Bolivia

El avance silencioso de China sobre Bolivia

“En toda la provincia de Nor Carangas se perciben los efectos dañinos de la mina al medio ambiente y a la salud. Las fuentes del río Sallala se han secado. Desde hace varias generaciones nos dedicamos a la crianza de llamas. Es nuestra fuente de ingresos. Sin embargo, si los recursos hídricos desaparecen… el agua es salud, el agua es vida. Estamos muy preocupados por nuestro futuro y no estamos recibiendo ni un centavo de las ganancias.”

Con este conmovedor discurso, Wálter Gutiérrez Calle, de Andapata, (una comunidad en el departamento de Oruro), quiere llamar la atención sobre los problemas que su pueblo empieza a sufrir, causados por la explotación minera de cobre. Ha sido invitado por varias instituciones, que trabajan con el tema de afectación ambiental por procesos extractivos, a un simposio1 en Cochabamba sobre los derechos humanos, empresas transnacionales y la hegemonía china, para hablar sobre la expansión minera en América Latina.

El municipio de Choquecota, el pueblo de origen de Wálter, está ubicado en una región aislada en la parte occidental de Bolivia, cerca de la frontera chilena. Los habitantes de Choquecota son los indígenas del Suyu J’acha Carangas. Este grupo étnico se dedica a la agricultura a pequeña escala y a la cría de ganado. La cría de llamas es la mayor fuente de ingresos de las comunidades que viven en el inhóspito altiplano. Hace algunos años, el poder del capital chino ha ingresado en la región y amenaza el modo de vida tradicional. La empresa minera D-Cobre S.A. inició sus operaciones de extracción de cobre hace 5 años. Ahora quiere abrir una segunda mina en el límite entre los municipios de Turco y de Choquecota. Es una empresa boliviana, aunque el 70%2 de las inversiones provienen de inversores chinos.

Operaciones mineras chinas ocultadas

La región ya está acostumbrada a la minería a pequeña escala, pero nunca ha visto la minería industrial de tales proporciones llevada a cabo por D-Cobre S.A. El primer proyecto ‘Cuprita’ abarca unas 500 hectáreas. La creación de la segunda mina añade otras 900 hectáreas cerca de la comunidad de Andapata, donde vive Wálter. Hasta hace poco, los habitantes del pueblo ni estaban al corriente de las actividades mineras de D-Cobre S.A. en su región. Muchos de ellos se han enterado por primera vez de la minería a gran escala hace tan solo seis meses. En ese momento se puso en marcha el proceso de consulta previa de la población local, como es obligatorio por ley antes de que se abra una nueva mina.

Victoria, una joven activista medioambiental originaria de esta región, explica en una entrevista el orígen de la consulta previa. La empresa minera que se introdujo en la zona en 2012 trabajaba en secreto: “Nadie lo sabía. No era información pública y nunca se ha pedido permiso». En 2014 se adoptó una nueva ley que obliga a las empresas realizar una consulta previa de la población local antes de iniciar nuevas operaciones. “Sin embargo, esta ley no se aplica a las concesiones ya otorgadas en años anteriores, las cuales ya no se pueden retirar”, añade Victoria. Ya que la región está aislada y no hay la presencia de organizaciones independientes que monitoreen el impacto social y ambiental de los proyectos mineros, las empresas en Choquecota pueden proseguir sus actividades sin molestia.

La consulta previa sobre la expansión del proyecto con ‘Cuprita 2’, una segunda mina de cobre a cielo abierto, fue organizado en Andapata, la comunidad de orígen de Victoria. Ella explica que la empresa se aprovecha de la falta de conocimiento de las comunidades acerca de las consecuencias de la minería. “Se está presionando a la población local. Les dicen que tienen que decidir en breve si están a favor de la minería, pero la población no tiene conocimiento previo. Nunca se ha discutido el proyecto en detalle y no han sido informados sobre los efectos negativos que puede ejercer sobre su medio ambiente. Además, dicen que están haciéndoles un favor porque van a traer desarrollo a la región. De este modo intentan engañarlos a la hora de las consultas previas”.

Escasez de agua y contaminación

La minería a cielo abierto tiene un efecto negativo incontestable en el medio ambiente, ya que se crea un tajo en la superficie utilizando explosivos. Además, se hace uso de ácido sulfúrico o ácido clorhídrico para la extracción de cobre. Estas sustancias químicas y tóxicas sirven como imán para atraer las partículas de metal. Muchas veces no se guarda el agua residual conforme a las leyes de seguridad para ahorrar dinero. Cuando aparecen grietas en las presas, grandes concentraciones de los ácidos y los metales pesados se mezclan con el agua subterránea. Esto puede ser mortal para los humanos, los animales y el medio ambiente. Reduce la biodiversidad en la región afectada, perturba la agricultura y conlleva peligros sanitarios tremendos.3

En su discurso, Wálter también evoca el desecamiento de los recursos hídricos. A consecuencia del calentamiento global, los glaciares en los Andes se derriten rápidamente.4 Durante la temporada seca, los bolivianos en el altiplano dependen fuertemente del agua de deshielo de estos glaciares. A finales del año pasado, que fue el más seco en Bolivia de los últimos 25 años,5 miles de habitantes protestaron en La Paz contra el déficit de agua.6 Gran parte del agua que queda es utilizada por la industria minera. Cada día se gasta 10.000 metros cúbicos de agua en la minería. Es el doble de la cantidad de agua utilizada cada día por los habitantes de La Paz.7 El gran Lago Popoó ubicado al sur de Oruro, cerca de Choquecota, ya se ha secado completamente. Esto de debe parcialmente al cambio climático, pero tambien a la minería en la zona en cual se usa grandes cantidades de agua.8 Se habla poco en Bolivia sobre la minería como una de las causas principales del déficit de agua y no ha sido reconocido como causa de los conflictos sobre el agua por la administración boliviana, que colabora con las empresas mineras.

Luz verde a la expansión a pesar del voto en contra

Victoria y los activistas del colectivo WasiPacha9 han organizado un taller en Andapata con el objetivo de informar a la comunidad local sobre las consecuencias de la minería de cobre y sobre los derechos de las comunidades originarias. Tenían la esperanza que este taller reforzara el posicionamiento de los comunarios durante la consulta popular. El taller parece haber alcanzado el objetivo. Durante la última reunión de la consulta previa se rechazó el proyecto definitivamente: “Rechazamos la implementación de proyectos mineros en base a los potenciales daños ecológicos, sociales y culturales que puede causar».10

A inicios de octubre se ha revelado que, a pesar de que varias comunas han votado en contra del proyecto durante las consultas previas, la expansión de la mina de cobre está siendo aprobada por el ministerio de minería. Conforme a la ley minera de 2014, el resultado de las consultas populares obligatorias no determina la decisión final. Las consultas previas son entonces una mera formalidad que tiene que ser cumplida por las empresas para informar a los habitantes. Uno se puede preguntar sobre el sentido de una consulta previa si el resultado no es vinculante. El ministerio de minería siempre tiene el poder final y defenderá en casi todos los casos los intereses de la industria minera. El gobierno boliviano tiene fuertes vínculos con la industria extractiva, ya que el modelo de desarrollo boliviano se basa en ello.11

Expansión china en América Latina

Los problemas ambientales que surgen en las comunidades J’acha Carangas a causa de la minería china y la violación de sus derechos por las empresas no son únicos. América Latina se ha convertido durante los últimos años en un destino muy importante para los inversores chinos.12 La expansión china en el continente se extiende cada vez más rápidamente y concierne sobre todo a sectores con efectos negativos en el medio ambiente: hidrocarburos, minería y agroindustria.13 En Perú, el 40% de los proyectos mineros son controlados por empresas chinas. En Ecuador, las empresas se dedican a la explotación de petróleo en el Amazonas. Dichos proyectos causan daños a nivel social y ecológico y causan muchos conflictos. Una de las conclusiones del simposio en Cochabamba es: el gobierno boliviano facilita progresivamente la extracción de materias primas por las empresas chinas, por lo que dominan cada vez más el sector minero.

Sin embargo, en Occidente también tenemos una responsabilidad en cuanto a los abusos de la minería de cobre. El cobre es una materia relativamente barata que se usa para el transporte de electricidad en coches, redes de telecomunicación y computadores. Es el principal mineral extraído por las empresas chinas en América Latina,14 en primer lugar para la producción china de electrónica, destinados a los mercados de la UE.

Fuente:http://catapa.be/es/noticias/el-avance-silencioso-de-china-sobre-bolivia

Perú

Dirigentes de Huancabamba y Ayabaca reiteran que Minera Río Blanco no tiene autorización de comunidades propietarias para operar

En el marco del Foro Público “Riesgos e impactos del proyecto minero Río Blanco y alternativas al desarrollo” que se realizará día viernes 20 de noviembre desde las 5:30 pm. en el auditorio de la Universidad Nacional de Piura, se presentará la problemática del Proyecto Río Blanco. Participan de este panel los representantes de las Comunidades y Rondas Campesinas de Huancabamba y Ayabaca, para hacer pública su denuncia sobre la presencia ilegal de la empresa Minera Río Blanco en sus localidades.

La empresa Minera Rio Blanco Copper S.A., subsidiaria de la empresa minera china Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation, que está a cargo del proyecto Minero Río Blanco, no cuenta hasta la fecha con las autorizaciones de las asambleas comunales de las Comunidades Campesinas de Segunda y Cajas de Huancabamba ni de Yanta de Ayabaca, para realizar actividad minera alguna en tierras de su propiedad. Por el contrario, dicha empresa se ha comportado de manera arbitraria con las comunidades. «Los dirigentes de la zona de influencia han sido perseguidos y se les ha criminalizado por defender las nacientes de agua de los páramos en Piura», afirmó Rubén Jiménez Carrión, presidente de las Rondas campesinas de Ayabaca. Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation, además, pagó una reparación civil por el secuestro y tortura de comuneros.

 

Los dirigentes de las comunidades y rondas campesinas, también, se pronunciarán en torno al proyecto de Proyecto de Ley N° 1910/2017-CR del congresista piurano de la bancada de Fuerza popular Luis López, que busca facilitar la titulación de tierras en Piura, que en el fondo no buscaría favorecer a las comunidades, sino que estaría aprovechando el nuevo marco legal para eliminar las garantías a las tierras comunales, y favorecer con ello intereses económicos, como el de la minería.

 

El nuevo marco normativo con las Leyes 30230 y 30327, los Decretos Legislativos 1192 y 1333, y el proyecto de ley 1718 en discusión en el Congreso, perjudica a las comunidades, con medidas como facilitar a los titulares de concesiones mineras, y proyectos de gran envergadura y de infraestructura, el acceso a propiedad de la tierra con el saneamiento físico legal, incluso convocado a través del recientemente creado APIP a las Asambleas Comunales para tomar decisiones sobre disposición de tierras, afectando la autonomía comunitaria. Ya las comunidades de Piura han emitido un pronunciamiento donde advierten del daño que puede causarle a la propiedad de sus tierras.

Cabe recordar que Piura es una región rica en recursos naturales, los páramos y bosques de neblina que se encuentran entre Huancabamba y Ayabaca, son ecosistemas que captan el agua de la lluvia y humedad, y generan las nacientes de los principales ríos de toda la región. Brindan el recurso hídrico para actividades económicas sostenibles que dan la mayor parte de los puestos de trabajo locales, como agricultura, ganadería y turismo sostenible.El páramo y los bosques de neblina de Piura, tienen una gran biodiversidad que alberga especies en extinción como el oso de anteojos, tapir de montaña y la pava aliblanca, entre otras variedades, y especies de flora endémicas y en serio riesgo por actividades no sostenibles.Durante el Foro se realizará una reflexión alrededor del valor de los páramos y las alternativas de desarrollo sostenible que hay en la región, participando el secretario ejecutivo de Red Muqui, Javier Jahncke, y Martín Scurrah, de RedGe.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/644-dirigentes-de-huancabamba-y-ayabaca-reiteran-que-minera-rio-blanco-no-tiene-autorizacion-de-comunidades-propietarias-para-operar
Brasil

La Amazonia víctima de la explotación minera

Este tipo de actividad en la Amazonia siempre ha despertado la preocupación de los grupos ecologistas. Ahora, un estudio de la revista la revista Nature Communications revela que la deforestación es aún más grave de lo que se creía.

A la tierra le están extirpando medio pulmón y, tal y como están las cosas, nosotros diríamos que lo va a echar en falta. ¿La enfermedad? La sobreexplotación de los recursos mineros. El control sobre este tipo de actividad se lleva a cabo, naturalmente, dentro de los límites de la legalidad permitida por el Gobierno de Brasil. El problema es que se ha descubierto que “cerca del  90 % de la deforestación relacionada con la minería se ha registrado fuera de los espacios mineros habilitados por el Gobierno de Brasil”, según han explicado los científicos que han participado en el estudio.

Esto significa que la pérdida de masa forestal fuera de los límites permitidos para la minería duplica a la del área minera del gobierno. En total, un radio de 70 kilómetro de zona deforestada. A ello contribuye toda la infraestructura necesaria para la minería, desde las propias minas hasta las viviendas necesarias para alojar a los trabajadores. Todo opera contra este ecosistema.

La pérdida de los bosques

La Amazonia es uno de los espacios naturales más importantes para el equilibrio del planeta. Como selva tropical, es el hábitat de una gran variedad de especies animales y vegetales, elimina un gran porcentaje del dióxido de carbono mediante la fotosíntesis de sus plantas y regula el clima.

En una situación de alerta climática como la que vivimos, talar árboles de este lugar supone para el futuro de la humanidad lo mismo que supondría para el de un solo hombre sustituir el azúcar por arsénico en el café.

Perú

Sociedad de Minera arremete contra la normatividad ambiental y la institucionalidad del País

En la famosa conferencia anual de minería, PERUMIN, el grupo de empresarios mineros nuevamente enfiló sus armas contra normatividad ambiental básica de este país, y de paso contra la institucionalidad que, aunque débil, todavía tiene este Estado.

 

Cuestionaron la aprobación de la Ley 30640, norma que no dispone sino una cosa fundamental, da un plazo de un año a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para que desarrolle el marco metodológico necesario para determinar qué es una cabecera de cuenca y cómo delimitarlas. Esta norma viene a ser absolutamente pertinente ya que pese a que las cabeceras de cuenca están estipuladas en el Art. 75 de la Ley de Recursos Hídricos, e incluso el Estado se ha comprometido a su protección por reconocerlas como zonas ambientalmente vulnerables, nunca ha procedido a identificarlas. Esta falta de regulación ha abonado también a los conflictos socioambientales surgidos, pues en todos ellos se discute si los megaproyectos están o no en cabecera de cuenca.

 

La Sociedad Nacional de Minería y Petróleo se ha manifestado en contra de este proyecto, calificándolo como una seria amenaza para la inversión minera, mostrándose en contra de su aplicación, pretendiendo atentar así no solo contra la normatividad ambiental que este país desarrolla, sino contra la institucionalidad misma, pues cuestionan una ley aprobada por unanimidad en el Congreso de la República y promulgada por el propio Presidente.

 

Vale la pena recordar que la aprobación de esta norma duró muchos meses, y fue consultada a las autoridades competentes, quienes dieron su anuencia; también se le dio oportunidad al sector minero de opinar, hecho que omitió. Por ello, es inaudito que a estas alturas se pretendan imponer, cuestionando tal Ley y sugiriendo no aplicarla.

 

Fuente:http://www.conflictosmineros.org.pe/?q=noticias/02/10/2017/sociedad-de-miner-arremete-contra-la-normatividad-ambiental-y-la

Bolivia

Feria Socio-ambiental por el agua, la alimentación y la vida.

Con paneles informativos, exposición de productos, artesanías, música, proyección de videos y con la degustación de platos de la región, de realizó la Feria socio ambiental por el agua, la alimentación y la vida.
El Colectivo CASA y la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT) hicieron énfasis en la valoración de las fuentes de agua, la importancia de la producción en el campo para la alimentación en las ciudades y mostraron las razones por las cuales las mujeres  defienden el territorio frente al despojo de agua y la violencia medioambiental que genera la minería.
Mujeres de las comunidades de Realenga, Poopó, El Choro, Totoral, Challapata, Coro Coro, Panacachi entre otras comunidades, a tiempo de conmemorar el Día Internacional de la Alimentación y el Día Nacional del Agua próximo a recordarse el 29 de octubre, recalcaron que hay mucha producción en las comunidades, que se requiere remediación ambiental y la protección de las fuentes de agua.
“Challapata fue declarada zona agrícola, ganadera e industrial lechera del departamento de Oruro, Realenga tiene producción lechera y de derivados lácteos pero a la vez demandan defensivos para el rio Huanuni para evitar cualquier riesgo de contaminación, El Choro se caracteriza por ser la capital ovina del departamento de Oruro cuenta con razas mejoradas sin embargo afronta un serio problema de escasez de agua, Poopó que se ha visto despojado de sus fuentes de agua por la contaminación minera” señalo Angela Cuenca Coordinadora del Colectivo CASA.
“Las mujeres sostenemos la vida, producimos, trabajamos en el campo  y por ello cuidamos a la Madre Tierra, en procesos de resistencia y demandamos la atención inmediata a los casos de violencia medioambiental contra las mujeres y mostrar que es posible la producción sin contaminación” dijo Margarita Aquino Coordinadora de RENAMAT.
Fuente:https://oiedc.blogspot.cl/2017/10/con-paneles-informativos-exposicion-de.html
Perú

ALERTA – Cusco: Con poca transparencia, avanza proyecto Coroccohuayco

Poca transparencia. Esta semana, los días 17 y 18 de octubre, la Compañía Minera Antapaccay ha realizado los talleres informativos necesarios para la aprobación de la llamada “Integración Coroccohuayco”. Los talleres se han llevado a cabo en las comunidades de Huano Huano y Paccopata, en la provincia de Espinar (Cusco). Sin embargo, el proceso está marcado por su poca transparencia y la información sobre los estudios ambientales ni siquiera está disponible en la web del Ministerio de Energía y Minas.

Una sencilla búsqueda en el sistema de información en línea del MINEM –que está vinculado al del SENACE- permite encontrar que ya han sido aprobados los términos de referencia del documento “Modificación del EIA – Proyecto Antapaccay Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco”. Sin embargo, al hacer click en la opción “Consultar estudio” encontramos que no está disponible el documento, por lo cual no es posible conocer el contenido del mismo, ni sus componentes, ni siquiera su fecha de aprobación. En julio el OCM realizó una búsqueda similar y dicha aprobación aún no figuraba, por lo que este debe ser un hecho reciente.

En el sistema de información en línea no está el documento que figura como «aprobado»

La empresa y el Estado ya están dando los primeros pasos para concretar la explotación de Coroccohuayco, pero no hay ninguna información de ello en la web ni en los medios oficiales, destacando la poca transparencia de este proceso. No se está cumpliendo con el sistema de transparencia e información en línea que prometió el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE).

Lo único que encontramos es una carta en la que el SENACE informa a la empresa que, a solicitud de la misma, no considerará como “exigible” el acompañamiento en la etapa de elaboración de la Línea de Base. Es decir, la autoridad responsable autoriza a la empresa a realizar ella sola esta etapa del estudio.
Esta denominada “integración” viene generando dudas en la población local debido a la escasa información existente. La empresa ya opera en la zona los tajos Tintaya y Antapaccay, y aspira ampliar sus operaciones con este nuevo tajo Coroccohuayco, pero sin elaborar un Estudio de Impacto Ambiental independiente, pues señala que sólo se “integrará” y utilizará la infraestructura que ya existe en Antapaccay.

Fuentes de la zona han informado que “hay una reacción de las propias comunidades que en rechazo no están asistiendo (a los talleres realizados por la empresa) y sólo están logrando reunir a sus allegados. (Es el) caso de la comunidad Huano Huano: de 500 comuneros hábiles sólo asistieron 50, por tanto no hay quórum de ninguna manera”. El ex alcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca, ha señalado que “debe abrirse un proceso serio de aceptación o rechazo al proyecto según la evaluación libre e informada que debe practicar todos los estamentos de la sociedad espinarense”.

Una de las dudas es qué va a pasar con las poblaciones nuevas que se van a ver afectadas por este proyecto, y si va a ser necesaria una reubicación de la población. Todo ello, considerando que esta es una zona indígena, lo que ya ha sido reconocido por el propio Estado en la base de datos de pueblos indígenas del Ministerio de Cultura. ¿Va a haber consulta previa?

Estas dudas y preocupaciones no se están tomando en cuenta a pesar de que ya ha habido conflictos en la zona y que, según información oficial y reconocida por el Estado, existe una muy grave contaminación por metales pesados en Espinar, la misma que está asociada a las zonas de presencia de la actividad minera. Meses atrás, comunidades de la zona ya se han pronunciado exigiendo que la empresa “se abstenga de ejecutar cualquier actividad de exploración y estudios específicos en el proyecto Coroccohuayco en tanto no exista compromiso formal respecto de las medidas de contingencia, resarcimiento e indemnización por los daños ambientales y sociales”.

Fuente:http://www.conflictosmineros.org.pe/?q=alertas/19/10/2017/alerta-cusco-con-poca-transparencia-avanza-proyecto-coroccohuayco

Mexico

Exigen frenar actividad minera en Ixtacamixtlan

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) exigió al gobierno canadiense detener la operación institucional y política proporcionada a través de sus aparatos diplomáticos para la inversión de activos privados canadienses que promueven el despojo, a propósito de la visita del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, a nuestro país.

Además del impacto generado por Almaden Minerals en el municipio, el Consejo Tiyat Tlali, integrante de Rema, también sumó la exigencia de dejar de impulsar políticas y proyectos con leyes laxas en cuanto el cumplimiento de la legalidad de empresas mineras canadienses, entre ellas las conocidas como Responsabilidad Social Empresarial o marcos de códigos voluntarios.

En vez de ello, urge se pondere la rendición de cuentas para detener las violaciones a los derechos humanos de pueblos y comunidades indígenas y campesinas.  “Canadá continua negándose a ratificar el convenio 169 de la OIT y respetar la auto-determinación de los pueblos indígenas en la práctica”, criticó Rema través de un comunicado.

Asimismo, se señaló que la visita del primer ministro canadiense fue anunciada como una oportunidad para fortalecer los lazos comerciales entre México y Canadá, lo que significa una mala noticia para los pueblos y comunidades indígenas afectadas por la actividad minera canadiense; se estima que del total de empresas mineras extranjeras, el 65 por ciento se encuentran inscritas en Canadá.

“Daños a la salud, contaminación y destrucción ambiental, criminalización de la protesta social, amenazas, hostigamiento, campañas de desprestigio, persecución, detenciones arbitrarias y el asesinato de defensoras y defensores son la fórmula de progreso y desarrollo que trae la inversión minera canadiense a nuestro país, aunque para contrarrestar su brutalidad, siempre están ponderando en los medios y en las estructuras de poder su compromiso con los códigos de responsabilidad social corporativa, de certificación de industria limpia, de buen uso del cianuro, o su inscripción a sus absurdos estándares de ‘oro libre de conflictos’ que son avalados y certificados por instancias que en su mayoría han sido creadas por el mismo sector empresarial”, criticó la Rema.

Fuente:http://www.elpopular.mx/2017/10/19/municipios/exigen-frenar-actividad-minera-en-ixtacamixtlan-170731

Colombia

En duda votaciones del fin de semana en Granada y Sogamoso

La incertidumbre reina en Sogamoso, Boyacá, y Granada, Meta, luego del anuncio de la Registraduría de suspender los comicios que se iban a llevar a cabo este fin de semana en ambos municipios, ante la negativa del Ministerio de Hacienda de no otorgar recursos para los sufragios.

Este domingo, los 50.116 habitantes habilitados para votar en Granada se preparaban para decidir si se aprobaba o no la explotación y producción de hidrocarburos en su territorio.

Ante la noticia de que la misma Administración deberá financiar los comicios, el alcalde de esta población, Juan Carlos Mendoza, dijo que los granadinos tienen el derecho de ejercicio libre al voto y se mostró extrañado por el anuncio a tan solo cinco días de la consulta, y cuando otros municipios que han hecho este tipo de consultas no han tenido la misma dificultad que hoy enfrentan.

En lo que va corrido del 2017, siete municipios del país han realizado jornadas para votar a favor o en contra de la actividad minera en sus zonas. Por el momento, solo faltaba que se realizaran las votaciones en Granada y El Peñón, Santander, pero ahora no se sabe qué pasará.

El concejal Fabio Alexis Montoya, uno de los líderes de la consulta popular, aseguró que el viernes se realizará una jornada pacífica de protesta, a las 5 de la tarde, en el parque central, y el domingo van a ir a las urnas a votar porque la Registraduría tiene la responsabilidad de garantizar la logística para hacer la consulta en esa ciudad.

El representante a la Cámara Ángelo Villamil también se mostró sorprendido por la decisión y dijo que ayer en la tarde tenía una reunión en el Ministerio de Hacienda para que se garanticen los recursos que permitan hacer la consulta.

A su vez, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, manifestó su inconformidad con la noticia, pues señala que el departamento no cuenta con los recursos para asumir dicho gasto, además de que el anuncio se hizo a pocos días de la jornada.

“Es una verdadera falta de respeto que el registrador salga a insinuar que la Gobernación debe pagar las elecciones de la revocatoria. En un momento en el que cada vez tenemos menos recursos para funcionamiento, que ahora también nos toque asumir ese costo, es descabellado”, dijo.

Esta es la segunda vez que se aplazan las votaciones para la revocatoria del alcalde de Sogamoso, Sandro Condía, pues inicialmente estaban previstas para el 13 de agosto, pero, días antes, un fallo de tutela a favor del alcalde obligó a postergar los comicios.

“En lo que correspondía a nosotros como departamento y al municipio, ya se tenía todo listo, pero salieron de la dirección nacional con que no tenían los recursos y suspendían la jornada”, dijo Mery Johana González, secretaria de Participación y Democracia de la Gobernación.

La Funcionaria añadió que el gobernador no tiene la facultad ni el presupuesto, pero que además no se trata de la primera revocatoria, ya que en otras partes se ha llegado a las urnas sin tener que condicionar a los departamentos.

Este año se han realizado 10 jornadas de revocatorias en ocho departamentos; la última prevista era la de Sogamoso, según datos de la Registraduría.

Fuente:http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/consultas-mineras-en-granada-y-sogamoso-en-vilo-por-presupuesto-142584

Chile

Se realizarán alegatos por recurso de protección contra Barrick y el Estado por Pascua Lama por nuevos episodios de contaminación 2016- 2017

Este jueves 19 de octubre a las 9 am., se inician los alegatos por el recurso de protección Rol 9318-2017, en la Corte Suprema. Este recurso lo realiza la comunidad por medio de 2 comunidades diaguitas (que no firmaron el Memorándum de Acuerdo con Barrick el 2014) y más de 60 habitantes y agricultores de la cuenca tras la destrucción de la Planta de Tratamiento de aguas contaminadas en junio de 2016, llega a su última instancia tras una dura batalla por defender la tramitación del recurso y sus reveses provocados tanto por la Corte de Copiapó quien luego de rechazarlo en primera instancia se negó a cursarlo, y por la Corte de Antofagasta quien tras un deficiente fallo terminó rechazándolo en marzo de este año.

Por GUASCO ALTO COMUNICACIONES

Ante este último fallo las comunidades apelaron ante la Corte Suprema con fuertes argumentos, siendo acogido el recurso ya que había contundentes razones para revisar el dictamen.

El Recurso

En este Recurso se denuncian una serie de acciones e ilegalidades cometidas por la empresa una vez ocurridas las avalanchas y que se destruyó la Planta de Tratamiento de Aguas de contacto, así como de contaminaciones en el Patio de Residuos Peligrosos y Patio de Combustibles y la amenaza de una afectación nuclear tras la afectación de dos densímetros nucleares en las faenas. También se entregan una serie de pruebas sobre imposibilidad que tiene el proyecto de tratar las aguas de contacto (contaminadas) y por tanto de no contaminar finalmente este vital elemento, demostrándose con ello la inviabilidad del proyecto así como nuevos incumplimientos a la RCA que quedaron a la luz. Todo ello, empalmándose con responsabilidades de organismos del Estado; En este caso la Superintendencia del Medio Ambiente por no cumplir con su misión de resguardar el medio ambiente y la salud de las personas, ya que tras el inicio de su primer proceso sancionatorio en el año 2013 al proyecto, no ha sido capaz de resguardar de contaminación y riesgo a la salud de la población del Valle del Huasco; y la Comisión de Evaluación de Atacama, la cual presidida por el ex Intendente de la Región de Atacama, Miguel Vargas y el Director del Sea Atacama, Marcos Cabello, aprobó la modificación de la Resolución de Calificación Ambiental del Proyecto Pascua Lama por medio de la Resolución N° 094 la cual ha elevado los parámetros de metales pesados y químicos autorizados en el agua, legalizando la contaminación de Pascua Lama y permitiendo que los episodios de contaminación queden ocultos. Por medio del recurso las comunidades han comprobado cómo es que efectivamente este cambio realizado sirvió para esconder la contaminación provocada tras la destrucción de la Planta de Tratamiento, ya que tanto los organismos públicos como Barrick declararon que no hubo contaminación porque no se superaba la nueva línea de base de calidad de las aguas.

En definitiva, el recurso exige la revocación de la RCA del proyecto Pascua Lama, ya que el valle y sus habitantes están en riesgo por contaminación permanente, ahora tras el episodio de la destrucción de la planta de tratamiento pero sobre todo porque está comprobado que el sistema de manejo de aguas y su Planta de Tratamiento son incapaces de tratar las aguas contaminadas por el proyecto. A la par se piden una serie de medidas cautelares respecto de la contaminación y dejar sin efecto la nombrada resolución N°094 de la Comisión de Evaluación de Atacama por ser ilegal y arbitraria, así como estar llena de ilegalidades de fondo y forma, una de ellas es no haber respetado la consulta indígena y por tanto el Convenio 169 de la OIT.

Importantes apoyos al recurso y conflictos de interés del abogado de Barrick

La tramitación del recurso ha contado con el apoyo de importantes expertos e instituciones, como es el caso del Instituto de Derechos Humanos INDH quien se presentó como amicus curiae (amigo de la corte) en junio de este año, por medio de un informe apoyó los argumentos de la comunidad y mostró su preocupación por la grave violación de DD.HH cometida con especial atención de la vulneración de la consulta indígena en el proceso de Modificación de la Resolución de Calificación Ambiental. Realiza importantes recomendaciones y recordatorios basándose en el Derecho Internacional de los DD.HH, y también en los estándares y recomendaciones emanados del Sistema Universal de DD.HH y del Sistema Interamericano de DD.HH, ambos sistemas de los cuales Chile es parte.

Por otro lado, se presentaron importantes informes realizados por doctores de prestigio y expertos en toxicología y salud pública como son Andrei Tchernitchin, Aníbal Vivaceta y Esteban Hadjez, quienes analizaron la nueva línea base aprobada por la Comisión de Evaluación de Atacama llegando a la conclusión de que “En caso que la Compañía Minera Nevada SpA cumpla con los límites establecidos en la nueva línea base aprobada por la Comisión de Evaluación de la Región de Atacama, los efectos a la salud de la población que vive en el sector de Chollay serían inaceptables, sin poder descartarse además el aumento del riesgo a la salud y consecuencias sanitarias que afecten a las personas aguas abajo del punto NE-8 ubicado en el río Estrecho-Chollay”.

Por último, este recurso no ha estado lejano de polémicas respecto del abogado de Barrick. Este es nada más ni nada menos que Rodrigo Quintana (PS) Consejero actual del Consejo de Defensa del Estado. Pese a la denuncia de las comunidades y el grave conflicto de interés que representa este irá igualmente a alegar este jueves. (Ver noticia de denuncia: http://www.elciudadano.cl/organizacion-social/comunidades-denuncian-conflicto-de-interes-de-abogado-que-trabaja-para-barrick-y-para-el-estado/07/11/).

Resultados del proceso de tramitación y visión de la comunidad afectada

La comunidad evalúa positivamente la tramitación de este recurso, si bien esperan ganarlo y que la Corte Suprema lejana de presiones acoja este recurso, expresan que “gracias a este recurso hemos tenido importante y gravísima información como lo es que efectivamente hemos sido contaminados nuevamente desde que se rompió la Planta de Tratamiento en junio de 2016 hasta mayo de este año y de seguro hasta la fecha, algo que no podemos corroborar porque aún no tenemos los monitoreos más actuales”, esto dicen, “solo ayuda a seguir generando la convicción de que urge que este proyecto criminal se cierre a la brevedad y que no se acepten más proyectos en esta zona de alta cordillera en la naciente de las aguas y sobre glaciares”.

Por último aseguran; “Lo que denunciamos es gravísimo, la vulneración de derechos es gravísima, y no nos quedaremos tranquilos si finalmente el Estado de Chile nos abandona no acogiendo este recurso, sabemos que tenemos la razón que están matando al valle y a su gente, y llegaremos a instancia internacional de ser necesario”.

El recurso será alegado por la Doctora en Derechos Humanos Ana Karina Timm Hidalgo y las comunidades se harán presente con una Comitiva que viajará hacia Santiago. Las mismas están llamando a la solidaridad activa de los santiaguinos que apoyan al Valle del Huasco y su lucha contra la megaminería y la Barrick Gold para que los acompañen el día jueves desde las 8:30 de la mañana.

Fuente:http://www.mapuexpress.org/?p=21581

Honduras

POR EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

Las organizaciones sociales comunitarias, campesinas, indígenas, ambientales y de Derechos Humanos de diverso tipo que hoy nos manifestamos en las calles de Tegucigalpa, exigimos la realización de nuestro Derecho a la Alimentación y demandamos que el Estado de Honduras agilice la ruta para el logro de nuestra Soberanía Alimentaria.

El derecho a la alimentación está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 como parte del derecho a un nivel de vida adecuado y está consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales desde 1966, su Protocolo Facultativo ha sido aprobado por el Estado de Honduras y publicado en el diario oficial la gaceta el pasado 4 de agosto de 2017.

Estos pactos y protocolos manifiestan que todos los seres humanos, independientemente de su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otro orden, tienen derecho a la alimentación adecuada y a vivir libres del hambre.
Por lo anteriormente expuesto la Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales (CONROA) y demás organizaciones sociales que velamos por el cumplimiento del Derecho a la Alimentación y el respeto de los Derechos Humanos en Honduras nos manifestamos de la siguiente manera:

DENUNCIAMOS:
Que hoy más que nunca el pueblo hondureño sufre una inmensa vulnerabilidad alimentaria, esta situación se agrava por la falta de ingresos permanentes en los hogares y por el desempleo y subempleo que golpea duramente a casi dos millones de personas de las denominadas económicamente activas.

Que más de 5 millones de hondureños no encuentran la manera de alimentarse con seguridad, pues sus ingresos diarios no alcanzan para satisfacer ni siquiera la mitad de canasta básica de alimentos.

La política extractiva que impulsa el gobierno de la república por medio de la secretaría del ambiente y otros órganos del Estado ha otorgado inconsultamente concesiones y licenciamiento ambiental a empresas mineras metálicas y no metálicas violentando el derecho que tienen los pueblos a ser consultados y a decidir su propio desarrollo.
El otorgamiento de licencias ambientales que dan lugar a concesionamientos de proyectos hidroeléctricos en zonas productoras de agua, áreas protegidas que garantizan el derecho humano al agua de las poblaciones y por ende su derecho a la alimentación.

La vigencia de la ley de Obtentores Vegetales aprobada en el 2012, que privatiza el uso y propiedad de las semillas para controlar la producción nacional e internacional de alimentos agrícolas.
La existencia de un proyecto de ley de semillas, impulsado por el Estado de Honduras, en contubernio con la FAO y el PMA, mismo que también pretende privatizar y criminalizar el uso y tránsito de las semillas criollas por parte de los campesinos e indígenas que son los que han mantenido y cuidado de las mismas ancestralmente.

El Uso expansivo de tierras para monocultivos orientados a la producción de agrocombustibles, en un país que carece de tierras para la producción de alimentos para los seres humanos. Es decir que se privilegia los negocios de los ricos de Honduras por sobre las necesidades de alimentación de los pobres. La concesión de territorios que ancestralmente han sido ocupados por poblaciones hondureñas, campesinas, indígenas y mestizas, para efectos de saciar la voracidad insaciable de los acumuladores de capital, amparados en una ley de turismo que principalmente beneficiará a los ricos de este y país y de otras latitudes.

La persecución, criminalización, denigración, encarcelamiento y asesinato de las y los defensores de derechos humanos, especialmente aquellos que luchan por la defensa de los territorios y demás bienes naturales.
La denigración de que están siendo objeto nuestras organizaciones, nacionales e internacionales, por el simple hecho cruzarnos en los intereses de los ricos cuando intentamos defender las poblaciones empobrecidas y sus territorios.

EXIGIMOS:
1. El cese de concesiones territoriales para minería metálica, incluyendo las explotaciones de óxido de hierro.

2. El Cese de concesiones hidroeléctricas, especialmente cuando estas afectan las áreas protegidas y fuentes de agua de las comunidades.

3. La investigación urgente de la situación patrimonial de los funcionarios de Estado involucrados en los concesionamientos, especialmente de MI AMBIENTE e INHGEOMIN.

4. Que el ministerio público investigue de oficio a todos los empresarios y funcionarios de Estado que están involucrados en el caso de DESA, lo cual ocasionó el asesinato de Berta Cáceres.

5. Que se derogue La Ley de Escuchas, el articulado del Código Penal y demás leyes que criminaliza la protesta social.

6. Que se derogue la Ley de Obtentores Vegetales y que se detenga la discusión de la ley de Semillas y la Ley de la Consulta Previa Libre e Informada hasta que exista suficiente participación de los propios sujetos interesados, campesinos e indígenas.

7. Que no se utilice el territorio nacional para la producción de agrocombustibles, antes bien que estas tierras sean sujetas de reforma agraria.

8. Que se derogue la Ley de Turismo y que sea consultada debidamente con los pueblos que están siendo afectados.

9. Que se publique de inmediato en el diario oficial la Gaceta el reciente fallo, de junio de 2017, de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia con respecto a la inconstitucionalidad de 7 artículos de la Ley General de Minería, entre ellos la prohibición del método de explotación de minería a cielo abierto y el referido a la forma de consulta a las poblaciones.

10. Que cese el otorgamiento de concesiones y licencia ambientales a favor de empresarios camaricultores y de otro tipo que ponen en riesgo la alimentación de los pescadores artesanales del Golfo de Fonseca.

Tegucigalpa M.D.C. 19 de octubre de 2017

Asociación Nacional para el Fomento de la Agricultura Ecológica (ANAFAE)
Movimiento Madre Tierra (MT)
Comités de Defensa de la Naturaleza (CDN)
Conferencia de Religiosos y Religiosas de Honduras (CONFEREH)
Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMOH)
Movimiento Indígena Independiente Lenca de La Paz (MILPAH)
Red Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería en Honduras (RENACAMIH)
Asociación de Pescadores Artesanales del Golfo de Fonseca (APAGOLF)
Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC)
Comité Ambientalista del Noreste de Comayagua (CAMNECO)
Central Nacional de Trabajadores del Campo, La Paz (CNTC)
Comité Ciudadano para la Protección del Medio Ambiente, La Unión (CAMNECO)
Empresa Asociativa Campesina, Unión y Fuerza, Suntule, (EACPUYF)
Fundación Parque Nacional Pico Bonito (FUPNAPIB)
Familia Franciscana (JPIC)
Comité para la Defensa de la Fauna y Flora del Golfo de Fonseca (CODEFFAGOLF)
Red de Desarrollo Sostenible (RDS-HN)
Fian Honduras (FIAN)
Juntas de Agua de San Francisco, Atlántida
Juntas de Agua de El Porvenir, Atlántida
Comité Ambientalista del Valle de Siria (CAVS)