Videos y cortos animados: Violencia medioambiental contra las mujeres y alternativas frente al despojo minero del agua
En el mes de las Mujeres y del Agua, la alianza entre la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra – RENAMAT , el Colectivo CASA y el fondo de Acción Urgente FAU-AL, tienen el agrado de poner a disposición de todo publico una serie de videos reportaje y cortos animados, denominados Artemetraje: Resistiendo a la Violencia Medioambiental contra las mujeres, para la reflexión, información y educación sobre los impactos de la minería en el agua y la afectación en los derechos de las mujeres.
En esta ocasión les presentamos el corto Violencia medioambiental contra las mujeres que nos explica que al afectar los derechos de las mujeres ya Sea por contaminación, escasez o sobre explotación de los Recursos Naturales se pone en riesgo su vida.
A manejar de reportaje presentamos la experiencia de la comunidad de El Choro en el departamento de Oruro – Bolivia, en el cual las mujeres realizan la cosecha del agua como alternativa frente al despojo minero del agua.
1. Violencia medioambiental contra las mujeres
2. El Choro: cosecha del agua una alternativa desde las mujeres frente al despojo minero de agua
La “Marca Canadiense”: La violencia y las compañías mineras canadienses en América Latina
El Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP, por sus siglas en inglés) ha
documentado inquietantes incidentes de violencia relacionados con las compañías mineras canadienses en América Latina. En general, ni el gobierno canadiense ni la industria están monitoreando o reportando tales incidentes.
Lo que hemos hallado sobre el grado de violencia y criminalización entre 2000 y 2015
El presente informe documenta incidentes corroborados por al menos dos fuentes independientes:
- incidentes en que aparecen involucradas 28 compañías canadienses;
- 44 muertes, 30 de las cuales clasificamos como “selectivas”;
- 403 personas heridas, de las cuales 363 lo fueron durante protestas y confrontaciones;
- 709 casos de “criminalización”, incluyendo órdenes de arresto, detenciones y presentaciones de cargos; y
- una amplia distribución geográfica de violencia documentada: las muertes ocurrieron en once países; resultaron heridas personas en trece países; la criminalización se produjo en doce países.
Adicionalmente, nuestra investigación muestra que las compañías canadienses que cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto no incluyen reportes de violencia en sus divulgaciones obligatorias sobre el desempeño corporativo. Entre 2000 y 2015:
- las compañías que cotizan en bolsa reportaron solo 24% de las muertes y 12,3% de los heridos relacionados en este informe; y
- las compañías más grandes propendieron a informar sobre los incidentes de forma general, empleando términos ambiguos, mientras que las más pequeñas lo hicieron con mayor detalle.
¿En qué radica la importancia de este estudio?
Este informe sobre la violencia y la criminalización relacionadas con la industria minera canadiense en América Latina es el primero que:
- compila información sobre los incidentes reportados a lo largo de un período de 15 años;
- menciona los nombres de las compañías involucradas, y busca sus comentarios sobre los incidentes; y
- brinda los detalles y las fuentes de los incidentes, de manera que terceras partes puedan reproducir nuestros resultados.
Los incidentes documentados en este informe parecen ser solo la punta del iceberg. En el curso de la realización de nuestro estudio nos encontramos con que no podíamos incluir muchos reportes de muertos, heridos y casos de criminalización, porque no podían ser corroborados mediante dos fuentes independientes. No nos resultaba posible incluir amenazas de muerte, quema deliberada de cosechas y destrucción de propiedades, desplazamientos forzosos, intentos de asesinato sin heridas reportadas, enfermedades causadas por la contaminación ambiental, o traumas sicológicos provocados por la violencia, debido a que hubiera sido necesario examinar un excesivo número de fuentes para documentar estos casos. La violencia que se reporta es solo la ocurrida en América Latina, y no comprende la que se relaciona con las minas canadienses en otras partes del mundo.
El mundo está fijando su atención en las compañías canadienses, no precisamente por su importancia comercial, sino por su indebido comportamiento Canadá ha sido criticado internacionalmente por su falta de supervisión de las compañías mineras canadienses. Se señala a Canadá por el hecho del gran número de compañías mineras que están domiciliadas en este país en vez de en otros. El 41% de las mayores compañías mineras que operan en América Latina son canadienses.
- Cuatro órganos de las Naciones Unidas han pedido a Canadá que haga responsables a las compañías canadienses por sus operaciones en el extranjero.
- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha celebrado tres audiencias sobre la responsabilidad de las compañías canadienses, y ha solicitado a Canadá que adopte medidas para prevenir “múltiples violaciones de los derechos humanos”.
- En junio de 2016, 180 organizaciones latinoamericanas enviaron una carta al Primer Ministro Trudeau, en la que demandan acciones sobre las promesas de un mecanismo de responsabilidad corporativa y estatal.
Las actuales políticas del gobierno canadiense no están enfrentando el problema
El gobierno de Canadá continúa promoviendo la “Marca Canadiense”, que se basa en normas voluntarias, no obligatorias, de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) para evaluar la conducta de las compañías. Las dos principales instancias responsabilizadas con la RSC son la Oficina del Consejero en Responsabilidad Social Corporativa para el Sector Extractivo (Consejero RSC), y el Punto Nacional de Contacto (PNC), que responde a la intergubernamental Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Estas dos instancias no realizan investigaciones ni tienen poder para sancionar a las compañías directamente o para compensar a las víctimas; únicamente están autorizadas para recomendar la retirada de la financiación por parte del gobierno canadiense, y el apoyo de las embajadas.
No hay referencias de que se realice una sistemática evaluación del comportamiento de las compañías, y no existe información disponible que indique que el actual Consejero RSC haya respondido a los informes de violencia o considerado la retirada del apoyo de una embajada canadiense.
No hay evidencia de que el gobierno no tenga capacidad para atender más reclamaciones
La comunidad internacional demanda un mecanismo más firme de exigencia de responsabilidades al Estado y a las compañías, pero quienes se oponen argumentan que el gobierno no tiene capacidad para manejar las reclamaciones. Sin embargo, nada indica que el actual Consejero RSC tenga un exceso de casos que atender, como tampoco lo tiene el PNC:
- La Oficina del Consejero RSC se creó en 2009, y solo ha atendido seis reclamaciones hasta la fecha.
- El sitio web del actual Consejero no muestra indicaciones de alguna investigación, mediación en disputas, realización de diálogos o cualquier otra participación en conflictos específicos.
- La oficina del actual Consejero RSC no ha presentado un informe anual, y las únicas publicaciones que ha realizado son notas de prensa sobre seis discursos pronunciados por el Consejero desde su nombramiento en 2015.
Por su parte, el PNC solo ha atendido un caso en 2015, y cinco en total desde 2011.
Fuente:http://movimientom4.org/2017/03/la-marca-canadiense-la-violencia-y-las-companias-mineras-canadienses-en-america-latina/
El saqueo del territorio mexicano: la megaminería y el TLCAN
¿Cuáles son los signos vitales de la megaminería en México en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)? Este es un tema que debe tratarse abordando otra pregunta que ayuda a guiar la discusión: ¿Cómo se transformó el territorio mexicano con la megaminería a partir de la apertura comercial?
Durante los 34 años del periodo neoliberal del sistema capitalista, la etapa en la que se presentó un punto de inflexión en la megaminería fue a partir de 1994, con la puesta en marcha del TLCAN, que conllevó la privatización del territorio mexicano, expresado en incrementos acelerados de la superficie concesionada para la industria minera y de la inversión extranjera directa destinada a dicho sector, con incidencia directa en el agotamiento de los recursos naturales.
Este análisis se presenta como respuesta a la necesidad de ofrecer una contribución mexicana a las discusiones que, a nivel global, se tienen sobre las alternativas de transformación social que surgen desde los conflictos sobre la minería; y que además sirva como referencia empírica para la comparación internacional de resultados en otros estados nacionales con presencia de esta actividad empresarial: la megaminería.
El artículo se divide en tres partes, en la primera se analiza el comportamiento de la superficie del territorio mexicano concesionado a la industria minera, en la segunda el seguimiento a la inversión extranjera directa en la minería, y en la tercera se revisan los signos vitales de la megaminería en el marco del agotamiento de los recursos naturales.
Las concesiones mineras en el territorio mexicano
La megaminería a cielo abierto en México ha generado, durante el periodo 1982-2016, impactos sociales mediante el desplazamiento de las comunidades y la sobreexplotación del trabajo; así como afectaciones ambientales en los territorios donde se agotan los mantos acuíferos y se generan altos volúmenes de residuos sólidos. Por ello se sostiene que la megaminería a cargo del capital privado transnacional no ha generado desarrollo en las comunidades mexicanas donde está presente la extracción de metales preciosos.
La institucionalidad que brinda soporte a las empresas mineras de capital transnacional presentes en territorio mexicano es principalmente el gobierno federal de México que, mediante reformas al Artículo 27 de la Constitución y el Artículo 6 de la Ley Minera, ha facilitado la expropiación de tierras consideradas de utilidad pública para destinarlas a la extracción de minerales, por considerarse en términos legales como preferentes sobre cualquier otro uso de las tierras. Mediante dichos mecanismos, el Estado mexicano ha subordinado sus decisiones en respuesta a la presión lobbística de la Cámara Minera de México, la Embajada de Canadá en México y el Comité de Minería de la Cámara de Comercio de Canadá.
En México, de acuerdo con el Artículo 15 de la Ley Minera, se otorgan concesiones mineras por un periodo de 50 años con derecho a prórroga por otros 50 años. De esta manera, la legislación minera vigente ha permitido, a mes de marzo de 2016, la privatización de 112’82 millones de hectáreas, el equivalente al 57’4% del territorio mexicano durante el periodo neoliberal del sistema capitalista (1982-2016). Durante estos años se observó una tendencia general de crecimiento pero, con el fin de realizar un análisis más riguroso, vemos que dicho espacio temporal se presenta en dos subperiodos: el tiempo previo al TLCAN (1982-1993) en el que se concesionaron 9’46 millones de hectáreas; y el periodo posterior, en el que fueron 103’36 millones de hectáreas de territorio las concesionadas a la industria minera durante los 23 años del TLCAN (1994-2016).
Tales cifras también indican que en los 12 años previos a la entrada en vigor del TLCAN se concesionaron en promedio 0’78 millones de hectáreas por año, mientras que desde la irrupción del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, se han concesionado 4’49 millones de hectáreas de suelo mexicano por año, es decir seis veces más (véase gráfica 1).
La dinámica del capital privado transnacional en la minería en México
Desde el Estado mexicano se ofrece un discurso pro-minería resaltando que la industria extractiva de la megaminería utiliza tecnología de vanguardia en sus procesos de exploración, explotación y beneficio de los minerales; que entre 2010 y 2016 México lleva seis años consecutivos posicionado en el primer lugar mundial de producción de plata; o que en 2013 México se ubicó como el séptimo productor de oro a nivel mundial. De acuerdo con información de la Secretaría de Economía del gobierno federal, la inversión extranjera directa en minería captada en México durante el periodo 1982-2015 fue de un total de $24.118’8 millones (de dólares estadounidenses), equivalente al 4’7% de los $504.816’7 millones de inversión extranjera directa total captada en México durante el mismo periodo.
Al desagregar dicha información en dos subperiodos, previo y posterior al TLCAN, vemos que en la primera fase (1982-1993) se captaron únicamente $348 millones de inversión extranjera directa en minería, cifra que contrasta con los $23.770’8 millones que han entrado durante el periodo del TLCAN (1994-2015) (véase gráfica 2). Dichos datos también indican que en los 12 años previos a la entrada en vigor del TLCAN se recibió un promedio de $29 millones por año y se obtuvo un 822’3% de incremento durante dicho periodo, equivalente al 68’5% de incremento anual. Mientras que en los 22 años del TLCAN se han recibido, en promedio anual, $1.080’5 millones y un 3.725’8% de incremento, equivalente al 169’3% de incremento promedio anual, es decir 2’5 veces más que en el periodo previo.
Agotamiento de los recursos naturales. México territorio de sacrificio en América del Norte
Al ir a fondo del problema e indagar cómo se distribuye esa riqueza y qué impactos genera en el desarrollo nacional y en las comunidades donde se instalan los megaproyectos mineros, se observa que la tendencia al saqueo de recursos naturales por parte de la megaminería irá en aumento en los próximos años. Esto se debe a que en esa lógica existen puntos de coincidencia entre la CAMIMEX, que representa los intereses del capital minero en México, y las instancias como ProMéxico, que desde el gobierno federal mexicano “se encarga del fortalecimiento de empresas transnacionales a través del cabildeo para la mayor cantidad de inversión extranjera directa en México, así como posicionar a empresas mexicanas en el mercado exterior” (ProMéxico, 2015).
Ambas instancias públicas y privadas se convirtieron en negociadores de primer orden con el objetivo de facilitar el control del territorio mexicano para beneficio de los empresarios que han invertido en la megaminería, y que ahora cuentan también con la protección del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico liderado por Carlos Pavón Campos.
Los datos sobre el agotamiento de recursos naturales, indican que el principal territorio de sacrificio en la región de América del Norte es México, que durante el periodo 1982-2014 tuvo un promedio anual acumulado de agotamiento de su riqueza natural del 4’8%; cifra que contrasta con el 2’6% de Canadá y el 0’9% de Estados Unidos para el mismo periodo. Otro aspecto sustantivo que se desprende de los datos de la gráfica anterior, es que durante el periodo 1982-1994 en los tres países se registró una tendencia decreciente en cuanto al agotamiento de los recursos naturales.
Sin embargo, a partir del año 1994, con la entrada en vigor del TLCAN que implicó la apertura de los mercados y la privatización de los bienes comunes, se observó un punto de inflexión en la tendencia creciente de agotar los recursos naturales, algo que se dio en los tres países; aunque dicha tendencia de incremento se registró de manera asimétrica. Mientras que para el caso de Estados Unidos se trató de un aumento marginal, para el caso de Canadá, y sobre todo de México, el saqueo de materias primas fue más drástico. Otro elemento que se desprende es que a partir de la crisis de 2008, y de manera reciente cuando se produjo la caída del boom de las commodities, se observó una ligera tendencia decreciente en cuanto al agotamiento de los recursos naturales.
A partir de los datos anteriores, se aprecia la necesidad de reflexionar colectivamente y diseñar una estrategia nacional frente a la megaminería en México, que ponga en el centro el desarrollo de las comunidades y los municipios con presencia de la industria extractiva y contaminante. Algo que debe trabajarse mediante una sinergia donde intervengan los niveles de gobierno federal, estatal y municipal; los legisladores federales y locales; las universidades y centros de investigación; las organizaciones civiles ambientalistas; y las comunidades afectadas y los sindicatos mineros, tomando como parámetros de referencia lo que se está decidiendo en otras regiones del mundo y de América Latina en materia de distribución de la renta minera y de cargas fiscales por contaminación ambiental. Por ello, resultaría necesario promover una consulta pública nacional a la población mexicana para abordar el tema de la megaminería y el desarrollo, en línea con la que se hizo recientemente en Costa Rica. De esta manera, se conocería la opinión y la decisión de los mexicanos sobre estos asuntos de interés público nacional. Pero, además de ello, deberían emprenderse una serie de acciones colectivas, algunas de ellas ya en proceso:
1) Organizar un foro de análisis sobre megaminería. Dicho marco de debate y análisis se realizara en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión bajo el nombre “Megaminería: revisión de la legislación y distribución de la renta minera en el marco de una posible renegociación del TLCAN”. Deberían considerarse como puntos centrales del debate las propias concesiones mineras y el homologar los salarios de los trabajadores mineros de América del Norte, ya que actualmente por una jornada de ocho horas, en México, se percibe un salario de 20 dólares, mientras que un trabajador minero canadiense o estadounidense percibe un salario promedio de 40 dólares por hora.
2) Realizar una mesa de trabajo sobre la institucionalización del “impuesto de responsabilidad ambiental”, también llamado “impuesto ecológico estatal” en las entidades federativas con presencia de industrias extractivas y contaminantes, para discutir sobre el papel de los gobiernos estatales y municipales mexicanos en la captación y aplicación de recursos públicos derivados del impuesto ecológico estatal y del reparto de la renta minera. Dicha mesa será organizada por la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), tomando como punto de partida el decreto gubernativo que implementó en 2017 de manera novedosa, en el Estado de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, Gobernador de Zacatecas y Coordinador de la Comisión de Minería de la CONAGO; situación a tono con el análisis del Banco Interamericano de Desarrollo, presentado en 2016, para revisar las fuentes de ingreso de los gobiernos subnacionales de América Latina.
3) A 100 años de la promulgación de la Constitución de 1917 en México, resulta necesario promover una reforma constitucional para incorporar los derechos de la naturaleza, como ocurre en el capítulo séptimo “Derechos de la naturaleza” en la Constitución del Ecuador; impulsado por instituciones académicas y organizaciones ambientalistas.
4) Promover reformas y adiciones a la Ley Minera, especialmente al Artículo 6 de dicha ley, para que la minería en México deje de ser una actividad pública preferente y otorgue la posibilidad para que, por leyes de carácter federal y estatal, la federación, los estados y los municipios con presencia de proyectos mineros puedan establecer contribuciones que graven estas actividades.
Fuente:http://movimientom4.org/2017/03/el-saqueo-del-territorio-mexicano-la-megamineria-y-el-tlcan/
Cambio climático, deforestación y minería, la causa de los desastres
Expresa el estudioso Jaime Llosa Larrabure quien asegura que con determinadas medidas se hubiera podido aminorar los daños que causan los huaicos
e inundaciones.
Los desastres que como consecuencia de los huaicos e inundaciones suceden en nuestro país podrían haberse previsto si con años de anticipación se tomaban medidas que minimicen estos efectos que causan tanto dolor en miles de peruanos.
Estudioso del Cambio Climático (CC), sobre el que tiene tres libros escritos, Jaime Llosa Larrabure declaró al diario UNO que el fenómeno que se presenta no es como algunos aseguran consecuencia de un Niño Costero, aunque podría tener algo de eso. “Lo que pasa es todo está alterado, es lo que se conoce como Eventos Extremos”.
“Los niños ocurren en el norte con grandes lluvias y con sequías en el sur, este podría ser uno algo extraño pero los mayores causantes de lo que padecemos son tanto el Cambio Climático como el haber deforestado los cerros: Las raíces de los arboles frenaban el paso del agua y recargaban los acuíferos, lo que ya no sucede y los suelos están erosionados también por el sobrepastoreo” anotó.
RELAVES
Mencionó como otro de los responsables a las empresas mineras que exploran en las alturas y arrojan los relaves mineros a los ríos causando erosión y contaminación en el agua que consumen los animales, malogrando la agricultura y secando los pastos y los bofedales. Ese drenaje ácido no deja que crezca nada y contribuye a la escasez de agua.
Explicó que los bofedales son ecosistemas claves en un medio con clima variable y severo para los organismos y para la producción agrícola de los habitantes de las grandes alturas de los Andes.
“Además, constituyen ambientes apropiados para numerosas especies de fauna y flora nativa, tienen gran influencia en el microclima local, atenuando la sequedad en lugares de clima árido o semiárido del invierno.”
Precisó que el uso de los bofedales por los pobladores y comunidades campesinas es muy antiguo y en épocas secas se convierten en importantes fuentes alimenticias para el ganado principalmente para llamas, alpacas, vicuñas. “Son oasis de agua y vegetación verde de los cuales el ser humano y la fauna andina se nutren”.
Llosa dice que también hay responsabilidad de lo que sucede son los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, por otorgar permiso a las mineras en cabeceras de cuencas y permitir que con sus operaciones de tajo abierto contaminen ríos y naturaleza en general. “La ley especifica que hay que proteger las cuencas, lo que no se cumple”, anota.
MÁS RESPONSABLES
“Un ejemplo claro es el de Tamboraque en San Mateo, Huarochiri, donde se permitió a una minera que entierre sus desechos junto al río Rimac, esos relaves penetran en el río que nos abastece por lo que tomamos agua con metales pesados.”
Dijo que también son responsables las municipalidades que otorgan permisos o no se preocupan de la construcción de viviendas en los cauces o en las orillas de los ríos, por lo que siempre estarán expuestos a estas situaciones de desastre “sin tener en cuenta que los ríos siempre recuperan sus espacios”.
“Antes las orillas de los ríos tenían tenían, además de árboles y carrizos que servían para las construcciones de casas, ahora ya no, entonces se desbordan por las quebradas malogrando casas y chacras.”
Llosa criticó asimismo a Sedapal por invertir en infraestructuras “grises” de cemento y por permitir que las aguas de tratamiento de Taboada que se hizo durante el gobierno de García vayan al mar en vez de ser reutilizadas como en otros países. “Son veinte metros cúbicos por segundo que van al mar y que podrían servir para regar veinte mil hectáreas de cultivos y si son tecnificadas treinta mil hectáreas”.
CAMBIO CLIMÁTICO
El ingeniero agrónomo especialista en Desarrollo Rural en una universidad europea precisó que, según dos especialistas del Centro Tyndall de Inglaterra, entidad especializada en el tema del Cambio Climático Global, el Perú es el tercer país con más riesgos climáticos a nivel mundial.
“Al mediano y largo plazo, la recurrencia de fenómenos climáticos estará afectando la seguridad energética y alimentaria del Perú y, por lo tanto, poniendo en riesgo el desarrollo del país. En este contexto, toda inversión (pública, privada, social, etc.) que se oriente al desarrollo debe considerar estas condiciones recurrentes”, dicen los expertos ingleses.
Llosa añade que “de otro lado, dada la gran diversidad territorial y geomorfológica del país, se genera no solo una gran biodiversidad (somos uno de 16 países megadiversos a nivel mundial), sino también múltiples pisos ecológicos (casi 84% de las zonas de vida del mundo) y de climas (28 de 35 climas mundiales)”.
CALAMIDADES
Puntualiza “esa diversidad también está referida a la variedad de peligros naturales en nuestro territorio: heladas, aluviones, aludes y avalanchas, inundaciones, sequías, vientos huracanados, deslizamientos, entre otros peligros meteorológicos, y al estar en el Anillo de Fuego del Pacífico, tenemos alta sismicidad y vulcanismo”.
Anota seguidamente que los expertos precisan que entre los principales y previsibles impactos del CC está el incremento de los eventos climáticos peligrosos y extremos, como es el caso de heladas, sequías y del fenómeno El Niño, así como el retroceso de glaciares tropicales que representan un importante recurso natural y paisajístico.
“Se estimaba en 22% el retroceso de la superficie glaciar del país y ahora habría llegado al 50 por ciento, con una pérdida de cerca de siete mil millones de metros cúbicos de agua, que equivale al consumo de 10 años de Lima, lo que se traduce además en una menor capacidad de respuesta al cambio climático por parte de las regiones más pobres del Perú.”
Fuente:http://diariouno.pe/2017/03/19/cambio-climatico-deforestacion-y-mineria-la-causa-de-los-desastres/
Exigen a empresa minera Oceana Gold respetar voluntad del pueblo
Tanto el gobierno e instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se han pronunciado en contra de la minería al igual que lo hizo la Iglesia Católica, universidades y organizaciones sociales.
Organizaciones pertenecientes a la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica exigieron a la empresa minera Pacific Rim/Oceana Gold, respete la voluntad del pueblo de no querer la minería metálica en el país y que pague los $8 millones que debe al Estado, junto con los intereses generados desde la fecha en que fue impuesta la sanción económica por CIADI.
Las organizaciones calificaron como “desesperada” la campaña que ha iniciado la empresa en el país sobre la “minería verde”, tras el rechazo de amplios sectores de la población, e instituciones.
Asimismo llamaron a los diputados de los partidos de derecha entre estos, GANA, PCN y ARENA a dar sus votos para la aprobación de la ley contra la minería metálica en el país.
Las exigencias surgen luego que se conociera que los partidos ARENA y GANA se comprometieron a aprobar la ley contra la minería que presentó la Iglesia Católica a través del arzobispo Monseñor Luis Escobar Alas, pero días después ambos institutos políticos manifestaron una postura contraria a la que se habían comprometido.
Además solicitaron al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, aprobar un decreto Ejecutivo que prohíba la minería, que mantenga su compromiso de rechazo a la instalación de este tipo de industrias y que no se deje chantajear por estas transnacionales.
Sobre este punto, el mandatario afirmó que si la Asamblea aprueba una ley contra la minería sancionaría el documento inmediatamente.
“Nosotros esperamos que la Asamblea Legislativa lo apruebe lo más pronto posible (el proyecto de ley en contra de la minería) y va a ser sancionado por mi persona, creemos que esa también es una urgencia para el país”, recalcó el gobernante recientemente.
Las organizaciones contra la minería aplaudieron el pronunciamiento hecho por el mandatario salvadoreño, quien se unió a las miles de voces que se han manifestado en contra de la exploración y explotación metálica en el país.
Tanto las organizaciones sociales como la Iglesia Católica han presentado sus propuestas de iniciativas de ley contra este tipo de industrias ante el Congreso, pero no han tenido eco entre los parlamentarios.
La última propuesta de ley fue la presentada por la Iglesia Católica, hace unas semanas, donde representantes de todas las fracciones políticas recibieron el documento y se comprometieron a estudiarlo y de ser posible aprobarlo antes de la Semana Santa, según lo expresó el propio presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos del partido GANA.
Los representantes sociales dijeron que continuarán manifestándose y pronunciándose contra los proyectos mineros en el país hasta que sea aprobada una normativa que prohíba este tipo de prácticas que no solo contaminan el medio ambiente, sino que ponen en riesgo la vida y la salud de las personas y los animales.
Fuente:http://www.transparenciaactiva.gob.sv/exigen-a-empresa-minera-oceana-gold-respetar-voluntad-del-pueblo
La Fiscalía investiga la mina de uranio de Salamanca por delito medioambiental
(Salamanca-España)- Ha incoado diligencias por la excavación de una balsa de 25.000 m2 junto a suelo protegido bajo el paraguas de obras de exploración que no necesitan permiso. La Guardia Civil y el servicio regional de Medio Ambiente consideran que se han hecho labores «extractivas» que necesitan una autorización previa. La Fiscalía de Medio Ambiente también abre diligencias por la tala de cientos de encinas en un hábitat protegido de la Red Natura 2000.
Dos fiscalías distintas investigan la mina de uranio que la empresa Berkeley está abriendo en el oeste de Salamanca por un posible delito medioambiental, según ha sabido eldiario.es. Una por la excavación de una gran balsa y la otra por la tala de centenares de encinas y su impacto en la Red Natura 2000 de protección ambiental.
El Ministerio Público en la provincia ha incoado diligencias por la excavación de una balsa de grandes dimensiones en su proyecto minero que afecta a la Red Natura 2000 de espacios naturales protegidos tras la denuncia de la plataforma opositora Stop Uranio. Las obras, además, están suponiendo la tala de cientos de encinas centenarias.
Video sobre el proyecto uranífero y las encinas arrasadas por una mina de uranio, a vista de dron.
Se trata de establecer si, al amparo de unos trabajos menores para realizar una exploración –llamada calicata– se ha abierto un socavón de 25.000 m2 del que se han extraído ya 36.000 m3 de material para el que no había autorización específica. En el camino, los árboles han sido arrancados.
La empresa australiana trabaja para que su explotación de mineral radioactivo esté «operativa en 18 meses», según informó el director general de Minas de Castilla y León, Ricardo Gómez, a mediados de febrero pasado.
Entre las labores previas, Berkeley ha excavado un agujero de 125 x 200 metros, según una inspección de la Guardia Civil, más otros tres metros de profundidad. 75.000 m3 de agujero en la linde del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Riberas del río Huebra y Yeltes. El proyecto incluye un transporte aéreo de material por encima del curso fluvial. La razón dada para esta excavación fue realizar una cata para inspeccionar el material que se pretendía utilizar en una carretera de acceso a la mina.
Los agentes del Seprona consideraron que la morfología de la abertura en la tierra era la de una balsa o una presa no de una mera calicata. En diciembre de 2016 se habían sacado de allí 36.000 m3 de material. Estas actuaciones supondrían una «actividad industrial extractiva» que sí está permitida, pero requiere una licencia urbanística previa de la Administración. No basta con una mera declaración del promotor antes de ponerse a socavar.
La hipótesis es que unas obras de escasa relevancia con un trámite burocrático casi irrelevante han terminado en un plan para hacerse con material del subsuelo que sí necesita una tramitación más compleja.
De hecho, un informe de la Comisión Territorial de Medio Ambiente del pasado febrero que ha llegado a los fiscales dice que «resulta obvio» que esos trabajos «no se circunscriben a la toma de muestras mediante catas» sino que responden a «los movimientos de tierra necesarios para la obtención de material» necesarios para llevar a cabo el proyecto minero. Es decir, que se ha continuado con el proceso de construcción de la explotación de uranio.
El Código Penal considera un delito «contra los recursos naturales y el medio ambiente» las «extracciones o excavaciones» [entre otras actividades] en el suelo y el subsuelo que contravengan «las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio».
El Ayuntamiento del término municipal afectado, Retortillo, tuvo que abrir un expediente sancionador a la minera el mes pasado por el asunto de las obras. Berkeley ha respondido que el informe de la Guardia Civil tiene «numerosos aspectos que no reflejan la realidad del alcance de las labores realizadas ni de la información que obra en el expediente administrativo».
El convenio a tres bandas
La relación entre la empresa y los gobiernos locales también está en entredicho. Las diferentes fases del proyecto están marcadas por el convenio que firmaron la minera y los pueblos de Villavieja de Yeltes y Retortillo en 2011. Su objeto declarado era «conseguir el buen desarrollo de las actividades propias de la empresa Berkeley como de los municipios de forma que no se produzcan dilaciones administrativas innecesarias».
Además, el documento dice que «aunque la actividad minera va a tener un fuerte impacto dinamizador (…) puede producir algunas incomodidades y molestias» por lo que Berkeley consideró «contribuir con una serie de actuaciones de tipo económico, turístico y social».
En lo económico, sin ir más lejos, además de los impuestos obligatorios, la minera escribió que «desea ofrecer una contribución económica adicional» basada en un canon sobre la producción. En el caso de Villavieja suma unos 200.000 euros y en el de Retortillo más de 800.000. Berkeley ofreció anticipar hasta el 30% del pago en tres tramos: primero en la firma de ese convenio, segundo al recibir la aprobación del Plan de Explotación y otro 10% al iniciar la explotación comercial del uranio.
Nueva denuncia
Al mismo tiempo que los fiscales salmantinos han decidido revisar, parcialmente, lo que Berkeley está haciendo en el Campo Charro, la Fiscalía de Medio Ambiente e Madrid ha abierto diligencias tras la denuncia de la organización WWF por «la tala de más de un millar de encinas centenarias ante la dejadez de las administraciones en un espacio Red Natura 2000».
La ONG argumenta ante los fiscales que los encinares desmochados son hábitat de especies de fauna protegidas legalmente como el águila imperial, la cigüeña negra o el galápago leproso. El arrancamiento de raíz de los árboles se produce en un área «incluida dentro del Plan de Recuperación de la Cigüeña».
Gema Rodríguez, responsable de Red Natura de WWF, explica que piden a la Fiscalía de Medio Ambiente que investigue cuál es el impacto que la tala de los árboles puede estar provocando sobre «los valores naturales de la Red Natura 2000» al mismo tiempo que compruebe «si la empresa está cumpliendo con la obligación legal de llevar a cabo compensaciones por esos posibles daños».
Fuente:http://www.noalamina.org/mundo/europa/item/16995-la-fiscalia-investiga-la-mina-de-uranio-de-salamanca-por-delito-medioambiental
Suprema ordena realizar consulta ciudadana por proyecto minero Isla Riesco
Desde la compañía indicaron que «se sujetará a todas las instancias que disponga el Servicio de Evaluación Ambiental para llevar a cabo el proceso».
Este viernes y en fallo dividido, la Tercera Sala de la Corte Suprema acogió el recurso de protección presentado por organizaciones ciudadanas y ordenó la realización de una consulta ciudadana sobre el proyecto de extracción de carbón de la mina Invierno, ubicada en la Isla Riesco, Región de Magallanes.
Teniendo en cuenta la normativa, el máximo Tribunal determinó que “debe otorgarse a los recurrentes la cautela requerida, en razón que, para la aprobación del proyecto “Incorporación de Tronadura como método complementario en la extracción mecánica de material estéril en la Mina Invierno” es necesario se contemple un procedimiento de participación ciudadana”.
De esta forma, se consideró arbitraria la resolución de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, por cuanto no abrió dicho proceso participativo.
Al respecto, desde Mina Invierno aseguraron que “es importante precisar que la decisión adoptada no cuestiona la calidad de los estudios que formaron parte de la evaluación ambiental, los que en su oportunidad fueron calificados favorablemente por los organismos técnicos competentes”.
“La Compañía se sujetará a todas las instancias que disponga el Servicio de Evaluación Ambiental para llevar a cabo el proceso de participación ciudadana y posteriormente implementar tronaduras como método complementario en la extracción de estéril”, agregaron.
Fuente:http://www.latercera.com/noticia/suprema-ordena-realizar-consulta-ciudadana-proyecto-minero-isla-riesco/
Pronunciamiento de la Mesa de Cambio Climático de El Salvador ante la prohibición de la minería metálica en El Salvador
La Mesa de Cambio Climático de El Salvador en seguimiento a los hallazgos más recientes en materia de cambio climático, bajo un enfoque de derechos y en relación al abordaje de la vulnerabilidad al cambio climático a nivel de territorios y gestión territorial:
Considerando que la minería metálica:
· Es una industria contaminante, que utiliza en su proceso de producción grandes cantidades de sustancias químicas, como el cianuro, para la separación del oro y plata de las rocas, las cuales son extraídas en enormes cantidades del subsuelo junto a otros materiales, como metales pesados, causantes en muchos casos de enfermedades renales y de varios tipos de cáncer; y puede además generar el drenaje ácido de minas, es decir, la modificación del pH del agua. Los efectos anteriores vuelven el agua de cuerpos subterráneos y superficiales inservibles para la sustentabilidad ecosistémica y el consumo humano, agropecuario e industrial.
No es alternativa para mejorar las condiciones de vida de las personas, ni las comunidades ni la sociedad en general; pues lo que se ha constatado por el contrario en cualquier parte del mundo, son los daños ambientales, la conflictividad socio ambiental y la proliferación de la pobreza, lo cual aumenta la vulnerabilidad de los ecosistemas, sistemas humanos y sectores socio-económicos ante las manifestaciones e impactos actuales y proyectados del cambio climático.
· Es causante de desastres ambientales, como la experiencia vivida por la población que radica en la zona de la mina San Sebastián, municipio de Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión, la cual no debe repetirse en ningún otro territorio ni zona del país ni de la región centroamericana; y no podría haber adaptación al cambio climático en lugar alguno que se encuentre afectado por los impactos negativos de la explotación minera.
· No debe ser considerada como alternativa de desarrollo, sino más bien una actividad ambientalmente no sustentable y una forma de continuidad del modelo global de «producción ilimitada, consumismo y desechos crecientes», asociado al acaparamiento de tierras, el extractivismo y la quema de combustibles fósiles que conlleva al agravamiento de la crisis climática actual.
· Es incoherente con las objetivos de la restauración ecológica de ecosistemas y paisajes, que el país debería impulsar de manera idónea, y contraria al paradigma del “buen vivir”.
En dicho marco, la MCC-SLV se pronuncia al respecto, afirmando que:
Es importante y muy positiva la decisión tomada el pasado 10 de enero de 2017 por la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, en relación a iniciar la discusión sobre la prohibición de la minería metálica en nuestro país, abriendo así, las posibilidades de contar en el corto plazo, con una ley que prohíba definitivamente la explotación minera metálica en El Salvador.
· Reconoce, comparte y acompaña la lucha de la población salvadoreña en contra de la minería metálica, sobre todo las expresiones organizadas de las comunidades en donde las empresas mineras pretenden realizar sus explotaciones, así como diferentes articulaciones nacionales como la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica y otras manifestaciones a favor de la prohibición de la minería por diferentes actores y sectores sociales.
· Es valioso el aporte de la Iglesia Católica Salvadoreña, la Fundación Cáritas de El Salvador y La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), que no solo han presentado a la asamblea legislativa una nueva propuesta de ley que prohíba la minería metálica, sino que también se ha movilizado demandando la pronta discusión y aprobación de la nueva ley.
· Se respete la demanda de la mayoría de la población salvadoreña que por diferentes medios de comunicación e instrumentos de medición de opinión pública, ha patentizado su rechazo a la minería metálica en nuestro país.
Finalmente, la MCC-SLV demanda que:
Se inicie efectivamente y de manera inmediata, la discusión de la prohibición de la minería metálica en El Salvador en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, para emitir un dictamen favorable que sustente la aprobación en pleno de la ley de prohibición de la minería metálica en El Salvador, y obtener posteriormente la respectiva sanción por el Presidente de la República.
La Mesa de Cambio Climático de El Salvador, afirma su compromiso de continuar aportando de manera propositiva al Estado salvadoreño para contribuir a fortalecer el marco de políticas y la acción para enfrentar el cambio climático.
Adoptado en San Salvador, 17 de marzo de 2017
Fuente:https://www.scribd.com/document/342245963/Pronunciamiento-de-La-MCC-SLV-Ante-La-Prohibicion-de-La-Mineria-Metalica-en-ES-17Mar2017
La lucha indígena por la Cordillera del Cóndor: anulan permisos a Minera Afrodita
Luego de una dura batalla legal y después de varios años de lucha y defensa de las comunidades y organizaciones indígenas del Cenepa, el Gobierno regional de Amazonas ha decidido retroceder y anular los permisos que le otorgó a la minera Afrodita para explotar oro en la Cordillera del Cóndor.
Así en diciembre de 2016 el Gobierno Regional de Amazonas anuló la resolución que inscribía territorio indígena y de bosque amazónico como terreno eriazo propiedad del gobierno regional. Luego, el 28 de febrero de 2017, el GOREAM ha declarado improcedente la solicitud de minera Afrodita de constituir un usufructo por posesión sobre ese mismo terreno. Con estas últimas resoluciones, se confirma la actuación irregular y de mala fe de la empresa minera que insiste en explotar oro en esta parte de la Amazonía norte.
Para llegar a ello, el camino recorrido por las organizaciones indígenas en defensa de su territorio ha sido tortuoso. Indígenas awajún y wampis han interpuesto varias acciones judiciales que aún, luego de varios años, no tienen respuesta. Solo las acciones administrativas han surtido efectos, gracias a una incesante acción de denuncia indígena que ha puesto en evidencia la ilegalidad de diferentes procedimientos administrativos llevados a cabo por Afrodita y aprobados por Carlos Navas del Gobierno Regional de Amazonas (GOREAM).
Mediante dichos actos, la empresa Afrodita buscó ingresar en territorio amazónico para explotar oro a como dé lugar. Entre ellos, encontramos que se atentó contra el marco jurídico de protección del bosque otorgándose derechos sobre tierras forestales y zonas de protección; se obtuvo diferentes permisos y certificaciones ambientales mintiendo sobre sus derechos sobre el suelo; se utilizó irregularmente el régimen de la pequeña minería; se utilizaron normas derogadas para validar trámites de servidumbre sobre suelo amazónico e incluso se estableció una alianza irregular con el funcionario del Gobierno Regional, Carlos Navas, quien utilizando recursos públicos, realizó varias reuniones para publicitar los beneficios de la actividad minera de la empresa. Solo así, la empresa logró avanzar e instalar su campamento en lo alto de la Cordillera del Cóndor.
Además, como parte de una estrategia que cada vez es más común entre varios actores del sector extractivo, Afrodita se amparó en la falta de titulación de las tierras indígenas y las normas de acceso rápido a tierras para la inversión previstas por los paquetazos ambientales. Afrodita tiene amplio conocimiento del estatus indígena de estas tierras, no obstante incluso así se atrevió a solicitar en setiembre de 2016 el usufructo de posesión sobre el predio que ocupa de manera ilegal, el que fue recientemente denegado por el GOREAM. Así también los actos administrativos de otorgamiento de servidumbre, de autorización de inicio de operaciones, de inscripción del terreno como eriazo; han sido todos revocados. Tanto la Superintendencia de Bienes Nacionales como el GOREAM han exigido a la empresa desalojar el predio.
Durante las últimas semanas cientos de líderes indígenas de El Cenepa y de las cuencas de la zona han reiterado su rechazo a la presencia de la minería en la zona. Según manifiestan, las actividades mineras en sus bosques amazónicos causan impactos ambientales y sociales cada vez más graves. Dichas organizaciones respaldan las acciones de ODECOFROC, organización indígena de El Cenepa, protagonista de la lucha contra la explotación minera en la Cordillera del Cóndor. Los dirigentes indígenas exigen el efectivo desalojo del campamento minero de Afrodita instalado en sus territorios.
No obstante, la empresa rehúsa a marcharse. En un intento desesperado, Afrodita ha logrado cooptar a un grupo de comuneros a quienes llama a «repoblar» la zona de frontera. Afrodita y sus aliados promueven la formación de organizaciones indígenas paralelas que acepten la minería de oro en el bosque, para ello les promete el 10% de sus utilidades.
El escenario de tensión se mantiene en la zona. La presencia irregular de Afrodita y su insistencia en operar fuera de la ley, promueven el conflicto y los enfrentamientos entre indígenas. No en vano, en el 2013, Afrodita fue calificada como la empresa que más conflictos sociales ocasionaba en Perú (Semana Económica 2013), además de encontrarse en la base de los reclamos del pueblo Awajun y Wampis en los lamentables hechos del Baguazo, en el 2009.
Otra vez, el caso de la minera Afrodita nos recuerda la vulnerabilidad de nuestros bosques amazónicos y territorios indígenas frente a la expansión de las empresas mineras y su fiebre por el oro. Son este tipo de empresas, de actitud irresponsable y de mala fe, las que se encuentran en la base de los conflictos socio ambientales a lo largo del país.
Fuente:http://www.vigilanteamazonico.pe/vigilancia-y-comunicacion/galeria-multimedia/noticias/731-la-lucha-indigena-por-la-cordillera-del-condor-anulan-permisos-a-minera-afrodita.html