Argentina

Causas veladas en Veladero

Autor: Página 12.com.ar
Conflicto Relacionado: Veladero-Jachal

La justicia sanjuanina se apresta a archivar las causas penales por los últimos dos derrames en la mina Veladero, ocurridos en septiembre de 2016 y en marzo de este año. En el primer caso, el fiscal de Jáchal, Sohar Aballay, emitió un dictamen en el que consideró que “no produjo un perjuicio a la salud pública ni el medio ambiente”, y solicitó el cierre del caso ante la falta de delito. En el segundo, el juez Oritja aseguró que

“aunque faltan algunas medidas solicitadas, hasta ahora no hay pruebas de contaminación ni imputados”. El abogado de los asambleístas jachalenses, Marcelo Arancibia, dijo a este diario que “de la justicia de San Juan no se puede esperar nada. Después del primer derrame de 2015 donde se avanzó sobre los perejiles y no sobre los funcionarios que tenían que controlar ni sobre los empresarios, ha quedado en evidencia que la justicia de la provincia es funcional al gobierno y la empresa que no quieren que se determine el daño ambiental”, y aclaró que “por eso nos focalizamos en la causa que lleva el juez (Sebastián) Casanello por la violación a la Ley de Glaciares”.

El juez de Jáchal con jurisdicción sobre el departamento Iglesia, donde se localiza la mina que explotan la canadiense Barrick y la china Shandong, sostuvo que en el segundo derrame –que se produjo durante la madrugada del 8 de septiembre– “no se comprobó que los líquidos derramados en el valle de lixiviación, hayan llegado a algún curso de agua de la zona”, por lo que “no está demostrada la contaminación”. Además, explicó que en la causa penal que investiga si hubo transgresiones a ley de manejo de residuos peligrosos y la contaminación del agua, “no tiene imputados”.

En cuanto a la investigación por el tercer derrame (el 28 de marzo) cuando se desconectó un caño con “material rico, que no contendría agua con sustancia cianurada sino una mezcla de oro y plata”, según aseguró el gobierno, Oritja dejó entrever que tendría el mismo destino, el archivo, ya que “aunque faltan algunas medidas de prueba que se han solicitado, hasta ahora no hay pruebas de contaminación ni imputados”.

Fuente:https://www.pagina12.com.ar/78910-causas-veladas-en-veladero

Nicaragua

Pobladores de Chontales reclaman agua limpia

Autor: Iván Olivares, Confidencial.

También expresan su preocupación por concesiones mineras. Representantes de organizaciones defensoras del medio ambiente, de varios municipios chontaleños, adoptaron un “Decálogo Ambiental del Agua y la Vida”, en el que se enumeran acciones para proteger los recursos naturales, especialmente dentro del contexto del cambio climático.

Los ciudadanos reunidos en el municipio de Santo Domingo, Chontales, este sábado reciente, centraron sus esfuerzos en la protección de la cubierta vegetal de sus montañas –y de las montañas mismas– como fuente para producir agua.

La calidad de esas aguas es otro de los problemas que más expresiones de preocupación generó entre los asistentes a la cita, convocada por la Plataforma Nacional por la Defensa del Agua y de la Vida.

Reclaman por concesiones mineras

Ricardo Palma, miembro departamental de la Plataforma, recordó que hay grandes extensiones de territorio entregadas en concesión a empresas mineras, lo que incluye el río Mayales, que desemboca en el Lago Cocibolca, de donde toma agua la ciudad de Juigalpa, por lo que “contaminar el Mayales, puede perjudicar a los juigalpinos”, advirtió.

Como Palma, las personas reunidas en esta zona minera del departamento de Chontales temen que la extracción de oro, plata, y otros minerales, termine envenenando las aguas, siendo que la industria requiere usar mercurio o cianuro para separar el oro del resto de materiales.

Cualquiera de esas dos sustancias es altamente tóxica.

Una fuente del sector minero dijo a Confidencial que “nosotros (la industria) no usamos mercurio en nuestros procesos. Son los mineros artesanales quienes la usan”.

 

 

“El agua se debe priorizar para el consumo humano”

Aunque la lucha de estos ciudadanos no ha dado mayor fruto –porque alegan que las autoridades edilicias y ministeriales están del lado de las mineras– Ruth Selma Herrera, coordinadora de la Plataforma Nacional, recordó que la Ley mandata “priorizar el consumo humano”, cuando de uso del agua se trata.

“No pueden decir ‘es que los cañeros la necesitan’, o ‘vamos a dársela a las minas’; la Ley contempla la obligación de satisfacer primero las necesidades de la gente, y hasta después, atender las necesidades de cualquier cultivo o industria”, señaló.

Además de la necesidad del dinero que aporta el sector, el temor también que frena las posibilidades de encontrar una solución al problema de estas comunidades, siendo que la minería genera ingresos para las municipalidades, empleo para miles de personas, y dinamiza la economía, en especial, para las actividades de transporte, comercio y construcción, entre otras.

Ello explicaría que las autoridades actúen de manera centralizada al otorgar concesiones “sin consultarnos a nosotros, los afectados”, pero también, que “no oigan nuestras quejas y reclamos”.

Diez leyes para cuidar el ambiente, el agua y la vida

Al proponer el Decálogo Ambiental del Agua y la Vida, Ruth Selma Herrera explicó que el texto del mismo –de seis páginas de extensión– había sido discutido y aprobado luego de presentarlo a consideración de casi 11,000 personas, tanto de manera presencial como en línea.

Explicó que todas las ‘leyes’ (indicaciones, guías de acción) que propone, están sustentadas en el cuerpo legal de la nación. “Este Decálogo tiene fundamento jurídico. Ya todo está en la Ley”, aseguró, acotando que mucho de ello simplemente no se cumple.

El Decálogo Ambiental del Agua y la Vida incluye:

  • No destruirás el bosque, y trabajarás por recuperarlo.
  • Promoverás acciones de conservación y prácticas productivas adecuadas.
  • Ayudarás a recuperar las fuentes de agua superficiales y subterráneas.
  • Harás efectivo tu derecho a tener agua para consumo humano y seguridad alimentaria.
  • Reclamarás desarrollo humano sostenible, y respeto a los derechos de los pueblos originarios.
  • Demandarás responsabilidad en el desarrollo de ciudades y asentamientos.
  • Demandarás una educación pública y privada que incluya la gestión ambiental responsable.
  • Te organizarás para resistir los efectos del cambio climático.
  • Exigirás que el Estado cumpla las leyes que protegen los recursos naturales y nuestro medio ambiente.
  • Aportarás a la construcción de un ambiente sano, y del manejo sostenible de nuestros recursos naturales.

Fuente:https://confidencial.com.ni/pobladores-de-chontales-reclaman-agua-limpia

 

Argentina

Jujuy entregó tierras de pueblos originarios a una minera

Autor: El Federal, Blog del proyecto Lemu.

La minera canadiense Dajin Resource anunció  la firma de un acuerdo para operar en 90.000 hectáreas de las Salinas Grandes para explotar litio. Mantuvieron reuniones con los secretarios de minería de nación (Daniel Meilán) y de jujuy (Miguel Soler). No hubo ninguna participación de las 33 comunidades originarias que viven en el lugar, que rechazan el proyecto.

En Jujuy   comenzó el relanzamiento de la megaminería   en uno de los lugares más frágiles y de mayor conflictividad: las Salinas Grandes, una extensa planicie blanca que suele ser la foto más buscada de los turistas. Allí viven y trabajan desde hace generaciones los pueblos originarios Kolla y Atacama. Y es también una gran reserva de litio, mineral que se utiliza para baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos. En esas tierras planean hacen una mina.

Desde hace al menos seis años se alinearon en la causa de esta explototación minera empresas multinacionales, gobiernos y científicos para extraer el litio, y entre todos ellos se han puesto de acuerdo para minimizar el impacto ambiental que traería como consecuencia la apertura de la mina, como son la afectación del salar y la contaminación del agua dulce.
Al otorgarles las 90.000 hectáreas tampoco contemplaron los derechos de los pueblos indígenas. Según la legislación vigente (incluida la Constitución Nacional), los estados deben obtener el consentimiento, libre, previo e informado sobre cualquier acción que pudiera afectar los territorios indígenas. Nada de eso sucedió en Jujuy, donde la Mesa de Pueblos Originarios de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, que reúne a 33 comunidades, denunciaron la violación de sus derechos territoriales.

Los comunidades se han movilizado frente al poder político y afirmaron que no quieren minería en su territorio. La causa judicial se tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara aplicar los derechos indígenas).
El gobierno de Gerardo Morales asumió con el discurso público de respetar los derechos indígenas. Creó el Ministerio de Ambiente (designó a María Inés Zigarán) y la Secretaría de Pueblos Indígenas (al frente de Natalia Sarapura, referente del Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy –COAJ–). El gobierno provincial visitó las Salinas Grandes, se reunió con las comunidades, tomó nota de las necesidades (desde caminos y escuelas, hasta políticas activas para el trabajo local) y se mostró dispuesto al diálogo y trabajo conjunto. Sin embargo, pactaron con la minera canadiense.

Fuente:http://bloglemu.blogspot.cl/2017/11/jujuy-entrego-tierras-de-pueblos.html

Colombia

Otros dos municipios del Suroeste antioqueño dijeron no a la minería

Autor: Medellín, El Tiempo.

De los 23 municipios que conforman el Suroeste antioqueño, un tercio no acepta que se realice minería en su territorio. O por lo menos en lo que respecta a los Concejos Municipales. A Jericó, Támesis, Urrao, Caicedo y Titiribí, se les acaba de unir Betulia y Tarso.

Estos dos municipios también optaron por la herramienta de Proyecto de Acuerdo para decirle no a la minería.

León Jaime Bermúdez, presidente del Concejo de Betulia, informó que se aprobó en segundo debate el proyecto de acuerdo que prohíbe la minería metálica en ese territorio.

“Nos sumamos a la causa en defensa del territorio y de los recursos naturales. El municipio quiere seguir teniendo su economía cafetera y preservar sus recursos hídricos y ambientales”, manifestó el corporado.

La decisión se presenta una semana después de que el Tribunal Administrativo de Antioquia anulara un proyecto de acuerdo similar aprobado por el Concejo Municipal del municipio Urrao por presuntamente, extralimitarse en sus funciones.

«Por vulnerar normas constitucionales y legales, toda vez que se extralimitó al no respetar los parámetros establecidos en norma legal y prohibió una actividad que es de interés nacional y de bienes que pertenecen al Estado», dice el fallo.

A pesar de la secretaria de Minas de Antioquia, Dora Elena Balvín, informó que no descartan que decisiones similares del Tribunal se dicten en otros municipios, en Betulia siguieron adelante con la iniciativa.

“No nos dejaremos amedrentar por el Gobierno Nacional y Departamental de llevar a investigaciones con los diferentes órganos de control. Fuimos elegidos para hablar por la ciudadanía y defender el territorio”, agregó Bermúdez.

Desde la Secretaría de Minas, indicaron que frente a estos proyectos de acuerdo, “la posición de la Gobernación de Antioquia siempre ha sido de respeto hacia la comunidad, no hemos estado en contra de estas decisiones”.

En todo el Suroeste, según datos de la dependencia, hay 156 títulos mineros de los 1.325 que tiene el departamento, que equivalen al 12 por ciento.

En Betulia más específicamente, no hay títulos mineros. Sin embargo comparte con el municipio de Anzá tres títulos y con armenia uno más, teniendo un muy bajo porcentaje de participación entre el 1 y 2 por ciento de toda el área titulada.

Por su parte, Tarso solo cuenta con un título minero que a la fecha se encuentra en explotación, tiene licencia ambiental y está aprobado, según indicó la Secretaría de Minas.

Fuente:http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/en-el-suroeste-antioqueno-tarso-y-betulia-tambien-dijeron-no-a-la-mineria-metalica-156360

Colombia

Concordia, otro municipio de Antioquia que le dice ‘No a la minería’

Autor: Caracol Radio, Medellín.

Aunque hace unos pocos días el Tribunal Administrativo de Antioquia sentó un precedente según el cual por vía de acuerdos municipales no es posible prohibir la actividad minera en los territorios, en Concordia, al suroeste del departamento, esto no fue argumento suficiente y por medio de acuerdo el Concejo en pleno decidió prohibir esta práctica en su municipio.

Según la concejal de Concordia Margarita Rivera, “apoyamos el proyecto de acuerdo porque estamos firmes en la defensa de la vida en nuestro territorio y no vamos a permitir la explotación minera”.

Aunque hace unos pocos días el Tribunal Administrativo de Antioquia sentó un precedente según el cual por vía de acuerdos municipales no es posible prohibir la actividad minera en los territorios, en Concordia, al suroeste del departamento, esto no fue argumento suficiente y por medio de acuerdo el Concejo en pleno decidió prohibir esta práctica en su municipio.

Según la concejal de Concordia Margarita Rivera, “apoyamos el proyecto de acuerdo porque estamos firmes en la defensuena de la vida en nuestro territorio y no

Recordemos que también lo han prohibido los municipios de Jericó, Támesis y Urrao, a este último el Tribunal les tumbó el acuerdo municipal bajo el argumento de que existen otras figuras jurídicas para reglamentar el uso del suelo, como la consulta popular.

Fuente:http://caracol.com.co/emisora/2017/11/29/medellin/1511913136_130187.html

Colombia

No más minería en la Sierra: el grito arhuaco

Autor: María Victoria Correa, El Colombiano.

En las últimas semanas, un grupo de 3.000 indígenas bajó de la Sierra Nevada de Santa Marta y comenzó una movilización permanente por las calles de Valledupar en el Cesar. Su petición: no quieren más minería en la región. Sí, en el sistema montañoso litoral más alto del planeta, hay minería.

Para conocer el reclamo de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra –arhuaco, kogui, kankuamo y wiwa– el Gobierno Nacional se sentó con ellos el fin de semana y no solo instaló una mesa de diálogo sino que además hizo varios anuncios frente a la protección del territorio, que aunque buscaban calmar los ánimos de la movilización, no fueron suficientes.

El anuncio fue claro: se protegerán 585.000 hectáreas que se sumarán a las 400.000 que comprenden el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta y así consolidar cerca de un millón de hectáreas protegidas, de las cerca de 1,6 millones que tiene la zona.

En ese sentido, la pregunta que hoy se hacen los indígenas es una sola: ¿por qué no se declara toda la Sierra libre de minería de una vez por todas?

Leonor Zalabata, líder indígena y una de las personas que ha estado en las negociaciones con el Gobierno, indicó que el anuncio de la protección de medio millón de hectáreas los sorprendió porque no es lo que querían. Sin embargo, destacó que ya está instalada la mesa de diálogo en la que esperan se revisen los alcances de la decisión.

Leonor explicó que no entiende el por qué de la protección ya que eso no estaba en ninguno de los acuerdos. “Es muy importante que Colombia entera sepa que el Gobierno nos está mintiendo con este tema, no es un pedacito de la Sierra la que queremos protegida, ¡es toda!. Mientras esto no quede claro pues vamos a tener problemas para la instalación de la mesa”.

Agregó que lo que más les molesta es que el Gobierno fraccione el territorio. “La Sierra es sagrada, es nuestra madre, es una unidad, no hay razón para dividirla”.

Según la líder indígena “estamos seguros” que hay 132 proyectos mineros funcionando, unos legales y otros ilegales y 243 solicitudes mineras para explotar nuestro territorio. “El país tiene que entender que nuestra incomodidad con esto también tiene que ver con que hay cerca de 3 millones de personas que toman el agua de la Sierra Nevada. Si estos proyectos se hacen realidad, se va a acabar y además nosotros vamos a perder nuestras tradiciones”.

Gobierno responde

Es importante señalar que el Gobierno coincide con los indígenas en que este es un lugar que debe estar libre de todo tipo de explotación de minerales, pero ha señalado que todo implica un proceso que debe hacerse por etapas.

El viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez, dijo que el área que se protegió el fin de semana es solo el inicio de toda de la apuesta gubernamental para conservar la Sierra. “Lo que se hizo fue acordar un mecanismo de diálogo conjunto. La idea es que vamos a trabajar juntos en función de conseguir un acuerdo central y es llegar a una Sierra libre de minería. Esto lo vamos a realizar por etapas, la primera fue que el Gobierno Nacional inició con ellos unas mesas técnicas”.

Agregó que tienen claro que es una decisión política la de sacar la minería de la región y que eso se tiene que traducir en pactos administrativos, en revocar licencias mineras y las zonas de protección. Esto toma su tiempo.

En ese sentido, explicó el funcionario, lo primero que hicieron fue la ampliación de protección. También están estructurando un esquema de pago por servicios ambientales. “Tenemos un acuerdo y es que la Sierra debe quedar libre de minería antes de que termine Gobierno del presidente Santos”, puntualizó.

Fuente:http://www.elcolombiano.com/colombia/no-mas-mineria-en-la-sierra-el-grito-arhuaco-DN7780467

Panamá

Panamá: La minería no dejará ni uncentavo al país

Autor: Coordinadora Campesina Por La Vida, Kaos en la Red.

Artículo de Sergio Sánchez, de la Coordinadora Campesina por la Vida, que prueba cómo el Código Minero ha sido reformado para exonerar por completo de impuestos a las explotaciones mineras y cargar al estado panameña sus costos.

La actividad minera a cielo abierto es una actividad altamente contaminante y ecológicamente injustificable; en Panamá país que se caracteriza por tener un clima de “bosque tropical lluvioso”, la minería a cielo abierto es aún más contaminante. Por esta razón en algunos países como Costa Rica este tipo de minería ha sido prohibido.

En otros países se pretende justificar la existencia de minas a cielo abierto por los recursos económicos que genera para el país; en Panamá no existe ni siquiera esta justificación, pues el Código de Recursos Minerales ha sido hecho y reformado con la idea de que al país no le quede siquiera una pequeña porción de los recursos económicos que la actividad minera genera.

El Código de Recursos Minerales ha sido desde 1998 permanentemente reformado para ajustarlo a ley 9 de 1997 (Ley de Minera petaquilla SA) de forma tal el código contiene hoy muy bien reglamentadas las garantías que necesita cualquier compañía minera para explotar una concesión sin pagarle al estado un solo centavo por las ganancias que obtenga de la operación; antes y por el contrario provee la forma por la cual el estado quede deudor del concesionario.

Debido a lo extenso que sería el analizar cada uno de los artículos de la parte económica de la ley que hacen desfavorable para el país otorgar y permitir la explotación minera ya sea metálica o no metálica, nos permitiremos el resaltar algunos de ellos, adelantando que no son todos y que cada cual estará en condiciones de hacer sus ´propias conclusiones.

El  artículo 232 del Código de Recursos Minerales, adopta lo que dice la cláusula décimo tercera en el numeral 3 de “Deducciones Fiscales” del contrato de Minera Petaquilla SA. Dice el artículo 232: “Todo concesionario tendrá derecho a incluir como gastos de operación aquellos deducibles de acuerdo con las leyes de impuestos sobre la renta que estén vigentes. Además de los cánones superficiales, regalías, impuestos directos, impuestos de importación y el cargo de depreciación, los siguientes renglones podrán deducirse como gastos de depreciación”….  Y sigue en los literales a; b; c; d; añadiendo todo tipo de gastos, como: amortización anual del mineral, costo de excavaciones, galerías, gastos por servicios de abasto, etc, etc.

Queda claro que si pueden deducir los impuestos directos entonces no pagaran impuestos, queda claro que si pueden deducir como un gasto general más las regalías, entonces no pagaran regalías, Está muy claro en la ley, que las empresas mineras y canteras gozan de un privilegio especial que el mismo Código de Recursos minerales les facilita; y esta facilidad consiste en poder realizar una actividad comercial e industrial exenta de toda carga tributaria y de toda responsabilidad social.

El artículo 243 del código de recursos minerales adopta lo que dicen la clausulas 1 y 3 de la cláusula décimo tercera de “Deducciones Fiscales” del contrato de Minera Petaquilla SA. Dice el artículo 243 del Código de recursos minerales: “Se consideraran como gastos generales deducibles las contribuciones y los gastos pagados a la Nación y Municipios y los gastos que sean inherentes o que se realicen en relación con la educación y adiestramiento de ciudadanos panameños da conformidad con este código.”.

Este articulo (243) no hace más que reforzar y perfeccionar lo que el articulo 232; fija, aclara que todo gasto pagado a la Nación o a cualquier Municipio es deducible, se entiende pues que si pagan una multa, este pago es deducible y así también las tasas, timbres, contribuciones, etc. De igual manera fácilmente se colige que quien paga los impuestos municipales es el estado. En buenos términos no pagaran un centavo al país y se llevaran el mineral gratis.

De acuerdo  con la citada disposición la empresa tiene derecho a una deducción fiscal por los gastos que haga en infraestructura social y también en lo que invierta en educación (así como los gastos que sean inherentes; que se realicen en relación con la educación y adiestramiento de ciudadanos panameños). En base a lo expuesto en los textos arriba presentados, la empresa genera publicidad engañosa mediante la cual hace ver que es una empresa dadivosa, que cumple su responsabilidad social y coopera con donaciones de ayuda al pueblo en estos renglones de gran importancia para las comunidades pero, lo malo es que después pasará una factura al Gobierno Nacional por esta ayuda. Quien en realidad hace el gasto social sigue siendo el Estado.

Las abusivas clausulas económicas se refuerzan unas a otras haciendo legal la transferencia de un enorme riqueza perteneciente al pueblo panameño a una empresa ´privada que de seguro si tributara en su país de origen. Este código de recurso Minerales y sus reformas han sido avaladas por gobiernos y asambleas legislativas entreguistas y sin interés en el progreso del país.

Por las razones antes expuestas Minera Panamá y cualquier empresa que se dedique a la minería no metálica, no pagaran por la concesión un centavo a país independientemente del monto de sus ganancias. Resaltamos aquí que a varios años del cierre de Petaquilla Gold no existe un informe de cuanto se perdió en esta fallida explotación. Nunca se dio un informe final al cierre de Minera Santa  Rosa. ¿Cuánto ganaron y cuánto pagaron?, sigue siendo un enigma.

Se hace necesaria la inmediata anulación del código de marras y la prohibición de la minería a cielo abierto en el país; porque si los motivos económicos para estas medidas son de inmediata aplicación, los motivos ecológicos son de planetaria necesidad.

Coordinadora Campesina Por La Vida

Sergio Sánchez Silvera

Fuente:http://kaosenlared.net/panama-la-mineria-no-dejara-uncentavo-al-pais/

Perú

Afectados por metales pesados se reunirán en Lima

Autor: Redacción, La República.pe

Desde este lunes, un centenar de ciudadanos de distintas regiones que resultaron afectados en su salud por la presencia de la actividad minera sostendrán un encuentro en Lima y exigirán una adecuada atención por parte del Estado.

El encuentro a desarrollarse en el auditorio del Colegio Médico del Perú congregará a delegaciones del Espinar (Cusco), Hualgayoc (Cajamarca), La Oroya (Junín), San Mateo (Lima), Cuninico y las cuencas de Corrientes, Tigre, Marañón y Pastaza (Loreto), además de Puno, Callao y Amazonas.

La actividad se prolongará durante una semana y tiene como objetivo visibilizar la problemática vinculada a las actividades extractivas y generar soluciones desde un enfoque de salud pública.

Fuente:http://larepublica.pe/politica/1150220-afectados-por-metales-pesados-se-reuniran-en-lima

Venezuela

Corrupción y daño ambiental se han acentuado en el Arco Minero del Orinoco

Autor: La Nación, No a la Mina.
Conflicto Relacionado: Arco Minero- Las Brisas

Los periodistas Edgar López y Julett Pineda, autores del trabajo Arco Minero del Orinoco: crimen, corrupción y cianuro, dieron a conocer durante el Foro Guayana Sustentable, realizado por la Universidad Católica Andrés Bello de la región, que la corrupción y el daño ambiental se han acentuado con el Arco Minero.
López aseguró que en los pueblos mineros hay una mafia que controla el negocio del oro y que los militares que están en los alrededores de las zonas mineras no entran al lugar, reseñó Correo del Caroní.

Destacó que, a pesar de las promesas del gobierno, no hay garantía de una minería ecológica, pues los trabajadores continúan usando mercurio a pesar de su prohibición, lo que ha incidido en el aumento de la tasa de mortalidad.

Por su parte, Pineda hizo referencia a las 150 empresas con las que se firmarían los convenios para la exploración y explotación del Arco Minero del Orinoco, de las cuales solo se conocen 13, entre ellas Gold Reserve, trasnacional que se alió con el Estado para crear dos empresas de maletín que no tienen oficina pero que se llevan la mayor parte del Arco Minero.

Monitoreos de la NASA determinaron que 200 hectáreas de bosque se perdieron entre diciembre de 2016 y abril de 2017. La deforestación y la contaminación por uso de mercurio se ha extendido hasta el Parque Nacional Canaima, pese a que es un área de protección.

Fuente:http://noalamina.org/latinoamerica/venezuela/item/38046-corrupcion-y-dano-ambiental-se-han-acentuado-en-el-arco-minero-del-orinoco
Mexico

«Tenemos que aprender a decir no»: La vida o la mina en Veracruz

Autor: RT.com
Conflicto Relacionado: Ex Caballo Blanco - La Paila

El pasado 26 de agosto, el proyecto minero Caballo Blanco-La Paila de la sierra costeña de Chiconquiaco (Veracruz, México) retiró el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) presentado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con la finalidad de comenzar la fase de explotación y extraer oro en un proceso a cielo abierto.

Tras una consulta pública, como establece la ley, en la que las comunidades de la región presentaron argumentos sólidos y mostraron una organización fuerte en contra del proyecto minero, finalmente, la empresa lo suspendió a finales de octubre de este año.

Es la segunda vez que un proyecto minero de extracción de oro a cielo abierto es cancelado en esta zona. En 2012, las comunidades pertenecientes a los municipios de Actopan y Alto Lucero se organizaron por primera vez y lograron la suspensión de este plan. Cinco años después, el proyecto fue vendido a otra empresa que decidió impulsarlo de nuevo.

Ascención Sánchez Vázquez, habitante de Los Baños (municipio de Actopan), explica que a las comunidades de esta región les preocupa mucho este tema: «Nos hemos estado organizando para manifestarle a la empresa Gavilán, subsidiaria del grupo financiero canadiense Almaden Minerals, que no queremos proyectos mineros en nuestro territorio». Sin embargo, no ha sido una lucha fácil y ha requerido, además de la organización de las personas, la participación de académicos, especialistas y hasta de la iglesia local.

El oro, un recurso largamente deseado

En 2010, tras un proceso de movilizaciones por parte de algunas organizaciones ambientalistas, entre las cuales se contó con la participación de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), se conformó la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), clave durante en el proceso de lucha contra las empresas canadienses mineras que insisten en desarrollar proyectos extractivos de oro en la región de la sierra costeña.

A finales de los años 80, el contexto regional no era muy prometedor: construyeron una planta de energía nuclear a pocos kilómetros de las playas que bordean la sierra de Chiconquiaco y se convirtió en un símbolo de la necesidad de organizarse aún más para defender el medio ambiente y la tranquilidad de la vida.

Entre 2011 y 2012, el grupo canadiense Goldgroup Mining retomó una prospección minera efectuada en 1995 para intentar desarrollar la fase extractiva de oro y las comunidades campesinas, ganaderas y pesqueras de los dos municipios afectados se organizaron, tomaron como referentes las luchas antimineras en Baja California y en San Luis Potosí y lograron frenar ese proyecto.

Minera Cardel, subsidiaria del grupo canadiense, retiró a fines de 2011 la MIA por inconsistencias en el estudio, que fueron denunciadas por las comunidades afectadas. A pesar de ello, la empresa volvió a presentar una MIA en 2012 para lograr sus objetivos.

Con una buena estrategia jurídica y una investigación independiente acerca de los daños ecológicos que se tendrían, los municipios de Actopan y Alto Lucero decidieron utilizar los mecanismos de consulta pública y reunión informativa para presentar sus argumentos en contra de la minera, a pesar de que consideran que «son espacios de simulación», en palabras de Emilio Rodríguez Almazán, integrante de LAVIDA.

Las comunidades afectadas por este proyecto denunciaron en su momento que Goldgroup Mining había dado ciertas dádivas económicas a algunas autoridades; de manera específica, a los presidentes municipales de Actopan y de Alto Lucero, pero también se acusó al entonces gobernador, Fidel Herrera, de ser beneficiario directo del proyecto, de ahí su declaración: «Veracruz se sacó la lotería, ¡tenemos oro!».

El 5 de junio de 2012, en el Día Mundial del Medio Ambiente y ya con la MIA retirada, el nuevo gobernador y ahora preso por enriquecimiento ilícito, Javier Duarte, se declaró en contra del proyecto minero y, con esto, aparentemente la región quedó libre de minería extractiva, manteniéndose el uso de suelo forestal.

La riqueza de la diversidad

Adán Ves Lira, integrante del proyecto ecoturístico La Mancha (municipio de Actopan), indica que se trata de «una región con mucha diversidad biológica», debido a que «existen varios ecosistemas que se forman a raíz de la cercanía de la montaña con la costa», así como «microclimas y microcuencas que, a su vez, se transforman en diversos ecosistemas como humedales, lagunas costeras o manglares; incluso, por estar cerca de la costa, también se forman dunas costeras».

Existen al menos seis lagunas que tienen diferentes usos, desde recorridos ecoturísticos hasta la pesca controlada, de las cuales un mínimo de dos tienen gran cantidad de manglares, que sirven para la reproducción de nutrientes necesarios para las especies animales que aquí conviven.

«La región de la Mancha —continúa Ves Lira— ocupa el primer lugar del estado de Veracruz en biodiversidady Veracruz ocupa el tercer lugar nacional. Nosotros nos encargamos de dar a conocer a toda la gente que nos visita la importancia de estos recursos y por qué debemos cuidarlos».

Gilberto Martínez Castellanos, agente municipal de Villa Rica —una playa importante e histórica, ya que Hernán Cortés desembarcó ahí por primera vez en tierras continentales— también se muestra preocupado por la insistencia en la extracción minera, que puede contaminar severamente las playas.

«Nosotros somos pescadores y vemos que ese líquido que usan para la extracción del metal nos escurre y nos puede afectar», también «en la contaminación del marisco y del pescado«. Las playas «están bonitas» y «tenemos miedo de que por esas afectaciones se acaben». Además, unas tortugas «vienen a poner sus huevos cada año», expone serio ese funcionario público local.

A pesar de la suspensión, las comunidades se mantienen organizadas

El proyecto minero Caballo Blanco-La Paila, así como todas sus ramificaciones, «acaba de ser suspendido porque ha retirado su Manifiesto de Impacto Ambiental al encontrar en Veracruz un pueblo organizado, un pueblo dispuesto a decirles: ‘no los queremos, se tienen que ir de aquí'», expresa con firmeza Sánchez Vázquez. Tanto LAVIDA como miembros de las distintas comunidades, campesinos, pescadores, ganaderos y gente que se dedica al ecoturismo argumentaron el gran destrozo ambiental como uno de los factores más importantes para frenar este proyecto.

Tanto Candelaria Mining como Almaden Minerals no pudieron contra los argumentos y las investigaciones independientes que se les presentaron. Así, decidieron retirar su MIA y suspender su iniciativa, aunque en la población ha quedado la enseñanza de que los proyectos se pueden vender a otras empresas, convirtiéndose en amenazas cíclicas.

Por ello, a pesar de la suspensión, la organización no se ha frenado y LAVIDA continúa haciendo labores de información. Entre los diferentes sectores productivos continúan las reuniones para prevenir nuevos proyectos extractivos o de otra índole que atenten contra el territorio. Por su parte, el Gobierno veracruzano mantiene aún concesiones equivalentes a 243.000 hectáreas (3,36 % del territorio estatal) para prospección y exploración mineras.

«Tenemos que aprender a decir no. Aunque el proceso es largo, el mayor esfuerzo es decirle al Gobierno federal que esas concesiones las tiene que cancelar […], no le traen ningún bien a Veracruz», concluye Ascención Sánchez Vázquez antes de llevarnos a recorrer las mejores vistas de las lagunas y las playas de esta región.

Fuente:https://actualidad.rt.com/actualidad/256188-proyectos-mineros-veracruz-oposicion-comunidades