Mexico

Reitera MORENA su rechazo a la minería tóxica

La Paz, Baja California Sur.- El aspirante a la alcaldía de la capital del estado por el Movimiento de Regeneración Nacional, Rubén Muñoz Álvarez, se pronunció tajantemente en contra de cualquier proyecto de minería tóxica a cielo abierto o submarino que ponga en riesgo los recursos naturales y el agua.

En una entrevista rechazó estar relacionado de manera directa o indirecta con la empresa Minera Los Cardones, la cual ha sido motivo de diversas controversias con grupos ambientalistas de Baja California Sur.

“No tengo relación, ni conozco a los dueños, ni a quienes estén detrás de ese tema, no tengo ningún tipo de relación con esa empresa”, dijo Muñoz Álvarez durante la plática sostenida.

Dijo que su posición ha sido totalmente transparente, tan así que lo plasmó por escrito y firmó lo antes comentado meses atrás a través de una rueda de prensa donde estuvieron presentes los medios de comunicación.

“Quiero recordar que tan es así, que firmé un documento en presencia de los diversos medios de comunicación hace un par de meses atrás, y hay videos de ello, esto sobre mi posición en lo que respecta al asunto de la minería, y en ese documento al que hago mención se estableció que me sumaba a la justa causa de la defensa del agua como recurso vital, y me manifesté a la vez como un aliado hacía la protección de la vida de los habitantes de la entidad, por lo que rechazó categóricamente estar involucrado cualquier proyecto minero terrestre y submarino extractivo que cause daños irreversibles al medio ambiente”, finalizó diciendo el aspirante de MORENA a la Presidencia Municipal de La Paz.

Fuente:http://peninsulardigital.com/extra/reitera-morena-rechazo-la-mineria-toxica/234439

Colombia

Sigue el riesgo para el arroyo Bruno a pesar de fallos de la Corte Constitucional

La empresa Carbones El Cerrejón continúa incumpliendo los pronunciamientos de la Corte Constitucional, frente a la necesidad de proteger el agua, la salud y la seguridad alimentaria de comunidades que dependen del arroyo Bruno. Así lo asegura Angela Ortíz, integrante del colectivo Fuerza Mujeres Wayúu.

Dicho pronunciamiento del alto tribunal, se da ante la solicitud de las comunidades indígenas Wayúu de Paradero y La Gran Parada en la Guajira, que pidieron protección al arroyo Bruno y su ecosistema frente al riesgo de la expansión de la minería hacia su cauce. Así pues, la Corte constató que en el desarrollo de esa actividad existen “Incertidumbres sobre los impactos ambientales y sociales del proyecto de modificación parcial del cauce del Arroyo Bruno”.

La orden de la Corte Constitucional

En ese sentido, la Corte ordenó que se realice un estudio técnico independiente ambiental, y la incorporación al Plan de Manejo Ambiental Integral vigente -PMAI- teniendo en cuenta: las consecuencias de la actividad minera en el ecosistema y puntualmente en el arroyo Bruno, los efectos del cambio climático y del calentamiento global en La Guajira, así como las intervenciones que históricamente Cerrejón ha efectuado sobre los cuerpos de agua.

Asimismo, específicamente sobre el arroyo el estudio debía contemplar la garantía de las funciones culturales, de abastecimiento, regulación y mantenimiento que cumple esta fuente de agua, el impacto en la oferta hídrica, las proyecciones de Cerrejón para intervenir en el futuro otros tramos del arroyo Bruno y los efectos acumulativos de estas intervenciones progresivas en el mismo.

Finalmente el estudio debe refirse al valor biológico de la cuenca del arroyo en el contexto del Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica del Río Ranchería como del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Albania.

Los incumplimientos de El Cerrejón

Pese a las observaciones que ya ha hecho la Corte, las comunidades aseguran que «El Cerrejón no las ha escuchado y el estado colombiano no las atiende con la debida diligencia: ha desconocido el principio de precaución y la necesaria prevención frente a los daños que la minería ha ocasionado durante casi 40 años de operación y frente a los riesgos que se mantienen con la autorización de expansión de esa actividad. Tampoco se ha analizado que el pueblo Wayúu ha perdido gran parte de su territorio y según la misma Corte se encuentra en riesgo de extinción».

De acuerdo con Fuerza Mujeres Wayúu, pese a que la Ley establece que todo proyecto extractivo debe estar precedido y acompañado de la certeza sobre su viabilidad ambiental, social y económica, en La Guajira no se ha llevado a cabo debidamente las consultas previas para preguntar a las comunidades si están de acuerdo o no con dicho proyecto.

El arroyo Bruno no está seco 

«Vemos que por un lado va el pronunciamiento de la Corte, y por otro, Corpoguajira y la ANLA  que son directos responsables de que no se cumplan los fallos», dice Ángela Ortíz, y agrega que aún hace falta un fallo definitivo del alto tribunal sobre el Arroyo Bruno. No obstante, la Corte ya ha verificado que, contrario a lo que dice el Plan de Manejo Ambiental, el arroyo no está seco y abastece a comunidades wayúu, afrodescendientes y cabeceras municipales como las de Albania y Maicao.

Además, pese a lo que ha dicho el alto tribunal, justo antes de una de sus primeras declaraciones sobre el arroyo que le daban la razón a las comunidades, la empresa ya había adelantado al canalización del arroyo, de manera que solo faltaría una etapa de las obras para la desviación del afluente.

Finalmente, Ortiz, denuncia que hace tres días se conoció que uno de los socios de El Cerrejón anunció que la empresa podría estar pensado en cerrar la mina, ya que no están de acuerdo con la política contra el cambio climático, de manera que esto preocupa a las comunidades «pues no se conocería el plan de cierre de la mina, porque cuando se acabe el carbón o ya no sirva sacarlo van a dejarnos los huecos y la enfermedad en La Guajira».

Fuente:http://www.contagioradio.com/cerrejon_arroyo_bruno_mineria_corte_constitucional-articulo-50208/

Internacional

Cáceres, de montaña a cráter por una mina de litio

ESPAÑA:- Un proyecto de mina a cielo abierto de la empresa australiana Plymouth en colaboración con el Grupo Sacyr amenaza la Montaña de Cáceres y a la ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Primeros de julio. Pedro conduce a los hombres que vienen a comprarle la corcha de los árboles hacia la parte alta de su finca, en el valle de la montaña de Cáceres. «¿Qué hacen ustedes aquí?», dice a unos trabajadores a los que pilla in fraganti desbrozando vegetación, cortando madroñeras y alcornoques y marcando con pintura azul para abrir un camino en su propiedad. «Estamos preparando esto para meter las máquinas de las perforaciones. La empresa nos ha mandado, dice que ya ha hablado con el dueño», le responde uno de ellos. Pero a Pedro nadie le ha preguntado o informado sobre las prospecciones.

Pedro (que prefiere no dar su nombre real) es uno de los vecinos de la Montaña de Cáceres, donde tienen sus viviendas más de 300 cacereños, la mayoría en terrenos heredados. Y allí, en su ladera, Valoriza Minería, filial de Grupo Sacyr, tiene el proyecto de construir una mina a cielo abierto. El pasado mes de junio, la Junta de Extremadura le concedía un permiso de investigación que autoriza a hacer prospecciones en dos cuadrículas mineras (una cuadrícula equivale a 30 hectáreas). La finca de Pedro se encuentra en una de ellas.

«Ha sido un error, mi jefe le llamará para aclararlo”, dice el trabajador. Una semana más tarde, el jefe, Ismael Solaz, acude a casa de Pedro para enseñarle los planos del proyecto «Mina de Valdeflores-San José». En él, su vivienda, construcción de finales del siglo XIX que él mismo ha restaurado, aparece como vertedero de rocas. Tras explicarle el proyecto, Solaz le ofrece un contrato de 400 euros para tener acceso a su finca durante dos años e investigar si hay mineral. «El contrato es leonino», afirma Pedro.

La multinacional australiana Plymouth, en colaboración con la empresa española Grupo Sacyr, y su filial Valoriza Minería, que a su vez ha creado una pequeña empresa para este proyecto, Tecnología Extremeña del Litio, solicitaron el 10 de octubre el permiso de explotación a la Junta de Extremadura. Desde entonces empezó a correr el plazo de tres meses que tiene la promotora para presentar el proyecto de su mina a cielo abierto.

«Nos alarmó cuando descubrimos que estaban haciendo las prospecciones», afirma Sonia Hurtado, integrante del grupo de coordinación de la Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres. La mina ocasionaría la pérdida del paraje, la posible contaminación de los acuíferos por filtración y afectaría directamente a Cáceres, por situarse a menos de tres kilómetros del núcleo urbano.

Ildefonso Calvo, concejal del Ayuntamiento por Cáceres Tú (Podemos), también se pronuncia contra este proyecto. «Al ser una explotación a cielo abierto va a generar un volumen importante de polvo, cuando sople el viento en dirección a Cáceres, estamos hablando de 10, 12 o 15 kilómetros, por lo que todo el perímetro de la ciudad de Cáceres podría resultar afectado. Además, el hospital de referencia, que se está construyendo todavía, está a dos kilómetros de la explotación», comenta.

Un proyecto tratado con oscurantismo

Valoriza Minería comenzó su estudio hace 16 meses. Con los datos obtenidos, afirma que extraería 15.000 toneladas de litio para baterías al año. Según los datos recogidos por la Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres, España posee un 2% del litio mundial (irónicamente, el país que más litio tiene es Australia), y en Valdeflores solo hay 0,62 gramos de litio por cada 100 gramos de roca. La empresa, con una inversión intencional (depende de inversores) de 273 millones de dólares, afirma poder obtener 10.000 dólares por tonelada de litio, un total de 150 millones al año, 3.600 millones en los 24 años de vida que calculan que tendrá la explotación.

«El proyecto se ha tratado con oscurantismo», comenta Sonia Hurtado. Plymouth lleva en Bolsa con el proyecto de mina de San José desde el mes de abril de 2017. En sus informes se habla de la mina de San José, y no es hasta el último, del 10 de octubre, en el que ya aparece la palabra «Cáceres». Y en ningún caso se indica que es Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

¿Por qué trataría Sacyr de ocultar la ciudad a sus inversores? «Nuestro socio Plymouth es quien elabora las presentaciones y mapas. Las presentaciones las realiza para Australia, donde está localizada la empresa, por lo que especifica el país y una ubicación aproximada de la mina», contesta Luis Ignacio Alonso Martínez, de Grupo Sacyr. Ildefonso Calvo tiene otra opinión: «Porque no es cualquier ciudad, es una capital de provincia y, si esto se conociera, posiblemente caerían sus inversores. En Australia estaría prohibido».

El principal beneficio que generaría la explotación, según Plymouth, sería la creación de empleo en una región que, ciertamente, lo necesita mucho. Pero incluso este beneficio ha sido puesto en duda desde el Ayuntamiento y la Plataforma. «En las minas que hay ahora mismo de estas características los trabajadores son entre 15 y 20. Los 106 puestos (de los que habla la empresa), sí, pero al inicio, para construir las balsas y contratar técnicos. En los 20 o 25 años de explotación, no. Funciona con maquinaria muy especializada y es probable que trajesen sus cuadrillas de trabajadores», sostiene Sonia Hurtado. Prima la explotación a cielo abierto especialmente porque es más barata, porque necesita menos mano de obra que la minería tradicional.

Sonia Hurtado afirma que Tecnología Extremeña del Litio, que además tiene su sede fiscal en Madrid, “es solo una tapadera. Compartiendo información con las protestas ciudadanas de otras minas cercanas y viendo cómo se han ido desarrollando esos proyectos a nivel administrativo, hemos visto que hay claramente un patrón».

“Nadie sabe nada” en las administraciones

Será la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que debe elaborar la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura la que determinará la viabilidad del proyecto. «Una vez que se complete el expediente podremos iniciar los trámites que marca la legislación, entre los que se encuentra la evaluación de impacto ambiental del proyecto y que requiere la necesaria participación pública», ha asegurado Olga García, directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura.

Si la DIA de la Junta de Extremadura es positiva, el Ayuntamiento no tiene potestad para parar el proyecto. «El Ayuntamiento tiene que conceder licencia de explotación y licencia de obras, pero para negarse a conceder estas licencias tiene que tener una base jurídica suficiente, no puede oponerse porque sí”, afirma el concejal de Cáceres Tú, que añade que «se podría ver obligado a conceder esos permisos si realmente no está convencido de su oposición, porque si lo está se buscarán todos los argumentos posibles. El equipo de gobierno todavía no tiene una posición».

El Ayuntamiento responde a las peticiones de los vecinos y periodistas que no dispone de información, que la Junta aún no le ha proporcionado datos del proyecto. La Junta, por su parte, alega lo mismo, falta de información reclamada a la empresa. Nadie sabe nada pero las prospecciones ya se han realizado.

Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento esperan la información solicitada a la Junta por una moción urgente, aprobada por unanimidad en pleno municipal, y declaran que ofrecerán esta información con la máxima transparencia. A falta de esta información, el PP, partido en el gobierno de Cáceres, se opone a tomar una postura al respecto: «Manifestarse a favor o en contra de algo que se desconoce sería una temeridad. Desde el equipo de Gobierno se ha señalado que se velará por el cumplimiento de la legalidad en cualquier iniciativa que se quiera desarrollar, a la vez que apoyará cualquier proyecto que sea bueno para la ciudad».

Pedro, el propietario más afectado por el proyecto, ha escrito cartas formales al Ayuntamiento, pero la respuesta es siempre la misma: no hay información. «A ver si la alcaldesa se digna a hablar con los vecinos», se queja.

Salvando la montaña

Desde la Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres han presentado, en colaboración con Acima, alegaciones contra el proyecto minero, entre ellas una alegación ante la Junta de Extremadura por vulneración del Convenio Aarhus, que obliga a la transparencia y participación ciudadana en la gestión de proyectos que afectan a la población de manera directa.

La alegación, que se interpuso cuando la empresa presentó una solicitud de investigación para 44 cuadrículas mineras más, consiguió que el pasado 6 de noviembre la Junta denegase el permiso temporalmente, a la espera de cumplir los plazos apropiados para la consulta ciudadana. «Está en nuestra línea de acción convocar una manifestación, pero queremos que sea masiva. El objetivo es sensibilizar y movilizar a la gente de los barrios primero, proporcionar la información y que la gente libremente decida si esto es bueno o malo para Cáceres», dicen desde la Plataforma, que ha recogido ya 6.550 firmas contra la mina.

El movimiento cívico Salvemos la Montaña de Cáceres nació el pasado verano como plataforma de control y oposición al proyecto de mina en Valdeflores. Los primeros en acudir a la convocatoria fueron los grupos ecologistas, así como los vecinos directamente afectados que viven en la sierra. La Plataforma cuenta hoy con más de 200 miembros. Además de ciudadanos de Cáceres, colaboran organizaciones ecologistas como Ecologistas en Acción, Adenex, Acima, Seo Bird Life, Arba o Amigos de la Rivera del Marco.

Si el proyecto de mina Valdeflores-San José sale adelante, Cáceres sería la segunda ciudad del mundo más próxima a una mina de estas características. La otra está en Cerro de Pasco, en Perú, donde el cráter se va tragando la ciudad y los barrios tienen que ser desplazados cada cierto tiempo.

Además, si Valoriza Minería consigue el permiso de explotación, Pedro podría ser expropiado, según la preconstitucional Ley de Minas, de 1973, ya que su parcela se encuentra dentro de una cuadrícula minera. «Vivo con la sensación de quedarme sin casa, ni siquiera sé si me podrían expropiar o no, nadie me ha explicado nada», afirma.

La montaña de Cáceres y todo lo que esta implica está en manos de la Junta de Extremadura, pero también de la participación ciudadana. Ildefonso Calvo afirma que «la participación ciudadana en este tipo de protesta es mínima, pero sí que se está generando una corriente de opinión. Desde el Ayuntamiento ya se han dado cuenta de que no es todo tan bonito como en un principio se imaginaba, no es solo creación de empleo, sino que va a tener un coste muy alto para la ciudadanía».

una amenaza generalizada
El proyecto de la mina de litio a cielo abierto en la montaña de Cáceres forma parte de uno de los 2.000 permisos de investigación concedidos a empresas mineras en los últimos años en España, 216 solo en Extremadura, y que, de llevarse a cabo, ocuparían prácticamente todo el territorio español dividido en cuadrículas mineras.
Algunos expertos ambientalistas opinan que se trata del nuevo modelo de desarrollo económico impulsado desde la Unión Europea por Arias Cañete, comisario europeo de Acción por el Clima y la Energía, y afirman que se está formando un caldo de cultivo para la especulación de las empresas en Bolsa.
«El capitalismo financiero es un monstruo que necesita estar alimentado constantemente, este tipo de minería es la carne cruda en la que las compañías mineras y los fondos sin rostro ven una oportunidad; tras la burbuja inmobiliaria, lo siguiente es la minería», explicaba Helena Solís, abogada de Justicia Medioambiental, en la conferencia «Las minas nos matan».
En España hay latentes otras luchas contra proyectos mineros: tres plataformas antiminería en Ávila, otra creada en defensa de El Retortillo, en Salamanca, o la plataforma Sí a la Tierra Viva, que ha conseguido frenar el proyecto de explotación de tierras raras en Ciudad Real.
La solicitud de concesión minera más recientemente ha sido en el mes de octubre en Valencia de Alcántara. El permiso de investigación lo tendría una empresa noruega y sería por 210 cuadrículas mineras, unas 6.300 hectáreas.
Cáceres es tan sólo la punta del iceberg.
Fuente:https://elsaltodiario.com/saltamos-extremadura/caceres-de-montana-a-crater-por-una-mina-de-litio
Internacional

Denuncian a Trump por daño ambiental

Tras las reducciones anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, a los monumentos nacionales de Bears Ears y Grand-Stair Escalante, nueve organizaciones civiles, entre las que figuran el Consejo de la Defensa de Recursos Naturales, la Alianza por la Vida Silvestre del Sur de Utah y Earthjustice, formalizaron una demanda contra del presidente Trump y de los funcionarios Ryan Zinke, Brian Steed, Sonny Perdue y Tony Tooke, bajo el argumento de que se ha excedido la autoridad delegada a su oficina y se ha violado la Ley de Antigüedades de 1906, además de la separación de poderes establecida en la Constitución estadounidense.  

Respecto a la decisión de Trump de fragmentar estas áreas y cuya intención implícita es dar paso libre a la explotación de combustibles fósiles y minería, la presidenta del Consejo de Defensa de Recursos Naturales (NRDC), Rhea Suh, expresó que “su mandato no solamente es ilegal, sino también un serio agravio a todo estadounidense que valora la herencia natural de nuestro país”.

Detalló que ese paisaje con sus petroglifos, aldeas de piedra y resplandor natural, ha sido el hogar de pueblos indígenas por miles de años.

“Estamos mirando hacia pelear en la corte para preservar por siempre estos tesoros históricos, naturales y culturales que están en custodia para las generaciones futuras”, explicó Suh.

Las modificaciones mandatadas por Trump implica, se dijo a la agencia Inter News Service (INS), que esas zonas podrían quedar desprotegidas a no sólo la construcción de caminos que impactarían gravemente en el entorno ambiental, así como la realización de pastoreo, por la gran demanda que representa la producción de carne para consumo humano, una de las actividades que más contribuyen a la destrucción de hábitats, una de las causas del calentamiento global.

Una investigación realizada por la activista Karen Janett Carranza Jiménez indica que previo a la presentación de la demanda por estas nueve organizaciones, el pasado 4 de diciembre, día en que se anunció la fragmentación y disminución a estas áreas protegidas, tres de las cinco tribus que habitan la zona hicieron lo propio ante los juzgados, bajo la representación del Fondo de los Derechos de los Nativos Americanos (NARF, siglas en inglés).

Las naciones soberanas de nativos Hopi, Navajo, Pueblo de Zuni, Ute Indian y Ute Mountain Ute fueron las que en el periodo del exmandatario Barack Obama pugnaron por la  protección del Monumento Nacional de Bears Ears, para tratar de contrarrestar los saqueos de sitios arqueológicos, espirituales y culturales que en ellos se encuentran.

Ese 4 de diciembre, el presidente Trump declaró respecto a la decisión que tomó en torno a Bears Ears y  Grand-Stair Escalante que “algunas personas piensan que los recursos naturales de Utah deben estar controlados por unos cuantos y distantes burócratas en Washington. ¿Y adivinen qué?, están mal”.

Natalie Landreth, miembro del cuerpo de abogados de NARF, se pronunció con relación al tema porque “la administración de Trump no está diciendo la verdad”.

“El monumento de Bears Ears, tal y como fue creado por el presidente Obama, preservó la cacería, pesca, derechos de recolección y pastoreo, y protegió a estas increíbles tierras de los saqueos inmensurables y de desarrollos petroleros, de gas y minerales. Sin importar lo que haya dicho el presidente Trump, su acción (de reducir Bears Ears) hace lo contrario, bajo sus propios términos, en 60 días las tierras estarán abiertas para entrar, localizar, seleccionar y vender bajo la disposición de las leyes relativas a los arrendamientos minerales y geotérmicos; así como localizar, entrar y patentar bajo las leyes de minería”, explicó la abogada Landreth.

Se detalla en la demanda que Trump busca la manera de beneficiar a los productores de energías fósiles, así como a la industria que ofrece un desarrollo comercial a costa de la salud de ecosistemas y millones de estadounidenses, aminorando las aportaciones de los recursos naturales y de los beneficios ambientales y recreativos que éstos representan.

Fuente:http://www.elvocero.com/el-mundo/denuncian-a-trump-por-da-o-ambiental/article_cd792796-e81a-11e7-acf6-33b5991145c3.html

Internacional

Trump desbloquea licencia minera y da vía libre a proyecto de filial de Antofagasta PLC

Obama paralizó el proyecto de Twin Metals Minnesota por los riesgos «graves e irreparables» que sufriría un refugio medioambiental de Minnesota.

Medios estadounidenses resaltaron nexo de Ivanka Trump con Andrónico Luksic.

El Gobierno de EE.UU., presidido por Donald Trump, renovará las licencias para la minería de cobre y níquel cerca de un refugio salvaje en Minesota, en una marcha atrás en la regulación medioambiental impulsada por la Administración previa de Barack Obama, informó este sábado el Departamento del Interior.

La medida permitirá dar vía libre a los planes de la empresa Twin Metals Minnesota, una filial del gigante minero chileno Antofagasta PLC, controlado por la familia del multimillonario Andronico Luksic.

La empresa había presentado un proyecto de explotación minera de cobre y níquel justo al lado del refugio medioambiental Boundary Waters Canoe Area Wilderness, un área de 450.000 kilómetros cuadrados de lagos y bosques en el norte de Minesota, cerca de la frontera con Canadá, y protegida desde 1926.

Sin embargo, el Gobierno de Obama había paralizado dos años atrás los planes por el riesgo de «graves e irreparables daño a este área de fauna salvaje único, irreemplazable e icónica».

La prensa estadounidense ha destacado que precisamente Luksic es quien arrienda la casa a la hija de Trump, Ivanka, y su esposo, Jared Kushner, por 15.000 dólares al mes.

Ambos trabajan como asesores presidenciales de Trump en la Casa Blanca.

Preguntado por la cuestión, un funcionario del Gobierno estadounidense, que solicitó el anonimato, aseguró que «ni la señora Trump ni el señor Trump estaban al tanto de la situación, no tienen nada que ver con ella, y nunca han conocido a su casero».

 Minera expresó su satisfacción

En un comunicado, Twin Metals Minnesota se mostró satisfecha por la decisión, que calificó como «un importante paso para asegurar la certidumbre de las inversiones en proyectos mineros en EE.UU. y reafirmar los derechos de propiedad y el estado de Derecho».

Esta zona cuenta con una de las mayores reservas mundiales no explotadas de cobre y níquel del mundo, indicó la empresa al presentar el proyecto, con un valor estimado de 40.000 millones de dólares.

Twin Metals Minnesota promete invertir más de 2.800 millones de dólares y generar 650 empleos directos.

Desde su llegada a la Casa Blanca en enero, Trump ha revertido numerosas regulaciones de Obama y prometido devolver la pujanza al sector minero y energético de EE.UU., que considera asfixiado por el exceso celo de su predecesor en materia medioambiental.

Fuente:http://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/ee-uu/donald-trump/trump-desbloquea-licencia-minera-y-da-via-libre-a-proyecto-de-filial-de/2017-12-23/222448.html

Colombia

Planeaban paseo de olla a esta quebrada en Zaragoza, Antioquia, pero fue arrasada por la minería

Los charcos hacían de una finca un gran atractivo para los 30 mil habitantes del municipio. Hoy nadie quiere ir. Reclaman protección para otros dos afluentes.

El drástico cambio del charco Bonito de la quebrada La Quebrandona, ubicado en la finca Los Pomos de propiedad de Alirio López en Zaragoza (Antioquia), fue conocido por una publicación del abogado Fredy Salazar que se hizo viral en Facebook y ha sido compartida 44 mil veces.

“Qué pesar, qué dolor tan grande, mire como quedó la cascada, ¿quién sería el irresponsable? Mire cómo me volvieron esto, sin permiso, no se ve sino lodo”, se escucha que dice una mujer en la grabación.

Ella es doña Gladys de López, la esposa de Alirio.

La mujer se dio cuenta del daño el 21 de diciembre, luego de seis meses sin visitar el predio a causa de la construcción de una doble calzada que sale del municipio hacia Medellín.

La primera de las fotos fue tomada hace seis meses, según Salazar. La segunda el 21 de diciembre, el mismo día que ella fue a visitar a sus vecinos para ver de dónde provenían los ruidos de motores y máquinas (ver video).

“Hablaron con los vecinos, hubo presencia de la Policía y se llegó a un acuerdo para reparar el daño”, le dijo a Noticias Caracol el abogado Salazar.

El problema, dice el jurista, es que a esa quebrada decenas de familias iban a hacer su paseo de olla de Navidad y fin de año. Además por la preocupación de situaciones similares en las quebradas La Ocá y Juan Vara, que “eran muy habituales para baño, pero están convertidas en pequeños cauces de lodo”.

Todo por la práctica de la minería informal, dice.

Noticias Caracol trató de comunicarse con las autoridades municipales pero no fue posible contactarlas porque sus teléfonos aparecen apagados.

Fuente:https://noticias.caracoltv.com/medellin/planeaban-paseo-de-olla-esta-quebrada-en-zaragoza-antioquia-pero-fue-arrasada-por-la-mineria

Bolivia

Denuncian desvío de agua a minera chilena

Campesinos de Sejcihua, cantón San Pablo de Napa, de la provincia Daniel Campos en Potosí, exigen el resarcimiento de daños y perjuicios debido a que, según su versión, la empresa minera chilena Collahuasi desvía aguas subterráneas de sus vertientes hacia el vecino país para actividades mineras.

Según reporte del periódico digital Erbol, la corregidora cantonal Clara Flores Ayaviri aseveró que dicha empresa chilena ha perforado pozos cerca a los hitos fronterizos 54 y 55, los cuales son usados para dotar de agua de las vertientes bolivianas de Abra de Napa a la región chilena mediante cañerías subterráneas.

Según Flores, el desvío de agua hacia Chile ha generado que se sequen los pocos pastizales que existían en esa región, por lo cual el ganado ya no tiene alimento. Agregó que tampoco hay recurso hídrico para las actividades bolivianas de explotación de azufre y hasta desaparecieron aguas termales.

La corregidora aseguró que la afectación de agua es de 500 litros por segundo, que sería el triple de lo que se desvía en el Silala. “Esta extracción de agua sin permiso, sin autorización, está afectando totalmente a los habitantes de la región”, sostuvo.

Ante esta situación, los habitantes de Sejcihua determinaron en Asamblea exigir que se paralice el desvío de aguas subterráneas y que Chile resarza los daños y perjuicios por la sequía y la afectación al ganado, agricultura y minería, en suma, por la destrucción de su ecosistema.

Flores lamentó que por la sequía además los agricultores de quinua están atravesando problemas. A eso se suma que los ventarrones impiden que los cultivos del grano sea fructíferos.

La corregidora envió una carta en junio al secretario General de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (DireMar), Emerson Calderón, por este tema, asimismo aseguró, siempre por Erbol, que se hizo la verificación de la denuncia con autoridades locales y la presencia de militares para confirmar la denuncia.

MINISTRO DE DEFENSA

EL DIARIO, consultó el tema al ministro de Defensa, Reymi Ferreira, quien afirmó que tras la publicación del reporte de Erbol, solicitó un informe a las unidades militares bolivianas acantonadas en la frontera con Chile, mismas que informaron que no existe ninguna denuncia.

“No hay ninguna denuncia de ninguna comunidad Hemos preguntado a las unidades cantonales allá y no hay ninguna denuncia de nadie. No hay ninguna autoridad ni alcalde que haya hecho esa denuncia. Pregunté porque vi el reporte, pero no hay ninguna denuncia”, aseguró la autoridad.

En ese marco, la autoridad responsable de la cartera de Defensa dio poco crédito a la denuncia de los comunarios de la región y afirmó que probablemente se trate de una versión de contrabandistas de la región, dado que la actividad de comercio ilegal en la frontera con Chile, es fuerte.

“Nada raro que sea una denuncia de los contrabandistas porque esa zona está plagada de contrabando. Lo que pueden hacer para despistar a las Fuerzas Armadas, lo hacen”, afirmó Ferreira.

Asimismo afirmó que “muchas veces presentan “denuncias infundadas” sobre el tema y explicó que el límite fronterizo con Chile no es una línea recta sino que presenta varias ondulaciones y zigzags.

Fuente:http://fmbolivia.com.bo/denuncian-desv%C3%ADo-de-agua-minera-chilena

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Guardianes memoria: CEDIB

El Centro de Documentación e Información Bolivia – CEDIB, lleva casi 50 años resguardando la memoria de Bolivia, fortaleciendo el derecho de acceso a la información y así los derechos humanos.

Bolivia

A 21 años de la masacre , Amayapampa: Aún cuestionan los beneficios de la minería

Tal vez en el rincón de las almas, Amayapampa, norte Potosí se resume lo que está pasando con la minería luego de más de 500 años de experiencia minera en Bolivia.

Hoy, los 280 trabajadores mineros del sindicato y otras personas recordarán a nueve masacrados, que cayeron en diciembre de 1996,  cuando desde la mina de oro de Amayapampa exigieron al gobierno de entonces, Gonzalo Sánchez de Lozada y al inversionista Garafulic que este metal deje de hacer rico a una familia y dé agua, camino, energía eléctrica y ayude a vivir mejor a la población del lugar.

El gobierno de entonces, en defensa de la empresa privada, movilizó 1.500 militares y policías, con tanques, carros de combate, lanzagranadas y morteros. Su argumento: hacer cumplir la Ley minera de entonces.

Capital transnacional aliado a capitales nacionales no resolvió la pobreza en Amayapampa. Los mineros cansados tomaron el yacimiento y recogieron nueve compatriotas muertos, la mayoría jóvenes, hombres y mujeres con disparos de arma de fuego 9 milímetros por la espalda, cabeza y el pecho, algunos perdieron la vida desangrados.

Este 19 de diciembre Agapito Choque, secretario general del sindicato minero de Amayapampa pidió al pueblo no repetir esta historia y exigió que la minería beneficie a toda la población.

Amayapampa hoy en manos del Estado tiene dos plantas para procesar el oro, son aún experiencias piloto.

Para extraer un gramo de oro se requiere mover una tonelada de roca. José Pimentel, exministro de minería, hoy presidente de COMIBOL asegura que de momento los avances son lentos por la burocracia de la empresa estatal.

Ganancias por impuestos y regalías

Para no ir lejos, aquí cerca, el municipio potosino de Chuquihuta recibe apenas 114 mil bolivianos año en compensación de regalías por la explotación del oro en su territorio.

Chayanta, donde está asentada la mina de oro de Amayapampa recibe 33 mil bolivianos año.

Preguntemos a los paceños ¿cuánto reciben por la explotación del oro en su territorio? Difícil entender que por aporte de municipios, Colquiri que no explota oro sea el que más aporte en regalías. Aunque claro sumados todos los municipios paceños donde se explota oro, cancelaron la mayor parte de los 33 millones de dólares recaudados en 2014 por ejemplo.

En total Bolivia recaudó 124 millones de dólares por regalías mineras en 2015, unos 134 millones de dólares en 2013 y 140 millones en 2012.

De ese total, Potosí que es el primer exportador de zinc logró el 62% de las recaudaciones, La Paz que es el primer productor de oro en segundo lugar y muy lejos con apenas 22%.

La empresa privada aporta la mayor cantidad de regalías. En Potosí por ejemplo la empresa San Cristóbal aportó el 52% de las regalías mineras este 2017. ¿Los potosinos se preguntaron con qué compensarán los 700 millones de bolivianos año cuando se acabe el mineral en San Cristóbal?

En impuestos, principalmente impuesto a la ganancia, 78 millones de dólares recaudados en 2014, unos 195 millones el 2012 y 67 millones de dólares el 2013.

Según datos del Ministerio de Minería y de Fundación Jubileo, Bolivia exportó minerales por un valor de 4 mil millones de dólares en 2012 y 3.500 millones los siguientes años.

De todo ese dinero en impuestos y regalías se quedaron 330 millones de dólares para Bolivia, menos del 9%.

Según Jubileo, si los productores del oro, especialmente de La Paz habrían pagado regalías mineras justas e impuestos, el país habría recibido 375 millones de dólares más en 2012. Y según ese informe, los productores de minerales se quedan con 1.000 millones de dólares descontando todos sus costos.

¿Se invierte en minería como se invierte en el petróleo?

En 2013 la inversión del Estado en minería superó a la inversión privada. Ese año Bolivia invirtió 115 millones de dólares frente a los 85 del sector privado. Amayapampa en el Norte Potosí, hace 20 años requería de 60 millones de dólares para explotar el oro, hoy requiere el doble; Mallku Qota, espera un fallo internacional, está en demanda, para que empiece la explotación de sus reservas.

La inversión mayor es el litio del sudoeste potosino con más de 900 millones de dólares. A partir de este año debería consolidarse la industrialización, según las declaraciones de archivo del ingeniero Luis Alberto Echazú.

Juan Carlos Maguiña, una de las personas que más luchó desde la Prefectura potosina por resucitar las regalías mineras, señala que propusieron 10% de regalías para el litio, pero aprobaron 3%. Prefiere no opinar frente a la decisión de los gobernantes, pero señala que en general la empresa privada impidió el aumento de regalías mineras.

¿Cuánto empleo genera la minería?

El sector cooperativista minero es el que tiene más trabajadores. Más de 100 mil según los reportes de la Fencomin. El Estado a través de la Comibol tenía 6.700 trabajadores el año pasado, según el Ministerio de Minería. La empresa privada es la que genera menos empleo porque trabaja con tecnología de punta para aminorar costos de operación.

La Constitución Política del Estado reconoce a la minería privada, estatal y cooperativizada, pero también a la economía comunitaria, esta última ninguneada y olvidada por la Ley minera.

La pregunta central es ¿cuánto ha aportado la minería para el desarrollo de las regiones y el país? ¿Su aporte es significativo? O ¿aún sigue beneficiando a pequeños grupos de poder?

Fuente:http://www.erbol.com.bo/noticia/regional/20122017/amayapampa_21_anos_de_la_masacre_aun_cuestionan_beneficios_de_la_mineria

Bolivia

En San Ramoncito nace núcleo de la resistencia por el TIPNIS

Dirigentes anunciaron que el próximo año una delegación del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza inspeccionará la reserva.

La comunidad de San Ramoncito de Ichoa es el primer punto de resistencia en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y de la madre tierra. Esa fue la decisión que tomaron los indígenas, luego de que el Gobierno levantara la intangibilidad de la reserva.

“No queremos la carretera por el TIPNIS porque no nos beneficiará en nada. La lucha nunca se va a terminar hasta que tengamos libertad en nuestro propio territorio, por eso San Ramoncito es nuestro primer centro de resistencia. Así lo determinaron todos los indígenas”, informó la dirigente Marqueza Teco.

 

En el documento suscrito por el corregidor Antonio Noza, el cacique Leandro Moye, el alcalde comunal Esteban Noza y 20 indígenas, entre otros, afirman que defenderán su territorio porque están respaldados por la Constitución y por las leyes nacionales como internacionales, que “garantizan el ejercicio de los derechos en defensa de la vida, la dignidad, los recursos naturales y medioambiente”.

 

El acuerdo fue firmado el 6 de diciembre, luego de que los dirigentes indígenas Teco y Fabián Gil visitaran las comunidades para informar y explicar la Ley de Protección, Desarrollo Integral y Sustentable del TIPNIS, que anuló la intangibilidad de la reserva natural.

“Este es el primer paso dentro de las comunidades del TIPNIS; el Estado y el Gobierno nos ofreció varios proyectos y no cumplió. En la visita que realizamos a las comunidades no hemos visto proyectos y los que iniciaron, como ser de agua potable, están en total abandono; no hay tal proyecto”, manifestó Teco.

La dirigente anunció que el próximo año una delegación del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza inspeccionará el TIPNIS.

En noviembre, el presidente Evo Morales manifestó: “El camino de San Ignacio de Moxos a Villa Tunari ya hubiéramos terminado. Imagínense, que algunos pocos benianos perjudican mucho, tenemos financiamiento, estábamos pronto para empezar, se movilizaron; bueno, si quieren hacemos, si no quieren no, tampoco vamos a rogar. Tenemos una responsabilidad, que sepan las nuevas generaciones, no es que hemos abandonado”. La frase la expresó Morales durante el acto de entrega de un puente en la provincia Mamoré.

 

Los dirigentes indígenas consideran que Evo Morales insistirá en la construcción de la carretera, con el fin de beneficiar a los cocaleros y extraer las riquezas naturales del TIPNIS. “Sólo nos quiere distraer”, manifestó la líder Teco.

Fuente:http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/12/19/ramoncito-nace-ncleo-resistencia-tipnis-163660.html