Colombia

Corte deja en firme fallo que permite a alcaldes prohibir la minería

La Sala Plena determinó que antes de iniciar un proyecto minero deberán ser consultados los entes territoriales y locales.
Colprensa, Caracol Radio. 16-02-2017
La Sala Plena de la Corte Constitucional ratificó la sentencia T-455 de 2016 que obliga a las empresas mineras tener en cuenta la opinión de los entes territoriales y alcaldes antes de iniciar un proyecto minero.

La sentencia señala que los entes territoriales locales y regionales si puedes prohibir las actividades mineras si consideran que generan alguna afectación a la población o el medio ambiente, “los entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente», ratifica el fallo.

La Corte además le recordó al Gobierno que debe adelantar una investigación sobre el impacto que ha tenido la minería en los ecosistemas del país.
http://caracol.com.co/radio/2017/02/16/judicial/1487249554_778561.html

Colombia

‘La consulta popular minera sigue viva’: alcalde de Ibagué

Guillermo Alfonso Jaramillo deberá presentar una nueva pregunta para la consulta, en marzo.
Por:  Redacción EL TIEMPO, 20-02-2017
Guillermo Alfonso Jaramillo, alcalde de Ibagué.
Foto: Archivo EL TIEMPO
Un nuevo pronunciamiento en defensa de la consulta popular minera hizo este lunes el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo.
“Se ha especulado que la consulta popular minera se cayó por decisión del Consejo de Estado, pero queremos afirmar que cada día estamos más afianzados en este proceso que busca salvaguardar el agua de la ciudad”, afirmó el mandatario  y agregó que “la consulta sigue más viva que nunca”.

Insistió que “la consulta se hará para que el pueblo decida si quiere minería o si  no quiere minería a cielo abierto contaminante con cianuro”.

Celebró que el Consejo de Estado determinara que como Alcalde tiene potestad de convocar la consulta y formular la pregunta a los ciudadanos, “lo que significa que tenemos competencia para reglamentar los usos del suelo y del subsuelo”.

Explicó que existen 45.000 hectáreas concesionadas y 35.000 más están en proceso de concesionarse, “pero buena parte sería para la minera Anglogold Ashanti”.

Jaramillo desestimó ataques por promover la consulta y afirmó que no hace campaña política con la consulta minera, pues su intención es ordenar el territorio “para no convertirnos en una La Guajira sin agua, o en una zona como el Bajo Cauca antioqueño, con 50.000 hectáreas destruidas por la megaminería”.

El pronunciamiento surgió días después de una decisión del Consejo de Estado que señaló que la pregunta no podía ser la que propuso en un principio el alcalde Jaramillo, que decía “¿Está usted de acuerdo SÍ o NO que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio?”, pues “Se evidencia que no era neutral y no garantiza la libertad del elector, ya que induce a una respuesta.

El Consejo de Estado también le solicitó al Tribunal Administrativo del Tolima que dicte una sentencia de reemplazo a la pregunta, en la cual se atiendan los parámetros fijados en la presente providencia.

El pronunciamiento debe darse en marzo.
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/alcalde-de-ibague-habla-sobre-consulta-minera/16824448

Internacional

Afectados por la minería logran alzar su voz en Sudáfrica

Por Mark Olalde
Una delegada de la Indaba Minera Alternativa baila durante la marcha del 8 de febrero de 2017. Crédito: Mark Olalde/IPS.
CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica, 20 feb 2017 (IPS) – “Camaradas, llegamos. Hace ocho años que esperábamos esto. Logramos llegar a este lugar”, arengó el obispo anglicano Jo Seoka, deteniéndose por las expresiones de algarabía de una multitud reunida en esta ciudad sudafricana en protesta contra la minería irresponsable.

Seoka, presidente de la organización no gubernamental sudafricana Fundación Bench Marks, se dirigió así a los manifestantes que daban rienda suelta a años de frustraciones con la industria minera local.

La protesta del 8 de este mes formó parte del encuentro anual Indaba Minera Alternativa (AMI, en inglés), realizado en Ciudad del Cabo, y llamada así por el nombre de una importante conferencia celebrada de los pueblos zulú y xhosa en Sudáfrica.

Ese día se reunieron los residentes de las comunidades afectadas por la minería y representantes de organizaciones de la sociedad civil para intercambiar información sobre los problemas comunes generados por la minería.

En el tercer y último día del encuentro, los participantes salieron a la calle para presentar la declaración con sus reclamos a la industria y a los delegados gubernamentales.

En una primera instancia, la policía impidió el avance de la marcha hacia el centro de convenciones, donde se llevaba adelante la Indaba Minera, reunión paralela de la industria minera, lo que enfadó más a los manifestantes, quienes se quejan que desde años no se los toma en cuenta.

Finalmente, la marcha llegó hasta las puertas del centro de conferencia donde la policía y guardias privados de seguridad les bloquearon el ingreso, y reclamaron hablar con los miembros de la Indaba Minera.

“Como ciudadanos y representantes de organizaciones ciudadanas, deseamos expresar nuestra voluntad de trabajar con los gobiernos africanos y otros actores para buscar cómo aprovechar los vastos recursos extractivos para respaldar la transformación socioeconómica de África, y la (Visión de la Minería) sienta las bases para ello”, reza la declaración.

“Agradezco mucho la voluntad de diálogo, y creo que es el primer paso para crear una visión común”, destacó Tom Butler, director general del Consejo Internacional sobre Minería & Metales, frente a la multitud, antes de firmar la recepción de la declaración y de pasársela al director de la Indaba Minera para que hiciera lo mismo.
Afectados por la minería logran alzar su voz en Sudáfrica

Los participantes de la Indaba Minería Alternativa bailan y cantan canciones de protesta durante la marcha del 8 de febrero de 2017. Crédito: Mark Olalde/IPS.

A diferencia de Butler que se acercó a la AMI en nombre de la industria minera, muy pocos integrantes del gobierno o del sector hicieron lo mismo. La cuenta oficial de Twitter de la Indaba Minera incluso bloqueó a varios delegados de la AMI que usaron las redes sociales para hacer denuncias.

En la Indaba Minera participaron ministros de Minería, gerentes de mineras y otros representantes de la industria para conectarse y lograr acuerdos. Durante el encuentro, Sudáfrica y Japón, por ejemplo, suscribieron un tratado para impulsar la colaboración en la cadena de valor.

“Esta Indaba reafirmó el estatus de Sudáfrica como destino preferido de las inversiones”, indicó el ministro de Minería, Mosebenzi Zwane, en una declaración al final del encuentro.

“Como gobierno, nos reconforta esto y nos comprometemos de nuevo a garantizar la necesaria seguridad de las políticas y la normativa para atraer aún más inversiones a nuestro país”, añadió.

En su discurso de inauguración de la reunión, Zwane también anunció que el borrador de la nueva Carta Minera, el documento que fija el funcionamiento del sector, se publicaría en marzo.

Pero la AMI surgió como una reacción de la comunidad por la toma de decisiones sin consultas previas con los afectados.

“Van a encontrar a esta masa de gente apiñada”, aseguró Mandla Hadebe, uno de los organizaciones del encuentro alternativo, refiriéndose a los objetivos de la protesta en su primer año de realizado, donde solo había 40 delegados participantes.
Afectados por la minería logran alzar su voz en Sudáfrica

Una delegada de Swazilandia a la Indaba Minera Alternativa canta canciones de protesta. Crédito: Mark Olalde/IPS.

Pero en sus ocho años de historia, AMI creció hasta los actuales 450 representantes de 43 países. Los delegados llegaron desde distintas partes de África, desde Egipto, pasando por República Democrática del Congo, hasta Malawi, además de otros lugares del mundo tan distintos como Camboya, Bolivia y Australia, para compartir sus historias.

“Esto no hace más que mostrar que la lucha es la misma y que estamos decididos a unirnos por un fin común”, comentó Hadebe, en relación al crecimiento del encuentro. “Queremos transparencia, queremos que asuman su responsabilidad y, lo más importante, queremos que participen las personas perjudicadas por la minería”, precisó.

Numerosos paneles ofrecieron a los activistas plataformas para compartir sus historias y métodos de resistencia. Las salas de conferencias contaban con traductores de inglés, francés y portugués, una necesidad, además de un nodo tácito para los efectos siempre presentes del mismo colonialismo que trajo a la minería.

“Al principio escuchamos promesas”, relató una activista peruana. “Ya pasaron 30 años y ahora llamo a esta segunda parte del proceso ‘las mentiras’”, añadió.

“Tratamos de construir una masa crítica que esté lo suficientemente enojada como para hacer frente a la minería irresponsable”, explicó un delegado de Kenia.

Hubo paneles específicos sobre los desafíos que presenta la industria extractiva en África. Por ejemplo, se mencionó la necesidad de abandonar los impuestos indirectos por otros directos a las empresas mineras.
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El presentador, un integrante de la Red de Justicia Fiscal – África, explicó que el aumento de las auditorías del gobierno llevó a un crecimiento de los ingresos fiscales desde 2009, un éxito inusitado, opinó.

Otro panel se concentró en la inminente pérdida de empleos por la generalización de la mecanización, y otro más trató la necesidad de que los gobiernos logren mejores acuerdos con las corporaciones internacionales.

Otras actividades permitieron profundizar el conocimiento sobre asuntos como la corrupción relacionada con la extracción minera en tierras comunales.

En la proyección de un filme documental sobre el activista sudafricano Mbhekiseni Mavuso, los delegados de otros países como Sierra Leona compararon y contrastaron sus propias experiencias de reubicación forzada.

“Nos ven como personas que no contamos. Nos convertimos en ‘víctimas del desarrollo’, lo que también nos convierte en víctimas de la democracia. Estamos en lucha, levantémonos y luchemos”, arengó Mavuso.

Algunas veces, los delegados agarraron el micrófono y lamentaron que sobren las palabras y falten las acciones concretas.

La mayor parte del AMI se concentró en el documento Visión de la Minería para África, elaborado por la Unión Africana (UA). Su objetivo es lograr que los beneficios de la minería lleguen a todos los africanos, pero el texto se concentra en cuestiones generales de política sin tratar directamente el problema de las comunidades afectadas por extracción.

Los tres días que duró la conferencia no alcanzaron para profundizar en cada uno de los asuntos que afectan a los países representados, por lo que los delegados promovieran la idea de tener encuentros nacionales. Así, el año pasado, Madagascar, Angola, Swazilandia y otros más organizaron sus propias indabas alternativas.

Una semana antes de la AMI, se realizó en Sudáfrica la primera conferencia nacional en Johannesburgo. Y a pesar de la frustración y del enfado de muchos delegados, la marcha hacia la Indaba Minera ofreció una provisoria sensación de victoria.

Tras obtener algo de reconocimiento de los representantes de la industria, los participantes en la AMI bailaron y se tomaron selfis fuera del centro de conferencias, lejos de los municipios y de las aldeas rurales vecinas a los sitios de extracción.

Los delegados abandonaron el encuentro en autobuses que se sacudían con su zapateo y sus cánticos. Algunos, incluso, se asomaron a las ventanas para vociferar las últimas consignas en nombre de las comunidades afectadas por la minería.

Las investigaciones sobre minería de Mark Olalde cuentan con apoyo económico del Centro Pulitzer para la Cobertura de Crisis, del Fondo para el Periodismo Ambiental y del Fondo para el Periodismo de Investigación.

Traducido por Verónica Firme

Afectados por la minería logran alzar su voz en Sudáfrica

Internacional

300 personas en una jornada contra la minería de tierras raras en Ciudad Real

Castilla-La Mancha
Más de 300 personas han asistido a una jornada informativa organizada por la Plataforma Sí a la Tierra Viva en la que califican como «Zona Cero» de los proyectos de minería de tierras raras en la provincia de  Ciudad Real. Una jornada pública en el auditorio de la localidad de Torrenueva, que se prolongó durante más de tres horas, para informar a los asistentes y también para “demostrar públicamente que el sentimiento de rechazo a los proyectos de Quantum Minería está más activo que nunca”, asegura la plataforma.

En jornada pública intervinieron tanto la abogada de ‘Sí a la Tierra Viva’, Mª Carmen Morallón, el ingeniero Emilio Mino,así como otros miembros de la Plataforma para abordar tanto la parte legal como a los efectos de la minería de tierras raras, el desarrollo del proyecto de Quantum e incluso, explican, “el uso electoralista y el intento de desestabilización de este conflicto socio-ambiental por parte de alguna formación política con escasa o nula representatividad en la Comarca del Campo de Montiel”.

En lo que se refiere al aspecto legal, Morallón explicó pormenorizadamente las acciones llevadas a cabo por ‘Sí a la Tierra Viva’ citando tanto el expediente abierto por la Oficina del Defensor del Pueblo a instancias de la Plataforma, como la denuncia efectuada por “actividad clandestina” en Torrenueva que terminó con una sanción de 2.700 euros a Quantum Minería. Del mismo modo, se informó también a los asistentes de las distintas acciones jurídicas iniciadas y todo lo relativo a la tramitación ambiental de los proyectos de la mercantil.

Por su lado, el ingeniero Emilio dio una explicación detallada sobre el plan minero de Quantum en la provincia de Ciudad Real, el procedimiento de extracción de las tierras raras y sus numerosos riesgos ambientales y para la salud humana, citando investigaciones científicas que confirman que estos elementos pueden producir diversos tipos de fibrosis pulmonar progresiva, favorecer casos de leucemia e incluso alternaciones en el coeficiente intelectual en la infancia residente cerca de áreas mineras.
Críticas a los ‘supuestos Frentes Antimina’

En la sesión se abordó también la puesta en marcha de los “ supuestos Frentes Antimina” -así los denominan- ya  que, según la Plataforma ‘Sí a la Tierra Viva’ son una “verdadera cortina de humo creada por el grupo municipal de Izquierda Unida en Valdepeñas (minoritario en el ayuntamiento), de los que no se conoce representación legal alguna ni existencia de socios”. En su opinión, su único objetivo es el de “politizar el movimiento social en lucha contra la minería de tierras raras y obtener réditos electorales en unas comarcas en las que en la mayoría de casos tienen escasa o nula representatividad”.

La Plataforma pide a los ciudadanos una colaboración “activa” tanto en la fase de presentación de alegaciones como a la hora de llevar a cabo futuras movilizaciones o actos informativos de la asociación tras un acto público que se celebraba coincidiendo con el plazo que la Junta de Castilla-La Mancha ha dado a Quantum para que presente el estudio de impacto ambiental del proyecto. La empresa ya ha confirmado que tiene intención de presentarlo este mismo lunes.
http://www.eldiario.es/clm/personas-jornada-tierras-Ciudad-Real_0_614188789.html

Argentina

Crisis minera: MCC sin definición

De Huella Minera 21-02-2017
El titular del área respectiva en el gobierno provincial, Juan Pablo Espínola, explicó que están reuniendo antecedentes en un proceso que podría durar hasta un año.

La Secretaría de Minería de Río Negro no tiene una fecha precisa para definir la situación de la concesión de la empresa china MCC en la mina de hierro de Sierra Grande, aunque el plazo para emitir un dictamen “será menos de un año”, según el titular del organismo, Juan Pablo Espínola.

El funcionario dijo estar recopilando información de carácter ambiental y técnica para lograr “una visión integral”. Sin embargo, insistió en que “será un proceso largo, porque resulta complejo, y además solicitamos un plan de trabajo” frente una suspensión “por tiempo indeterminado”.

A su entender, “hay incumplimiento” y la titularidad de un derecho minero “se mantiene en tanto se cumplan las obligaciones de explotación (de un yacimiento), pagar el canon y las regalías”. En cuanto a la actuación de la Provincia en este caso, y supuestas repercusiones negativas en el ámbito empresarial, Espínola negó que “alguien se haya opuesto al aporte” en relación a los 44 millones de pesos transferidos en concepto de contribuciones sociales y el pago del consumo de energía. Algunas versiones sostenían que sectores empresariales habían propuesto volcar esos fondos en otras alternativas. El funcionario aclaró que la relación es “impecable” con la Cámara Minera de Río Negro (Camir). Luego evaluó que el resto de las actividades también tienen una caída aunque “existe una diferencia” con los productores de bentonita, yeso o diatomea; en virtud de que “tienen más alternativas en destinos de negocios” dentro del mercado local. Entre nuevas posibilidades que se barajan, indicó que Río Negro -más allá del futuro acuerdo federal minero que debe firmarse entre la Nación y las provincias-, está desarrollando con el ente rector nacional un programa para desarrollar la faz comercial en la producción de volúmenes relacionados con usos industriales. Espínola consideró que “falta mucho trabajo todavía porque el proceso (en el sector) requiere de tiempos largos para poner en marcha las explotaciones”.

Explotación

1.200.000  toneladas de rocas de aplicación (ornamentales) se produjeron el 2015 en la provincia de Río Negro.

717.559  toneladas fue en el mismo año la producción de metalíferos, como el hierro, con una reducción registrada del 20%.

Diario Rio Negro

Crisis minera: MCC sin definición

Mexico

Ejecutivo impugna impuesto ecológico en Zacatecas

La controversia impugna el impuesto ‘de remediación ambiental por extracción de materiales’, que grava con diversas tarifas cada metro cúbico de piedras extraídas
El Ejecutivo Federal pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidar los cuatro impuestos ecológicos creados por el nuevo Gobierno en Zacatecas, que han provocado una rebelión de grupos industriales en esa entidad.

El Consejero Jurídico del Ejecutivo, Humberto Castillejos presentó el 14 de febrero una controversia constitucional ante la Corte para pedir la invalidez de los Artículos 6 al 36 de la Ley de Hacienda de Zacatecas, así como otras normas relacionadas con los nuevos impuestos.

Hasta el jueves pasado, la SCJN no había notificado la admisión a trámite de la controversia, cuyo desahogo tomará varios meses.

Para invalidar cualquiera de los impuestos, será necesario el voto de al menos 8 de los 11 ministros de la Corte.

La controversia impugna el impuesto ‘de remediación ambiental por extracción de materiales’, que grava con diversas tarifas cada metro cúbico de piedras extraídas durante los procesos mineros, así como otro tributo que aplica 250 pesos por cada tonelada de bióxido de carbono emitido a la atmósfera.

También se cuestiona el cobro de 25 pesos por cada 100 metros cuadrados ‘afectados por sustancias contaminantes’, y el de 100 pesos por tonelada de residuos almacenados en vertederos públicos o privados.

Con este impuesto Zacatecas podría recaudar mil 230 millones de pesos por estos impuestos durante 2017.

Al elegir la controversia como vía de impugnación, el Ejecutivo está alegando que Zacatecas invadió atribuciones exclusivas de la Federación, por crear impuestos que gravan bienes nacionales, y que parecen estar claramente dirigidos a la industria minera.

Zacatecas sostiene que no está gravando la extracción de minerales, que ya está sujeta a múltiples impuestos federales, sino que creó estos tributos con base en facultades que le otorgan las leyes generales de Equilibrio Ecológico y la de Cambio Climático.

Varias empresas mineras, el sindicato de ese sector, y otras firmas como Grupo Modelo, ya promovieron amparos para impugnar estos impuestos, que afirman, son contrarios a veinte artículos de la Constitución federal.

Pero los amparos, en caso de ser concedidos, sólo beneficiarían a quienes los promovieron, mientras que el fallo de la Corte en la controversia tendría efectos generales.
http://lasillarota.com/ejecutivo-impugna-impuesto-ecologico-en-zacatecas#.WKxb7Ffau6m

Argentina

Polémica por una exploración minera en un área protegida

Santa Cruz autorizó cateos cerca de la Cueva de las Manos y otros sitios arqueológicos; la fundación dueña de las tierras pidió a la Justicia que frene el permiso
Loreley Gaffoglio, LA NACION, 20-02-017

El cañadón del río Pinturas, un paisaje natural que se busca preservar. Foto: Florian von Der Fecht
Un conflicto minero por el permiso de cateo para una eventual explotación de oro dentro de la estancia Los Toldos, que contiene la Cueva de las Manos y otros 80 sitios arqueológicos en Santa Cruz, escaló hasta la justicia federal.

Luego de oponerse por vía administrativa, ambientalistas enfrentan a los intereses mineros en los tribunales, que deberán avalar o rechazar las prospecciones en terrenos privados que aspiran a anexarse al Parque Nacional Patagonia y que se ubican en un área protegida del cañadón del río Pinturas. La finalidad ambiental es conservar a perpetuidad la riqueza paisajística y la herencia arqueológica que dejaron 9000 años atrás los pueblos primigenios de América del Sur.

La disputa enfrenta a la Fundación Flora y Fauna Argentina (FFFA), propietaria de las 24.000 hectáreas de Los Toldos, con la minera Patagonia Gold (PG), asociada en un 10% de sus acciones a Formicruz, la minera del estado santacruceño.
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La empresa, que emplea a 211 personas, es propiedad de Carlos Miguens Bemberg, ex dueño de cervecería Quilmes. Desembarcó en Santa Cruz en 2007 tras adquirir de Barrick Gold los derechos exploratorios de minerales en varias propiedades patagónicas. A ellas les sumó otra área, denominada Bandurria, en Los Toldos, cuya localización y cuyos permisos exploratorios son motivo de la doble disputa judicial y administrativa.

Los Toldos -que contiene la Cueva de las Manos, declarada Patrimonio de la Humanidad y Monumento Histórico Nacional por el valor de sus pinturas rupestres- fue adquirida por la FFFA en 2015 gracias a un donante suizo que aportó US$ 3,5 millones para su compra, con el mandato de donarla a Parques Nacionales, para resguardarla de la industria extractiva.

Pero los recursos del subsuelo son propiedad de la provincia de Santa Cruz, cuya Secretaría de Minería autorizó en octubre pasado el cateo en seis perforaciones, próximas a cuatro sitios arqueológicos recién descubiertos y a la vera de la ruta 40, lo que originó la disputa. Ese cateo -distante 17,5 km de la Cueva de las Manos- está hoy frenado por un juzgado federal de Caleta Olivia, que hizo lugar a una medida cautelar interpuesta por la fundación. Ahora deberá resolver si la prospección minera vulnera leyes de protección ambiental, históricas y culturales, como arguyen los ambientalistas.

Criterios
Existe una disparidad de criterios respecto de la legalidad del área de cateo donde PG busca relevar la existencia de oro en concentraciones rentables para una eventual explotación a cielo abierto.

Para los ambientalistas, el sitio cuenta con la protección de la ley provincial 3394, que ampara como paisaje natural y cultural el cañadón del río Pinturas, donde se halla el cateo y cuyos derechos exploratorios le fueron adjudicados sin objeciones.

Patagonia Gold, juntamente con la Secretaría de Minería y la Secretaría de Cultura de Santa Cruz, encargada de proteger los sitios arqueológicos, intervino por vía administrativa en el conflicto y entendió que el sitio se encuentra en un área delimitada como zona de amortiguación o buffer, que permitiría la actividad extractiva. Los ambientalistas la ubican en el área núcleo, de máxima protección.

«El desacuerdo obedece a la elaboración errónea de los mapas de zonificación adjuntados a la ley, justamente en el área Bandurria», precisó Matías Argarate, abogado de PG. «Por eso, adjuntamos el correcto, ajustado al texto de la ley, donde claramente el cateo está en el área buffer, por fuera de la zona intangible.»

«Tampoco en el área de amortiguación está permitida la actividad minera», planteó en sede judicial Sofía Heinonen, presidenta de la FFFA, cuyo propósito es la creación del Circuito Binacional Parque Patagonia -un recorrido que circunvala las áreas protegidas de la Argentina y Chile uniendo escenarios de gran belleza arqueológica y paisajística- y la conservación integral del ecosistema. «Nos oponemos al cateo ahora, ya que la explotación minera destruirá el paisaje, cambiará su morfología, generará material estéril y presentará riesgo de contaminación por cianuro», dijo.
Impactos

Teresa Iturralde, abogada de FFFA, señaló que la descripción del área buffer en la ley dice «que tendrá la función de intensificar los impactos positivos y reducir los negativos» y que se «prohíbe la alteración de visuales y de rasgos geomorfológicos del suelo, indicadores de asentamientos de grupos humanos en el pasado».

Esa posición es rechazada por la Secretaría de Minería de Santa Cruz. Guillermo Bilardo, responsable de la dependencia, participó el martes de una frustrada audiencia de conciliación entre las partes que se desarrolló en sus oficinas en Río Gallegos. «Elevaremos el conflicto a la justicia civil para que lo dirima», afirmó Bilardo a LA NACION, al tanto de las otras ramificaciones judiciales que suma el conflicto.

La disputa se enreda además en otras interpretaciones dispares sobre la ley de rutas escénicas, como la ruta 40, ya que el cateo se sitúa a 1500 metros de esa arteria turística y fragmentaría el paisaje.

«Nuestra actividad es legítima. Queremos hacer valer nuestros derechos exploratorios para evaluar si es rentable la explotación», dijo el CEO de Patagonia Gold, Christopher van Tienhoven. «Están discutiendo de forma anticipada perforaciones de 15 cm de diámetro en un sitio que hoy no es parque nacional y que difícilmente lo sea, dado que la provincia, por lo que sé, no cederá su jurisdicción. Al margen de eso, los cateos se realizan desde hace años en Los Toldos sin afectar sitios arqueológicos. Y la minería responsable no está reñida con las áreas protegidas. Ambas pueden coexistir y el mejor ejemplo es la mina de cobre Palabora, en Sudáfrica, que está pegada al parque Kruger», argumentó.

En tanto, la justicia federal le requirió a la Nación, por medio de una consulta a la Comisión Nacional de Monumentos Históricos, que se pronuncie sobre el grado de protección que debería contemplarse para la cuenca del río Pinturas. El organismo, que próximamente declarará monumento histórico la vecina cueva Charcamata, se plegó a los contemplados en la ley provincial y valoró el área «como todo un sistema culturalizado de características únicas a nivel mundial». Ese pronunciamiento, que es vinculante, podría instalar la disputa también a nivel nacional.
http://www.lanacion.com.ar/1986135-polemica-por-una-exploracion-minera-en-un-area-protegida

Chile, Sin categoría

Prenden barricadas en La Higuera en rechazo al proyecto minero Dominga

Un grupo protesta en contra del proyecto minero Dominga. Foto: Cedida
Por Johana Fernández, 06-02-2017
El movimiento ciudadano Chao Pescao se instaló en medio del camino que une a Los Choros con la ruta 5 norte y Punta de Choros.
Habitantes del sector Los Choros, perteneciente a la comuna de La Higuera, cortaron la vía de acceso al pueblo con barricadas para expresar su rechazo a la instalación del proyecto minero Dominga.
Una manifestación liderada por el movimiento ciudadano Chao Pescao, que se instaló en medio del camino que une a Los Choros con la ruta 5 norte y Punta de Choros

En su página de Facebook, el movimiento publicó «Se cierra el camino de Los Choros. Nos aburrimos de la corrupción de las autoridades y del choclo Delano con su minera #Dominga. Si no hay respeto por las comunidades, no habra respeto con ustedes. #SalvemosLaHiguera Los Choros en resistencia. #NoaDominga»

Según reseña el portal BíoBíoChile.cl, desde el año 2013 el proyecto minero portuario Dominga, de Andes Iron, tramita los permisos ambientales para operar. Durante enero de este año sufrió un nuevo traspié luego que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) solicitara una nueva adenda, donde aclare su área de impacto e influencia.

Andes Iron, en reiteradas ocasiones, afirmó que el área de influencia marina de Dominga se limitaba solamente a la bahía Totoralillo Norte. Sin embargo, luego de la insistencia de las autoridades, la compañía reconoció que su área de influencia sería mayor y, recién en esta última instancia, consideró los impactos de los barcos que transporten el mineral en el medio marino.
http://www.diarioeldia.cl/region/prenden-barricadas-en-higuera-en-rechazo-proyecto-minero-dominga

Colombia

Consejo de Estado no tumbó consulta popular minera de Ibagué

16-02-2017
Fuente: Comité Ambiental de Ibagué
EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA DEBE EMITIR EN LOS PRÓXIMOS 30 DÍAS UN NUEVO FALLO
El Comité Ambiental en Defensa de la Vida informa a la ciudadana ibaguereña que la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta del Consejo de Estado, determinó que la pregunta de la Consulta Popular Minera de Ibagué debe ser ajustada y en consecuencia bajo esta decisión ordenó al Tribunal Administrativo del Tolima que dentro de los 30 días siguientes debe emitir una providencia de reemplazo a la del 28 de julio de 2016, con el objeto de atender los parámetros fijados en el fallo de segunda instancia.

Rechazamos que algunos medios de comunicación difundan de manera apresurada información según la cual “Se cayó la Consulta Popular Minera en Ibagué”. Parece que los periodistas de esos medios olvidan los aspectos positivos del fallo y los logros del movimiento social y ambiental colombiano en relación a los mecanismos de participación ciudadana.

Es importante resaltar que el Consejo de Estado, con este fallo ratifica nuevamente que “los municipios tienen competencia para adelantar consultas populares sobre el desarrollo de proyectos y actividades mineras en su territorio, toda vez que tal competencia hace parte de la autonomía que el artículo 1º de la Carta Política les reconoció a las autoridades territoriales”.

En el fallo se cita la sentencia de la Corte Constitucional T-445 de 2016, donde de manera expresa se esclarece que las consultas populares sobre temas mineros están “plenamente dentro del ámbito de competencias del municipio, y no está encaminada a contrariar a un principio de rango constitucional”, toda vez que:

(i) La Carta “prevé expresamente en sus artículos 1, 311 y 313.17 que las entidades territoriales gozan de autonomía y que dentro de la órbita de competencias constitucionales de los municipios se encuentra la facultad de reglamentar el ordenamiento del suelo de su territorio, que incluye determinar si en una determinada zona debería haber actividad agrícola o industrial.
(ii) “El artículo 288 de la Constitución Política señala asimismo que las competencias atribuidas a distintos niveles territoriales deben  ser ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad”.
(iii) “La actividad minera debe realizarse con la participación de los distintos niveles de la administración que tengan competencia en materia, como lo son los municipios”.

Gracias al actuar perseverante de las comunidades tolimenses (y algunos abogados del nivel nacional) el país ha ganado claridad en relación a la autonomía y competencia de los entes territoriales para ordenar el territorio y para reglamentar los usos del suelo. Hoy tenemos la certeza jurídica de que los alcaldes pueden promover consultas populares sobre actividades y proyectos mineros.

El fallo también hace claridad sobre algunos aspectos puntuales que se deben tener en cuenta en la formulación de preguntas para una Consulta Popular. Lo anterior se puede ampliar con la lectura de las Sentencias C/551 de 2013 y T/445 de 2016.

Algunas de las subreglas que se deben tener en cuenta son:

Garantizar la neutralidad de las preguntas formuladas a la hora de emplear los mecanismos de participación ciudadana, ya que de lo contrario podría vulnerarse el principio de libertad del votante.

Las notas introductorias de las preguntas deben estar redactadas en un lenguaje sencillo y comprensible, que sea valorativamente neutro y breve (en la medida de lo posible). Se debe evitar que las notas introductorias induzca la respuesta del elector. El texto de la pregunta no debe contener notas introductorias que, lejos de orientar al elector, le induzcan se respuesta.

Esta circunstancia se presenta cuando el texto de la pregunta contiene notas inductivas de la respuesta final, que direccionan la voluntad del elector sólo hacia una de las dos opciones de respuesta (generalmente sí o no), mediante expresiones que carecen de objetividad y neutralidad.

Mantener la concordancia entre el contenido del título, la pregunta y el contenido del texto normativo.

El fallo de segunda instancia del Consejo de Estado amparó el derecho a la libertad de elección de los actores y dejó sin valor y efecto jurídico la providencia del 28 de julio de 2016 emitida por el Tribunal Administrativo del Tolima.

Como tolimenses nos corresponde seguir construyendo caminos para la defensa de nuestros municipios. Los fallos que actualmente siguen su curso en torno a la consulta popular, muestran que estamos fortalecidos para seguir mostrando que como ciudadanos conscientes estamos en la capacidad de defender nuestro territorio. Por ello invitamos a toda la ciudadanía ibaguereña a estar pendiente del nuevo fallo que debe emitir el Tribunal Administrativo del Tolima en los próximos 30 días.
http://www.ambienteysociedad.org.co/es/consejo-de-estado-no-tumbo-consulta-popular-minera-de-ibague/

Perú

Minería en Perú acumula multas por más de US$63 millones desde 2010

20-02-2017, Latinominería
El OEFA señaló que desde 2010 hasta noviembre de 2016 se impusieron multas por un total de 1.906 infracciones por parte de empresas mineras.
Multas por unas 53.879 Unidades Impositivas Tributarias, equivalentes a más de US$63 millones, son las que acumula el sector minero en Perú por infracciones a la legislación medioambiental, señaló el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a LATINOMINERÍA.

Considerando el periodo entre los años 2010 y noviembre de 2016, se contabilizaron un total de 1.906 infracciones por parte de empresas mineras , destacando el incumplimiento de los límites máximos  de efluentes minero metalúrgico, de las obligaciones del instrumento de gestión ambiental y de las normas de residuos sólidos.

Pese a lo anterior, el documento elaborado por la OEFA ,”El impacto de la fiscalización ambiental en el desempeño de las empresas mineras”, indica que entre los años 2013 y 2014 se registró una reducción mayor al 50% de la cantidad de hallazgos detectados en el sector.

“Ello nos da a entender que ha mejorado el desempeño ambiental en el ámbito minero, por lo que debe proseguirse con mayor énfasis la labor de fiscalización”, señalaron desde el organismo.

Además, el documento destaca que en los años revisados no se detectaron incumplimientos catalogados como “críticos”, mientras que los “significativos” bajaron de 20 en  2013 a ocho en  2014 y  los “moderados” disminuyeron de  590 a 284.

[El impacto de la fiscalización ambiental en el desempeño de las empresas mineras]

El OEFA inició sus actividades de supervisión en 2010, tras una serie de mecanismos de perfeccionamiento que significó el traspaso de la fiscalización ambiental del sector minero desde el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

“La fiscalización ambiental en el Perú se ha ido especializando con el paso del tiempo. Incluso en el periodo del OEFA, la fiscalización ha avanzado de un enfoque punitivo a un enfoque preventivo, en la que se promueve el cumplimiento de las obligaciones ambientales no solo a través de la imposición de multas, sino también del otorgamiento de incentivos“, indicaron.
http://www.latinomineria.com/2017/02/mineria-peru-acumula-multas-mas-us63-millones-desde-2010/