Guatemala

Minera De Níquel, Corrupción e Impunidad en El Estor

A la preocupación por la acelerada contaminación del agua, especialmente en el lago de Izabal, con residuos de químicos provenientes de la extracción minera del níquel, se suma una nueva preocupación: la empresa sigue operando sin haber completado los requerimientos que la ley en Guatemala demanda.

La empresa minera Compañía Procesadora de Níquel de Izabal, S.A. (Pronico) no realizó la consulta previa e informada a las comunidades indígenas del municipio de El Estor, como lo demanda la ley de minería, el Convenio 160 de la OIT y el Código Municipal. Esta empresa ha cambiado de dueños, y ahora es propiedad de la empresa rusa Solway Investment Group, que le compró en 2011 el proyecto minero a la empresa canadiense HudBay Minerals Inc.

Por eso, este miércoles 28 de noviembre, distintos sectores de la sociedad de este municipio revisaron este tema. Hay encaminadas varias acciones legales en contra de la actividad extractiva de la empresa, y del otorgamiento de las licencias de manera anómala durante el gobierno del Partido Patriota.

La sociedad civil de El Estor está analizando la realización de la consulta comunitaria o consulta de vecinos debido a que no hubo ninguna consulta hecha a los pueblos indígenas en el territorio. La omisión de la consulta por parte de la empresa CGN y del Estado es una clara violación de los derechos humanos y colectivos en Izabal.

El Estado de Guatemala y la empresa violaron el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT: “mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras”.[1]

Durante el gobierno del expresidente Otto Pérez Molina la empresa rusa fue beneficiada por el Estado de Guatemala para las operaciones que tenía previstas. De la misma forma, el exministro de Energía y Minas, Erick Archila Dehesa, ahora prófugo de la justicia por varios casos de corrupción dentro del Estado, aprobó la ampliación de las licencias de la empresa rusa en Izabal a partir de 2013.

“La licencia de explotación minera SEXT-019-11 del ‘Proyecto de Explotación Minero Niquegua Montúfar II’, en el municipio Los Amates del departamento de Izabal, fue otorgada el 3 de abril de 2013 a la CGN”.[2]

Representantes y autoridades comunitarias durante varios años han denunciado que la empresa CGN Pronico opera de manera ilegal, además, a esto se suma la preocupación por la contaminación del agua y la destrucción de los cerros que realiza la empresa minera. Se suma también la criminalización de las comunidades por oponerse a este proyecto minero. Se suman también la persecución penal, la existencia de presos políticos y que existan procesos penales en contra de aquellas personas que piensan distinto a la empresa y se oponen de manera pacífica a esta.

FOTOGRAFÍA CARLOS ERNESTO CHOC
[1] Organización Internacional del Trabajo OIT. Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—americas/—ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf

[2] NIQUELADOS: EL PP Y LOS RUSOS, Revista Perro Bravo. 25 de agosto 2016. http://www.revistaperrobravo.com/niquelados-el-pp-y-los-rusos/

Fuente:http://noalamina.org/latinoamerica/guatemala/item/38117-minera-de-niquel-corrupcion-e-impunidad-en-el-estor

Chile

Autoridades de Andacollo presentan recurso para evitar avance de minera Teck

El alcalde Juan Carlos Alfaro comentó que la intención no es parar las faenas mineras, sino que frenar el avance de los trabajos a la zona urbana de la comuna para proteger la calidad de vida de la comunidad.

El alcalde de Andacollo, Juan Carlos Alfaro, en compañía de cinco concejales de la comuna, llegó hasta la Corte de Apelaciones de La Serena para presentar un recurso de protección ambiental frente a la compañía minera Teck CDA, con el objetivo de evitar un posible avance de las faenas hacia las poblaciones de la ciudad.

En la actualidad existe una Resolución Ambiental vigente desde el año 2007, que según comentó el edil, le permite a la empresa ampliar sus trabajos y acercarse más aún a la zona urbana.

Sin embargo, la comuna de Andacollo fue declarada zona saturada en 2009, “por lo tanto presentamos este recurso para que el Servicio de Evaluación Ambiental pueda reconsiderar esta resolución, producto de que las condiciones han cambiado», indicó la primera autoridad comunal.

En este sentido aseguró que no se espera frenar las faenas, sino que “queremos que haya producción minera y posibilidades de trabajo, pero con el debido respeto a la comunidad y con la responsabilidad necesaria para que la gente tenga un mejor vivir y un ambiente más grato”.

Alfaro señaló que actualmente las faenas “están a unos 150 o 200 metros de la zona urbana y con la Resolución de Calificación Ambiental podrían acercarse más a la zona urbana”. Situación que también preocuparía a los vecinos por los constantes ruidos de tronaduras y la contaminación que presenta.

“Sabemos que la empresa hace sus mitigaciones y trabaja como corresponde, pero entendemos también que al estar tan cerca de la ciudad hay una percepción distinta por parte de la comunidad”, dijo Alfaro.

En este sentido agregó que las tronaduras y ruidos son molestos para la comunidad, “prácticamente son pequeños sismos que se producen y al estar más cerca de la ciudad produce mayores problemas”, argumentó.

La decisión de presentar el recurso fue tomada en concejo comunal y fue presentada por las autoridades en tribunales al mediodía de este martes y se suma a otras acciones llevadas a cabo por parte de la comuna por problemas medioambientales.

El 11 de octubre el concejo comunal presentó una petición a la Contraloría regional para que se investigaran las presuntas responsabilidades de las entidades fiscalizadoras ante el ingreso de proyectos mineros a la comuna entre 1990 y 2010.

En esa oportunidad, las entidades implicadas, tanto Sernageomín como la Superintendencia de Medio Ambiente, aseguraron poner a disposición del órgano contralor toda la información y documentación necesarias para la investigación. 6302

Fin de aportes a La Voz de La Montaña

Para evitar objeciones en la petición a la contraloría, el concejo comunal además decidió no recibir aportes de la compañía minera para la realización del Festival La Voz de La Montaña, que se realizada cada año en la comuna.

El alcalde explicó que se quiere evitar ambigüedades «por un lado estamos haciendo una denuncia y por otro estamos recibiendo recursos de la empresa, eso puede ser objetado», señaló.

Además agregó que una vez que la contraloría se pronuncie podrán «ver en qué circunstancias podemos recibir aporte de las empresas privadas, no solo de la minera». Sin embargo valoró el aporte que hacen las empresas con responsabilidad social «para que haya también mayor avance y que el progreso llegue a todos».

Cronología

  • 3 febrero 2009 – La comuna de Andacollo es declarada zona saturada.
  • 1 enero 2015 – Entra en vigencia el Plan de Descontaminación en la comuna.
  • 26 septiembre 2017 – Concejo comunal aprobó un acuerdo para denunciar contaminación ante contraloría.
  • 11 octubre 2017 – Concejo presenta petición tomada ante la contraloría regional.
  • 28 noviembre 2017 – Autoridades presentan recurso de protección para que se revise la resolución ambiental a minera Teck.

Fuente:http://www.diarioeldia.cl/region/autoridades-andacollo-presentan-recurso-para-evitar-avance-minera-teck

Perú

MINSA pidió disculpas y se comprometió a revisar demandas de los afectados por metales tóxicos

Representantes de siete regiones afectadas por metales tóxicos se reunieron con el ministro de Salud Fernando D Alessio y alto altos funcionarios de su cartera, el último viernes para dar a conocer sus demandas y propuestas. Exigieron que se establezca una política de salud integral que brinde respuesta inmediata a los casos más urgentes, sobre todo, porque los niños y niñas de sus comunidades están siendo gravemente intoxicados con la contaminación generada por pasivos ambientales y actividades extractivas siguen operando.

Participaron de la reunión, representado a las regiones: Fidel Sandi, de Trompeteros (Lote 8, Loreto), Melchora Surco y Flavio Huanqque de Espinar (Cusco), Rosa Amaro de La Oroya (Junín), Héctor Amaya de Huancayo (Junín), entre otros dirigentes locales. De parte del Ministerio de salud estuvieron los funcionarios: Walter Borja, secretario general del MINSA, Andres Guillermo Lescano, director general centro nacional de epidemiología, prevención y control de enfermedades; Lesli Zevallos, directora general de la Dirección General de intervenciones estratégicas en Salud Publica; Víctor Suarez, sub jefe del Instituto Nacional de Salud y César Vásquez Guevara, director general de la Oficina General de Gestión Descentralizada.

El ministro informó que estuvo en la provincia de Hualgayoc (Cajamarca) donde el suelo y el aire están contaminadas por la actividad minera. D Alessio constató las condiciones de salud de la población y aseguró que está haciendo gestiones con otros Ministerios como Vivienda y saneamiento, y Agricultura para mejorar la calidad de agua y salud en dicha zona.

Asumió el compromiso de hacer llegar el documento con la agenda de demandas y propuestas de las comunidades afectadas en salud por la actividad minera y de Hidrocarburos a los demás sectores involucrados: Ministerio del Ambiente (MINAM), Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Vivienda y saneamiento, Agricultura y Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Para D Alessio es importante acudir a las propias zonas como Hualgayoc y que su viceministro estaba realizando estos días una visita en Cerro de Pasco.

César Vásquez Guevara, director General de la Oficina General de Gestión Descentralizada, se dirigió a los afectados para pedir disculpas por la situación que atraviesan las poblaciones afectadas y pidió tener coordinación directa con las comunidades y poblaciones de las zonas donde existen pasivos ambientales, operaciones mineras y de hidrocarburos.

Por su parte, directora General de intervenciones estratégicas en Salud Publica, Leslie Zevallos, indicó que era importante abordar el tema de la salud de forma integral: tomando en cuenta el género y la cultura, sin dejar de lado la salud mental, tomando así en cuenta las propuestas de la agenda planteada por los afectados. Asimismo, aceptó que es necesario revisar la Guías de atención en salud por metales pesados, porque las que existen se encuentran desfasadas.

Sub jefe del Instituto Nacional de Salud, Víctor Suarez, informó que el Instituto Nacional de Salud continúa realizando evaluaciones de metales pesados como una de sus tareas. “El MINSA ha invertido para la construcción de un laboratorio toxicológico con mejores capacidades y tecnología para verificar la presencia de metales pesados en el cuerpo de los afectados y en agua”. Dicho laboratorio se encuentra en Chorrillos y estará operativo a partir de mediados del 2018.

En una de sus participaciones finales, el dirigente de Espinar Flavio Huanqque, cansado de la inacción del Estado frente a estos temas increpó: «¿Tenemos que morir para que el Estado tenga plata?»

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/660-minsa-reunio-afectados

Chile

Los Pelambres deberá retirar escombrera en lado argentino en hasta 6 años y medio

Las 40 millones de toneladas de escombros que la minera Los Pelambres sacó de su yacimiento en Chile y tiró en el lado de la cordillera sanjuanina van camino a ser trasladadas a su lugar de origen.

El juez federal Leopoldo Rago Gallo aprobó el plan de retiro que había presentado la empresa, por lo que ésta contará con un plazo de cinco años y medio, con uno más de prórroga en caso de que sea necesario ante contingencias climáticas. El magistrado además ordenó que las tareas comiencen el 15 de este mes, tal cual había solicitado la gestión uñaquista. Además, en la resolución se dispuso que la compañía deberá instalar cámaras para seguir en tiempo real las obras y una serie de acciones preventivas y de control para evitar impactos ambientales en el transcurso de la extracción, revelaron fuentes calificadas.

La resolución del juez es fundamental, ya que marca el inicio del fin de un conflicto que se desató en 2014 y que estuvo envuelto desde entonces en la disputa judicial. La misma se destrabó luego de que el juez, por pedido de Fiscalía de Estado de la provincia y el fiscal federal Francisco Maldonado, dispusiera una medida cautelar para que Los Pelambres sacara la escombrera, con la confección previa de un plan, el cual fue revisado por peritos del Ministerio de Minería y los designados oficialmente. Será la primera vez en la historia de la actividad que se trasladará una escombrera de un lugar a otro, dado que la que se armó en territorio calingastino se había construido sin ninguna autorización argentina.

Según trascendió, Rago Gallo consideró adecuado el esquema de cinco años y medio, más uno de prórroga ante cualquier eventualidad que pueda surgir en el trabajo de alta montaña, como accidentes. En su planteo, la provincia apuntó a un retiro de cinco años en total. Eso sí, Los Pelambres deberá comunicar al magistrado todo tipo de contingencia que pudiera poner en riesgo la continuidad y el desarrollo del plan.

Como el inicio será el 15, el juez le indicó a la minera que deberá conseguir rápida y urgentemente las autorizaciones para poder operar. De hecho, Patricio Enei, vicepresidente Legal de la empresa, había manifestado en la audiencia de presentación del plan que ya se encontraban gestionando dichos trámites.

De acuerdo a las fuentes, el magistrado dispuso una serie de medidas que deberá cumplir la compañía, muchas de ellas solicitadas por Minería. Así, se encuentra la instalación de cámaras de control en la escombrera para seguir en tiempo real las obras, tal como se implementó, por disposición de la gestión uñaquista, en la mina iglesiana Veladero luego de un derrame de solución cianurada y dos incidentes. Los Pelambres deberá realizar monitoreos sobre calidad de aguas de las lagunas cercanas a los residuos y del río Carnicería (afluente del San Juan), durante la construcción de las obras preventivas, el retiro y luego de que se lleve a cabo la tarea. Para ello, deberá hacer pozos de control de agua superficial y subterránea.

Además, como la escombrera afectó lagunas cordilleranas, la compañía deberá realizar una tarea de recomposición de las mismas. También hubo degradación de vegas (terreno húmedo), por lo que tendrá que armar un plan de reimplantación para que se recomponga la zona del ecosistema. Una pericia encargada por Rago Gallo había indicado que se habían contaminado lagunas y que la escombrera es un potencial foco de drenaje ácido, entre otros puntos. Tras el informe, el Gobierno incluso aceleró las tratativas con Cancillería para solucionar el conflicto.

Fuente:http://www.latinomineria.com/2017/12/los-pelambres-debera-retirar-escombrera-lado-argentino-6-anos-medio/

Colombia

‘El alcalde de Bucaramanga nos cree ignorantes con lo de Santurbán’

Así le respondió la primera autoridad del municipio de California, en donde se llevará a cabo el polémico proyecto minero de oro, al mandatario bumangués.

ugo Lizcano, alcalde del municipio de California, en donde está ubicado el polémico  mega proyecto minero de Soto Norte, aseguró a Portafolio.co que tanto las autoridades civiles como la comunidad de la población han revisado y monitoreado los trabajos de Minesa y confían que no se afectarán los recursos hídricos de la región ni de la ciudad de Bucaramanga.

¿Cómo alcalde de California qué piensa del proyecto minero de oro?

Para nosotros es muy importante. El municipio ha sido minero por décadas y el 90% de nuestra economía depende de esta actividad.

Además le hemos hecho seguimiento y va a traer mucho beneficio para el municipio, pero siempre hemos recalcado a la empresa que debe hacer una minería bien hecha. Seremos los primeros en denunciar si vemos que están afectando el medio ambiente, aspectos sociales o económicos. No vamos a dudar en rechazar si algo malo pasa.
Pero hasta el momento como alcalde e hijo de California, vemos que es un proyecto que cuida de la comunidad y del medio ambiente. Venimos trabajando de la mano para que sea bueno para todos.

¿Cómo se ha visto afectado ambientalmente el municipio tras décadas de explotación?

Primero se hizo una minería artesanal, de pequeños mineros de la región, pero se veían afectadas las fuentes hídricas ya que se hacía con mercurio y cianuro. Eso ya no sucede porque se hicieron capacitaciones para que trabajaran sin estos químicos y también debido a los múltiples requisitos del código de minas, que hicieron que los pequeños mineros vendieran sus títulos.

¿Cómo asegurar que no van a contaminar o acabar con las fuentes hídricas?

Desde un comienzo nos han contado todo: que no van a utilizar cianuro ni mercurio, que el proceso de separación va a ser por concentrado en Suratá. Nos han mostrado cómo van a ser tratadas las fuentes hídricas y a su vez hemos leído el estudio de impacto ambiental, el cual muestra que estas afectaciones no van a suceder durante el proyecto.

¿Qué piensa de las protestas del alcalde de Bucaramanga?

Le diría al alcalde de Bucaramanga que está desinformado porque él afirma que tenemos que proteger el páramo de Santurbán, cuando la minería se está haciendo por fuera del páramo.

Creo que son afirmaciones que son políticas debido a que nos acercamos a unas elecciones de senado, cámara y presidenciales y por eso lo está manejando políticamente.

Si usted mira todas las manifestaciones que se han hecho, inclusive la marcha del 6 de octubre, uno le preguntaba a la gente por qué marchaba y decían que para que no contaminaran el agua, pero era porque el alcalde lo decía. No tenían otra razón.

Por eso los habitantes de la provincia de Soto Norte estamos dando la lucha, informando cómo es el proyecto, cómo se llevan los proyectos mineros y que no se afecta el páramo.
Nosotros somos siempre los que hemos cuidado el páramo, siempre lo hemos protegido.

Siempre le hemos hecho la invitación al alcalde de Bucaramanga que hagamos una mesa de diálogo e informemos bien a la gente, pero ha sido imposible reunirnos con él. Lo que queremos decirle al alcalde de Bucaramanga es que respete nuestro territorio, que para eso hay unos alcaldes elegidos y unas comunidades que merecen respeto y lo mejor es llegar al diálogo. Como californianos tenemos derecho a un territorio y a un trabajo digno, y nuestro proyecto siempre ha sido la minería, que nos da de comer.

¿Será que el alcalde de Bucaramanga piensa que ustedes no saben de minería?

Él siempre nos ha dicho que nosotros somos unos ignorantes, como si él fuera el más estudiado o especializado. Pero no se necesita de ser estudiado sino de conocer su territorio. Yo como alcalde que nací y me crié aquí, conozco mi territorio y sé cómo se ha llevado la pequeña minería artesanal, sabemos cómo se está llevando el proceso de gran minería, además hemos tenido el acompañamiento de todas las entidades nacionales.
La invitación al alcalde de Bucaramanga es que no nos siga estigmatizando ni diciendo cosas que no son en contra de nosotros los alcaldes y nuestras comunidades.

¿Qué piensa la comunidad de California del proyecto?

Un 80% de la comunidad lo apoya. Es un proyecto que va a traer beneficios a las comunidades porque no hemos tenido presencia ni del gobierno Nacional ni del Estado. Gracias a este proyecto hemos visto un desarrollo porque la empresa ha contribuido mucho en lo social.

Fuente:http://www.portafolio.co/economia/alcalde-de-california-responde-a-alcalde-de-bucaramanga-512316

Mexico

Minera canadiense ha despojado de 80 mil hectáreas a indígenas en Oaxaca

A través de cuatro filiales, la empresa canadiense Fortuna Silver Mines (FSM) acapara 26 concesiones mineras con las que ha despojado de 80 mil hectáreas a pueblos y comunidades indígenas y campesinas, reveló una investigación de Servicios para una Educación Alternativa (Educa).

De acuerdo con el estudio, pese a la política de opacidad de la empresa minera canadiense, se logró establecer que sus cuatro filiales –Geometales del Norte-Geonorte S.A. de C.V., Minerales de Oaxaca S.A de C.V., Plata Panamericana S.A de C.V. y Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V.– monopolizan 80 mil hectáreas de 35 municipios de los Valles Centrales, que equivale a diez veces el tamaño de la ciudad de Oaxaca.

Esa situación coloca a pueblos zapotecas y campesinos en una seria desventaja frente a la empresa minera, ya que FSM no está obligada a entregar cuentas a los mismos, precisa el documento.

Y es que bajo un esquema de compra-venta de concesiones a través de sus filiales (permitido por la ley minera), la empresa se ha hecho propietaria del 100% de 26 concesiones, aproximadamente, todas ellas ubicadas en los Valles Centrales, sobre todo en los distritos de Ocotlán, Ejutla y Tlacolula.

Ante este panorama, comunidades de Ocotlán, Ejutla y Tlacolula han definido la defensa de su territorio como eje principal, por lo que durante 2016 y 2017 emprendieron una serie de exigencias a las autoridades federales, en las que sobresale la cancelación de las concesiones mineras.

Cabe destacar que ninguna concesión ha sido informada o consultada formalmente con los titulares de derechos de estos territorios, por el contrario, las autoridades federales y la empresa minera Fortuna Silver Mines han mantenido una política de opacidad en ese tema.

Según Educa, la empresa minera FSM, con sede en Vancouver, Canadá, obtiene ganancias ventajosas a cambio del despojo del territorio de pueblos zapotecos.

En un comunicado difundido en agosto de 2017, la empresa informó que compró a la empresa Radius Gold el 100% del proyecto “Tlacolula”, abarcando 82 mil 630 hectáreas, sin embargo, la información publicada no menciona que dichas hectáreas no corresponden únicamente al citado proyecto.

En el área concesionada también están involucrados al menos otros dos proyectos mineros con los nombres “San José”, en etapa de explotación comercial, y “Trinidad Norte”, en etapa de desarrollo.

Según Educa, al indagar sobre la compra de la empresa Radius Gold se sorprendieron de la existencia de una concesión denominada “Tlacolula” (con título 230278) en el municipio de San Juan Guelavía, con una extensión de 16 mil 465 hectáreas. Sin embargo, el titular de la concesión es una empresa llamada Geometales del Norte-Geonorte S.A. de C.V., que tiene dos concesiones más en la región (títulos 232270 y 233392), con una superficie de 6 mil 699.28 y 12 mil 642.00 hectáreas, respectivamente.

FSM tiene un proyecto en etapa de explotación comercial denominado “San José” en el municipio de San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca.

Al revisar la lista de concesiones proporcionada por la Secretaría de Economía (SE) en 2017, Educa encontró que las concesiones que amparan la explotación de plata y oro en este municipio son cuatro: Progreso, Progreso II, Progreso II Bis y Progreso III (títulos 217626, 217624, 217625 y 215254, respectivamente), que suman 702 hectáreas. Sin embargo, el titular de dichas concesiones es Minerales de Oaxaca S.A. de C.V.

En cuanto a “Trinidad Norte”, es importante mencionar que en enero de 2013 FSM anunció la compra parcial y total en un futuro de la concesión “Taviche Oeste”, que “rodea el proyecto actual”.

En la lista también se encontró que la concesión a la que hace referencia el comunicado de FSM se denomina actualmente Reducción Taviche Oeste (título 215542) y la empresa concesionaria es Plata Panamericana S.A. de C.V., que cubre una extensión de 6 mil 254.00 hectáreas.

Desde hace más de dos años, comunidades del Valle de Ejutla han denunciado una serie de trabajos y actividades de FSM en sus territorios, sin su consentimiento, además de la entrega de concesiones mineras por parte de la Secretaría de Energía en esta misma región.

En esa región, según la lista de concesiones, se han entregado 13 a la Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V. (la misma que realiza obras de exploración y explotación en San José del Progreso), con una superficie de 42 mil 107 hectáreas.

El estudio de Educa destaca que las concesiones “propiedad de FSM” afectan directamente 35 municipios de los Valles Centrales, que se encuentran en: Taniche, Coatecas Altas, San Miguel Ejutla, Ejutla de Crespo, Santa Lucía Ocotlán, Santa Catarina Minas, San Pedro Taviche, San Miguel Tilquiapam, San Martín de los Cansecos, San Jerónimo Taviche, San Baltazar Chichicapam, Magdalena Ocotlán, Ocotlán de Morelos, San Pedro Apóstol y San José del Progreso en la región Ocotlán-Ejutla.

También en San Lorenzo Albarradas, San Dionisio Ocotepec, Santa María del Tule, Yaxe, Santo Domingo Tomaltepec, Santiago Matatlán, Santa María Guelache, Santa Cruz Papalutla, San Sebastián Teitipac, San Sebastián Abasolo, San Lucas Quiaviní, San Juan Teitipac, San Juan Guelavía, San Baltazar Chichicapam, Rojas de Cuauhtémoc, Magdalena Teitipac, San Francisco Lachigoló, San Jerónimo Tlacochahuaya, Teotitlán del Valle y Tlacolula de Matamoros, en la región de Tlacolula.

Fuente:http://noalamina.org/latinoamerica/mexico/item/38122-minera-canadiense-ha-despojado-de-80-mil-hectareas-a-indigenas-en-oaxaca

Colombia

No habrá exploración minera en la Sierra, asegura Mininterior

Gobierno e indígenas llegaron a un acuerdo, tras protestas.  Más de 585.000 hectáreas estarán libres de la actividad.

El Gobierno nacional y las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta acordaron que no haya proyectos de exploración minera en este territorio, en el que en este mismo sentido se anunció la declaratoria de más de 585.000 hectáreas libres de minería.

Al respecto, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, señaló: “El acuerdo que hemos logrado consiste fundamentalmente en haber definido una hoja de ruta para tomar las decisiones que permitan que ningún proyecto de exploración minera se desarrolle en la Sierra Nevada de Santa Marta porque tiene que ser una zona protegida de la explotación minera y hemos acordado”.

Por su parte, el ministro de Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo, explicó los alcances de la medida: “Hemos tomado la decisión de congelar cerca de 585.000 hectáreas para que en esta zona no se dé ningún nuevo título minero o concesión minera y vamos a crear allí unas zonas de protección. Esto se suma a las 40 mil hectáreas que ya tenemos en el Parque Nacional Natural en la Sierra Nevada de Santa Marta, es decir, en cerca de un millón de hectáreas en esa zona hoy no hay ningún proyecto de minería a gran escala, ni vamos a tener. Es una decisión que garantiza que vamos a proteger ese ecosistema para la humanidad”.
La solicitud. Los indígenas, en días pasados por medio de protestas,  reclamaban al Gobierno nacional la protección del agua y del macizo, señalando que actualmente existen 130 títulos mineros y unas 300 solicitudes más para explotación que deterioran el presente y futuro de los pueblos que habitan en la Sierra Nevada y que la rodean.

Fuente:https://www.elheraldo.co/magdalena/no-habra-exploracion-minera-en-la-sierra-asegura-mininterior-431374

Internacional

Ya es oficial: publicado el ‘carpetazo’ a la minería de tierras raras en el Campo de Montiel

Hace más un mes que lo anunció el Gobierno de Castilla-La Mancha pero hoy ya se ha hecho oficial. La Dirección General de Industria, Energía y Minería ha oficializado la  denegación del polémico proyecto de minería de tierras raras solicitado por la empresa Quantum Minería en el Campo de Montiel (Ciudad Real) a través de un anuncio publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM). Este ‘carpetazo’ se produce tras la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) negativa que elaboró la Consejería de Medio Ambiente y que ya detalló el consejero del ramo. Francisco Martínez Arroyo.

Según indica este anuncio,  la Consejería de Economía, Empresas y Empleo ha denegado las concesiones de explotación derivadas de permisos de investigación -Matamulas-F1, Rematamulas-Fracción 1ª y Rematamulas-Fracción 2ª- en los términos municipales de Torrenueva y Torre de Juan Abad, en la comarca del Campo de Montiel, por la inviabilidad ambiental de los mencionados proyectos.

En este sentido, alude a la declaración de impacto ambiental (DIA) negativa anunciada el pasado 31 de octubre, la cual rechaza el proyecto de minería propuesto por Quantum por el  «ataque a la biodiversidad» que podría suponer, teniendo en cuenta que se pretendía desarrollar en un corredor ecológico entre dos superficies donde habitan especies como águila imperial, sisón y milano, además de ser zona de paso de lince.

Fue el pasado 31 de octubre cuando el Consejo de Gobierno puso punto final al proyecto de extracción minera de tierras raras. Fue la defensa de la biodiversidad y el agua las claves que acabaron con este proyecto, tal y como le habían reclamado al Ejecutivo regional los colectivos ecologistas, sociales y ciudadanos agrupados en la Plataforma Sí a la Tierra Viva, muy beligerante contra el proyecto desde que se concedieron los primeros permisos de explotación.

El «fin del proceso»

“Esto pone fin al proceso”, repitió en varias ocasiones el consejero. Precisó que este tipo de minería, que extrae (entre otros elementos químicos) monacita para la fabricación de nuevas tecnologías, quería ejecutarse en un corredor ecológico que abarca dos superficies muy importantes de zona protegida de aves esteparias. Este área es también zona de paso del lince ibérico -en peligro de extinción-, del sisón, del milano real y del águila imperial, todas ellas incluidas en el catálogo de especies amenazadas. Es decir, con ello la Junta esgrimió los argumentos con los que  ya advirtió a Quantum de la inviabilidad ambiental de su proyecto en anteriores informes. “Nuestra obligación preservar estas especies y hacer compatible esta defensa del medio ambiente con la actividad económica, y en este caso no era compatible», recalcó Martínez Arroyo.

El agua ha sido el segundo factor determinante. La DIA argumenta que el proyecto no garantiza la disponibilidad de este recurso, que se utiliza para la transformación de los elementos mineros extraídos. En su último documento, Quantum llegó a reducir las necesidades de agua hasta en un 72%, y propuso alternativas como el transporte hacia la planta en camiones cisterna o incluso extraer el agua de una capa más profunda del Acuífero. Pero, de cualquier forma la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) consideró que ninguna propuesta era adecuada ni “justificada”.

Con la publicación de hoy, pasa a la historia uno de los proyectos que más contestación ciudadana ha tenido en la presente legislatura. Varias manifestaciones en la comarca, actos ciudadanos en Toledo y resoluciones en las Cortes regionales han pedido durante dos años que la minería de tierras raras llegara a su fin.

Fuente:http://www.eldiario.es/clm/oficial-publicado-carpetazo-Campo-Montiel_0_715328622.html

Perú

Afectados por metales pesados: “No estamos contra el progreso, queremos calidad de vida”

Exigen política de salud especializada y se comprometen a realizar vigilancia ambiental

Llegaron de todas partes del Perú para hacerse escuchar. Afectados por metales pesados estuvieron en Lima reunidos para dar a conocer la problemática de contaminación ambiental y pasivos que afectan sus vidas. Representantes de casos emblemáticos como Pasco, La Oroya, Bambamarca, San Mateo, Cuninico, Espinar, Chiriaco y Puno conformarán una comisión para exigir una Política de salud integral y atención especializada al Estado peruano.

“El Gobierno lleva años de espalda a los que nos sucede”, comentó Rosa Amaro, presidenta del Movimiento por la Salud de La Oroya. Ella afirma que la fundidora Doe Run sigue operando y emitiendo gases tóxicos al ambiente, aunque el gobierno se ha empeñado en negar que está operando. En el último informe de salud presentado por RED MUQUI, se comprobó que los niños, a los que se les tomó pruebas de sangre, tenían hasta 4 tipos de metales con diferentes grados de afectación. Se les encontró, por ejemplo, arsénico, un cancerígeno, sobre el que la Organización Mundial de la Salud ha dado alerta.

En Pasco, el panorama sigue siendo desolador. Los pasivos ambientales continúan a la espera del presupuesto asignado por el Estado para su remediación, como afirmó el regidor de la Municipalidad de Simón Bolívar, Jaime Silva. Mientras tanto, “tenemos niños con casos de cáncer, leucemia que no son atendidos” comentó Hugo Sosa, parte de la delegación de Cerro de Pasco.  Por eso “pedimos que el Estado priorice la atención en la salud integral, que esto sea asumido como una política y que nuestros niños sean tratados de forma urgente”, puntualizó.

Ismael Julon López de Bambamarca comentó que en dicha región de Cajamarca la minería ha proliferado al punto de que la tierra y el agua se han visto afectadas y ya no se puede cultivar, asimismo, la población está afectada por enfermedades y desnutrición. “Tampoco contamos con especialistas que se dediquen a tratar problemas de salud ambiental. Necesitamos profesionales que traten la afectación de por metales tóxicos en la población”, aseveró.

Agnita Saboya viene de Cuninico, distrito donde ha ocurrido un derrame de crudo en setiembre, ella contó que una persona había fallecido el día 28 de noviembre a consecuencia de intoxicación con petróleo. “Nosotros no tenemos ninguna atención del estado, vivimos olvidados del Estado. Antes teníamos pescado, yuca, plátano para comercializar, ahora ya no tenemos recursos”, declaró a RED MUQUI.

Genaro Aguilar es de San Mateo, una zona de la sierra de Lima donde proliferan pasivos mineros. Él declaró a la prensa que no se trata de oponerse a la minería sino de exigir un trabajo responsable por parte de las empresas. «No estamos en contra del progreso, queremos calidad de vida, salud para las poblaciones», señaló.

En el acta que ha sido suscrita por los representantes de las regiones afectadas por metales tóxicos se resalta la necesidad de una Política integral de salud especializada y donde se cuenten con protocolos establecidos. Se solicita al Estado que dote de agua de calidad a las poblaciones para evitar que se sigan contaminando. Se pide, además, que se dé prioridad a la remediación de pasivos ambientales.

Por su parte, las dirigentes se comprometieron a realizar monitoreo y vigilancia ambiental para prevenir mayores desastres ambientales, así como, a fomentar la educación ambiental de las poblaciones.  Ellos consideran que las comunidades deben actuar como protectoras de la tierra, lagunas, ríos y fuentes de agua.

El encuentro de afectados por metales pesados fue promovido por la Mesa de Coordinación sobre salud ambiental que integran RED MUQUI, CooperAcción, Derechos Humanos sin Fronteras, Instituto de Defensa Legal, Amnistía Internacional, Broederlijk Delen, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Equidad, RedGE, OXFAM, Comisión Episcopal de Acción Social, Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, Red Uniendo Manos Perú.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/658-afectados-metales-pesados

Colombia

Concejos de Ortega y Armero, en Tolima, dan luz verde a la minería

El hundimiento de la consulta popular daría vía libre a la extracción de oro a cielo abierto.

El Concejo del municipio de Ortega, en Tolima, hundió con 11 votos contra 1 el proyecto que buscaba la aprobación de una consulta popular para regular la minería y la explotación de hidrocarburos en su territorio.

Igual suerte corrió un proyecto que se tramitaba en el Concejo del municipio de Armero Guayabal, donde la consulta popular minera se hundió con 7 votos contra 3.

La pregunta planteada en Ortega decía: “¿Está usted de acuerdo, Sí o No, que en el municipio de Ortega se ejecuten proyectos y actividades mineras y de hidrocarburos, como exploración sísmica, perforación exploratoria, producción y oleoducto; así como también la construcción de embalses, hidroeléctricas y presas de agua?”.

En este municipio del sur del Tolima, donde la petrolera Hocol tiene operaciones en 4 pozos con una producción diaria de 1.500 barriles, la consulta venía siendo promocionada por el comité ‘El agua es vida’ que a lo largo del año recopiló 8.877 firmas de apoyos ciudadanos. La Registraduría aprobó 5. 437 firmas, pero el Concejo decidió no apoyar la consulta.

Además de considerar que, tal como fue presentada, la pregunta no clasificaba por ser general pues terminaría por afectar la minería de subsistencia y la que se hace en las riberas de los ríos para la construcción.

Jhon James Ducuara, promotor de la consulta popular, aseguró que insistirá en la aprobación “para que la comunidad decida los temas mineros en su territorio”. Por su parte, la gobernadora indígena, Madeleine Rivera, dijo que, “en este caso, el interés particular estuvo por encima del interés general”.

El interés particular estuvo por encima del interés general

“El Concejo le negó al pueblo la posibilidad de pronunciarse en las urnas si quiere o no explotación minera y de hidrocarburos en su suelo”, complementó la líder indígena.

De otro lado, la decisión del Concejo de Ortega tiene una dimensión nacional dada la oleada de consultas populares aprobadas en los municipios para oponerse a las actividades extractivas de minería e hidrocarburos, situación que en su concepto frena el desarrollo de las regiones, según dijo Guillermo Fonseca, presidente de Hocol, empresa que hace parte del grupo Ecopetrol y se dedica a explorar y producir hidrocarburos.

“En Ortega la gente contó con elementos de juicio para saber si querían o no prohibir la industria minera, y ese conocimiento se vio reflejado en la votación mayoritaria del Concejo”, aseguró el directivo de Hocol y afirmó que en las consultas populares se maneja información errada lo que calificó de preocupante porque quienes las promueven, aunque tienen preocupaciones ambientales legítimas, “en algunos casos manejan agendas políticas para ganar protagonismo”.

Además agregó que, en ciertos casos, las consultas populares “son manejadas de manera irresponsable porque sus promotores hablan de impactos negativos en los ambiental y social, pero lo hacen sin tener evidencias ni sustentación”.

Fonseca también dijo que se volvió costumbre que los patrocinadores del No llenen los espacios de comunicación e información en los municipios, mientras que “las empresas mineras permanecen expectantes y en silencio”, pero aclaró que en Ortega, “Hocol no se calló”.

“En Ortega se le contó a las comunidades, de manera objetiva, clara y transparente, la verdad de lo que significa esta industria que ejecuta prácticas responsables y seguras en lo ambiental y social”, afirmó Fonseca.

Trajo a colación el movimiento ciudadano llamado: ‘Si Ortega, sí al desarrollo’, que defendió la industria petrolera frente a quienes la atacaban “y lo que hicimos fue hablarle a la gente de los impactos que generaría el no a la minería en cuanto a pérdida de empleos e inversión social”.

“La actuación de nuestra empresa en Ortega, debe crear una tendencia para que las siguientes consultas populares de Colombia, ojalá, se generen en medio de un debate transparente, con información sustentada y no bajo rumores callejeros”, señaló el presidente de Hocol.

En inversión Hocol aporta a la economía de Ortega pues ha adquirido 1.300 millones en compra de bienes y servicios, mientras que 780 millones se utilizaron en inversión social. También genera 300 empleos de los cuales la mano de obra no calificada es cien por ciento de la región y el 60 por ciento de la calificada es nacida en el municipio.

En Armero-Guayabal, el hundimiento de la consulta daría vía libre a la extracción de oro a cielo abierto en la vereda Maracaibo.

Fuente:http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/concejos-de-ortega-y-armero-dan-luz-verde-a-la-explotacion-minera-157176