La Contraloría General ha ordenado un sumario a SERNAGEOMIN por irregularidades en cierres de faenas, ya que detectaron que en más de 50 casos se entregaron plazos mayores para poner a su disposición la garantía de cierre.

El órgano detectó que en 57 casos se entregaron plazos mayores para poner a su disposición la garantía de cierre. Desde el servicio indicaron que el sumario ya fue instruido.

El inicio de un sumario interno solicitó Contraloría al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) para establecer las eventuales responsabilidades administrativas por las irregularidades detectadas en el proceso de valorización de planes de cierre de proyectos mineros.

Lo anterior se deriva del Informe de Investigación Especial emitido por la Contraloría a fines de diciembre, donde se detectó que en 57 de las 72 aprobaciones de las valorizaciones de los planes de cierre analizadas, no se cumplió con los plazos fijados para constituir la garantía. De hecho, se otorgaron plazos mayor que el establecido en los artículos 53 de la ley N° 20.551 y 100 de su reglamento.

Según detectó Contraloría, hay casos en que ni siquiera existen tales planes, como es el caso de Mina y Planta Dos Amigos, del titular Compañía Explotadora de Minas y la Planta Pullalli de la empresa Compañía Minera Pullalli. Habiendo transcurrido más de un año desde el rechazo de las valorizaciones de los planes de cierre de las faenas, estas no cuentan con un plan de cierre aprobado por el servicio.

“Lo anterior cobra importancia ante un incumplimiento de las medidas del plan de cierre y/o abandono, dado que la garantía no se encontrará disponible en el servicio y será el Estado quien deba ejecutar el plan de cierre y, por ende, financiar las medidas asociadas”, indica el informe.

Por ello, el órgano estableció que se deberá instruir un sumario administrativo para establecer las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de tales hechos, remitiendo la resolución exenta que inicie dicho proceso y designe al fiscal a este Organismo de Control, en el plazo de 15 días hábiles, contados desde la recepción del informe.

“Sin perjuicio del proceso sumarial ya mencionado, el servicio deberá arbitrar las medidas necesarias a fin de asegurar la correcta aplicación y cumplimiento de la ley N° 20.551 respecto de los 57 casos identificados, en lo que concierne al plazo de disposición del monto total de la garantía del plan de cierre conforme a lo establecido en el artículo 53 de la anotada ley, informando documentadamente sobre las medidas adoptadas al efecto en el citado plazo de 60 días hábiles”, se añade.

Además, pidió subsanar una serie de procedimientos relativos a la aplicación de la misma ley.

Consultado Sernageomin al respecto indicó: “A la fecha el Sumario Administrativo requerido por la Contraloría ha sido instruido, no siendo posible entregar más información al respecto por encontrarse aun en etapa de investigación. En este mismo contexto, el Director Nacional (S) no puede pronunciarse al respecto.”

Antecedentes

La investigación se inició luego de que una persona que solicitó reserva de su identidad denunció irregularidades en este proceso por parte del Sernageomin. Específicamente acusó que en la valorización de los planes de cierre de faenas mineras no se habrían considerado las medidas de cierre establecidas en las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA). Además, acusó que existiría tráfico de información interna, ya que los valores utilizados en la valorización de los planes de cierre de algunos proyectos mineros corresponderían a los mismos definidos en la guía metodológica interna del servicio utilizado en ese proceso.

Respecto al primer punto denunciado, el organismo regulador detectó inconsistencias entre los planes de cierre y la RCA. En el segundo caso no se formularon objeciones, pero se recomendó al servicio agilizar el proceso de aprobación formal de la guía metodológica, “atendido el tiempo transcurrido desde que está en uso sin haber sido sancionada, por razones de transparencia y buena práctica administrativa; así como para dar certeza del procedimiento de valorización a los intervinientes”( Pulso)

Fuente:http://www.relaves.org/2017/03/06/lo-que-faltaba-ahora-el-organismo-que-debe-fiscalizar-relaves-y-cierres-de-faenas-mineras-en-tela-de-juicio/

El primer estudio que muestra cómo está la relación entre las mineras y su entorno evidencia la necesidad de reforzar el diálogo con sus habitantes y la insatisfacción de éstos respecto de las expectativas. El informe, realizado por EY y Valor Minero en Sierra Gorda, también muestra las debilidades del Estado en la solución de los problemas.

El empeño de la minería nacional por fortalecer su acercamiento con las comunidades no está dando los frutos esperados por el sector. Es más, la industria, que es responsable de 7,7% del Producto Interno Bruto y que hace cinco años busca diseñar una buena forma de relacionamiento para impulsar sus proyectos de inversión, aún tiene muchas tareas por hacer para validar sus operaciones ante las poblaciones aledañas a sus instalaciones.

Eso es lo que dejó en evidencia el primer estudio local que muestra de manera empírica la valoración que hacen las comunidades al aporte social del sector minero. El análisis, que se realizó en junio de 2016 en Sierra Gorda, incluyó 133 entrevistas a habitantes y líderes locales. Esta comuna, ubicada en pleno Desierto de Atacama, está fuertemente ligada a la industria del cobre y en su entorno operan cinco empresas mineras y ocho faenas: Spence (BHP Billiton), Sierra Gorda (KGHM), Centinela (Antofagasta Minerals), Lomas Bayas (Glencore) y Gaby (Codelco).

“A partir del estudio realizado es posible concluir que, en general, las comunidades y líderes locales manifiestan una buena percepción de las mineras ubicadas en Sierra Gorda. Sin embargo, de los hallazgos obtenidos en el estudio se desprende que la inversión social de dichas mineras podría ser más pertinente a las necesidades del territorio y ser mejor comunicada, lo que generaría más oportunidades de un diálogo abierto y transparente”, sentencia el estudio “Visión de la comunidad sobre la inversión social de la minería – Caso Sierra Gorda”, realizado por EY (ex Ernst & Young) y presentado a inicios de diciembre del año pasado junto a Alianza Valor Minero (AVM) en una reunión cerrada, que contó con la presencia de ejecutivos de las principales operaciones que están en Chile y cuyos resultados no dejaron de sorprenderlos.

Pero, pese a esa falta de diálogo franco, en el gobierno reconocen el avance en el proceso que desde 2012 viene diseñando la industria extractiva para acercarse a su entorno. “La minería ha pasado por distintas etapas en cuanto a las relaciones con las comunidades, pasando de una relación casi inexistente, a una muy intensa, debido en gran medida a que las comunidades están más empoderadas y activas, y que tienen mucho que decir cuando un proyecto se instala en su zona”, explica el subsecretario de Minería, Erich Schnake.

Diálogo fluido

Hasta ahora, las mineras informan su inversión social en forma descriptiva, sin indicación de desempeño. También señala que las firmas realizan una comunicación corporativa anual dirigida al público en general y pocas comunican a la comunidad de forma específica.

Para AVM, esas conclusiones son vitales para el sector y serán incorporadas dentro del programa de Diálogo Permanente para Grandes Proyectos de Inversión, iniciativa en la que ha estado trabajando el equipo que lidera Álvaro García y con el que se pretende asegurar que el beneficio privado y el social pueden conversar entre sí, “contribuyendo al desarrollo del país”, dice García, quien adelanta que este proyecto será lanzado el martes 10 de enero en Antofagasta, ceremonia a la que asistirán los ministros de Minería y Economía, Aurora Williams y Luis Felipe Céspedes.

Por eso, para el abogado un diálogo fluido y temprano “augura un mayor éxito al instalarse con un proyecto”. Y ahí está el principal problema, pues una de las principales falencias que arroja el informe de EY es que las mineras no recurren a la primera fuente al momento de definir y priorizar la inversión social que esperan realizar.

El estudio evidenció que si bien todas las compañías reconocen como importante relacionarse con las comunidades, solo un tercio de éstas se asegura de considerar las preocupaciones reales de los habitantes de las zonas. De hecho, la mayoría de las veces son las propias compañías quienes deciden el foco de su inversión social.

Entre los temas que preocupan a la comunidad y que ésta considera labor de las compañías mineras, indica el documento, está darle trabajo a la gente de Baquedano y Sierra Gorda (54%), preocuparse de que haya médicos en la posta, ayudar al consultorio para cuidar la salud de la población (19%) y establecer un lugar donde la juventud se pueda entretener (19%), lo que se puede solucionar mediante la entrega de una cancha de patinaje o la instalación de una sala de cine en la zona.

“La definición de la inversión social debería partir de una buena caracterización del problema que se espera abordar, sus causas y efectos. Sin este trabajo, muchas veces nos encontramos con una muy buena solución, pero para otros problemas, con la consecuente frustración de ambas partes”, señala Alejandra Medina, líder de Consultoría en Sostenibilidad de EY Chile.

La recomendación para las compañías, subraya la experta, es conocer de primera fuente las preocupaciones y la visión de futuro que tiene la comunidad. “La identificación y priorización conjunta de los intereses y preocupaciones permitirá mejorar el foco de la inversión social y la relevancia de esta identificación y priorización disminuirá el riesgo de levantar falsas expectativas y le dará legitimidad a la inversión social”, dice.

Para Álvaro García, presidente ejecutivo de Alianza Valor Minero, el problema no es la inexistencia de diálogo con las comunidades, sino que las condiciones en que se está realizando ese acercamiento. “Por lo general, la atención ha estado puesta en la fase misma del diálogo y no en una anterior, que tiene que ver con la generación y habilitación de las condiciones para que este sea efectivo”, indica.

El ex ministro de Estado agrega que el estudio deja en evidencia la falta de “capital social”, condición básica para la efectividad de cualquier proceso de diálogo, dice. “Este estudio viene a confirmar, una vez más, la importancia de contar con procesos de diálogos robustos, que aseguren la representatividad y la habilitación de todos los actores, que se instalen desde las etapas tempranas de los proyectos y cuyo trabajo se oriente al beneficio compartido”, reflexiona.

Para Erich Schnake, avanzar en este punto es uno de los principales desafíos de la industria. A su juicio, “la comunicación tiene que realizarse antes, durante y después de la concreción de los distintos proyectos que impulsará la empresa en la zona”.

Visiones disímiles

Otras de las conclusiones relevantes del estudio es la distinta visión que tienen la comunidad y los dirigentes comunales respecto de las iniciativas de inversión social de las empresas, y en ese ámbito, también se distinguen dificultades en la atribución y/o identificación de quiénes son los desarrolladores de dichos proyectos.

Por ejemplo, el estudio muestra que para los líderes sociales, la principal preocupación que ven en Sierra Gorda es la falta de trabajo (53%) y luego está la contaminación de aire por las operaciones mineras; mientras que para la comunidad, el tema primordial es la contaminación del aire debido a las faenas mineras (69%), seguido de la falta de trabajo y el aumento de la cesantía (63%) y la mala calidad del agua potable (41%).

Esto evidencia, indica García, la necesidad de fortalecer el monitoreo y la evaluación. “Eso es lo que vuelve al diálogo en una conversación permanente. Sin monitoreo y evaluación no hay insumos para un diálogo permanente y sin un diálogo permanente crece la potencialidad de conflicto”, indica.

Para Alejandra Medina, una recomendación en esta materia sería ampliar el alcance del diálogo con la comunidad y tener una retroalimentación permanente con la gente en general y no sólo con los líderes sociales.

En términos de la identificación de las obras, el estudio indica que el desafío para las compañías radica en buscar nuevas estrategias de comunicación con la comunidad, la que debería realizarse antes y después de la ejecución de las iniciativas.

El 22 de marzo cuatro niños del Complejo Educacional Sargento Aldea se desmayaron en medio de un fuerte olor. Quienes estaban ese día en el colegio dicen que era gas, sin embargo, las autoridades aún no logran determinar cuáles son las causas de la crisis de los menores. La emergencia que afectó a diecinueve niños empalma con una discusión que tiene a un grupo transversal de parlamentarios enfrentados a la nueva norma de emisión de azufre, que debería ratificar Bachelet y pone en el centro del debate la inequidad e injusticia con quienes viven en zonas de sacrificio ambiental.

El Complejo Educacional Sargento Aldea, en Ventanas, es grande: tiene 200 metros de largo y 760 alumnos. Por eso es que ni los estudiantes ni el director, Tomás Opazo, pensaron que fuese casual el fuerte olor que el día 22 de marzo empezó a marearlos a todos y que entraba por cada rincón del edificio.

El olor, que ellos describen como emanaciones de gas, se empezó a sentir cerca de las dos de la tarde, pero ya a las tres se tornó insoportable. Un niño se desmayó. A este le siguieron tres desmayos más. Los cuatro alumnos más afectados eran de entre 3° básico y 1° medio.

–Habíamos sentido olores, pero jamás de esta dimensión –cuenta Opazo, quien lleva más de 20 años al frente del colegio y ese día se preocupó de que los niños estuvieran bien.

Aunque cuatro se desmayaron, fueron diecinueve los que llegaron hasta el policlínico con náuseas, vómitos y dolores de cabeza.

Opazo dice que hay claros protocolos de evacuación interna, aunque es obvio que después de esta emergencia deberían tener algunos equipos especiales, como oxígeno y máscaras. Pero ellos no estaban preparados más que con un protocolo de traslado, hacer que los menores entren a las salas de clases y cerrar las ventanas.

La alcaldesa de Puchuncaví, Eliana Olmos, comentó ese día que hasta el colegio llegaron, además, unidades de emergencia y decidieron adelantar la salida de clases de forma preventiva.

Todos quienes debieron enfrentar la emergencia recordaron el caso de la escuela La Greda, en la misma localidad. Una bruma espesa, similar a los gases lacrimógenos, que el 23 de marzo –pero de 2011– entró por esa escuela, afectando especialmente a niños, alarmó a los vecinos que se organizaron para contar cómo la contaminación los estaba aplastando.

Un informe elaborado en octubre de 2011 por la Seremi de Salud y encargado por la Subsecretaría de Educación, revelaba contaminación en todos los colegios de Puchuncaví. El informe detallaba análisis de polvo y suelos y abarcaba a los establecimientos en la zona, comparándolos con La Greda. Entonces, según el ranking de la calidad de los suelos, el primer lugar de los colegios afectados lo ocupaba La Greda. Después seguían La Laguna, Escuela Básica Campiche, Colegio Maitencillo, Escuela Básica La Chocota y Escuela de Pucalán.

Ese mismo documento señalaba que, si se analizaba el ranking de exposición a elementos carcinógenos en cuanto a polvo, los resultados eran alarmantes. Los catorce colegios de la zona estaban expuestos a riesgos, una reacción que, según los especialistas, solo podrá ser visible a largo plazo.

Zona de sacrificio

La bahía de Ventanas fue declarada zona saturada por anhídrido sulfuroso y material particulado el año 1993 y las autoridades comenzaron a hacer seguimientos a su plan de descontaminación.

Un estudio del año 2014 respecto a la zona, elaborado por la Fundación Terram, señaló que, en cuanto a las normas secundarias, se observaba entonces un incumplimiento en la calidad de aire relativo a la presencia de SO2 (dióxido de azufre), material sumamente dañino para la vida humana. “A la fecha los altos índices de SO2 se han mantenido, con un peak de 2.100 microgramos por metro cúbico en mayo de 2012. La autoridad propuso como recomendación, en el Informe de Plan de Seguimiento, mantener las normas de calidad ambiental; sin embargo, no se proponen medidas más de fondo que propendan al cuidado”, indicaba el documento.

Entonces la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, creada con el fin de investigar los episodios de contaminación en el sector de Ventanas señaló en su informe que “la población afectada por la contaminación de Puchuncaví y Quintero ha sido objeto de una discriminación ambiental al soportar cargas ambientales desproporcionadas, siendo deber del Estado y de la sociedad responsabilizarse por décadas de abandono”.

El año 2012 se dictó la norma de emisión de Centrales Termoeléctricas, que impactaba a la zona, pero la impresión de Flavia Liberona, de la Fundación Terram, es que las cosas no han cambiado mucho:

–Efectivamente hay mayores normativas, pero hay poca información disponible con la que pueda constatar que ha disminuido la contaminación en la zona. El 2012 se dictó la norma, sin embargo, todo ese proceso ha sido complejo, porque las empresas deben validar equipos y se ha atrasado. En la Superintendencia de Medio Ambiente no hay información de que haya cumplimiento de la normativa.

De acuerdo a Liberona, por otro lado, está la fundición de Codelco Ventanas. “Contra esta la Superintendencia del Medio Ambiente ha hecho varios procesos condenatorios, pero están en proceso. Han encontrado distintas cosas, pero aún no hay una sanción”, dice, y agrega que, a pesar de las cifras, puede opinar respecto a lo que ha recogido visitando el lugar, al cual la fundación acude frecuentemente. “Las empresas, sobre todo las termoeléctricas, siguen emitiendo humo. Hay olor y la percepción que uno tiene es que no hay cambio. Al principio de este Gobierno, a raíz de que existía esta zona de sacrificio, se hizo un plan de recuperación ambiental. Han tenido comités y también han participado organizaciones sociales, sin embargo, hay algunas que se han retirado porque no se abordaron los problemas que existen y aún no hay un plan de recuperación”, advierte.

Norma de inequidad

La nube tóxica que afectó a la escuela Sargento Aldea el 23 de marzo y que según las autoridades aún no tiene una causa definida, ha empalmado con una discusión que otra vez expone la vulnerabilidad e inequidad a la que están sometidos los habitantes de zonas contaminadas.

Hace unas semanas, el senador Guido Girardi reveló que, entre enero y febrero, se reunieron los ministros de Medio Ambiente –entonces Pablo Badenier–; Economía, Luis Felipe Céspedes; Minería, Aurora Williams y, unilateralmente, cambiaron la propuesta hecha por el Ministerio de Salud flexibilizando y rebajando los estándares de la norma de azufre.

“Por ejemplo, la norma anual de 60 miligramos la dejaron en 70 µg/m3; la norma de 24 horas de 150 µg/m3 que proponía Salud la llevaron a 200 µg/m3. La norma propuesta por la OMS son 20 µg/m3, es decir, 1000% más exigente, que lo que se está proponiendo. Esto expondrá a la comunidad y los niños a gravísimos problemas de salud”, explicó Girardi, una situación que reiteró ayer en una de las salas del Senado que recibió al nuevo titular del Medio Ambiente, Marcelo Mena, y al encargado de políticas públicas del Ministerio de Salud, Tito Pizarro, justamente para entender la flexibilidad de la norma que debe ser ratificada en un paso siguiente por Michelle Bachelet.

Pablo Ruiz, académico de la Universidad de Chile y doctor en Salud Ambiental por la Universidad de Harvard, revisó las estaciones de monitoreo en el momento de la emergencia que vivió la escuela Sargento Aldea para El Mostrador y si bien señala que, al analizar las concentraciones de las cinco estaciones cercanas a Ventanas, no se observan aumentos importantes de SO2 durante el período de las intoxicaciones, sí llama la atención que una de las estaciones constantemente indica lecturas de más de 20 ppb (partes por billón). “Esto es preocupante, pues indicaría que posiblemente este instrumento no ha sido adecuadamente seteado en su línea base, y uno se pregunta si no pudiera haber también problemas en su sensibilidad”, explica.

La propuesta aprobada en el consejo de ministros para la sustentabilidad, en febrero pasado, propone una norma de una hora de 191 ppb. “Como se aprecia es más alta que la norma de la EPA (agencia de protección de medioambiente de EE.UU.). Si se compara con la guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es del mismo orden en términos concentración, pero, muy importante, la OMS la sugiere para 10 minutos, y Chile la deja en 1 hora. De esta forma, se podría pensar que pudiéramos superar la guía de la OMS en 6 veces (6 veces 10 minutos en 1 hora) sin superar la norma chilena”, detalla Karla Yohannessen, académica del programa de Salud Poblacional de la U. de Chile.

Un segundo punto importante para el académico y que, según él, la hace excesivamente permisiva, es que esta norma incluye un percentil 99 para la cantidad de mediciones de 1 hora en un año. “La idea de un percentil es que, no por superar una sola vez el valor de la norma, en forma excepcional, se está realmente superando la norma y se necesita un plan de descontaminación. Entonces, cuando se incorpora un percentil como el 99, decimos que, si el 1% de todas las mediciones son más altas que el valor de la norma, entonces estamos superando esta. En otras palabras, cuando se supera sistemáticamente. El problema es que es con solo una exposición en un día se generan problemas en salud, entonces se esperaría que la regla del percentil se aplique al máximo horario en un día, tal como lo hace EE.UU.”, explica.

Así como está, la norma que debería aprobar Bachelet permitiría tener hasta 87 excedencias en un año sin que se rompa tal normativa.

Los indicadores a los que apunta Ruiz no son solo números, también dicen relación con la calidad de vida y la justicia social de quienes son expuestos a mayor contaminación: “La carga de exposición desigual es de preocupación política, independientemente de si se puede demostrar que las personas con mayores exposiciones difieren de otras en términos de nivel socioeconómico. Sin embargo, si los niveles bajos coinciden con la proximidad de las fuentes, el argumento moral para reducir la carga ambiental sobre los grupos que experimentan varios tipos de desventajas sería aún más fuerte”, concluye.

El Mostrador se comunicó con la Superintendencia de Medio Ambiente, el Ministerio del Medio Ambiente y la Seremi de Salud de la Quinta Región, para conocer el curso de la investigación de la emergencia en el colegio Sargento Aldea, las multas y las mejoras en el sistema de descontaminación de la zona, pero no conseguimos una respuesta.

Fuente:http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/04/05/zonas-de-sacrificio-ambiental-los-ninos-de-puchuncavi-otra-vez/