Victorias de norte a sur contra el extractivismo. Territorios indígenas recuperados, mineras expulsadas por asambleas, avances de hectáreas agroecológicas y la mayor multinacional transgénica echada de Córdoba.
El gobierno nacional acordó con China la construcción de una planta nuclear en Río Negro. No hubo consulta al gobierno provincial ni, mucho menos, a la población expuesta a los peligros contaminantes. De inmediato comenzó la organización de asambleas socioambientales, comunidades mapuches, académicos críticos, vecinos sueltos. Marchas, reclamos, visibilización. Y lo que parecía difícil, o imposible, sucedió: el gobierno provincial canceló el proyecto en agosto pasado.
“Seguiremos organizados y nos mantendremos comunicados debatiendo sobre cómo queremos vivir los habitantes patagónicos y exigiendo se respeten nuestros derechos”, advirtieron las asambleas de Vecinos Autoconvocados de Puerto Pirámides, San Antonio Oeste, Las Grutas, Sierra Grande y Playas Doradas.
En una lucha desigual, existen triunfos de asambleas, pueblos indígenas y campesinos, que frenan a trasnacionales y gobiernos.
Minería
Esquel no fue sólo Esquel. En marzo de 2003 se realizó en la ciudad patagónica el primer plebiscito contra la megaminería. En un contexto de enorme desocupación, el 81 % dijo que no quería la actividad extractiva. La canadiense Medirian Gold y el gobierno provincial (y municipal) sufrieron la derrota.
También se realizaron consultas populares en los municipios vecinos de Trevelin, Lago Puelo y Epuyén, donde más del 90 % también rechazó la actividad extractiva. “No es no” y “Patagonia rebelde” se transformaron en bandera de lucha.
Pero Esquel no fue sólo Esquel. Iluminó luchas en los 5.000 kilómetros de cordillera. Asambleas y organizaciones de todo el país confirmaron que era posible.
Loncopué, en Neuquén, fue la segunda votación contra la megaminería. El gobierno provincial (el Movimiento Popular Neuquino reina desde hace 50 años), la estatal Cormine (Corporación Minera de Neuquén) y la compañía china Emprendimientos Mineros impulsaban la extracción de cobre.
La comunidad mapuche Mellao Morales exigió el cumplimiento de sus derechos. La población urbana se organizó. E impulsaron una votación (el gobierno provincial intentó evitarla, pero el Poder Judicial dio luz verde). El 3 de junio de 2012, el 82 % dijo que no la minería. Durante la marcha de celebración por las calles de la ciudad se recordó otras luchas. Se agradeció a Esquel, pero también a La Rioja, Andalgalá y también a gestas hermanas como Gualeguaychú.
En Jujuy, la movilización de asambleas y pueblos indígenas logró un fallo judicial (del Superior Tribunal de Justicia) que frenó la minería de uranio en abril de 2010. Hizo hincapié en el principio precautorio -ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable es necesario tomar medidas protectoras- e invirtió la carga de la prueba: las poblaciones cercanas a los yacimientos no deben probar los perjuicios sino que el gobierno y las empresas tienen que aportar pruebas ciertas de que la actividad extractiva no afecta ni afectará el medio ambiente.
La medida fue en respuesta a una apelación de vecinos de Tilcara, que habían presentado un recurso de amparo para frenar el avance de una empresa minera de uranio en la Quebrada de Humahuaca.
La Rioja no tuvo plebiscito ni fallo judicial, pero las asambleas socioambientales de Chilecito, Famatina y la capital provincial (entre otras) echaron a cuatro mineras en la última década. Entre ellas, a la poderosa Barrick Gold. No fue gratis: los vecinos sufrieron espionaje ilegal, represiones, judicialización. Pero no hay megaminería en La Rioja.
Andalgalá (Catamarca) conoce de megaminería desde la década del 90, cuando se instaló Alumbrera, hoy en manos de un consorcio suizo-canadiense (Glencore Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold). No hubo trabajo, ni desarrollo local ni cuidado del ambiente. Por eso el masivo rechazo al proyecto Agua Rica, tres veces más grande que Alumbrera y ubicado donde nacen las fuentes de agua de la ciudad.
Estaba todo dado para el avance de Agua Rica. Pero la población se plantó y cerró el camino vecinal de Chaquiago. En febrero de 2010 sobrevino una feroz represión . La respuesta fue una pueblada y, por orden judicial, el freno del emprendimiento. El gobierno de Lucía Corpacci aún sigue alineado con la empresa (Yamana Gold) e impulsa la explotación minera.
Aún no está dicha la última palabra sobre Agua Rica, pero de no ser por los vecinos la mina ya estaría en funcionamiento.
En las Salinas Grandes de Jujuy y Salta viven pueblos originarios y también está una de las mayores reservas de litio (mineral utilizado para baterías de autos, celulares, computadoras). Allí fijaron sus ojos grandes empresas automotrices (Toyota y Mitsubishi, entre otras), con aval de los gobiernos provinciales. En 2010 comenzó la organización de 33 comunidades de los pueblos Kolla y Atacama, que conformaron la Mesa de Pueblos Originarios de la Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Asambleas, marchas, denuncias y hasta audiencia en la Corte Suprema de Justicia para que se respeten los derechos indígenas.
Los jueces supremos (con Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco a la cabeza) optaron por no aplicar el derecho indígena. Las comunidades kollas y atacama no se quedaron de brazos cruzados. Redactaron un «protocolo de consulta» llamado «huellas de la sal» (para que los jueces sepan cómo aplicar la legislación que protege los territorios indígenas), recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y alertaron que seguirán con acciones directas.
¿Las mineras desistieron de sus intentos? No. Pero de no mediar la lucha indígena, la explotación de litio sería hoy una realidad. Y no lo es. También es un triunfo.
Agro
El 4 de agosto de 1990 marca un punto de inflexión en la historia de las luchas campesinas. Se formaliza un proceso organizativo que llevaba años y nace el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase). Fueron (son) un emblema de la resistencia al avance del agronegocios y sus topadoras.
Años después llegarían las divisiones («Mocase Santiago» y «Mocase Vía Campesina»), coordinación con distintos espacios, participación política (no exenta de polémicas y críticas). Sufrieron judicialización, represiones, asesinatos (Cristian Ferrerya, en noviembre de 2011, una referencia). Nunca dejaron de defender el territorio. Construyeron sus radios, producciones agroecológicas y escuelas campesinas.
Pero uno de sus grandes triunfos, y quizá más invisibilizado, es que los empresarios del agronegocios ya no se animan a intentar avanzar en zonas donde están los campesinos organizados. Saben que el Mocase presentará lucha y no cederá ni un metro de tierra.
El Mocase también inspiró organización en otras provincias, con movimientos campesinos que crecieron en los últimos años (Córdoba, Mendoza, Salta, entre otros).
En Misiones, donde el monocultivo de árboles arrasa territorios y desaloja, la multinacional Alto Paraná-Arauco funciona como patrón de estancia. Acumula el diez por ciento del suelo provincia (256.000 hectáreas). Parajes enteros fueron desalojados, pueblos que desaparecieron.
Productores Independientes de Piray (PIP) es la organización campesina que se negó al destierro. Defendió la tierra y luchó contra la multinacional. En 2013 logró una ley provincial para expropiar 600 hectáreas a Alto Paraná. Fue un triunfo. La burocracia política demoró la entrega. La lucha siguió. Recién este años el gobierno de Misiones hizo entrega efectiva de las primeras 166 hectáreas.
“Sembrando lucha, cosechamos 600 hectáreas”, celebraron en PIP. Y avisaron que es un primer paso. Con esas tierras podrán cultivar y producir. E irán por más hectáreas.
Por otro lado, se multiplican las experiencias de agroecología (producción sana de alimentos, sin agrotóxicos). Yerba mate en Misiones, ganadería en Río Cuarto y, en mayo de 2016, se conformó la “Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la agroecología (Renama)”.
En Guaminí, oeste de Buenos Aires, ocho productores se unieron y comenzaron la transición para dejar los transgénicos y agroquímicos. Comenzaron con 100 hectáreas en 2010 y el apoyo del Municipio. El segundo año, buenos resultados mediante, pasaron a 970 hectáreas. La última siembra trabajaron 1.500 hectáreas agroecológicas. “Es un cambio productivo, pero también un cambio en la forma de ver el suelo, los alimentos, la naturaleza y la vida. Se transforma en una filosofía de vida, estamos en ese proceso y muy felices”, explicó el productor Rafael Bilotta.
La Aurora en una chacra de 650 hectáreas en Benito Juárez (Buenos Aires). Juan Kiehr y Erna Bloti, con el asesoramiento de Eduardo Cerdá, decidieron dejar el agronegocios. Sistematizaron los datos de una década y los resultados son contundentes: producen cantidades similares a sus vecinos pero con mucha más rentabilidad.
Un promedio de trigo de 3.100 kilos por hectárea, sólo 200 gramos por debajo del promedio de la zona con manejo convencional (de químicos). Con la gran diferencia de menor gasto de insumos. Los costos directos por hectárea en la zona (en manejo convencional) fue de U$S 350 por hectárea. En La Aurora fue de U$S 100 por hectárea (un ahorro de U$S 250). Lo cual explica el margen bruto de ganancias, muy por encima de los campos convencionales de la zona.
“Es simple. Producimos cuidando la tierra. Recibí el campo de mi padre y quiero dejar uno mejor para mis nietos”, resumió Kiehr.
Monsanto
15 de junio de 2012. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anuncia desde Estados Unidos que Monsanto instalará su mayor planta de maíz transgénico en Malvinas Argentinas (Córdoba).
La población se enteró por televisión. Nadie los consultó, a pesar de estar rodeado de cultivos, de ser un pueblo fumigado con agrotóxicos y conocer la experiencia del Barrio Ituzaingó Anexo (se realizaba en esos días un juicio histórico que terminó con la condena de un aplicar y un productor).
Comenzó la organización mediante el boca a boca. Nació la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida. Primero se informaron. Rápidamente supieron que Monsanto no traería nada de lo prometido (trabajo, desarrollo local, bienestar). Pidieron votación ciudadana. El gobierno municipal y provincial (que llegaron a sus cargos mediante el voto) le negaron la posibilidad a la población.
“No a Monsanto” se hizo bandera y acción.
Cuatro años. Media docena de represiones. Peleas entre familias. El gobierno municipal (Daniel Arzani, UCR), el provincial (José Manuel de la Sota, PJ) y nacional (Cristina Fernández de Kirchner, FPV) apoyaban a Monsanto. También los medios de comunicación de mayor tirada.
Periodistas y académicos de diversas partes del mundo llegaban hasta Malvinas Argentinas para tratar de entender cómo era la pequeña localidad de América Latina que daba batalla ante la mayor corporación del agro mundial.
En septiembre de 2013 la Asamblea organizó un festival en la entrada del predio de la compañía (30 hectáreas sobre la ruta 88). “Primavera sin Monsanto”, fue el título de la convocatoria. Y ese día comenzó un bloqueo por tiempo indeterminado.
En enero de 2014, la Sala II de la Cámara del Trabajo detuvo la construcción de la planta solicitada por la Asamblea. El fallo declaró la inconstitucionalidad de los permisos emitidos por la Municipalidad y la Provincia. En febrero de 2014, la Secretaría de Ambiente provincial rechazó el estudio de impacto ambiental de Monsanto por grandes carencias técnicas.
La planta se frenó. No ingresó nadie más. Monsanto se negaba a aceptar la derrota. Pero en noviembre de 2016 se hizo pública la venta del predio. Monsanto fue echada de Córdoba. Su mayor derrota de América Latina.
Al sur de Córdoba, la ciudad de Río Cuarto también hizo historia. Por el accionar de la Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos y la Universidad Nacional local, entre otros actores, el intendente firmó un decreto para rechazar la instalación de una estación experimental de Monsanto (la empresa inició acciones legales contra el Municipio).
Fallos
Nunca los fallos judiciales son regalos de jueces o fiscales. Son producto de luchas y acciones concretas de organizaciones sociales y abogados comprometidos.
Fernando Cabaleiro, de la ONG Naturaleza de Derechos, sistematizó los fallos que frenan las fumigaciones con agrotóxicos:
2003. Loma Senés (Formosa).
2008. Alberti (Buenos Aires).
2008. Ituzaingó Anexo (Córdoba).
2009. San Jorge (Santa Fe).
2009. Alberti (Buenos Aires).
2010. La Leonesa y Las Palmas (Chaco).
2010. Alberti (Buenos Aires).
2011. Las Antillas (Salta).
2012. Alberti (Buenos Aires).
2012. Ituzaingó Anexo (Córdoba).
2013. Alberti (Buenos Aires).
2013. Merlo (San Luis).
2014. Paraná (Entre Ríos).
2014. Coronel Suárez (Buenos Aires).
2014. Mar del Plata (Buenos Aires).
2015. Guernica (Buenos Aires).
2015. Totoras (Santa Fe).
2016. Alberti (Buenos Aires).
2016. Piamonte (Santa Fe).
2017. Santa Ana (Entre Ríos).
“El activismo judicial busca las grietas en el Poder Judicial”.
Indígenas
“Wiñomüleiñ ta iñ mapu meu” significa en idioma mapuche “territorios recuperados”. Es un anhelo, una práctica reivindicatoria y, sobre todo, un derecho de los pueblos originarios a volver a parcelas que les fueron arrebatadas. Sólo en la última década, y luego de agotar la instancia administrativa y judicial, el pueblo mapuche recuperó 233 mil hectáreas –once veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires–, lo que implicó volver a tierras ancestrales.
La comunidad Santa Rosa Leleke frente a la multinacional Benetton es uno de los casos más conocidos. Ya llevan diez años de regreso a su tierra ancestral.
La Comunidad Quintupuray (paraje Cuesta del Ternero, a 30 kilómetros de El Bolsón) y la comunidad Casiano-Epumer en la línea sur de Río Negro son otros casos de vuelta al territorio indígena. La Confederación Mapuche de Neuquén recuperó miles de hectáreas en el predio conocido como «Pulmarí», en el departamento de Aluminé.
En Las Lomitas (Formosa), las comunidades Oñedie y Penqole recuperaron hectáreas que estaban en manos de Gendarmería Nacional, robadas al Pueblo Pilagá luego de la matanza de Rincón Bomba (en octubre de 1947, cuando asesinaron a cientos de indígenas). Las comunidades volvieron al territorio y el 10 de octubre pasado recordaron el 70 aniversario de la matanza impune. “La memoria sigue, solo falta justicia”, exigieron los pilagá.
Los pueblos indígenas son un bastión de lucha contra el extractivismo. Nunca lo aceptarán. Ponen el cuerpo frente a mineras, petroleras, forestales y empresas transgénicas. Por eso son considerados “un peligro” por el poder.
Democracia directa
En Misiones está planificada la represa de Garabí (entre Argentina y Brasil), que inundará 40 mil hectáreas y desalojará a 2.500 familias. En la provincia está vigente la ley 56, que obliga al Gobernador a llamar a votación ante cualquier nuevo proyecto hidroeléctrico. Pero el gobernador Maurice Closs nunca quiso convocar a las urnas.
La Mesa Provincial No a las Represas reunió a 46 organizaciones sociales, indígenas, campesinas, sindicatos e iglesias. Ante la negativa del gobierno, organizó una consulta popular. Se realizó en toda la provincia entre el 20 y 26 de octubre de 2014, mil urnas, DNI en mano, cuartos oscuros, práctica democrática. Votaron 120.418 personas. El 96,82 % votó por el rechazo a nuevas represas (116.598 personas). “El pueblo dijo basta de represas en esta región. La democracia participativa y de base dio una muestra más frente al autoritarismo de funcionarios y empresas”, afirmó Raúl Aramendy, de la Mesa Provincial No a las Represas.
Escritorio vs territorios
Nunca faltan los militantes de escritorio (y de Facebook-Twitter) que minimizan y subestiman las luchas de los que ponen el cuerpo en los territorios.
“No sé por qué celebran tanto el fallo de San Jorge (que frenó fumigaciones en Santa Fe) si ni siquiera es para toda la ciudad. Sólo es para un barrio”, cuestionó por correo un comentarista de luchas ajenas.
Hay parte de verdad. Lo subestimado es que ese fallo sirvió de antecedente para otros y de referencia de decenas de pueblos fumigados. Y, sobre todo, el fallo fue fundamental para los niños que viven frente al campo con soja: nunca más volvieron a ser fumigados.
En tono similar, ante la expropiación de 600 hectáreas a Alto Paraná en Misiones, otro comentarista de aire acondicionado ironizó: “¿Qué le hace 600 hectáreas a quien tiene 256.000?”.
Esas 600 hectáreas representan un primer paso para que los campesinos no se vean obligados a dejar sus campos, les permite producir y permanecer en la vida rural.
El extractivismo, con funcionarios, jueces y medios de su lado, se presenta como invencible, y como la única opción de estas tierras. Las luchas territoriales confirman que otro destino es posible. En palabras de Eduardo Galeano: “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”.
Fuente:https://www.laizquierdadiario.com/Aca-se-respira-lucha
La presencia de minería y cuidado del agua ha sido los temas centrales para las autoridades y moradores de las Pampas y Alluriquín para esto se creó el Comité de Defensa de la Naturaleza y la Vida que está integrado por diversas organizaciones sociales y la propuesta es que Cotopaxi se le declare una provincia libre de Minería.
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Se confirma que el poderoso grupo suizo Glencore tiene la proyección de consolidar su presencia en el Perú y estaría por lograr la mayoría de acciones de la empresa Volcan S.A., la principal productora de zinc del país.
TOLEDO.- Castilla-La Mancha entierra las aspiraciones mineras de la compañía Quantum mediante una declaración ambiental negativa, fundamentada en los efectos desfavorables que el proyecto produciría sobre el hábitat del lince y el águila imperial, así como otros muchos ejemplares incluidos en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas.
El pasado 27 de julio los indicadores de mercurio en el agua subterránea de Jáchal, donde viven unos 12.000 habitantes, superaban en 300% lo establecido por el artículo 982 del Código Alimentario Argentino.
Una delegación de 12 dirigentes de la provincia de Cotabambas llegó a Lima la última semana de octubre para reunirse con diversos funcionarios del Estado. Su único pedido: que se retome la Mesa de Diálogo cuyo propósito era promover el desarrollo de la provincia de Cotabambas, la reparación a las familias de las personas fallecidas y la atención a los impactos sociales y ambientales de la actividad minera. Sin embargo, la respuesta del entonces aún viceministro de gobernanza territorial, Javier Fernández Concha, fue negativa al señalar que no había nada que dialogar sino únicamente hacer seguimiento a los acuerdos anteriormente alcanzados.
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La multinacional minera Barrick Gold recusó al juez federal Sebastián Casanello, quien interviene en la investigación por supuestos vertidos contaminantes en las minas de Veladero y Pascua Lama.