está lleno de irregularidades.

En 2002, la empresa «Minerales Entre Mares de Honduras» extrajo 129,435 onzas de oro, lo que significó remover un aproximado de 2.5 millones de toneladas de tierra, solamente en esos doce meses. Esto habría que multiplicarlo por los 8 años de su operación. Tomando en cuenta que la cotización de una onza de oro en 2002 fue de 310 dólares -actualmente supera los 1,200-, se calcula para la compañía un ingreso ese año de 40.1 millones de dólares, producidos por una planilla que no superaba los 200 empleados.

Según la Ley de Minería vigente en Honduras, las empresas mineras solo pagan un 6% del total exportado en impuestos anualmente, una cantidad que no logra resarcir los daños ambientales que deja esta actividad.

 

La empresa minera Entremares subsidiaria de la trasnacional Goldcorp que también tiene proyectos en México, Guatemala, Argentina, República Dominicana, Canadá y Estados Unidos  explotó durante ocho años un total de catorce mil cien hectáreas en la zona de El Valle de Siria, y aunque la empresa declaró el cierre de la Mina San Martín para 2008, tiene aprobadas otras concesiones en estado de explotación por un total de cuatro mil cuatrocientas hectáreas en los municipios de Mapulaca, Lempira (1700), Distrito Central, Francisco Morazán (1400), y Marcovia, Choluteca (1300), datos que revela el Observatorio de Bienes Naturales y Derechos Humanos.

 

–¿La has llevado al médico?

–No. –Y vuelve a quedarse callada. Aneli no dice mucho, apenas da respuestas monosilábicas. Dice «no» y vuelve al ensimismamiento –quizá provocado por la cámara, quizá provocado por tener que contestarle a un extraño– y la mirada tierna clavada en el rostro de su hija.

Oneida, madre de Aneli, abuela de Cristi, podría estar enferma también. No lo dice, no hay necesidad. Sus hijos nacieron enfermos porque ella consumió agua que resultaría contaminada con metales pesados. Ella se ve más interesada por saber los vínculos familiares. Si mi apellido es originario de dónde, y que en El Pedernal –su aldea– también hay Cálix. Hace que se esconde de mis preguntas y de la cámara. No hago mayor intento. Sé que he invadido la frágil cotidianidad en la que transcurren los días para ella y su familia.

Las mujeres en El Valle de Siria fueron siempre invisibles. Ellas no figuraron nunca en los cuadros estadísticos de nada. De nada, excepto quizá en los censos electorales. Las mujeres como Oneida, y como Aneli, han estado relegadas a los roles eternos: cuidar de la infancia, los quehaceres domésticos, ser esposas abnegadas que con dedicación cuidan de sus maridos. Ellos, sus maridos, sus hijos, los campesinos convertidos en obreros con la llegada de la minera, serían la base fundamental de una empresa que haría de sus comunidades un territorio habitado por la desolación.

En San Ignacio pasó exactamente lo mismo. Otras mujeres dirán lo mismo. Que lo único que se multiplicó en sus vidas fueron los cuadros clínicos severos. En San Ignacio se ha documentado el caso de cinco mujeres afectadas por la contaminación Algunas de ellas vinculadas en labores de aseo y cocina con la empresa, otras dedicadas a sus roles en sus hogares. Cinco mujeres a quienes se les tuvo que someter a operaciones en donde se les extrajo la matriz. Era eso o morir.

–¿Qué le dijeron?

–Nada. A mí sólo me la sacaron.

Sulay tiene 52 años. Es dueña de una mirada profunda y una sonrisa esquiva. Ella es una de las cinco. Su cuerpo se contaminó con plomo, arsénico y talio –me dice– porque ella lava la ropa de su esposo quien antes trabajaba en la mina. Miguel, su esposo, llega montado a caballo, es un día bueno, ha logrado montar a «Payaso» –un caballo blanco cruce de caballo español y yegua peruana– después que estuvo cuatro meses sin poder hacerlo debido a un problema en su columna. «Payaso» baila, lo sigue a donde va, se hace el dormido. El caballo parece disfrutar tanto como Miguel esa relación que yo veo de lejos, que no entiendo

Miguel es uno de treinta cinco ex trabajadores de la minera que se asociaron en el año 2009, luego de que la Mina San Martín cerró operaciones. Se asociaron para pedir una indemnización al Estado hondureño que la empresa no les dio por sus problemas de salud. Ahora padecen de enfermedades que han deteriorado sus cuerpos por haber estado expuestos a la contaminación en el proceso de extracción del oro y la plata. Columnas con discos dislocados o con artritis, y distintos tipos de cáncer, son parte del cuadro clínico general que los ex mineros narran. Otros han muerto ya, dicen. Los casos de mujeres que sufrieron aborto producto de la contaminación –calculan los mismos ex empleados de la mina y sus compañeras– implican una cifra difícil de calcular. Ellos y ellas dicen que fueron atendidos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, que allí les perdieron los expedientes, que fueron atendidos en Clínicas Viera, donde sus expedientes eran modificados para hacerlos pasar como personas que estaban bien de salud. Otros análisis les fueron hechos por un científico italiano del que me hablan pero no me muestran ningún resultado médico como si bastara con empeñar la palabra en un país donde sólo creemos lo que vemos, y lo que vemos es el hondo abismo.

Miguel fue operario de maquinaria pesada, de volquetas y retroexcavadoras, de ésas grandes como las que salen en las revistas, en los programas de NatGeo y en internet. Y me muestra uno de sus compañeros una foto en su celular buscada en google. Se ríen, y no se entiende bien porqué se ríen. Que no saben pero de alguna forma aprendieron el oficio de ser mineros. Aquello les gustaba. Aquello les daba sueños. Aquello les daba la esperanza de sacar de la pobreza a sus familias. Rolando se guarda el celular en el que me ha mostrado la foto de la volqueta. Me dice que lo que le sucede a él es casi lo mismo, que su columna se ha debilitado con el paso del tiempo, que a sus cuarenta y siete años tiene días en los que su cuerpo no responde, que le toca quedarse en cama.

–La presión la ando siempre a punto de darme un paro cardiaco. –E inhala de su cigarrillo, y contesta una llamada que lo aleja de la conversación.

Marilú, es esposa de Rolando y también está enferma. A ella le da dolores de cabeza, y le duele la espalda. Sus hijas padecen enfermedades respiratorias –cuenta– que no se pueden curar. Dicen que son enfermedades de las que los médicos no explican mucho, nada en realidad.

En la comunidad de San José de Palo Ralo, a pocos kilómetros del casco urbano de San Ignacio –aunque utilizar el concepto de urbanidad sea más un eufemismo para describir un par de calles pavimentadas– viven dos mujeres, dos hermanas, Maritza de veintiocho años y María de cuarenta y uno. Las dos son madres solteras. Las dos consumieron durante sus embarazos agua contaminada que sacaban de un pozo que la minera bajo autorización de la Secretaría de Recursos Naturales les hizo en la propiedad donde vive toda su familia, una familia extendida, llena de mujeres y niños pequeños. De hombres mayores. Algunos jóvenes, pero la mayoría han decidido apostarle por el sueño americano, y ya se han ido, hace años que comenzaron a irse.

Maritza y María son madres de niños que nacieron enfermos. A Jeferson, hijo de Maritza, le aquejan las enfermedades respiratorias. A Antony, hijo de María, lo que le sucede es un problema de crecimiento, problemas al hablar –poco le entiendo pero en su balbuceo su madre se pierde como quien se pierde en un laberinto y no sale más–, también nació con malformaciones físicas que le impedirán caminar, aunque María tiene la esperanza que con una operación se solucione.

Antony y Jeferson –los dos de seis años– dejaron de ir al médico. Perdieron la rutina de sus citas médicas porque sus madres no pudieron más con la carga económica que implicaba viajar desde su comunidad –una pequeña aldea de San Ignacio– a Tegucigalpa. Maritza no podía seguir costeando los mil doscientos lempiras ($50) de movilización para que su hijo fuera atendido en el Hospital Escuela.

–Para nosotros el valle es la vida, para algunas organizaciones es venir, sacar algunas fotos, porque eso significa la posibilidad de justificar presupuestos. La gente está cansada. –Me dice alguien, y me dice que puedo decir lo que me ha contado, pero que no use su nombre. Se lo prometo, que no lo haré. Pero entiendo en su mirada que es poco lo que me cree.

Las mujeres en El Valle de Siria fueron siempre invisibles. Ellas no figuraron nunca en los cuadros estadísticos de nada. La minera sólo contrató a unas pocas para atender los quehaceres domésticos de los ejecutivos extranjeros de la empresa. Para lavarles la ropa. Para que les cocinaran. Para que mantuvieran siempre limpia la casa hospedaje que ahora ha sido convertida en el Centro Turístico San Martín, donde la noche cuesta cuarenta y cinco dólares, y no se le permite a ningún huésped, por ninguna razón, que lleven aparatos fotográficos y de video.

–Sacar fotos está prohibido.

–¿Y entonces qué tiene de divertido?

–No lo sé. Pero no te dejarán sacar fotos.

En algún momento, porque nadie recuerda bien las fechas en una historia común que tiene mayores implicaciones que la percepción temporal, el Comité Ambientalista de El Valle de Siria denunció la contaminación de las aguas en los ríos que atraviesan el valle justificando la denuncia en estudios que se hicieron a las aguas. En 2009, la Agencia Católica de Ayuda para Inglaterra y Gales (CAFOD, por sus siglas en inglés) realizó dos investigaciones que estuvieron a cargo del Dr. Adam Jarvis y el Dr. Jaime Amazega de la Universidad de Newcastle, sobre los niveles de acidez del agua en los afluentes de la zona del valle, los estudios revelaron que el agua alcanzó un pH entre 2,5 y 3, y altos niveles de cadmio, cobre y hierro, estos resultados serían recogidos en el documento «Ficha de Registro Impactos Negativos de la minería Centroamérica: San Martín» publicado por CEICOM. La empresa –dicen los ambientalistas– respondió con el montaje de criaderos de tilapia. Que las aguas no estaban contaminadas, dijeron. Pero contrataron después maquinaria de la municipalidad de San Ignacio para que les hiciera el favor de enterrar los peces. Que nada quedara de ellos.

La economía del valle antes de la minera era eminentemente agrícola. Pero el ganado comenzó a morirse. El maíz dejó de darse. Y ahora lo que siembran es caña para pastizal de la ganadería. Lo que se ve a través de los largos caminos de tierra que comunican las comunidades del valle son animales famélicos. Acomodados en grandes extensiones de tierra infértil donde a la maleza le cuesta crecer. El imponente paredón vacío que la minera provocó en una de sus montañas. Ríos cuyas aguas son sospechosas de arrastrar oro, pero también los metales que han enfermado la vida de las comunidades.

En los postes del incipiente servicio de energía eléctrica ondean las banderas de los partidos políticos que ahora mismo se encuentran en franca carrera electoral. Los rostros sonrientes de los candidatos con las mismas promesas que han sido incapaces de cumplir desde hace más de veinte años. Un puente –o más bien, la idea de uno– destruido por las crecida salvaje del río sobre el que está, y cuyo costo oficial aproximado rondó la temeraria cifra de los seis millones de lempiras. Casas pequeñas de adobe y repelladas con cal donde viven familias numerosas, anónimas, que se resisten a la idea de morir o de irse, porque todo lo que conocen es la vida del valle, aunque el valle ya no tenga mucho que ofrecerles a sus habitantes.

–La juventud está perdida. Sólo saben de beber y drogarse. –Me dice el conductor de la mototaxi en la que me transporto.

–¿Qué drogas?

–Marihuana, coca…

–¿Y dónde la consiguen?

–Ahora esto es un corredor para la droga. Y los que no se drogan se van para los Estados Unidos.

–Pero los chicos tienen opciones, hacen deporte, juegan fútbol, ¿y las chicas?

–Embarazarse, cuidar de la casa, beber y drogarse. Aquí hay niñas de trece años embarazadas.

Tiene treinta y dos años, y ha estado seis veces en los Estados Unidos, ya lleva varios años conduciendo una mototaxi para alimentar a su familia. Tiene tres hijos, con distintas mujeres me dice. Que el primero lo engendró cuando tenía trece y que entonces no estaba preparado, no supo que hacer. Ahora está pensando en volver a intentarlo en el norte. No hay trabajo. No hay salud. Y como suele venir en este paquete de infortunios, las posibilidades educativas son escasas.

Alguien que conoce bien los problemas educativos del valle es la profesora Jesús. Ejerce el oficio desde 1987. Es maestra de veintiún niños y niñas del primer grado en la Escuela José Trinidad Cabañas. El centro educativo tiene una población estudiantil aproximada de 350 niños y niñas de la comunidad de El Pedernal en el municipio de El Porvenir.

La Profesora Jesús tiene cincuenta y tres años, y padece de problemas dermatológicos desde 2009. Año en el que la minera dicen que cerró operaciones. Pero ya no se trata más la alergia y laceraciones que se le acrecientan en la temporada de calor. Una temporada que ya no saben en qué época del año es, porque el clima ha cambiado drásticamente en la zona del valle. Ella y sus alumnos están enfermos. Lo sabe. Pero también sabe que es poco lo que se puede hacer ya. Y aunque su mirada es clara, atraviesa sus ojos vidriosos para decir cosas que apenas entiendo. Acaso la tristeza de saberse una comunidad con pocas posibilidades.

El reto actual de las comunidades del valle es evitar un mayor avance del modelo extractivista que amenaza las únicas fuentes de agua que quedan sin contaminar: sus aguas termales. Ocho mil hectáreas del valle han sido concesionadas por cincuenta años a la empresa «12 tribus» y cuya concesionaria es Ormat Technologies  de origen israelita para la instalación de una empresa generadora de energía térmica. Que judíos lleguen al Valle de Siria hasta parece una broma de mal gusto, o una paradoja de lo mal que están pasando algunas cosas en el mundo.

Luego de ir al valle una verdad de la que me doy cuenta es que estas personas me han dado mucho contándome sus historias, y yo no les he dejado nada, apenas este texto que se publica en formato digital. Así que las posibilidades que lo lean son escasas. Pero si existe una verdad que pesa más que todo el oro y la plata de las montañas que rodean el valle es que el resarcimiento moral que el Estado hondureño tiene en comunidades como las de El Valle de Siria es enorme, quizá impagable. Aquí donde la consigna de «vida mejor» es una caja vacía.

Fuente:https://www.contracorriente.red/2017/10/05/el-valle-de-la-esperanza/

Internacional

España – Quieren reactivar la Mina de Touro ( a Coruña)

Se ha alertado de la reactivación de la mina de cobre de Touro (A Coruña), un proyecto extractivo “del siglo XIX” que “no crea riqueza” en Galicia y que va a “dejar un desastre medioambiental” debido a que no existe “la garantía” de que la zona vaya a ser rehabilitada de forma conveniente una vez finalice su actividad y advertido que la reactivación de la mina pone en riesgo explotaciones agrícolas.

El diputado nacionalista Xosé Luís Rivas ‘Mini’ ha ofrecido este viernes una comparecencia de prensa para salir al paso de la “alarma social” creada tras el anuncio de la reanudación de la actividad en la mina situada en Touro, que pone en riesgo “explotaciones agrícolas de gran interés en una de las zonas agrícolas más importantes del país”.

“Estaríamos repitiendo el mismo esquema que se hablaba en Corcoesto, que se hablaba en la Terra Chá o lo que estamos hablando con Erimsa en Mesía, Ordes, Oroso y Frades. Siempre es lo mismo, se lleva el mineral, no se crea riqueza ni valor añadido aquí, y se deja un desastre medioambiental”, ha comentado. Y es que, según el parlamentario, la de Touro es “una actividad expoliadora”, ya que “van a sacar 350.000 toneladas de mineral a un 23 por ciento de riqueza de cobre” que serán llevados fuera de Galicia para ser tratados, mientras los restos “van a ser enclaustrados” en una “balsa de 126 hectáreas de superficie”.

“Estamos hablando de materiales altamente contaminantes, de una acidez tremenda y de gran cantidad de materiales pesados. No es que el BNG esté en contra de la actividad minera, lo que sí estamos en contra es de una actividad expoliadora”, ha incidido. La mina a cielo abierto situada entre los municipios de Touro y O Pino concentró su actividad entre los años 1973 y 1986.

En ese momento, según ha indicado Rivas, no hubo un plan de restauración de la zona, en la que se creó una “balsa y un bombeo” que “agudiza la presión contaminante que ejercen los restos”. 500 HECTÁREAS EN “PELIGRO” Ahora, el proyecto de reapertura de la mina -impulsado por la sociedad Explotaciones Gallegas y la multinacional Atalaya Mining y que ya ha dejado atrás la fase de alegaciones- ha generado una “alarma social”, ya que afecta a 669 hectáreas, de las que 500 son de uso agrario en una zona donde se asientan explotaciones ganaderas y varias queserías.

“Estamos hablando de actividades de transformación de las que el sector agrario está tan necesitado”, ha añadido Rivas, que ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que dichas hectáreas “queden afectadas para siempre”. Así las cosas, ha instado a que se establezca una “garantía” tanto por parte de la Administración gallega como de la empresa explotadora de la mina de que, una vez finalizada la actividad, el área sea “restaurada convenientemente”.

Fuente:http://noalamina.org/mundo/europa/item/37742-quieren-reactivar-la-mina-de-touro-a-coruna

Argentina

JUJUY: “Caminata por el Agua y la vida en nuestros Territorios»

La Asamblea de Comunidades Libres de Jujuy mantuvo   en “La Conejera” de la Comunidad El Antigal (Nación Tilian), un gran encuentro en el que se determinó realizar la segunda caminata “Por el agua y la vida en nuestros territorios”, tras analizar la problemática que atraviesan los originarios, principalmente en la lucha por las tierras y los recursos naturales. La movilización fue organizada por la Asamblea de Comunidades e Indígenas libres de Jujuy y tuvo como principal objetivo denunciar al gobierno provincial porque no respeta los derechos de los pueblos indígenas, contra la megaminería a cielo abierto y contaminante y el cese de todos los proyectos de megaminería a cielo abierto contaminante en Jujuy y la remediación de pasivos ambientales causadas por la minería y contra la criminalización por parte de la justicia a integrantes de las comunidades, entre otros puntos.

 

La caminata inició el 7 octubre por la noche en Abra Pampa, el día 8 estuvo en Hornaditas, el 9 a Humahuaca y Tilcara. El 10 llegó al cruce de Purmamarca, Tumbaya y Volcán. El 11 de octubre arribó a León, Lozano y Reyes y finalmente el 12  a San Salvador de Jujuy.  Pese a los 6 días de caminata, el Gobernador Morales no recibió a las comunidades. En esta nueva marcha además, se pide el cese de la violencia y hostigamiento hacia la abuela Laime y Claudina Laureano de la Nación Tilián, y a la comunidad de Tilquiza de la Nación Ocloya, como también para pedir la prórroga de la Ley nacional 26160 y por la derogación de la Ley provincial 5915.

Fuente:http://noalamina.org/argentina/jujuy/item/37751-jujuy-caminata-por-el-agua-y-la-vida-en-nuestros-territorios

 

 

 

Colombia

Alcaldía de Bucaramanga recoge firmas contra minería en Santurbán

Luego de la multitudinaria marcha en contra de la gran minería en los alrededores del páramo de Santurbán, la Alcaldía de Bucaramanga emprendió una nueva estrategia para acentuar la oposición a proyectos mineros en la provincia Soto Norte.

Se trata de la recolección de por lo menos 500 mil firmas para presentarlas como terceros intervinientes dentro del proceso de expedición de licencia ambiental solicitado por la multinacional Minesa para explotar oro en la provincia de Soto Norte.

“La figura del tercer interviniente es una figura jurídica que permite la Constitución en la que el Estado debe garantizar la participación de la comunidad dentro de un proceso que la puede afectar; este instrumento constitucional está publicado en la página de la Alcaldía, cualquier ciudadano lo puede firmar y lo hace llegar al despacho del Alcalde y nosotros le damos traslado del documento a la Anla ”, explicó el subsecretario del Interior, Ludwing Mantilla.

Con cada formato firmado el ciudadano le hace tres solicitudes a la Anla: que se le reconozca como tercer interviniente dentro del proceso de licenciamiento; confirmar su oposición al proyecto por no existir una certeza técnica de que no va a contaminar el agua potable de los bumangueses y solicitar una audiencia pública en el área metropolitana antes de pronunciarse sobre la expedición de la licencia.

“Cualquier persona mayor de edad residente en Colombia o el mundo, puede firmar el documento como tercer interviniente porque los recursos naturales no renovables no tiene un límite, por lo tanto, no tiene que ser residente del área metropolitana de Bucaramanga para solicitar ser amparado bajo este recurso”, agregó Mantilla.

El proceso de recolección por parte de la Alcaldía estará habilitado hasta el 15 de diciembre, para recoger las 500 mil firmas.

“La idea en sí es que todas esas personas que salieron a marchar el 6 de octubre tengamos una actuación activa dentro del proceso de licenciamiento yendo más allá de las multitudinarias marchas a través de las utilización de instrumentos de participación ciudadana como lo es el tercer interviniente”, puntualizó el subsercretario del Interior municipal.

Consultada sobre el tema, al cierre de esta edición Minesa no dio declaraciones al respecto, argumentando que no tenía el pleno conocimiento de la iniciativa que promueve la Alcaldía de Bucaramanga.

Las ventajas del tercer interviniente

Según la subsecreatría del Interior municipal, cartera encargada del proceso de recolección de firmas, una vez el ciudadano haya presentado la solicitud, la Anla tendrá que notificarle a cada uno de los firmantes que se han convertido en terceros intervinientes dentro del proceso de licenciamiento de explotación minera cerca a Santurbán que hace trámite en esa entidad.

“Además de sentar una posición en contra de la gran minería en Santurbán, los terceros intervinientes tienen acceso a las copias del proceso, pueden anexar y pedir pruebas, así como estar notificados de todas las actuaciones, es decir, dejar de ser un actor pasivo para ser parte interviniente del proceso de licenciamiento”, explicó Ludwing Mantilla.

Fuente:http://www.vanguardia.com/politica/412972-alcaldia-promueve-firmaton-en-contra-de-licencia-para-mineria

Brasil

La nueva amenaza para el Amazonas: la minería

Las extensas operaciones mineras en Brasil están destruyendo mucho más de lo que se pensaba, según el primer estudio exhaustivo sobre la deforestación minera en la selva tropical más grande del mundo. La investigación, publicada en Nature Communications, revela que la pérdida de bosques relacionados con la minería causó aproximadamente el 10 por ciento de toda la deforestación en la región entre 2005 y 2015, una cifra mucho más alta que las estimaciones anteriores.

El área que se ha perdido por la deforestación es mayor que toda Asturias, en total más de 11.000 km2. Para el estudio, los investigadores analizaron los cambios en el paisaje alrededor de las 50 minas activas más grandes de la Amazonía, analizando 10 años de datos de deforestación de la Agencia Espacial de Brasil (INPE).
Lo más sorprendente del estudio es que aproximadamente el 90% de la deforestación relacionada con la minería ocurrió fuera de las concesiones otorgadas por el gobierno de Brasil, extendiéndose hasta 70 km más allá de los límites de la mina.

«Estos resultados – explica Laura Sonter, autora principal del estudio –, muestran que la minería ahora se clasifica como una causa sustancial de la pérdida de bosques amazónicos. Las estimaciones previas suponían que la minería había causado tal vez uno o dos por ciento de la deforestación. Pero alcanzar el umbral del 10% es alarmante y justifica una acción inmediata».

De acuerdo con los autores, la infraestructura minera es clave, ya que precisa viviendas para trabajadores y nuevas rutas de transporte: carreteras, ferrocarriles y aeropuertos. Construidos por empresas mineras o desarrolladores, estas rutas también permiten otras formas de deforestación, incluida la agricultura, que sigue siendo la principal causa de la pérdida de bosques amazónicos.

Los hallazgos se publican cuando el gobierno de Brasil considera una legislación que facilitaría aún más las regulaciones ambientales y levantaría las restricciones a la minería en áreas indígenas y protegidas. Actualmente, cuando las empresas solicitan contratos de minería, no necesitan tener en cuenta los daños que sus operaciones pueden causar fuera del sitio que se explotará.

Fuente:http://www.quo.es/ciencia/la-nueva-amenaza-para-el-amazonas-la-mineria

Colombia

El Peñón votará si aprueba o no la actividad minera

A través de una consulta popular, los habitantes de El Penón (Santander) decidirán el próximo 5 de noviembre si permiten o no la exploración y explotación minera en el municipio.

“Estos encuentros denotan planeación y prevención para adelantar unas acciones tranquilas, con todas las condiciones de seguridad para elegir libremente”, afirmó Manuel Ricardo Sorzano Romero, secretario del Interior de Santander.

El Peñón se convierte en el tercer municipio santandereano que acude a la consulta popular que defina la posición de sus habitantes ante la minería, luego de Jesús María y Sucre, donde el resultado fue un rotundo “No” a este tipo de trabajos.

Aunque en el país ya son varias las poblaciones que se han unido por medio de jornadas electorales para manifestar su desaprobación a la actividad minera, Germán Arce, Ministro de Minas y Energía, ha asegurado que estas consultas no pueden ir en contra de la norma que permite ciertos trabajos, la cuales solo se podrían cambiar en el Congreso.

La jornada electoral

Para la consulta popular se contará con 14 mesas y 10 estaciones de control biométrico, así como la presencia de la fuerza pública que pretende garantizar la seguridad y el libre ejer-cicio al voto.

“Somos una gobernación objetiva e imparcial frente a estos procesos, ya hemos adelantado dos en Sucre y Jesús María y así va a ser en El Peñon, garantizaremos que voten tran-quilamente”, añadió Sorzano Romero.

Fuente:http://www.vanguardia.com/economia/local/412417-el-penon-votara-si-aprueba-o-no-la-actividad-minera

Mexico

La minería canadiense despoja a los pueblos indígenas y campesinos

Mensaje de la REMA a Justin Trudeau: La minería canadiense despoja a los pueblos indígenas y campesinos. Ante la visita del presidente de Canadá Justin Trudeau a México, la Red Mexicana de Afectados por la Minería,  le exige detener y retirar la invasión de las empresas mineras canadienses en ese país.

Fuente: Biodiversidad en América Latina y el Caribe

Ciudad de México, a 11 de octubre de 2017

El primer ministro de Canadá Justin Trudeau, se ha presentado a la sociedad internacional como un demócrata, defensor de las libertades y los derechos humanos, e incluso ha declarado su compromiso con el cumplimiento de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, aunque hay que señalar lo ha hecho apoyado en una tenue postura que considera una interpretación dentro de los alcances que permita la constitución canadiense, lo cual no es cosa menor, menos aún si Canadá continua negándose a ratificar el convenio 169 de la OIT y respetar la auto-determinación de los pueblos indígenas en la práctica.

Su visita a nuestro país ha sido anunciada como una oportunidad para fortalecer los lazos comerciales entre México y Canadá, lo que significa una mala noticia para los pueblos y comunidades indígenas quienes están siendo severamente afectados principalmente por la actividad minera canadiense, hoy convertida en el inversionista extranjero minero más importante del mundo y para México, a tal grado que se estima del total de empresas mineras extranjeras que hay, el 65% se encuentran inscritas en Canadá. Específicamente para Canadá, México se volvió el segundo país más importante para las empresas mineras canadienses que operan en el mundo, después de los EE.UU., lo cual no es menor ya que del total de activos mineros canadienses que tiene a nivel mundial, el 11.3% se encuentran adscritos en México.

El poder ejercido por la minería canadiense en toda la región latinoamericana ha sido fomentado abiertamente y arbitrariamente por todo su cuerpo diplomático según su política de la “diplomacia económica” a través de las embajadas, quienes como buenos colonialistas, continúan ponderando el racismo y odio hacia los pueblos indígenas y campesinos cuando, por un lado fomentan la inversión para la minería, al mismo tiempo que emiten alertas a sus ciudadanos turistas que transitan en México para que se abstengan de visitar, por ejemplo; el estado de Guerrero -sitio de gran inversión de la
minería canadiense-, por la violencia y riesgos que se viven en esa zona.

Es una realidad el peso político y financiero de las empresas mineras y el gobierno canadiense en el tema minero, a tal grado que son participes influyentes en la promoción de reformas constitucionales, de leyes y de reglamentos del ramo para facilitar la llegada de inversiones, pero también para adelgazar u obviar, la restitución de daños, el pago de impuestos o de plano suprimir cualquier aspecto que afecte su relación de ganancias.

Esto en México ha generado una legislación inconstitucional y violatoria de derechos humanos, porque entre otros aspectos, se considera a la minería como actividad preferente por sobre cualquier otra susceptible de aprovechamiento, aunque está literalmente desarrollada por privados es considerada de utilidad pública, que sólo ha significado el despojo y desplazamiento forzado de los legítimos propietarios y cuando estos últimos pretenden defender sus derechos, estos le son totalmente negados por las propias empresas de forma directa o a través de sus estructuras de fuerza ilegales o en total contubernio con diversos actores del gobierno mexicano.

Daños a la salud, contaminación y destrucción ambiental, criminalización de la protesta social, amenazas, hostigamiento, campañas de desprestigio, persecución, detenciones arbitrarias y el asesinato de defensoras y defensores son la fórmula de progreso y desarrollo que trae la inversión minera canadiense a nuestro país, aunque para contrarrestar su brutalidad, siempre están ponderando en los medios y en las estructuras de poder, su compromiso con los códigos de responsabilidad social corporativa, de certificación de industria limpia o de buen uso del cianuro, o su inscripción a sus absurdos estándares de “oro libre de conflictos” que son avalados y certificados por instancias que en su mayoría han sido creadas por el mismo sector empresarial.

Para corroborar el despojo, saqueo, desplazamiento y violencia que viven los pueblos causados por empresas mineras canadienses, basta visitar las comunidades de Carrizalillo y Nuevo Balsas en Guerrero, de Salaverna y Mazapil en Zacatecas, las de Sierra Norte en Puebla o Tetlama en Morelos, o La Sierrita de Galeana en Durango, además de Chicomuselo, Chiapas, lugar en donde fue asesinado Mariano Abarca por oponerse a una empresa minera canadiense, hecho que fue avisado y monitoreado previamente a su asesinato por la propia embajada de Canadá en México.

Las violaciones de las empresas canadienses son constantes, repetitivas y siempre apuntan por lo menos en contra de los derechos humanos al territorio, a la propiedad, al medio ambiente sano, a la participación, a la consulta y el consentimiento, a la legalidad y seguridad jurídica por ejemplo; cuando una misma empresa (Goldcorp) muestra un patrón delictivo al comprar tierras de uso común de forma recurrente y cínica como lo hizo en Carrizalillo, Guerrero y, tres años después, en Mazapil, Zacatecas. Hoy, del total de los proyectos mineros en México, las empresas canadienses operan 65%, o más de 850
proyectos que se encuentran en fase de exploración, desarrollo y explotación.

Habrá que decirle al Sr. Justin Trudeau, que la inversión minera de su país lo único que nos garantiza es el despojo y el riesgo potencial de que miles y miles de comunidades y personas pierdan para siempre su cultura e identidad por la destrucción del territorio; garantiza también el ingreso del crimen organizado aunque sus empresas estén inscritas en el pomposo estándar de oro libre de conflictos, se garantiza también el incremento de la violencia, la represión y la criminalización de quienes defienden sus territorios y la vida.

En ese contexto, desde REMA al gobierno canadiense le exigimos detenga la operación institucional y política proporcionada a través de sus aparatos diplomáticos para que la inversión de privados canadienses acumulen riqueza por medio del despojo; exigimos también dejen de impulsar políticas y proyectos de leyes laxas para con el cumplimiento de la legalidad de dichas empresas mineras, entre ellas las conocidas como Responsabilidad Social Empresarial o marcos de códigos voluntarios, y no de exigencia y cumplimiento obligatorio; y en vez de ello urge se pondere la rendición de cuentas para detener las constantes atrocidades e ilegalidades en contra de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas.

Por otra parte, más allá de las cuentas alegres que desde los sectores empresariales y gobernantes promulgan favor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), este solamente ha servido para legalizar el despojo, acumular más riqueza de los sectores ya enriquecidos, generar un desplazamiento paulatino tanto de los productos como de las economías locales, para crear una nueva de acumulación y control del capital, un
incremento de los procesos para desregular la propiedad de la tierra, de tal forma que diluyen la protección del interés y la utilidad pública y en cambio se valide el saqueo de privados. En resumen, el principal propósito del Tratado de Libre Comercio entre México, EE.UU. y Canadá ha sido desaparecer el campo y a los campesinos.

Para finalizar al Sr. Trudeau, queremos recordarle que hace más de un año (el 26 de abril del 2016), varias organizaciones le enviamos una carta a la cual le solicitábamos su amable atención, justo para revisar el contexto de las violaciones de las empresas canadienses, en México y Latinoamérica, aprovechando su recién ingreso como ministro, en el cual usted y su partido manifestó gestos de apoyo a los derechos humanos. No obstante, hasta la fecha no hemos tenido respuesta a la carta, ni tampoco hemos visto acciones concretas por proteger los derechos humanos.

LA INVERSIÓN MINERA CANADIENSE DESTRUYE NUESTRO PAÍS
LAS EMPRESAS MINERAS CANADIENSES VIOLAN
LOS DERECHOS HUMANOS
¡POR TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA

FUENTE: http://noalamina.org/latinoamerica/mexico/item/37747-la-mineria-canadiense-despoja-a-los-pueblos-indigenas-y-campesinos
Ecuador

Agresiones y amenazas a la comunidad de Río Blanco por defender los derechos humanos y de la naturaleza

Son 64 días de resistencia contra la minería industrial por parte de moradores de Rio Blanco, comunidad ubicada en la parroquia Molleturo de la provincia del Azuay. Las concesiones mineras otorgadas a la empresa transnacional china Junefield Resources Ecuador (Ecuagoldmining), se encuentran en el bosque protector Molleturo-Mollpungo colindante con el Parque Nacional Cajas, y afectarán fuentes y reservas de agua.

Miembros de organizaciones ambientales, de derechos humanos y diversos delegados de las provincia de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Manabí, El Oro, Zamora Chinchipe y Azuay llegamos a la comunidad en apoyo a moradores de Río
Blanco, en el marco del Encuentro Nacional de comunidades y organizaciones en resistencia frente al otorgamiento de cientos de concesiones a nivel nacional.

Se presentaron mapas que visibilizan las miles de hectáreas concesionadas para operaciones mineras, sin consulta previa, libre e informada a las comunidades, en provincias de Carchi, Azuay, Cotopaxi y Esmeraldas, incluido el territorio del
pueblo indígena Awá.

Durante el encuentro, Andrés Durazno y Mónica Guarango, dirigentes de la comunidad Río Blanco, dieron testimonio de los hechos de violencia sufridos el 8 y 9 de octubre, por parte de la guardia privada de la empresa china. Durante la noche, fueron embestidos por un grupo de hombres que les insultaron, amenazaron y lanzaron piedras al techo de su casa hasta perforarlo; sin importar que en el interior se encontraban niños, adultos mayores y mujeres.

Mónica Guarango, relató que piedras grandes perforaron el techo de zinc de la casa y aunque
no cayeron sobre ninguna persona fueron momentos de pánico e impotencia.Las delegaciones presentes nos acercamos a la caseta de vigilancia de la empresa minera china y exigimos el cese de las agresiones y hostigamiento de las que son víctimas los moradores de Río Blanco.
Fuimos testigos de cómo miembros de la Policial Nacional, protegen la entrada de la mina y los intereses de la empresa transnacional china, en vez de la integridad y seguridad de los pobladores agredidos.

CEDENMA se solidariza con la población de Río Blanco que exige la salida de esta empresa minera. Denunciamos la violación de derechos humanos a defensores del páramo, amenazados y agredidos por personal encapuchado de seguridad privada de la empresa
minera china, con el respaldo de la Policía Nacional. Agresiones que fueron denunciadas ante la Fiscalía.

Responsabilizamos al Gobierno Nacional, a las autoridades competentes de proteger y garantizar la seguridad de los moradores de Río Blanco, y a los miembros de la Policía Nacional que resguardan en campamento minero, de cualquier hecho de violencia que pueda
ocurrir en este territorio.

Exigimos al Gobierno nacional realizar las investigaciones pertinentes y tomar las medidas necesarias para evitar que se repitan hechos similares. Estaremos vigilantes ante cualquier hecho que pueda poner en riesgo la integridad de los moradores de Río Blanco, para
denunciar en instancias nacionales e internacionales de ser el caso.

¡Basta de violencia por defender el territorio de la minería industrial!

Internacional

Investigadores británicos aseguran que la minería y los diques pueden causar terremotos

La explotación minera o la construcción de grandes embalses son las actividades humanas que más influyen a la hora de que se desencadene un terremoto, según una investigación publicada en las “Seismological Research Letters”.

Además, en los últimos años también es notable la influencia del fracking (fractura hidráulica) en la actividad sísmica, señala el equipo de expertos liderado por Miles Wilson, de la universidad británica de Durham.

Aunque en la mayoría de casos la actividad humana sólo causa sacudidas relativamente ligeras, en otros las consecuencias pueden llegar a generar potentes sismos. Así sucedió en China, cuando la construcción de una presa desencadenó un terremoto de magnitud 7,9, apuntan. Aunque en estos casos, la actividad humana supone sólo el detonante.

Wilson y su equipo han puesto en marcha la base de datos de libre acceso “HiQuake”, una actualización de otra ya existente. La iniciativa fue iniciada y cofinanciada por la gasística y petrolera neerlandesa Nederlandse Aardolie Maatschappij y en él reúnen todo tipo de artículos, revistas, informes de congresos o noticias relacionadas con el tema.

Actualmente, la base de datos da cuenta de 730 proyectos que causaron actividad sísmica.

No obstante, los investigadores creen que la cifra de terremotos ocurridos por intervención del hombre es mayor, sólo que en muchos casos no se tuvo en cuenta o no hubo repercusión.

Además de las causas ya mencionadas, entre las causas no naturales de los sismos figuran las perforaciones para obtener energía geotérmica, la construcción de rascacielos o la explosión de armas nucleares. De hecho, los ensayos nucleares realizados por Corea del Norte son detectados en el extranjero a causa de las sacudidas sísmicas que ocasionan.

“Toda actividad humana que añade o elimina masa influye en las fuerzas que interactúan en la corteza terrestre”, afirma Wilson. “Por tanto, no debería sorprendernos que la tierra reaccione a estas alteraciones. Y, a veces, la reacción puede ser un terremoto”.

Su objetivo con la creación de esta base de datos es, sobre todo, entender mejor la relación causa-consecuencia de la actividad humana en los movimientos sísmicos y poder valorar mejor los potenciales peligros en el futuro.

No obstante, reconocen que la base de datos tiene sus limitaciones científicas, pues hay informaciones de hace unos 150 años difícilmente contrastables y se incluyen, sin excepción, todos los terremotos supuestamente causados por el hombre.

Por eso, señalan, su deseo es que sea el usuario de la base de datos quien saque sus conclusiones sobre los riesgos que entraña la actividad humana.

FUENTE: http://movimientom4.org/2017/10/investigadores-britanicos-aseguran-que-la-mineria-y-los-diques-pueden-causar-terremotos/