Benjamín Miranda 27-02-2017
La diaguita Amalia Robles Alcayaga obtuvo un triunfo frente a la transnacional canadiense que construyó irregularmente parte del camino hacia su mega proyecto minero en terrenos familiares. La Corte Suprema ordenó reabrir el juicio civil en que se busca probar el atropello de Barrick al derecho la propiedad de Robles.
Luego de presentar un recurso de casación que fue acogido por la Corte Suprema el pasado 22 de febrero, Amalia Robles Alcayaga (59) continuará su batalla legal contra la filial chilena de Barrick Gold, la empresa de origen norteamericano que emplazó Pascua Lama en 1997 sobre la Región de Atacama. La disputa entre ambas partes se inició luego de que un camino de entrada al proyecto se construyera sobre los terrenos de la familia Robles sin la autorización de las reparticiones públicas competentes, pasando a llevar un cementerio ancestral indígena, sepultando el canal Gárate que servía como fuente de agua para ellos y violando el derecho constitucional a la propiedad privada.

Tal como reveló The Clinic Online en un reportaje que detalla la extensa contienda, Amalia acudió a la justicia por primera vez el 18 de marzo de 2009, cuando presentó una querella contra la Compañía Minera Nevada S.A, en el Segundo Juzgado de Vallenar por los delitos de daños calificados y usurpación. Desde entonces, fue representada por el abogado Walter González, quien condujo el proceso legal hasta mediados del 2016, cuando se produjo el quiebre entre el jurista y su antigua clienta.

Esto, luego de que de la Corte de Apelaciones de Copiapó dictara el “abandono del procedimiento” el 14 de julio del año pasado, tras seis meses de inactividad judicial. Es decir, congeló la causa en contra de la empresa porque los demandantes no presentaron iniciativas legales durante medio año.

Según Amalia esta situación habría sido producida deliberadamente por su exabogado, a quien demandó ante el Colegio del gremio por no defender sus intereses y dejar de mostrar interés en la causa.

Ahora representada por un nuevo equipo de defensores, liderados por Óscar Briones y Ricardo Venegas, Robles logró probar que no tuvo responsabilidad en la inacción previamente señalada y el máximo tribunal falló en su favor, ordenando que se reabra el caso y continúe la investigación que iniciara ocho años atrás.

Así se corrobora en la sentencia emitida por la Corte Suprema, donde se refiere al abandono de procedimiento como una “errónea aplicación de la ley”, la que “ha tenido influencia substancial en lo dispositivo del fallo, pues en mérito de ella se acogió una incidencia que debió ser desestimada”.

A ojos del tribunal, por lo tanto, “corresponde hacer lugar a la casación en el fondo interpuesta”, invalidando lo ordenado a mediados del año pasado y reemplazando dicha decisión por la recientemente adoptada. Es decir, se reanuda el juicio civil.

BARRICK VA A APRENDER A RESPETARME

La primera acción que tomó Amalia en contra del proyecto de Barrick Gold fue el lunes 18 de agosto del año 2008, cuando aun faltaba poco más de un año para que se decidiera a llevar el caso ante la justicia.

Según consignó a este medio, aquel día cerró el camino que permite el acceso a Pascua Lama, cansada de advertirles a las autoridades regionales que Barrick Gold Corporation había construido hace más de una década, sin permiso alguno, una ruta sobre sus terrenos.

Además, Amalia había presenciado la destrucción del cementerio ancestral de su comunidad diaguita en los cerros de la provincia del Huasco y había observado cómo la poderosa empresa dejó bajo tierra el canal de regadío que permitía a su familia realizar cultivos.

Ese día se prometió que no iba a permitir más abusos. Cuando los funcionarios de Barrick intentaron transitar por la carretera, no la tuvieron fácil. Se encontraron con una barricada de piedras que Amalia y su familia montaron sobre la vía.

Durante una semana Amalia custodió la trinchera, volvió a ser dueña de sus tierras y frenó los camiones de la empresa.

Pero su porfía chocó de frente con la decisión de las autoridades de Atacama que buscaban despejarle el camino a Barrick.

-Llegaron los carabineros y nos llevaron a Alto del Carmen. Después de un rato nos devolvieron al lugar, cuando la caravana de camiones ya había pasado… Barrick es la reina de la Región- resume Amalia.

Desde aquél aquel lejano día en que se tomó la vía, Robles no ha desistido en su batalla contra la empresa. Tampoco ha cambiado su impresión acerca de la firma, a quien ha acusado insistentemente de no mostrar un interés real por solucionar el problema o reparar el daño causado. “Sigo en esto porque, aunque no lo crea, Barrick va a aprender a respetarme”, asegura. Hoy agrega que ha vuelto “a creer en la justicia en este país”.

Por su parte la poderosa empresa indicó que se ha buscado un pago justo a los Robles Alcayaga alcanza, el que alcanzaría “un máximo de $200 millones por permisos de servidumbre”.

Al ser consultados nuevamente por este medio, desde Barrick aseguraron que la última sentencia de la Corte Suprema “no implica un pronunciamiento de la causa, solo que se seguirá investigando”.

Juan Pablo Figueroa
27-02-2017
Cuando el entonces presidente Sebastián Piñera negoció en agosto de 2010 la bajada de la Central Termoeléctrica Barrancones, su familia era una de los principales accionistas de un negocio que pretendía instalarse en el mismo sector: Minera Andes Iron, la sociedad matriz de Minera Dominga. Esta es la historia hasta ahora inédita de cómo la carta fuerte de Chile Vamos para las próximas elecciones presidenciales y su familia ingresaron al proyecto Dominga cuando recién se empezaba a gestar en 2009, de cómo siguieron ahí cuando él ya estaba en La Moneda y de cómo se retiraron en diciembre de 2010, tres meses y medio después de bajar Barrancones, en una operación por más de 6.765 millones de pesos.

Sebastián Piñera llevaba apenas seis meses como Presidente de Chile cuando el 26 de agosto de 2010 anunció que la Central Termoeléctrica Barrancones ya no iba más. Aunque sólo dos días antes la Corema de Coquimbo había aprobado el millonario proyecto energético que la empresa franco-belga Suez Energy (actualmente Engie) pretendía construir y operar en la costa de la IV Región, él, con sólo una llamada telefónica desde La Moneda, pactó con los representantes de la firma su retirada y la búsqueda de una nueva locación para reinstalarse.

Con eso Piñera pasó por alto toda la institucionalidad medioambiental vigente del país. Fue criticado, pero la jugada resultó como la planeó: eliminó de raíz una fuerte amenaza para los habitantes de la comuna de La Higuera y los ecosistemas de dos zonas bajo protección ecológica, la Reserva Marina Islas Choros-Damas y la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.

“Hemos enfrentado el tema de la central con responsabilidad, sabiduría y respetando nuestro estado de derecho (…) Puedo decir a todos los amantes de la naturaleza que, como Presidente, me siento feliz de poder preservar un santuario de la naturaleza que he podido disfrutar con mis propios ojos”, dijo ese día el entonces Mandatario.

Lo que no mencionó Piñera en esa oportunidad -ni en ninguna otra- es que él, sus cuatro hijos, dos de sus ejecutivos de mayor confianza y un amigo cercano, tenían profundos intereses comerciales en la zona donde se instalaría la termoeléctrica. Todos formaban parte de un proyecto que se venía gestando desde hacía más de un año, que por esos días agarraba fuerza y que sólo unos meses después empezaría a tramitarse en el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA).

Cuando el Presidente bajó Barrancones, su familia era uno de los principales accionistas de Minera Andes Iron, la sociedad matriz de Minera Dominga.

Nada de ello aparecía en sus declaraciones de patrimonio e intereses (descarga aquí su declaración de patrimonio en PDF).

Radio Bío Bío rastreó publicaciones en el Diario Oficial y distintos documentos en notarías y el Archivo Judicial que dan cuenta de que en la génesis del proyecto minero y portuario Dominga, Sebastián Piñera fue clave: no sólo tenía inversiones allí; él y su familia eran los socios mayoritarios.

La participación de los Piñera Morel era indirecta en una estructura de propiedad en forma de cascada. El vehículo que utilizaron fue el mismo que usaban en esos años para invertir en el extranjero: Mediterráneo Fondo de Inversión Privado (FIP), un fondo de inversión privado gestionado por Administradora Bancorp S.A., una de las empresas del Grupo Bancard, el family office del expresidente.

Fue a través de ese FIP que, al menos desde abril de 2009, tenían la posición predominante en Minería Activa Uno SpA, sociedad que cuando se creó Minera Andes Iron, se adjudicó el 99,9% de la propiedad.

Desde Administradora Bancorp señalaron a Radio Bío Bío que dicho negocio se realizó como parte “de sus inversiones en capital de riesgo” y estuvo “orientado a promover la inversión y desarrollar una industria relevante para nuestro país”. Además, aseguraron que “Sebastián Piñera Echenique no participa ni ha participado nunca en la administración de Administradora Bancorp S.A. y, por tanto, no participó en la decisión de inversión en Minería Activo Uno SpA”.

De acuerdo a registros que revisó este medio, aunque no estaba en la administración, Sebastián Piñera sí participaba en la propiedad del FIP y la sociedad que lo gestionaba a través de Inversiones Odisea (bajar a recuadro 1). Y si bien no tenía poderes de gestión sobre Administradora Bancorp, éstos seguían en su núcleo íntimo: su hermana María Teresa y su hijo Juan Sebastián, su amigo y socio José Cox y cuatro de sus ejecutivos más cercanos, Ana María Délano, Nicolás Noguera, Santiago Valdés y José Ignacio Bravo.

Como gerente general de Bancard y hombre fuerte en los negocios del entonces Presidente, Nicolás Noguera era quien representaba al FIP en sus inversiones. Y él también invertía por su cuenta en Minería Activa Uno SpA. Lo hacía a través de Asesorías e Inversiones Larraín y Noguera, más conocida como Átomo Ltda., una sociedad que compartía en partes iguales con Juan de Dios Larraín, hijo del senador y ex presidente de la UDI, Hernán Larraín.

Otro ejecutivo cercano a Piñera que invertía por cuenta propia en Minería Activa Uno SpA y tenía poderes de administración sobre el FIP, fue su exadministrador electoral y exgerente de administración de Bancard, Santiago Valdés. El participaba con su sociedad Inversiones Calatrava. Hoy Valdés está formalizado en el Caso SQM por haber emitido 16 facturas de Bancorp a la minera no metálica controlada por Julio Ponce, por asesorías sin respaldo que suman un total de $340 millones.

Aunque inicialmente había más de 30 socios tras Dominga, siempre se presentó como la incursión minera de Carlos Alberto Délano, controlador del Grupo Penta, amigo cercano y socio histórico de Piñera y parte de su grupo informal de asesores cuando era Presidente, el llamado “tercer piso” (bajar a recuadro 2). Por esto cuando se detectaron pagos irregulares del holding que Délano controlaba junto a Carlos Eugenio Lavín por $42 millones al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, el Ministerio Público los interpretó como un soborno para eventualmente favorecer la tramitación de Minera Dominga. Los tres serán reformalizados el próximo 1 de marzo por el posible cohecho y por una serie de delitos tributarios en el marco del Caso Penta.

Los documentos que recopiló Radio Bío Bío revelan que al principio la participación de Délano en el proyecto Dominga era menor que la de la familia Piñera, y que entre ambos concentraban cerca del 55% de las acciones de Minería Activa Uno SpA. También dan cuenta del millonario negocio que había detrás.

La que sigue es la historia hasta ahora inédita de cómo la carta fuerte de Chile Vamos para las próximas elecciones presidenciales y su familia ingresaron con su FIP al proyecto Dominga cuando ya había anunciado su candidatura en 2009, de cómo siguieron ahí cuando él ya estaba en La Moneda y de cómo se retiraron en diciembre de 2010, tres meses y medio después de bajar Barrancones, en una operación por más de $6.765 millones.

La semilla de Dominga
Las primeras huellas que unen a Piñera con Dominga aparecen en abril de 2009. Por entonces, el empresario dejaba parte de sus negocios en manos de cuatro administradoras de fondos que los gestionarían discrecionalmente, con la única condición de no informarle nada al respecto. Eran sus denominados fideicomisos ciegos. Todas las inversiones en el Mercado de Valores nacional que tenía a través de Inversiones Santa Cecilia S.A. y Bancard Inversiones Ltda. quedaban sujetas a ese régimen. No así sus otros negocios, entre los que estaba el FIP Mediterráneo.

Las cuatro firmas seleccionadas por Piñera para gestionar sus fideicomisos fueron Moneda, Celfin (hoy BTG Pactual), BICE y LarrainVial. Al menos tres han estado fuertemente ligadas con él y sus negocios.

Moneda, por ejemplo, cuenta entre sus principales socios a Juan Luis Rivera, ex hombre fuerte de Piñera y antecesor de Noguera en la gerencia general de Bancard. Bajo su administración, la cartera de inversiones del family office del exmandatario se quintuplicó, pasando de US$ 250 millones a unos US$ 1.300 millones. Celfin era la empresa que fundó y por entonces controlaba Jorge Errázuriz, un viejo amigo de Piñera y hermano de uno de sus abogados. LarrainVial en tanto, ha sido uno de los operadores históricos de Bancard en la Bolsa. De hecho, dos de sus principales ejecutivos defendieron a Piñera en el proceso que derivó en una multa en su contra por no abstenerse en 2006 de comprar acciones de LAN cuando era director de esa compañía y tenía acceso a información que no estaba abierta al mercado.

LarrainVial fue también la firma que puso la primera piedra de lo que después sería el proyecto Dominga.
Sólo unos meses antes de firmar los fideicomisos, en enero de 2009, LarrainVial creó junto a una sociedad del geólogo Iván Garrido, el ingeniero en minas Félix Susaeta y la familia Laso Bambach, un private equity llamado Minería Activa S.A., con un capital de $60 millones.

Su objetivo: administrar recursos de terceros para invertir en el sector minero. En marzo, la sociedad creó una filial: Minería Activa Uno SpA. Fue ahí que, seis días después de firmar los fideicomisos, el FIP de la familia Piñera y sus colaboradores se embarcaron en el proyecto.

De eso da cuenta el primer pacto de accionistas de la sociedad (ver documento en PDF), donde figuran 31 socios distintos. Con el 33,4% de las acciones, el FIP Mediterráneo -representado por Nicolás Noguera- quedaba al tope de la lista de mayores accionistas, seguido por Inmobiliaria Duero Ltda., de Carlos Alberto Délano y su familia, con el 22,8% de los títulos.

Pasó un año. Piñera ganó las elecciones presidenciales de 2009 y el 11 de marzo de 2010 asumió el cargo. Cuatro días después, Minería Activa S.A. (0,0001%) y Minería Activa Uno SpA (99,9%) crearon la Minera Andes Iron Ltda., con un capital inicial de $576 millones compuesto es su mayor parte por concesiones mineras. Empezaba a tomar forma Minera Dominga y lo que más adelante se convertiría en una nueva amenaza ecológica para los santuarios naturales y los ecosistemas marinos y terrestres de La Higuera.

Salvo los montos involucrados, poco había cambiado a junio de ese año (ver documento en PDF). La estructura de propiedad de Minería Activa Uno SpA, y por ende, de Minera Andes Iron, seguía Igual: los Piñera Morel a la cabeza, seguidos por Délano y éste por la familia Larraín Cruzat (uno de los dueños de LarrainVial).

Allí estaba el 70% de un capital que ya se alzaba por sobre los $8.786 millones. Poco después empezarían a preparar el terreno para desarrollar el proyecto, aunque todos esos movimientos pasarían desapercibidos: por esos días toda la atención estaba puesta sobre la Central Termoeléctrica Barrancones.

Barrancones, la amenaza
Felipe Camiroaga aún estaba vivo y conducía el matinal de TVN. Era el 25 de agosto de 2010, un día después de que Suez Energy obtuviera la autorización para construir en La Higuera su proyecto energético alimentado por carbón. En una entrevista en vivo con Rodrigo Hinzpeter, por entonces ministro del Interior, le dijo: “Quiero pedirle a título personal, pero sé que represento a la gran mayoría de los chilenos, que por favor el Presidente, el gobierno y su equipo se opongan con toda la fuerza que sea necesaria a esta termoeléctrica que quieren poner en un santuario maravilloso mundial”.

Camiroaga se refería a Barrancones.
El proyecto había desencadenado una fuerte oposición ciudadana en todo el país por el impacto ambiental que tendría sobre la zona costera de Punta de Choros y sus islas colindantes (Choros, Damas y Chañaral), todos parte de uno de los 36 sitios de prioridad internacional para la conservación de la biodiversidad biológica.

Allí, a sólo 25 kilómetros de donde se instalaría la termoeléctrica, están la Reserva Marina Islas Choros-Damas y la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, zonas protegidas donde habita el 80% de la población mundial de pingüinos de Humboldt en un ecosistema que comparte con colonias de delfines, lobos marinos y chungungos, además de distintas especies de plantas, peces, aves y mamíferos marinos.

Mientras eso sucedía, las gestiones para darle forma a Minera Dominga prosperaban. A comienzos de ese mes, Minería Activa Uno SpA -aún con el FIP de la familia Piñera como socio mayoritario- adquirió siete concesiones mineras en la comuna de La Higuera por US$ 300.000. Tres semanas después, al día siguiente del llamado de Camiroaga, todas esas concesiones fueron vendidas a Minera Andes Iron en $104 millones. Fue esa misma jornada que el Presidente comunicó que Barrancones no iba más.

Es difícil determinar si la paralización de Barrancones terminó allanando el terreno para el proyecto minero y portuario de Andes Iron. Consultado por Radio Bío Bío, el exseremi de Medioambiente de Coquimbo durante el gobierno de Piñera, Cristian Felmer, señaló que se trataba de proyectos de distinta naturaleza, que se tramitaron bajo leyes distintas y que si bien tendrían efectos sobre la misma zona geográfica, no eran necesariamente excluyentes.

“Para ver si el impacto sumado de ambos proyectos sobrepasaba la norma, habría que medirlo en forma sinérgica. Y eso es especular. Sería irresponsable afirmarlo o descartarlo. Lo real es que cuando ingresó Dominga al SEA, Barrancones ya no existía hacía tiempo”, señaló Felmer.

No está claro si la decisión de Piñera de parar Barrancones benefició a Dominga. Pero sí llama la atención que el ex Mandatario nunca haya transparentado que al tomar la decisión, su familia tenía profundos intereses comerciales en la misma zona donde se instalaría la termoeléctrica, en un proyecto que ya estaba casi listo para ingresar al SEA y que también tendría un alto impacto ambiental en los ecosistemas protegidos cercanos a Punta de Choros. El mismo que sólo unos meses después dejarían en medio de una multimillonaria transacción.

Una salida millonaria
El 12 de agosto de 2010, sólo días antes de que Barrancones desapareciera del mapa, aterrizó en Chile una sociedad de la familia Délano constituida en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas: Andes Iron Ltd. Su llegada cambió el mapa de propiedad de Dominga. Con un aporte de $5.500 millones, esa sociedad se hizo del control de Minera Andes Iron, adjudicándose el 90,5% de la propiedad. El 9,5% restante seguía en manos de Minería Activa Uno SpA, donde el FIP de los Piñera Morel mantenía su posición dominante.

El proyecto Dominga todavía estaba en su etapa inicial. En el futuro, sus gestores pretendían instalar y explotar en la comuna de La Higuera dos minas de hierro a rajo abierto que además produjeran cobre como subproducto, con sus respectivas plantas de procesos y depósitos de lastre y relaves. A eso sumarían ductos que irían desde la faena hasta la costa para transportar agua y mineral en ambas direcciones y un gran puerto ubicado en el pequeño pueblo de Totoralillo Norte, apenas un kilómetro y medio de donde se iba a instalar la termoeléctrica.

Allí calarían las naves en las que se embarcarían las cerca de 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150 mil toneladas de concentrado de cobre que produciría anualmente la mina. Todo eso implicaría una inversión por unos US$2.500 millones por un período de, a lo menos, 22 años.

Para concretar esos planes aún faltaba un paso previo: la exploración y prospección en las cerca de 60 concesiones mineras que ya a fines de 2010 poseía Minera Andes Iron. La idea era que cuando se diera el vamos a esa etapa, Minera Activa Uno SpA ya no estuviera vinculada al proyecto.

En su junta de accionistas del 1 de diciembre de 2010 (ver documento en PDF), Minería Activa Uno SpA ya daba cuenta de que la venta de su participación en la matriz de Minera Dominga era inminente. Fue ahí que se determinó que el 9,46% de los ingresos provenientes de esa operación se repartirían entre los titulares de las acciones serie C. Un tercio de esa clase de títulos estaba en manos del FIP Mediterráneo, es decir, de la familia Piñera Morel.

Sólo unos días después se concretó la venta (ver escritura en PDF). El comprador: el FIP Rucapangui, un fondo de inversión creado sólo un mes antes y controlado por la familia Délano Méndez. Pagó más de $6.675 millones por el 9,5% de la propiedad de Minera Andes Iron.

Como el FIP Mediterráneo poseía un tercio de las acciones de Minería Activa Uno Spa, su parte luego de esa operación debió haber sido millonaria. Sólo sus más de 996 millones de acciones de clase C le daban derecho a unos $213 millones. Radio Bío Bío consultó a Administradora Bancorp S.A. por los ingresos que obtuvo en esa oportunidad el FIP de la familia Piñera Morel, sin embargo no obtuvimos respuesta.

Tampoco quiso dar respuestas el expresidente Piñera, quien declinó dar una entrevista por este tema a través de su encargada de prensa.

Quedaron sólo dos socios a cargo de Dominga, ambos vinculados a la familia de Carlos Alberto Délano: Andes Iron Ltd., basada en las Islas Vírgenes Británicas, y el FIP Rucapangui. Fueron ellos quienes ingresaron en febrero de 2011 al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) el proyecto de exploración y prospección, que en sólo cinco meses fue aprobado (ver registro en el SEA). Serían 300 sondajes en tres años, a un costo de US$ 30 millones. Dominga ya entraba en tierra derecha.

No todos los colaboradores de Piñera se bajaron del proyecto con la millonaria venta al FIP Rucapangui. A fines de 2011, la matriz del proyecto se transformó en una sociedad por acciones dominada por los Délano Méndez (84,8%), pero donde también eran socios la familia del empresario y director de Consorcio y Embotelladora Andina, José Antonio Garcés Silva (15%), y Átomo Ltda., la sociedad del gerente general de Bancard, Nicolás Noguera (0,2%).

Aunque la inversión de este último era minoritaria, equivalía a unos $31,3 millones, monto que iría aumentando con el tiempo.

La etapa de exploración y prospección se desarrolló sin problemas bajo el gobierno de Sebastián Piñera, al tiempo que Andes Iron SpA -nombre que adoptó la matriz de Dominga tras su última transformación- abultaba su capital. Para septiembre de 2013, cuando ingresaron al SEA su proyecto minero y portuario, el monto ya se alzaba por sobre los $63.803 millones. Sin aumentar el porcentaje de su participación, lo invertido por Noguera se había cuadruplicado.

Fue recién entonces que Dominga se convirtió en una amenaza real y las localidades de La Higuera y organizaciones ambientalistas encendieron sus alarmas, y con razón. En su estudio de impacto ambiental, Andes Iron omitió información clave para medir el real impacto en la zona, sobre todo respecto a los efectos que tendría el tráfico marítimo y la actividad portuaria en los ecosistemas protegidos.

Tampoco presentó planes claros de mitigación ni consideró cómo su impacto se sumaba al de otro megaproyecto minero y portuario que se tramitaba en el sector -y que ya fue aprobado-: Puerto Cruz Grande, a cargo de la Compañía Minera del Pacífico (CAP). De eso dan cuentan los duros informes que emitieron Conaf, el Servicio Nacional de Pesca y la seremi de Medioambiente de Coquimbo.

“Los proyectos deben tener una línea base, que es la información que se levanta para conocer el impacto que tendrán sobre una determinada zona y poder mitigar, compensar y reparar. Pero Dominga no tiene línea base: luego de más de tres años de tramitación, aún no se sabe el real impacto que va a tener esta minera sobre el medioambiente, y eso es lo que tiene que buscar el SEA hoy en día”, acusa la directora ejecutiva de la ONG Oceana Chile, Liesbeth Van der Meer, en conversación con Radio Bío Bío.

Dominga sigue en tramitación. Ya tres veces el SEA ha solicitado que Andes Iron aclare las dudas respecto a su real impacto y en las tres oportunidades la respuesta ha sido insatisfactoria. De hecho, recién en la tercera Adenda, entregada en octubre de 2016, los gestores del proyecto reconocieron que su impacto sobre las zonas marinas será mayor al presupuestado y se abrió una etapa de participación ciudadana que acabó en enero de este año, con una cuarta solicitud de información, el ICSARA Nº 4. La respuesta llegó el pasado 10 de febrero.

Desde la ONG Oceana Chile denuncian supuestas ilegalidades por parte del SEA en el proceso: haber extendido la tramitación más de lo que permitiría el reglamento, eliminar en el último ICSARA las observaciones de Conaf por considerar que no tiene atribuciones -algo que desde la misma institución reclamaron formalmente (ver documento en PDF)- y haber solicitado una nueva línea base a Andes Iron. Es por ello que solicitaron al SEA de Coquimbo invalidar esa cuarta oportunidad para que Andes Iron aclare las dudas que aún persisten (ver solicitud en PDF).

Aunque después de que estallara el Caso Penta la familia Délano Méndez anunció que intentaría vender su participación en Dominga, el proyecto sigue bajo su control. Ya no a través del FIP Rucapangui, que se disolvió en marzo de 2014, sino a través de dos sociedades de inversiones que poseen el 75% de sus acciones. Según el sitio web de Andes Iron, sigue con ellos la familia Garcés Silva (14%) y algunos ejecutivos de la firma (11%). Nicolás Noguera se mantuvo en el negocio al menos hasta fines de 2014. Su inversión en la sociedad superaba los $177 millones.

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/02/27/los-desconocidos-intereses-de-la-familia-pinera-en-minera-dominga.shtml