Colombia

En Urrao acudirán a instancias legales para defender acuerdo que prohíbe la minería

Autor: Blu Radio.com

Concejales de ese municipio rechazaron la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia de invalidar el acuerdo y no descartan hacer manifestaciones ante las autoridades ambientales

De acuerdo con el grupo de 12 concejales de Urrao, el Tribunal habría incurrido en varias irregularidades en su fallo.

Aseguran que no se tuvieron en cuenta los argumentos de los concejales en el acuerdo sino que primó lo expuesto por la Gobernación en la demanda de este y agregan que fue citado un artículo del Código de Minas que fue declarado inexequible por el Consejo de Estado.
Así lo explicó el concejal Fernando Moreno, quien señaló querecurrirán a los procesos que sean necesarios para que su decisión sea válida, como ocurrió en el caso del municipio de San Agustín en Huila.
Moreno afirmó que adelantan actividades con diferentes entidades de los demás municipios del suroeste antioqueño y no descartan movilizarse hasta Medellín para realizar manifestaciones.
Por su parte, la Secretaría de Minas departamental asegura que tras la decisión del Tribunal no hay lugar a apelación porque los concejos municipales no tienen facultad para prohibir la minería a través de un acuerdo. Solo lo podrían hacer por medio del POT o de una consulta popular.
Fuente://www.bluradio.com/medellin/en-urrao-acudiran-instancias-legales-para-defender-acuerdo-que-prohibe-la-mineria-160865
Perú

Defensoría del Pueblo registra 167 conflictos sociales en el país

Autor: Romina Vega, Diario Correo.pe
Conflicto Relacionado: Antamina-Juprog-Huari

Pobladores de la cuenca del río Ayash denuncian contaminación del agua e impactos negativos en la salud pública. Afirman que el ambiente sufre producto del vertimiento de relaves de la compañía minera Antamina SA. Los reclamos de este grupo humano, residente en San Marcos, provincia ancashina de Huari, representan solo uno de los 167 conflictos sociales presentes en nuestro país, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo (DP), correspondiente al mes de octubre de 2017.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales (SIMCO) de la DP, del total de conflictos, 114 se encuentran activos y otros 53 permanecen en estado latente. Por distribución territorial, la mayoría se concentra en la región Áncash, con nada menos que 27 casos por resolver. Seguidamente, se ubican Puno (15 casos) y Apurímac (13). Según las causas, los conflictos más frecuentes están relacionados con temas socioambientales, con un 71.9% del total de casos a nivel nacional.

En este rubro, la lista es encabezada por disputas relacionadas con el sector minero: 77 casos en todo el Perú. Es precisamente el factor minería el que ha contribuido para posicionar a Áncash como la región con mayor conflictividad.“La particularidad es que Áncash tiene varios proyectos mineros en zonas importantes de la región como el Callejón de Huaylas y el Callejón de Conchucos. Operan grandes mineras como Barricky Antamina, las mismas que por incumplimiento generan focos de conflictividad con varias comunidades”, señala Porfirio Barrenechea, adjunto al defensor del Pueblo para Conflictos Sociales.

Para el funcionario hay además otro factor capaz de avivar conflictos: la situación posdesastres naturales. “El tema de la reconstrucción tiene mucho que ver con las quejas de la población frente a la atención del Estado para atender las necesidades básicas luego del desastre”, afirma. Violencia. Por otro lado, Barrenechea recalcó que, “más allá de la cantidad de conflictos, hay que analizar la intensidad de las protestas. Y eso depende de los fallecidos, heridos, agresividad en las manifestaciones o personas detenidas”. Con ello, recordó que en el mes de octubre se registraron tres muertes durante un enfrentamiento entre mineros ilegales en la zona de Parcoy, provincia de Pataz, en La Libertad. La disputa por un terreno para ejercer la actividad ilícita acabó con la vida de esas tres personas.Pero, ¿hay forma de prever si un conflicto llegará a tales niveles de violencia? De acuerdo con Barrenechea, existe cierta impredecibilidad. “Hay conflictos que tienen tres o cuatro años y continúan en negociaciones. Pueden pasar súbitamente de una fase de tranquilidad o diálogo a una nueva situación crítica porque no se cumplieron los acuerdos. Es totalmente variable y solo depende de cómo se va manejando”, comenta.El portavoz de la DP enfatizó, no obstante, que ciertos contextos, como la temporada electoral, suelen encender conflictos. “Por experiencia, conocemos que cuando hay elecciones el nivel de conflictividad aumenta en la mayoría de regiones”, añade.

Fuente:https://diariocorreo.pe/edicion/lima/defensoria-del-pueblo-conflictos-sociales-787149/

Mexico

Cinco años de victoria, ejidatarios de Benito Juárez sobre la minera Mag Silver

Autor: Gustavo Ramos, El Pueblo.mx

Aunque la minera canadiense continúa operando en la región, en comunicación con el Gobierno del Estado y la complicidad de privados, el ejido Benito Juárez mantiene fuera la actividad minera, cuando por decisión unánime de la Asamblea General se votó por expulsar a Mag Silver del ejido por 99 años, trascurridos desde el 17 de noviembre del 2012, tras el asesinato de líderes barzonistas que sostenían la lucha contra la minera.

La minera Mag Silver ha sido acusada de continuar operando, pero sin actividad, desde la decisión en el ejido de Benito Juárez en Buenaventura Chihuahua,, sustentada por un tribunal agrario, meses atrás, en la actual administración estatal, la minera ha tenido acercamientos con la secretaría general de gobierno y la secretaría de innovación y desarrollo económico, donde la relación son las inversiones, de acuerdo al secretario César Jauregui Robles, quien ha solicitado a ambas partes tener acercamientos.

Ismael Solorio y Manuelita Solís fueron asesinados un 22 de octubre del 2012, los ejidatarios señalaban como principales responsables a los directivos de la minera que mantenían una lucha legal contra  los ejidatarios y el Barzón, quienes rechazan la actividad minera en la región por ser para uso agrícola y la afectación ambiental principalmente por el uso agua, con quien también disputaban con comunidades menonitas.

Señalaron y aún lo sostienen, que la minera Cascabel y/o Pozo Seco , filial de la minera Canadiense Mag Silver, se alió con un grupo del crimen organizado contra el Barzón y los ejidatarios, a quienes responsabilizaron del asesinato, que generó manifestaciones en el Palacio de Gobierno en Chihuahua en 2012 y 2014.

Se han registrado conatos de broncas entre ejidatarios y personas que operan para la minera e insisten en que regrese la actividad para generar empleos, el secretario general cuestionado si las futuras generaciones mantendrán el veto a la minera, mientras el asesinato de los activistas se mantiene en la impunidad, afirmaron ejidatarios y activistas el pasado 22 de octubre en el ejido, donde se realizó un evento en conmemoración de esta fecha.

“En Benito Juárez hay una moratoria para cualquier empresa minera que quiera devastar nuestro territorio.  Ahora nos toca a todas y todos seguir con la firme convicción de impedir el paso a las mineras que intenten llegar a nuestro Ejido”, publicó Joaquín Solorio en su muro de Facebook.

Fuente:http://www.elpueblo.com.mx/notas/Cinco-anos-de-victoria-ejidatarios-de-B

 

Perú

Ayabaca y Huancabamba: un conflicto saltando en la sierra de Piura

Autor: Gerardo Cabrera Campos. El Tiempo.pe
Conflicto Relacionado: Río Blanco

El gobierno de PPK ha brindado las facilidades al proyecto Río Blanco en Huancabamba, mientras que, por otro lado, diversos sectores de Ayabaca y Huancabamba se oponen a toda inversión minera. Hay cosas raras. Toca a la población y prensa, por esto, hacer preguntas a la empresa y comunidades. Un tema para el que pocos tienen tiempo, o no quieren tocar.

Hace varias semanas retomé la escritura de unas crónicas que pretendo publicar. Trata sobre la expedición extraviada de un grupo de trabajadores de la empresa minera Río Blanco Cooper en las montañas de Huancabamba y Piura; y su posterior búsqueda por parte de rescatistas militares, exmilitares, policías, comuneros y civiles pagados. Una expedición, por lo tanto, que hasta hoy sigue desempolvando un conflicto social bien despierto en la serranía.

Esta es la historia. El jueves 16 de julio de 2015, por la tarde, recibo un mensaje desde las oficinas de la municipalidad de Ayabaca: 3 días antes un grupo de mineros había aparecido por el caserío Cabuyal; les habrían castigado los ronderos en otro caserío llamado Portachuelos y pronto fueron enviados a Huancabamba por una carretera en Pacaipampa desde Curilcas. No se supo más de ellos.

El caso era misterioso -hasta hoy-, pese a que por días se armó un comunicado, por parte de la empresa, en el que trataba de explicar el extravío de 4 personas y de los otros que fueron castigados. En suma, la búsqueda era por Orlando Pastrana Quezada, un ingeniero geólogo y líder de la expedición; la comunicadora cajamarquina Aleida Dávila Montes; el egresado en geología Manuel Herrera Peña, huancabambino, y Segundo Tacure, quien era conocido como “primito“.

Cinthya Robles Martínez, evaluadora del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) terminó un reporte preliminar a las 3:30 de la tarde en su oficina de la calle Rodín en San Borja, Lima. “Una de las personas extraviadas estaba enferma (fiebre)”, versa en el documento. Era el mismo día en el que el informante de Ayabaca empieza a contarme parte de la historia. ¿Quién era el enfermo?

La expedición perdida

Poquísimas personas lo sabían. Una de ellas era Hipólito Cruchaga, por aquel entonces jefe de Indeci-Piura, quien tenía el reporte de Robles Martínez y me contacta y comenta la situación el 17 de julio en la mañana, cuando Rio Blanco Cooper ya había filtrado a todos los medios del país su comunicado y entre las bases ronderiles empezaba a cuajar la idea de que allá arriba, en la montaña de Cerro Negro, 4 personas tenían pocas posibilidades de vivir.

Otra de las personas enteradas de aquello era el comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP), Miguel Orozco, en esos meses de 2015 comisario en Ayabaca. Él se entera el miércoles 15 de julio, oficialmente, a través de una denuncia verbal impuesta en el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) en Piura.

Orozco y el superior Segundo Castillo –conocido en la búsqueda como Lupo– iniciaron, entonces, una faena interrogatoria por los senderos y caseríos de la comunidad de Yanta, donde mucha gente es “antiminera”. Ser antiminero es un término usado especialmente para determinar a las personas contrarias a la minería en su zona… Aquí la ensalada del asunto.

Políticas, marchas y disposiciones

Dos años después de aquella faena de búsqueda y rescate, el gobierno actual ha brindado facilidades al proyecto Río Blanco Cooper, cuya acción está sobre terrenos de las comunidades de Yanta, en Ayabaca, y Segunda y Cajas, en Huancabamba.

En diciembre de 2016, durante el CADE Ejecutivos de Paracas (Ica), el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) citó al proyecto minero Río Blanco como uno de los prioritarios en el país. Luego de este anuncio, conversé con el ministro de Energía y Minas, en ese tiempo Gonzalo Tamayo, quien indicó que va a “ser un proceso paulatino y de diálogo con la gente de la zona”.

Los representantes de la empresa Río Blanco Cooper, por su parte, aseguraron que sus labores no están en los páramos de Huancabamba y Ayabaca. El 5 de junio pasado, cientos de personas, entre comuneros y agricultores, recorrieron las principales calles de Ayabaca e hicieron un plantón en la Plaza de Armas de esa provincia en protesta de la actividad minera, que atentaría contra el medioambiente. Los manifestantes -de Huancabamba también- se reunieron desde las 8:00 a.m. para exigir al Gobierno Central que se respete la consulta vecinal del 2007 en la que el “NO” a la minería se impuso.

En ese contexto, pesa sobre la relación entre Río Blanco y las comunidades una serie de muertes por las que aún se busca explicaciones. No solo los tres de Cerro Negro, sino un conjunto más de víctimas de años anteriores al 2015. Más allá de las declaraciones de PPK o del gobernador de Piura, Reynaldo Hilbck, lo que se cuece en la serranía debería ser tema importante para el debate semanal, la corresponsalía periodística y las preguntas de la gente a la empresa y comunidades protagonistas.

Hace unas semanas, se desarrolló en la UNP un debate llamado “Riesgos e Impactos del Proyecto Minero Río Blanco y Alternativas de Desarrollo Sostenible”. ¿Con qué propósitos?

El sobreviviente

Durante una exposición de Río Blanco en Piura –sobre sus acciones posibles en Ayabaca/Huancabamba- tuve un brevísimo intercambio de miradas con Manuel Herrera Peña, uno de los sobrevivientes de aquella expedición trágica en Cerro Negro. No quise preguntarle, pero verlo me provocó una vorágine de recuerdos sobre las horas de rescate y corresponsalía en la montaña. Es, sin duda, uno de los actores principales en todo esto.

Recordé, por ejemplo, que la Policía Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea buscaban a los otros extraviados con información que Manuel Herrera brindó al ser hallado en una cabaña cerca de Cabuyal. Recordé que en esa cabaña conversé durante horas con el grupo de policías que lo ubicó; recordé la bravura de ese Cerro Negro, ese ventarrón gélido, los caminos empinados, el lodazal del páramo, los pajonales, las historias de la gente de Yanta, las pocas horas de sueño y el material gráfico de esa cobertura desde varios de los pueblitos más alejados al norte del Perú. Y reparo, entonces, en ese conflicto que pocos quieren tocar.

Fuente:http://eltiempo.pe/ayabaca-huancabamba-conflicto-saltando-la-sierra-piura-gc/

Internacional

Duterte mantiene la prohibición de la minería a cielo abierto en Filipinas

Autor: Reuters, Europa Press.

Duterte mantiene la prohibición de la minería a cielo abierto en Filipinas

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, no ha levantado la prohibición de la minería a cielo abierto, según ha asegurado este lunes su portavoz, Harry Roque, en medio de los planes de un panel gubernamental de buscar la eliminación de dicha norma. «Les asegura que esta es una de las instancias en las que personalmente le pregunté al presidente si ha habido un cambio en la norma y él dice que todavía no hay una nueva sobre esto, todavía hay una prohibición sobre la nueva minería a cielo abierto», ha asegurado Roque en una rueda de prensa.

El Consejo Coordinador de la Industria Minera recomendó en octubre el levantamiento de la prohibición de la minería a cielo abierto y el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales filipino, Roy Cimatu, aseguró que esperaba que la restricción fuera eliminada antes de que acabe el año. Duterte indicó en septiembre que estaba de acuerdo con prohibir la minería a cielo abierto en Filipinas, uno de los principales exportadores de mineral de níquel del mundo. No obstante, el dirigente afirmó que daría tiempo a las compañías mineras de hallar otra forma de extraer los minerales antes de que la prohibición entrara en vigor.

La predecesora de Cimatu en el cargo, Regina Lopez, logró que se prohibiera la minería a cielo abierto durante diez meses antes de tener que dejar su puestos después de que el Parlamento rechazara ratificar su nombramiento.

Fuente: http://www.europapress.es/internacional/noticia-duterte-mantiene-prohibicion-mineria-cielo-abierto-filipinas-20171120052142.html

Perú

Autoridad del Agua publicará metodología para la intervención en cabecera de cuencas .

Autor: Redacción Gestión.
Documento estarán listo en junio del 2018. Jefe del ANA dice que no solo contempla a mineras, sino ampliaciones agrícolas y forestales.

La determinación de definir zonas intangibles a las cabeceras de cuenca, tuvo una reacción directa de las empresas mineras lo que generó la preocupación o lo que algunos definen como una sobre regulación para el sector formal.
Al respecto, el jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Aberlardo De la Torre, dijo que el tema de la intervención en las cabeceras de cuencas se definirá hasta junio del 2018. “Estamos trabajando en un documento para definir la metodología y los criterios de intervención con la finalidad tener la protección necesaria para estas zonas. Queremos asegurar una intervención razonable para no dañar la cabecera de cuenca, que es la mayor preocupación”, expresó. La ley y el reglamento establecen como proceder, sin embargo “vamos a redactar algo específico para la cabecera de cuenca”, remarcó De la Torre.
No solo mineras Explicó que el nuevo documento definirá como deben actuar las empresas, cualquiera que sea la actividad, porque se tiene interés de la ampliación de frontera agrícola, actividad forestal y también la minería. Recordó que, esta norma si bien nació con una preocupación por la intervención minera, no solo se vincula a la minería, sino de cualquier otra intervención.
“Todo ser humano cuando entra a un territorio lo afecta y hay que ver, que eso se pueda evitar al máximo”, expresó. Dijo que, la minería no interviene en muchos lugares, y aunque tiene denuncios en casi todo el Perú su intervención en las cabeceras de cuencas es mínima. “La real intervención de las mineras no son demasiadas, pero nació con ello, por eso muchos creen que va contra la minería”, sostuvo.
Sobre regulación Ante el pedido del gremio empresarial Confiep de enfrentar una sobre regulación, Abelardo De la Torre dijo que se busca reducir la regulación, porque el uso de agua es excesiva, pero que principalmente viene de la agricultura y del uso de la población. “Hay que tener en cuenta algo, la minería no usa tanta agua, ni siquiera en las cabeceras de cuencas, el agua no es un tema fundamental y eso se puede resolver por último”, expresó.

Fuente:https://gestion.pe/economia/autoridad-agua-publicara-metodologia-intervencion-cabecera-cuencas-2205191
Colombia

Comunicado: Consejo Comunitario Negros Ancestrales de Tabaco sigue luchando contra la empresa Cerrejón

Autor: Consejo Comunitario Negros Ancestrales de Tabaco
Conflicto Relacionado: El Cerrejón-Guajira

Nuestras exigencias son tierra adecuada y suficiente para la reubicación de nuestra Comunidad afrodescendiente; de proyectos productivos para restablecer nuestras economías propias; de reconocimiento y reparación integral de los daños que se nos han ocasionado y que se acumulan por cada día que pasa sin que nuestra situación sea resuelta.

COMUNICADO

El Consejo Comunitario Negros Ancestrales de Tabacoen el marco de las normas constitucionales que lo rigen y en defensa de los Usos y Costumbres de nuestra Comunidad despojada de sus derechos y su territorio,

hace saber a la opinión pública que:

La activad extractiva de carbón ha provocado daños irreparables a nuestra comunidad afrodescendiente con profundas transformaciones del territorio que han conllevado desarraigo social, familiar, económico y desvinculación de nuestra entrañable tierra de Tabaco. Hemos sufrido debilitamiento cultural y de la libre determinación social.

Llevamos más de 16 años echados de nuestro territorio. Resistimos con muchas dificultades a pesar de la diáspora a que hemos sido sometidos, procurando hacer uso de nuestras costumbres y buscando recuperar nuestra economía que se basaba en actividades propias como el pastoreo, recolección de frutos silvestres y la siembra de nuestra tierra.

Hoy, mientras que la Comunidad está sentada en una Mesa de diálogo con la empresa Cerrejón y la alcaldía de Hatonuevo esperando avanzar en la concreción de nuestros derechos y el cumplimiento de las obligaciones empresariales y estatales, vemos con gran preocupación como la empresa busca persuadir a la comunidad con maniobras que envenenan nuestras relaciones y pretenden exterminar nuestras esperanzas; esta actitud la ha desplegado en varias ocasiones para someternos a sus intereses.

La Buena fe, es un presupuesto para el diálogo. Sin embargo, la empresa Cerrejón conocedora de la vulnerabilidad en que nos dejó su explotación: sin territorio, sin cultivos, sin nuestras formas de subsistencia, sigue debilitándonos aprovechando la situación que ella misma ha provocado. Es clara la diferencia entre lo que dice públicamente la compañía y lo que hace.

Por ejemplo, en escritos que la empresa nos envía, se evidencia que el trabajo como derecho ciudadano y de las víctimas del desplazamiento minero, la empresa lo convierte en instrumento de presión, sometimiento y división de nuestra Comunidad.

Nuestras exigencias son tierra adecuada y suficiente para la reubicación de nuestra Comunidad afrodescendiente; de proyectos productivos para restablecer nuestras economías propias; de reconocimiento y reparación integral de los daños que se nos han ocasionado y que se acumulan por cada día que pasa sin que nuestra situación sea resuelta.

Frente a ello, la empresa Cerrejón, aprovecha la Mesa para mostrar nacional e internacionalmente que tiene interés de dialogar mientras dilata la respuesta a nuestras exigencias. Abusa de las profundas desigualdades existentes entre su poder y la capacidad de publicidad que tiene en Colombia y el mundo y los enormes problemas económicos que enfrenta nuestra comunidad para sostener esta lucha después de tantos años y que nos impide tener los espacios y el tiempo para comunicarnos, reflexionar, hacer memoria, etc.

Así, la respuesta que da Cerrejón es la contratación (precaria y temporal) de 35 obreros para construir un centro de reunión que hoy no es prioritario para nuestra comunidad y que ha ocasionado fuertes debates a su interior. Esto lo vemos como una trampa porque la empresa sabe muy bien que existiendo un número muchísimo mayor de personas que necesitan trabajo e ingresos, esta selección provocará nuevas fracturas en la Comunidad.

Si la empresa actuara de Buena fe, por qué no nos entrega el territorio que necesitamos para recuperar nuestros proyectos productivos? Por qué, a pesar del tiempo transcurrido (más de 16 años), de ser su obligación actuar con debida diligencia mantiene su posición de negar sus responsabilidades en el desarraigo que sufrimos y asumir la reparación integral de nuestros derechos?

Adicionalmente, la empresa aprovecha su capacidad de incidencia y comunicación para confundir en su favor mostrando que si no puede avanzar es por nuestra actitud y las de nuestros representantes. Nos preguntamos ¿por qué la empresa asume que la exigencia de nuestros derechos es obstáculo para avanzar? ¿Por qué la empresa busca reducir el cumplimiento de sus obligaciones a su mínima expresión?

La dilación de sus respuestas, la forma como invisibiliza la realidad de Tabaco en su publicidad, su renuencia a reconocer que el paso del tiempo sin que la comunidad sea reubicada agrava nuestra situación, la manera en que utiliza su posición dominante para imponer tiempos, espacios y formas en la relación con Tabaco, evidencian que la empresa Cerrejón lejos de interesarse en la recuperación del tejido social y físico de nuestra comunidad, desea “cerrar el caso” de cualquier forma.

Frente a esta situación,

Exigimos:

Del estado colombiano en cabeza de las entidades municipales, departamentales y nacionales el cumplimiento de sus obligaciones de protección y garantía de nuestros derechos como comunidad étnica minoritaria en lugar de seguir protegiendo a esta multinacional con actos amañados y cómplices. Existen pronunciamientos judiciales que también debe acatar en el restablecimiento de garantías para Tabaco ¿por qué sigue privilegiando los intereses de la empresa Cerrejón y desconociendo sus responsabilidades frente a nuestra comunidad?

A la empresa Cerrejón le exigimos que responda con sus obligaciones frente a nuestra Comunidad afrodescendiente entregando las tierras necesarias en cantidad y calidad para la recuperación de nuestros derechos territoriales, económicos, sociales, culturales y ambientales. Para ello es necesario que repare integralmente a los miembros de Tabaco y cese su comportamiento dilatorio.

Igualmente, exigimos a la empresa Cerrejón que no siga señalando a miembros y representantes de nuestra comunidad como el obstáculo para el cumplimiento de sus responsabilidades. Este comportamiento pone en grave riesgo nuestra vida e integridad personal y colectiva.

Mantendremos nuestra lucha y no permitiremos que el abuso empresarial de Cerrejón siga imponiéndose sobre los derechos y la dignidad de nuestra Comunidad.

Consejo Comunitario Negros Ancestrales de Tabaco

Fuente:https://www.colectivodeabogados.org/?Comunicado-Consejo-Comunitario-Negros-Ancestrales-de-Tabaco-sigue-luchando

Argentina

San Francisco: el Gobierno desmintió, otra vez, a la minera “Latin Resources”

Autor: Redacción del Diario de la República.

En Medio Ambiente dicen que no aprobó ningún estudio de impacto ambiental de la empresa.

Una nueva publicación de la compañía minera Latin Resources (con sede central en Australia) volvió a generar incertidumbre y preocupación entre los vecinos y ambientalistas de San Francisco. En ella (Ver facsímil) la empresa afirma que tiene la autorización del Gobierno de la Provincia para investigar y explotar la zona. Al respecto la jefa de Programa Industria y Agroindustrias, e interventora de  la Dirección de Minería, María Eugenia Cantaloube, dijo: “Estas no son versiones certeras, toda esa información, la tiene en manos el despacho legal del Ministerio para evaluar las acciones a seguir. Pero para poner un poco de luz sobre el tema, no se encuentra nada aprobado, ni forman parte de ningún expediente formal”.

En setiembre la  compañía australiana había comunicado la realización  de  muestreos  en las minas Géminis y Don Gregorio, ubicadas a 8 kilómetros de San Francisco y que había encontrado litio en la zona. Esta información repercutió en los medios de otras provincias e incluso el director general de la firma, Chris Gale, confirmó la noticia.  En aquella oportunidad técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción, realizaron una exhaustiva inspección y determinaron que en ambos espacios no hubo ni extracción, ni explotación. Explicaron que no encontraron rastros de maquinarias, ni residuos.

Cantaloube aseveró que las mineras tienen un código nacional y uno provincial que cumplir antes de acceder a los terrenos. “Todas las políticas mineras en San Luis están incluidas dentro del Tratado de Paz entre Progreso y Medio Ambiente; es decir que todas aquellas producciones locales, tienen que ser resguardadas e ir de la mano con el medio ambiente. Deben realizar los estudios correctos de impacto ambiental y cumplir con cada acción por etapas, según indica la ley”, especificó y agregó que es condición ineludible, además de atravesar todas las instancias legales que establece el código, cumplir, por ejemplo, con la presentación de titularidad, de la propiedad, y la confirmación de que la mina está disponible, entre otros puntos.

Para llevar tranquilidad a los vecinos nuevamente, Cantaloube los recibió esta semana para explicarles que tanto  la Dirección de Minería como  el Ministerio de Medio Ambiente, trabajan de manera interdisciplinaria para resguardar las normas.

“Las cosas tienen que ser objetivas y sumamente técnicas, hay que ser cautelosos. Nos reunimos con varias asociaciones, eran aproximadamente 25 personas que representaban diferentes zonas. Fueron dos reuniones, ellos saben que las puertas están abiertas, así que ante cualquier duda pueden venir a consultar”, afirmó.

Carlos Camargo, uno de los ambientalistas que asistió a las reuniones con la funcionaria, dijo que en la reunión “fue interesante el diálogo, pero no es la primera vez que esta empresa publica en su página oficial un comunicado de tamaña envergadura. En ella no sólo incluyen a las compañías Géminis y Don Gregorio, sino que suman la concesión de 70 mil hectáreas más, ubicadas su mayoría en sierras centrales, y si a esto le sumamos que aseguran que ya firmaron un convenio definitivo con el Gobierno, es de preocuparse. Además afirman con total seguridad que ya presentaron todos los informes de Impacto Ambiental, de María del Huerto, otra minera que trabajaría cerca de  Concarán”, dijo el vecino de San Francisco.

Camargo contó que asistió a las reuniones acompañado por asambleístas de San Francisco, de El Trapiche, de El Volcán, de la Asamblea del Buen Vivir e integrantes de la Federación Argentina de Estudiantes de Biología.

“Presentamos un escrito con unas 200 firmas, tuvimos una charla con Cantaloube y el asesor legal de Minería, ellos nos ratificaron que era una falacia de la empresa. La provincia denunció a esta empresa por la información que es falsa y sentimos que nos escucharon, porque se está resolviendo a través del departamento legales. Esto que hace la minera nos llena de incertidumbre y consideramos que tenemos derecho a saber qué sucede de verdad”, concluyó preocupado.

Fuente:http://www.eldiariodelarepublica.com/nota/2017-11-16-16-29-0-san-francisco-el-gobierno-desmintio-otra-vez-a-la-minera-latin-resources

Ecuador

Mineros y ecologistas plantean ajustar pregunta 6 de la consulta popular

Autor: EL Universo.com

Para las cinco preguntas de reforma constitucional propuestas por el presidente Lenín Moreno no solo hay pedidos para que las rechacen, sino para que las modulen, como es el caso de la iniciativa relacionada con la prohibición de la minería metálica en áreas protegidas, inmateriales y centros urbanos.

La jueza de la Corte Constitucional, Tatiana Ordeñana, encargada de elaborar el proyecto de dictamen de constitucionalidad, recibió el miércoles pasado a 37 interesados en los cinco textos de referendo, de los que cuatro pidieron que la pregunta cinco sea modulada.

Mauricio Murillo, delegado de las cámaras cantonales de Minería de Piñas y Zaruma, pidió que se elimine la frase “centro poblado y se ponga: zona de exclusión minera”.

También Geovanni Fantoni, abogado de la compañía de bienes raíces BIRA, ​propuso que se cambie el texto para que se permita la “operación minera metálica ​en centros urbanos cuando se trate de compañías, asociaciones, mineras artesanales organizadas”.

Yaku Pérez, dirigente de la Ecuarunari, pidió que se amplíe la protección de la minería a bosques frágiles. Un argumento similar tuvo el catedrático y ambientalista Ramiro Ávila.

Y ayer el gobernador del Guayas, José Francisco Cevallos, recibió a nombre del presidente Moreno un manifiesto de respaldo a la consulta popular con las firmas de los líderes de al menos doce organizaciones sociales.

Al acto asistió Nathaly Toledo, dirigente del movimiento Centro Democrático, quien aseguró que respaldan el ‘Sí’ en las siete preguntas, a través del frente Somos Ecuador.

Ángel Rivero, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales, Campesinos (Fenacle), anunció que difundirán las preguntas y promoverán el Sí.

Cevallos les agradeció el apoyo ofrecido y dijo que “los ecuatorianos deben participar de la consulta”.

Más respaldos
Unas 25 organizaciones sociales afines al gobierno de Moreno se concentraron ayer frente a la Corte Constitucional, en Quito, para exigir que se apruebe la consulta popular. Se colocaron carpas para hacer una vigilia. La Asociación de Municipalidades (AME) resolvió apoyar el plebiscito. (I)

Fuente:https://www.eluniverso.com/noticias/2017/11/17/nota/6483601/mineros-ecologistas-plantean-ajustar-pregunta

 

Argentina

Nuevas presiones para tener minería en los glaciares

Autor: La Nación .arg.

Hay propuestas que no se comprenden por las contradicciones que encierran: el Gobierno anunció que buscará modificar la ley de glaciares para favorecer a la minería.

La sensibilidad del tema recuerda la acalorada discusión que se mantuvo hace casi diez años en el Senado de la Nación cuando se trató el proyecto de ley de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares, que establece la protección de los glaciares y periglaciares, y la prohibición de actividades que pudieran afectarlos.

La ley, que había recibido la aprobación unánime de ambas cámaras en 2008, fue vetada por la entonces presidenta Cristina Kirchner, quien aseguró que los gobernadores de la zona cordillerana manifestaron que la norma «afectaría inversiones y puestos de trabajo». El caso, conocido como «veto Barrick», parecía responder a una reunión que tuvieron días antes, en Nueva York, Néstor Kirchner y Julio De Vido, con los directivos de la empresa Barrick Gold.

Las similitudes de aquel veto con este nuevo anuncio, fundado en el reclamo del sector minero que asegura que la ley actual frena inversiones, son sorprendentes y alimentan una misma duda: ¿la función del Gobierno es proteger los glaciares o la industria minera?

La sustentabilidad exige coherencia. Encaminar el país hacia un desarrollo armónico con la naturaleza implica defender las relaciones de largo y mediano plazo por sobre lo coyuntural. Es cierto que resulta tentador favorecer actividades que inyecten recursos al país cuando se ponen en riesgo recursos que, en el caso de ser afectados, sólo harían visibles sus impactos muchos años después de que los actuales administradores abandonen sus cargos. Por eso es necesario consensuar una visión sobre el país que se quiere construir -o reconstruir contemplando la protección actual y futura de los elementos esenciales de los que depende el bienestar de las generaciones actuales y las futuras. Quizá por eso sería tan beneficioso contar con una planificación estratégica del uso de los recursos en nuestro territorio consensuada de modo transparente y abierta con todos los intereses involucrados, para que los aspectos esenciales que hacen a nuestro porvenir no puedan ser negociados, según las necesidades de cada gestión, de espaldas a la sociedad.

Los glaciares cordilleranos significan un 70 por ciento de la reserva hídrica de todo el país: cualquier actividad que allí se desarrolle requiere de una seria reflexión política y científica sobre sus consecuencias.

El reciente anuncio de modificar la ley de glaciares para favorecer a la minería surge de una reunión donde se encontraban presentes algunos de los mayores empresarios mineros del país y el titular de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Marcelo Alvarez; representantes de provincias mineras; funcionarios de la cartera ambiental; el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y el de Trabajo, Jorge Triaca. No parece una reunión intersectorial.

Sin duda, la presión de las diferentes carteras sobre el ambiente se hacen cada vez más agudas: en un primer caso fue la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz, aprobadas bajo la implacable presión del gobierno chino; hace apenas unas semanas, la resolución que aprobó la caza de seis mil guanacos en la Patagonia, dictada bajo la insistencia del actual Ministerio de Agroindustria. Ahora, los glaciares.

Si bien son comprensibles el interés y las posibilidades de explotación de ciertos recursos naturales que pueden hallarse bajo los glaciares, el uso intensivo de agua o el riesgo de contaminación merecen un delicado análisis. Una mirada inteligente y moderna no puede soslayar que la protección de las fuentes de agua potable es de máxima prioridad, en especial en zonas áridas y semiáridas. Más aún si consideramos los ya visibles efectos del cambio climático. Algo que el propio Presidente resaltó en varias oportunidades.

Una iniciativa oficial, fundada en el interés sectorial, para avanzar en un nuevo proyecto que reforme la denominada ley de protección de glaciares no es una buena noticia. No hay ningún nuevo estudio, realizado con seriedad en estos años, que permita sostener que existen motivos para justificar una modificación de una norma consensuada con la sociedad y aprobada por unanimidad en el Parlamento, para permitir el inicio de las actividades económicas en la zona periglacial.

Probablemente uno de los mayores desafíos que tendremos en la Argentina del siglo XXI será pensar más allá de la rentabilidad inmediata. Las verdaderas inversiones arribarán cuando se demuestren responsabilidad, inteligencia y capacidad para conjugar desarrollo y protección ambiental, y no uno a costa del otro.

 

Fuente:http://www.lanacion.com.ar/2083084-nuevas-presiones-para-tener-mineria-en-los-glaciares