Ambientalistas solicitan a Contraloría revisar proceder del Ministerio Salud por no dictar norma que regule los niveles de arsénico respirable.

La organización Dunas de Ritoque solicitó a Contraloría General de la República que se pronunciara sobre el actuar del Ministerio de Salud, por eventual incumplimiento de deberes, luego que no se dictara una norma de calidad atmosférica para arsénico en la zona.

El 18 de abril de 1994 , el  Ministerio de Salud mediante el  D.S. N°477  dictó una   “Norma Primaria de Calidad del Aire para Arsénico”,  cuya duración fue de 4 meses,  la que  fue eliminada mediante  el D.S. 1364.  El Ministerio de Salud justificó  su decisión  de eliminar  dicha norma debido había que dictar previamente un Reglamento Específico para Elaboración  de Normas Primarias” señalando  que “una norma de tanta importancia como la de calidad del aire para arsénico debe ser dictada en el marco de las nuevas disposiciones legales permanentes”. No obstante  que este Reglamento fue publicado  el 26 octubre del año 1995, y que a la fecha  han pasado 21 años, el Ministerio de Salud todavía  no ha dictado la norma  arsénico.

El   Decreto Supremo N°  185 de año 1992,  decretó que el  Ministerio  de Salud  en un  plazo de  180 días debía decretar una norma  primaria de calidad para arsénico a nivel nacional con el fin de proteger la salud de la población, y que dentro de sus funciones y tareas, contempla la protección de la salu8d humana, para lo cual posee facultades políticas y programas.

El aire de Puchuncaví, Quintero, Calama, Copiapó, Tierra Amarilla   entre otras, contiene altos niveles de arsénico respirable emitido por fundiciones, los que  superan ampliamente  la norma máxima de  la Unión Europea y lo máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, en el  año 2015 el límite máximo se sobrepasó en 23 veces en Puchuncaví, 13 veces en Quintero por lo que es urgente incorporar norma de calidad que proteja a la población.

Fuente:http://www.ucvmedios.cl/ucv-radio-noticia.php?nid=33809

Satisfacción causó entre las organizaciones ambientalistas la decisión que tomaron las 12 autoridades técnicas de rechazar el proyecto minero-portuario Dominga, cuya construcción se emplazaría en la comuna de La Higuera en la Región de Coquimbo. «Hoy día la institucionalidad sí dio frutos porque los Seremis y el intendente, bajo una exhaustiva revisión al proyecto y a la evaluación ambiental, determinaron que no se puede llevar adelante el proyecto», manifestó la directora ejecutiva de Oceana, una ONG que vela por la protección de los océanos, Liesbeth van der Meer.

Asimismo, señaló que «esta fue una de las instancias en donde nos damos cuenta que las personas que hoy día gobiernan sí están tomando las decisiones correctas». Y agregó que «son pocas estas instancias y por eso hoy día hay que celebrar la decisión del intendente de Coquimbo (Claudio Ibáñez) optó por un desarrollo sostenible de la pesca y del turismo, actividades que van a estar por el resto del tiempo, y no optó por aquellas medidas cortoplacistas». Por su parte, desde el movimiento ciudadano de investigación y creatividad para la conservación, Chao Pescao, indicaron que «estamos bastante conformes con lo que ocurrió. Era de esperarse que esto debería haber sido así debido a que este proyecto era completamente ilegal, con varias irregularidades y también era un proyecto que pretendía ser emplazado frente a reservas marinas y una reserva nacional frente al desierto florido. Era completamente incompatible con el desarrollo de la mega minería».

«Esto recién comienza porque este es un lugar que debemos proteger y debemos desarrollarlo de manera sustentable y ser un ejemplo a nivel mundial. Las condiciones y las características que tiene la comuna de La Higuera debido a su riqueza y recursos naturales dan el escenario perfecto para desarrollarse como la primera comuna sustentable del país», aseguró uno de los directores de la agrupación, Cristóbal Díaz de Valdés. Con respecto al anuncio que dio Andes Iron de apelar al Comité de Ministros, el activista dijo que no cree que sea del todo efectiva ya que el gobierno no cambiará de parecer al respecto.

Fuente: Emol.com – http://www.emol.com/noticias/Economia/2017/03/10/848734/Organizaciones-ambientalistas-por-rechazo-a-Dominga.html

La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó ayer –miércoles 8 de marzo–  el recurso de protección presentado en contra de la compañía minera Nevada SpA, la Superintendencia de Medio Ambiente y la Comisión de Evaluación Ambiental de la Tercera Región, tras establecer que no existen actos concretos de los recurridos que afecten los derechos de las comunidades indígenas y de los habitantes de la cuenca del río Huasco, los que solicitaron el cierre definitivo del proyecto minero Pascua Lama.

En fallo unánime (causa rol 4147-2016), la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Dinko Franulic Cetinic, Manuel Díaz Muñoz y el fiscal judicial Rodrigo Padilla Buzada- estimó que no existe acción u omisión arbitraria o ilegal que justifique acoger el recurso incoado u actos concretos que afecten los derecho de los recurrentes por la aprobación del proyecto minero.

El recurso de protección solicita en primer lugar, la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental –RCA- otorgada a Pascua Lama en 2006 y el cierre definitivo de complejo minero.

«En relación a dicha pretensión, no puede dejar de tenerse presente que la Resolución de Calificación Ambiental N° 24/2006, otorgada al proyecto minero Pascua Lama, constituye la culminación de un proceso de evaluación ajustado a lo preceptuado en la ley 19.300 relativa a las bases Generales del Medio Ambiente, y es un acto administrativo con el que pueden concordar o discrepar las personas, teniendo estas últimas, la posibilidad de hacer valer su oposición y por ende, pretensiones como las sustentadas por los recurrentes en esta causa, judicialmente, en un proceso de lato conocimiento, en que todos los involucrados a favor o en contra, puedan hacer valer y aportar todos los elementos que los apoyen o los desvirtúen», establece el fallo.

Resolución que agrega: «El recurso de protección en esta causa no reviste la calidad de proceso de lato conocimiento, al no constituir un juicio, sino solamente un medio para amparar derechos y garantías constitucionales debidamente especificados, que se ven turbados o amenazados por actos arbitrarios o ilegales, ejecutados por personas determinadas en casos de urgencia e inequívocos, por lo que el mismo, no es la vía idónea para hacer valer el desacuerdo a lo resuelto en un acto administrativo, contra el que, el artículo 20 de la ley 19.300 contempla recursos, primero ante el Comité de Ministros y luego, en contra de lo decidido por el Comité, ante el Tribunal Ambiental, en la forma que regula el artículo 60 del texto legal ya indicado y la ley 20.417».

Contaminación de las aguas
Asimismo, los recurrentes solicitaron que se declarara ilegal la resolución N° 094, o, en subsidio, no se la tome en cuenta para verificar la contaminación de las aguas. Con relación a dicha pretensión, el tribunal de alzada sostiene que «es dable reiterar que el recurso de protección es el medio idóneo para amparar derechos y garantías constitucionales específicos, que se ven turbados o amenazados por actos arbitrarios o ilegales, ejecutados por personas determinadas, por lo que no es la vía idónea para hacer valer el desacuerdo a lo resuelto en un acto administrativo, contra el que, el artículo 20 de la ley 19.300 contempla recursos, primero ante el Comité de Ministros y luego, en contra de lo decidido por el Comité, ante el Tribunal Ambiental, en la forma que regula el artículo 60 del texto legal ya indicado y la ley 20.417, por lo que la solicitud de declarar ilegal la resolución 94/2016, no puede ser acogida en este recurso».

Tampoco resulta procedente, «vía el presente recurso, la petición subsidiaria de no considerar la Resolución N° 94/2016 en la verificación de la contaminación de las aguas, habida consideración que conforme al inciso final del artículo 24 de la ley 19.300, el titular del proyecto o actividad, durante la fase de construcción y ejecución del mismo deberá someterse estrictamente al contenido de la indicada Resolución de Calificación Ambiental, en lo que se refiere la línea de base de las aguas la que, además, deben ajustarse a lo previsto en la Norma de Calidad de agua potable que fija la NCH 409, aprobada por Decreto Exento N° 446, de 16 de junio de 2006, del Ministerio de Salud».

En tercer lugar, los recurrentes solicitaron que se ordenara la entrega agua potable para el consumo humano, animales y siembras a todos los habitantes de la cuenca del río Huasco «hasta el fin de los deshielos o hasta que se acredite que las aguas no están contaminadas».

«En los motivos séptimo, octavo y noveno precedentes se ha concluido que las aguas que provienen del rajo de la mina se descargaron al río Estrecho luego de haber sido tratadas, y por ende, que ellas no resultaron contaminadas, situación por la que resulta improcedente la tercera petición formulada por los recurrentes, y que se base en una estimación infundada de su parte», resolvió la Corte de Apelaciones.

Riesgo nuclear
Como cuarta petición, los recurrentes solicitaron se tomen las medidas necesarias para acreditar, «si la población está bajo riesgo nuclear».

«Dicha pretensión la basaron los recurrentes en la circunstancias de haber densímetros nucleares en el proyecto Pascua Lama, los que, como se indicó en el considerando decimoprimero, están autorizados por el Servicio de Salud, lo que conlleva a que solo lo operan personas que tienen los conocimientos y competencia que requieren esos instrumentos, lo que impide concluir que ponen en riesgo a todos los habitantes de la Cuenca del Río Huasco, por lo que no resulta procedente acoger la petición en análisis», establece el tribunal de alzada.

Finalmente la Corte de Antofagasta analizó la petición de los recurrentes en orden a que se «verifique la contaminación que venga de lugares no descritos en la emergencia, de diversas plantas y por petróleo de los camiones accidentados».
«De acuerdo a lo prescrito en el inciso final del artículo 24 de la ley 19.300, la Compañía Minera en la ejecución del Proyecto Pascua Lama debe someterse estrictamente al contenido la resolución de calificación ambiental, y por su parte la Superintendencia del Medio Ambiente, conforme a la letra d) del artículo 3° de la ley Orgánica del mismo, debe «exigir, examinar y procesar los datos, muestreos, mediciones y análisis que los sujetos fiscalizados deben proporcional de acuerdo a las normas, medidas y condiciones definidas en sus respectivas Resoluciones de Calificación Ambiental o en los planes de Prevención y o de descontaminación que les sean aplicables, de lo que se desprende que corresponde a dicha autoridad controlar que la Compañía Minera en la ejecución del proyecto o en la etapa actual de paralización, no infrinja lo previsto en la Resolución 24/2006, y por ende debe verificar que no se produzca contaminación o si la hay, se realicen obras tendientes a la descontaminación, por lo que resulta innecesaria lo pedido por los recurrentes a este respecto, ya que ello ha sido establecido como obligación legal, con anterioridad a la fecha de interposición del presente recurso», sostiene el fallo.

Resolución que agrega sobre el punto que: «Por lo demás, no resultó demostrado que los camiones Copec arrastrados por las avalanchas del 31 de mayo al 05 de junio de 2016, cargaban petróleo, por lo que la alegación de los recurrentes, que así ocurría, aparece infundada, debiendo rechazarse esta quinta petición, máxime si se considera que ella y todas las anteriores se basan en que por actos arbitrarios e ilegales de los recurridos, se atentó contra el derecho a la vida y a la salud, así como al de vivir en un medio ambiente libre de contaminación que detentan los habitantes de la Cuenca del Río Huasco, afirmación, cuya efectividad no resultó demostrada».

Convenio 169 de la OIT
Además, los recurrentes, en su calidad de diaguitas, invocan el Convenio 169 de la OIT para fundar el recurso de protección «en la circunstancia de resultar afectados los derechos de los numerales 1° y 8° del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, respecto de todos los habitantes de la cuenca del Río Huasco, por lo que es dable concluir que no hay una afectación especial, exclusiva para la calidad étnica ya indicada».

«En suma, según se ha venido razonando, no existe una acción u omisión arbitraria o ilegal que justifique acoger este recurso y en lo esencial, actos concretos que afecten los derechos invocados como conculcados por los recurrentes, al punto, que necesariamente deberá rechazársele», concluye.

Fuente:http://www.elclarin.cl/web/noticias/medios-y-periodismo/22-medio-ambiente/21715-corte-rechaza-recurso-de-proteccion-contra-proyecto-minero-pascua-lama.html

La magistrada del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Daniela Guerrero, rechazó el recurso de reposición que presentó la defensa del ex Presidente Sebastián Piñera en el marco de los casos Bancard y Barrancones-Dominga.

El abogado Juan Domingo Acosta, representante del ex mandatario, solicitaba revocar la admisibilidad de la ampliación de querella que interpuso el diputado Hugo Gutiérrez (PC) respecto a los negocios del family office de Piñera en la minera.

Justificaba en su escrito el hecho de que no había hechos constitutivos de delito.

Sin embargo, la jueza Guerrero decidió respaldar el recurso de reposición presentado por el diputado comunista, argumentando que «la acción ejercida contiene imputaciones penales precisas dirigidas contra el ex Presidente Sebastián Piñera sobre el supuesto uso de información concreta que habría conocido en razón de su cargo para obtener un beneficio económico, constitutivas eventualmente del delito sancionado en el artículo 247 bis del Código Penal, a propósito de su intervención en el repliegue del Proyecto de la Central Termoeléctrica Barrancones, que habría afectado una zona en la que tenía interés económico».

«Ahora bien -agrega- aunque es cierto que el querellante no señala el contenido preciso de la conducta que habría cometido el querellado, falta que alega la Defensa para demostrar que los hechos denunciados no encuadran en tipo penal alguno, baste recordar el requisito de toda querella que exige el artículo 114 letra c) del Código Procesal Penal, a saber: la relación circunstanciada del hecho, con expresión del lugar, año, mes, día y hora en que se hubiere ejecutado, si se supieren».

«Así, entonces, no es de extrañar que el actor no enuncie en el escrito de querella el contenido exacto de la acción que estima desplegada, pues bien puede no conocerlo, más si se trata de hechos de evidente complejidad como los descritos. En este escenario, no es posible desechar de plano la comisión de algún delito. Necesariamente habrá de estarse a las conclusiones que arroje la investigación que ahora se inicia», concluye.

Fuente:http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/03/09/tribunal-rechaza-solicitud-de-pinera-y-acepta-incluir-dominga-en-querella-de-hugo-gutierrez/

Entre el 4 y el 8 de septiembre se llevará a cabo en nuestro país el IV Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas, en La Serena y Coquimbo. Sin embargo, habría fuertes rumores de que el evento –que se realiza cada 4 años y convoca a comitivas de 80 países– se trasladaría a Viña del Mar, debido a que dentro de los próximos días podría aprobarse el controvertido proyecto minero-portuario en la IV región. Celebrarlo allí, en medio de los fuertes cuestionamientos que han hecho grupos ambientalistas, es lo que el Ejecutivo estaría tratando de evitar.

Un eventual e inminente “sí” del regulador medioambiental al proyecto minero y portuario Dominga en los próximos días podría complicar al Gobierno.

No tan solo por los reclamos de diferentes organizaciones sociales de la zona y medioambientalistas que han criticado el proyecto –lo han tildado de ilegal”– por encallarse en una zona de rica biodiversidad de especies y no cumplir con los procesos, sino también por un tema organizativo.

Este año Chile organizará IMPAC4, el IV Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas, cita a la que se comprometió en 2013 y que este año confirmó que se llevaría a cabo entre el 4 y el 8 de septiembre.

El evento, que moviliza a 1.500 representantes del mundo político, científico, y organizaciones no gubernamentales como la WWF, del ámbito artístico e intelectual de más de 80 países, ya tenía afiches alusivos al evento y la organización preparada, sin embargo, las polémicas que se han generado por el proyecto minero habrían posado un manto de dudas sobre la sede de este “mundial” de las conservación marina, que se realiza cada 4 años y cuya última edición fue en Francia en 2013

Las interrogantes se dispararon luego de que la página web del evento apareciera caída (situación que permanece hasta el día de la publicación de esta nota) y algunos proveedores del evento indicaran la posibilidad de que se traslade a otro lugar.

De hecho, desde la intendencia de Coquimbo explicaron que el evento ya estaría en vías de ser trasladado a Viña del Mar.

Por el momento, ya hay varias licitaciones adjudicadas de parte de prestadores de servicios en la zona y los hoteles ya estarían reservados. En el caso de Enjoy, uno de los hoteles más grandes de Coquimbo, sus 111 habitaciones ya están reservadas del 4 al 9 de septiembre.

De trasladarse el evento, significaría un alto costo para el estado tanto de hotelería como de servicios en el sector.

Desde el Ministerio del Medio Ambiente señalaron de forma escueta a este medio de que no hay cambios y que el lugar del evento es Coquimbo.

De aprobarse Dominga, se descartaría la posibilidad de que La Higuera se transforme en un área marina protegida, y eso impactaría directamente en la imagen que daría Chile al organizar un evento que precisamente busca ampliar la zonas marinas protegidas en el país.

“El objetivo de los Congresos IMPAC es implementar una red global, duradera y ecológicamente representativa de áreas marinas protegidas, efectivamente manejadas. IMPAC tiene como objetivo, de cumplir con las metas globales de conservación marina, convenidas por los signatarios de la Convención de Biodiversidad (CBD), de proteger el 10% de los océanos de aquí al 2020, siendo la creación de AMPs una forma efectiva de conservar los ecosistemas marinos”, señala una nota alusiva al evento en el sitio web del Ministerio del Medioambiente.

Complicados por Dominga

Dominga, que involucra una inversión de 2.500 millones de dólares, generaría unos 10 mil puestos de trabajo en el transcurso de su construcción y 1.450 durante su operación, de acuerdo a la compañía, pero el proyecto y el proceso no han estado exentos de polémicas.

De hecho, este miércoles la Cámara de Diputados citó a sesión especial para tratar las posibles irregularidades en la evaluación ambiental de Dominga. Esto, luego de que el pasado 27 de febrero el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Coquimbo recomendara aprobar el proyecto minero portuario Dominga en la comuna de La Higuera.

Pero hay otro problema latente respecto al proyecto: en los últimos días se reveló que hasta 2010 la familia del ex Presidente Sebastián Piñera era una de las principales inversionistas a través de un Fondo de Inversión Privado (FIP).

De acuerdo al reportaje de Radio Bío Bío, ingresaron al proyecto cuando recién se empezaba a gestar en 2009, y permanecieron ahí cuando Piñera ya estaba en La Moneda, hasta que se retiraron en diciembre de 2010, tres meses y medio después de bajar la central termoeléctrica Barrancones.
Fuente:http://www.elmostrador.cl/mercados/2017/03/08/inminente-aprobacion-de-proyecto-dominga-ruboriza-al-gobierno-en-organizacion-del-mundial-de-proteccion-de-areas-marinas-a-realizarse-en-chile/