Bolivia

Gobierno alista explotación de Thutu, el inédito yacimiento mineral explorado por el Estado

Es el primer yacimiento explorado por la Corporación Minera Bolivia (Comibol) pues las operaciones estatales mineras actuales son herencia de los barones del estaño. Entrará en funcionamiento este año al igual que otros tres proyectos

El Gobierno, a través de la Corporación Minera Bolivia (Comibol), alista la explotación para este año de Thutu, el inédito yacimiento mineral explorado por el Estado desde la herencia de los denominados barones del estaño que dominaron el mercado en la primera mitad del siglo XX.

“En unos días más vamos a poner en marcha el ingenio de Telamayu que lo hemos rehabilitado y la mina nueva de Thutu. Sería la primera mina que la Comibol, el Estado, estaría inaugurando porque no olvidemos que la antigua Comibol ha trabajado en la minas heredades de Patiño, Hochschild y Aramayo”, señaló el presidente Ejecutivo de Comibol, Marcelino Quispe.

El funcionario desveló los proyectos que tiene la estatal para 2017 durante la rendición de cuentas de la gestión pasada que entregó el Ministerio de Minería y Metalurgia.

Según datos del Gobierno, el proyecto Thuthu, es uno de los más importantes que desarrolla la Comibol puesto que es un yacimiento polimetálico de plata, plomo y zing.

El yacimiento se encuentra en el departamento de Potosí, Provincia Nor Chichas, a una hora de viaje del centro minero Telamayu y tiene una estructura mineralizada en superficie de una longitud aproximada 1,7 kilómetros.

Quispe además destacó nuevos proyectos como el de La Cruz, un yacimiento de oro emplazado en Santa Cruz. Además de los proyectos Concordia y Walter que están en fase de investigación.

“En Walter vamos a obtener oro, plata, cobalto y tierras raras, en tierras raras no tenemos recursos humanos y la Comibol las tiene que ir formando”, dijo.

Fuente:http://www.la-razon.com/economia/Mineria-Gobierno-explotacion-Thutu-yacimiento-inedita-exploracion-Estado_0_2636736360.html

Ecuador

Ministerio del Ambiente de Ecuador desestima la disolución de Acción Ecológica

El Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE) resolvió este jueves desestimar la solicitud de disolución de la Corporación Acción Ecológica presentada por el Ministerio del Interior el pasado 19 de diciembre, por considerar que la organización ambientalista incurrió en acciones políticas y de desestabilización durante las protestas de grupos indígenas shuar en la provincia amazónica  de Morona Santiago.

En una rueda de prensa, el ministro de esta cartera, Walter García, informó que después de haber analizado las pruebas presentadas por ambas partes consideran “que no existe vinculación directa entre los hechos violentos acaecidos en la Provincia de Morona Santiago los días 21 de noviembre y 14 de diciembre de 2016, y los comentarios, opiniones y editoriales de la Corporación Acción Ecológica”.

El MAE exhortó a la corporación a cumplir con los fines y objetivos para los cuales fue constituida y recomendó que no propenda a la emisión de criterios u opiniones a través de comunicados y publicaciones en momentos y situaciones de conmoción social que pudieren ser interpretados como factores de alteración de la paz.

“Esto es solamente una recomendación para que eviten dar estos comentarios que puedan ser interpretados por las instancias encargadas de garantizar la paz social en un momento que pueden incentivar una mayor conmoción”, aclaró el ministro.

En la audiencia de resolución del caso que se desarrolló la tarde del miércoles y que duró cerca de tres horas, tanto el Ministerio del Interior como Acción Ecológica presentaron las pruebas y el MAE fue el organismo encargado de analizarlas.

Esperanza Martínez, vocera de Acción Ecológica, dijo que se había logrado desestimar todas las pruebas presentadas por el Ministerio del Interior. “Me atrevería a decir que son más pruebas de descargo que de cargo si es que hacemos la lectura de los partes policiales, los retuits y los mensajes”, señaló.

La vocera insistió en que “Acción Ecológica no ha incurrido en ningún acto violento ni de motivación a la violencia» y que no tiene participación en eventos políticos. «Somos defensores de los derechos humanos y la naturaleza y que nuestros objetivos y fines son justamente esos”, aseguró.

El pasado 19 de diciembre, el MAE notificó a la agrupación ambientalista, sobre el inicio de un proceso administrativo para disolverla, por pedido del Ministerio del Interior que la acusa de haber incurrido en actos violentos, en el marco de las protestas de grupos indígenas shuar en la provincia amazónica  de Morona Santiago, en contra de la extracción de oro, por parte de la empresa china, EXSA.

Según el Ministerio del Interior, Acción Ecológica, habría difundido mensajes que incurrían a la violencia y con esto se habían alejado de los objetivos para los que fue creada: la defensa de los derechos humanos y la naturaleza.
Fuente:http://www.andes.info.ec/es/noticias/ministerio-ambiente-ecuador-desestima-disolucion-accion-ecologica.html?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork

Bolivia

Revirtieron 7 áreas mineras explotadas por Manquiri

El ministro César Navarro informó el miércoles que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) ya resolvió revertir para el Estado siete áreas mineras en las faldas del Cerro Rico de Potosí que se otorgaron a cooperativas mineras, pero estaban siendo explotadas por la empresa privada Manquiri.

“Las áreas que han sido revertidas han sido áreas que estaban en las faldas del Cerro Rico de Potosí que fueron entregadas a siete cooperativas mineras y éstas cooperativas están con contratos de arrendamiento con la empresa Manquiri. Estas siete áreas ya han sido revertidas a dominios de la Comibol”, dijo.

Esta decisión se enmarca en el proceso que realiza la Comibol para adecuar los contratos de concesión que se otorgaron a las cooperativas mineras, de acuerdo a la Ley 845.

Según dicha norma, las cooperativas mineras que hayan arrendado sus yacimientos a empresas privadas sufrirán la reversión al Estado de estas áreas de explotación.

El Ministro de Minería indicó que, tras la decisión de revertir las áreas en las faldas del Cerro Rico, la Comibol está en el proceso de entablar conversaciones con la empresa privada con la intención de evitar que se paralice la producción.

Fuente:http://www.erbol.com.bo/noticia/economia/12012017/revirtieron_7_areas_mineras_explotadas_por_manquiri

Bolivia

CAO: Cooperativas mineras dañan las tierras productivas

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Julio Roda, afirmó que la actividad de las cooperativas mineras asentadas en San Ramón, en el departamento de Santa Cruz, vuelven improductivas las tierras y dañan las afluentes de los ríos que sirven en muchos casos para el riesgo de cultivos agrícolas.

Roda sostuvo que las cooperativas avasallan predios y contaminan con mercurio tierras productivas y los afluentes sobre todo en la población de San Ramón, donde al menos unos 17 predios fueron afectados.

Precisó que en algunos predios se va a paralizar la actividad y el ingreso de las personas,  hasta que no se haga el arreglo correspondiente que fue establecido con anterioridad en un documento.

“Esperamos que se actúe de esa forma en todos los predios que tienen esa actividad minera que para nosotros es realmente perjudicial”, dijo según despacho de Radio Santa Cruz de la red Erbol.

Aseguró que los agropecuarios no se oponen a la actividad minera y respetan lo que dice la ley en cuanto a la toma de tierras para dar continuidad a la explotación minera, declarada prioridad del Estado dentro la nueva Ley Minera.

Sin embargo dijo que el productor que por desgracia tiene minerales precisos o de valor en su tierra, está predestinado a tener problemas en la propiedad porque este tipo de actividad hace que la tierra tenga muchas excavaciones y se vuelve improductiva y lo más lamentable es la contaminación con mercurio que sucede por la separación del metal de la tierra.

Sostuvo que en la actualidad serían 17 predios avasallados y gestionan con el gobierno el desalojo de los explotadores mineros, en coordinación con el INRA, el Ministerio de Gobierno, y de Desarrollo Rural.

Fuente:http://www.erbol.com.bo/noticia/economia/11012017/cao_cooperativas_mineras_danan_las_tierras_productivas

Internacional

La explotación minera que causó uno de los mayores desastres medioambientales en España

La sombra de la corrupción sobrevuela la mina que causó uno de los mayores desastresmedioambientales de la historia de España. A las dudas sobre la reapertura de la explotación de metales de Aznalcóllar (Sevilla), que tras un accidente en el que se rompió la balsa de decantación de la mina vertió más de seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y aguas ácidas ricas en cinc y arsénico al río Guadiamar en 1998, afectando a 4.634 hectáreas en el entorno del parque de Doñana, se suman las existentes sobre la legalidad de su adjudicación.

En abril de 2014 los gobiernos central y autonómico ultimaban los preparativos para la reapertura, una apuesta de Susana Díaz con el horizonte de los datos de paro de Andalucía y, en especial, de la comarca en la que se encuentra el recinto, con cifras superiores al 30%.

La adjudicación llegaba en marzo de 2015, anunciada entre trompetas de inversión y trabajo –la adjudicataria proclamaba la contratación de 200 personas en la primera fase y 1.100 más con el comienzo de los trabajos–.

Pero con la concesión llegaba la polémica: la perdedora de las dos finalistas del concurso, Emerita-Forbes Manhattan, llevaba a los juzgados el proceso que finalmente había ganado la UTE formada por la cordobesa Magtel y Grupo México, denominadaMéxico-Minorbis, un conglomerado con un amplio historial de vertidos tóxicos. Entre ellos se encuentra el más grave de la historia de México, en el que se vertieron a dos ríos y un pantano de Sonora 40.000 toneladas de cobre, arsénico, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo.

Cóctel de delitos

Emerita presentaba una denuncia por delitos de «prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude y negociación ilegal» en el proceso de adjudicación, y reclamaba una investigación a fondo de las millonarias ayudas públicas otorgadas a Magtel. La directora general de Minas de la Junta de Andalucía, María José Asensio, caía y era destituida al ser imputada en el caso.

La causa penal se archivaba en noviembre de 2015, dando por finalizada la suspensión cautelar de la adjudicación. Pero hoy el caso ha vuelto a las portadas. El 19 de octubre la Audiencia Provincial de Sevilla, con Mercedes Alaya a la cabeza, ordenaba la reapertura del caso al ver indicios evidentes de prevaricación. La juez veía además «ilegalidades severas y arbitrarias» por parte de la Junta en un caso que roza el surrealismo, con una concesión final de los derechos de explotación no a Minorbis (filial de Magtel) ni a Grupo México, sino a una tercera empresa, Minera Los Frailes, que Grupo México había comprado poco tiempo antes y que no participó en el concurso.

La empresa Bolidén vertió en el desastre de Aznalcóllar aguas ácidas y lodos tóxicos en 4.402 hectáreas, muchas de ellas del Parque de Doñana.

De fondo, las pasadas elecciones andaluzas de 2015 y las prisas por parte de la Junta para acelerar la adjudicación, tal como denuncian los ecologistas. Uno de los grupos personados como acusación, Ecologistas en Acción, pedía el 20 de octubre el «cese inmediato» de la exdirectora general de Minas, viceconsejera de Empleo de la Junta desde septiembre. El caso volvía a tocar a las más altas instancias de la Junta.
«Esperemos que podamos parar la reapertura de la mina, porque consideramos que es un error volver a poner sobre Doñana esta espada de Damocles», apunta Juan José Carmona, responsable de WWF en Andalucía. «Desde el 98 se viene demostrando, también con otras minas cercanas, que no funcionan los controles a pesar de las condenas. Hacen lo que quieren».

Carmona se refiere, entre otras, a Las Cruces, la mayor mina a cielo abierto de España, dedicada a la extracción de cobre, a apenas 20 km de Aznalcóllar. Tres de sus directivos eran condenados el mes pasado a un año de cárcel por contaminar con arsénico el acuífero Gerena-Posadas, además de por extraer agua ilegalmente del mismo durante años, lo que le ha valido una sanción por parte del Consejo de Ministros de algo más de un millón de euros a Cobre Las Cruces, filial de la canadiense First Quantum. La compañía facturó 356 millones de euros en 2015.

 

No opina igual Miguel Ferrer, director de la Estación Biológica de Doñana cuando ocurrió el desastre de Aznalcóllar y hoy coordinador institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Andalucía: «Entiendo las posturas de los ecologistas, pero lo cierto es que todas las personas utilizamos y necesitamos metales, y hay dos opciones: permitir que este tipo de explotaciones ocurran en el tercer mundo, sin mucho control ambiental, y luego les compramos, o bien colaboramos con el desarrollo y la investigación aplicada a generar una minería moderna mucho más controlada».

Para este responsable, la apertura de las instalaciones «tiene un importante interés socieconómico y político» y no ve inconvenientes en que sea el Grupo México el explotador de la zona. «Es razonable pensar que una empresa minera que tiene mucha actividad por todo el mundo es probablemente quien pueda tener accidentes. No me preocupa tanto, entre comillas, que haya habido un accidente como cuál ha sido la reacción y, sobre todo, cuál es la actitud de esa empresa. En España, la legislación es de las más exigentes en temas de garantías en nuevas explotaciones mineras, no sé si me da más susto una empresa minera que ha tenido un accidente o un grupo de inversión riesgo que maneja fondos de pensiones».

A la mina o al paro

El portavoz de WWF pone en el centro del problema el modelo económico de la zona: «El único que tienen es la mina. Sabemos lo que trae ese sistema, llamémoslo colonialista, que ocurre en toda la cuenca minera andaluza: empresas de fuera que llegan y, mientras la tecnología y el mercado les permiten una explotación rentable de las minas, las mantienen, pero en el momento que no las cierran, sin ninguna responsabilidad social».

Como ejemplo cita la explotación de Aguablanca, situada entre las provincias de Huelva, Sevilla y Badajoz, que anunció a principios de año su cierre. «Como el precio del cobre ha caído, ya no les interesa y ahora van a despedir a la gente». Y es que para el ecologista, «cuando todo el sistema se basa en ese modelo colonialista, pasan estas cosas», por lo que aboga por un cambio de modelo que evite la dependencia de la mina.

Noche sin estrellas

«El Guadiamar tiene un color de una noche sin estrellas, el Guadiamar tiene un olor que huele a tierra muerta». Los Mártires del Compás inmortalizaban en su canciónLa lava de Aznalcóllar el desastre un año después de la tragedia. La magnitud de la misma, de la que habían advertido tanto técnicos como ecologistas –incluso el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología, dependiente del CSIC, señaló previamente el riesgo que suponía para el Parque Nacional de Doñana la existencia de una balsa de residuos de tales dimensiones en la cabecera del cauce que regaba las marismas del Guadalquivir–, contrastó con la eficacia y celeridad de los trabajos de limpieza.

Activistas y administraciones coinciden en aquel éxito, que para Carmona estuvo marcado por una combinación de factores –»la rapidez de la retirada de los lodos; los tratamientos que se hicieron; la expropiación de tierras junto al cauce de los ríos [Agrio y Guadiamar], que impidió que se siguieran removiendo las tierras, y la suerte de que no lloviese»– y para Ferrer por «una serie de decisiones que se tomaron a unas horas del accidente y que marcaron el final», como la construcción de un embalse adicional en la zona de Entremuros, que consiguió detener más de la mitad del vertido, y las expropiaciones de terrenos.

Los trabajos de restauración, tras tres años de limpieza, se plasmaron en dos grandes actuaciones: el Plan Doñana 2005, del Gobierno central, que se basó en la recuperación de las marismas y la restauración de los aportes de agua al Parque Nacional, y la regeneración del entorno del Guadiamar, a cargo de la Junta, que fructificó en la creación del Corredor Verde del Río Guadiamar. Es una reivindicación ecologista, sin embargo, la continuación del proyecto en Doñana para hacerlo más ambicioso, ya que, como resalta Carmona, «las marismas del Guadalquivir, desde principios del siglo pasado, han perdido el 80% de su superficie».

Hoy, la contaminación que produjo el desastre, según el responsable de WWF, está en niveles similares a los de antes del accidente en la mayor parte de la zona afectada, partiendo de la base de que en la zona, históricamente minera, la contaminación no es nueva, como ocurre igualmente en cuencas como las de los ríos Odiel o Tinto.

Sin embargo, aún quedan asignaturas pendientes: «La afección de carácter general es detectable, particularmente donde el suelo que atravesó el vertido era arenoso y, por tanto, donde era mucho más fácil que el vertido penetrase a mayor profundidad y más difícil de eliminar», explica el delegado del CSIC, que remarca que los niveles «no son preocupantes».

Sí destaca como actuación pendiente la contaminación que sigue recibiendo el río Agrio, que circunvala la antigua balsa de lodos. «No está del todo claro si procede del acuífero aluvial, del lecho del mismo río que tras el accidente quedó afectado, o si representa una filtración que no está totalmente cerrada. En cualquier caso, supone un goteo de contaminación que, si bien es pequeño, es un problema, y que si se procede a la reapertura de la mina podrían aprovechar a arreglar definitivamente».

Un paso atrás

A pesar de los logros, desde el movimiento ecologista se ve la reapertura de Aznalcóllar como un paso atrás y un riesgo para todo lo conseguido. No sólo por el evidente peligro de contaminación, dados acontecimientos recientes en la zona como los vividos en Las Cruces este mismo año, sino por el uso del agua fluvial para las actividades extractivas, lo que repercutiría en las aportaciones a Doñana y al Corredor Verde.

A día de hoy, mientras supuestamente 180 personas trabajan en la mina en labores previas a la explotación –algo que niega la demandante Emerita Resources– a pesar de que el proyecto no se ha hecho público aún y, por lo tanto, no dispone de autorización ambiental, las miradas de vecinos y ecologistas están pendientes de la resolución del caso recién reabierto. Un cóctel de paro, contaminación, multinacionales, lecciones históricas y corrupción. Se abren las apuestas.

El polémico dragado del Guadalquivir

Un peligro para Doñana o una inyección económica para el futuro andaluz. El polémico dragado del río Guadalquivir en Sevilla, aparcado desde hace años y que llegó a ser suspendido por el Tribunal Supremo, viene siendo un foco de tensión entre científicos y ecologistas contrarios a su ejecución y los empresarios andaluces, que esperan los millones que podría traer la llegada de barcos de mayor calado. La recién creada plataforma Salvemos Doñana calificaba el proyecto como uno de los cuatro riesgos principales para el Parque Nacional.

Ecuador

PERSECUCIÓN Y CRIMINALIZACIÓN DE CAMPESINAS Y CAMPESINOS QUE SE OPONEN AL MEGAPROYECTO MINERO PANANZA-SAN CARLOS[1]

Es público y conocido que el 11 de agosto se desalojó la comunidad Shuar de Nankintz, ubicada en la zona afectada por el proyecto minero Pananza-San Carlos de la corporación china Tongling-Corriente Resources-ExplorCobres-EXSA. Esta comunidad fue fundada en el 2006 luego de que el campamento de Rosa de Oro de esta compañía minera fuera expulsado por la movilización popular en Morona Santiago sobre todo de los sectores campesinos y Shuar. La fundación de Nankintz fue un acuerdo entre todas las organizaciones y movimientos de campesinos, entre ellos la Coordinadora Campesina Popular CCP, pobladores de los sectores urbanos de la provincia y comunidades Shuar, que participaron en la resistencia que llevó a la expulsión de este y otros campamentos mineros en el 2006, así como a la suspensión de todas las actividades mineras en la provincia de Morona Santiago e incluso del proyecto Mirador en Zamora Chinchipe.

La Coordinadora Campesina Popular CCP y la Asociación de Campesinos de Limón Indanza ACLI y el Frente de Mujeres Guardianas de la Amazonía, organizaciones que han sido parte activa de la resistencia al megaproyecto Pananza-San Carlos desde hace más de una década, han venido haciendo desde el 11 de noviembre pronunciamientos públicos rechazando el desalojo, exigiendo la desmilitarización de la zona que se dio a raíz del mismo, y en contra de la violencia que estos hechos han generado en los últimos meses. Además ha realizado distintas acciones públicas y pacíficas para manifestar su rechazo y exigencia por los derechos, el territorio campesino y la Soberanía Nacional, como fue la «Caminata Campesina» que recorrió desde Limón a San Juan Bosco el 21 de agosto de 2016 (ver nota sobre la Caminata en: http://mingaccp.blogspot.com/2016/08/caminata-de-dignidad-por-los-derechos.html#links); así mismo fueron parte de los convocantes del «Tribunal contra la invasión minera imperialista», realizo el 2 de septiembre de 2016 en Cuenca (ver nota sobre el Tribunal enhttp://mingaccp.blogspot.com/2016/09/tribunal-popular-condeno-la-invasion.html).

Para el domingo 18 de diciembre de 2016 la CCP y ACLI estaban convocando una nueva Marcha en exigencia de la desmilitarización, los derechos campesinos y la soberanía, la cual iba a partir de San Miguel de Conchay hacia San Juan Bosco, sin embargo el 14 de diciembre se dieron los hechos que son de dominio público en sector donde la compañía minera ha levantado un campamento, y se decretó un estado de excepción por 30 días en toda la provincia de Morona Santiago, con lo que se boicoteó la Marcha, siendo suspendida al no contarse con las garantías democráticas para su realización.

Por la presencia, participación activa en la resistencia e historia de lucha consecuente e inclaudicable, cómo es lógico, miembros y dirigentes de la ACLI, Frente de Mujeres Guardianas de la Amazonia y CCP, han venido siendo objeto de diversos actos violatorios a sus derechos humanos, en especial luego de los hechos registrados el 21 y 22 de noviembre, y 14 de diciembre que son de dominio público. En particular, los ataques han sido dirigidos a miembros y dirigentes de la ACLI y Frente de Mujeres Guardianas de la Amazonía en la parroquia San Miguel de Conchay, donde se han registrado interrogatorios ilegales por parte de la Tenienta Política junto con funcionarios del Ministerio del Interior, Comisaría Nacional de Policía y otros, allanamiento de casas y fincas por parte de la fuerza pública, intimidaciones, difamación, inicio de investigaciones previas en la Fiscalía de Limón por falsas acusaciones, entre otros. (Un resumen de los casos puede leer al final de esta nota).

Preocupa sobre manera la situación de Manuel Peláez Mayta, Vicepresidente de la Asociación de Campesinos de Limón Indanza ACLI y su familia, quienes está siendo blanco de una rabiosa persecución por parte del gobierno y la empresa, utilizando a pro-mineros de su propia comunidad. En los últimos días Manuel Peláez fue notificado para presentarse el 9 de enero de 2017 a rendir versiones en la Fiscalía de Limón por falsas acusaciones en su contra por parte de un trabajador de la empresa minera EXSA y una pro-minera de lo localidad, por lo que se ha iniciado las Investigaciones Previas No. 140301816120015 y 140301816120016 por el presunto delito de «INTIMIDACIÓN».

Manuel Peláez Mayta acudió el lunes 9 de enero a la Fiscalía y allí se le entregó una nueva denuncia en su contra por la que se ha abierto la Investigación Previa No. 140301817010002 por el presunto delito de «ABIGEATO». Estas investigaciones abiertas por la Fiscalía en contra del Vicepresidente de la ACLI, se suman a otras violaciones de derechos cometidas en su contra en las últimas semanas.

Para entender el por qué de esta persecución y criminalizción es importante hacer las siguientes puntualizaciones:

1. Morona Santiago es una provincia Amazónica donde conviven en la actualidad población nativa denomina «mestiza», campesina en su gran mayoría, producto de la colonización por parte de campesinos de región Andina, en especial de la provincia de Azuay, que desde hace 100 años llegaron a esta parte del Oriente ecuatoriano, y, la población Shuar.

Por tanto el área afectada por las concesiones de Tongling-Corriente Resources-ExplorCobres-EXSA, que son de más de 41 mil hectáreas, está conformada por comunidades campesinas y áreas de los centros Shuar, es decir, estas concesiones, no afectan sólo el territorio Shuar, sino el de la población campesina del sur de la provincia de Morona Santiago.

El proyecto Pananza-San Carlos, afecta directamente varias parroquias donde la mayoría, sino la totalidad de su población son campesinos: Pananza, San Miguel de Conchay y San Carlos de Limón, pertenecientes a los cantones de San Juan Bosco y Limón Indanza.

2. El campesinado ha jugado desde hace más de una década un papel activo en la resistencia a los megaproyectos de minería en la provincia, especialmente al Pananza-San Carlos. La conformación de la Coordinadora Campesina Popular CCP en el 2005, fue un hecho importante para el campesinado conciente y organizado de Morona Santiago, en particular del cantón Limón Indanza, donde posteriormente se formó la Asociación de Campesinos ACLI. Estas organizaciones han tenido una presencia activa, pública y pacífica en la zona en demanda de los derechos violados desde que se entregaron las concesiones a las empresas mineras en los años 90 del siglo pasado, sin que las comunidades campesinas e indígenas hayan sido informadas ni consultadas. En años posteriores se constituyó también el Frente de Mujeres Guardianas de la Amazonía para visibilizar la participación de las mujeres campesinas que resisten a la imposición de la megaminería en sus comunidades.

3. Los procesos de persecución y criminalización al sector campesino opuesto al megaproyecto minero Pananza-San Carlos, se dieron a la par con la emergencia del proceso de resistencia de los años 2005-2006. Por su participación en la resistencia a este megaproyecto, miembros de la CCP, ACLI, y otras personas, fueron blanco de una persecución con distintos procesos judiciales, algunos abiertos hasta el 2012 a pesar de la Amnistía otorgada por la Asamblea Constituyente del 2008. Por el desalojo del campamento de Rosa de Oro, dado en el 2006, Lina Solano Ortiz, Fernando Mejía y otras personas, fueron acusadas de delitos penales como «invasión de edificios» y «robo», con falsas acusaciones de haber ingresado al campamento minero a la cabeza de un grupo armado, haber atentado contra la vida de los trabajadores de la empresa y robado pertenecías de ExplorCobres por más de 20 mil dólares, mentiras que la empresa jamás pudo probar. Igualmente Vicente Zhunio Samaniego, miembro de la CCP y ex Presidente de la ACLI, fue herido, secuestrado por la policía en Indanza, y privado injustamente de su libertad, durante las protestas comunitarias del 5 de enero de 2009 en contra la aprobación de las reformas a la ley de minería. Estos entre otros hechos se han venido registrando contra miembros de la ACLI y CCP en estos años de lucha.

4. Desde el 2006 en que se fundó la comunidad de Nankintz, nativos mestizos y Shuar de las parroquias de Pananza, San Miguel de Conchay y San Carlos de Limón, han convivido en paz, por lo que la CCP y ACLI han sido enfáticas en rechazar la violencia por parte del Estado, gobierno y la compañía minera que se ha desatado con el desalojo de Nankintz, la militarización y de la zona, y ha señalado que la presencia de la fuerza pública, así como el estado de excepción, lejos de solucionar el problema lo profundizarán. Pero también han manifestado que ni la ACLI, ni la CCP, ni el Frente de Mujeres Guardianas de la Amazonía, tienen relación alguna con los hechos de violencia registrados a partir del 11 de agosto, y otros que según el gobierno se estarían dando, y en base a los que trata de justificar la militarización y el estado de excepción en Morona Santiago.

Por todo lo señalado anteriormente, preocupa la distorsión y desinformación que se difunde por parte del gobierno y la empresa minera que pretenden ocultar el rechazo que la población campesina ha venido realizando a este proyecto por más de una década, y la persecución sin cuartel que ha emprendido contra la ACLI para tratar de impedir la movilización del campesinado.

Pero también preocupa que ciertos medios de comunicación, partidos políticos, instituciones y ongs, muestren el problema como si sólo la población indígena Shuar fuera la afectada por el megaproyecto Pananza-San Carlos, como si sólo los Shuar hubieran resistido a la invasión minera en Morona Santiago, y que por tanto, sólo los Shuar son los que están siendo perseguidos y criminalizados a partir del 11 de agosto de 2016. La propia realidad desmiente esto, ya que de los presos que actualmente se encuentran en Latacunga y están siendo criminalizados, acusados de «tentativa de asesinato», la mayoría son campesinos mestizos de la comunidad de Pananza, quienes han venido manifestando su oposición al proyecto minero desde hace más de una década.

Invisibilizar la delicada situación que está viviendo el campesinado opuesto al megaproyecto minero Pananza-San Carlos particularmente los miembros y dirigentes de la ACLI y del Frente de Mujeres Guardianas de la Amazonía en San Miguel de Conchay, es atentatorio también a sus derechos, y sobre todo, profundiza la situación de vulnerabilidad y el riesgo a la que están expuestos.

Ante esta situación, y por el riesgo en el que se encuentran las y los compañeros de la ACLI, CCP y Guardianas de la Amazonía, el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama ha dado su apoyo y solidaridad activa por lo que, entre otras actividades, está recogiendo información sobre la resistencia del campesinado al proyecto minero Pananza-San Carlos, a fin de fundamentar, documentar, denunciar y difundir los casos de violaciones de derechos, persecución y criminalización que se están registrando por la violencia desatada por el gobierno y el Estado de Ecuador para proteger los intereses de la corporación transnacional china Tongling-Corriente Resources-ExplorCobres-EXSA.

El Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama rechaza la persecución y criminalización que el gobierno, Estado y empresa minera, vienen haciendo en contra de las y los campesinos que se oponen a la minería en Morona Santiago, particularmente a las y los compañeros de la ACLI, CCP y Guardianas de la Amazonía, así como la violencia que han desatado desde el 11 de agosto, la militarización y el estado de excepción para imponer el megaproyecto Pananza-San Carlos.

El Frente solicita a las instituciones, organismos nacionales e internacionales de defensa de los Derechos Humanos, y de defensa de las y los Defensores de los Derechos Humanos, su actuación para tomar medidas tendientes a exigir al gobierno y Estado de Ecuador, garantizar la vida, integridad. libertad y demás derechos de miembros y familiares de los socios de la Asociación de Campesinos de Limón Indanza a ACLI, de la Coordinadora Campesina Popular CCP y del Frente de Mujeres Guardianas de la Amazonía, así como de toda la población campesinas que se opone al megaproyecto Pananza-San Carlos.

Solicita además a los periodistas y medios de comunicación apoyar con la difusión de la situación de riesgo en la que se encuentra el campesinado en la zona afectada por este megaproyecto, la militarización y estado de excepción, en particular de las y los compañeros de la ACLI y Guardianas de la Amazonía de la parroquia San Miguel de Conchay.

A continuación un RESUMEN actualizado de los casos documentados, y un video con las denuncias de algunos de las personas afectadas, grabado en la sede del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, el 19 de diciembre de 2016.

1. CENSURA PREVIA CONTRA INTEGRNTE DE LA CCP POR PARTE DE RADIO VOZ DEL UPANO

El 22 de noviembre de 2016 Lina Solano Ortiz, miembro del Directorio del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, de la Coordinadora Campesina Popular CCP, y Presidenta de la Unión Latinoamericana de Mujeres ULAM, hizo una solicitud formal al Padre Marcos Cuenca Director de la radio Voz del Upano, perteneciente a la Vicaría Apostólica de Méndez, con el fin de dar a conocer a la opinión pública el pronunciamiento de las organizaciones a las que representa a cerca de lo que había acontecido el día anterior en Pananza del cantón San Juan Bosco, en el sector denominado Nankintz. Dicha solicitud fue negada mediante mensaje de respuesta de la Secretaría de la radio, aduciendo que «la información sobre este caso se esta llevando en absoluta confidencialidad segun manifesto el Gobernador». Hacemos notar que para esa fecha (22 de noviembre de 2016), no existía ningún estado de excepción que hubiera quitado el derecho a la libertad de expresión y opinión, o impuesto la censura en los medios.

2. PERSECUCIÓN Y CRIMINALIZACIÓN A MANUEL PELÁEZ MAYTA, VICEPRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS DE LIMÓN INDANZA ACLI

2.1. Interrogatorio ilegal para intimidación

El 13 de diciembre de 2016 (un día antes del decreto de estado de excepción en Morona Santiago), Manuel Peláez Mayta, fue llamado a la Tenencia Política de San Miguel de Conchay mediante una boleta ilegal que solo decía «arreglar inconvenientes». Cuando acudió a la Tenencia fue sometido a un interrogatorio sobre la marcha que la ACLI convocaba para el 18 de diciembre, y sobre un ganado robado a Polibio Tapia, Presidente de la Junta Parroquial de San Miguel de Conchay (pro-minero). En este interrogatorio participaron 3 individuos que se identificaron como Diego Ruiz del Ministerio del Interior, Alexandro Cabrera de la Comisaría Nacional de Polícia, y Edgar Jaramillo de un supuesto Comité Ciudadano. Manuel Peláez fue sometido a este interrogatorio sin la presencia de un abogado.

2.2. Detención ilegal para allanamientos por parte de la fuerza pública

El domingo 18 de diciembre de 2016, en medio del estado de excepción decretado en Morona Santiago desde el 14 de diciembre, Manuel Peláez Mayta fue detenido por un gran número de policías y militares mientras llegaba de su finca al pueblo de San Miguel de Conchay en donde tiene su residencia. Fue obligado a abrir las puertas de su casa y su finca, para una requisa por parte de la fuerza pública en busca de «armas».

2.3. Calumnias por parte del Presidente de la Junta Parroquial de San Miguel de Conchay (pro-minero)

Polibio Tapia, Presidente de la Junta Parroquial de San Miguel de Conchay, quien durante su período ha firmado varios convenios con la empresa minera Tongling-Corriente Resources-ExplorCobres-EXSA, se ha dedicado a regar una serie de mentiras en contra de Manuel Peláez, acusándole de haber contratado gente para que lo maten y del robo de ganado de su finca. El individuo lanza estas acusaciones falsas y temerarias en la comunidad, a familiares de Manuel Peláez en el exterior, e incluso ha llegado a intimidar a sus hijos menores de edad con este tipo de calumnias.

2.4. Intimidación con falsas acusaciones en la Fiscalía

El 5 de diciembre Manuel Peláez recibió una notificación de la Fiscalía del cantón Limón Indanza, mediante Oficio de fecha 23 de diciembre de 2016, en el que se le cita para el 9 de diciembre a rendir versión por una denuncia puesta por Juan Carlos Mogrovejo Suconota (trabajador de EXSA) y María Ermelinda Peláez Mayta (pro-minera), quienes dicen haber sido amenazados por Manuel Peláez, según consta en las correspondientes denuncias tipificadas como presunta «INTIMIDACIÓN», por la que la Fiscalía ha abierto las Investigaciones Previas No.140301816120015 y 140301816120016.

Cuando se presentó en la Fiscalía el día 9 de enero, se le entregó una nueva citación por otra Investigación Previa No. 140301817010002, que se ha abierto por el presunto delito de «ABIGEATO», por la denuncia puesta por Polibio Tapia, Presidente de la Junta Parroquial, a quien se refiere el numeral anterior.

3. ALLANAMIENTO DE VIVIENDA DE CAMPESINA DE 80 AÑOS DEL FRENTE DE MUJERES GUARDIANAS DE LA AMAZONÍA Y SOCIA DE LA ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS DE LIMÓN INDANZA ACLI

El 17 de diciembre de 2016 alrededor de las 9 am, un grupo de policías y militares llegaron a la casa de Teresa Mayta en San Miguel de Conchay, campesina de 80 años, integrante del Frente de Mujeres Guardianas d la Amazonía y de la ACLI, quien además es madre de Manuel Peláez Mayta. Los uniformados le hicieron abrir las puertas «a la brava» e ingresaron revisando todas las habitaciones, rebuscando hasta en los tumbados, levantando tablas y preguntando ¿dónde están las armas? Los uniformados filmaron la casa y la filmaron a ella y luego de constatar que no había nada de lo que supuestamente buscaban se retiraron. Acompañaba al contingente policial-militar un conocido pro-minero del pueblo de nombre Hernán Samaniego.

4. ALLANAMIENTO DE VIVIENDA Y DETENCIÓN DE CAMPESINA INTEGRANTE DEL FRENTE DE MUJERES GUARDIANAS DE LA AMAZONÍA Y DE LA ASOCIACIÓN DE CAMPESINA DE LIMÓN INDANZA ACLI

El domingo 18 de diciembre de 2016 por la tarde, llegaron gran número de policías y militares a la casa de Rosario López, exigiéndole que abra las puertas para ingresar, que si no lo hacía ellos iban a entrar rompiendo las puertas. Ella procedió a abrir las puertas y los uniformados subieron hasta el tercer piso de su casa, desde donde comenzaron a revolver todo en busca de «armas». Posterior al allanamiento Rosario López se disponía a salir de San Miguel de Conchay en el transporte público hacia Cuenca donde tenía que asistir a una rueda de prensa programada para el lunes 19, cuando fue detenida por la policía quienes le pidieron y retuvieron su cédula de identidad y otros documentos personales, procedieron a revisar todo su equipaje, le obligaron a bajar del bus, y la trasladaron escoltada por un gran número de personal, hasta el centro del pueblo. Allí le mantuvieron por casi una hora y luego la dejaron en libertad.

5. ALLANAMIENTO DE VIVIENDA E INTIMIDACIÓN DE CAMPESINO INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS DE LIMÓN INDANZA ACLI

El sábado 17 de diciembre de 2016 como a las 10 de la mañana, Luis Quiroga, integrante de la ACLI, se dirigía a San Miguel de Conchay en su vehículo, cuando fue detenido por la policía. Se le ordenó que se baja del carro y comenzaron a revisar todo, retirando las butacas, diciendo que buscaban «armas». Como no encontraron nada le dejaron pasar.

El domingo 18 de diciembre de 2016 por la tarde, llegó a su casa en San Miguel de Conchay y encontró las puertas rotas. Todo había sido revuelto en todas las habitaciones. El compañero se hizo presente a los jefes del operativo para reclamar por lo ocurrido en su vivienda y pidió a su hija que tome una foto como evidencia de la forma en la que encontró su casa, por lo que los militares, fusil en mano, le obligaron a borrar la foto del celular.

Fuente:http://www.aporrea.org/internacionales/n302639.html

Chile

La silenciosa movida de SQM para amarrar la explotación del litio en el Salar de Atacama

Los contratos que la minera no metálica vinculada a Julio Ponce Lerou mantiene con Corfo y que le permiten explotar el lugar, tienen como fecha de término el 2030. Pero en la práctica, y a través de una serie de maniobras legales que van contra cláusulas de los contratos celebrados con SQM, esta logró obtener para sí, y en perjuicio del proyecto en el Salar de Atacama, derechos de agua y concesiones mineras que hacen inviable la explotación del lugar a cualquiera que no sea dicha compañía. Esto, ni en el mediano plazo ni cuando se terminen los contratos en 13 años más, lo que se devela en la segunda demanda arbitral que la institución liderada por Eduardo Bitran presentó hace unos meses.

)Una posición privilegiada y sin sobresaltos a la hora de las decisiones políticas e institucionales que pudieran afectarla, habría logrado por años SQM financiando irregularmente a distintos parlamentarios, ministros, asesores, partidos y un sinfín de actores que, de una u otra forma, podían influir en el negocio de la minera no metálica liderada por Julio Ponce Lerou. Al menos así se desprende de las investigaciones del Ministerio Público que han ido develando una red de poder e influencia alimentada por la compañía que por años mantuvo un bajo perfil.

Todo cambió cuando se destaparon distintas hebras del escándalo de las platas políticas.

Poco antes de eso, y durante el Gobierno de Sebastián Piñera, SQM había empezado a ser cuestionada por el caso Cascadas y también por el propio Estado a través de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), entidad dueña de 28.054 pertenencias mineras OMA en el Salar de Atacama, pieza fundamental de la compañía.

En 2013, Corfo inicio un proceso de arbitraje por incumplimientos en el contrato que le permiten a SQM explotar hasta 2030 los minerales contenidos en el salar –principalmente cloruro de potasio en cualquiera de sus formas comerciales, ácido bórico y productos de litio–, conflicto que fue ahondado por la actual administración liderada por Eduardo Bitran, a través de una demanda arbitral interpuesta en mayo de 2014, tras la cual incluso se solicitó el término anticipado del contrato, rechazando la conciliación propuesta por el árbitro Héctor Húmeres.

No es la única acción legal interpuesta por Corfo contra la firma. En agosto pasado, una segunda demanda arbitral tiñó la tensa disputa entre la estatal y SQM. Esta vez se cuestionaba el contrato que establece las condiciones en que debe operar la minera no metálica para poder explotar litio en dicho salar.

Las acusaciones impulsadas por la estatal revelaban la silenciosa jugada que, a vista y aprobación del propio fisco, logró que SQM dejara, en la práctica, la explotación del Salar de Atacama en sus manos mucho más allá del término del contrato con el Estado.

Jaque mate al fisco

La segunda demanda arbitral de Corfo devela cómo, a través de diversas maniobras legales que van contra cláusulas de los contratos celebrados con SQM, esta logró obtener para sí, y en perjuicio del proyecto en el Salar de Atacama, derechos de agua y concesiones mineras que hacen inviable la explotación del lugar a cualquiera que no sea dicha compañía. Esto, ni en el mediano plazo ni cuando se terminen los contratos en 2030.

Según detalla la acción legal, “el Grupo SQM, especialmente SQM SALAR S.A. ha solicitado y obtenido para sí permisos y solicitudes de exploración y derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas situados en terrenos perimetrales a las pertenencias mineras OMA, dentro del Salar de Atacama, y de la comuna de San Pedro de Atacama. Se trata de derechos de aprovechamiento de aguas necesarios para el beneficio del Proyecto, y explotación de las Pertenencias OMA”.

La maniobra se realizó por la vía regular, es decir solicitando diversos derechos de agua a la Dirección General de Aguas (DGA), que en algunos casos puso trabas pero que a la larga terminó cediendo y entregando a la cuestionada minera no metálica una gran cantidad de derechos de agua en una zona donde ésta no abunda.

Así lo detalla la demanda de Corfo, que concluye que “a la fecha la arrendataria y mandataria de Corfo, SMQ Salar ha obtenido ‘para sí’ derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas situados en terrenos perimetrales a las pertenencias mineras OMA, dentro del Salar de Atacama, dentro de la comuna de San Pedro de Atacama, necesarios para la explotación y beneficio de las Pertenencias OMA y del Proyecto Minsal –Sociedad Minera Salar de Atacama S.A., con que se inició el Proyecto en 1986 y donde inicialmente Corfo tenía un porcentaje– señalados por más de 975 litros por segundo”.

SQM no solo se aseguró derechos de agua. Hizo lo mismo con servidumbres legales mineras, lo que en la práctica permite gravar o restringir a un dueño en beneficio de otro.

“SQM SALAR S.A. ha solicitado y obtenido para sí servidumbres legales mineras que benefician al Proyecto, y explotación de las pertenencias OMA ya señaladas y por plazos superiores a los del contrato de arrendamiento. SQM Salar solicitó a nombre propio la constitución de servidumbres mineras que gravan predios superficiales de propiedad de terceros, las que han sido constituidas en beneficio del proyecto que se desarrolla en el Salar de Atacama”.

La segunda demanda arbitral de Corfo devela cómo, a través de diversas maniobras legales que van contra cláusulas de los contratos celebrados con SQM, esta logró obtener para sí, y en perjuicio del proyecto en el Salar de Atacama, derechos de agua y concesiones mineras que hacen inviable la explotación del lugar a cualquiera que no sea dicha compañía. Esto, ni en el mediano plazo ni cuando se terminen los contratos en 2030.

El texto señala que “llama poderosamente la atención a mi representada que SQM Salar, la sociedad instrumental creada precisamente por las partes del Contrato de Proyecto, y cuyos únicos socios o accionistas actuales son precisamente SQMK y SQM haya solicitado las servidumbres legales mineras referidas para sí en las condiciones que lo hizo, utilizando para ello el contrato de arrendamiento, y en el cual consta que el propietario de las pertenencias es la Corporación; que lo haya hecho por un plazo de 50 años (fueron solicitadas y concedidas el año 2009 y 2007, respectivamente), esto es hasta el año 2059 y 2057, respectivamente, en circunstancias que tanto el contrato para proyecto, como sus conexos de arrendamiento y sociedad terminan el 31 de diciembre de 2030. Pero lo que es más sorprendente, es que excede con creces incluso el plazo de duración de la sociedad solicitante SQM Salar. Pues bien todo lo actuado, a la luz de los contratos vigentes entre mi representada y las demandadas constituye un flagrante incumplimiento de los mismos”.

La compañía vinculada a Ponce Lerou también “ha solicitado y obtenido para sí pedimentos, concesiones mineras de explotación y mensuras, en terrenos perimetrales a las pertenencias mineras OMA, dentro del Salar de Atacama, y dentro de la comuna de San Pedro de Atacama. Se trata de derechos mineros comprendidos dentro del proyecto a que se refiere el ‘Contrato de Proyecto’”.

Además, “Sociedad Química y Minera de Chile S.A., SQM, solicitó a nombre propio y para sí, y durante la vigencia del contrato de proyecto, innumerables concesiones mineras situadas dentro de la comuna de San Pedro de Atacama y dentro del Salar de Atacama. Es así como el territorio vecino al perímetro de las pertenencias mineras OMA de propiedad de Corfo, se encuentre en su mayor parte o bajo concesión de exploración o de explotación a favor de SQM”.

En términos simples, esto implica que la compañía se blindó con la ayuda del propio fisco por medio de la entrega de concesiones y derechos en desmedro de Corfo, para que esta última no pueda explotar el salar si se pone término anticipado a los contratos ni cuando se termine el contrato en 2030, tras lo cual nadie tendrá la capacidad de hacerlo, porque no tendrá ni los derechos de agua ni los permisos o concesiones mineras necesarios.

Según conocedores del caso, “lo que ha estado haciendo SQM es generar, con un cordón de pertenencias en el salar, una dificultad mayor y hacer inviable para cualquiera que el 2030 quiera explotar el Salar de Atacama”. Y agregan que esto es “un engaño, es un arrendatario actuando de mala fe, porque estos no son errores: han actuado de mala fe con Corfo, con la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), con Aduanas, con el Servicio de Impuestos Internos y también con sus accionistas minoritarios”.

Otras fuentes consideran que “esto es una muestra clara de la descoordinación entre instituciones estatales, lo que se ha constatado repetidamente. La verdad es que la negligencia estatal es impresionante”. Situación que quedó expuesta recientemente por la comisión investigadora sobre daño ambiental en Salares, Glaciares y Cuencas Hidrográficas, que apuntó a la ineficiencia del Estado y las instituciones competentes a la hora del cuidado de los recursos naturales, especialmente los hídricos.

Las mismas fuentes agregan que “claramente la tesis de Corfo es que esto es ilegal. La lectura es que estos derechos de agua, concesiones y pertenencias mineras deberían haber sido puestos a nombre de Corfo, ya que el contrato SQM se obliga a proteger los recursos porque son del Estado de Chile. Le exige protección de pertenencias, derechos de agua, y no lo han hecho. Se las han apropiado”.

Por eso, lo que persigue esta segunda demanda arbitral –que es independiente de la primera, aunque se espera que se acumulen– es que se restituyan estos derechos mineros y de agua y queden a nombre de Corfo.

SQM también ha sido fuertemente criticada desde el Congreso. La Comisión investigadora del litio dio un firme espaldarazo en noviembre pasado a la decisión de Corfo de terminar los contratos que le han permitido a la minera explotar el Salar de Atacama, señalando –entre otros puntos– que el gobierno corporativo perdió toda calidad ética para ser socio del Estado en el Salar de Atacama.

Fuente:http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/01/09/la-silenciosa-movida-de-sqm-para-amarrar-la-explotacion-del-litio-en-el-salar-de-atacama/?php%20bloginfo%28%27url%27%29;%20?%3E/cultura

Ecuador

Comunidades de Íntag ratifican rechazo a la minería


Conflicto Relacionado: Intag

El conversatorio tenía la finalidad de exponer la real preocupación de los pobladores ante la falta de compromiso de autoridades del país y empresas mineras con el cumplimiento de ofrecimientos, y sobre todo con el daño ambiental que, según manifestaron, está evidenciándose en los recursos naturales de la zona.

Jomar Cevallos, alcalde del cantón, inició el conversatorio. En su intervención manifestó las acciones que han ejecutado como Municipio para apoyar la lucha de las comunidades y aportar a la conservación natural.

Indicó que una de esas acciones es la creación de la Empresa Pública de Turismo y Energía Renovable, para generar políticas que permitan el desarrollo en esas áreas. Asimismo para este 2017 explicó que se ha creado la Dirección de Ambiente, la cual no existía en el cantón y a través de la cual se podrá ejercer mayor incidencia en la lucha anti minera.

En Íntag

Por otro lado informó que el 80% de la zona de Íntag está en proceso de ser concesionada, es decir unas 8.536 hectáreas en proceso, tomando en cuenta que son 10.700 hectáreas ya concesionadas. De igual forma calificó la situación como “sumamente preocupante”, porque son más comunidades las que se ven inmersas en las concesiones.

Los representantes que participaron del conversatorio acordaron un rechazo debido a la falta de consulta previa y su preocupación ante la intervención del territorio sin ser tomados en cuenta.

Nelson Betancur, presidente del Gobierno Parroquial de Apuela, habló sobre la realidad de esa parroquia, indicando que se encuentran en concesión 7.000 hectáreas, las que también contemplan ocho fuentes hídricas de captación. «No hemos sido consultados”, expresó, y sostuvo que es lo que más molesta a los pobladores, ya que dijo que con ello existe vulneración de derechos.

Por otro lado Betancur anunció que como parroquia tienen propuestas alternativas referentes a la conservación ambiental, generación de un sistema de energía renovable, actividades para impulsar la productividad y otros.

Añadió que la minería solo genera daños: “afecta a nivel de todo el cantón, no solo a las seis parroquias de Íntag. Se ha hecho un pronunciamiento en agosto y el 14 de este mes se planifica otro, ratificando que tenemos el derecho a la consulta previa en cuanto a las actividades de minería en la parroquia”.

También intervino José Garzón, presidente de la Junta Parroquial de Cuellaje, quien manifestó que están trabajando en la concientización a la gente en cuanto a la reforestación, mantenimiento de fuentes de agua y protegiendo las partes altas a fin de fortalecer la conservación ambiental.

“Cuellaje no pensaría en hacer minería porque la agricultura da suficiente para abastecer las familias y mercados”, añadió al explicar que, al igual que otras comunidades, se tienen alternativas de desarrollo y subsistencia, ajenas y en contra a la minería.

Polibio Pérez, vocal del Gobierno Parroquial de García Moreno, hizo énfasis en cuanto al derecho a tener títulos de lo que pasa en la zona: “se ofrecieron regalías pero hasta el momento no han desembolsado un dólar. La empresa minera lo único que ha ido es a destruir.»

Acciones

Por su lado Javier Ramírez, coordinador de la veeduría comunitaria de Junín, hizo referencia a los hallazgos dentro de este proceso, explicando que a pesar de las denuncias no se han visto acciones de parte de autoridades.

Sostuvo que recursos como el agua ya se ven afectados con la contaminación, ya que se ha presentado cambio en su PH, conductividad y otros indicadores. Indicó que en febrero tendrán una tabla de resultados sobre los serios impactos en el agua y otros recursos que afectan al ambiente y calidad de vida de pobladores.

Además de asambleas y reuniones con los comuneros para fortalecer el apoyo y lucha, Cevallos sostuvo que se pretende cristalizar acciones referentes a sanciones y análisis de la intervención de las empresas Codelco y Enami en la zona, en específico sobre el incumplimiento de licencia ambiental, estudios e impactos y otros tras su intervención.

Añadió que con la creación de la Dirección de Ambiente del Municipio se podrá fortalecer los procesos en cuanto a conservación ambiental e impulso de actividades en beneficio de esos sectores afectados. (CFDA)

 

Fuente:http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1102018318/-1/Comunidades_de_%C3%8Dntag_ratifican_rechazo_a_la_miner%C3%ADa_.html#.WHY3pDVVK1E

Argentina

La justicia procesó al gerente general de Minera Alumbrera por la contaminación de la cuenca del río Salí-Dulce

Así lo decidió el juez federal tucumano Fernando Poviña al considerarlo responsable de la violación a la ley de Residuos Peligrosos; la causa se inició hace 16 años.

SAN MIGUEL DE TUCUMAN.- El gerente general de la compañía Minera Alumbrera, Raúl Pedro Mentz, fue procesado, sin prisión preventiva, por el juez federal número 2 de esta provincia, Fernando Poviña, quien lo consideró penalmente responsable por la contaminación de la cuenca de los ríos Salí-Dulce.

En su fallo, sin embargo, el magistrado dispuso el sobreseimiento del ex vicepresidente de la firma y actual titular de la Cámara de Comercio Argentino-Británica, Julián Rooney, y dejó sin efecto el llamado a indagatoria de Michael Lou Holmes, otro alto directivo de la minera.

El juez Poviña procesó a Mentz por considerar que está probada la contaminación con metales pesados provenientes de la industria minera del canal DP2, tributario de la cuenca Salí-Dulce, que desemboca en el dique El Frontal de Termas de Río Hondo, que comparten Tucumán y Santiago del Estero.

El fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, confirmó a LA NACION que apelará la sentencia para exigir que se revierta el punto que deslinda de responsabilidades a Rooney, e insistir con el pedido de indagatoria a Holmes. Lo mismo hará la ONG Pro-Eco, en su rol de querellante en la causa que se inició hace 16 años y que comienza a avanzar recién ahora, justo cuando Minera Alumbrera anunció su decisión de abandonar la explotación que lleva adelante en el yacimiento de Bajo La Alumbrera, en la vecina provincia de Catamarca.

En la sentencia, fechada el 26 de julio último, el juez Poviña ratificó la validez probatoria de los estudios realizados por el Instituto Nacional del Agua sobre muestras de líquido tomadas en 2012 por Gendarmería Nacional en el canal DP2 y en la planta de secado que Minera Alumbrera posee en la localidad tucumana de Cruz del Norte.

Metales pesados

El informe, que fue ratificado por peritos de la Universidad Nacional de Tucumán, reveló la contaminación de ese curso de agua, ubicado en la localidad tucumana de Ranchillos, con metales pesados (principalmente cobre) provenientes de los efluentes de la empresa minera.

El magistrado también evaluó un estudio realizado por el Instituto de Ecología Genética y de Evolución de Buenos Aires, que ratifica la presencia de cobre en el canal efluente de la cuenca Salí-Dulce y el embalse de Río Hondo, y advierte sobre los efectos negativos que ello genera en la salud pública. Según el informe, como consecuencia de la contaminación con cobre «son probables los problemas gastrointestinales a largo plazo, dado la capacidad de ese metal de bioacumularse, tanto en peces como en humanos que consumen la fauna acuática».

Con esos elementos, Poviña dictó el procesamiento de Mentz, a quien imputó como autor, penalmente responsable, por el delito ambiental contemplado y penado en la ley nacional 24.051, de residuos peligrosos.

El fiscal Gómez consideró que la sentencia implica «un avance en materia de sanciones penales contra la megaminería contaminante, porque el fallo considera que el delito ambiental es de peligro abstracto, lo cual quiere decir que no es necesario que se haya contaminado, sino que alcanza con el simple hecho de que exista un peligro de contaminación».

Según el fiscal federal, «las implicancias de esta resolución judicial son importantes para el futuro de la megaminería en la Argentina, porque el procesamiento del gerente general de la empresa más importante del sector es un claro mensaje para la actividad, que tendrá que hacer las cosas bien, sin contaminar».

Además, Gómez consideró que «aún cuando Minera Alumbrera está anunciando su retiro, este fallo alcanzará a los responsables de la contaminación, porque se la considera como un delito continuado».

 

Fuente:http://www.lanacion.com.ar/1924060-la-justicia-proceso-al-gerente-general-de-minera-alumbrera-por-la-contaminacion-de-la-cuenca-del-rio-sali-dulce

Brasil

Los sin tierra desafían a un gigante en la Amazonia

Agricultores del Estado de Pará en Brasil ocupan áreas que según ellos la empresa minera ha comprado ilegalmente. Es una manera de forzar la maquinaria legal.

En un despacho pequeño y remoto de la Amazonia de paredes sucias y goteras en el techo, una pareja de abogados monta desde hace dos años un rompecabezas diabólico. Las piezas del puzzle son las divisiones de un mapa gigante que reposa sobre la mesa y que delimita los terrenos de Canaã dos Carajás, un municipio del sudeste del Estado de Pará, al norte de Brasil. En esta región interminable, la empresa Vale, una gran compañía minera brasileña, lleva a cabo proyectos multimillonarios de extracción de cobre, hierro y otros minerales. De una manera poco limpia a veces, según estos dos abogados, José Batista Afonso y Andreia Silverio, empeñados en probar que la empresa se ha apropiado irregularmente, durante varias décadas, de tierras del Gobierno Federal. Vale lo niega. “Esta tierra de aquí era pública. Y ésta, no se puede vender ni comprar”, señala Batista Afonso en el mapa del despacho, una especie de refugio sin cerradura de desposeídos sin títulos, Más allá, el territorio feraz y violento de la Amazonia, forjado con años de desmanes, con cierto parecido al Oeste de las películas del oeste, con olor a quemado y pesticidas, con historias de buscadores de oro, labradores sin nada y amplísimos ranchos de ganado.

Los abogados sostienen que Vale se ha ido apropiando de tierras comprándolas a agricultores sin títulos de propiedad que labraban en suelo público arrendado. Pero sólo hay una manera de demostrarlo: forzar a la empresa a enseñar los títulos de propiedad. Y ahí entra en juego como punta de lanza sin nada que perder un movimiento llamado Los Sin Tierra, conformado por labradores pobres que siempre han trabajado granjas de otros. Estos ocupan sin permiso parte de las parcelas compradas por Vale. Hace un año, 400 familias irrumpieron en una de esas áreas. Se distribuyeron por las 8.000 hectáreas. Levantaron casas de madera y comenzaron a cultivar.

Fuente:http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/14/america/1481729925_048176.html