Argentina

Una herramienta que sólo despierta polémicas

Denise de Olivera •   junio 2, 2016
El gran debate sobre el seguro de caución por daño ambiental, comúnmente llamado “seguro ambiental”, parece no tener fin.  Hay quienes sostienen que son deficitarios y otros en cambio, opinan que debería eliminarse su obligatoriedad. Mientras, continúa el vacío y siguen planteándose interrogantes.

Daniel Capria, especialista en Seguros y Reaseguros en Artai Argentina, un bróker que brinda consultoría global en riesgos corporativos, comenta sobre las controversias que giran en torno a la figura del Seguro de Caución Ambiental y las perspectivas que hay en la actualidad respecto al mismo.

Recordemos que la Ley General del Ambiente (LGA) le solicita a las empresas la contratación de un seguro ambiental.  Este seguro debe amparar los daños de incidencia colectiva, independientemente de los daños a terceros y/o cosas de terceros; es decir que sólo le interesa amparar los daños a los Recursos Naturales propiedad del Estado, ya sea Nacional, Provincial o Municipal, sin importar si se generan daños a personas o poblaciones cercanas al lugar donde se produce la contaminación.

“La normativa contiene, sin embargo, aspectos positivos que merecen destacarse al haber admitido criterios de razonabilidad en materia de derecho ambiental. Si bien debemos reconocer que la LGA ha sido un paso relevante en pos de alcanzar el desarrollo sustentable del país, debe revisarse la reglamentación mediante la figura del seguro de caución para dar cumplimiento a la Ley, y posibilitar aumentar el desarrollo del mercado de seguros ambientales y de esta forma, maximizar los incentivos para prevenir el daño”, señala Capria.

-¿Cuáles son las instancias de ejecución de la póliza del seguro ambiental?

-La resolución conjunta admite el concepto que la recomposición consistirá en restablecer las condiciones del ambiente afectado, hasta alcanzar niveles de riesgos aceptables.  Este criterio abre las puertas a la utilización de metodologías de análisis de riesgo que permitan balancear, ocurrido un siniestro, el alcance de la situación de contaminación y los costos de remediación de manera que aquella contaminación deje de ser relevante y negativa.

Uno de los aspectos significativos de la cobertura, es tener un acertado conocimiento del estado de situación del predio respecto a los eventuales niveles de contaminación existentes, ya que estos datos serán el punto de referencia en cualquier resolución de un siniestro.

La póliza de caución, además, presenta un inconveniente para el tomador del seguro que, en caso de producirse un siniestro ambiental, el mismo tomador no podría realizar la recomposición, sino que por condición de póliza, lo realizarán las empresas que determine la Compañía de Seguros.

-Una de las críticas que más se ha oído hablar sobre este Seguro son los bajos montos de las sumas aseguradas ¿Qué sucede cuando el monto asegurado no cubre totalmente el daño que la empresa causó sobre el medio ambiente?

-La póliza cubre la garantía exigida al Tomador, hasta la concurrencia de la suma asegurada indicada en la misma.  Las sumas aseguradas son determinadas en base a cálculos muy complejos basados en la situación actual de la empresa tomadora respecto a cuestiones ambientales.

El Estado busca garantías financieras, para el caso que se produzca un daño ambiental.  No obstante, si la suma asegurada de la póliza de caución fuera insuficiente, la empresa que genera el daño ambiental tiene responsabilidad ilimitada y deberá hacer frente con su patrimonio.

-Si este seguro ambiental con el que contamos no es el adecuado ¿Cuál sería el instrumento correcto que garantice que aquellas empresas que puedan provocar un daño al medio ambiente cumplan con la remediación?

-La LGA, si bien representa un avance relevante en pos del desarrollo sustentable del país, contiene algunos aspectos en su reglamentación que pueden revisarse, como la figura del seguro de caución para dar cumplimiento, mejorar y ampliar la gama de instrumentos posibles para dar cumplimiento a la ley, aumentar el desarrollo del mercado de seguros ambientales y de esta forma, maximizar los incentivos para prevenir el daño; pero con incentivos concretos para asegurar el cumplimiento de uno de los objetivos finales de las regulaciones ambientales, que es la reducción de los efectos negativos de las actividades humanas sobre los recursos naturales.

-Desde  la creación de este Seguro  hasta hoy ¿Hubo algún cambio significativo desde lo legal o fáctico que lo haya mejorado? ¿Se logró aplicar este seguro en algún caso relevante?

-Nada ha cambiado desde el comienzo de la aplicación de la LGA y desafortunadamente, algunos esfuerzos de operadores del mercado por autorizar productos alternativos fueron en vano.

Por la información con la que contamos, se desconoce si hubo algún caso en el que se haya ejecutado una póliza de caución.

-¿Qué diferencia hay entre el seguro de caución por daño ambiental y el seguro de responsabilidad por daño ambiental de incidencia colectiva?

-En la cobertura ofrecida por el seguro de caución, la aseguradora se hace cargo de la reparación en el caso que el tomador incumpla con su obligación de recomponer.  No obstante esta póliza solo resuelve el problema de la exigencia legal.  La responsabilidad de quien contamina no queda limitada por la existencia de esta cobertura.

En cuanto a las coberturas de Responsabilidad Civil, si se verifica una real transferencia de riesgo.  En el mercado se han aprobado algunas pólizas de este tipo, pero en la actualidad no están siendo aprobadas y aceptadas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, por lo cual, no se podría cumplir con el Art. 22 de la LGA.

Las empresas, más allá de la exigencia específica de la LGA, están expuestas a muchos riesgos ambientales distintos, que se pueden manifestar de distinta manera y consideración.  La LGA sólo exige los daños a un tipo específico de Daño Ambiental.  Si solo se contrata esa cobertura, queda de todas maneras expuesto a los demás riesgos ambientales.

En tal sentido, la póliza de caución, desde nuestro punto de vista, resuelve la exigencia de la LGA, pero no funciona como un seguro donde el Asegurado transfiere un riesgo.

-¿Por qué cree que el Estado no ha avanzado significativamente en la instrumentación de este Seguro?

Probablemente no ha sido un tema prioritario para el Estado y probablemente, las nuevas autoridades puedan tomar acciones sobre el sistema que permitan:

Tener productos o herramientas financieras alternativas para el cumplimiento de la Ley
Permitir el desarrollo de mayor número de operadores del mercado de seguros que puedan operar en este tipo de seguros.
Por último preguntarse: qué sucede si el monto asegurado es insuficiente para restaurar el daño ambiental?

Una herramienta que sólo despierta polémicas

Perú

Piden paralización de trabajos mineros que amenazan quebrada

Cajamarca
Empresa Coimolache deberá detener construcción de dos pozas de sedimentación
Lima 07 febrero 2017 – 3:16 pm, 0 comentarios
Agentes del OEFA corroboraron peligro para quebrada de continuar construcción de una poza.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) dictó una medida preventiva a la minera Coimolache ordenando paralizar de manera inmediata la construcción de dos pozas de sedimentación en la parte externa de un depósito de material estéril, por representar un peligro de afectación de la quebrada Tantahuatay.

La medida de la entidad fiscalizadora se aplicará respecto a la unidad minera Tantahuatay que se sitúa en los distritos de Hualgayoc y Chugur, región Cajamarca, se informó a INFOREGIÓN.

El OEFA observó que la minera, en un área de aproximadamente 7 200 metros cuadrados, removió la cobertura vegetal, topsoil y suelo para implementar dichas pozas, a una distancia de solo 10 metros de la quebrada, existiendo el riesgo de arrastre de sedimento hacia sus aguas en época de lluvias.

La medida preventiva también ordena a Coimolache presentar el cronograma para la remediación del área que sufrió la remoción de sus componentes naturales en un plazo máximo de cinco días hábiles. En caso de que la empresa no cumpla, se efectuarán las acciones administrativas, civiles y penales correspondientes.

http://www.rumbominero.com/noticias/mineria/oefa-ordena-detener-construccion-de-pozas-de-sedimentacion-de-minera-coimolache/

Colombia

Solo en 24 zonas de la Sabana habrá minería

Minambiente dio a autoridades ambientales 3 meses para establecer planes de manejo de explotaciones.
5 de febrero de 2017
En Bogotá, la ronda del río Tunjuelo ha sido afectada históricamente por la minería. Felipe Caicedo
Foto: Archivo EL TIEMPO
En Bogotá, la ronda del río Tunjuelo ha sido afectada históricamente por la minería. Felipe Caicedo
Solo en 24 polígonos, delimitados por el Ministerio de Ambiente y que cubren un poco más de 17.700 hectáreas de la Sabana de Bogotá (cuya extensión es de 427.711 hectáreas) se podrán realizar de ahora en adelante explotaciones mineras, según la resolución 2001 del 2 de diciembre del 2016.

Además de definir las zonas compatibles con las explotaciones mineras, la resolución fijó los parámetros que deberán cumplir las autoridades ambientales para cerrar aquellas que quedaron por fuera de las zonas autorizadas.

Las explotaciones que no están en los polígonos que se declararon aptos deberán cumplir con un plan de manejo, restauración y recuperación ambiental (PMRRA), el cual deberá respaldarse con una garantía que facilite aprovisionar los recursos para su ejecución.

(Visite el especial: Minería ilegal, los cráteres que se devoran a Colombia)

La resolución establece como opciones la fiducia en administración, mercantil o por pagos; la garantía bancaria a primer requerimiento y el depósito de dinero en garantía, entre otras. Se debe expedir a favor de la autoridad ambiental que imponga el plan de manejo.

El PMRRA es un documento que incluye acciones técnicas que se deben desarrollar en las zonas que han sido explotadas, con el fin de garantizar su cierre en condiciones técnicas adecuadas para poder destinarlas a actividades agropecuarias o forestales, según la resolución del Ministerio.

A las autoridades ambientales se les otorgó un plazo de tres meses (enero, febrero y marzo) para realizar visitas, determinar las medidas e imponer el respectivo plan a los proyectos que se encuentren en zonas no compatibles con la minería.

La resolución les ordena a las autoridades ambientales y mineras cumplir con los plazos del fallo del Consejo de Estado sobre el río Bogotá, para revocar o suspender las licencias, títulos, permisos, autorizaciones o concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y del medioambiente en las zonas de exclusión.

(Además: Consejo de Estado aprobó la consulta popular minera de Ibagué)

También, para revocar o suspender las licencias, títulos, permisos, autorizaciones o concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales cuando se establezca el incumplimiento de las condiciones o exigencias de acuerdo con los actos de expedición.

Únicamente los yacimientos de sal y la extracción de materiales que se requieran para el mejoramiento de vías veredales o terciarias se podrán explotar en cualquier parte de la Sabana, salvo excepciones que ya estén establecidas en la ley. De todas formas, solo se podrá hacer con autorización minero-ambiental en cada caso.

Por fuera de los 24 polígonos compatibles con la minería no se podrán volver a expedir títulos ni de exploración ni de explotación, y a quienes hoy tienen permisos o licencias la autoridad ambiental les deberá imponer planes de manejo.

Quienes cuentan con título minero y se encuentren operando en esas zonas y no hayan tramitado el plan de manejo deberán ser suspendidos, y se les ordenará el cierre definitivo. También se suspenderá la actividad de quienes no poseen título y estén operando con el registro minero nacional.

La resolución deja claro que en los ecosistemas de páramo no está permitido ningún tipo de actividad minera.

Las entidades territoriales podrán determinar la viabilidad o prohibición de actividades mineras en las zonas compatibles con la minería, pero no podrán hacerlo fuera de los polígonos delimitados.

Los sitios autorizados

Datos en hectáreas

Estas son las 24 zonas en las que se podrán realizar actividades mineras en la sabana de Bogotá. Por fuera de ellas queda prohibido, y se deberán expedir planes de manejo para proceder al cierre técnico de las explotaciones:

Polígono 1: suroriente de Bogotá, zona urbana, 84,8.
Polígono 2: sur de Bogotá, en la zona urbana, 348,9.
Polígono 3: suroriente de Bogotá, zona urbana, 50,7.
Polígono 4: entre Soacha y Bogotá, 4.521,6.
Polígono 5: al oriente de Sibaté, 55,2.
Polígono 6: entre Soacha y Bojacá, 924,6.
Polígono 7: entre Mosquera y Bojacá, 804,3.
Polígono 8: entre Madrid, Facatativá y El Rosal, 1.304.
Polígono 9: entre Subachoque, El Rosal y Madrid, 488,8.
Polígono 10: Tabio, 773,3.
Polígono 11: norte de Zipaquirá, 64.
Polígono 12: suroriente de Cogua, 1.093,9.
Polígono 13: entre Cogua, Tausa y Nemocón, 3.927,8.
Polígono 14: nororiente de Nemocón, 94,1.
Polígono 15: entre Suesca y Chocontá, 1.239,8.
Polígono 16: Suesca, 84,1.
Polígono 17: suroriente de Nemocón, 67,5.
Polígono 18: nororiente de Zipaquirá, 67,5.
Polígono 19: oriente de Tocancipá, 598,6.
Polígono 20: noroccidente de Guatavita, 101,9.
Polígono 21: suroccidente de Guatavita, 72,5.
Polígono 22: suroriente de Guatavita, 65,5.
Polígono 23: noroccidente de Guasca, 954,5.
Polígono 24: occidente de Guasca, 230,5.

Internacional

Page insiste en que C-LM «rechazará» el proyecto de minería de tierras raras en Ciudad Real

Albacete Zoido dice que Gobierno y CCAA estuvieron a la altura y las convoca… Page insiste en que C-LM «rechazará» el proyecto de minería de tierras raras en Ciudad Real: «No queremos nada raro» Page Page (EUROPA PRESS. 08.02.2017)

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha insistido en que desde el Gobierno regional se va a insistir en «rechazar» el proyecto de minería de tierras raras que la empresa Quantum Minería tiene proyectado en el Campo de Calatrava y que está pendiente de la presentación de un estudio de impacto ambiental en las próximas semanas. ECO Midiendo actividad social.

Durante su visita a la localidad de Ossa de Montiel (Albacete), ha enfatizado que en territorio regional no quiere «experimentos». «No queremos nada raro en Castilla-La Mancha». En este contexto, se ha referido a la futura ley antifracking de la región, una normativa que no se limitará a «prohibir frontalmente» esta práctica de extracción de gas, sino que la hará «imposible». Ha recordado que en España ha habido alguna legislación que se limitaba a afianzar esa prohibición, pero han resultado ser textos que han sido anulados sistemáticamente por el Tribunal Constitucional. «Lo vamos a hacer en Castilla-La Mancha desde esta experiencia. Lo haremos imposible, que es distinto a prohibirlo», ha subrayado.

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2954981/0/page-insiste-que-c-lm-rechazara-proyecto-mineria-tierras-raras-ciudad-real-no-queremos-nada-raro/#xtor=AD-15&xts=467263

http://www.20minutos.es/noticia/2954981/0/page-insiste-que-c-lm-rechazara-proyecto-mineria-tierras-raras-ciudad-real-no-queremos-nada-raro/

Chile

Minería, agua y energía, ¿qué se viene para los próximos años?

El desarrollo de la industria minera en Chile tiene varios desafíos y entre ellos está el disminuir los costos de insumos estratégicos como agua y energía, los que año tras año se incrementan debido al descenso en la ley de los yacimientos y a factores geográficos que dificultan el transporte y transmisión. Sin embargo, la gran minería tiene dentro de sus planes la ejecución de una serie de proyectos para el abastecimiento de agua que cambiarán el esquema de consumo.

Miércoles 08 de Febrero de 2017.- Tras un difícil 2016 para el sector minero, los desafíos para llevar adelante la producción siguen firmes para este año y en ese aspecto, el consumo de agua y energía continúan siendo la gran piedra de tope para el sector debido a la  necesidad de incrementar la utilización de estos insumos, sobre todo en la industria del cobre donde la caída en las leyes de los minerales hace necesaria una mayor cantidad de agua para obtener una tonelada de cobre fino.

En este escenario la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), entregó durante el mes de enero su informe de «Proyección del Consumo de Electricidad y Agua de la Minería del Cobre al año 2027», el que estima un consumo de agua total (continental y de mar) para la minería del cobre que llegaría a 20,1 m3/seg de agua en 2017, lo que representa un aumento de 22% respecto al año 2016.
De acuerdo a los datos de Cochilco, en los últimos 7 años el consumo de agua creció un 22%, basado ampliamente en el uso de agua de mar en las operaciones mineras.

Según explica el Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Sergio Hernández, “esto es reflejo, en parte, del cambio de la matriz de producción, que se vuelca a los minerales de sulfuros, que deben ser procesados a través de flotación, proceso que es más intensivo en el uso de agua”.

Para este año, la comisión ha proyectado una reducción de un 17% en el consumo de agua continental respecto al 2016. En tanto para el caso del agua de mar se espera que al 2027 alcance el 46% del agua total requerida en la industria minera del cobre.

A juicio de Hernández, son cada vez más las mineras que se suman a la construcción de sus propias desaladoras o agua de mar directa. Un ejemplo de esto es Escondida,  que con la puesta en marcha de su planta desalinizadora (EWS) contribuirá a disminuir considerablemente el uso de agua continental. La planta se estima que opere oficialmente este año con una capacidad de 2.500 l/s.

En cuanto a las proyecciones de consumo de agua por proceso, Cochilco sostiene que al 2027 el agua continental para el procesamiento de concentrados alcance el 78%, los cátodos el 3%, el agua en mina el 6%, la fundición y refinería el 5% y el ítem “otros” el 8%. En tanto, en agua de mar se espera que más de un 90% del agua proveniente de los océanos sea destinada al tratamiento de sulfuros para la producción de concentrados.

Consumo energético

En relación al consumo de electricidad esperado, se prevé que crezca de 21,9 TWh a 29,5 TWh en el período 2016 – 2027, lo que representa un aumento de 34,4%, a una tasa de 2,7% anual, esto considerando las probabilidades de materialización de los proyectos.

Al respecto, Hernández sostiene que “para satisfacer la demanda esperada de la minería del cobre, se requerirá agregar una capacidad de generación eléctrica de 1.093 MW en el próximo decenio, de las cuales 586 MW se estiman para el SING y 507 MW para el SIC”.

Además a futuro la concentradora seguirá siendo un importante consumidor de energía eléctrica y se incrementará en un 68% su demanda al 2027, respecto al 2016.

Con estas proyecciones, Portal Minero ha catastrado algunos de los proyectos mineros que se materializarán en Chile durante los próximos años y que incluirán dentro de su planificación, la construcción de plantas desalinizadoras como solución  a la demanda de este vital insumo.

Infraestructura Complementaria Minera Los Pelambres: La iniciativa, propiedad de Antofagasta Minerals, actualmente se encuentra en tramitación ambiental y considera una planta desaladora y un sistema de impulsión de agua, esto como parte de un compromiso adquirido por la compañía a objeto de disponer de una fuente de respaldo de agua frente a potenciales escenarios de sequía que se puedan vivir en la provincia de Choapa, por otro lado se busca reducir el impacto de la mayor dureza del mineral futuro.

El proyecto tendrá una inversión estimada en USD 1.100 millones y la empresa ha señalado que una vez obtenida la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y los permisos sectoriales respectivos, se tomará la decisión de dar luz verde a la construcción.

Planta desalinizadora Spence: La iniciativa por USD 800 millones, es parte del proyecto Spence Hipógeno , a través del cual BHP Billiton pretende extender la vida útil del yacimiento mediante la explotación y procesamiento de reservas de sulfuros primarios, para esto minera Spence requerirá para su proceso de flotación utilizar aproximadamente 800 litros por segundo de agua de calidad industrial, la cual será provista por una planta desalinizadora que estará ubicada aproximadamente a 12 km al noreste de la localidad de Mejillones.

La planta tendrá una capacidad de aproximadamente 1.600 litros por segundo de agua con calidad industrial y será construida y operada en 2 etapas. En la primera de ellas, se producirá 800 litros por segundo de agua desalinizada y en una segunda etapa, se contempla expandir la capacidad hasta los 1.600 litros por segundo.

Planta Desalinizadora Distrito Norte: En un momento esta planta desalinizadora formó parte del proyecto Radomiro Tomic Sulfuros Fase II, pero debido a una serie de modificaciones realizadas por Codelco, finalmente se tomó la decisión de realizar un proyecto aparte que tuviera como objetivo abastecer parte de las necesidades hídricas del distrito norte. Para esto la Corporación ha señalado que se construirá una planta cuya capacidad nominal estimada sería de 1.600 litros por segundo lo que la convertirá en una de las plantas desaladoras más importantes del país. Se proyecta el inicio de la construcción durante este 2017.

Nueva Unión: Surgió en 2015 como una de las grandes iniciativas greenfield, que une dos importantes proyectos de cobre como son Relincho y El Morro, para combinar en una sola iniciativa con un costo estimado en USD 3.500 millones. El proyecto contempla la construcción de una planta desalinizadora cuya ubicación y capacidad será definida una vez concluido el estudio de prefactibilidad en curso.

Quebrada Blanca Fase 2: El proyecto de Teck busca explotar los sulfuros primarios que se encuentra bajo el depósito supergénico de sulfuros secundarios que actualmente se explota en Quebrada Blanca, también considera la utilización de agua de mar para el procesamiento del mineral sulfurado y para ello proyecta construir una planta desalinizadora que se ubicará al norte de Puerto Patache y producirá aproximadamente 865 litros por segundo.

Dominga: El proyecto de hierro y cobre, ubicado en la región de Coquimbo, cuya inversión está estimada en USD 2.500 millones, contempla una producción de aproximadamente 12 millones de toneladas anuales de concentrado de hierro y 150.000 toneladas anuales de concentrado de cobre durante una vida útil de 22 años. Para sus procesos considera la utilización de agua de mar y para ello construirá una planta desalinizadora con una capacidad de 450 litros por segundo.

http://www.portalminero.com/pages/viewpage.action?pageId=124488213

El Salvador

Iglesia presenta anteproyecto de ley para prohibir la explotación minera

Redacción web/DEM
Lunes 6, febrero 2017
Foto: DEM
El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, junto con representante de Cáritas de El Salvador, sacerdotes de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y obispos de El Salvador, presentaron esta mañana el proyecto de Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador,

Los solicitantes señalaron el peligro de la minería en el país, donde de acuerdo con las Naciones Unidas solo el solo 3% de bosque natural está intacto y más del 90% de las aguas superficiales están contaminadas.

Ante esta situación, dijeron que sería un “suicidio colectivo” la implementación de la minería metálica en el país y por ello pidieron a los diputados aprobar con urgencia la ley.

“Nosotros pensamos que es urgente que se apruebe una ley que prohíba la explotación minera en nuestro país como lo tienen otros países por ejemplo Costa Rica aquí en Centroamérica, Argentina y otros países más; por el daño que causa la explotación minera cuanto más en un país tan pequeño como el nuestro y tan densamente poblado”, dijo Escobar Alas.

La pieza de correspondencia fue apoyada por diputados de FMLN, PDC y GANA.

“El papa nos ha hablado tanto de la necesidad de conservar el medio ambiente, las próximas generaciones nos van a demandar, no podemos heredar un país contaminado a nuestros hijos. En verdad es la iglesia la que tiene esta preocupación”, expresó el arzobispo, quien pidió un apoyo unánime a los diputados.

http://elmundo.sv/iglesia-presenta-anteproyecto-de-ley-para-prohibir-la-explotacion-minera/

Ecuador

Sr Embajador
República del Ecuador
Sr.:Fernando Yépez Lasso

Sr. Embajador,
Hacemos llegar a usted una declaración por la situación minera que viven comunidades en Ecuador.
El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA y el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL, ambos con sede en Santiago de Chile declaran:

1.- Que las informaciones provenientes desde las comunidades y organizaciones de la sociedad civil del Ecuador demuestran que la implementación del modelo extractivo minero provoca conflictos socioambientales graves y que los más perjudicados son los pobladores y comunidades afectadas donde se instalan dichos proyectos.

2.- Que es de conocimiento público, que hay diversas comunidades afectadas por proyectos mineros en el Ecuador, que han manifestado abierta y expresamente su disconformidad con el modelo minero impuesto, por los riesgos sociales y ambientales que comprobadamente la minería trae consigo.

3.- Que al parecer, las autoridades del gobierno central del Ecuador, en su afán de garantizar las inversiones mineras nacionales y extranjeras, ha desprotegido los derechos de las comunidades afectadas, siendo éstas perseguidas, criminalizadas, encarceladas, desplazadas y atropellados sus derechos más fundamentales.

4.- Que tal situación ha sido también puesta de manifiesto por organismos internacionales, preocupados por la situación que viven las comunidades afectadas por proyectos mineros en ese país.

5.- Que existen casos suficientemente documentados donde los daños producidos por proyectos mineros a las comunidades y el ambiente son prácticamente irreparables y que los supuestos beneficios efímeros y de corto plazo, no justifican tal desprotección social y ambiental.

6.- Que expresamos nuestra particular preocupación por el rol que juega la empresa minera estatal chilena Codelco, que junto a la empresa estatal ecuatoriana ENAMI EP, pretende desarrollar un proyecto minero de cobre en la zona norte del Ecuador, específicamente en la zona cercana a la localidad de Junín, en la provincia de Imbabura.

7.- Consideramos que la zona mencionada al igual que otras zonas del Ecuador afectadas por minería tienen suficientes alternativas económicas, sociales y particularmente ambientales para garantizar el buen vivir a su población y pueden de esta forma aportar al buen vivir de toda la sociedad ecuatoriana.

8.- Creemos firmemente que el Ecuador tiene todas las condiciones para garantizar lo establecido en su ejemplar constitución, como el derecho de las comunidades a definir su propio estilo de vida en busca del buen vivir, así como  los derechos de la naturaleza. Los emprendimientos mineros van en contra, tanto del buen vivir, como de los derechos de la naturaleza y la opción legítima de las comunidades de rechazar la minería en sus territorios y construir su propia forma de vida.

Lucio Cuenca B.                                                    César Padilla O.
Director                                                                Coordinador

Observatorio Latinoamericano                            Observatorio de Conflictos Mineros
de Conflictos Ambientales                                      de América Latina
OLCA                                                                    OCMAL

Chile

Declaración Pública “Todos por el Salar”

03-02-2017
A través de este comunicado queremos manifestar, en nuestra condición de Habitantes de la Cuenca del Salar de Atacama, nuestra
alarma y preocupación respecto a los efectos que la Minería del Litio estaría teniendo sobre el ecosistema en que vivimos. Nos referimos
particularmente a la las actividades que SQM lleva realizando por ya casi tres décadas, a la reciente decisión del Estado de Chile de
autorizar la ampliación de las operaciones que la estadounidense Albemarle realiza bajo el nombre de Rockwood Lithium en el Salar, y
a la amenaza de entrada de un tercer “competidor”: la canadiense Wealth Minerals.

Toda vez que la obtención del litio se realiza a través de la extracción de agua en forma de salmuera – con su consecuente pérdida por
evaporación – , creemos que la sobreexplotación de los acuíferos del Salar resultante de estos procesos se traduciría en una amenaza
fatal para las diversas formas de vida que se desarrollan en este ecosistema. Nos referimos tanto a los grupos humanos del Salar como a
especies emblemáticas como el Flamenco Andino y a formas de vida únicas con un altísimo valor científico como lo son los Microbialitos
de Laguna Tebenquinche. En este sentido, cabe también destacar que cinco de los siete humedales protegidos por la Convención de
Ramsar están en la Cuenca del Salar de Atacama, así como el Sector Soncor y Aguas de Quelana de la Reserva Nacional los
Flamencos, a escasos kilómetros de las piscinas de evaporación.

Los primeros pobladores del Salar de Atacama se asentaron en este territorio hace más de diez mil años gracias al agua, y hasta el día
hoy tanto el pueblo Lickanantay o Atacameño como el resto de los habitantes de la Cuenca del Salar, dependemos de un delicado
equilibrio ya amenazado por los efectos del cambio climático (el cual Chile se ha comprometido a combatir en la Cumbre de Paris en
2015), por lo que los efectos de una Minería del Litio en expansión serían catastróficos. Es por todo lo anterior que queremos recordar al
gobierno, al empresariado y a la sociedad civil chilena e internacional, que tomar acciones en pos de la protección de este ecosistema
único, reconocido y visitado por cientos de miles de personas de todo el mundo cada año, se hace hoy más urgente que nunca.

En consecuencia y consciencia, y como Habitantes de la Cuenca del Salar de Atacama:
Entendemos la Cuenca del Salar del Atacama como un sistema vivo, donde la destrucción de tan sólo una de sus partes afectará
necesariamente al resto. El agua en el Salar es vida y por lo tanto entendemos como un deber ético del Estado el garantizar el
resguardo del agua para la preservación de la vida en todas sus formas.

Rechazamos el modelo extractivista neoliberal propiciado por la Constitución y validado por los gobiernos de turno. Consideramos este
modelo una amenaza para la vida y las culturas tradicionales tanto en nuestro Salar como en el resto del planeta.
Si bien entendemos la importancia del Litio como materia prima para las baterías utilizadas en industrias como las energías renovables
y los automóviles eléctricos, no aceptamos bajo ninguna circunstancia que ello implique el sacrificio del agua y de la vida en nuestro
territorio. Las baterías de litio no son ecológicas: su huella ambiental está siendo simplemente ignorada.

Rechazamos los acuerdos hasta ahora alcanzados a espaldas de la sociedad civil entre Rockwood Lithium, la antigua administración
del Consejo de Pueblos Atacameños y CORFO. Nuestro territorio, Madre Tierra, Patta Hoiri, no es moneda de cambio.

Por lo tanto exigimos:

Un estudio de Impacto Ambiental serio, que considere la Cuenca del Salar de Atacama como un Sistema Vivo, y que advierta de forma
clara los efectos de la disminución del nivel de las aguas del Salar de Atacama por efecto de la actividad de las mineras SQM y
Rockwood sobre todas las formas de vida, tomando en cuenta prácticas ancestrales del Pueblo Lickanantay como la agricultura
tradicional, el pastoreo, y también aquellas de carácter espiritual.

El cumplimiento de los Derechos y Deberes Constitucionales del Estado, especialmente aquellos contenidos en el artículo N° 19 en sus
numerales 2, 8 y 24, así como el que se respete y aplique el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Originarios, permitiendo que el
pueblo Lickanantay participe de forma legítima, informada y transparente respecto de las acciones que el Estado y las empresas
Privadas toman en este territorio. Esto, tanto para la minería del litio en la zona como para los proyectos geotérmicos que buscan hacer
uso del agua en la Cuenca.

Un uso de los recursos consensuado por todos los actores de la Cuenca del Salar de Atacama, teniendo como fin último la
preservación del ambiente y el aseguramiento del recurso hídrico para las futuras generaciones.
Un Programa de Sustentabilidad para la Industria del Litio, que establezca mecanismos adecuados que propicien el desarrollo de
tecnologías para la obtención carbonato de litio grado batería sin que ello implique el sacrificio del agua, con un sistema de monitoreos
de impacto que por ningún motivo deben estar financiados por las mineras, como sucede actualmente. Este programa debe
asimismo contemplar el estudio y desarrollo de procesos eficientes para el reciclaje de baterías de litio ya existentes.
Habitantes de la Cuenca del Salar de Atacama por la Defensa del Agua
San Pedro de Atacama, Chile, 1 de Febrero de 2016
Contacto: todosporelsalar@gmail.com

El Salvador

Iglesia católica pide a la Asamblea una ley que prohíba la minería metálica en el país

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, anunció este domingo la iniciativa y este lunes recibió el apoyo de los diputados para prohibir la minería.
06 DE FEBRERO DE 2017 09:45 | por Redacción Diario La Pagina / Ernesto Cornejo
El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, acompañado de otros representantes de la Iglesia Católica, llegó hasta la Asamblea Legislativa para pedir a los diputados que promulguen una ley que prohiba de manera definitiva la minería metálica en el país.
El jerarca se hizo acompañar, entre otros, por el exrector de la Universidad Centroamericana (UCA), José María Tojeira.

De acuerdo con la Iglesia Católica, El Salvador tiene el mayor deterioro ambiental de todos los países del continente americano y, además, un estudio de la UCA del 2015 comprobó que casi el 80% de la población donde se pretendía extraer metales consideraba la actividad como riesgo.

«El mismo sondeo mostró que el 77% de la población exige al gobierno tomar medidas inmediatas para prohibir esta industria», expresa un comunicado conjunto del sector católico.

En la Asamblea Legislativa funciona una comisión permanente que aborda el tema del medio ambiente y casi todos los diputados miembro de este grupo acompañaron la iniciativa de la iglesia

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/125312/2017/02/06/Iglesia-catolica-pide-a-la-Asamblea-una-ley-que-prohiba-la-mineria-metalica-en-el-pais

Bolivia

Denuncian avasallamiento armado en Choro Grande

Imágen de un conflicto anterior en esta región. Foto: Defensoría del Pueblo.
Lunes, 6 Febrero, 2017 – 12:12
Una vez más volvió la violencia y tensión por la mina de oro de Choro Grande en Yungas. Dirigentes de esta región denunciaron que sujetos armados con armas de fuego de la comunidad de El Choro avasallan el yacimiento.
La mina es explotada por la cooperativa Cruz del Sur de Choro Grande, sin embargo, los comunarios de El Choro reclaman que el yacimiento está en su jurisdicción. El conflicto se arrastra por varios años e incluso ya hubo varios fallecidos por el enfrentamiento entre estas localidades.

El ejecutivo de Choro Grande, Reynaldo Quispe, denunció que esta madrugada sujetos que portaban fusiles e incluso armas automáticas tomaron el puesto denominado El Sereno y atacaron a los cooperativistas mineros de Cruz del Sur.
Aseguró que los agresores son los comunarios de El Choro, que además contrataron a antisociales.

Quispe indicó que existen cuatro heridos de los cooperativistas mineros, quienes se mantienen en el monte en emergencia por la situación que los apremia.
“Hasta el momento tenemos cuatro  heridos.  Los hermanos cooperativistas están con peligro con muerte”, agregó alarmada la dirigente de Choro Grande, Bartolina Siama.

Asimismo, las clases se suspendieron en esta región debido al peligro.
El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, indicó que se está enviando un contingente policial para apaciguar la situación en Choro.

http://www.erbol.com.bo/noticia/seguridad/06022017/denuncian_avasallamiento_armado_en_choro_grande