Ecuador

El Concejo Cantonal de Cuenca aprobó una declaratoria en contra de la minería

Con 12 votos a favor y cuatro en contra, el Concejo Cantonal de Cuenca aprobó este domingo 22 de enero de 2017 una declaratoria que tiene 12 resoluciones relacionadas con la preservación de las fuentes del agua y la actividad minera. El debate, que se efectuó en una sesión extraordinaria, duró casi cinco horas.

Una de las principales resoluciones fue declarar libre de minería metálica al territorio del cantón Cuenca, sus páramos y ecosistemas, que se encuentran dentro del área de reserva de la biosfera del macizo del Cajas y a las áreas de protección y conservación ambiental y de fuentes hídricas.

Además, demandar al Gobierno nacional que suspenda la entrega de cualquier concesión solicitada para minería metálica en el cantón Cuenca porque “estas se ubican en áreas de protección y conservación ambiental y reservas arqueológicas…”. Otra resolución fue exigir al Régimen la suspensión de las actividades de explotación y exploración mineras en los proyectos mineros Río Blanco y Loma Larga (antes conocido como Quimsacocha). Según la vicealcaldesa de Cuenca, Ruth Caldas, con esta declaratoria también se respalda las actuaciones administrativas que realice el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, para solicitar información sobre los proyectos mineros Río Blanco y Loma Larga.

Además, el Concejo Cantonal hace un pedido para que los técnicos de las universidades de Cuenca y del Azuay puedan ingresar a estas concesiones mineras y recabar información. Cabrera aseguró el viernes pasado que esta sesión se convocaba porque de acuerdo con el Catastro Minero Nacional, un total de 60 913,73 nuevas hectáreas “se pretenden concesionar para proyectos de minería metálica”, en las parroquias Molleturo, Sayausí y Chaucha. Según él, estas zonas colindan con los proyectos mineros Río Blanco y Loma Larga. Calculó que las nuevas solicitudes y las anteriores representan la cuarta parte del cantón.

Fuente:http://www.elcomercio.com/actualidad/concejo-cantonal-cuenca-declaratoria-mineria.html

 

Colombia

Vía libre para continuar con la consulta popular minera de Cajamarca

Después de varias trabas y retrasos para que 5.500 ciudadanos puedan expresar si están de acuerdo o no con la minería en su territorio, el Tribunal Administrativo del Tolima propuso una nueva pregunta que supera todas las exigencias constitucionales y legales.

La consulta popular minera en Cajamarca se podría convertir en la primera y más exitosa de orígen ciudadano del país. La iniciativa que busca desde el año pasado ponerle freno al proyecto de explotación de oro La Colosa, liderado por la firma AgloGold Ashanti, ha estado atravesada por múltiples trabas, aplazamientos y presiones que le han impedido a los 5.500 ciudadanos manifestarse en las urnas a favor o no de hacer minería en su territorio.

El pasado jueves 19 de enero el Tribunal Administrativo del Tolima falló a favor de la consulta popular minera en Cajamarca. En el documento expedido revisó nuevamente la constitucionalidad de la consulta ciudadana y evaluó el cumplimiento de los requisitos formales y jurídicos para su trámite, incluida la legalidad de la pregunta.

A principios del mes de noviembre el Tribunal Administrativo del Tolima ya había avalado la pregunta con la que los tolimenses votarían: “¿está usted de acuerdo, Sí o No, con que en el municipio de Cajamarca se ejecuten actividades que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas, o afectación de la vocación tradicional agropecuaria del municipio con motivos de proyectos de naturaleza minera?

Sin embargo, el pasado 17 de diciembre el Consejo de Estado declaró que la pregunta de la consulta minera era inconstitucional, pues no era neutral y lesionaría la libertad del votante. El máximo tribunal aseguró que el interrogante “resulta manifiestamente caprichoso y sugestivo” y recordó que existen parámetros que permiten formular preguntas para los referendos y consultas populares que garantizan cumplir con la exigencia de lealtad.

Esta vez, tras revisar nuevamente la consulta, el Tribunal declaró inconstitucional la expresión de la pregunta: “que implique contaminación del sueldo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio». Por lo tanto, propuso que la pregunta que puede ser sometida a consulta popular podría ser la siguiente: ¿Está usted de acuerdo SÍ o NO que en el Municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?

El Tribunal aseguró que “debe seguirse frente a la consulta popular de origen ciudadano, se observa que se han cumplido con todos los requerimientos, lo que hace concluir que a nivel formal dicho mecanismo de participación ha superado las exigencias constitucionales y legales para su realización”.

Ante la luz verde que dio el Tribunal y frente a este proceso que va a paso de tortuga, se necesitará que 5.500 personas vayan a las urnas para decidir sobre el futuro de su territorio. Lo que no sólo podría tocar los 29 millones de onzas de oro que se pretenden extraer en La Colosa para 2020, sino los 25 títulos mineros vigentes y ocho solicitudes pendientes que se encuentran alrededor del 86% del municipio de Cajamarca.

La idea es seguir los pasos de lo que lograron los ciudadanos del municipio de Piedras (Tolima) en el 2013: demostrar, desde las urnas, su descontento frente a las operaciones mineras en su territorio.

 

Fuente:http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/via-libre-continuar-consulta-popular-minera-de-cajamarc-articulo-675900

Chile

SMA y sanción a Barrick: “La obra gruesa está hecha, faltan las terminaciones”

La larga espera por conocer de manera definitiva la sanción al proyecto Pascua-Lama, propiedad de la canadiense Barrick, está pronta a llegar a su fin. El superintendente de Medio Ambiente, Cristián Franz, cuenta que el organismo está trabajando en los detalles de la sanción, que esperan sea dada a conocer a mediados de año.

“En términos constructivos, hoy tenemos la obra gruesa terminada, están las paredes arriba, las ventanas puestas y las redes de agua y luz instaladas. Ahora, entramos en la fase final, las terminaciones”, ejemplifica la autoridad.

Proceso todavía en curso luego que la justicia ambiental -y posteriormente la Corte Suprema- ordenara rehacer la sanción aplicada al proyecto en 2013 debido a la falta de fundamentación del acto administrativo y la utilización de la figura del concurso infraccional.

Franz comenta que entre el fallo del tribunal ambiental y el pronunciamiento de la Corte Suprema pasó casi un año, periodo en el que se mantuvo el “status quo” del proceso, a la espera de lo que se determinara.

Ya resuelta la incertidumbre, comenzaron a trabajar acuciosamente en el análisis de los 33 cargos contra el proyecto, que cuenta con más de 1.000 documentos ingresados por las partes. “Pascua-Lama es el caso más importante que tiene la SMA hoy por hoy. Es un proyecto altamente complejo”, recalca Franz.

“Hay que poner extrema atención en la calidad del trabajo para llegar a una resolución que sea justa, proporcional a las infracciones cometidas y probadas en el proceso y que, al mismo tiempo, satisfaga el estándar ambiental impuesto por el tribunal”, añade.

Franz está consciente de que cualquiera sea la resolución final, puede ser revisada por la justicia, por lo que “tiene que ser una resolución ejemplar, a prueba de balas”.

“En este caso, como en todos, lo que buscamos es llegar a una resolución que como institución nos deje tranquilos y que podamos ir a defender a los tribunales. Prefiero demorarme un poco más, pero firmar resoluciones finales que cuando sea necesario, al discutirlas en tribunales, podamos ganarlas”, subraya.

Hoy, el 80% de las actuaciones de la SMA que son judicializadas, son ganadas por el organismo.

Promoción del cumplimiento

Pero no solo el proceso contra Pascua-Lama ocupará a la SMA. Franz cuenta que esperan profundizar la promoción del cumplimiento, estrategia que hará que lo invertido a través de los programas propuestos por los titulares superen a las multas impuestas por la autoridad.

En 2015, las multas aplicadas por el organismo ascendieron a US$ 40 millones, mientras que los programas tenían aparejadas inversiones por US$ 25 millones. En 2016, fueron aprobados 86 programas de cumplimiento y uno solo de ellos supera los US$ 20 millones en inversión, el de la mina Sierra Gorda.

“Hemos promocionado el uso de esta herramienta, pero somos muy celosos en su revisión y solo cuando cumplen todos los requisitos se aprueban, y si esto ocurre somos también muy celosos en su fiscalización”, explica.

Añade que “cuando un solo programa de cumplimiento involucra inversiones por US$ 25 millones significa que esos recursos serán usados para solucionar un problema ambiental. Si es impuesto como multa, esa plata va para arcas fiscales y termina subsidiando otro programa gubernamental, que está bien, pero el problema ambiental persiste”.

Fuente: https://www.df.cl/noticias/site/artic/20170120/pags/20170120205953.html

Ecuador

ECUADOR: TENSIÓN EN LA AMAZONÍA POR CONFLICTO ENTRE MINERA CHINA Y COMUNIDAD SHUAR

¿Cuál es el trasfondo de un conflicto que lleva meses sin resolverse?

¿Por qué el gobierno solicitó la disolución inmediata de la organización Acción Ecológica

¿Cuáles son las consecuencias del estado de excepción decretado por el Estado?

Un conflicto sin miras de solución ensombrece el sur de la Amazonía ecuatoriana. Específicamente las localidades rurales de los cantones San Juan Bosco y Limón Indanza, ubicados en la provincia de Morona Santiago. Se trata de comunidades indígenas y campesinas enclavadas en la Cordillera del Cóndor, cuyos territorios están concesionados a la minera china Explorcobres S.A. (EXSA), responsable del proyecto cuprífero San Carlos-Panantza y filial de la también empresa china Ecuacorriente S.A. (ECSA), que le lleva ventaja en la construcción de la primera mina de cobre a cielo abierto del país en la vecina provincia de Zamora Chimchipe. Son yacimientos contiguos que forman parte del mismo cinturón de cobre que atraviesa la zona.

Y las cosas han ido de mal en peor. Sobre todo desde agosto, mes en el que aconteció el primero de varios hechos sucesivos y alarmantes que han trascendido las fronteras de esa recóndita y olvidada circunscripción de la Amazonía. Fue justamente el 11 de agosto cuando cientos de efectivos de la fuerza pública ingresaron a la parroquia Santiago de Panantza y procedieron al desalojo de una pequeña comunidad Shuar denominada Nankints y conformada por 32 personas.

Desde entonces un importante contingente militar y policial permanece en el sitio, en respaldo de la minera china EXSA que reclama esas tierras como suyas. En contraparte, el desalojo de Nankints ha sido el detonante para que organizaciones indígenas regionales y nacionales, que culpan al gobierno de impulsar la minería a gran escala ─sin consulta previa─ en territorios que consideran ancestrales, aceleren la conformación de un gran frente contra la megaminería. El clima de tensión que se vive en el área de influencia del proyecto San Carlos-Panantza ha dado pie a numerosos enfrentamientos, la toma durante 24 horas del campamento chino por parte de indígenas shuar en noviembre, la muerte del policía José Mejía el 14 de diciembre pasado, la detención de un grupo de dirigentes comunitarios y del presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FISCH), Agustín Wachapá. Además del intento de cierre de la Ong Acción Ecológica por parte del Ministerio del Interior, lo que generó el rechazo de la comunidad internacional.

Se prolongan las restricciones

Uno de los hechos más recientes es la ampliación del estado de excepción que implantó el gobierno en la provincia de Morona Santiago a mediados de diciembre. En el decreto ejecutivo emitido el 12 de enero último, se justifica la suspensión de varios derechos constitucionales a los habitantes, “en razón de los efectos de las agresiones a miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas por parte de grupos ilegalmente armados, han atentado contra la seguridad ciudadana, la integridad de las personas, y la paz y convivencia social”, dicta un fragmento del documento.

Es que las acusaciones son mutuas y ya en días anteriores, el presidente Rafael Correa responsabilizó a la dirigencia indígena de respaldar a grupos violentos “paramilitares y semidelincuenciales” que presuntamente atemorizan a la población. “Es mentira que sean tierras ancestrales”, sentenció Correa y agregó que la empresa china EXSA las compró a una pareja de colonos, que a su vez las adquirieron de otra pareja que las recibió del antiguo IERAC (Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización). Pero los indígenas se mantienen en que el territorio en disputa forma parte de la jurisdicción Shuar-Arutam.

 

El Presidente cerró cualquier posibilidad de acercamiento. “Aquí no cabe ya el diálogo. Aquí cabe cualquier cosa después de capturar a los asesinos”, dijo en referencia a la muerte del efectivo policial. “Al cabo lo matan cuando se estaba transportando en un camión militar, hacen una emboscada, empiezan a disparar y no carabinas, es una bala de fusil que le atraviesa el casco y le destroza la cabeza”, sostuvo el mandatario el 17 de diciembre, en medio de su cadena sabatina de radio y televisión. Aunque en un inicio, el Ministerio del Interior había informado que la muerte del policía había sucedido durante un ataque al campamento minero La Esperanza, de la empresa China EXSA. En ese mismo episodio, el gobierno informó que resultaron heridos cinco policías y dos militares. Uno de gravedad.

 

Las aseveraciones del gobierno generan dudas en organizaciones de la sociedad civil como Acción Ecológica. Gloria Chicaiza, vocera de la ONG en el tema, cuestiona que el gobierno responsabilice a los indígenas shuar de la muerte del policía Mejía, y a la par, impulse una campaña para dar con los culpables. “Nos parece sumamente escandaloso porque creemos que lo que se está haciendo es juzgar sin ningún tipo de investigación de por medio. Se está asumiendo una serie de acusaciones dirigidas tanto a dirigentes como a las comunidades shuar. Es una especie de cacería que se está haciendo, ofreciendo 50 000 dólares para que la gente diga quién es el asesino”. En diálogo con Mongabay Latam, Chicaiza asegura que no le cuadran los sucesos y que el policía fue asesinado con un arma de grueso calibre que no está al alcance de las comunidades indígenas. “Cómo entra un contingente policial y militar tan armado, tan fuerte, y resulta que los agresores son las comunidades pequeñas y desarmadas asentadas en la zona”, objetó.

 

Investigación de muerte de policía no progresa

Lo cierto es que las investigaciones por la muerte del policía no registran avances, incluso los cinco comuneros que el Ministro del Interior Diego Fuentes señaló como presuntos responsables del ataque al campamento minero La Esperanza (donde habría muerto el polícia José Mejía), fueron liberados por la Corte de Justicia de Morona por falta de pruebas. La Policía los capturó el 17 de diciembre, tras una serie de allanamientos en la parroquia Santiago de Panantza y el cantón San Juan Bosco, y las principales evidencias en contra eran unas viejas escopetas de caza, de fabricación artesanal, junto a algunas municiones. Tres de los detenidos eran integrantes de la Junta parroquial de Panantza, incluido su presidente, Javier Marín. Organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (Confeniae) celebraron la noticia pero recordaron que aún continúa preso el presidente de la FISCH Agustín Wachapá.

 

A diferencia de los comuneros, que fueron procesados por tentativa de asesinato, Wachapá fue acusado de incitación a la discordia, tipificado en el art. 348 del Código Integral Penal y que dicta: “La persona que promueva la discordia entre los ciudadanos, armando o incitando a armarse unos contra otros, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”. Wachapá fue acusado por colgar una publicación en Facebook “en la que llama a la unidad, a la movilización y que desconoce al presidente Rafael Correa por haber hecho esas incursiones con militares y policías ante una comunidad shuar”, explica su abogado Julio César Sarango, quien además reclama que Wachapá haya sido trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Latacunga, (Cotopaxi), ubicada a más de 300 kilómetros de su domicilio, cuando su caso es visto en la capital provincial, Macas. Igual como pasó con los comuneros de Panatza. “Lo hicieron para aislarlo.

No puede ver a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de organización”, sostiene Sarango y añade que con la detención del Presidente de la FISCH se quiere enviar un mensaje intimidatorio a la dirigencia indígena. El pasado 6 de enero, la Corte Provincial de Cotopaxi negó el recurso de Habeas Corpus solicitado por la defensa de Wachapá. Era el tercer intento de Sarango para lograr su libertad.

“Hay una persecución voraz hacia las autoridades, sobre todo de las nacionalidades de la región amazónica que hemos venido haciendo vocería”, asegura en conversación con Mongabay Latam Marlon Vargas, presidente de la Confeniae. Según Vargas, el gobierno los quiere amedrentar para que no sigan luchando por su territorio y se ha valido de la declaratoria de estado de excepción para “violentar los derechos humanos dentro de los territorios”.

 

Marlon Vargas expresa su rechazo rotundo a la medida que suspende el derecho a la información, a la libertad de expresión y opinión, el derecho a asociarse y reunirse, el derecho a transitar libremente y el derecho a la inviolabilidad del domicilio. El dirigente indígena sostiene que el estado de excepción está paralizando la economía de la provincia de Morona Santiago al dificultar la movilidad de las personas, además señala que la situación en las comunidades es de alta vulnerabilidad aunque no se muestra en la prensa por la falta de acceso a la zona. “Convocamos a los medios de comunicación a que se trasladen a esos lugares para que el mundo vea en qué situación estamos y cuáles son las realidades que se están viviendo en las montañas de la Cordillera del Cóndor”, sostiene Vargas y añade que “el único camino es la resistencia que permite la Constitución”.

Preocupación en comunidades por excesivo control

Gloria Chicaiza de Acción Ecológica comparte la preocupación de Vargas por los efectos del estado de excepción en la población. “Compañeros de las comunidades dan cuenta de sobrevuelos diarios de helicópteros, de cómo con drones están entrando a las comunidades, están vigilando y persiguiendo. De cómo los niños no están yendo a las escuelas. Hay un control militar excesivo, la gente no puede desplazarse, tiene que caminar por la montaña 8, 12 horas para poder salir a centros poblados como Gualaquiza o San Juan Bosco”. Chicaiza no ha podido llegar a la zona por las restricciones de la excepción pero explica que mantiene constante contacto telefónico con líderes indígenas y campesinos. La ecologista también habla de persecución y pone como ejemplo el caso de Luis Tiwiram, dirigente de la desalojada comunidad de Nankints que es buscado por las autoridades.

Contrario a Vargas y Chicaiza, el gobierno sostiene en cadenas de radio y TV que con el estado de excepción se está garantizando la paz y el orden en la provincia, y que los moradores se sienten más seguros. Las versiones sobre los hechos suscitados, difieren por completo si la fuente es el gobierno o las organizaciones indígenas y civiles que, además de rechazar el desalojo, cuestionan el impacto de los proyectos mineros en el ecosistema de la Cordillera del Cóndor. Pero hay un punto en el que sí coinciden y es en que la situación está convulsionada y existe el riesgo de que se presenten nuevos hechos violentos.

Acción Ecológica no será disuelta

A la par de la situación de tensión en el sur de la Amazonía, el Ministerio de Interior solicitó la disolución inmediata de la organización Acción Ecológica, a la que culpó de respaldar en redes sociales acciones y hechos de violencia que atribuían a las comunidades shuar de la zona de conflicto. El proceso de cierre empezó el 20 de diciembre con la notificación a la ONG y desató diversas reacciones a nivel nacional e internacional. Pero la misiva que ocasionó el rechazo de la Cancillería, fue la de un grupo de relatores de la ONU que a finales de diciembre cuestionó un clima de represión para las organizaciones civiles en el país. “Parece que el gobierno de Ecuador está disolviendo sistemáticamente las organizaciones cuando se vuelven demasiado vocales o desafían a la ortodoxia oficial”, dicta parte del comunicado y continúa: “Las consecuencias directas son el silenciamiento progresivo de cualquier grupo que desafía u ofrece ideas alternativas a las del gobierno y, por lo tanto, reduce la visibilidad de la situación de las personas vulnerables y marginadas”, añade y concluye que la disolución de agrupaciones es “el tipo más severo de restricción a la libertad de asociación. Inmediatamente el Ministerio de Relaciones Exteriores tachó el comunicado de “tendencioso” y aseveró que contenía aseveraciones que tergiversaban la situación en Morona Santiago.

Expertos de la ONU ya habían criticado al régimen por cerrar la también organización ecologísta Pachamama, la Unión Nacional de Educadores, que fue el gremio más fuerte de maestros durante 66 años, e intentar disolver la ONG Fundamedios. Todo en un periodo de tres años. En el caso de Pachamama, el cierre se dio poco después de una protesta contra la XI ronda de licitación de 13 campos petroleros que se celebró en Quito y en la que participaron funcionarios y empresarios extranjeros. El presidente Correa atribuyó la convocatoria a la ONG y los culpó de proferir insultos y golpear con una lanza al embajador chileno. Pachamama protestó contra lo que calificaron como una acción unilateral sin derecho a la defensa.

El 11 de enero pasado se dio la audiencia del proceso contra Acción Ecológica en las instalaciones del Ministerio del Ambiente y un día después, el pedido de disolución fue desestimado para tranquilidad de la ONG, que ha denunciado decenas de agresiones a la organización y sus miembros durante los últimos 10 años. “Se dictaminó que no había ninguna relación entre los eventos de violencia en la Cordillera del Cóndor y los mensajes que circulaba Acción Ecológica”, dijo en diálogo con Mongabay Latam la presidenta Esperanza Martínez e insistió en la necesidad de que se conforme una Comisión de la Verdad que investigue el conflicto minero y aclare “qué ha pasado con la consulta previa, con las áreas de conservación, qué ha pasado con los ríos, cuáles han sido las acciones u omisiones por parte del estado”. Consultada sobre si van a bajar el tono después del riesgo de disolución, Aguirre sostiene: “No es un problema de tono sino de compromisos, y tú eres o no eres solidario, participas o no participas, y nosotros reivindicamos el hecho de que nuestros objetivos son alertar sobre los problemas ambientales y defender la naturaleza. Si no lo hacemos estamos incumpliendo con nuestros fines”.

Fuente: https://es.mongabay.com/2017/01/ecuador-tension-la-amazonia-conflicto-minera-china-comunidad-shuar/

Perú

Denuncian presunta contaminación de ríos con relave minero

( PUNO ).- OEFA encontró pozas y tubería de drenarían relave minero. Emitirán un informe sobre el caso el 30 de marzo.

El alcalde distrital de Ocuviri, provincia de Lampa (región Puno), Cosme Cari Huaynacho, informó sobre la existencia de cuatro pozos y tuberías de la minera Aruntani S.A.C., las que estarían emanando relave minero, contaminando los ríos del lugar.

En diálogo con la Rotativa regional de RPP Noticias, el burgomaestre explicó que tales hallazgos los efectuó el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad que entregarla un informe pormenorizado el 30 de marzo.

El burgomaestre mencionó que estas acciones no estaban contenidas dentro del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), por lo que se corroborarse contaminación deberán ser sancionados drásticamente.

Se conoció del caso en una reunión se efectuó el miércoles último con la presencia representantes de los ministerios del Ambiente, Energía y Minas, OEFA, Autoridad Nacional del Agua – ANA, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) y la dirección regional de Salud.

Cari Huaynacho además expresó su malestar porque la referida empresa minera tampoco estaría cumpliendo con proyectos de responsabilidad social en la zona, y por el contrario generaría un daño ambiental con sus actividades.

Fuente: http://rpp.pe/peru/puno/denuncian-presunta-contaminacion-de-rios-con-relave-minero-noticia-1025290

Internacional

Regularizar la pequeña minería traería beneficios a Sudáfrica

En un país como Sudáfrica, con 25 por ciento de la población económicamente activa sin trabajo, los desempleados se vuelcan a la minería de pequeña escala, un sector informal de la economía que ofrece un sustento para millones de personas en todo el continente africano.

En Sudáfrica, se estima que hay entre 8.000 y 30.000 pequeños mineros. Pero en el continente podrían haber unos ocho millones, y unas 45 millones dependerían de esa actividad.

El informe Visión de la Minería Africana, de la Organización de las Naciones Unidas, señala que casi 20 por ciento de la producción de oro y casi toda la de piedras preciosas, exceptuando la de diamantes, depende de la pequeña minería.

“No podemos clasificarla de ‘minería ilegal’. Es una práctica que tiene años y la gente realiza actividades extractivas en esta zona mediante prácticas tradicionales”, comentó Sizwe Phakathi, responsable de desarrollo sostenible y seguridad de la Cámara de Minas.

Los pequeños mineros suelen ignorar la legislación en la materia y operan con permiso de jefes locales o de la municipalidad, pero sin un permiso válido de extracción.

Antes, Phakathi investigó la extracción informal de arcilla y carbón en Blaauwbosch, en la oriental provincia de KwaZulu-Natal, para la Alianza Minerales y Energía para el Desarrollo y el Centro Africano de Desarrollo de Minerales.

“Muchas de las personas que trabajan allí son las que mantienen sus hogares”, precisó Phakati.

Por su parte, Pheaga Gad Kwata, director de la división de minería de pequeña escala del Departamento de Recursos Minerales (DMR), cree que regularizar la situación de esos mineros les permitiría tener un mejor acceso a conocimientos técnicos y a mercados.

“Nos dimos cuenta de que es una de las actividades en las que probablemente puedan conseguir un trabajo rápido”, indicó Kwata, antes de agregar que el DMR ofrece talleres de capacitación para pequeños mineros con el fin de que conozcan los beneficios de trabajar en el marco de la ley.

Esa cooperación podría ayudar a Jiyana Tshenge, quien trabaja con el Protocolo de Prieska, un programa para vincular a los pequeños mineros que extraen la piedra semipreciosa ojo de tigre con mercados internacionales. Ese enfoque podría aumentar los ingresos eliminando a los intermediarios que operan en la economía informal.

Pero la falta de acceso a ese mercado paralizó el proyecto por ahora.

“Si podemos crear ese mercado y diseñar un plan adecuado, regresaremos e invitaremos como corresponde a los integrantes de esa comunidad”, observó Tshenge. “Creo que podemos crear muchos puestos de trabajo”, estimó.

Según Phakati, uno de los beneficios inmediatos de la regulación sería la implementación de estándares de salud y seguridad, una carencia importante que detectó en su investigación. En su estudio de caso, la vasta mayoría de los pequeños mineros nunca usaban equipos de protección personal, como casco, gafas de seguridad o guantes.

La escuela secundaria Mzamo tamién debió ser reubicada cuando las actividades de extracción avanzaron sobre sus instalaciones y hubo emisiones de gases tóxicos.

Pero la formalización de la actividad se hace lenta por la misma pobreza que pretende aliviar. Los pequeños mineros tienen dificultades para costearse el transporte hasta las oficinas del DMR, que suelen estar alejadas de sus comunidades.

El costo de conseguir un permiso, como guardar recursos económicos para la recuperación ambiental y realizar evaluaciones de impacto ambiental, también constituyen un obstáculo para su concreción.

“¿Cómo hacer que la formalización no liquide su actividad, sino que la mejore? La formalización debe adecuarse a sus necesidades”, subrayó Phakati.

Por su parte, Pontsho Ledwaba, del Centro para la Sostenibilidad en la Industria y la Minería, de la Universidad de Witwatersrand, sostiene que se necesitan cambios legales para suavizar el proceso de formalización.

Los permisos para la minería deben renovarse cada pocos años, lo que hace difícil dar garantías de retorno para quien le preste dinero a los pequeños mineros. La superficie de terreno habilitada para las actividades de extracción también conspira contra la sostenibilidad económica de esas operaciones.

“Cinco hectáreas son muy pocas para la extracción de algunos minerales; para el granito y la arenisca es muy poco”, precisó.

En términos de inversiones, los pequeños mineros no reciben nada porque dos o cinco años son muy pocos para recuperar el monto y devolver el préstamo”, observó Ledwaba.

Según él, el gobierno debe aplicar las normas a la minería histórica que ya opera casi legalmente.

“La gran mayoría de ellos extrae lo que llamamos minerales industriales y para la construcción, que son arenas, arcilla y arenisca”, detalló Ledwaba. “Esos son los que el gobierno trató de ubicar en la legalidad”, apuntó.

Muchos de esos sectores están fuera de la ley sencillamente porque las respectivas normas se aprobaron después de que comenzaran su actividad.

Además de las barreras económicas a la formaclización, los especialistas coinciden en que no habrán cambios profundos en la minería de pequeña escala sin la participación de las mujeres dedicadas a esa actividad.

Entre 40 y 50 por ciento de quienes se dedican a la minería de pequeña escala son mujeres, según una investigación de la consultora en relaciones internacionales GIZ (acrónimo de la empresa federal alemana para la cooperación internacional).

“Claramente, uno de los beneficios de la formalización es crear empleo para las mujeres”, puntualizó Phakati. “La formalización y el desarrollo de ese sector debe apuntar a las mujeres”, subrayó.

En provincias principalmente rurales como Limpopo, las mujeres extraen arcillas desde hace varias generaciones. En otras zonas como Noroeste, hay ejemplos de permisos para actividades de extracción otorgados a mujeres. La minería suele considerarse una actividad masculina, pero los especialistas opinan que la de pequeña escala puede ser un sector propicio para ellas.

“Me encontré con numerosas operaciones que eran propiedad de mujeres”, indicó Ledwaba. “La formalización definitivamente tendrá un impacto en materia de género”, añadió.

Las investigaciones sobre minería de Mark Olalde cuentan con apoyo económico del Fondo para el Periodismo de Investigación, el Fondo para el Periodismo Ambiental y el Pulitzer Center on Crisis Reporting.

Fuente:https://www.servindi.org/actualidad-noticias/09/01/2017/regularizar-la-pequena-mineria-traeria-beneficios-sudafrica

Latinoamerica

Informan sobre abusos a defensores/as de derechos humanos

El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) publicó en enero un nuevo informe sobre abusos y violaciones a derechos humanos en contra de defensores y defensoras en América Latina.

El documento se presenta en el marco de la Segunda Consulta Regional sobre Empresas y Derechos Humanos, que organiza la Oficina Regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en América Latina del Sur (ACNUDH), y que tendrá lugar en Santiago de Chile, del 17 al 19 de enero.

El informe subraya el alarmante aumento en el número de casos de violencia y criminalización en contra de defensores y defensoras, líderes y lideresas comunitarias, sindicalistas y organizaciones.

El documento contiene además múltiples ejemplos sobre el tipo de abusos; así como recomendaciones específicas dirigidas a empresas y gobiernos.

Datos sobre los abusos en América Latina

De septiembre de 2013 a diciembre de 2016, el CIEDH invitó en 156 ocasiones a diversas empresas a responder a abusos en contra de personas defensoras que se oponían a diferentes proyectos empresariales.

En base a esta muestra, se encontró que los sectores en donde se presentan más abusos en contra de defensores y defensoras son: el energético con 41% del total de las invitaciones enviadas; el sector minero (27%), el sector de la construcción (13%) y el sector agrícola, alimentos y bebidas (12%).

También fueron documentadas 51 intimidaciones y amenazas, 36 muertes, 34 desalojos y 27 golpizas o diferentes formas de violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos. Los países más peligrosos fueron: Colombia, México, Guatemala, Honduras y Brasil.

Abusos registrados en Perú

En cuanto al Perú el informe menciona 47 asesinatos, registrados en los últimos 3 años en conflictos con empresas mineras y petroleras.

Todas las víctimas fueron miembros de comunidades que se oponen a las actividades extractivas por la falta de consulta previa, libre e informada, el derecho al agua y a la tierra.

Asimismo, reporta los recientes incidentes sufridos por Máxima Acuña y su esposo relacionados con la empresa minera Yanacocha, entre otros hechos recogidos.

Fuente:https://www.servindi.org/actualidad/12/01/2017/realizan-informe-sobre-abusos-defensoresas-de-derechos-humanos-relacionados

Internacional

Plataforma Stop Uranio traslada inquietud ante proyectada mina al Carlos III

( Salamanca, España ).- Miembros de la Plataforma Stop Uranio se han reunido hoy en Madrid con responsables del Instituto de Salud Carlos III, centro adscrito al adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad para trasladarles su inquietud ante la proyectada mina de uranio en el municipio salmantino de Retortillo.

A través de un comunicado, la plataforma ha explicado que el encuentro mantenido tenía por objeto conocer la información con la que cuenta el instituto en relación a la explotación minera que pretende la empresa australiana Berkeley.

El director general del centro les ha transmitido, han agregado las mismas fuentes, que no han sido consultados sobre la instalación proyectada, a la vez que han valorado «la preocupación manifestada por la cercanía de la instalación minera y planta de beneficio de mineral a determinados núcleos de población -dos kilómetros en el caso de Retortillo-«.

Asimismo, han afirmado que el director del Carlos III comparte la opinión de la plataforma en el sentido de que «se deben conocer los efectos de la instalación proyectada antes de que se ponga en marcha y no a los diez años de su funcionamiento».

También les ha instalado a que pidan a las autoridades competentes que el instituto realice un estudio del conocimiento científico-técnico que se tiene sobre las consecuencia para la salud de «una instalación considerada de primera categoría dentro del ciclo de combustible nuclear por la normativa vigente», han concluido las mismas fuentes. EFE

Fuente:http://www.lavanguardia.com/vida/20170118/413474479694/plataforma-stop-uranio-traslada-inquietud-ante-proyectada-mina-al-carlos-iii.html

Internacional

¿Dinero del ciudadano europeo en minas conflictivas en América Latina?

( Bruselas).-  Hay empresas mineras que generan conflictos en América Latina. Hay bancos europeos que financian esas empresas. Sobre ello y el rol del ciudadano, DW conversó con los autores de un reciente estudio.

«Las minas son como castillos en el aire que se inflan con las inversiones. Y en muchos proyectos mineros conflictivos hay grandes bancos como BNP Paribas, ING, KBC y Deutsche Bank”, explica Frank Vanaerschot de la organización FairFin.

Ésta, junto con 11.11.11, Broederlijk Delen, CooperAcción y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), presentaron esta semana en Bruselas un estudio, no exhaustivo, de inversiones europeas en proyectos mineros conflictivos para las poblaciones y el medio ambiente en América Latina. Sobre todo en Perú y Chile, tercer y primer mayores productores de cobre en el mundo.

«La inversión es el enlace económico entre hoy y el futuro”, explica Vanaerschot a DW. «Queremos que la gente se dé cuenta que su dinero no está guardadito en sus cuentas bancarias, sino que se emplea para hacer negocios que atentan contra valores que ellos defienden en sus vidas propias. No se dan cuenta que su dinero está teniendo un impacto que no les gustaría ver cerca de ellos”, agrega.

Un ejemplo muy documentado

Los habitantes de la población peruana de Espinar, cerca de Cuzco, llevan en su organismo cadmio, plomo, mercurio, arsénico, bario, berilio, antimonio y manganeso en niveles muy superiores a los permitidos. La extracción de cobre de la aledaña mina Antapaccay sería el origen. Los campos y el ganado también están contaminados.

César Flores (CooperAcción), Felipe Grez (OLCA), Frank Vanaerschot (FairFin) presentando el informe en Bruselas.

La mina pertenece desde el 2006 al grupo Glencore, que controla el 50 por ciento del mercado mundial del cobre. En esta empresa, en bolsa desde el 2011, invierten bancos europeos como BNP Paribas, el grupo ING y el Deutsche Bank.

Éste último, por ejemplo, se declara totalmente a favor de la defensa de los derechos humanos, del respeto a las comunidades y de la verificación de los riesgos ecológicos y sociales en los proyectos en los que invierte.

Glencore, por su parte, afirma respetar los principios del consentimiento libre previo e informado y los principios rectores de las empresas y derechos humanos de Naciones Unidas.

No obstante –y aunque hay un juicio en marcha desde que en 2012 las protestas de la población culminaran con cuatro muertos y muchos heridos–, ni el Estado ni la empresa toman medidas para asistir a la población. La banca tampoco.

Momento crucial

El momento es crucial para la minería en América Latina, un continente que ha visto multiplicarse por 60 esta actividad en los últimos 20 años y que tiene en su subsuelo el 44 por ciento de las reservas mundiales de cobre, 49 por ciento de plata, 65 por ciento de litio.

Sólo en cuanto al consumo del cobre, un estudio de la Universidad Libre de Berlín y Misereor prevé un aumento del 200 por ciento en los próximos 40 años. Esta organización ve también el riesgo de que se multipliquen por otro tanto los conflictos, que en la última década han sido 200 por mes en Perú. De ellos, el 62,7 por ciento están relacionados con la minería.

Mina en Perú.

En un momento en que el respeto de las reglas tanto de la ONU como de la OCDE en cuanto a empresas y derechos humanos son más bien voluntarias, que el 14,9 por ciento del territorio peruano y el 41 por ciento del chileno esté concesionado preocupa. Tanto en el campo como en las ciudades, también crece la tensión por el impacto en el agua y en el cambio climático aumenta, también en las ciudades. «Las concesiones en Chile se entregan gratuitamente y a perpetuidad, sin evaluación ambiental previa”, puntualiza Felipe Grez, de OLCA.

«No es que estemos en contra de las empresas, pero no se puede permitir que en vez de desarrollo signifiquen conflictos, enfermedad y muerte. Aunque es verdad que nuestro propios gobiernos no controlan, la presión puede venir de las zonas donde se concentra el poder: Europa, Japón, Estados Unidos”, explica a DW César Flores, de CooperAcción, subrayando la esperanza de que «el control del ciudadano europeo a través de la banca lleve a las empresas a tener más cuidado en sus operaciones”.

Fuente:http://www.dw.com/es/dinero-del-ciudadano-europeo-en-minas-conflictivas-en-am%C3%A9rica-latina/a-37210950

Perú

Recuperan 500 hectáreas del Tambopata invadidas por mineros

Desde setiembre del año pasado, el Gobierno ha recuperado unas 500 hectáreas de bosques en la Reserva Nacional Tambopata, en Madre de Dios, dañadas por la minería ilegal. Esta meta se logró gracias al trabajo coordinado del Ministerio del Ambiente, la Marina de Guerra del Perú y el Ministerio público.

A través de un comunidado, la ministra del Ambiente, Elsa Galarza, señaló que las 500 hectáreas recuperadas representan más del 70% del área afectada por los mineros ilegales. Galarza resaltó la labor realizada por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), la Dirección general de Capitanía y Guardacostas (que depende de la Marina de Guerra del Perú) y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (Ministerio Público.

En las operaciones que realizaron estas entidades, se desmanteló cuatro campamentos mineros ubicados en la zona de amortiguamiento de la reserva del Tambopata. Así se golpeó a los mineros ilegales que proveían de logística a aquellos que ocupaban el interior del área protegida.

Asimismo,  una de las intervenciones más transcendentes se realizó en el campamento “Panterita”, ubicado en el sector del río Malinowsky, donde operaban más de mil personas dedicadas al abastecimiento de implementos e insumos para la minería ilegal, así como al suministro de combustible, alimentos, transporte, mecánica y otros que sostenían el desarrollo de la ilícita actividad.

El resultado de esta acción fue el desmantelamiento de este campamento, en el cual los mineros ilegales se refugiaban durante los operativos contra la minería ilegal que se realizaban al interior del área natural protegida, lo que les permitía guarecerse y, luego, retornar inmediatamente a la Reserva. Similar acción se realizó en el campamento minero “Cetical”, el cual era ocupado por más de 40 personas dedicadas a la minería ilegal.

Fuente:http://elcomercio.pe/sociedad/madre-de-dios/recuperan-500-hectareas-tambopata-invadidas-mineros-noticia-1961691