Mexico

Empresa canadiense insiste en continuar con la exploración minera en Puebla pese a negativa de Semarnat

01-03-2017
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que la empresa Almanden Minerals anunció a sus inversionistas que seguirá con sus proyectos de exploración en Puebla, pese a que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) declaró “improcedente la solicitud” de operaciones de la minera.
En un comunicado, Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, PODER, CESDER e IMDEC, explicaron que la solicitud fue rechazada por la dependencia federal porque en el proyecto conocido como Ixtaca IV “no se demuestra que la actividad se ajuste a un Informe Preventivo”.

Destacaron que el dictamen de la Semarnat confirma las conclusiones de la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos (EIDH) realizada por las organizaciones civiles y un equipo técnico y científico especializado en minería y derechos humanos, donde se subraya que durante la etapa de exploración ese proyecto ha causado daños al medio ambiente.

Indicaron que la zona de exploración en el municipio de Ixtacamaxtitlán es el principal proyecto minero de la empresa canadiense en México. De llevarse a cabo, agregó, se realizaría un tajo de más de mil metros de diámetro para la explotación de oro y plata a cielo abierto y se construiría una presa de jales con una capacidad de almacenamiento de 35 millones de litros sin recubrimiento, afectando tierras de cultivo, zonas de conservación prioritaria y el sitio de anidación de gavilanes, entre otros.

Las organizaciones acudieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para denunciar las violaciones y solicitaron que se prevengan las afectaciones en caso de iniciarse la explotación minera, sin embargo, apuntaron, el organismo concluyó “que no existe materia” y remitió el caso a la Procuraduría federal de Protección al Ambiente (Profepa).

En comunicación telefónica, la Profepa indicó que ha realizó una inspección a través de la cual identificó inconsistencias técnicas en coordenadas de los barrenos que presentaron en los Informes Preventivos Ixtaca, Ixtaca II, Ixtaca III y IIIbis.

Además corroboró que la empresa ha realizado más barrenos de los que autorizó la Semarnat, como documentó la EIDH. Desde hace una semana la Unión de Ejidos solicitó la conclusión de la inspección y está a la espera de recibir el documento.

Las organizaciones denunciaron que Almaden Minerals, la empresa extranjera que más concesiones tiene en el estado de Puebla –con 28 títulos que abarcan 234 mil 991 hectáreas, equivalente al 6.9% del territorio estatal–, también viola la ley porque aunque la Semarnat ha autorizado la realización de 291 barrenos, la minera reporta a sus inversionistas haber realizado un total de 475 perforaciones entre 2011 y 2016.

Asimismo, ha recurrido a diversas argucias legales para sobreponerse a los procedimientos con el fin de que las comunidades indígenas asentadas en esas tierras permitan la explotación de sus territorios.

En 2016, Almaden Minerals demandó al gobierno mexicano después de que se aprobó la reforma a la Ley Minera, en 2014, para evadir sus responsabilidades fiscales.

Un año antes la comunidad indígena nahua de Tecoltemic y el ejido de Tecoltemi interpusieron un juicio de amparo contra Almaden Minerals, después de enterarse que la Secretaría de Economía le otorgó una concesión por 50 años.

“Los afectados interpusieron el amparo alegando una violación al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Constitución Política Mexicana por violación de sus derechos como comunidad indígena y agraria. Un juez federal concedió la suspensión, pero la empresa ha hecho caso omiso y ha mantenido los trabajos de exploración en las concesiones y no ha informado a sus inversionistas sobre esta acción”, acusaron las organizaciones.

Y aseguraron que la empresa, obligada a otorgar esta información a sus inversionistas, la omitió en su último informe anual.

Finalmente, revelaron que aunque están documentadas las irregularidades a los derechos humanos de la población de Ixtacamaxtitlán y las afectaciones al medio ambiente, la empresa canadiense insiste en la viabilidad del proyecto.

http://www.proceso.com.mx/476392/empresa-canadiense-insiste-en-continuar-la-exploracion-minera-en-puebla-pese-a-negativa-semarnat

Mexico

Declara Semarnat exploración ilegal de minera en Oaxaca

EMILIO MORALES, 03-01-2017
Pobladores de Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, Buena Vista y Cerro las Huertas, advierten que no permitirán la explotación minera en sus territorios
La empresa minera Fortuna Silver Mines (FSM), a través de su filial Cuzcatlán, realiza trabajos ilegales de exploración del proyecto minero “San José”, toda vez que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aseguró no haber otorgado permisos para estas acciones.

Ayer, comisariados de bienes ejidales de Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, Buena Vista y Cerro de las Huertas, así como integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuvo) y el Comité de Defensa de Magdalena Ocotlán contra la Minería, exigieron un alto a los trabajos de la empresa y advirtieron que no permitirán esa explotación.

A través de una manifestación en las oficinas de la Semarnat, el grupo de antiminas logró ser atendido por el delegado de la Semarnat, Tomás González Illescas, a quien con fecha 1 de diciembre de 2016 le habían girado un escrito en el que denunciaban la realización de trabajos por parte de Fortuna Silver Mines, y exigían que se negara la autorización del Informe Preventivo con número 20OA2016MD086 debido a las afectaciones ocasionadas a la comunidades.

Durante la manifestación, González Illescas aseguró que la instancia que él dirige no ha otorgado permiso alguno a la minera y que por tanto correspondería a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Pofepa) el establecimiento de una investigación y en su caso sanciones que podrían llegar hasta la cancelación de concesión, según dijo.

Neftalí Reyes, secretario técnico del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, indicó que desde 2014 la minera ha realizado trabajos de expansión del proyecto San José, situación que ha afectado a las comunidades.

El 8 de noviembre de 2015 a través de una asamblea regional declararon los territorios prohibidos para la minería, pese a lo anterior, el 24 de noviembre de ese año la empresa promovió ante Semarnat un estudio técnico para realizar exploraciones mineras directas en zonas de uso agrícola, dentro de la concesión Progreso II, para acondicionar planillas y perforar a diamante la Veta María.

La conexión minera Progreso II además de estar en un área agrícola también está en área forestal que contribuye a la recarga de la presa Bordo Vallito, ubicada en San José del Progreso y la presa Yoguvene ubicada en San Martín de los Cansecos, ambas utilizadas para la agricultura, el cuidado de animales y el consumo humano.

La zona es también área de recarga de mantos acuíferos en la microregión y por ende “la autorización de permisos para realizar exploraciones constituyen una grave amenaza en términos ambientales en nuestras comunidades”, indicaron.

Aún no hay respuesta
La Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán presentó un escrito ante la Semarnat exigiendo se negara la autorización del informe preventivo pero a dos meses de su presentación los demandantes no habían tenido respuesta.

El 26 de septiembre de 2016 también presentaron una denuncia popular ante la PROFEPA en la cual requirieron se constituyan en el sitio del proyecto minero para constatar las afectaciones producidas. A cinco meses de su presentación no existe respuesta.

Por ello exigieron a la Secretaría de Economía la cancelación de las mineras Compañía Minera Cuzcatlán, Minera Aurea, Cia Minera y Metalúrgica Ejutla, así como Compañía Minera Plata Real que cubre una superficie de 49376.3501 hectáreas.

http://www.nvinoticias.com/nota/52659/declara-semarnat-exploracion-ilegal-de-minera-en-oaxaca

El Salvador

Ombudsman salvadoreña felicita a localidad que rechazó minería en referéndum

EFE – San Salvador
28-02-2017
La procuradora de Derechos Humanos de El Salvador, Raquel Caballero, felicitó hoy a los pobladores de la localidad de Cinquera (noroeste), que rechazaron la realización de proyectos mineros a través de una consulta popular realizada el domingo pasado.

«La procuradora felicita a las personas del municipio de Cinquera por su participación activa» en la consulta popular y «sobre todo por decidir e incidir en la defensa de la vida y del medio ambiente», reza un comunicado de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

El referéndum fue observado por la PDDH y representantes de Canadá, España, Estados Unidos, diputados salvadoreños y funcionarios de Medio Ambiente.

Según las organizaciones ambientalistas que promovieron la consulta, «el 98,10 % de los votantes opinaron en contra de la exploración y explotación minera en el municipio», por lo que las autoridades municipales deberán emitir una ordenanza que prohíba cualquier tipo de explotación de metales.

Cinquera es el quinto municipio salvadoreño que rechaza la minería metálica; anteriormente fueron San José Las Flores, San Isidro Labrador, Nueva Trinidad y Arcatao del departamento norteño de Chalatenango.

Las organizaciones sociales aseguran que «este resultado es una recomendación clara» para que los diputados de la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático del Congreso den luz verde a la votación de una ley que prohíba la minería.

Una de las últimas iniciativas legales contra la extracción minera fue presentada el pasado 7 de febrero por los funcionarios de la Iglesia católica salvadoreña.

Un órgano de arbitraje del Banco Mundial (BM) falló en octubre de 2016 a favor de El Salvador y en contra de la minera canadiense Pacific Rim, ahora propiedad de la australiana Oceana Gold, que reclamaba al Gobierno salvadoreño una indemnización de 250 millones de dólares.

El caso se remonta a 2009, cuando la minera canadiense Pacific Rim interpuso una demanda contra El Salvador porque el país centroamericano le negó unos permisos para explotar la mina de oro El Dorado en el norte del país.

http://www.eldiario.es/economia/Ombudsman-salvadorena-felicita-localidad-referendum_0_617339248.html

Colombia

Corte ordena al Estado revisar impactos de minería en La Guajira

El trabajo quedará en manos del Ministerio del Interior, la Anla y la empresa el Cerrejon.
Caracol Radio
02-03-2017
La Corte Constitucional ordenó al Estado revisar los impactos ambientales y de salud a la población que podría estar ocasionando la minería en el departamento de la Guajira y de ser necesario suspender o cancelar la extracción de carbón a cielo abierto.

Esa verificación está a cargo del Ministerio del Interior, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y la empresa El Cerrejón, que también deberán hacer una consulta previa con las comunidades sobre la continuidad del proyecto ‘Expansión de Puerto Bolívar’ en los municipios de Hatonuevo, Barrancasy Maicao en el departamento de La Guajira.

La Corte resolvió una tutela presentada por la comunidad indígena Media Luna Dos, en la que señala que el impacto en la sociedad por la minería en la Guajira es «devastador» por los niveles de contaminación.

http://caracol.com.co/radio/2017/03/02/judicial/1488411846_476386.html

El Salvador

ALTO A LA MINERÍA: “Los intereses públicos y sociales deben prevalecer sobre los intereses y particulares”

01-03-2017
Ismael Turcios
Investigador de Transparencia y Anticorrupción
Iniciativa Social para la Democracia (ISD)

La resolución emitida en 2016 por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), favorable para el Estado salvadoreño en el litigio entre éste y la empresa minera Pacific Rim/Oceana Gold, sentó un importantísimo precedente en materia de relaciones público-privadas de carácter mercantil, jurídica o de cualquier otra naturaleza: los intereses públicos, colectivos y sociales deben prevalecer sobre los intereses particulares.

Asimismo, dicha resolución fue una bofetada con guante blanco para quienes piensan que, una vez en el poder, pueden tomar decisiones que beneficien intereses elitistas para que la población pague por ellas, sin consecuencias jurídicas; tal como sucedió, entre tantos casos, en el Caso CEL-Enel, en el que el exfiscal General, ahora procesado por corrupción, Luis Antonio Martínez, negoció con la Enel Green Power un Acuerdo Marco para poner fin a la controversia mercantil surgida a raíz de un contrato de explotación del recurso térmico salvadoreño, diseñado para beneficiar a la referida empresa extranjera. Algo que también fue aprovechado para garantizar la impunidad de los implicados en las negociaciones que dieron origen a ese conflicto; siendo la mejor muestra de ello la repentina aparición del ahora imputado Luis Martínez ante el Tribunal de la causa, para solicitar el cambio de calificación jurídica del delito (a una modalidad que ya había prescrito). Pero, tranquilos, FUSADES y algunos medios de comunicación reaccionarios aclararon que esto fue una persecución política y criminalización de políticas públicas. No pasa nada.

El caso El Salvador-Pacific Rim, además de los dos aspectos anteriores, justifica a las incontables voces que durante años se han pronunciado contra la minería metálica, tales como la Mesa Nacional Frente a la Minería y otros actores sociales y políticos. Y es que las prácticas de la minería metálica producen la contaminación de suelos y aguas por el drenaje ácido, y tienen afectación en la salud de los habitantes de los alrededores, los ecosistemas, la biodiversidad y el sistema climático en general.

Sin embargo, este tema tiene dos deudas pendientes: el pago de la deuda de 8 millones de dólares impuestos por el CIADI a Pacific Rim/Oceana Gold, en concepto de costas procesales; y la prohibición definitiva de la minería metálica, por parte del Estado salvadoreño.

Si bien la segunda de tales deudas no surge necesariamente del caso Pacific Rim, este ha sido el detonante para que diferentes voces exijan de nuevo a la Asamblea Legislativa la prohibición de la minería metálica, resaltando en los últimos días la pieza de correspondencia presentada por el jerarca de la Iglesia Católica Apostólica Romana en El Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, junto a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), y la Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC).

Además, la petición ha sido presentada por otros actores, tales como representantes de los municipios de San José Las Flores y Arcatao, del departamento de Chalatenango, en los que en el pasado reciente se han desarrollado consultas populares al respecto (mecanismo de participación ciudadana establecido en el Art. 116 del Código Municipal), ambas con la participación de observadores internacionales, y de las cuales resultó que más del 90% de la población de cada municipio votó contra la minería. Entre otras peticiones, como las realizadas por el obstáculo que se ha dado hasta la fecha para aprobar una ley de prohibición de la minería metálica, ha sido el mismo del obstáculo de una ley general de aguas, de las reformas a la Ley sobre Control de Pesticidas, Fertilizantes y Productos para Uso Agropecuario y de otras leyes que tocan fibras sensibles a los intereses mercantiles del gran empresariado nacional. Sin embargo, en el caso de la minería metálica en particular, las experiencias municipales, la resolución del CIADI, la divulgación científica y los esfuerzos de organizaciones ambientalistas y de otra naturaleza son suficiente evidencia para no aceptar la negativa de grupos parlamentarios de prohibir la minería.

A ello cabe agregar la alta vulnerabilidad ambiental del territorio salvadoreño y los altos índices de pobreza, que reflejan que las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica de gran parte de la población, especialmente de la que reside en zonas rurales, también tienen una dimensión ambiental, y por ende, los daños ambientales generados por las grandes industrias (especialmente las extractivista) y el cambio climático en general, agravan sus condiciones de vida, de por sí ya difíciles.

Es por ello que la resistencia a un cambio de visión de los problemas del –complicado- mundo actual, la falta de conciencia sobre lo incierto que actualmente parece el futuro de los pueblos de la humanidad, y en especial de los pueblos subdesarrollados (sí, sin eufemismos), así como los gritos de los intereses mezquinos contra el buen juicio, ya no debe tener cabida mientras existan instituciones que deban su razón de ser a la organización y coexistencia social como la conocemos.

Es imperante que la Asamblea Legislativa apruebe una ley contra la minería, así como es imperante tener un hogar en pie en el que podamos seguir viviendo y que se herede a las futuras generaciones.

ALTO A LA MINERÍA: “Los intereses públicos y sociales deben prevalecer sobre los intereses y particulares”

Chile

Corte Suprema falla a favor de diaguita y ordena reabrir juicio contra Barrick Gold


Conflicto Relacionado: Pascua Lama-Barrick Gold

Benjamín Miranda 27-02-2017
La diaguita Amalia Robles Alcayaga obtuvo un triunfo frente a la transnacional canadiense que construyó irregularmente parte del camino hacia su mega proyecto minero en terrenos familiares. La Corte Suprema ordenó reabrir el juicio civil en que se busca probar el atropello de Barrick al derecho la propiedad de Robles.
Luego de presentar un recurso de casación que fue acogido por la Corte Suprema el pasado 22 de febrero, Amalia Robles Alcayaga (59) continuará su batalla legal contra la filial chilena de Barrick Gold, la empresa de origen norteamericano que emplazó Pascua Lama en 1997 sobre la Región de Atacama. La disputa entre ambas partes se inició luego de que un camino de entrada al proyecto se construyera sobre los terrenos de la familia Robles sin la autorización de las reparticiones públicas competentes, pasando a llevar un cementerio ancestral indígena, sepultando el canal Gárate que servía como fuente de agua para ellos y violando el derecho constitucional a la propiedad privada.

Tal como reveló The Clinic Online en un reportaje que detalla la extensa contienda, Amalia acudió a la justicia por primera vez el 18 de marzo de 2009, cuando presentó una querella contra la Compañía Minera Nevada S.A, en el Segundo Juzgado de Vallenar por los delitos de daños calificados y usurpación. Desde entonces, fue representada por el abogado Walter González, quien condujo el proceso legal hasta mediados del 2016, cuando se produjo el quiebre entre el jurista y su antigua clienta.

Esto, luego de que de la Corte de Apelaciones de Copiapó dictara el “abandono del procedimiento” el 14 de julio del año pasado, tras seis meses de inactividad judicial. Es decir, congeló la causa en contra de la empresa porque los demandantes no presentaron iniciativas legales durante medio año.

Según Amalia esta situación habría sido producida deliberadamente por su exabogado, a quien demandó ante el Colegio del gremio por no defender sus intereses y dejar de mostrar interés en la causa.

Ahora representada por un nuevo equipo de defensores, liderados por Óscar Briones y Ricardo Venegas, Robles logró probar que no tuvo responsabilidad en la inacción previamente señalada y el máximo tribunal falló en su favor, ordenando que se reabra el caso y continúe la investigación que iniciara ocho años atrás.

Así se corrobora en la sentencia emitida por la Corte Suprema, donde se refiere al abandono de procedimiento como una “errónea aplicación de la ley”, la que “ha tenido influencia substancial en lo dispositivo del fallo, pues en mérito de ella se acogió una incidencia que debió ser desestimada”.

A ojos del tribunal, por lo tanto, “corresponde hacer lugar a la casación en el fondo interpuesta”, invalidando lo ordenado a mediados del año pasado y reemplazando dicha decisión por la recientemente adoptada. Es decir, se reanuda el juicio civil.

BARRICK VA A APRENDER A RESPETARME

La primera acción que tomó Amalia en contra del proyecto de Barrick Gold fue el lunes 18 de agosto del año 2008, cuando aun faltaba poco más de un año para que se decidiera a llevar el caso ante la justicia.

Según consignó a este medio, aquel día cerró el camino que permite el acceso a Pascua Lama, cansada de advertirles a las autoridades regionales que Barrick Gold Corporation había construido hace más de una década, sin permiso alguno, una ruta sobre sus terrenos.

Además, Amalia había presenciado la destrucción del cementerio ancestral de su comunidad diaguita en los cerros de la provincia del Huasco y había observado cómo la poderosa empresa dejó bajo tierra el canal de regadío que permitía a su familia realizar cultivos.

Ese día se prometió que no iba a permitir más abusos. Cuando los funcionarios de Barrick intentaron transitar por la carretera, no la tuvieron fácil. Se encontraron con una barricada de piedras que Amalia y su familia montaron sobre la vía.

Durante una semana Amalia custodió la trinchera, volvió a ser dueña de sus tierras y frenó los camiones de la empresa.

Pero su porfía chocó de frente con la decisión de las autoridades de Atacama que buscaban despejarle el camino a Barrick.

-Llegaron los carabineros y nos llevaron a Alto del Carmen. Después de un rato nos devolvieron al lugar, cuando la caravana de camiones ya había pasado… Barrick es la reina de la Región- resume Amalia.

Desde aquél aquel lejano día en que se tomó la vía, Robles no ha desistido en su batalla contra la empresa. Tampoco ha cambiado su impresión acerca de la firma, a quien ha acusado insistentemente de no mostrar un interés real por solucionar el problema o reparar el daño causado. “Sigo en esto porque, aunque no lo crea, Barrick va a aprender a respetarme”, asegura. Hoy agrega que ha vuelto “a creer en la justicia en este país”.

Por su parte la poderosa empresa indicó que se ha buscado un pago justo a los Robles Alcayaga alcanza, el que alcanzaría “un máximo de $200 millones por permisos de servidumbre”.

Al ser consultados nuevamente por este medio, desde Barrick aseguraron que la última sentencia de la Corte Suprema “no implica un pronunciamiento de la causa, solo que se seguirá investigando”.

Argentina

Pueblos originarios de Argentina se oponen a la minería a cielo abierto

Auraelena Salazar 27-02-2017
Argentina.- Con una marcha prevista para mediados del próximo mes de marzo, los pueblos originarios de la provincia de Jujuy en Argentina, expresarán su descontento contra el avance de la minería a cielo abierto en la región.

Los nativos exigen la derogación de la Ley de Servidumbre, que es impulsada por el gobernador de la provincia, Gerardo Morales.
Exigen la derogación de la Ley de Servidumbre
La movilización se realizará desde la ciudad de La Quiaca hasta San Salvador de Jujuy. La misma está siendo organizada por la Asamblea de Comunidades e Indígenas libres.

Esta Asamblea se reunió el pasado 4 de febrero en la Comunidad de Rodeo, para revisar la violación sistemática de los derechos de los pueblos originarios.

En la provincia se está llevando a cabo el proyecto de explotación minera “Chinchillas”, por parte de las empresas Golden Arrow, de origen canadiense, y la argentina Valle del Cura.

En varias oportunidades las etnias que conforman la Asamblea de Comunidades e Indígenas Libres expresaron que la Ley 5915 afecta a sus comunidades, y solicitaron de manera casi unánime que no se aplicara, sin obtener respuesta, ni por parte de la gobernación de la Provincia ni de la Secretaría de Pueblos Indígenas.

El proyecto Chinchillas, ubicado dentro de la zona de Reserva de Biósfera Laguna de Pozuelos, contempla la explotación minera a cielo abierto, usando grandes cantidades de agua y productos contaminantes.

Esta explotación extrajera empeorará la situación del  Monumento Natural Laguna de Pozuelos y la puna entera, afectada por una gravísima sequía.

El proyecto afectará la calidad del agua en la región
El proyecto generaría beneficios en 5 años, pero graves daños al ecosistema de la región, sobre todo a la calidad del agua que luego será consumida por los pobladores originarios.

El procedimiento de consulta libre, previa e informada, que estuvo enmarcado en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)  no será cumplido por las autoridades regionales si se sigue trabajando en este proyecto.

Para la Asamblea, los informes sobre los daños ambientales que fueron presentados son engañosos e incompletos, pues no reflejan la gravedad de los daños que se se causarán en la zona.

También acusaron a los organismos oficiales, como la Secretaría de Pueblos Indígenas, de hacerse de la la vista ciega ante esta situación.

http://segundoenfoque.com/pueblos-originarios-de-argentina-se-oponen-a-la-mineria-a-cielo-abierto-42-330053/

Mexico

Buenos precios, malos impuestos en minería

27-02-2017
Hay estabilidad en la extracción mineral, pero hay descontento con los impuestos.
Los buenos precios internacionales de los metales preciosos generan buenas expectativas para la actividad minera en el estado de Durango.
Así lo consideró Jaime Gutiérrez Núñez, director general de Minas de Bacis, quien refirió que actualmente el oro tiene un valor de arriba de mil 200 pesos, mientras que la plata anda en 18 dólares.

«Son precios buenos en términos generales, aunque lo que ahora impide que las empresas tengan liquidez, son los impuestos que se aprobaron hace dos años», dijo.

Mencionó que de alguna manera, dicha carga ha impedido que las empresas emprendan nuevas exploraciones, cuando sin esta parte, la minería no puede crecer.

No obstante, se puede hablar de que hay estabilidad en la extracción mineral, no solamente en el estado de Durango sino en todo el país.

Consideró que lo que más afecta de los impuestos es que se van sobre la producción, independientemente de cual sea la utilidad obtenida.

Dijo que de alguna forma este tipo de medidas, afectan a un sector que podría crecer todavía más.

https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/721261.buenos-precios-malos-impuestos-en-mineria.html

Internacional

Celebración del Tercer Encuentro sobre los Impactos de la Minería

ContraMINAcción, red contra la minería destructiva de Galicia
Traducción del gallego para Rebelión de Carlos Riba García

El próximo sábado 4 de marzo en el centro socio-cultural Vite de Santiago de Compostela, ContraMINAcción celebra el Tercer Encuentro cobre los Impactos de la Minería. Será a partir de las 10.30 horas y contará con la destacada participación de miembros de diversas organizaciones internacionales que forman parte de la red global Sí a la Vida, No a la Minería – Yes to Live, No to Mining (YLNM), junto con integrantes de diversas organizaciones gallegas.

La minería es una cuestión de preocupación pública cada día más candente en Galicia, como también lo es en otros sitios del mundo. Por este motivo, cada dos años –desde 2013– vienen celebrándose encuentros para discutir sobre los impactos socioeconómicos, legales y ambientales de la minería. En este Tercer Encuentro, queremos prestar especial atención a la destrucción del agua y el suelo, a la criminalización de quienes se oponen a los proyectos mineros y también proponer alternativas a la minería.

En la actualidad, la administración continúa manteniendo una actitud de indiferencia ante los problemas ambientales y una disposición favorable respecto de los emprendimientos mineros. Si bien la oposición social consiguió que la Junta Gallega ya no se atreva a afirmar –como lo hacía antes– que “Galicia es una mina”, sus actuaciones parecen seguir guiándose por ese eslogan. Las empresas mineras continúan recibiendo cuantiosas subvenciones al tiempo que se ignoran las mínimas exigencias ambientales y legales a esas mismas empresas o se ponen todo tipo de trabas y dificultades a las organizaciones ambientales y a los afectados. Todo esto se traduce en:

* Dificultades para acceder a la información ambiental y a los trámites mineros por parte de los vecinos afectados y las organizaciones ambientales.

* Por la vía de la Ley de Acompañamiento de los presupuestos, pretenden que una Cámara Minera (organismo privado integrado exclusivamente por empresas del sector) se convierta en el único registro público de las concesiones mineras de Galicia, hurtando así la participación y el control público a la ciudadanía y a los partidos políticos.

* La Consejería de Industria se niega a declarar la caducidad de las concesiones mineras incumpliendo así lo que dispone la ley. Por ejemplo, a pesar de las solicitudes expresas a la Consejería de Industria para que declare la caducidad de la concesión minera Erimsa na Terra Chá no hubo respuesta alguna. Desde 2013, el Sindicato Gallego de Labradores ya registró oficialmente seis veces esta solicitud en la Consejería de Industria.

La tierra, el agua y el patrimonio están amenazados en Triacastela con la ocupación de los predios y montes comunales, la destrucción de las vías públicas de comunicación o de los recursos hídricos. Además, Cementos Cosmos está literalmente pasando por encima de uno de más importantes yacimientos arqueológicos y paleontológicos de Galicia e incluso de España. Frente a la petición de que la cueva de Eirós sea declarada Bien de Interés Cultural (BIC), la administración mira hacia otro lado a pesar de su inminente destrucción.

La tierra, el agua y el patrimonio también están amenazados en Lousame. Los titulares de la explotación minera de San Fins solicitaron una autorización de vertido de aguas industriales de la mina en el río San Fins. Gran parte de esas aguas serán vertidas sin tratamiento alguno. Nosotros consideramos que el tratamiento previsto para el resto de esos vertidos es totalmente insuficiente. Aparentemente, estas aguas tienen un contenido de metales pesados muy superior al establecido por la ley y estarían afectando a los campos de marisqueo de la ría de Muros-Noia. Esta explotación carece de estudio de impacto ambiental a pesar de que fue requerido reiteradamente a sus sucesivos titulares. Ahora, la empresa minera denuncia a la asociación ecologista ADEGA por haber tomado unas muestras de agua en la mina, reproduciendo así los modelos de criminalización que las empresas mineras de todo el mundo aplican a quienes se oponen a sus actividades.

El Tercer Encuentro de este año viene precedido de la celebración en Santiago de Compostela de la reunión de coordinadores regionales de todo el mundo de la red Yes to Live, No to Mining (YLNM). La red Gallega ContraMINAcción es la anfitriona e invita a sus miembros a participar en el Tercer Encuentro para conocer de primera mano sus reflexiones, objetivos y acciones vinculadas con los distintos problemas que la minería provoca en todo el planeta. El movimiento YLNM fue creado en 2012 por personas, organizaciones y redes de todo el mundo preocupados por la amenaza al bienestar representado por el crecimiento exponencial de la minería en la última década. Junto con estos invitados queremos realizar, dentro del programa del Tercer Encuentro, un evento festivo-solidario en recuerdo de Berta Cáceres, militante ambiental hondureña asesinada hace un año y conocida por su lucha contra diferentes proyectos mineros.

ContraMINAcción es una red gallega de colectivos que tienen como finalidad la identificación y el análisis de los diferentes proyectos mineros en el entorno de Galicia, compartir estrategias y medios para luchar contra la minería destructiva, prestar apoyo jurídico y técnico a los afectados y difundir en la sociedad los problemas que esta minería ocasiona, realizando actividades informativas en todas las comarcas gallegas. En la actualidad, está integrada por 23 colectivos: Agrupación Montaña y Montaña y Aguas Limpias, Asamblea Rural Gallega, Asociación Cerne da Terra, Asociación ecologista Arco Iris, Asociación Víspera de Nada, Asociación Socio-Cultural O Iríbio, Asociación Trece-Catorce, Comisión de Asociaciones contra las minas da Terra Cha, Contramínate Conmigo de Laxe, Federación Ecologista Gallega, Plataforma por la defensa de Corcoesto y Bergantiños, Plataforma por la Defensa del Galiñeiro, Plataforma Vecinal Corno do Monte, Salva la Selva, Santa Comba Viva, Sindicato Gallego de Labradores, SOS Courel, SOS Groba y Verdegaia.

https://www.rebelion.org/noticia.php?id=223369

Colombia

Corte Constitucional definirá futuro de la explotación minera en Marmato

…..Después de un litigio de 10 años
28-02-2017
El alto tribunal estudiará una ponencia que pide que se realice una consulta previa. Este martes se tomaría una decisión de fondo.
Gran Colombia Gold es de los mismos dueños de Pacific. Bloomberg

La Sala Plena de la Corte Constitucional tiene la última palabra en el pleito jurídico que tienen desde hace 10 años los mineros artesanales del municipio de Marmato (Caldas) y la multinacional Gran Colombia Gold. El centro del debate jurídico está en definir quién tiene la razón frente a la explotación de oro en la mina Villonza en la parte alta del cerro El Burro.

Los mineros consideran que el otorgamiento del título minero a la empresa de origen canadiense va en contravía de sus tradiciones culturales, además es un desconocimiento a la realidad del municipio, teniendo en cuenta que dependen directamente de la explotación de oro en ese lugar para poder subsistir. (Ver El espejismo de Marmato)

Por su parte, la multinacional sostiene que las autoridades nacionales le otorgaron un título para la exploración y explotación de oro en esa zona mediante el título CGH-081 del 2008. Sin embargo, alegan que pese a tener toda la documentación no han podido realizar las labores mineras puesto que los pobladores ocuparon la zona.

Fue esta acción la que los llevó a presentar una demanda ante las autoridades administrativas considerando que las exploraciones se habían tenido que suspender por el impedimento ejercido por los mineros de la zona. En una primera decisión vieron como sus pretensiones eran avaladas cuando se emitió una resolución para que se desalojaran a los pobladores.

En dicha decisión –emitida en septiembre de 2010- se ordenaron tomar las medidas necesarias para que el predio fuera devuelto a Gran Colombia Gold con el fin de iniciar los respectivos trámites de licencia ambiental y así iniciar la extracción del metal en la parte alta del cerro, en la jurisdicción que fija el título minero.

Pero las entidades territoriales no cumplieron a cabalidad los ordenado considerando que existe una problemática social que impide que se desalojen a los mineros artesanales. Citan que el 80% de los porbladores del municipio, unas cinco mil familias, viven de actividades relacionadas directamente con la actividad minera.

Fue este argumento el que utilizaron los mineros para presentar una acción de tutela en la que se pide proteger su sustento diario y sus tradiciones culturales. El caso llegó a conocimiento del despacho del magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, quien ya presentó su ponencia a los otros integrantes de la Sala Plena avalando las peticiones de los accionantes.

En su ponencia de 159 páginas el magistrado Vargas pide que se realice una consulta previa de los mineros tradicionales y de los grupos étnicos que allí se encuentran. Considera que en el otorgamiento ­del título a la empresa Mineros de Occidente fue en contravía de las necesidades básicas de los mineros y de la comunidad indígena Cartama y de la comunidad afrodescendiente Asojomar que “se han dedicado a la minería artesanal e informal”.

Debido a esto exhorta al Ministerio del Interior, la Gobernación de Caldas, la Personería municipal de Marmato y la Agencia Nacional de Minería que se adelanten todas las acciones dirigidas a preparar la respectiva consulta. Igualmente, pide que se establezcan las necesidades de los pobladores y su relación con las actividades mineras.

El magistrado Vargas hace un fuerte llamado de atención por lo que considera un desconocimiento de los impactos sociales y económicos que se presentarían tras otorgar un título minero. Hecho por el cual propone la creación de proyectos mineros especiales, delimitar las áreas de reserva especial en Marmato y construir zonas mineras para las comunidades indígenas y los afrodescendientes.

Este martes, los magistrados se reunirán en una Sala Plena Extraordinaria para estudiar la ponencia y realizar la respectiva votación frente a la misma. La Corte Constitucional será la encargada de definir si se anula la resolución 751 de 2010 que ordenó el desalojo de los mineros y si se convoca a una consulta minera.

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/corte-constitucional-definira-futuro-de-la-explotacion-minera-en-marmato-articulo-682211