Mexico

Comunidades zapotecas se declaran en “alerta máxima” ante exploración ilegal de mineras

Autor: Pedro Matías

OAXACA, .- El delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el estado, Tomás Víctor González Ilescas, dejó plantadas a comunidades zapotecas que se oponen a la exploración ilegal de la minera Fortuna Silver Mines, que opera en San José del Progreso.

En respuesta, las autoridades ejidales y comunales de Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, Buena Vista, Cerro de las Huertas y Los Ocotes, así como la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán y el Comité de Defensa de Magdalena Ocotlán, confirmaron que “bajo el amparo de nuestros derechos como pueblos y comunidades indígenas y campesinas, no permitiremos la realización de ningún trabajo de exploración o explotación minera en nuestros territorios”.

Además se declararon en “alerta máxima” frente a cualquier intento de dependencias gubernamentales que quieran promover esos trabajos en sus comunidades.

De igual manera, exigieron a González Ilescas “proteger y velar por nuestros territorios, ya que nos mantendremos en constante monitoreo ante cualquier permiso entregado por dicha dependencia (la Semarnat) a la minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines en San José del Progreso”.

Con el lema: “Aquí decimos sí a la vida y no a la minería”, los inconformes denunciaron que persiste la opacidad de la Semarnat en materia de acceso a la información relacionada al proyecto minero, y destacaron que el pasado 28 de febrero el delegado hizo el compromiso de visitar la región este miércoles 8, con el objetivo de verificar las afectaciones al territorio.

Las autoridades acudieron al encuentro programado en San Martín de los Cansecos, pero González Ilescas nunca se presentó.

Los representantes agrarios de Ejutla y Ocotlán denunciaron que desde hace dos años la empresa Cuzcatlán ha realizado trabajos para la expansión del proyecto minero San José, en San José del Progreso y los límites con Monte del Toro y San Martín de los Cansecos.

Dichos trabajos consisten en exploraciones mediante barrenos, que han causado afectaciones a diferentes cuerpos de agua.

Ante tal situación las comunidades acudieron a la Semarnat y, mediante un oficio presentado el 2 de diciembre de 2016, solicitaron a la dependencia una visita a los lugares de exploración para constatar los daños ocasionados por dichos trabajos, además de negar el Informe Preventivo 20OA2016MD086, promovido por Cuzcatlon para realizar exploraciones en el paraje conocido por  Las Marías. Durante tres meses no obtuvimos ninguna respuesta por parte de dicha dependencia federal, por lo que decidimos manifestarnos frente a sus oficinas el día 28 de febrero de 2017, con el objetivo de exigir una respuesta del delegado federal González Ilescas argumentó que la empresa minera  no requiere previamente de la presentación de un informe preventivo, ni de la autorización en materia de impacto ambiental .De ser así, resulta una omisión grave en materia de protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del país, tal como lo indica su misión.Los afectados insistieron en que existe opacidad y negligencia en materia de acceso a la información relacionada con el proyecto minero  San José y su expansión denominada  Trinidad Norte . Ante tal situación las comunidades acudieron a la Semarnat y, mediante un oficio presentado el 2 de diciembre de 2016, solicitaron a la dependencia una visita a los lugares de exploración para constatar los daños ocasionados por dichos trabajos, además de negar el Informe Preventivo 20OA2016MD086, promovido por Cuzcatlán para realizar exploraciones en el paraje conocido por “Las Marías”.

“Durante tres meses no obtuvimos ninguna respuesta por parte de dicha dependencia federal, por lo que decidimos manifestarnos frente a sus oficinas el día 28 de febrero de 2017, con el objetivo de exigir una respuesta del delegado federal”.

González Ilescas argumentó que la empresa minera “no requiere previamente de la presentación de un informe preventivo, ni de la autorización en materia de impacto ambiental”.

De ser así, resulta una omisión grave en materia de protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del país, tal como lo indica su misión.

Los afectados insistieron en que existe opacidad y negligencia en materia de acceso a la información relacionada con el proyecto minero “San José” y su expansión denominada “Trinidad Norte”.

Asimismo, recordaron que esta misma situación ocurrió hace diez años, cuando la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán exigió a la misma dependencia las Manifestaciones de Impacto Ambiental promovidas por dicha empresa para la explotación de las vetas “Trinidad” y “Bonanza”, pero en todo momento fueron negadas.

En síntesis, subrayaron, la actuación de la Semarnat beneficia a las empresas mineras Cuzcatlán y Fortuna Silver Mines en los Valles Centrales de Oaxaca, pese a que esta contamina gravemente sus territorios.

Esto sin contar que genera una crisis social en sus comunidades y es evasora fiscal, según el Informe Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 presentado por la Auditoría Superior de la Federación, “por lo que existe un claro contubernio de las autoridades federales para permitir el saqueo, despojo y destrucción de nuestros bienes comunes”.

Fuente:http://www.proceso.com.mx/477502/comunidades-zapotecas-se-declaran-en-alerta-maxima-ante-exploracion-ilegal-mineras

Argentina

El gobernador de Chubut reiteró su rechazo a la minería

Autor: No a la Mina

El gobernador chubutense, Mario Das Neves, encabezó junto al presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Amadeo Nicora, la inauguración del Centro de Reproducción Animal y del Laboratorio de Análisis Agroquímicos en Trelew. En la ocasión, el mandatario recalcó: «el Estado tiene que estar junto a los productores» y reiteró su negativa a la actividad minera en Chubut. La población desde hace más de una década rechaza la actividad minera a gran escala y una ley prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro. Las asambleas chubutenses impulsan una legislación que además incluya la minería subterránea, la de minerales radioactivos y la veda una una serie de químicos tóxicos usados en la actividad.

El gobernador Mario Das Neves inauguró ayer la nueva sede del Centro de Reproducción Animal y del Laboratorio de Análisis Agroquímicos del INTA Trelew, donde aseguró que su gestión continuará trabajando junto a los productores y reiteró su negativa a habilitar el ingreso de la actividad minera en Chubut.

Al hacer uso de la palabra, en el acto que se desarrolló en la Estación Experimental Agropecuaria Chubut, el gobernador remarcó que «a veces se escucha en algunos programas de televisión sólo hablar de la soja, el trigo y el maíz, que eso nos van a salvar a todos los argentinos, pero la verdad es que eso es sólo una parte de las soluciones que había que encarar».

MINERIA NO, AGUA SI

«Pareciera que de arriba nos quieren imponer a qué nos tenemos que dedicar los chubutenses y los chubutenses eligieron hace muchísimas décadas cuáles son los recursos que tienen y de hecho de eso no solo hemos vivido nosotros, sino que hemos sido generosos con el gobierno nacional en la transferencia de esos recursos», subrayó.

En esta línea, Das Neves dejó en claro que en la provincia se va a trabajar en función de eso y volvió a afirmar que acá «minería no, agua sí» y sostuvo el impulso que se le dará a lo productivo en Chubut que «vamos a hacer una bodega, impulsar el desarrollo de emprendimientos, porque el Estado tiene que estar presente en eso y acompañar a los productores».

Por eso expresó que «mi presencia hoy acá no es solamente una cuestión protocolar, sino que tiene que ver con algo que siento, que vamos a salir adelante si apostamos a una diversidad económica», enfatizó.

OBJETIVOS PRODUCTIVOS

El presidente de Corfo, Hernán Alonso, en la oportunidad detalló: «este nuevo centro abre puertas a un montón de oportunidades, no sólo en seguir mejorando y creciendo en genética bovina, ovina, porcina y caprina, sino también en el aspecto comercial de exportar genética de alto valor a cualquier lugar del mundo».

El presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Amadeo Nicora, puso en valor que «para el INTA cada vez que visitamos los distintos lugares en donde estamos presentes, porque tenemos alrededor de 400 agencias de extensión, 53 estaciones experimentales, en general nos encontramos con cosas como esta, donde se están poniendo en valor poniendo los recursos y la participación conjunta de distintas fuentes de financiamiento».

«En este caso particular, hubo un esfuerzo muy fuerte entre la Provincia y el INTA y hemos logrado una oferta tecnológica que es modelo para toda la Patagonia», concluyó el funcionario nacional.

Fuente:http://www.noalamina.org/mineria-argentina/chubut/item/16982-el-gobernador-de-chubut-reitero-su-rechazo-a-la-mineria

Latinoamerica

Mujeres Latinoamericanas Tejiendo Territorios, mapa de luchas de las mujeres

Autor: M4.

En el Día Internacional de las Mujeres y como justo homenaje a las defensoras de la naturaleza y la vida, la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, Censat Agua Viva y ACKnowl-EJ (Academic-Activist Co-Production of Knowledge for Environmental Justice), queremos visibilizar el rol fundamental que desempeñan las mujeres latinoamericanas en la defensa de sus territorios, estrategias y sentires que las ponen al frente en los conflictos mineros, pero también conocer los impactos diferenciados que generan las actividades mineras en la vida de las mujeres a través del Mapa “Mujeres Latinoamericanas Tejiendo
territorios”.

(Este mapa muestra las afectaciones a las mujeres por actividades extractivas y su rol en la construcción de alternativas. Se incluyen apenas 21 de muchos casos que se evidencian en América Latina y busca difundir y potenciar los liderazgos de las mujeres.)

En los diversos países de America Latina se impulsa un modelo de desarrollo extractivista basado en el despojo de los recursos naturales, caracterizado por generar cada vez más violencia y criminalidad, atentando sobre los territorios y los cuerpos, y en especial sobre las mujeres.

A pesar de ello, las mujeres defensoras de los territorios, de los bienes comunes y de la vida desarrollan acciones y estrategias pacíficas para defenderse y hacerle frente a este sistema, manteniéndose en la resistencia, articulándose en redes, capacitándose, demandando el ejercicio de sus derechos y planteando alternativas.

Las mujeres que se movilizan por las soberanías de sus pueblos suelen ser criminalizadas y sus vidas puestas en peligro. De acuerdo con Global Witness, de los 185 defensores ambientales asesinados en el mundo en 2015, 122 casos tuvieron lugar en América Latina. Diversos casos del mapa dan cuenta de la violencia que se ejerce sobre las mujeres por las actividades extractivas. El asesinato de mujeres es parte de un patrón de persecución que se está denunciando como feminicidio.

La Dra. Leah Temper, coordinadora del ACKnowl-EJ y Directora del Ejatlas del ICTA-UAB, explica que “el mapa pone en evidencia el vínculo entre violencia y dominación contra la naturaleza y la violencia contra las mujeres. Pero también pone en cuestión el mito de que estas mujeres son víctimas pasivas. De hecho, hay casos en que las minas han sido detenidas o los proyectos han sido rediseñados como resultado de su activismo”. Por ejemplo el caso del Tambor en Guatemala ha sido recientemente suspendido. En Piedras, (Tolima, Colombia) un grupo de mujeres fue el corazón de la primera consulta popular que se ha realizado en el país contra la minería.

Las actividades extractivas son altamente contaminantes y tienen altos impactos socioeconómicos, ambientales y de corrupción. Tienen, además, un impacto específico en las mujeres, provocando situaciones de violencia y discriminación contra ellas y poniendo en riesgo su salud, sus formas de vida y el acceso a los recursos. Las mujeres, responsables de la salud de las familias, están al frente de las luchas por la defensa de la naturaleza y la protección de la vida, el territorio y la comunidad, pese a ser objeto de persecución, criminalización, llegando a ser asesinadas por su resistencia.

Según Leah Temper, “estas mujeres son las verdaderas expertas en sostenibilidad y tienen mucho a enseñar a las supuestas expertas”.

Fuente:http://movimientom4.org/2017/03/mujeres-latinoamericanas-tejiendo-territorios-mapa-de-luchas-de-las-mujeres/

 

Internacional

Trump y los minerales en conflicto

Autor: Guillermo Otano - El País.

Estados Unidos da un paso atrás en la regulación de industrias extractivas que puedan implicar violación de Derechos Humanos. La Unión Europea vota hoy para retomar el liderazgo en esta legislación

El de las industrias extractivas ha sido tradicionalmente uno de los sectores menos transparentes que existen en esta economía globalizada, ya de por sí opaca para el común de los mortales. Entiéndase por industrias extractivas los negocios y las empresas dedicados a “la exploración, la extracción, la comercialización, el procesamiento y otras actividades importantes relacionadas con el gas, el petróleo o los minerales”. Muchas de las empresas dedicadas a estos menesteres son multinacionales, es decir, su actividad trasciende fronteras. Pueden tener la matriz en Estados Unidos, Inglaterra o Canadá, y operar (directa o indirectamente, a través de una subcontrata) en terceros países.

La presencia en un país de abundantes reservas de estas materias primas, por otra parte, constituye un poderoso incentivo para la corrupción de las élites o la acción de grupos armados, que pueden ganar enormes fortunas chanchulleando con estos recursos. Así, los beneficios de su venta a menudo salen hacia el exterior o se pierden por el camino, mientras que para las comunidades locales sólo quedan los daños de la contaminación medioambiental, la amenaza del desplazamiento forzoso o el silencio impuesto por los asesinatos selectivos y la represión.

Allá por 2010, dos años después de que estallara la Gran Recesión, la misma que obligó al Gobierno estadounidense a rescatar a la banca a cargo del contribuyente, el entonces presidente Obama aprobó la Ley de Reforma de Wall Street, también conocida como la ley Dodd Frank. Su finalidad era proteger al consumidor de los desmanes del sector financiero, aportando mayores controles y fomentando la transparencia empresarial.

No obstante, aprovechando la idoneidad del momento para corregir las disfunciones del mercado y luchar contra la opacidad, se incorporaron dos cláusulas que afectan directamente a las industrias extractivas. La sección 1504, que obliga a las industrias estadounidenses del gas, el petróleo o la minería a hacer públicos los pagos que realizan a Gobiernos extranjeros para acceder a estos recursos. Y la sección 1502, que exige a las empresas que emplean de cuatro minerales concretos (oro, tungsteno, wolframio y tantalio, también conocidos como 3TG por sus siglas inglesas y altamente demandados por las industrias electrónicas) a investigar y tomar las medidas pertinentes si su procedencia se halla en las zonas en conflicto existentes en la República Democrática del Congo y los nueve países colindantes.

Ambas reglamentaciones, aun con sus debilidades, supusieron un gran avance a nivel mundial. No sólo por dotar de carácter vinculante a las recomendaciones de la OCDE sobre la diligencia debida, contribuyendo así al desarrollo legislativo de los principios de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos; sino porque su aplicación hizo posible conocer mejor cómo funcionan las cadenas de suministro global de estas industrias, proporcionando información importante tanto para la lucha contra la corrupción como para la concienciación de los consumidores. Por estas razones las dos secciones mencionadas más arriba han inspirado leyes similares en otros países.

Sin embargo, la nueva administración Trump, en su búsqueda de la grandeza perdida, ha decidido acabar con este particular legado de Obama y lo está haciendo en tiempo récord. Lo había prometido en campaña, pero las dudas sobre si sería capaz de cumplir o no comenzaron a despejarse cuando nombró a Rex Tillerson, exdirector ejecutivo de la petrolera Exxon Mobile y un enemigo declarado de la Dodd Frank, como Secretario de Estado. El mensaje para las industrias extractivas era claro: los días de vino y rosas han vuelto, ¡Qué empiece la fiesta!

El pasado mes de febrero, el Congreso de los Estados Unidos logró tumbar la sección 1504, relativa a la transparencia de los pagos a Gobiernos extranjeros, y poco después se filtró la orden ejecutiva firmada por el propio Trump para hacer lo mismo con la 1502, que afecta al suministro de “minerales en conflicto” procedentes de los Grandes Lagos africanos.

Ésta última ya fue atacada durante su implementación por los lobbies de las industrias afectadas que pidieron su derogación ante el Tribunal Supremo alegando que la obligación de publicar si sus productos contienen o no “minerales en conflicto” vulneraba la primera enmienda (es decir, su libertad de expresión o, mejor dicho, su derecho a “no declarar públicamente cómo hacen negocios” que es lo que buscaban realmente). Si aquella argumentación parecía rebuscada, la empleada ahora por la administración Trump puede calificarse directamente como una mentira fabricada mediante la selección de datos aleatorios y la exageración interesada de los costes de su implementación.

Es mucho más fácil entender las resistencias a esta legislación a partir de las palabras pronunciadas por Obama poco antes de aprobarla: “Los únicos que deberían temer el tipo de supervisión y transparencia que proponemos son aquellos cuya conducta no superaría este escrutinio”. Éstos son los mismos, me temo, que ahora están al mando.

Así pues, mientras Estados Unidos parece empeñado en dar pasos atrás, la Unión Europea tiene una oportunidad única para retomar el liderazgo en este tipo de legislaciones. El pasado diciembre se llegó a un acuerdo político sobre la regulación europea del suministro responsable de “minerales en conflicto” y, salvo sorpresas de última hora, la ley se aprobará por votación el próximo 15 de marzo. Las ONG europeas hemos sido críticas con el contenido, pero, pese a sus limitaciones, creemos que es positivo contar con una legislación y seguiremos de cerca su implementación.

Porque si no exigimos esa transparencia y control a las empresas que comercian con los recursos naturales, los flujos de dinero seguirán siendo opacos, las élites de países en desarrollo seguirán corrompiéndose y las violaciones de derechos humanos en seguirán quedando impunes. Desde la Campaña Tecnología Libre de Conflicto, de ALBOAN, queremos formar una ciudadanía crítica con estas cuestiones, dispuesta a ayudar a quienes sufren la violencia de los conflictos mineros y a pelear en su nombre para exigir a nuestras autoridades que regulen las cadenas de suministro de estos minerales.

Fuente:http://elpais.com/elpais/2017/03/10/planeta_futuro/1489161724_873110.html?id_externo_rsoc=FB_CC

Internacional

El Ayuntamiento de Solosancho rechaza la instalación de minas a cielo abierto en el Valle Amblés

(Avila- España )El alcalde, Benito Zazo, anima a particulares, entidades y colectivos a presentar alegaciones contra esta actuación por el posible impacto y perjuicio que podría suponer para esta zona de la provincia.

El Ayuntamiento de Solosancho ha expresado su total oposición a que se instalen en el Valle Amblés explotaciones mineras a cielo abierto, tras conocerse la solicitud de un permiso de investigación minera por parte de una empresa interesada en averiguar si hay yacimientos de feldespatos y otros minerales en los municipios de Gemuño, Riofrío, Sotalbo y Mironcillo.

Así, en similares términos a los ya utilizados al anunciarse la posible instalación de una explotación minera a cielo abierto en la Sierra de Ávila, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Solosancho ha adoptado una posición política contraria a que los citados términos municipales puedan albergar un proyecto de estas características.

En este sentido, por unanimidad de los miembros presentes con derecho a voto, la Junta de Gobierno ha acordado hacer uso de todos los recursos legales disponibles para oponerse a posibles futuras explotaciones mineras a cielo abierto en el Valle Amblés que afecten negativamente al medio ambiente de la zona, siempre dentro del más absoluto respecto a las disposiciones legales vigentes.

 

Junto a ello, en un escrito remitido al Servicio Territorial de Industria, el Ayuntamiento de Solosancho ha comunicado su decisión de personarse en el expediente iniciado, solicitando que se le tenga como parte interesada y, en consecuencia, se le informe de todos y cada uno de los cambios e incorporaciones que se produzcan, dado que este municipio colinda con el de Sotalbo, uno de los términos municipales afectados por el Permiso de Investigación solicitado.

Al respecto, el Ayuntamiento de Solosancho se considera afectado por las consecuencias que pudieran derivarse del referido permiso, especialmente por el impacto ambiental y paisajístico negativo que pudiera derivarse en el futuro para la comarca del Valle Amblés, en caso de que se llevara a cabo alguna explotación minera.

 

El alcalde de Solosancho, Benito Zazo, ha anunciado también que el Ayuntamiento trabaja ya en la elaboración de una serie de alegaciones al proyecto dentro del plazo de 15 días otorgado por la Junta de Castilla y León, sin descartar que se formulen nuevas alegaciones cuando el expediente avance en sus trámites administrativos. Además, ha ofrecido su apoyo y colaboración a los municipios directamente afectados por estos proyectos.

Benito Zazo ha animado a particulares, entidades y colectivos a que presenten alegaciones al expediente para evitar que el Valle Amblés pueda ser escenario de la instalación de una posible explotación minera, al tiempo que ha anunciado que el Ayuntamiento que preside se dirigirá a partidos políticos y administraciones para que, dentro del ámbito de sus competencias, ayuden a que no se instalen en la provincia proyectos mineros de estas características.

Fuente:http://www.tribunaavila.com/noticias/el-ayuntamiento-de-solosancho-rechaza-la-instalacion-de-minas-a-cielo-abierto-en-el-valle-ambles/1488999798

Mexico

Mineras y producción de cal y cemento envenenan Hidalgo

Autor: Remax

Habitantes de Loma Bonita, Los Compadres, Bóvedas y la propia cabecera municipal de Atotonilco de Tula padecen enfermedades respiratorias severas y sus viviendas y automotores sufren daños a causa de frecuentes lluvias y polvo tóxico de cal (óxido de calcio) que genera regularmente la compañía Calera Bertrán, denunciaron Rodolfo Rodríguez Paredes, delegado auxiliar de Atotonilco de Tula, y los colonos Guadalupe Huerta y Adrián Juárez Meza, entre otros.

Los denunciantes exigieron a los gobiernos estatal y federal que obliguen a la compañía a frenar las emanaciones tóxicas, que se han incrementado tras la ampliación de sus instalaciones, y la sancionen por incumplimiento de las leyes ambientales.

Advirtieron que de persistir la indiferencia de las autoridades federales y estatales, los vecinos y autoridades locales vamos a emprender acciones determinantes.

Al anunciar la formación de un movimiento ambientalista en la región, integrado por grupos de las zonas afectadas, Rodríguez Paredes precisó que la población de este municipio comienza a sufrir enfermedades graves como cáncer, afectaciones en vías respiratorias e irritación de ojos y garganta.

Durante un recorrido por la zona afectada, este diario pudo verificar que las emanaciones de cal se convierten en una lluvia de polvo blanco que cubre totalmente techos de casas y vehículos en muchos municipios a la redonda. El polvo produce cosquilleo en la garganta y tos.

Están envenenando el aire que respiramos, aseveró Rodríguez Paredes, tras afirmar que la empresa también ha contaminado el agua de la región.

El presidente de la Sociedad Ecologista de Hidalgo (SEHI), Marco Antonio Moreno Gaitán, advirtió que las empresas dedicadas a la minería y a la producción de cal y cemento generan en Hidalgo una contaminación alarmante.

El activista dijo que luego de revisar estadísticas de salud emitidas por gobierno estatal en 2014, encontramos que en un estado con 2 millones 800 mil habitantes hubo más de 890 mil consultas por enfermedades respiratorias agudas. Es una cifra verdaderamente alarmante.

Con tales datos, indicó, el gobierno del estado tendría que imponer una alerta sanitaria y emprender medidas preventivas para combatir la contaminación de las empresas en cuestión.

Es imperante, dijo, la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la delegación de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (Profepa). La SEHI exige a las autoridades que Calera Bertrán; las cementeras Fortaleza, Cemex y Cruz Azul, y las mineras de Zimapán, Carrizal Manning y Minera Autlán queden fuera del programa de auditoría ambiental voluntaria y sean obligadas a verificar el cumplimiento de las normas ambientales.

Moreno afirmó que tal medida es urgente porque Hidalgo vive un desastre ecológico. Requerimos construir una estrategia para atender los problemas ambientales: basta de discursos, de acciones mediáticas, de acciones insuficientes.

Marco Antonio Rico Mercado, dirigente de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, indicó que las empresas referidas generan un alto impacto ecológico, tras advertir que cuentan con la complicidad de las autoridades ambientales en el estado, ya que les entregan de manera permanente certificados que les favorecen, a pesar de los altos índices de contaminación, la deforestación e impacto en la salud de la población.

Rico Mercado afirmó que Fortaleza, propiedad de Carlos Slim, con instalaciones en Santiago de Anaya y Atotonilco de Tula, y Cementos Cruz Azul, de Guillermo Álvarez Cuevas, ubicada en Tula de Allende, son las que más contaminación generan.

Demandó que la Semarnat y la Profepa hagan públicos los resultados de las auditorías que les practican. Anticipó que en los próximos días vamos a emplazar a ambas instancias a hacer públicas en esta región las acciones que emprenden contra las empresas referidas para evitar la contaminación.

Es condenable, indicó, que el alto grado de infición generada por esas compañías y los costos sólo sean pagados por la población y el ambiente. Cementos Fortaleza sólo destina un millón de pesos anuales a la mitigación de los daños ambientales que causa; ese monto realmente es irrisorio en comparación con los daños que provocan y los recursos que obtienen.

Durante cuatro días La Jornada trató de comunicarse con los encargados de relaciones públicas de Calera Bertrán, pero nadie contestó el número 01 800 bertran (237-8726). También se hizo una solicitud en la dirección atencionaclientes@bertran.com.mx, pero no hubo respuesta.

Fuente:http://www.remamx.org/2017/03/mineras-y-produccion-de-cal-y-cemento-envenenan-hidalgo/

Ecuador

Minera china desplaza a indígenas en la amazonía ecuatoriana

Autor: No a la Mina

Alrededor de 100 familias indígenas denunciaron haber sido desplazadas de sus territorios ancestrales por militares y policías ecuatorianos para garantizar los trabajos de la empresa minera china Ecsa que pretende explotar cobre en medio de la Amazonia.

Alrededor de 100 familias indígenas denunciaron haber sido desplazadas de sus territorios ancestrales por militares y policías ecuatorianos para garantizar los trabajos de una empresa minera china. La dirigente quechua Elvia Dagua afirmó el jueves en rueda de prensa que «los militares, los policías están invadiendo el territorio del pueblo shuar, han destruido viviendas, entonces los shuaras han huido a la selva para esconderse».

Agregó que suman más de 500 personas que se han internado en la selva. A fines de 2015 la empresa minera china Ecsa llegó a esa zona para explotar cobre en medio de la Amazonia, 325 kilómetros al sur de la capital, en medio de fricciones con comunidades que sentían vulnerados sus territorios ancestrales. Ocho meses después los indígenas atacaron el campamento minero, acción que volvió a repetirse a fines de año con un saldo de un policía muerto y seis heridos.

El abogado de los shuar, Mario Melo, aseveró que los desplazados «están viviendo en condiciones sumamente graves, vulnerados sus derechos… todo esto se origina por una concesión minera entregada a Ecsa». Una portavoz de la compañía china que prefirió no ser nombrada indicó a The Associated Press que la empresa no estaba al tanto de lo ocurrido y que por ello no podía hacer comentarios al respecto. El gobierno, que aduce que tiene derecho a explotar los recursos naturales para el bienestar de todos los ecuatorianos, envió un amplio contingente militar y policial para garantizar la actividad minera.

En diferentes puntos de Ecuador indígenas de varias etnias protagonizan protestas para rechazar o impedir esa actividad a gran escala que impulsa el gobierno del presidente Rafael Correa. En el país no hay minas a cielo abierto de grandes dimensiones pero sí hay abundantes reservas de oro, plata y cobre.

La situación también derivó en procesos judiciales en los que están siendo investigados al menos unos 80 indígenas shuar, destacó Melo. Dagua hizo la denuncia en el marco de un encuentro de indígenas que habitan en la Amazonia de nueve países y que afrontan problemas similares sobre iniciativas del Estado para explotar recursos en territorios ancestrales.

El indígena de la Amazonia venezolana Gregori Mirabal destacó que «los gobiernos de la cuenca amazónica, de izquierda o de derecha, están siendo gobernados por las transnacionales mineras con sede en Europa, Estados Unidos, Rusia, China. Quienes verdaderamente gobiernan en nuestros países son las grandes transnacionales que están destruyendo la Amazonia y la cuenca amazónica».

Fuente:http://www.noalamina.org/latinoamerica/ecuador/item/16978-minera-china-desplaza-a-indigenas-en-la-amazonia-ecuatoriana

 

Internacional

Escasez de agua encabeza lista de preocupaciones de mineras globales

Después del 2016, el año más caluroso del que se tenga registro, el agua ha ganado prioridad en la agenda de las reuniones de los directorios de las mineras.

Ciudad del Cabo (Sudáfrica)- Las principales compañías mineras del mundo advirtieron el martes que los activos se estancarán y que los inversionistas se alejarán si no se ocupan de la escasez de agua en regiones mineras como África, Australia y América Latina.

Después del 2016, el año más caluroso del que se tenga registro, el agua ha ganado prioridad en la agenda de las reuniones de los directorios de las mineras.

“Los inversionistas nos dicen: ‘no nos hablen de los retornos’, quieren saber cómo manejamos el agua”, dijo Nick Holland, presidente ejecutivo de Gold Fields, en una conferencia internacional de minería en Ciudad del Cabo.

La minería necesita agua en casi todas las etapas del proceso de producción y la mayor parte de los activos de las principales compañías mineras se encuentran en zonas con poca agua, principalmente en el hemisferio sur.

Anglo American dice que se esfuerza por usar la menor cantidad de agua posible. Ha limitado el consumo usando 65 por ciento de agua reciclada y su meta es llegar al 95% durante la próxima década.

“El agua es una de las mayores limitaciones para el nuevo suministro de productos mineros en todo el sector”, dijo el presidente ejecutivo de Anglo American, Mark Cutifani.

Las mineras mencionan casos en que el agua ha causado conflictos. Por ejemplo, operaciones mineras de Barrick Gold Corp en el Perú se interrumpieron en el 2012 debido a protestas por el suministro de agua.

Con su mayor mina en el desierto mexicano, la canadiense Goldcorp, la tercera mayor minera de oro del mundo, está invirtiendo US$ 60 millones en nueva tecnología para reducir la cantidad de agua que usa.

“Aprovechar los pozos para sostener la operaciones podría ser una fuente de potencial conflicto en el futuro”, dijo el gerente general de Goldcorp, David Garofalo, en una entrevista el mes pasado, quien calificó al agua como el principal desafío de la industria minera.

Fuente:http://gestion.pe/empresas/escasez-agua-encabeza-lista-preocupaciones-mineras-globales-2181678

Chile

Fiscalía de Alta Complejidad investigará acusación de pobladores de Caimanes contra sus exabogados por millonario acuerdo con empresa de Luksic

Autor: Benjamín Miranda, The Clinic

La moción ingresada por la organización hace menos de un mes, donde acusaban a sus antiguos defensores Ossa y Cía. de prevaricación, fue aceptada en tribunales y derivada a la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad. Los querellantes esperan que tras una nueva revisión, Andrónico y Jean Paul Luksic sean citados para esclarecer el pago de $3.100 millones que Minera Los Pelambres destinó a la firma de juristas en 2016, a cambio de finalizar la histórica batalla legal que ha enfrentado a la localidad de la Cuarta Región con la poderosa empresa metalera.

La querella por prevaricación que presentó el Comité de Defensa de Caimanes el pasado 13 de febrero, contra sus exabogados Ossa y Cía., finalmente fue acogida por el Poder Judicial y traspasada a la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad. El documento firmado por 12 pobladores acusa que la compañía de juristas, antiguos defensores del colectivo, actuó en contra de sus intereses al pactar el “Acuerdo Marco de Entendimiento y Cooperación Recíproca” con Minera Los Pelambres, propiedad del grupo Luksic.

La negociación se selló en abril del 2016 y, entre otros puntos, estableció que la minera pagaría $2.400 millones a Ossa y Cía. por concepto de honorarios y 700 millones por los gastos incurridos en juicio, válido por los ocho años que duró su defensa. A cambio, Los Pelambres exigió “llevar al término los juicios actualmente existentes”, lo que fue aceptado por parte de la comunidad mediante sufragio. Sin embargo, el colectivo se mostró reacio a firmar el acuerdo desde el primer momento y se apoyó en Esteban Vilches, su nuevo representante, para emprender la querella que fue aceptada.

Junto con cuestionar este pago, uno de los principales aspectos de la acusación se centra en la empresa que desembolsó la suma. Es por esto que en la parte final del escrito presentado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se solicita que Jean Paul y Andrónico Luksic sean citados a declarar como testigos para esclarecer el trato acordado con Ossa y Cía., que derivó en el cese de todas las iniciativas legales emprendidas en contra de Pelambres.

LA DEFENSA DE LOS QUERELLADOS

Desde la compañía acusada, Sandra Dagnino define la iniciativa en su contra como “una creación de problema artificial”, y se defiende asegurando que todas las decisiones tomadas por la firma contó con el debido apoyo de la comunidad.

Considera, además, que los 12 querellantes están en búsqueda de una retribución económica y que los alegatos presentados responden a intereses personales, desconociendo el beneficio de la mayoría de la comunidad. Respecto al millonario pago, sostiene: “Hicimos un cobro de honorarios por 8 años de trabajo, donde pusimos todo lo que podíamos exponer a nivel personal, donde mantuvimos la causa, donde fuimos perseverantes en demandar agua y seguridad”.

Más allá de estas palabras, sus dardos apuntan al presidente del Comité, Cristián Flores, como un dirigente que volcó la defensa comunitaria hacia una personal de un momento a otro. “Este discurso es nuevo, es distinto. Hoy día está orientado a plata. Antes, cuando fue un luchador admirable, nunca habló de plata (…) Su planteamiento con el de Vilches, es que nosotros debimos haber atendido los intereses de 12 personas”, argumentó.

Por tanto, los integrantes de la compañía afirman que se sienten confiados respecto a la nueva etapa en que ha entrado el conflicto y el futuro actuar de Fiscalía: “Este proceso va a terminar estableciendo que hay gente que ha cometido delitos, y que no es Ossa y Cía.”

El actual abogado del Comité, Esteban Vilches, asegura que “el problema con Ossa es que de los $3.100 millones totales, 2.400 dicen que son de honorarios, que corresponderían a clientes, pero nadie sabe quiénes son ni sus contratos, por lo que se desconoce cómo llegaron a esa cifra. No tiene respaldo real, ellos dicen que tienen contratos con clientes pero nunca los han mostrado. En cuando al pago por los costes de los juicios, tampoco han demostrado cuáles son. No hay boletas ni transparencia”.

Su principal inconveniencia con el actuar de la firma, está relacionado a que -desde su punto de vista- el acuerdo pactado no favorece en ninguna medida a la comunidad de Caimanes. “Si Ossa y Cía. hubiese cobrado esa cifra, con un trato que fija 200 millones de pago a cada familia, estaría muy bien ganado. Pero lo negociado no alcanza para nada, (las personas) se gastarán los $28 millones que puso Pelambres dentro de un tiempo y ahí se darán cuenta que lo que firmaron nunca los favoreció”.

“Hoy día me querello en contra de los abogados porque son los que traicionaron a Caimanes”, finaliza.

EL ROL DE OSSA Y CÍA. EN EL CONFLICTO

La querella presentada por el Comité en contra de sus exabogados abre un nuevo capítulo dentro de la lista de polémicas que suma la compañía.

Desde su llegada en 2007 a la Cuarta Región, la misión de la firma fue guiar la batalla legal de toda la comunidad de Caimanes en contra de la poderosa empresa metalera. La defensa anotó una histórica victoria en octubre de 2014 cuando la Corte Suprema ordenó restituir el curso natural de las aguas del Estero Pupío, afectadas por el tranque de relave El Mauro emplazado por Minera Los Pelambres y considerado como “un peligro para la vida humana” por el máximo tribunal.

Si bien el magistrado del Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos, Jairo Martínez, resolvió demoler el muro de contención del tranque en marzo de 2015, la Corte de Apelaciones de La Serena revocó la orden el 8 de agosto del mismo año, bajo el argumento de que la reposición del cauce podía llevarse a cabo sin tener que desmantelar la edificación. Lo planteado por el juez Martínez, entonces, nunca se realizó, y de ahí en más la relación entre el Comité y Ossa y Cía. se desintegró.

Ramón Ossa, Sandra Dagnino y Roberto Arroyo dejaron de representar oficialmente al Comité de Defensa de Caimanes en octubre de 2015, tras una irreparable “pérdida de confianza” por parte de sus exclientes, luego de que los abogados accedieran a negociar el referido “Acuerdo Marco” con Pelambres.

Tras la ruptura definitiva con el colectivo, Ossa y Cía. siguió representando a la población de Caimanes que no se cuadró con las demandas de la organización encabezada por Flores.

Con el apoyo del resto de la comunidad, tomaron las riendas del proceso de negociación del trato – el que contempló un presupuesto total de 24.700 millones de pesos, más un aumento de 30 millones de dólares si Minera Los Pelambres decidía construir un nuevo relave o bien, agrandar El Mauro- y llevaron a cabo una consulta ciudadana para determinar la adhesión a la propuesta.

La medición arrojó un saldo favorable para los intereses de los abogados y Minera Los Pelambres, aunque no cumplió con una premisa básica del trato: del 70% de quórum mínimo fijado, solo participó el 63,6% de la población habilitada para sufragar.

Tras la insistencia de la parte que votó a favor, que incluso envió una carta en enero de 2016 firmada por más de 400 personas para exigir el cumplimiento del acuerdo, un grupo de representantes legales de la empresa de Luksic y los “asesores legales de la comunidad” sellaron el pacto el 28 de abril del mismo año.

TESTIGOS PODEROSOS

Más allá de la responsabilidad que tuvo la firma en el cierre del acuerdo, la querella del Comité también apunta a la acción de Jean Paul y Andrónico Luksic como orquestadores del pacto. Para ganar esta pugna, aseguran, es necesario contar con sus testimonios en calidad de testigos.

Con la misma firmeza abordan la posibilidad de que la justicia así lo estime: “Yo no tengo muchas dudas de que vayan a citar a declarar a Jean Paul y Andrónico Luksic, por una razón simple: el acuerdo entre la minera y Ossa y Cía. es un muy importante para resolver un conflicto grave y que significa mucho dinero”, sostiene Vilches.

En tanto para el presidente del Comité, Cristián Flores, la relevancia de contar con los testimonios de ambos empresarios es “muy alta, debido a que ellos como dueños de la compañía deben estar al tanto del acuerdo que contrajeron”. Además, asegura que está confiado de que Fiscalía decida citar a los hermanos Luksic: “Nadie está por sobre la justicia y ellos no tendrían motivos para negarse a entregar una información tan relevante como esta”.

Desde Minera Los Pelambres, en cambio, definen esta pugna como una ajena al actuar de la empresa y planean mantenerse al margen hasta que sea estrictamente necesario.

Fuente:http://www.theclinic.cl/2017/03/09/fiscalia-alta-complejidad-investigara-acusacion-pobladores-caimanes-exabogados-millonario-acuerdo-empresa-luksic/

El Salvador

Iglesia católica impulsa prohibición a la minería metálica en El Salvador

Autor: La Nación

Unas 2.000 personas encabezadas por el arzobispo de San  Salvador, José Luis Escobar, marcharon este jueves en la capital de El  Salvador   para exigir al Congreso la aprobación de una ley que prohíba la explotación de la minería metálica.

«No a la minería metálica, sí a la vida», «el agua es vida, la minería, muerte», decían algunas de las leyendas escritas en pequeños carteles que portaban los demandantes.

Los manifestantes se concentraron en un céntrico parque de San  Salvador para luego marchar hacia la sede del Congreso.

Una comisión del legislativa estudia desde el 2009, sin mayores avances, una propuesta de ley contra la minería metálica.

El arzobispo de San  Salvador   presentó a principios de febrero un anteproyecto de prohibición de explotación minera en su país con el objeto de protegerlo contra la grave contaminación del medio ambiente

«Nosotros siempre vamos a estar a favor de la vida, de la defensa del medio ambiente y estamos exigiendo a los señores diputados que hagan valer los derechos de todos y no se permita proyectos mineros en el país.  Necesitamos una ley que nos proteja, declaró  Escobar.

A la marcha, convocada por la Iglesia católica, acudieron estudiantes de secundaria, miembros de organizaciones ambientalistas y defensores de los derechos humanos.

El rector de la Universidad Centroamericana (UCA, jesuita), Andreu Oliva, recordó que «ya hay un precedente» de «una victoria legal» del Estado salvadoreño sobre una empresa minera internacional, y consideró que eso «debe servir de ejemplo a otras empresas mineras para que se lo piensen, pues en el país no  se va a permitir se explote y contamine».

En octubre del 2016, El  Salvador   ganó un arbitraje a una filial de la minera australiana-canadiense OceanaGold, que reclamaba al país centroamericano $250 millones  por negarle un permiso de extracción en el 2009.

El Tribunal del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial (BM), con sede en Washington, ordenó a Pac Rim Cayman LLC, filial de OceanaGold, compensar al Estado salvadoreño con $8 millones   por los costos legales del proceso, que duró siete años.

Este jueves, el presidente del Congreso, Guillermo Gallegos, se comprometió ante el arzobispo a realizar gestiones para que se «avance en la discusión y posterior aprobación» de una ley contra la explotación de minería metálica.

Fuente:http://www.nacion.com/mundo/centroamerica/Iglesia-catolica-oposicion-metalica-Salvador_0_1620438022.html