Panamá

Prohíben la minería a cielo abierto en áreas protegidas de Panamá

Autor: Radio Temblor

El lunes 3 de abril en la en la última sesión de la Comisión Codificadora de Ambiente, se aprobó la propuesta de ley que prohíbe la minería industrial en áreas protegidas, zonas de amortiguamiento y fuentes hídricas.

Posteriormente, el texto único del código será presentado a la Asamblea Nacional para que el proyecto de ley sea discutido en primer, segundo y tercer debate.

Las leyes que serán retomadas están la de vida silvestre, ley forestal, de incentivos forestales, los temas de las faltas administrativas ambientales, leyes que crean áreas protegidas, estudios de impacto ambiental y otras.

Fuente:http://www.radiotemblor.org/prohiben-la-mineria-a-cielo-abierto-en-areas-protegidas-de-panama/

Chile

Flamenco y minería: Porqué las Comunidades se oponen a ampliación de Mantos Copper

Autor: Equipo Relaves
Conflicto Relacionado: Bahía deChañaral - Codelco

El pasado martes 14 de marzo, la Dirección Regional del SEA (Servicio de Evaluación Ambiental) de la región de Atacama, invitó a la comunidad a participar del proceso de “Participación Ciudadana” sobre el “proyecto de desarrollo de Mantoverde” (Mantos Copper) y su Estudio de Impacto Ambiental que está en evaluación.

El proyecto de ampliación busca prolongar la vida útil del proyecto minero hasta el año 2037 (20 años más), lo que significaría un aumento en la explotación de minerales que alcanzaría 76 mil toneladas de cobre fino y 28 mil onzas de oro al año.

De esta manera, las comunidades invitadas llegaron a la reunión con un claro objetivo: protestar contra esta ampliación. Con pancartas, poleras blancas y listos sus argumentos, pescadores artesanales y juntas de vecinos de la región llegaron a la Municipalidad de Chañaral para entregar su opinión al respecto.

“Queremos a Flamenco Limpio”

La bahía de Flamenco está ubicada al sur de Chañaral, y posee una playa reconocida como uno de los balnearios favoritos de la región. En efecto, es la única playa apta para el baño en la provincia. Por lo mismo, uno de los polos de desarrollo es el TURISMO, que atrae a visitantes al menos 7 meses al año. Se practica pesca y buceo recreativos, además de natación, kayak de mar, surf, windsurf, fotografía y contemplación de flora y fauna.

Nilsa Guzmán, Presidenta de la Junta de Vecinos de Flamenco y que conversó con Relaves.org, cuenta que otros polos son la pesca artesanal y la recolección de ALGAS, “que genera ganancias de al menos 500 millones de pesos al año”, afirma.

A sólo 40 kilómetros al interior de esta maravillosa playa (y que gracias a la corriente de Humboldt, se generan condiciones ideales para asentamientos de pingüinos, nidificación de aves y presencia de una amplia diversidad de especies marina) se encuentra la Quebrada de Guamanga. “Es una reserva de agua con importantes napas subterráneas. Actualmente, la minera está drenando ácidos en estas tierras, lo que ya significa alta contaminación”, explica Nilsa.

Esto, porque la empresa ha funcionado desde hace muchos años dentro de la quebrada, con la explotación de minerales a través de las pilas de lixiviación, proceso de carácter hidrometalúrgico y que consiste en la obtención de cobre desde minerales oxidados, separados a través de la aplicación de una disolución de ácido sulfúrico y agua.

En qué consiste la ampliación

Los vecinos han planteado su preocupación por que el proyecto de ampliación espera construir un TRANQUE DE RELAVES en la Quebrada Guamanga, además de multiplicar a 3 veces el funcionamiento de la Planta Desaladora que ya existe. “Imagínate que nuestro mar aún se mantiene limpio, y es donde se desarrolla la pesca artesanal, los deportes náuticos y la recolección de Algas. Con esta planta desaladora funcionando al triple, tememos que todo esto desaparezca”, relata Nilsa. Por otro lado, siempre está el peligro de un derrame de relaves por distintas causas, que contaminarían irremediablemente la zona, además de drenar metales pesados tóxicos a las tierras donde se instalaría el tranque.

Es así como, tras presentar el proyecto por parte de Mantos Copper con varias interrupciones y acaloradas manifestaciones de los vecinos, se informó que el próximo 8 de abril se realizará, esta vez en Flamenco, una nueva reunión para -según la empresa minera- aclarar las dudas sobre el Estudio de Impacto Ambiental. A la salida de este primer encuentro, Nilsa comentó a la prensa que “me molesta tanta mentira, ya que ellos saben que están contaminando las napas subterráneas. Como Junta de Vecinos presentaremos las observaciones por escrito, y a quienes viven en este balneario, les entregaremos un formato para que también presente sus observaciones”.

Observaciones Ciudadanas

Desde la autoridad medioambiental se informó que los interesados pueden hacer llegar a sus oficinas (ubicadas en Calle Yerbas Buenas 295, Chañaral) todas las inquietudes respecto al desarrollo del proyecto minero, con fecha tope el próximo 24 de mayo, donde se tramitarán las respuestas.

Por otra parte, en abril la diputada Daniella Cicardini visitará la Minera Mantos Copper para ver en terreno cómo funciona y si es real que contaminan drenando ácidos a las napas subterráneas.

Finalmente, es una realidad que este sector, con la actual Planta Desaladora, Pilas de Lixiviación y funcionamiento de Mantos Copper, está tomando un carácter industrial. Y eso es precisamente lo que se quiere frenar desde las comunidades: que se transforme en una zona netamente industrial, porque conocen los impactos y contaminación que generaría.

FUENTE-.http://www.relaves.org/2017/03/17/flamenco-y-mineria-porque-las-comunidades-se-oponen-a-ampliacion-de-mantos-copper/

Bolivia

Ajam frena actividad minera ilegal en Chua Jichupata

Autor: Erbol

La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) junto a la Policía Boliviana intervinieron una actividad minera ilegal en la localidad de Chua Jichupata, provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, donde se explotaba oro de manera clandestina, informó su Director Ejecutivo Nacional, Erik Ariñez Bazán.

Explicó que durante la acción de interdicción se detuvo a Edson L H (40 años) y Alex L P (17 años), quienes fueron conducidos ante a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto, al haberse evidenciado la explotación ilegal de recursos minerales en flagrancia, toda vez que no contaban con la debida autorización para realizar dicha actividad minera.

Según versiones de los denunciantes, ambos sujetos explotaban oro de manera indiscriminada, en ingentes cantidades,  utilizando mercurio y cianuro para realizar la separación del mineral, afectando el medioambiente en esas áreas.

El Director Ejecutivo de la AJAM dijo que la institución lucha contra este flagelo que representa una amenaza a la seguridad y al desarrollo sostenible del país.

 

Fuente:http://www.erbol.com.bo/noticia/economia/01042017/ajam_frena_actividad_minera_ilegal_en_chua_jichupata

Bolivia

¿Se encoge el negocio del litio, sobre todo para Potosí?

Autor: Rolando Carvajal

La ley que crea la empresa de Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB) es “saqueadora” para Potosí, por las bajas regalías, 1.8 %, que otorgará al departamento, según el diputado Gonzalo Barrientos, de la opositora Unidad Demócrata (UD), sobre un negocio que prometía miles de millones de dólares pero que al final puede quedar reducido a unos iniciales 285 MM/$us al año, un poco más que la exportación de aceite crudo de soya (254 MM/$us al 2016)

La actual regalía aplicada al litio y sus derivados, según la nueva ley minera, señala una alícuota de 3 % sobre el valor bruto de venta, que va en su mayor parte a la Gobernación regional (85 %) y en 15 % a los municipios productores, de manera que el monto que percibirían los potosinos no rebasaría los 9 MM/$us en el primer año, con base en la actual cotización y perspectivas exportadoras.

La legislación que crea YLB es “un insulto para el pueblo potosino” dijo el parlamentario de una de las regiones más adversas a las políticas del actual régimen del presidente Evo Morales, que afrontó dos prolongados paros cívicos, de 19 en 2010  y 27 días en 2015, en demanda popular por mayores beneficios de la bonanza estatal asentada en la renta hidrocarburífera y los precios de minerales, que, sin embargo, ha desembocado en  la desaceleración actual de la economía.

Según Barrientos, la ley fijaría que sólo el 1.8 % de regalías sea para Potosí, lo que lleva a que los mayores beneficiados sean el Gobierno central y las transnacionales, dijo el diputado a la cadena Erbol.

Una propuesta de distribución de las utilidades considerada en 2014 establecía que hasta el 55 % de las ganancias serían retenidas por el Estado y un 45 % remitido a la región productora, pero se desconocía si sería tomada en cuenta tras la nueva ley de minería y metalurgia sancionada también en 2014

El periódico El Potosí, reportó este fin de semana que cuando la ciudad recordaba este sábado 472 años de fundación,  oficialistas y opositores debatían sobre los proyectos de una fábrica de cemento y la industrialización del litio del Salar de Uyuni.

Atribuyó a Barrientos, la insistencia que el proyecto del litio dejará magros beneficios y que en aplicación de la Ley Minera se podría asignar solamente el 1,8 por ciento de los beneficios del «oro gris» a Potosí.

El jefe de bancada delMovimiento Al Socialismo (MAS, en el gobierno desde 2006), David Ramos, destacó que la sede del proyecto de litio será Potosí en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 371 de la CPE, lo que fue desmentido por Barrientos.

El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Jhonny Llally, lamentó la aprobación de la ley que crea la empresa del litio porque, reiteró, no reconoce el hecho de que el litio se encuentra en ese Departamento.

La nueva empresa tiene el objetivo de completar la cadena productiva de la industrialización de litio en el país y sustituirá a la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE) que se encontraba a cargo de la Corporación Minera de Bolivia(Comibol).

El ministro de Energías, Rafael Alarcón, indicó que la nueva empresa estatal arrancará con  inversión garantizada de 700 millones de dólares, en crédito financiado por el Banco Central, que correspondía a la ex GNRE.El gobierno espera certificar hasta fin de año con una firma internacional  las reservas de litio que posee el país, había anunciado el ministro  Alarcón en febrero pasado.

INGRESOS Y UTILIDADES

Los recursos bolivianos de litio están principalmente en el Salar de Uyuni, una explanada de 10.000 kilómetros cuadrados situada a 3.700 metros sobre el nivel del mar, considerado el mayor desierto de sal continuo y alto del mundo.

En 2011 el Gobierno indicó que en esa zona hay unas 100 millones de toneladas de litio, aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos estimó nueve millones.

Hace una semana el ex gerente de la GNRE y actual viceministro de Tecnología Energética, Luis Alberto Echazú, dijo que el 5 % de toda su extensión cuenta con suficiente cantidad para ser explotada durante 100 años.

Según el viceministro,para la industrialización se evalúa dos diseños de consorcios extranjeros, bajo la modalidad de “contratos de asociación”. También el ministro Alarcón dijo que el viceministro alemán de Infraestructura Digital, Rainer Bomba, expresó el interés oficial de su país de participar como socio en la industrialización del litio.

El gobierno boliviano, que desde su planta experimental exportó el año pasado  las primeras 10 toneladas de carbonato de litio al mercado chino, por valor de unos 70 mil dólares, ha decidido encarar por su cuenta todo el proyecto del litio.

Tras el desfile de franceses, japoneses, coreanos y otros ejecutivos de diversos países, rechaza tener socios extranjeros para esa industria si es que, entre otras condiciones, no ofrecen la instalación de plantas de producción de baterías para coches eléctricos en el desierto de sal de Uyuni, con el fin de industrializar esas reservas

Para el desarrollo de la industria del litio, se prevé una inversión de 617 millones de dólares hasta 2018. Otros 115 millones fueron ya invertidos hasta 2014. El total previsto para las tres etapas bordea los 900 millones de dólares, incluida la fabricación de baterías, que supone unos 400 MM/$us, según la Memoria 2012 de la ex GNRE.

Pero analistas del sector, como Juan Carlos Zuleta estiman que por su trayectoria extractivista el gobierno sólo está interesado en el litio no en los acumuladores de energía, cuyos primeros ejemplares fueron desarrollados con todos los componentes importados de otros países.

Previno en 2014 Zuleta que “el tiempo se acaba para el país: si no logra corregir de inmediato su estrategia para asegurar su introducción en el mercado del litio mundial los altos y/o inestables precios del litio podrían establecer un mecanismo pernicioso que desaliente un mayor desarrollo tecnológico de las baterías de litio y conduzca al mundo hacia la utilización de sustitutos”, aunque  aclaró que “nuestro país es el único lugar de la Tierra  que con precios relativamente bajos y estables podría garantizar el inicio y la consolidación del sexto paradigma tecno-económico con el litio como su factor clave”.

Los cálculos oficiales al 2018 son vender el carbonato de litio a un precio de siete mil dólares la tonelada —por 30 mil toneladas métricas (TM) estimadas se obtendría unos 210 millones de dólares en ingresos, no utilidades— mientras que la misma cantidad del tipo cátodo la exportaría eventualmente en unos 17 mil dólares (500 MM/$us en ingresos) y de una calidad más alta, a 22 mil, si es que se producen. La exportación de 350.000 TM de potasio generaría otros 75 MM/$us, afirmó por su parte Zuleta.

El salar de Uyuni cuenta además con importantes cantidades de boro y magnesio, aunque los mayores recursos corresponden al potasio incluso más que al litio.
En 2014, se previó que a venta de 30.000 toneladas al año de carbonato de litio y 700.000  de cloruro de potasio podría suponer un ingreso bruto de 430 MM/$us, según un estudio multidisciplinario publicado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Agrario y Laboral (CEDLA)

Descontados los costos, el excedente aproximado sería 200 MM/$Us, según la propuesta entonces vigente:cerca de 45 % para los potosinos, es decir, unos 90 MM/$us, aunque las expectativas habrían bajado sustancialmente, según el diputado Barrientos representante potosino en la Asamblea Plurinacional.

En la publicación, Pablo Poveda del CEDLA, estimó por ventas anuales de 395 MM/$us en la segunda etapa, industrial, una ganancia anual de 194 MM/$us, correspondiendo el 30% a los municipios de Colcha K, Uyuni y Llica (58.2  MM/$us) además de 19.7 MM/$us por regalías del 5% del valor bruto de ventas, a semejanza de las aplicadas entonces al boro/ulexita. Sin embargo, con la nueva ley y la alícuota vigente, las expectativas cayeron estrepitosamente pues, con esas cifras, la regalía para gobernación y municipios no pasaría de los 12 MM/$us.

Fuente:http://www.erbol.com.bo/noticia/economia/03042017/se_encoge_el_negocio_del_litio_sobre_todo_para_potosi

Ecuador

Exploración minera se amplía en Imbabura

Autor: Washington Benalcázar, Editor Sierra Norte
Conflicto Relacionado: Intag

Imbabura emerge como una de las nuevas zonas de interés minero metálico del país. En la provincia, cinco áreas se han otorgado en concesión, otras cinco están inscritas y 33 están en trámite. Las cifras son del Ministerio de Minería. Los títulos habilitantes para personas o empresas interesadas en la exploración minera se asignan mediante dos modalidades: la primera es la entrega directa, como ha sucedido con la Empresa Nacional Minera del Ecuador (Enami), en la zona de Cotacachi. Ahí, la Enami -en alianza con la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco)- desarrolla el proyecto Llurimagua, en el valle de Íntag. Se estima que en la zona hay cobre y molibdeno. La otra modalidad es mediante subasta y remate. Según Santiago Chamorro, subsecretario regional de Minería, a cargo de las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Napo, Orellana, Pichincha y Sucumbíos, la idea es que las empresas presenten propuestas y se escoja a la mejor oferta.

La presencia de yacimientos de metales en la cordillera occidental de la Sierra Norte ha generado interés de varias empresas, nacionales y extranjeras. Sin embargo, esa dinámica también ha provocado reacciones de los habitantes se las comunidades asentadas en los sitios de influencia. El martes pasado, las autoridades del Municipio de Cotacachi y moradores del valle de Íntag hicieron público su malestar por las 94 473 hectáreas entregadas en concesión, inscritas o en trámite. Según José Cueva, director de Planificación del Cabildo, se están entregando títulos mineros sin consultar a la población y sin informar a las autoridades locales. “Estamos hablando del 90% del territorio de Íntag, que sería entregado a empresas multinacionales”. Pero lo que más les preocupa es que, con ello, se esté facultando el trabajo en áreas que incluyen bosques protectores como Los Cedros y El Chontal, y sitios poblados como la comuna Brilla Sol, en la parroquia García Moreno.

Roberto Saavedra, presidente de Magdalena Alto, teme que proyectos como Magdalena 1 y Magdalena 2, otorgados a la Enami, afecten al bosque Los Cedros. Asegura que es un área natural que las 400 familias de su comunidad han protegido porque ahí nacen los ríos que les abastecen de agua. Dice que esta zona subtropical aún se pueden ver especies como el oso de anteojos, el puma, el mono araña, etc. A Édgar Erazo, presidente de la comunidad Brilla Sol, le inquieta que los 150 habitantes del centro poblado puedan ser reubicados en algún momento, pues no tienen títulos de propiedad. Lo único que han logrado legalizar es la tenencia de 42 fincas, asegura. Chamorro señala que la socialización es un requisito obligatorio para el concesionario y es parte del proceso de solicitud de licencia ambiental ante el Ministerio del ramo. “Sin eso no pueden operar”. También explica que la actividad minera comienza con una fase de exploración inicial, que puede durar cuatro años. Esto incluye la recolección de muestras subterráneas de rocas. Si los resultados son los esperados, se puede solicitar un nuevo título para hacer exploración avanzada, que puede durar cuatro años más.
Luego se realiza una evaluación económica del yacimiento. Eso dura dos años. Estas fases no son invasivas con el medioambiente, dijo Chamorro. Demandan la apertura de senderos y la colocación de plataformas en puntos específicos, para no afectar todo el bosque. Es decir, luego de una década se sabe si es factible o no la explotación. Finalmente, se determina si la explotación será a cielo abierto o subterránea, según del yacimiento. Por ahora la actividad minera en la provincia está en exploración. Proyectos como Cascabel, que impulsa la empresa Ensa, subsidiaria de la australiana SolGold, generan expectativas entre comunidades. La firma explora 4 979 hectáreas situadas entre las parroquias de Lita y La Carolina, en el noroccidente de Ibarra. De 150 funcionarios 100 son obreros de las comunidades vecinas que trabajan como mano de obra no calificada. De ellos, 45 son de la comuna Santa Cecilia, que está ubicada dentro del proyecto Cascabel.
La comunidad tiene 250 habitantes. José Tobar, presidente de la localidad, contó que algunos comuneros venden a la minera frutas y verduras que producen y otros alquilan acémilas, a USD 12 el día, para movilizar las cargas. Ensa, que ingresó en el 2011, se encuentra en exploración avanzada. Santiago Vaca, jefe del proyecto Cascabel, señala que hay claros indicios de que en la zona hay un gran potencial de cobre y oro. Indicó que se han realizado perforaciones de hasta 2 216 metros utilizando taladros, las cuales constituyen las más profundas que se han realizado en el país. Cascabel ha llamado la atención de grandes mineras del mundo, que han llegado para conocer el proyecto.

Fuente:http://www.elcomercio.com/actualidad/exploracion-mineria-imbabura-ecuador-economia.html

Bolivia

UMSS conmina al Cedib a desalojar sede en 2 días

Autor: Los Tiempos

El rectorado de la Universidad Mayor de San Simón dio 48 horas para que el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) desaloje los ambientes  del CESU, para trasladar a ese predio el Instituto Confucio que enseña el idioma Chino Mandarín.

Según ANF: “El Cedib denunció que el rector de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Juan Ríos, amenaza con acciones de hecho y desalojo con el auxilio de la fuerza pública”.

La medida pone en riesgo más de 10 millones de registros en base de datos, 60 mil títulos, 70 mil carpetas y casi 8 millones de noticias acumuladas en la hemeroteca desde los años 70, por lo que fue catalogada como patrimonio Documental de Cochabamba.

El secretario general de la UMSS, Néstor Guzmán, informó que todo se debe al recorte presupuestario y la falta de infraestructura. “El Cedib está ocupando dependencias universitarias que se requieren para muchos propósitos, en particular, el Instituto Confucio, por eso se ha hecho la solicitud, se ha dado el plazo de 48 horas; las instancias que corresponden determinarán su desalojo”, dijo.

Según el Cedib, las autoridades universitarias pretenden desconocer de manera unilateral un convenio interinstitucional firmado en 1993 y ratificado en 2002, por el cual el Cedib le brindaba a la universidad y al CESU servicios de información y capacitación por 600 dólares al mes.

Sin embargo, la universidad argumenta que el convenio venció el año 2007 y no está vigente hace 10 años. En su anterior gestión, el rector Juan Ríos ordenó el desalojo de ambientes y hoy el  tema vuelve a cobrar vigencia con más fuerza. “No tienen ninguna relación con la universidad, utilizan los ambientes sin pagar alquiler, no puede ser que se quieran perpetuar; ellos no quieren entregar el ambiente”, dijo la asesora legal del rectorado, Magdalena Fernández.

El viernes 21 de marzo, la universidad envió al Cedib la primera carta notariada exigiendo el desalojo, la segunda carta conminatoria fue entregada ayer viernes 31 de marzo y en ella el rector advierte que se tomarán acciones de hecho para la desocupación. Los representantes del centro piden disolver el convenio en la vía legal, además, piden un año y medio para trasladar toda la documentación a otro ambiente adecuado por su alto valor histórico. Ayer, varias instituciones fueron invitadas a conformar un comité de defensa.

CEDIB, 25 AÑOS DE TRABAJO POR EL PATRIMONIO DOCUMENTAL

El Centro de Documentación e Información  Bolivia (Cedib) trabaja casi 25 años en Cochabamba en las instalaciones universitarias del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la UMSS.

Los ambientes pertenecían al ex Banco Agrícola y fueron donados por el Gobierno a la UMSS para que promueva la investigación y cursos de posgrado.

Mediante un convenio de interinstitucional, en 1993, la universidad entregó parte de los ambientes al Cedib a cambio de servicios de información, documentación y capacitación. El convenio tenía carácter indefinido.

En 2002, el convenio fue ratificado con una cláusula para que se revise cada cinco años. El año 2007, en su primera gestión como rector, Juan Ríos pidió por primera vez que el Cedib desaloje los ambientes. En marzo de este año, retomó el pedido bajo carta notariada conminatoria.

El Cedib es una de las organizaciones no gubernamentales que denuncia el extractivismo y observó la Ley 3155 de Personerías Jurídicas que obliga a las instituciones a apoyar las políticas sectoriales del país.

Fuente:http://www.lostiempos.com/actualidad/local/20170401/umss-conmina-al-cedib-desalojar-sede-2-dias

Latinoamerica

La minería y los eventos «naturales» extremos

Autor: Jose de Echave.

Hace algo más de una década, como consecuencia de un desastre ambiental en una mina en Brasil, las empresas mineras iniciaron una reflexión sobre los graves perjuicios que podrían provocar eventos climáticos extremos en sus procesos productivos. En el caso mencionado, las lluvias torrenciales provocaron la rotura de un dique de contención de desechos mineros, generando un daño ambiental de magnitud en el Estado de Río de Janeiro y el colapso de las operaciones. Este tipo de evaluación comenzó a formar parte de la agenda de reflexión del Consejo Internacional de Minería y Metales.

Lo cierto es que en algunas operaciones mineras la situación sigue siendo preocupante y las catástrofes por desbordes se han repetido. Por ejemplo, en noviembre de 2015, en el propio Brasil ocurrió uno de los peores desastres ambientales mineros de la historia reciente, como consecuencia de la ruptura de un dique de la minera Samarco (BHP Billiton-Vale), que contenía 62 millones de metros cúbicos de residuos de arsénico, cadmio, plomo, cromo, mercurio, etc. El hecho ocurrió en el municipio de Mariana en Minas Gerais y el saldo fue de 19 personas fallecidas y millares de afectados, el suministro de agua potable para 250 mil personas fue cortado por la cantidad de barro y la presencia de metales. El lodo, luego de recorrer 650 kilómetros, incluso llegó al Atlántico.

En el Perú también se han vivido situaciones complicadas, que además se pueden proyectar como tremendamente riesgosas por las características de ser un país sísmico y donde se presentan regularmente fenómenos extremos, que todo indica serán cada vez más frecuentes, agudos y variados.

Por ejemplo, el junio de 2010 colapsó el dique de relaves de la empresa minera Caudalosa Chica en Angaraes (Huancavelica) y los desechos afectaron el río Escalera, afectando además varios afluentes. Esta empresa había construido el dique sobre una planta relavera sin la autorización correspondiente y la estructura simplemente colapsó, originando una catástrofe en la zona.

Otra afectación por el derrame de 15 mil metros cúbicos de un relave minero de la empresa Shila, se produjo en marzo 2016, en la provincia de Caylloma, Arequipa, contaminando afluentes del río Colca, como consecuencia de la ruptura de una geomembrana. La empresa Buenaventura adujo un tema de sabotaje provocado por los mineros informales de la zona.

Quizás, uno de los casos más preocupantes, que simboliza por un lado la desidia de las autoridades y por otro la irresponsabilidad de una empresa minera, es el de la relavera de Tamboraque, que se ubica en la cuenca alta del río Rímac, en el distrito de San Mateo de Huanchor, provincia de Huarochirí (apenas a 93 kilómetros de la ciudad de Lima). Son cerca de 630 mil toneladas de residuos tóxicos que concentra la planta de relaves de Tamboraque, a pocos metros del río Rímac, que como se sabe es la principal fuente de abastecimiento de agua para la ciudad de Lima.

Pese a que instituciones como Defensa Civil, Sedapal, el Ministerio de Energía y Minas, el Gobierno Regional de Lima, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, han planteado desde hace varios años la clausura inmediata de esta cancha de relaves y su reubicación a una zona segura, la empresa viene postergando su reubicación y este año ha pedido una nueva ampliación. En una zona donde se presentan regularmente lluvias torrenciales y continuos deslizamientos, los riesgos se incrementan y un colapso de la relavera sobre el río, dejaría a la ciudad de Lima sin agua por tiempo indeterminado. Además, no hay que dejar de considerar los riesgos que representa estar en una sísmica.

Otro caso que no puede dejar de mencionarse es el de las operaciones de la minería informal y abiertamente ilegal, que se desarrollan en varias regiones del país. En muchas de las zonas castigadas por el denominado «Niño Costero» se ubica una extensiva actividad de mineros ilegales: varias provincias de La Libertad, el distrito de Suyo, en Ayabaca y Las Lomas en Piura, Canta y Huarochirí en Lima, Caylloma y Caravelí en Arequipa, son solo algunos ejemplos de zonas en riesgo que deben ser evaluadas por el tipo de labores, el uso de mercurio y otras sustancias altamente tóxicas.

Lo cierto es que frente a los riesgos en temas de infraestructura, transporte y comunicaciones, impactos de lluvias torrenciales en algunas regiones y otros fenómenos, la llegada del «Niño Costero» pone en la agenda la reflexión sobre cómo el país debería desarrollar prevención y políticas de adaptación a este tipo de eventos climáticos extremos. Entre las distintas alternativas e instrumentos ocupan un lugar principal los planes de ordenamiento territorial por su enfoque preventivo, instrumentos financieros adecuados, planes de contingencia, restauración de servicios y planes de reconstrucción que deben considerar como premisa central el tema de la adaptación.

El tema de adaptación también involucra a los diferentes procesos productivos, entre ellos, los mineros. No debemos olvidar que en el Perú se presentan siete de las nueve características que aumentan la vulnerabilidad ante el cambio climático: zonas costeras bajas; zonas áridas o semiáridas; zonas expuestas a inundaciones; sequías y desertificación; ecosistemas montañosos frágiles; zonas propensas a desastres y; zonas urbanas con alta contaminación atmosférica.

Lo que se está viviendo en varias regiones del país, debería ser una clarinada de alerta: si no se implementan políticas de adaptación en serio y a fondo, los impactos serán cada vez más significativos. Si se quiere ver el lado económico, cálculos hechos para el Banco Central de Reserva del Perú proyectan pérdidas asociadas al cambio climático del orden del 6.3% del PBI al 2030 y de más del 20% al 2050.

Debemos reaccionar e iniciar procesos de transición con planes y estrategias que dejen de ser ambiguas, sin metas concretas ni plazos definidos y sin indicadores verificables. Es inaceptable que se pretenda seguir actuando como si la economía y el país se moviese al margen de este tipo de eventos climáticos que ya han tocado la puerta y han ingresado a nuestra realidad.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/706-la-mineria-y-los-eventos-naturales-extremos

Colombia

Colombia dice NO a la minería

Autor: Movimiento 4
Conflicto Relacionado: La Colosa

La población de Cajamarca en Colombia, lleva varios años expresando a viva voz que no quiere minería en su territorio.

Sin embargo la consulta popular pudo realizarse apenas este 26 de marzo de 2017:

Este ha sido un proceso donde hasta la pregunta ha generado debate. A mediados del diciembre del año pasado fue declarada inconstitucional por el Consejo de Estado, al considerar que “carecía de neutralidad y lesiona la libertad del votante”, por lo que la devolvió al Tribunal Administrativo del Tolima que, finalmente, la modificó y quedó así: “¿Está usted de acuerdo Sí o No que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?”

Esta fue la pregunta que las y los cajamarcunos respondieron con un “abrumador descontentos”: de 6.241 votos, 97,2% dijo NO querer minería en su territorio mientras tanto solo el 1,21% del escrutinio, es decir 76 personas dijeron que Sí.

Al decir de El Colombiano «La principal afectada será la empresa Anglo Gold Ashanti, que estaba a cargo del proyecto aurífero La Colosa, uno de los más grandes del país y del mundo, con reservas estimadas en 28 millones de onzas de oro.» Esperamos que la empresa acate la decisión de la población y retire un proyecto que quiso ser impuesto por la fuerza desde el inicio.

Desde el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4- celebramos este triunfo de las resistencias minera y nos sumamos a la celebración por la defensa de la Cordillera Central de Colombia.

Finalmente compartimos la crónica de Colombia Plural en la que nos cuentan cómo ha sido “el ambiente en el día de la crucial votación sobre el proyecto minero de La Colosa, en el Tolima. El país sigue un proceso lleno de trabas que marca el futuro del extractivismo. El No ha ganado.”

Fuente:http://movimientom4.org/2017/03/revista-de-prensa-12-colombia-dice-no-a-la-mineria/

Panamá

Panamá: Extractivismo minero y corrupción

Autor: Olmedo Carrasquilla
Conflicto Relacionado: Petaquilla

La realidad panameña ante el modelo extractivo minero en el 2016, se enmarca en la corrupción y evidente continuidad del Gobierno Nacional, de ceder concesiones mineras en todo el territorio. Luego de la asunción por parte del presidente Juan Carlos Varela, se emprendió los esfuerzos para determinar los procedimientos para una reforma al Código Minero que data de 1968, sin embargo, el conflicto de intereses, manifestado por la clase empresarial – minera y la supuesta voluntad oficialista, empantanó los esfuerzo de las organizaciones ecológicas y comunitaria rural por actualizar las leyes que otorgan operaciones para los proyectos mineros, como una estrategia para una moratoria que fulminará el fin de este modelo de desarrollo.

A la deriva queda el país, sin una regulación, a merced de las empresas concesionarias, para que haga y deshaga todo lo que no esté estipulado legalmente, vulnerando el estado de derecho y posterior las normas en materia de derechos humanos y ambiente. Máxime, la funcionalidad de las instituciones con competencia en materia de comercio e industria, como de ambiente, que su misión y visión sobre la cuestión ambiental global, ha quedado rezagada o carente de programas de formación científica y socioambiental.

Panamá, como expresamos en distintos espacios de comunicación, se ha vendido como un paraíso de prosperidad y auge financiero, pero esta falacia a quedado a descubierto por los grandes intereses de políticos y empresarios que se turnan el poder para garantizar las acciones y comercio, como es el caso de las actividades extractivas. En donde los Panamá Papers muestran las figuras involucradas en la corrupción proveniente de las operaciones ilícitas para favorecer consorcios y accionistas. La minería no escapa de este eslabón, y para garantizar esta usurpación de los bienes comunes, elevaron la actividad minera como inyector determinante para el Producto Interno Bruto del País.

Uno de los casos muy visualizado, es el fracaso del proyecto Petaquilla Gold, ubicado en el Distrito de Donoso, provincia de Colón, cuyo mayor acciones es el empresario Richard Fifer, que violó los derechos laborales de miles de trabajadores, y extrajo para sus cuentas bancarias las ganancias que generó las exportaciones de oro. Igualmente en un observatorio que se realiza en esta zona, comprobamos también el modus operandi como el proyecto extractivo de cobre Minera Panamá, vulnera a los trabajadores panameños, desmotando sus derechos, para luego ceder esas plazas de trabajo a extranjeros sin la calidad de prestaciones laborales.

A lo expuesto, le incorporamos una serie de violaciones de derechos humanos y ambientales, en donde la calidad de vida ha quedado en segundo plano para las comunidades campesinas e indígenas, ya que sus ríos, sus tierras y aire, son contaminados y aniquilados por la fuerza industrial canadiense y criolla. Una caso preciso es la violación a los convenios para el manejo del Corredor Biológico Mesoamericano, que ha sufrido una tortura legal por parte de las altas jerarquía de la justicia panameña, para que las empresas minera en dicha zona de Coclesito, operen sin medir los grandes efectos negativos a futuro.

A ese ritmo, justifican con sus ganancias, pero que a su vez limpian su rostro mercantil, promoviendo actividades sociales y programas de compensación por pérdida de biodiversidad, ante la devastación que generaron. Y en el marco de la ciudadanía y su bienestar, los campesinos se han visto engañados por las promesas y proyectos sociales fracasados, que al descalificar la cultura y progreso de vida tradicional, han optado como esperanza continuar su arado con las pocas tierras que poseen. Ya que las empresa mineras, a través de un programa de compra venta, se benefició de las tierras que eran trabajados por las comunidades.

A esa contaminación, violación fragante y muerte, el Estado incumple con el ejercicio de los derechos humanos, en la protección y propio avance autónomo que las comunidades desean. Aún desconocemos las sanciones y reparo por los daños vertido por la empresa Petaquilla Gold.

En el 2016, otro de los casos que pone en alerta a las comunidades del interior del país, es la puesta en marcha del proyecto minero Cerro Quema. De la Empresa Minera Cerro Quema, subsidiaria de la minera canadiense Pershimco Resources, ubicado en el Distrito de Tonos, provincia de Los Santos. Que se encuentra en su etapa final como es el Estudio de Impacto Ambiental EIA categoría III.

Pero una singular situación esta en boga de la opinión pública como de científicos y ambientalistas, es que la provincia de Los Santos, perteneciente a la Península de Azuero, sufre fuertemente los impactos del cambio climático, vulnerando sus afluentes y ríos para la vida productiva agrícola y consumo de agua potable para los ciudadanos. Que por décadas ha sucumbido por deforestación y mal manejo territorial, y que actualmente, el inicio de las operaciones de este proyecto extractivo producirá una grave crisis ambiental. Ya que la actividad extractiva consume cantidades de agua y territorio, lo que sus áreas adyacentes, sufrieran y posterior se generaliza una sequía y contaminación.

Dos muestras de la situación minera en Panamá son evidentes, y que si tomamos los actuales proyectos aprobados por el Ministerio de Comercio e Industrias que son 16 contratos, el estado estará obligado a buscar pronto solución ante la crisis ambiental que produce estos proyectos extractivos mineros.

También es importante exponer, el aumento de la criminalización de la protesta social o defensores de los derechos humanos. Casos como: persecución a los moradores de isla Pedro González por oponerse a una megaobra de turismo inmobiliario del millonario grupo Eleta, la demanda millonaria de la hidroeléctrica Los Estrechos a Larissa Duarte del Movimiento Campesino por la Defensa del Río Cobre MOCAMDERCO, la amenaza a la periodista y defensora de la Laguna de Matusaragati de Darién,  Ligia Arreaga, los Vecinos de Coco del Mar que se oponen a construcciones que incumplen los estudios de impacto ambiental en la ciudad de Panamá, la detención absurda al catedrático de la Universidad de Panamá, Evidelio Adames, y otros, son algunos, en que los inversores de la crisis ambiental apuntan.

A lo anterior, se le suma la querella penal a los defensores de los Derechos Humanos y Ambientales del río Tabasará: Clementina Pérez, Toribio García, Carmencita Tedman, Oscar Sogandares y Manolo Miranda. Demandados por supuesta inviolabilidad de propiedad de la empresa Generadora del Istmo GENISA que construye la represa Barro Blanco.

Por ende, esta criminalización a campesinos y activistas, las futuras víctimas pueden ser las comunidades rurales, que se opongan al modelo extractivo minero. Y que para restar dicha imposición, el movimiento socioambiental en reiterada veces ha dicho que un mejor modelo de vida basada en la agroecología nacional, la cual promueve un equilibrio con la biodiversidad y la cultura responsable de consumo.

Y el extractivismo, tentáculo del capitalismo, genera ganancia pero solo para quienes portan el poder financiero, y no así para el poder colectivo que es decir el bienestar para la salud, cultura, ambiente y felicidad.

Fuente:http://movimientom4.org/2017/03/panama-extractivismo-minero-y-corrupcion/

Nicaragua

Minería y desarrollo: Perspectivas desde la Sociedad Civil

Autor: Centro Humboldt

El Foro “Minería y desarrollo: perspectivas desde la Sociedad Civil” ha sido un momento de debate entre diferentes actores, a pesar de la ausencia de representantes de la minería industrial que fueron invitados, como: Cámara Minera de Nicaragua y HEMCO, S.A.

En el primer panel denominado “El aporte económico de la minería metálica en Nicaragua: una perspectiva nacional y local”, se encontraban los expositrores Eduardo Camilo Pacheco de Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), y Néstor Avendaño de Consultores para el Desarrollo Empresarial S.A.

“El sector minero es sumamente diferente a otro tipo de rubros porque tiene un entramado de artículos y beneficios legales que merman su carga tributaria”, explica María Félix Estrada del Instituto Nicaragüense de Investigaciones y Estudios Tributarios (INIET), en el tema “El régimen fiscal de la minería: ¿paga la gran minería los impuestos que debe pagar?”.

“La desinformación incrementa el posicionamiento de las empresas mineras. Las alcaldías se limitan a dar respuestas básicas”, expresa Heizel Torrez de Centro Humboldt, sobre “Distribución de la renta minera en los municipios: retos y desafíos”. Este panel también contó con la participación de Gloria Carrión de Fundación Nicaragüense para el Desafío Económico y Global (FIDEG) y Boanerges Luna, Coordinador del Movimiento Salvemos Santo Domingo.

El último panel, se refirió a “Los conflictos sociales y ambientales de la minería en Nicaragua: una reseña desde la óptica de los derechos humanos”, donde Carlos Siles del Movimiento Guardianes de Yahoska, dijo: “Nosotros en Rancho Grande no queremos ni minería industrial ni artesanal, porque en escala mayor o menor contamina”.

“La gente está buscando adaptarse a las nuevas condiciones, pero realmente no tenemos previsto qué es lo que se va a hacer y cuáles son las actividades económicas que estarán presentes una vez que esas minas se vayan”, expresó Víctor Campos de Centro Humboldt, respecto a la Postura y declaratoria de la sociedad civil y organizaciones sociales sobre el modelo minero nicaragüense.

Este Foro se realizó para presentar al público el estudio «La minería industrial en Nicaragua: una mirada desde la óptica fiscal», realizado por Centro Humboldt y el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (ieepp).

Fuente:http://www.humboldt.org.ni/node/1803