Perú

Viceministro envuelto en sus propios conflictos

Autor: Prensa Cooperacción.

El flamante viceministro de Gobernanza Territorial, Javier Fernández Concha, acaba de romper fuegos con una entrevista de antología en el diario El Comercio (7/04/2017). Lo cierto es que en la entrevista presenta componentes claves de su plan de trabajo y del “nuevo” enfoque que pretende desarrollar, sobre todo en materia de conflictividad social.

Si bien el viceministerio tiene tres instancias o secretarías -Descentralización; Demarcación Territorial y Gestión Social y Diálogo-, queda claro que es esta última la que tendrá un mayor peso. Aparte de los temas de estructura y organización del viceministerio y sus secretarías, las declaraciones del viceministro permiten tener una idea del enfoque que le dará al abordaje de los conflictos y en este punto hay varios temas que generan preocupación.

¿Zanjando con el sistema anterior?

Fernández Concha ha buscado marcar diferencias con la etapa previa. Ha señalado que “los sistemas creados por cada ministerio para afrontar la conflictividad no coordinaban entre sí. Cada uno establecía su propia estrategia en función a los intereses de su propio sector; además, se crearon mecanismos alternos”.

Por supuesto que en este punto tiene razón, y se podría agregar que la Oficina de Diálogo de Sostenibilidad no tenía la capacidad ni el peso suficiente para alinear a todos los ministerios detrás de una sola estrategia. Habrá que ver si el flamante viceministerio logrará el ansiado alineamiento.

Pero el viceministro también pretende deslindar con el enfoque de la Defensoría del Pueblo y los informes sobre conflictos sociales que al parecer siguen incomodando a más de uno. En un acto casi de magia ha señalado -sin explicar cómo- que en el país hay sólo 5 conflictos sociales, “y no los 217 conflictos que señala la Defensoría del Pueblo”. Para él, el conflicto sólo se da “cuando hay una crisis, una toma de carretera, un secuestro y se rompe el orden jurídico”. Agrega que “manejar diálogo y conflictividad al mismo tiempo es muy difícil en una negociación y que hacerlo “es simplemente capitular”.

Este enfoque es un serio retroceso, y lo real es que se confunden categorías como crisis o estallidos sociales con las de conflicto. Además no toma en cuenta los avances en la reflexión y las propuestas de políticas públicas que se vienen desarrollando a nivel global para precisamente buscar transformar los conflictos y salir de situaciones de entrampamiento. No se puede perder de vista que más allá de la existencia de eventos de protesta, existe una conflictividad de fondo, que es la que se debe entender y por supuesto atender, y así encarar la raíz de los problemas que se manifiestan antes, durante y después de las protestas. Por lo tanto, de lo que se trata es de promover acciones que permitan superar esa conflictividad de fondo, o en todo caso procesarla a través de mecanismos más institucionalizados y democráticos.

Los peligros que acechan

Errar en el enfoque conlleva el peligro de priorizar salidas verticales y autoritarias, que es lo que en la práctica anuncia Fernández Concha cuando propone retomar el principio de autoridad y anuncia los estados de emergencia como uno de los mecanismos privilegiados por la nueva estrategia -que de hecho ya se viene aplicando en varias regiones del país-. No está de más recordar que autoridad sin legitimidad no funciona.

De lo que se trata es precisamente de construir legitimidad, transformando las relaciones existentes y las reglas de juego profundamente asimétricas que las sostienen y que están a la base de los conflictos. Se deben identificar los eventos y factores detonantes de los estallidos y protestas para diseñar las propuestas para cambiar las reglas de juego y construir los equilibrios que vienen haciendo falta desde hace tiempo.

Sobre este tema, Anthony Bebbington plantea una interrogante que es totalmente pertinente: “¿Entrarán estos conflictos en una espiral viciosa o, por el contrario, será posible que ellos puedan forzar cambios institucionales y políticos que incrementen la posibilidad de que las actividades extractivas puedan contribuir a formas más efectivas y equitativas de desarrollo?”.

De lo que se trata precisamente es de impulsar esos cambios institucionales y las políticas que están haciendo falta y no retroceder. El señor Fernández Concha debería darse cuenta que ya no está trabajando para una empresa minera y que no puede pretender encarar los conflictos sociales como precisamente siempre ha querido la Sociedad Nacional de Minería.

La opción que ha tomado el gobierno es preocupante. Nada más ilustrativo del camino que se pretende seguir que entregar un viceministerio de estas características a un empresario minero.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/708-viceministro-envuelto-en-sus-propios-conflictos

Bolivia

Experto advierte que Bolivia no entrará en nueva matriz energética con litio

Autor: La Razón.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, Bolivia tiene reservas de nueve millones de toneladas métricas de litio de contenido metálico en el Salar de Uyuni, pero el Gobierno habla de 100 millones, algo que Zuleta calificó de «datos sensacionalistas».

El litio es «un factor clave» en la nueva matriz energética global pero «Bolivia no formará parte» de la misma a pesar de tener, junto a Argentina, las mayores reservas mundiales del mineral, advirtió el consultor internacional en este sector Juan Carlos Zuleta.

«En este momento estamos viendo el anticipo del acomodo de las diferentes fuerzas del mercado en la nueva matriz energética global, donde el litio es obviamente un factor clave», dijo Zuleta en una entrevista con Efe, pero «Bolivia no formará parte de esta nueva matriz porque no ha podido hacer las cosas a su tiempo».

El Gobierno de Evo Morales señaló la industrialización del litio como un objetivo económico prioritario en 2008, pero hasta el momento ha exportado muy pocas toneladas de carbonato de litio a China, mientras que Argentina produjo alrededor de 29.000 toneladas el año pasado, explicó Zuleta, de nacionalidad boliviana.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, Bolivia tiene reservas de nueve millones de toneladas métricas de litio de contenido metálico en el Salar de Uyuni, pero el Gobierno habla de 100 millones, algo que Zuleta calificó de «datos sensacionalistas».

El parlamento boliviano aprobó el 31 de marzo la creación de Yacimientos de Litio Boliviano (YLB), una nueva empresa estatal para impulsar la explotación del mineral, que sirve entre otras cosas para fabricar baterías eléctricas, incluidas las de los automóviles.

Según el experto, se trata de «una medida distractiva más para seguir desatendiendo los problemas de fondo», relacionados con supuesta «incapacidad» de las autoridades responsables para avanzar hacia la etapa industrial de la producción de carbonato de litio.

En agosto de 2015 Bolivia contrató a la empresa alemana K-UTEC AG Salt Technologies para elaborar el diseño de una planta industrial para producir ese producto, pero tras meses de retraso, según Zuleta, no hay «ninguna referencia clara y consistente del estado de la situación en cuanto a la elaboración de ese diseño».

El Gobierno ha anunciado esta semana que hay 26 empresas internacionales, sobre todo de Asia y Europa, interesadas en construir la planta de desarrollo industrial del producto.

No obstante, el consultor sostiene que Bolivia llega tarde al mercado y, en el caso de que se cumplan las previsiones gubernamentales más optimistas de avanzar hacia una producción anual de 30.000 toneladas métricas de carbonato de litio, la cuota de Bolivia en ese escenario solo alcanzaría a un 10 %.

«Queda muy atrás la idea distorsionada del vicepresidente que habla de que Bolivia va a dominar el mercado y va a fijar los precios del litio», comentó en referencia a la proyección que ha expresado la segunda autoridad del Estado, Álvaro García Linera.

De acuerdo con Zuleta, Bolivia tampoco ha avanzado en la certificación de la totalidad de las reservas del Salar de Uyuni y «ha dejado de ser el único líder en cuanto se refiere a recursos identificados del mundo».

«A partir de febrero de este año ese liderazgo ha empezado a compartirlo con Argentina» que, explicó Zuleta, ha realizado mayores esfuerzos en prospección y certificación.

Las previsiones del Gobierno anunciadas en 2015 consistían en sumar inversiones que en 2018 lleguen a 617 millones de dólares para desarrollar el sector.

Al respecto, Zuleta prefiere hablar de «gasto», porque considera que las decisiones estratégicas de inversión han sido erróneas.

Bolivia ha centrado sus esfuerzos en construir piscinas de evaporación solar, que ocupan hectáreas de extensión y requieren «mucho movimiento de tierras» y «mucho combustible».

Además, este método de evaporación es el recomendado para lugares donde prácticamente no llueve, como el salar de Atacama (Chile), donde la tasa de evaporación es más del doble que en Uyuni, explicó.

En el caso boliviano, se podrían haber aplicado métodos de separación química o de evaporación térmica aprovechando las reservas de gas natural del país, argumentó.

Uno de los problemas del litio boliviano es su baja concentración en salmuera si se compara con lo que sucede en Chile y Argentina.

Sin embargo, esa concentración relativamente baja lleva aparejada, en contraste, una presencia alta de magnesio.

«Se conoce que el magnesio hoy en día tiene propiedades industriales que no se han podido aprovechar por falta de conocimiento e investigación», dijo, y sostuvo que empresas chinas y coreanas están interesadas en los salares bolivianos por esa razón.

«El valor del magnesio en el salar de Uyuni podría ser incluso superior al del litio», sostuvo el experto y aseguró que «las aleaciones de magnesio podrían hacer una verdadera revolución, sobre todo en el campo automotriz».

Por ello, recomendó «cambiar el chip», algo que «consistiría en que Bolivia se ocupe de entrada en el desarrollo del magnesio como recurso principal y del litio, como secundario», algo que implicará un trabajo adicional porque se requeriría de mucha energía. (07/04/2017)

Fuente:http://www.la-razon.com/economia/Experto-advierte-Bolivia-entrara-energetica_0_2687131349.html

Honduras

Luchando contra muñecas de tusa y la minería

Autor: Movimiento 4.org

En Copan Ruinas todos vienen a visitar el sitio arqueológico Maya. Pero los mayas en esta área, ¿son realmente algo del pasado? Ser Maya-Chortí parece ser un asunto ciertamente complicado en esta zona. Mientras muchos Chortí son marginados y sienten vergüenza por su descendencia, su nombre y identidad fueron cooptados y su cultura llegó a ser una exhibición. Pero otros Chortí tomaron acción. Su lucha es para recuperar su cultura y su tierra. En una batalla contra un proyecto minero, la reivindicación de su identidad Chortí de pronto se volvió un arma. Quizás este nuevo orgullo en la identidad Chortí fortalezca su lucha por la tierra.

¿Una Civilización Maya muerta y extinta?

¿Alguna vez escuchaste de la ciudad de Copán Ruinas? Si viajaste a Honduras probablemente sí. Incluso quizá viniste sólo para ver las famosas ruinas mayas que se encuentran cerca de la ciudad. Las estadísticas la señalan como la atracción turística más visitada del país. Las ruinas son, en efecto, impresionantes. Famosas por sus esculturas y jeroglíficos, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Lonely Planet la describe como “una de las más importantes de todas las civilizaciones mayas vivió, prosperó y luego misteriosamente sucumbió alrededor del sitio arqueológico de Copán.” Cuando uno deambula por el pueblo y los museos locales, cuando se busca un hotel o restaurante, en efecto uno agarra la sensación de que todos celebran esta gran civilización maya como algo del pasado, algo muerto y extinto.

 

Una comunidad Maya Chorti en Guatemala

¿Alguna vez escuchaste de los Chortí? Si no eres de Centroamérica resulta probable que no. Los Chortí son mayas, uno de los siete pueblos indígenas en Honduras. En el país se cuentan alrededor de 38,000 Chortí viviendo en los departamentos noroccidentales de Copán y Ocotepeque. La mayoría de los Chortí residen en el sudeste de Guatemala, pero también se pueden encontrar algunos al norte de El Salvador. Hace siglos, sus ancestros reinaban estas tierras cerca del pueblo de Copán y construyeron magníficas civilizaciones que los turistas vienen a admirar. Ahora se encuentran entre los habitantes más marginados de la región. Muchos turistas, como un mochilero en mi hotel, responden con sorpresa al escuchar que una población indígena aún habita en el área. El amable anfitrión del hotel, de manera similar a muchos locales que viven en el pueblo, minimiza su existencia, sus números y su “indigenidad”.

Los invasores españoles realizaron por sí solos un gran esfuerzo para borrar a los mayas y su rica cultura. Los Chortí sufrieron una persecución particularmente cruel y brutal: fueron expropiados de sus tierras, esclavizados y obligados a aceptar un nuevo lenguaje, religión, vestimenta y distribución de las viviendas. La política de asimilación y marginalización continuó con la formación del Estado de Honduras. Consecuentemente, los Chortí perdieron mucho de su conocimiento, tradiciones y espiritualidad ancestral. En Honduras solamente unos cuantos todavía hablan su lengua nativa. La mayoría vive en aldeas mezcladas con población altamente mestiza. A excepción de unas pocas mujeres, uno no podría diferenciar a los Chortí por su vestimenta en comparación con otros hondureños locales.

 

Ser Maya bajo la Sombra de una Atracción Turística Maya

¿Son por lo tanto menos indígenas? Los mayas en esta área, ¿son realmente algo del pasado? Ser Maya-Chortí ciertamente parece ser un asunto complicado en esta zona. Mucha gente local minimiza la existencia de estos mayas, al mismo tiempo que se apropian de su nombre. Mientras tanto, algunas aldeas Chortí exhiben su cultura para los turistas y otros se rehúsan a identificarse con su ascendencia.

 

Mujeres en las calles de Copán Ruinas

“En el pueblo, algunos dicen que los mayas aquí ya no existen. Pero si se visitan las aldeas alrededor, uno ve una realidad diferente. Muchos Chortí aún viven allí. Ser Chortí no depende del color de tu piel o de la manera en que te vistes. Es algo que se siente adentro, en tu corazón. Es sobre compartir nuestra cosmovisión, nuestras prácticas y nuestras creencias.” Juan Manuel Peres es un líder comunitario Chortí de hace mucho tiempo. Visité al Sr. Peres en su hogar sin previo aviso pero luego de cambiarse a una camisa limpia me hace tiempo con alegría. Su esposa se mantiene ocupada realizando las tareas del hogar y sus hijos alternan entre jugar y escuchar con curiosidad lo que su padre tiene que decir.

Juan Peres denuncia la marginalización de los Chortís, al mismo tiempo que muchos se apropian de su nombre para fines comerciales. “Otros se llenan los bolsillos con nuestro pueblo y cultura. No vemos un centavo de las ganancias de nuestro centro ceremonial, las famosas ruinas de Copán. Los hoteles, los restaurantes, y la municipalidad llaman ‘Maya’ a esto y ‘Chortí’ a aquello. Incluso la Policía Militar y las compañías mineras se apropian de nuestro nombre. Mientras tanto, mucha de nuestra gente no tiene nada. Nada que comer, ningún lugar donde hacer su casa, nada de tierra para sembrar maíz. Nuestra gente está sufriendo de hambre.”

Antonio Arias no podría estar más de acuerdo. Antonio es el coordinador de una de las dos organizaciones políticas Chortí, CONADIMCHH. Él apartó tiempo para mí en su domingo libre, así que corrí directamente del bus a la oficina de la organización, un cuarto sencillo con dos computadoras viejas y un ventilador. “Nuestra cultura se volvió un negocio, nos convertimos en una exhibición. Una de las atracciones turísticas, por ejemplo, es una visita a la comunidad Chortí de La Pintada, donde niños descalzos con sus muñecas de tusa de maíz cantan el himno nacional en nuestro idioma nativo. Al mismo tiempo no hay un reconocimiento real de nuestra cultura, no hay representación indígena en el consejo local o en los programas de apoyo del gobierno. Casi ningún maya trabaja en el negocio local que lleva nuestro nombre.” La falta de reconocimiento a veces llega al extremo. “De vez en cuando escuchamos sobre estudios, incluso de instituciones gubernamentales, que buscan determinar si en realidad somos indígenas.”

 

Antonio, el coordinador de CONADIMCHH

La negación de la realidad específica Chortí irónicamente también se refleja en las curiosas observaciones de las personas con las que conversé, como un funcionario de la Alcaldía, que se considera “descendiente de maya” y por lo tanto puede reclamar una identidad indígena. Muchos Chortís, por otro lado, parecen estar avergonzados de su identidad indígena y se consideran mestizos. “No quieren aceptar que son indígenas”, me dice Antonio. “Comemos lo mismo, compartimos la misma cosmovisión, uno puede ver su cultura dentro de ellos. Pero ellos se identifican como mestizos, como el resto de la sociedad. A nosotros nos insultan.”

 

“Un indio sin tierra es un indio muerto”

Aunque la cultura es un elemento cambiante y algo de su cultura ancestral permanece, la marginalización y la asimilación que sufrieron durante siglos dejaron cicatrices evidentes en la identidad Chortí. Los Chortís con quienes hablé, lamentan haber perdido mucho de su cultura. Otro aspecto que han perdido los Chortí es la tenencia de su tierra ancestral… tierra y cultura… recuperar éstas es el corazón de la lucha de los Chortí, como la de muchos otros pueblos indígenas. Una lucha no puede existir sin la otra. “Un indio sin tierra es un indio muerto”, me dijeron tanto Juan Peres como Antonio Arias. Antonio agrega, “La tierra es lo que garantiza nuestra identidad, nuestra supervivencia”.

Desde que los colonizadores españoles invadieron sus tierras, los Chortí han llevado a cabo actos esporádicos de resistencia. En 1995 esa resistencia revivió. Tanto Pedro como Antonio han dedicado la mayoría de su vida adulta a ello y me cuentan sobre la lucha Chortí para recuperar su tierra, su cultura y su identidad. En esa lucha sus oponentes han criminalizado, encarcelado y asesinado a sus compañeros que se atrevieron a organizarse. Eventualmente el estado de Honduras le prometió 14.700 hectáreas a los Chortí en 1997. Hasta hoy han recibido 4500 hectáreas de tierra poco fértil donde es muy difícil cultivar.

 

Pedro, con una larga experiencia de lucha para la comunidad Ch’ort’i

La mayoría de los habitantes de Copan Ruinas, urbanos y rurales, ricos y pobres, niegan categóricamente el reclamo maya a sus territorios ancestrales a pesar de que son poderosos terratenientes que poseen muchas de estas tierras. Sin embargo, el respeto local para los Chortí y su lucha por recuperar la tierra y la cultura pueden dar un giro radical. Irónicamente, esta apreciación viene debido a la llegada de lo que Antonio declara como otro proyecto colonial, una compañía minera llamada Minerales Chortí, S.A. En septiembre 2015, a esta compañía minera le fue otorgada la licencia para explorar 2,819 hectáreas de la región en búsqueda de minerales, oro se rumora. Específicamente, en esta parte del mundo las actividades mineras resultaron menos que beneficiosas para la población y su ambiente. CONADIMCHH, la organización de Antonio, está en primera linea de la resistencia en contra de la presencia de una compañía minera en su territorio. CONADIMCHH ha unido fuerzas con la “Coalición Ambientalista de Copán Ruinas”, una organización establecida por ciudadanos preocupados y las Juntas Locales de Agua. El reconocimiento de la identidad Chortí se volvió una herramienta crucial en esta resistencia, el resurgimiento y el orgullo de esta identidad Chortí llegaron ser un resultado de la lucha.

 

Escavando oro, escavando identidad

Rode Murcia es coordinadora de la Coalición Ambientalista. Ella me recibe en su oficina, un cuarto pequeño detrás de la energética sala de la familia. “Antes, muchas comunidades no sentían la necesidad de organizarse. Muchas personas aquí perdieron sus tradiciones. El prospecto de una mina en nuestro territorio llevó a muchos a cuestionar su realidad, las relaciones de poder que les rodean y nuestra historia, e hizo que muchos valoraran sus raíces. Una de las metas de nuestra lucha es reconocer su identidad cultural, percibir la importancia y el valor de decir “Soy maya, son indígena.”

El esfuerzo de alzar la consciencia obviamente ha dado algunos resultados. Visité la comunidad mestiza de El Quebracho, una de las aldeas organizadas en las juntas de agua que serían afectadas por el proyecto minero. A medida que cae la tarde, comparto sentada con seis hombres en el patio comunal, uno de ellos siendo el que lleva la conversación. “No nos consideramos una comunidad Chortí pero ahora que estamos comenzando a organizarnos en contra de este proyecto minero nos vemos como descendientes de los mayas. Nos damos cuenta que somos todos uno y que nos tenemos que unir. Antes repudiábamos a lo maya, ahora estamos orgullosos de nuestros orígenes.”

Hablando con los hombres en El Quebracho

Reconocer la identidad indígena es también una elección estratégica de resistencia. Los activistas de Derechos Humanos y ambientalistas argumentan que la ley de minera nacional de Honduras sirve principalmente a las compañías mineras. Sin embargo, un Tratado de la Organización Internacional del Trabajo, número 169 para ser exactos, está al servicio de los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Incluye una declaración estableciendo la consulta abierta, previa e informada como requisito sobre proyectos de desarrollo en sus territorios, “con el objetivo de llegar a un acuerdo o consentir las medidas propuestas.” Honduras ratificó este tratado en 1995.

“Como pueblos indígenas, como Maya-Chortí, hacemos un llamado a nuestro derecho de ser consultados”, afirma Antonio. Es Rode quien me brinda un vistazo a la relevancia de la identidad como herramienta de esta lucha. “No le conviene al gobierno reconocernos como pueblos indígenas porque saben que de acuerdo al Tratado 169, esto nos concede derechos.” Los nativos que se identifican como indígenas, algo por lo que varios Chortí han luchado por mucho tiempo, se ha convertido en un arma de resistencia.

Las concesiones para la exploración están ahí. En el futuro, el gobierno de Honduras podría otorgarle a la minera las concesiones para la explotación. De manera alternativa, los locales y su resistencia podrían lograr que la totalidad del proyecto minero resulte en nada más que en una falsa alarma. Lo que ya no puede retroceder es el aumento de la consciencia cultural, el orgullo en la ascendencia maya y su identidad. Es el primer paso en el resurgimiento de las tradiciones, la reapropiación de la cultura y cosmovisión ancestral, el revivir de la identidad propia. Quién sabe, ahora los lugareños están unidos contra el proyecto minero, tal vez en el futuro estarán unidos en la lucha por la tierra y cultura Chortí.

Fuente:http://movimientom4.org/2017/04/luchando-contra-munecas-de-tusa-y-la-mineria/

Ecuador

Ecuador: comunidades denuncian malas prácticas ambientales del proyecto minero Mirador

Autor: Jonathan Palma
Conflicto Relacionado: Cordillera del condor-Afrodita-Cenepa

Una mezcla de tierra y rocas arrasó con lo que encontró a su paso. El 10 de febrero pasado, parte del campamento principal de la empresa de capital chino Ecuacorriente S. A. (ECSA), situado a pocos minutos del poblado de la parroquia Tundayme, del cantón El Pangui, en Zamora Chinchipe, fue afectado por un deslizamiento que alcanzó maquinarias, construcciones, como si se tratase de una respuesta de la naturaleza frente a la tala de árboles, la apertura de trochas en la montaña y los sedimentos que han revuelto las aguas de varios ríos cercanos, por los trabajos previos al desarrollo de la actividad minera en este sitio. Miembros de comunidades cercanas a la concesión y trabajadores de esta firma denuncian estos problemas ambientales generados por el emprendimiento extractivo.

La compañía asiática, vinculada con la empresa inmersa en el conflicto reciente con el pueblo Shuar, trabaja a diario para abrirse paso en la Cordillera del Cóndor, en Tundayme, en la provincia selvática de Zamora Chinchipe, que limita con Perú. Estos trabajos son parte del megaproyecto minero a cielo abierto, Mirador. Uno de los emprendimientos a gran escala que se impulsan en el país para extraer cobre y otros metales. Bajo este punto de la cordillera, estima el Ministerio de Minería, hay 4700 millones de libras de cobre, 26 millones de onzas de plata y 3,2 millones de onzas de oro. En el 2012, el Gobierno estimó que este proyecto generaría ganancias al Estado por la suma de 5417 millones de dólares en beneficio al Estado (por un periodo de 25 años).

Unos 900 millones de dólares de regalías se quedarán en la provincia para la ejecución de obras, aseguró en su momento el presidente de la República, Rafael Correa, quien defendió a la minería industrial, en el enlace ciudadano 262 (un informe a la nación que realiza Correa todos los sábados y que es transmitido por radio y televisión) del 10 de marzo de 2012, a pesar de que reconoció que esta actividad a cielo abierto “tiene mayor impacto ambiental”.

Pobladores de algunas de las comunidades que viven en la Cordillera del Cóndor y fuentes que trabajan en la misma compañía le contaron a Mongabay Latam algunos de los problemas ambientales que se registran en torno a las labores previas a la extracción de los minerales, que se estima comenzará el próximo año. ECSA trabaja en la apertura de un hueco de 1,2 kilómetros de diámetro y de unos 250 metros de profundidad, además de levantar las instalaciones de aprovechamiento de los metales.

El percance del 10 de febrero sucedió casi al finalizar el día, pasadas las 10 de la noche. Los daños por el deslizamiento sin embargo se evidenciaron al amanecer. La masa de lodo, tierra, piedras y ramas también alcanzaron fincas y predios de comunidades, así como caminos usados para llegar al poblado más cercano, Tundayme, en el cantón El Pangui. Una localidad que forma parte de una extensa área rica en fauna y flora.

En las provincias del Oriente llueve todos los días y esto puede generar derrumbes. No obstante, la tala de árboles aumenta la ocurrencia de deslizamientos, sobre todo en las quebradas y taludes más empinados de los cerros y montañas, accidentes geográficos que forman parte de las 810 hectáreas de Mirador (cifra ofrecida por la Agencia de Regulación y Control Minero). El contrato de explotación minera a gran escala entre el Estado y ECSA se firmó el 5 de marzo de 2012.

“Al excavarse las minas, canteras, caminos y otras obras, en ocasiones se cortan paredes rocosas casi verticales, que pueden volverse inestables. También la deforestación facilita el desarrollo de los procesos mencionados (deslizamiento, derrumbe, desplome, flujo de suelo, entre otros eventos)”, se explica en una publicación auspiciada por Unicef, la Sociedad Cubana de Geología, y otras instituciones internacionales. En el documento usado en campañas educativas se indica además que “en las regiones montañosas los peligros son más diversos”.

El presidente de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cóndor Mirador (Cascomi), Luis Sánchez, contó a Mongabay Latam que el 10 de febrero hubo festejos en la cabecera parroquial, en Tundayme, y que los asistentes a estas actividades quedaron atrapados, sin poder retornar a sus comunidades, porque las rocas y el barro obstaculizaron la vía que conduce al poblado Valle del Quimi.

“Hay un sector en la parte alta del mismo campamento, en la microcuenca del río Wawayme, allí es donde es que están ellos (empresa china) luego de haber talado en el 2014 alrededor de 400 hectáreas de bosque originario. Ahora están levantando toda la capa vegetal, dejando desnudo el suelo. Eso es lo que permite que ahora aumente considerablemente, por ejemplo, el caudal de escurrimiento de las lluvias y se den los deslaves que hemos estado viendo, en este último año hemos visto cinco, seis (derrumbes), unos más grandes que otros”, indicó Sánchez.

El problema de los deslizamientos se multiplica en otros puntos de la zona minera una vez que la maquinaria abre trochas en la montaña, entonces ese material es apilado en grandes montículos, en las denominadas escombreras. Ese material es propenso a deslizarse por las quebradas hacia los ríos cercanos de esta mina que tendrá una vida útil de 30 años. También hay preocupación de que se contaminen los 227 nacimientos y fuentes de agua que hay en la zona de influencia minera, según señaló la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), organismo que refirió la cifra de un informe del año 2012 de la Contraloría General del Estado (DIAPA-0027-2012) sobre una auditoría practicada a la concesión y  administración de la etapa de exploración de Mirador.

Sánchez explicó que los derrumbes los pueden ver desde sitios elevados, en cerros cercanos al proyecto, además de la información que recaban a través de empleados de la minera, trabajadores que habitan en las comunidades de la zona, ya que el acceso al área concesionada es restringido.

“La selva viva ha reaccionado (…). La semana anterior estaban destapando maquinarias que fueron enterradas por completo por los derrumbes. Esto ocurre por mal manejo técnico, nosotros podemos ver lugares donde ellos hacen colocar las tierras movidas de manera imprevista, sin ninguna planificación, y cuando cae una lluvia se satura esa tierra movida y provoca los deslaves. Lo que pasó justamente el jueves 10 de febrero, tenemos videos que podemos publicar, estamos haciendo un informe técnico para poder difundir masivamente”, adelantó el habitante de la Cordillera del Cóndor.

Mongabay Latam conversó con trabajadores de ECSA, quienes pidieron la reserva de sus identidades para evitar posibles represalias de la empresa en la que laboran. Pedro, uno de los entrevistados, quien ha preferido utilizar por seguridad otro nombre, es operador de maquinarias y lleva varios años en el proyecto Mirador. El trabajador dijo que son constantes los deslizamientos en quebradas donde están asentadas las escombreras.

En redes sociales circulan videos y fotos de derrumbes que han ocurrido en varios puntos de la concesión minera, según confirmó el obrero de la compañía de capital chino.

En un video quedó registrado un deslizamiento de grandes proporciones. En el audiovisual se ve cómo tierra, rocas, barro y árboles se desprenden de la montaña y arrastran maquinarias. Este derrumbe se registró el 15 de octubre pasado en el sector de la vía Los Canales, a unos 20 minutos del campamento principal. El operador de maquinaria aseguró que el temor de ser despedidos por divulgar este tipo de hechos es latente, pues sostuvo que ese fue el fin de quienes grabaron el video y lo compartieron, este contenido aparece en Facebook identificado con la etiqueta #Tundayme.

Pedro señaló, además, que los trabajos de apertura de trochas en las montañas carecen de procedimientos técnicos.

“No hay una persona experimentada que esté al frente y que sepa cómo es el terreno, para saber por dónde tiene que irse. Lo que sucedió ahí es que querían destapar ese canal, lo que se ve en el video (…). Que llevan ellos  (los jefes chinos) un plan de trabajo, no lo tienen. (…) yo quiero que mi identidad no vaya ahí (en el reportaje) porque los que pasaron (grabaron y difundieron) ese video los despidieron”, dijo.

En el 2015, el Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) observó incumplimientos a la licencia ambiental de la empresa china luego de seis inspecciones en este proyecto minero realizadas por técnicos de la Dirección Nacional de Control Ambiental del MAE. Entre los incumplimientos se enlistó: “Mal manejo de combustibles, falta de actividades de rehabilitación de las laderas y quebradas afectadas, (falta de) plantación de especies herbáceas como gramalote para estabilizar el suelo (con el fin de evitar derrumbes), inadecuado tratamiento para la disposición final de los lodos de perforación en algunas plataformas, entre otras observaciones”, según consta en la página web del MAE.

Por ello, esta secretaría ordenó la suspensión inmediata de todo tipo de actividad que no se encuentre contemplada en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), aprobado para la fase de explotación de 30 000 toneladas por día, hasta que se tomen las medidas correctivas necesarias.

Mongabay Latam solicitó información a esta institución estatal para preguntar si se resolvieron estos problemas, para conocer qué tipo de controles ambientales se ejecutan y qué procedimientos se han implementado para proteger a los animales que continúan merodeando el área concesionada, que hasta hace unos años formaba parte de su hábitat. No obstante, hasta el cierre de este artículo el Ministerio del Ambiente del Ecuador no respondió el cuestionario enviado.

El 19 de enero pasado, el ministro de Minería, Javier Córdova, aseguró —en una entrevista para el canal Teleamazonas— que el retiro del material (tierra y rocas) se hace de forma técnica, y que lo mismo se hará cuando se empiece a extraer agua para la obtención de los minerales.

“Esas 90 000 toneladas día, que parte se procesa y parte va como material estéril, va a las escombreras, que tienen que seguir un proceso y tienen que ser rehabilitadas (escombreras). Después de hacer el proceso para extraer el cobre van a las relaveras (…) Hay una capa impermeabilizante, primero viene el relave (del agua), después pasa a una segunda planta de sedimentación, luego pasa a una planta de clarificación de agua, termina en una planta de purificación del agua y después termina de vuelta en la naturaleza”, detalló Córdova.

Comunidades, activistas y organizaciones no gubernamentales se han opuesto a este proyecto minero a cielo abierto y lo han expresado en las calles del país y en las redes sociales. Justo en este tipo de plataformas digitales se difundieron, el 12 de marzo último, fotografías de tres osos de anteojos (Tremarctos ornatus), también conocidos como osos andinos, desplazándose por el medio de las trochas abiertas en una de las zonas de influencia del proyecto Cóndor Mirador.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) tiene categorizada a esta especie en peligro de extinción y el MAE considera que este mamífero está en riesgo por la pérdida de su hábitat y la caza.

Mongabay Latam buscó la versión de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) —organismo estatal encargado de vigilar las actividades mineras bajo las normas técnicas y ambientales— sin embargo señaló que es el Ministerio del Ambiente de Ecuador la entidad encargada de ejecutar los controles para evitar afectaciones ambientales.

La Arcom destacó que realiza controles semanales en los aspectos técnico, económico y de seguridad de control minero para verificar el avance de las obras que se encuentran implementando en el Proyecto Mirador.

“Las personas encargadas de las inspecciones son: 2 especialistas técnicos con título en carreras a fin a ciencias de las tierras (geólogos – mineros) y 1 especialista económico (economista)”, se detalló en las respuesta al cuestionario enviado a esta institución.

Sobre los derrumbes o deslizamientos en la zona concesionada, la Arcom aseguró que solo ha ocurrido un evento de esta naturaleza  desde inicios del 2016 a la fecha.

“Producto de las fuertes lluvias y saturación de agua en superficie, lo que produjo flujo de lodo y caída de material en la zona donde se ubicarán los trabajos de explotación (open pit), el material que se observó es suelo arcilloso, el área afectada fue aproximadamente 0.58 has, con un volumen de desplazamiento de 8700 m3 “, se especificó.

Mongabay Latam también envió una solicitud de entrevista a los correos de dos funcionarios de la empresa de capital chino que figuran en la página web de la Superintendencia de Compañías. Tampoco hubo respuesta. De igual forma no se pudo establecer contacto con los números telefónicos de la firma minera que constan en el mismo portal de internet.

Los claros que se forman en la Cordillera del Cóndor son las huellas de la deforestación que ECSA deja y que genera presión en los cientos de especies animales que se quedan sin su hábitat, lamentaron habitantes shuar. Según el Sistema de Áreas Protegidas del Ecuador, “la cordillera podría tener una flora más rica que cualquier otra área de similar tamaño, con 2030 especies registradas hasta el momento de un total estimado de 4000”. En el portal web de este sistema, se detalla que el número de “aves iguala al inmenso Yasuní, con 613 especies”. Y que “en los últimos cinco años se han descubierto varias especies nuevas para la ciencia, entre ellas 65 tipos de orquídeas, una musaraña marsupial y una de las pocas plantas carnívoras del Ecuador”.
Cortesía Cascomi

Los habitantes de las comunidades, que suelen recorrer a diario la zona, le contaron a Mongabay Latam que la tala de árboles, la extracción de la capa vegetal, el sonido de las maquinarias y el paso de los obreros han ahuyentado a los animales. Las aves, mamíferos, reptiles han migrado a otras partes de la cordillera. Muy cerca de allí está la selva peruana.

“Como ahí está cerca la frontera están yéndose al vecino país, todos los animales que vivían aquí. Están migrando. Por eso es que a veces se ven en el camino osos”, indicó un habitante de El Pangui, que pidió no dar su identidad porque labora en Mirador.

Santiago (nombre protegido) contó que cuando trabajó en el equipo de desbroce de la mina se veía gran cantidad de monos, sajinos, serpientes, puercoespines, entre otras especies. Pero que este panorama ha cambiado, ya no ven más a estos animales.

“Se dijo que iba a ser una minería bien tecnificada, pero hasta aquí no se ha visto que hay una tecnología de punta. La minería no trae buenas cosas, la minería trae destrucción a la flora y fauna”, deploró el trabajador de ECSA.

¿Qué está pasando con los peces?

La pesca en los ríos Quimi, Tundayme y Wawayme ha disminuido, aseguraron habitantes de las cercanías de estos afluentes. Ellos indican que las especies que solían pescar hasta hace algunos años han desaparecido. Si bien lo ideal sería utilizar dispositivos tecnológicos para medir la acidez, contaminación o algún tipo de impureza en específico que esté afectando a estos cuerpos de agua, su relación cercana con el río los hace notar los cambios en la naturaleza.

Entre las especies que habitan los ríos de la provincia de Zamora Chinchipe están el corroncho, el bocachico, la vieja, entre otras. Hay peces que aún no cuentan con su taxonomía completa, es decir, que hay peces que aún no han sido clasificados por expertos.

Pero los habitantes de las cercanías de las riberas del Quimi, Tundayme, Wawayme y Zamora no solo han notado cambios en los ríos, también han observado que “las gallinas se enferman, antes no. El ganado se enferma. El agua ahorita baja (por el río Tundayme) solo barro. Los chanchos también se enfermaron (…) se enfermaron con esa agua que bajaba de allí (río Tundayme). Pero antes era peor, salía un agua con una pestilencia horrible pero ahorita ya no tanto porque han puesto una máquina. A veces sí apesta. Esa agua baja por aquí por la puerta. Ellos nunca limpian nada, limpian sí, lo que es de ellos, pero aquí nada”, contó una pobladora que vive cerca del río Tundayme, quien conoce del desarrollo del proyecto Mirador, y quien conversó con un grupo de especialistas que recolectó información para elaborar el informe Entretelones de la mega minería en el Ecuador, que fue presentado a inicios del 2016 por la ong Acción Ecológica.

Tres páginas de este documento están destinadas a evaluar la contaminación de los ríos Quimi, Tundayme, Wawayme y Zamora.

En la página 28 del informe se detalla que el desbroce de los cerros de la zona del proyecto minero Mirador, según indicaron pobladores, más el agua de las lluvias que arrastra lodo, tierra y rocas “ha dado lugar a la contaminación, por partículas en suspensión, de los ríos Wawayme y Tundayme, provocando severas variaciones en la turbidez del agua”. Se detalla también que estos ríos y la parte baja de la cuenca del río Quimi, “han sufrido varias modificaciones tanto a nivel físico, como biológico y químico”, además que “el lecho de los ríos se está llenando de lodo y las partículas en suspensión impiden el paso de luz, lo que probablemente ha provocado una sensible disminución de la biodiversidad”.

Mongabay Latam logró ubicar a Julio, biólogo que pidió no ser identificado en el reportaje para evitar represalias por su relación con una institución pública. Él ha estudiado las especies acuáticas de varias zonas del país y también conoce la situación de los ríos cercanos a Mirador.

El técnico comentó que antes de hablar de contaminación en estos cuerpos de agua, se deben realizar estudios rigurosos del líquido, a partir de muestreos, para identificar qué elementos estarían contaminando los afluentes. El experto agregó que sería muy costoso realizar una investigación de este tipo, por los equipos que se requieren para levantar la información científica.

“Entre ellos tenemos atarrayas, redes de arrastre, electrofishing, necesitamos botes a motor, anzuelos, linternas, equipos de buceo, para determinar lo que está pasando. Decir así que se están perdiendo o están extinguiendo las especies a simple vista es muy complejo”, explicó el especialista.

No obstante, el científico que tiene experiencia en el estudio de ictiofauna, advirtió que de haber intervención minera, pérdida de cobertura vegetal, uso del suelo y contaminación a futuro, “va a existir una extinción local. Extinción local quiere decir, que las especies se extinguen en ese río, en ese cuerpo de agua y en ese sitio”.

El biólogo lamentó que el Ministerio del Ambiente del Ecuador “no tome atención a la parte acuática” al otorgar los permisos ambientales, además de que que no existan supuestamente especialistas en esta cartera de Estado para atender este tema. Dijo que hay “muy pocos” técnicos de este tipo en el medio nacional, salvo biólogos extranjeros.

“Se debe prestar atención similar como a otros grupos, como la flora (…) no solamente para las mineras, para los demás, para el Estado, en general, este grupo (peces) ha estado olvidado en general”, apuntó.

Mongabay Latam pidió también información sobre la calidad del agua de los ríos mencionados en este reportaje a la Secretaría Nacional del Agua (Senagua). Sin embargo, hasta el cierre de esta publicación no se respondió el cuestionario enviado.

La Comunidad Amazónica de Acción Social Cóndor Mirador busca la manera de recabar pruebas para evidenciar de forma técnica los problemas ambientales en los cuerpos de agua antes citados, sobre todo, del río Zamora, por ser el que recibe las aguas del resto de afluentes.

El abogado Tarquino Cajamarca, quien asesora legalmente a Cascomi, indicó a Mongabay Latam  que han iniciado conversaciones con un grupo ambientalistas para que sean el nexo con expertos que ayuden a realizar un muestreo del agua del Zamora, para así demostrar que no es apta para el consumo humano a causa de la “contaminación” de los trabajos mineros.

“Es una gestión que estamos haciendo con varias organizaciones. Esperemos que en el próximo mes (abril) podamos iniciar algún recorrido y toma de muestras para poder avanzar con algún resultado de interés de la comunidad”, detalló Cajamarca.

Mirador, un proyecto que se abrió paso en medio de irregularidades

El 5 de marzo de 2012, se firmó el contrato de explotación minera a gran escala proyecto Mirador. Un año después, trascendió un informe de la Contraloría General del Estado (informe DIAPA-0027-2012) en el que se enumeraban irregularidades en torno a la concesión minera para desarrollar Mirador, irregularidades que violaron varias normas del país.

La Contraloría señaló en el documento que funcionarios de los Ministerios de Minas y Petróleos y de Recursos Naturales No Renovables, entre otras instituciones, pasaron por alto el mandato Constituyente 6, norma que ordenaba la extinción de las concesiones mineras que fueron otorgadas para desarrollarse al interior de áreas naturales protegidas, bosques protectores y zonas de amortiguamiento.

Contraloría también detalló en su informe que se incumplió con lo que estipula el artículo 396 de la Constitución de la República del Ecuador: “El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño”. En el caso de Mirador, una parte del proyecto está dentro del Bosque Protector Cordillera del Cóndor, según especificó la Contraloría en el mismo documento.

Este organismo de control concluyó, además, que Ecuacorriente tenía más concesiones que las permitidas por la Ley.

“El total de las concesiones otorgadas a nombre de Cía. Min. Ecuacorriente S.A. fueron cuatro, cantidad que supera a la permitida por dicho instrumento jurídico, sin que debido a esta circunstancia se haya declarado la extinción de alguna de las áreas concesionadas sin compensación económica”, se detalló en el documento.

Otra de las anomalías detectadas era que parte de la concesión estaba situada fuera del territorio nacional.

“Observándose que en ciertas zonas sobrepasan la línea de frontera. Este hecho es evidente en la hoja topográfica Cóndor Mirador con código IGM-ÑVI-D3, de la Provincia de Zamora del Instituto Geográfico Militar”, se detectó.

Los habitantes que se oponen a este proyecto minero han asegurado que el Gobierno incumplió con el literal 7 del art. 56 de la Constitución del Ecuador que indica que las comunidades tienen el derecho a la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente.

El presidente Correa, en cambio, sostuvo, en marzo del 2012, que sí hubo consulta previa, aunque añadió que “ellos confunden consulta previa con consentimiento previo”.

“La minería trae destrucción al medioambiente, destrucción con el ser humano. Uno no puede estar tranquilo. En el río mismo, antes teníamos un río hermoso (Quimi, Tundayme y Wawayme), un río limpio, donde todo mundo iba a bañarse en carnaval. Ahora ya no se puede. Usted se mete y sale enfermo de ese río con alergias, con hongos en el cuerpo de ese río. No sé qué pasará en los próximos años”, dijo con impotencia, Santiago, el habitante de El Pangui que labora por necesidad para el proyecto Mirador.
Fuente:https://es.mongabay.com/2017/04/ecuador-comunidades-denuncian-malas-practicas-ambientales-del-proyecto-minero-mirador/

Chile

Campamentos y miseria, el “relave” de la minería chilena

Autor: EL Mostrador

Los campamentos situados en los desérticos alrededores de la ciudad chilena de Antofagasta, epicentro minero del país austral, son una amalgama de miseria y esperanza en la que se agolpan más de 6.000 familias llegadas de todos los rincones de Latinoamérica.

«Huí de Perú hace cinco años porque quería ofrecerles un mejor futuro a mis hijos», dijo a Efe Hilda Jaramillo, vecina de uno de los sectores que conforman el llamado macrocampamento Balmaceda, situado en el norte de la ciudad de Antofagasta.

En 2013, cuando estaba embarazada de su primer hijo, ella misma aplanó la ladera en lo alto de un cerro yermo, arenoso y lleno de basura para edificar su casa con materiales ligeros.

Cuatro años después, la zona está plagada de barracas en las que hoy viven casi un millar de familias venidas de Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, Paraguay y República Dominicana.

Conforman el segundo campamento más grande del país, integrado por autoconstrucciones que se alzan como cajitas de zapatos apiladas en las empinadas y peligrosas laderas de los cerros.

Adentrarse al campamento es como penetrar en un laberinto repleto de calles estrechas sin asfaltar.

Todas las familias llegaron atraídas por la creciente demanda laboral que experimentó la ciudad norteña a raíz del llamado ‘súperciclo’ del cobre, que elevó el precio del metal rojo hasta los 4 dólares la libra en 2008.

En ese momento, en Chile la presidenta Michelle Bachelet cumplía su primer mandato, el país había crecido un 4,6 % el año anterior y la economía China se expandía a tasas de dos dígitos.

A partir de entonces, el número de familias que vivían en asentamientos irregulares que carecían de acceso a servicios básicos creció de forma exponencial.

Un informe de la organización no gubernamental Techo Chile reveló que las cifras se multiplicaron por diez en la última década. Si en 2007 se registraron 632 grupos familiares, en 2016 el número de familias que habitaban los campamentos antofagastinos ascendió hasta 6.229.

Asimismo, según datos proporcionados por la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), en la región viven 30.528 inmigrantes, una cifra que ha crecido un 327 % desde 2005, el aumento más alto de todo el país.

La llegada de inmigrantes hizo incrementar de forma desmesurada los precios de los alquileres, motivo por el cual los recién llegados se vieron obligados a trasladarse hacia la parte alta de la ciudad para emplazar sus hogares en las peligrosas laderas de los cerros.

«Decidimos subir a los cerros porque los arriendos eran demasiado caros. Por un departamento muy pequeño en una zona alejada de todo pagábamos 400.000 pesos (unos 609 dólares) al mes. Aquí con 2 millones de pesos (3.049 dólares) puedes construirte tu casita», explicó a Efe Jacqueline Fey, presidenta de la agrupación de campamentos «Américas Unidas», la más grande de Antofagasta.

Fey, casada y madre de tres hijos, llegó a Chile hace nueve años desde Ecuador. Hoy pasea por las polvorientas calles sin asfaltar del campamento con autoridad y, de forma afable pero también con firmeza, saluda y regaña a los vecinos que no «han hecho los deberes».

«Aquí tenemos un reglamento de convivencia y de respeto que cualquier vecino debe cumplir», dijo Fey, quien aseguró que es gracias a eso y a la gran coordinación existente entre las distintas familias lo que ha hecho alejar la delincuencia y mejorar las condiciones del campamento.

Lo más importante, señaló Fey, son las actividades comunitarias como las «polladas o los bingos bailables» que hacen que la gente se «conozca, se apoye y se cuide».

«No por vivir en un campamento tenemos que hacerlo de cualquier manera. Invitamos a los vecinos a pintar sus fachadas, a limpiar sus casas y arreglarlas. La dignidad empieza por uno mismo y sólo así se consiguen los cambios», agregó.

Por su parte, el secretario regional ministerial del Gobierno para la región de Antofagasta, Víctor Flores, explicó a Efe que la solución a largo plazo pasa por la construcción de vivienda social.

«En algún momento vamos a terminar con los campamentos (…) Ya llevamos más de 200 viviendas sociales en construcción y tenemos proyectos listos esperando la aprobación de la municipalidad», indicó el representante del Gobierno.

Mientras no llegan las viviendas, el Gobierno ha impulsado diversos gabinetes de trabajo con los dirigentes de los campamentos para evitar que estos asentamientos irregulares se conviertan en guetos aislados de la sociedad.

«No podemos permitir que existan ciudades extramuros en las que no entra la policía ni el gobierno. Eso sería un error tremendo», advirtió Flores.

Entretanto, Hilda, Jacqueline y los miles de habitantes de estas amenazantes laderas miran con esperanza el futuro y esperan que «con trabajo y esfuerzo» mejore su situación.

«Quizá no tengamos dinero pero nosotros somos ricos porque tenemos dos manos y dos pies para poder trabajar y construir nuestras casas. Vendrán tiempos mejores y los esperaremos con alegría e ilusión», concluyó Fey.

Fuente:http://m.elmostrador.cl/vida-en-linea/2017/04/09/campamentos-y-miseria-el-relave-de-la-mineria-chilena/

Mexico

Núcleos agrarios se oponen a las minas en Costa Chica-Montaña

Autor: Remax

Para garantizar el respeto a los pueblos, resuelven “la destitución, el procesamiento penal y la reeducación, de todos aquellos políticos, empresarios y caciques” que saquean los recursos naturales. Informan que existe la intención de otorgar 60 títulos de concesión minera más en esta región. Exigen la cancelación de todos los títulos de concesión de exploración y explotación. Informan que se han cancelado 22 concesiones, mediante amparos o por falta de condiciones para que entren las empresas.

Integrantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias (CRAA) de la Montaña y la Costa Chica Por la Defensa del Territorio acordaron ayer impedir el despojo de recursos naturales. En el foro informativo en Suljaa (Xochistlahuaca) llamaron a la unidad para proteger la tierra ante la eventual devastación en caso de permitir la instalación de explotaciones mineras.
Representantes de los pueblos nan’ncue ñomndaa, me’phaa, tu’un savi, nahuas y afromexicanos presentaron un acta de asamblea ante la devastación de los bosques; despojo del agua en ríos, arroyos y manantiales. Además del saqueo de material pétreo por parte de los gobiernos municipales de Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Ometepec, Azoyú, Cuajinicuilapa, Juchitán, Marquelia y el estado de Guerrero en el río  Jndaancue Ñomndaa (San Pedro) y el río Santa Catarina.

En el oficio firmado ayer, autoridades comunales que conforman el Consejo señalaron también que el saqueo está ligado a dependencas federales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a las que calificaron como omisas ante el daño a la fauna y vegetación. En el acta se recordó que menores de edad han muerto  en pozas por la extracción desmedida de material pétreo en los ríos.
Ante la intención de entrega de 60 títulos de concesión minera, expusieron que se mantiene el rechazo a lo que llamaron “proyectos de muerte” porque contaminan el ambiente.
En el auditorio  Epifanio de la Cruz, con cerca de 400 asistentes de las diversas regiones, se informó que desde 2012 los núcleos agrarios levantaron actas de rechazo a los proyectos de minería y a los proyectos de reserva de la biosfera en la Montaña alta de Guerrero.
Se recordó que la mitad de la superficie terrestre del  país, es propiedad social, pertenece a ejidos y bienes comunales.
Entre las acciones para impedir el uso y abuso del suelo se han levantado actas de asamblea en las que se rechaza la minería.
También se han modificado estatutos y reglamentos de bienes comunales y ejidos respectivamente para prohibir desde esos instrumentos legales la minería o cualquier otro proyecto que afecte el ambiente.Se recordó que Malinaltepec e Iliatenco son los municipios de La Montaña que han celebrado las asambleas de Cabildo abierto y que se comprometieron a no dar un permiso de uso de suelo.
Entre La Montaña y Costa Chica se han cancelado 22 concesiones, la mayoría de ellas por amparos y por falta de condiciones para entrar.
El sacerdote Melitón de Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec, expuso que hay una falsa creencia que localidad donde se instale una minera detonará la economía. Informó que lo que una familia de la región gasta en agua en 20 años, una minera lo gasta en una hora.
Llamó también a la siembra de árboles y a la prohibición de venta de madera, como ocurre en Malinaltepec donde no se permite la comercialización de la madera desde el 2012.
El integrante de Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), Miguel Mijangos Leal, expuso que fue a una visita a la comunidad de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, donde la minera Goldcorp se instaló y recientemente vendió a otra empresa. Allí los daños fueron inminentes y sirvió para reiterar la negativa a que se repita una destrucción en La Montaña y Costa Chica.
Expuso que una comunidad donde se instale una minera de extracción a cielo abierto conlleva daños a la salud. En esos lugares el 70 por ciento de la población padece enfermedades en el sistema respiratorio, y el 20 por ciento tiene daños en el oído.
En el tema de biodiversidad, dijo que entre las reformas estructurales, hace tres semanas se presentó la Ley de Biodiversidad, y la modificación de la Ley Forestal. Aseguró que esta última, está enfocada en la comercialización de la madera para desplazar los derechos de las comunidades y dar fuerza a las empresas para deforestar.

Una de las acciones es el censo “es decir, cuánto bosque tiene cada comunidad qué tipo de especie, lo que servirá para tener un control de cuánto se puede sacar”.
Recomendó que no se permita contar los árboles.
Afirmó que la Ley de Bioseguridad considera el uso de semillas modificadas genéticamente que ya no se reproducen, lo que hace dependientes a los campesinos del gobierno o las empresas que las producen.
Llamó a no “caer en la trampa” de recibir semillas que regale el gobierno para preservar especies endémicas y el patrimonio de la región.
Consideró que sucede una situación similar a la minería, “una vez que entra, a ese pueblo lo único que le queda es irse a vivir otro lado”.
Una integrante del Centro de Estudios Ecuménicos agregó que la Comisión Nacional Forestal elaboró un manual de plantas medicinales explicando las propiedades de éstas, además de entregar también semillas  genéticamente modificadas. El plan, supuestamente es recabar la experiencia de las curanderas, incluyendo los ritos, y que a partir de ese conocimiento se comercialicen las plantas medicinales.
Expuso que países como Alemania, Canadá, España, Japón se presentan ofreciendo beneficios como becas a estudiantes, carreteras y proyectos para ganarse la aprobación de la población.
El integrante de los Pueblos Originarios en Defensa del Ecosistema y sus Reservas (PODER), David Valtierra, hablço de la defensa del río San Pedro, cuerpo de agua que se entubó para abastecer a Ometepec, y que por la falta de cuidado podría secarse como ocurrió en ese municipio

“ya lo secaron y ahora están viendo de dónde agarrar el agua donde se han cuidado y nos vienen a despojar en vez de establecer un acuerdo”. Expuso que otro factor es la contaminación por el nulo tratamiento de aguas negras que son vertidas directamente a los ríos.
El Consejo de autoridades está integrado por núcleos agrarios de los municipios de Atlamajalcingo del Monte, Copala, Cochoapa el Grande, Iliatenco, Juchitán, Malinaltepec, Marquelia,  Xochistlahuaca y Metlatónoc. Se constituyó en octubre de 2012.
En Cochoapa no se han podido instalar asambleas por la fuerte división política, indicó el comisariado de los Bienes Comunales de Malinaltepec, Taurino Carrasco Castro.
En el acta de asamblea firmada por 16 autoridades ejidales y comunales, se acordaron ocho puntos, entre los cuales están hacer efectivas la declaraciones de territorio libre de minería en la Montaña y Costa Chica, exigiendo la cancelación de todos los títulos de concesión de exploración y explotación.
Otro punto es la organización de las comunidades para alcanzar una procuración de justicia que garantice  “el respeto a nuestros pueblos a partir de la destitución, el procesamiento penal y/o la reeducación,  de todos aquellos políticos, empresarios y caciques”.
También, “ejercer nuestro derecho a la jurisdicción territorial como pueblos originarios para garantizar el cuidado y la defensa de nuestro territorio  frente a la devastación, despojo, saqueo, contaminación y violencia”.

 

Fuente:http://www.remamx.org/2017/04/nucleos-agrarios-se-oponen-a-las-minas-en-costa-chica-montana/

 

Bolivia

26 empresas quieren construir planta de carbonato de litio

Autor: EL Deber.

El director de la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos, Juan Carlos Montenegro, informó el miércoles que 26 empresas nacionales e internacionales están interesadas en construir la Planta Industrial de Carbonato de Litio en Uyuni, Potosí.

«Son 26 empresas, tenemos cuatro empresas de China, dos de Alemania, una de Finlandia, una empresa rusa, una empresa coreana, dos empresas vinculadas a consorcios españoles y otras dos vinculadas a un consorcio con sede en México; el resto son empresas nacionales», dijo a la radio estatal Patria Nueva.

Montenegro explicó que se inició el proceso de evaluación de las expresiones de interés para preseleccionar en dos semanas a las empresas proponentes entre las que obtengan mejor puntaje.

«Lo que estamos buscando es la mejor empresa, que tenga la mejor experiencia y las mejores condiciones para construir y montar nuestra planta de carbonato de litio», remarcó.

Actualmente, la empresa alemana K-Utec Technology realiza el estudio a diseño final de la Planta Industrial de Carbonato de Litio de Uyuni, el mismo será presentado este mes.

 

Fuente:http://www.eldeber.com.bo/economia/26-empresas-quieren-construir-planta-de-carbonato-de-litio–20170405-0078.html

Internacional

Así es la mina de uranio que la australiana Berkeley quiere abrir en Salamanca

Autor: El Economista

(España).- El director gerente de Berkeley Energía, Paul Atherley, aseguró este martes a elEconomista que la mina de uranio que su compañía está construyendo en Retortillo (Salamanca) ha logrado hasta el momento un total de 90 permisos y seguirá adelante para generar empleos en una zona afectada cada vez más por la despoblación. Por ese motivo, la compañía australiana considera que la inversión de 250 millones de euros que quiere realizar en la zona no está en riesgo y seguirá tramitando los permisos necesarios ante el Consejo de Seguridad Nuclear y ante el Ministerio de Energía para poder comenzar a funcionar en 2019.

Atherley explica además que la mina será muy rentable puesto que ya tiene contratos firmados a 40 dólares (37,53 euros) frente a un precio actual que ronda los 25 dólares (23,45 euros) más el efecto del cambio de venta del uranio.

Berkeley Energía cuenta con la asesoría legal del bufete Herbert Smith, para hacer frente dentro de los plazos previstos a los requerimientos regulatorios. En estos momentos, no existe en España experiencia para la construcción de una infraestructura similar de tratamiento de uranio y eso, evidentemente, requiere de un análisis detallado.

La compañía, en la que participan algunos de los mayores fondos del mundo como Fidelity o Blackrock, cuenta para la construcción y desarrollo de este proyecto con la colaboración de Iberdrola Ingeniería, OHL y Foster Wheeler.

Atherley explicó que espera que a mitad de este año alrededor de 150 personas puedan estar trabajando ya en el proyecto de la mina. Según indicó cerca del 25% de la población de los dos municipios cercanos han presentado solicitudes de empleo a la compañía y destaca que incluso de modo intergeneracional, es decir, que padres e hijos aplican para un mismo empleo. Por ese motivo, el director gerente de la compañía asegura que tiene el «máximo apoyo local».

Atherley añadió además que la mina de Salamanca resulta además de gran interés para Europa ya que permitirá mantener la independencia energética. El pasado 31 de marzo, Diamo decidió el cierre de la mina de Rozma -la mina de uranio de la República Checa- lo que prácticamente deja a Europa sin minas de uranio. La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca ha suspendido la apertura de la mina y devuelto el expediente al Ayuntamiento de Retortillo.

Fuente:http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8272914/04/17/Berkeley-sigue-y-quiere-abrir-la-mina-de-uranio-en-2019.htmlaña

El director gerente de Berkeley Energía, Paul Atherley, aseguró este martes a el Economista que la mina de uranio que su compañía está construyendo en Retortillo (Salamanca) ha logrado hasta el momento un total de 90 permisos y seguirá adelante para generar empleos en una zona afectada cada vez más por la despoblación. Por ese motivo, la compañía australiana considera que la inversión de 250 millones de euros que quiere realizar en la zona no está en riesgo y seguirá tramitando los permisos necesarios ante el Consejo de Seguridad Nuclear y ante el Ministerio de Energía para poder comenzar a funcionar en 2019.

Atherley explica además que la mina será muy rentable puesto que ya tiene contratos firmados a 40 dólares (37,53 euros) frente a un precio actual que ronda los 25 dólares (23,45 euros) más el efecto del cambio de venta del uranio.

Berkeley Energía cuenta con la asesoría legal del bufete Herbert Smith, para hacer frente dentro de los plazos previstos a los requerimientos regulatorios. En estos momentos, no existe en España experiencia para la construcción de una infraestructura similar de tratamiento de uranio y eso, evidentemente, requiere de un análisis detallado.

La compañía, en la que participan algunos de los mayores fondos del mundo como Fidelity o Blackrock, cuenta para la construcción y desarrollo de este proyecto con la colaboración de Iberdrola Ingeniería, OHL y Foster Wheeler.

Atherley explicó que espera que a mitad de este año alrededor de 150 personas puedan estar trabajando ya en el proyecto de la mina. Según indicó cerca del 25% de la población de los dos municipios cercanos han presentado solicitudes de empleo a la compañía y destaca que incluso de modo intergeneracional, es decir, que padres e hijos aplican para un mismo empleo. Por ese motivo, el director gerente de la compañía asegura que tiene el «máximo apoyo local».

Atherley añadió además que la mina de Salamanca resulta además de gran interés para Europa ya que permitirá mantener la independencia energética. El pasado 31 de marzo, Diamo decidió el cierre de la mina de Rozma -la mina de uranio de la República Checa- lo que prácticamente deja a Europa sin minas de uranio. La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca ha suspendido la apertura de la mina y devuelto el expediente al Ayuntamiento de Retortillo.

Fuente:http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8272914/04/17/Berkeley-sigue-y-quiere-abrir-la-mina-de-uranio-en-2019.html

Colombia

Los fallos que frenaron proyectos en Marmato y Cerrejón

Autor: Semana.
Conflicto Relacionado: Marmato

Decisiones de la Corte Constitucional y consultas previas se acaban de frenar proyectos en Marmato y Cerrejón. Estos se suman a recientes decisiones de pueblos que han impedido explotar minas y construir hidroeléctricas. ¿Son justificables?

Hace una semana, el municipio de Cabrera (Cundinamarca) realizó una consulta popular para decidir sobre la construcción de proyectos mineros o hidroeléctricos en una zona de reserva campesina. Del total, 1.465 personas votaron en contra y 23 a favor, con lo cual quedó bloqueado un proyecto de Engesa para ejecutar ocho minicentrales sobre el río Sumapaz. Algo similar había sucedido el año pasado en Pijao, un municipio de Quindío que votó contra la explotación de oro en su territorio y sentó un precedente porque un fallo de la Corte Constitucional determinó que los entes territoriales sí pueden prohibir la minería.

Pero estos no son casos aislados. También hace una semana mineros artesanales ganaron un pulso contra la multinacional canadiense Gran Colombia Gold por la explotación de oro en los socavones del cerro El Burro, en Marmato (Caldas). La Corte

Constitucional les dio la razón y ordenó suspender el trabajo de la compañía mientras realiza una consulta previa. En medio de esta disputa se conoció una demanda de la multinacional contra la Nación por 700 millones de dólares, por cambios en las reglas de juego en el tratado de libre comercio (TLC) entre Colombia y Canadá.

El alto tribunal también se pronunció sobre una acción de tutela de la Comunidad Indígena Media Luna Dos, en Uribia (La Guajira), contra la Nación y Cerrejón por considerar que extraer carbón a cielo abierto afecta la salud de los pobladores de los municipios cercanos. Según los magistrados hay pruebas de afectaciones visibles e identificables que el polvillo de este mineral produce en los habitantes de la región.

Con este fallo entra en revisión la licencia para el plan de Puerto Bolívar de la compañía para facilitar el transporte y exportación del mineral. La multinacional sostiene que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la población ya que en la zona donde

se va a desarrollar la ampliación no existe presencia de comunidades étnicas, como lo certificó el Ministerio del Interior.

Pues bien, los casos anteriores muestran la compleja situación que vive el sector minero-energético en Colombia, en el que el rechazo de las comunidades frenó grandes proyectos que podrían llevar desarrollo al país y a las regiones.

Los inversionistas creen que la situación está pasando de castaño oscuro y sostienen que las industrias extractivas están quedando en jaque. Ante la gravedad de los hechos, la Andi y siete gremios del sector, entre ellos la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Naturgas, Acolgén, Andesco, Andeg y Asocodis, le pidieron al gobierno, al Congreso, a las cortes, a los jueces, a los alcaldes y a los gobernadores trabajar

de manera más coordinada para garantizar reglas de juego claras.

Para los empresarios uno de los grandes problemas es la desarticulación entre las competencias del Estado y las entidades territoriales. Marmato es un ejemplo. En este municipio alrededor de 5.000 familias viven de explotar el oro, un oficio que han practicado durante décadas en socavones en el cerro El Burro.

 

Pero en 2007, tras la llegada de Gran Colombia Gold, que adquirió en este sitio un título para explotación, comenzó un largo camino para desalojar a los mineros que estaban invadiendo dicho

terreno. Distintas entidades como Ingeominas, la Agencia Nacional de Minería y hasta el Tribunal Superior de Manizales respaldaron a Gran Colombia Gold, pero los fallos y las resoluciones nunca se cumplieron y los mineros siguieron en la zona. Aunque como se dijo atrás, para sorpresa de la compañía la semana pasada un fallo de la Corte Constitucional amparó los derechos de los mineros, pidió realizar una consulta con las comunidades indígenas y afrodescendientes, suspendió la orden de desalojo y ordenó a Gran Colombia Gold detener la explotación.

El alcalde de Marmato, Julio Vargas, ha señalado que la consulta fue lo primero que debió hacer el gobierno antes de otorgar el título, pero las autoridades sostienen que han cumplido todos los pasos y que en este caso se están protegiendo actividades de invasores de títulos mineros. Si bien los fallos judiciales buscan proteger a las poblaciones vulnerables al medioambiente, lo cierto es que se han vuelto un gran dolor de cabeza para las compañías que no saben a qué atenerse. Por eso los gremios del sector señalan que “si Colombia quiere pasar de ser un país de ingreso medio a uno de ingreso alto, debe tomar la decisión clara de crear condiciones justas y previsibles para la actividad empresarial, dentro de las cuales la certidumbre jurídica juega un papel fundamental”.

En este sentido el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, considera que con los fallos de las cortes el país puede matar la gallina de los huevos de oro porque este sector es uno de los que más aporta con impuestos y regalías. Mac Master dice que las empresas que hacen las cosas legalmente están sujetas a toda clase de normas mientras la minería ilegal sigue adelante. “Ser formal en Colombia se volvió una desventaja competitiva”, anota.

Cabe señalar que el sector minero-energético tiene un alto impacto económico, a tal punto que responde por cerca del 70 por ciento del total de las exportaciones de Colombia y genera millonarios ingresos. La incertidumbre jurídica se presenta en momentos en que se recuperan los precios de las principales materias primas -petróleo, carbón, oro-  y cuando está en picada la inversión extranjera en el sector, que pasó de 8.000 millones de dólares a menos de 3.000 millones el año pasado.

Para Santiago Ángel Urdinola, presidente de la ACM, la situación está llegando a un nivel crítico por la esquizofrenia en las consultas, que se está saliendo de cauce porque siempre aparecen nuevas comunidades que frenan los proyectos por medio de tutelas. “Estamos tocando fondo y se está llegando a un caos y anarquía por tanta ‘consultitis’”, dice.

Orlando Cabrales, presidente de Naturgas, afirma, por su parte, que es necesario promover un diálogo al más alto nivel sobre cuál es el desarrollo que quiere Colombia y para aclarar de una vez por todas los alcances y límites de las consultas, que se están convirtiendo en un poder de veto.

Para ello es necesario que el gobierno tramite una ley estatutaria que incluya un censo de las comunidades que hay en el país que se podrían ver afectadas con diversos proyectos. Pero inexplicablemente este tema, que debe tramitar el Ministerio del Interior, lleva engavetado varios años.

Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), también ha expresado su preocupación y sostiene que sin seguridad jurídica es muy difícil que el sector sea competitivo. Pero las comunidades opinan lo contrario y aseguran que por primera vez en muchos años se les reconocen sus derechos y se les está protegiendo de los abusos de algunas compañías que han contaminado sus territorios y afectado su salud, sin ninguna clase de retribución económica.

El país tiene un inmenso reto al que le ha venido haciendo el quite en los últimos años. Debe tratar de conciliar los intereses del sector privado con el respeto a las comunidades y los ecosistemas de las zonas aledañas a los proyectos minero-energéticos. Lo peor sería cruzarse de brazos mirando cómo la minería ilegal, que no respeta nada a su paso, gana terreno y se pasa por la faja a las cortes y a las autoridades ambientales y territoriales.

Fuente:http://www.semana.com/economia/articulo/los-fallos-que-frenaron-proyectos-en-marmato-y-cerrejon/517345

Colombia

¿Puede la locomotora minera desconocer los resultados de las consultas populares como las de Cajamarca?

Autor: Semana.
Conflicto Relacionado: La Colosa

Este martes María Jimena Duzán debatió sobre si se respetarán los resultados de la consulta minera en Cajamarca, estuvo acompañada por Manuel Rodríguez, exministro de Medio Ambiente, EvaMaría Uribe,ex viceministra de Minas y energía, Silverio Gómez, periodista y economista, Robinson  Mejía, vocero del ‘No’ en la consulta popular minera en Cajamarca y Antonio Navarro, senador por la Alianza Verde.

El exministro Manuel Rodríguez afirmó que desconocer la consulta popular es la forma más ácida de decir que no se quiere construir paz, además consideró que el problema de la minería en Colombia es que hay recursos mineros en las montañas pero estas son las fuentes de agua del país.

Por otro lado, la exviceministra de minas EvaMaría expuso que hay que buscar un balance positivo para los tres actores: la comunidad local, el departamento y la nación. Agrego que la minería es importante para el país, le aporta beneficios enormes.

Por su parte, Robinson Mejía sostuvo que no hay un proyecto minero que pueda demostrar que porque tiene licencia ambiental se están haciendo las cosas bien. Para el vocero del ‘No’ en la consulta popular minera lo más lógico es que acepten la participación democrática que hubo en Cajamarca, porque esto no es una dictadura minera.

Silverio Gómez expuso que el proyecto La Colosa tiene unas implicaciones nacionales y es el futuro de la minería de Colombia, dijo que hay que hacerlo pero hay que hacerlo bien.

Finalmente, el Senador Navarro sostuvo que en Colombia la minería la quieren hacer en páramos, zonas pobladas o agrícolas.Agrego quecon la minería, ríos de montaña disminuyen su caudal.

Fuente:http://www.semana.com/nacion/multimedia/semana-en-vivo-proyectos-mineros-en-cajamarca/519988