Chile

Minera Pampa Camarones deberá pagar el equivalente a u$s 3 millones en multas ambientales

Las razones de la sanción se deben a infracciones vinculadas a daño ambiental irreparable sobre patrimonio arqueológico, mal manejo de residuos y no implementación de medidas de mitigación para fauna silvestre.

SANTIAGO.- La Corte Suprema confirmó la multa cursada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), que sancionó en 2015 a la empresa minera Pampa Camarones, titular de los proyectos «Explotación Mina Salamanqueja» y «Planta de Cátodos Pampa Camarones», ubicada en la Región de Arica y Parinacota. En esa oportunidad, la SMA multó con 3.575,9 UTA -equivalentes a $1.989 millones- a la empresa minera, debido a una serie de incumplimientos asociados al resguardo del componente arqueológico; la no implementación de medidas de mitigación y monitoreo respecto a la fauna del sector; mal manejo de residuos peligrosos; entre otros. Estas infracciones se detectaron tras fiscalizaciones realizadas por profesionales de la SMA, el Sernageomin y el Consejo de Monumentos Nacionales.

La sanción del ente fiscalizador fue reclamada ante el Segundo Tribunal Ambiental, el cual rechazó el recurso interpuesto por la empresa y confirmó la resolución de la Superintendencia. Posteriormente, la minera recurrió de casación ante la Corte Suprema. La Tercera Sala del máximo tribunal rechazó los recursos de casación en forma y fondo, confirmando así el actuar de la SMA. Al respecto, el superintendente del Medio Ambiente, Cristián Franz, afirmó que «con esta nueva sentencia favorable, esta vez, obtenida en la Corte Suprema, se confirma una vez más el alto nivel técnico y jurídico de las decisiones que hemos tomado a lo largo de estos años».

El contenido del fallo La SMA en su resolución sancionatoria incluyó 12 infracciones a las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto. Una de ellas generó un daño ambiental irreparable producto de la intervención a monumentos arqueológicos en una extensión de 15 hectáreas y la no recolección de restos líticos, que se encuentran emplazados en el sitio denominado «Salamanqueja 12-13». La acción de la minera causó la pérdida de una importante cantidad de dichos restos líticos, los que se encuentran protegidos por la Ley de Monumentos Nacionales, y corresponden a restos de antiguos asentamientos humanos, pertenecientes al período arcaico-costero, el cual data entre 9000 y 3500 años antes de nuestra era. El actuar de la empresa imposibilitará generar una investigación completa respecto de las condiciones de vida de los habitantes primitivos de ese sector. El Tribunal también consideró que la sanción aplicada por la SMA es proporcional y que la finalidad de la multa es «erigirse como un instrumento eficiente que tienda a disuadir incumplimientos». Asimismo, el fallo advierte que «la capacidad económica de la infractora ha sido suficientemente ponderada a través del examen de la documentación aportado por el titular del plan a solicitud de la SMA, sin que se observe el yerro jurídico denunciado a este respecto, razón que conduce a la conclusión que el recurso de casación en el fondo intentado por la reclamante carece de fundamento y deberá también desestimarse». Ahora la compañía deberá pagar la sanción interpuesta ante la Tesorería General de la República, dentro del plazo que establece la Ley.

Fuente: Emol.com – http://www.emol.com/noticias/Economia/2017/03/03/847728/Corte-Suprema-confirma-multa-cursada-por-la-SMA-a-minera-Pampa-Camarones-por-dano-ambiental.html

Argentina

Quieren expropiar tierras en la Cueva de las Manos que iban a ser donadas a Parques Nacionales

Santa Cruz .- Mientras la minera Patagonia Gold obtuvo el permiso de exploración en la Estancia Cueva de las Manos, la cual había sido adquirida por la Fundación Flora y Fauna para ampliar el Parque Nacional Patagonia, un proyecto de Ley busca expropiar estas tierras.

Al mismo tiempo en que la empresa Patagonia Gold obtuvo de la Secretaría de Minería de la provincia de Santa Cruz el permiso de exploración minera en la Estancia Cueva de las Manos (que había sido adquirida por la Fundación Flora y Fauna para ampliar el Parque Nacional Patagonia) se presentó en noviembre de 2016 un proyecto de Ley en el Congreso de Santa Cruz para la expropiación de estas tierras pertenecientes a dicha fundación. Estamos hablando del sitio Cueva de las Manos (que se encuentra dentro de la estancia del mismo nombre), declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

Mientras la Fundación Flora y Fauna adquirió la propiedad para donarla a Parques Nacionales, con la aprobación de las autoridades de APN y el Ministerio de Turismo de Nación, ahora en estas circunstancias, la Provincia encontró oportuno expropiar el área, frenando el proceso de donación al organismo con mayor trayectoria en conservación del patrimonio natural y cultural de la Argentina.

La Fundación Flora y Fauna sostiene que toda la estancia, donde abundan yacimientos arqueológicos, paleontológicos y especies en peligro de extinción debería ser protegida para el beneficio de todos los santacruceños. La creación de un Parque Provincial Cueva de las Manos (de 600 hectáreas) y la ampliación del Parque Nacional Patagonia (25.000 ha) sería una acción que no solo preservaría para siempre los valores incalculables de la zona, sino que aseguraría por siempre la protección del agua, del suelo, de la flora y fauna, y las bellezas paisajísticas que se observan desde la ruta 40.

Por lo tanto, la propuesta de una explotación minera, en plena área turística, no podría garantizar nunca una economía sustentable. En cambio, el desarrollo del eco-turismo en un circuito lleno de contrastes y bellezas únicas en un marco Binacional y con miras al desarrollo local y nuevas oportunidades laborales, ofrecerá un cuidado mejor para un sitio que sin lugar a dudas nunca debió ser privado.

Como indica la Fundación, dicha expropiación vulneraría los derechos de propiedad privada, además de ahuyentar a los filántropos que de buena voluntad compran tierras para ampliar Parques Nacionales. Expropiar tierras que la Fundación está dispuesta a donar, es algo injustificado.

Fundación Flora y Fauna trabaja para que los ciudadanos y legisladores de Santa Cruz puedan evaluar ambas alternativas, y llegar a un acuerdo para el bien del Sitio, la consolidación del Parque Nacional Patagonia, la promoción de un destino turístico que ofrezca trabajo local, motivando a que la gente que trabaja sin fines de lucro siga apostando por Santa Cruz.

Fuente:http://www.elfederal.com.ar/quieren-expropiar-tierras-en-la-cueva-de-las-manos-que-iban-a-ser-donadas-a-parques-nacionales/

El Salvador

Alianza de organizaciones civiles pide a minera canadiense-australiana que cumpla un fallo que afecta a El Salvador

En una carta dirigida a Mick Wilkes, director ejecutivo de OceanaGold, a la junta directiva y los accionistas de esta empresa minera canadiense-australiana, unas 280 organizaciones de la sociedad civil piden que la cuestionada minera “pague la deuda y abandone El Salvador”.

Para saber más sobre esta carta enviada en representación de 180 millones de personas en defensa de los intereses de El Salvador, Radio Canadá Internacional pudo conversar con Jennifer Moore, miembro del organismo canadiense Alerta Minera, con sede en la capital Ottawa.

Este conflicto entre comunidades locales y empresas mineras con sede en Canadá o con participación canadiense refleja elementos comunes en tales situaciones: por un lado comunidades que ven afectadas sus tierras o sus fuentes de agua por la contaminación medioambiental, por el otro, gobiernos nacionales que buscan atraer las inversiones internacionales para crear fuentes de empleo y fuentes de ingreso fiscal, y las propias empresas mineras, que tienen que satisfacer a sus inversionistas con el logro de utilidades en sus operaciones.

En 2009 la subsidiaria Pac Rim Cayman demandó al gobierno de El Salvador ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) debido a la negativa del gobierno salvadoreño de otorgarle un permiso de operaciones, reclamando primero unos 200 millones de dólares a un país empobrecido tras una larga guerra civil alimentada por las políticas de Estados Unidos en América Central.

Alerta Minera Canadá señala que tras una batalla legal que duró siete años en la que el gobierno de El Salvador luchó por proteger la cuenca de su principal rio, El Lempa, y por defender su derecho a decir “no” a la minería metálica, el 14 de octubre de 2016 un laudo emitido por el CIADI declaró por unanimidad que la demanda de Pac Rim Cayman no tenía mérito legal.

Tras el fallo, las organizaciones de la sociedad civil aliadas en la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica exigen, de acuerdo a lo señalado en un comunicado, que la minera OceanaGold cumpla la decisión del CIADI, pague los ochos millones que debe a El Salvador por costos legales. También piden, entre otras demandas, que “OceanaGold, Minerales Torogoz, Dorado Exploraciones y la Fundación El Dorado se retiren inmediatamente El Salvador y cese la publicación de anuncios pagados y otra información ilusoria sobre sus actividades en El Salvador.”

Ver video:

Fuente: http://movimientom4.org/2017/02/alianza-de-organizaciones-civiles-pide-a-minera-canadiense-australiana-que-cumpla-un-fallo-que-afecta-a-el-salvador/

Colombia

El ‘NO’ a hidroeléctricas y minería en Cabrera ganó con el 97.28% de los votos

Los habitantes del municipio de Cabrera en Cundinamarca, dijeron NO a la construcción de 14 microcentrales hidroeléctricas de EMGESA en el páramo de Sumapaz. A la pregunta ¿Está usted de acuerdo si o no, que en el municipio de cabrera como ZRC, se ejecuten proyectos mineros y/o hidroeléctricos, que transformen o afecten el uso del suelo, el agua o la vocación agropecuaria del municipio?, Superado el umbral de 1200 votos, los resultados de los votos por el NO fueron 1465, el SI obtuvo 23, los nulos fueron 5, y los no marcados 13.


La decisión, se toma gracias a la capacidad organizativa de la comunidad y específicamente a la gestión de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) teniendo en cuenta que la comunidad temía por los impactos negativos que podía acarrear la construcción de las hidroeléctricas al páramo de Sumapaz, especialmente, sobre la Quebrada Torcoroma y el acueducto.

En foros y encuentros diferentes sectores sociales y sus asociaciones de productores, de bienes y servicios, mujeres, jóvenes, Juntas de Acción Comunal, sindicatos, colectivos académicos se había expresado el rotundo rechazo al proyecto hidroeléctrico “El Paso” de la empresa multinacional Emgesa-Enel.

Con el NO en la consulta popular municipios como Venecia, Pandi e Icononzo en el Tolima, también se verían gravemente afectados. El proyecto hidroeléctrico abarca toda la cuenca media del río Sumapáz, desde el nacimiento, en la parte alta que es zona de amortiguamiento del páramo, hasta la desembocadura en el Boquerón de Icononzo. De acuerdo con la comunidad, ese proyecto afectaba «la identidad campesina y la vocación agropecuaria de los municipios» (Le puede interesar: Habitantes de Cabrera decidirán sobre micro-hidroeléctricas en Sumapáz)

“Queremos darle las gracias a todos los que hoy vinieron a acompañar esta jornada, tenemos amigos de Venecia, Sumapaz, Icononzo, Ibagué, Cajamarca, Fusagasugá y Antioquia y queremos decirles que cabrera los acompaña porque la lucha es de todos los colombianos que luchamos por la naturaleza” dijo Orlando Romero, líder comunal. El proceso de consulta popular de Cabrera, inició el 1 de agosto de 2016 cuando el Alcalde presentó la solicitud ante el Concejo Municipal.

Fuente: http://www.contagioradio.com/cabrera_dijo_no_hidroelectricas_mineria-articulo-36893/

Honduras

Asesinos de Cáceres pertenecían a fuerzas de inteligencia de Honduras

Las últimas evidencias sobre el asesinato de Berta Cáceres apuntan al Estado hondureño como responsable. Los tres militares implicados en el caso habrían recibido entrenamiento contrainsurgente de parte de los EE.UU. Los acusados del asesinato de Berta Cáceres recibieron entrenamiento en Estados Unidos y pertenecían a las fuerzas de inteligencia militar de Honduras de acuerdo a lo reflejado en el expediente jurídico del caso, reseña el periódico británico The Guardian.

Las evidencias contenidas en el expediente apuntan a la hipótesis de que la muerte de la activista indígena fue una ejecución extrajudicial. Así lo había denunciado ya el único testigo de la muerte de la indigenista, Gustavo Castro, quien señala al Estado hondureño como responsable.
Cáceres se oponía al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que dejaría sin agua al pueblo indígena Ienca. En la noche del 2 de marzo de 2016 varios sujetos ingresaron a su casa y le dispararon. La activista había recibido al menos 33 amenazas de muerte.

Hasta ahora van ocho personas capturadas y señaladas como responsables del asesinato. Tres de ellos son militares hondureños, quienes habrían recibido entrenamiento militar por parte de los Estados Unidos.

Mariano Díaz Chávez es un veterano de las fuerzas especiales hondureñas y desde 2015 se encontraba al frente de la inteligencia militar del país. Díaz y el teniente Douglas Giovanny Bustillo — también detenido por el asesinato y exempleado de la empresa responsable del proyecto hidroeléctrico — habrían recibido entrenamiento antiterrorista en EE.UU. en 2005. Bustillo recibió entrenamiento en la infame Escuela de las Américas.

El tercer militar detenido, el sargento Henry Javier Hernández, es un francotirador y se convirtió en informante de la inteligencia militar cuando se retiró en 2013. Los tres visitaron el pueblo de La Esperanza, donde vivía Cáceres, en varias ocasiones, de acuerdo a los registros telefónicos.
Sergio Rodríguez, ejecutivo del proyecto Agua Zarca también fue detenido. La empresa responsable del proyecto era Desarrollos Energéticos S.A. (Desa), cuyo presidente, Roberto David Castillo Mejía, es miembro retirado de los servicios de inteligencia militar.

Desde el golpe de Estado contra el expresidente Miguel Zelaya en 2009, al menos 120 activistas han sido asesinados en Honduras. El país centroamericano fue declarado el lugar “más peligroso para defender el planeta”, según un informe de Global Witness. La organización denuncia una relación entre la clase política y empresarial del país y la represión y asesinato de activistas políticos en los últimos años.

Fuente: http://www.noalamina.org/latinoamerica/honduras/item/16939-asesinos-de-caceres-pertenecian-a-fuerzas-de-inteligencia-de-honduras

El Salvador

Los habitantes de Cinquera votaron abrumadoramente contra la minera metálica

Los pobladores del municipio salvadoreño de Cinquera rechazaron hoy en consulta popular la exploración y explotación minera metálica en sus bosques por parte de compañías trasnacionales con proyectos en este país. El 98 por ciento los habitantes de Cinquera votaron por resguardar su territorio de obras potencialmente depredadoras y que causarían un significativo e irreversible daño ecológico, algo que ya hicieron anteriormente otras municipalidades salvadoreñas.


La votación tuvo lugar en el departamento Cabañas, ante observadores internacionales que velaron por la transparencia del proceso, al igual que ocurrió en San José Las Flores, Arcatao, San Isidro Labrador y Nueva Trinidad, en el departamento de Chalatenango.

En Cinquera se realiza un sostenido trabajo en la defensa del medio ambiente desde la firma en 1992 de los Acuerdos de Paz en El Salvador, y el resultado ha sido una sólida biodiversidad cuya supervivencia amenazaba los proyectos de minería.

Además de la flora y la fauna, existen numerosos manantiales cuyas aguas abastecen a una población que, en lugar de someterse o recurrir a la violencia, ejerció sus derechos de participación ciudadana y se pronunció contra esta modalidad de extracción mineral.

En Cinquera está la milenaria formación geológica Morazán, cuyas potenciales vetas llaman la atención de empresas que carecen del freno de una legislación que prohíba la explotación, algo que muchos gobiernos locales le reclaman a la Asamblea Legislativa (Parlamento).

Carmelo Noyola, alcalde de Cinquera, convocó a los demás ediles de Cabañas a sumarse a su esfuerzo para proteger a sus respectivos municipios de una explotación minera que, lejos de resolver sus problemas, acarrearía otros peores, como la contaminación.

El Salvador es escenario de un movimiento de lucha contra la minería metálica por su daño a la naturaleza, su desmesurado gasto de agua, por el uso de metales pesados para el proceso de extracción, y por los enfrentamientos sociales propiciados por las mineras.

Para el país más pequeño de América continental, con una alta densidad poblacional, sería casi suicida abrirle las puertas a un procedimiento que arreciaría la crisis hidráulica, y afectaría a la agricultura, la ganadería, el agua, el aire y el suelo.

En 1996, el gobierno derechista de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) aprobó una Ley de Minería con incentivos para los inversionistas extranjeros, que comenzó a otorgar licencias para la exploración de oro y plata, que pronto encontraron resistencia.

De hecho, en Chalatenango y Cabañas nacieron las luchas ambientalistas, aglutinadas en la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, cuya constitución en 2006 amplió la presencia de estas reivindicaciones en la esfera pública, con importantes logros.

Su labor forzó a la empresa canadiense Pacific Rim a suspender en 2008 el proyecto El Dorado, justamente en Cabañas, donde el asesinato de tres activistas no impidió que la gente saliera a las calles para defender su derecho a respirar aire puro y beber agua limpia.

Fuente: http://www.noalamina.org/latinoamerica/el-salvador/item/16937-los-habitantes-de-cinquera-votaron-abrumadoramente-contra-la-minera-metalica

Ecuador

Invertir en INV Metals es invertir en conflicto en el Ecuador, gobiernos locales declaran zona libre de minería

(Cuenca, Ecuador/Ottawa, Canadá) Gobiernos locales en la zona afectada por el proyecto Loma Larga de la empresa canadiense INV Metals han declarado que prohibirán la actividad minera para proteger las fuentes de agua, los ecosistemas relacionados y la población. Continuar invirtiendo en este proyecto, tal como ha anunciando la empresa INV Metals a principios de febrero, perjudicará el agua y la salud, y será invertir en conflicto social, expresan organizaciones sociales en el área.

En octubre del 2016, la Cámara Provincial del Azuay resolvió por unanimidad prohibir la minería metálica en los páramos, fuentes de agua y en los ecosistemas frágiles y amenazados en la provincia, y disponer a las autoridades locales y nacionales se proceda de manera inmediata a dejar sin efecto las autorizaciones que se hayan concedido.

A finales de enero del 2017, el Concejo Cantonal de Cuenca declaró al territorio, sus páramos y ecosistemas frágiles y amenazados, y sus fuentes de agua libres de minería metálica. Además de contar con el proyecto Loma Larga de alrededor de 8,000 ha dentro del cantón Cuenca, la empresa INV Metals tiene otras cinco concesiones mineras recien solicitadas de casi 15,000 ha dentro del mismo cantón.

“Para los Yasunidos es una victoria importante la definición asumida por el Concejo Cantonal, al declarar al cantón Cuenca y al Cajas, zonas libres de minería metálica, es algo que hemos esperado mucho tiempo, en defensa del agua, los páramos, y los derechos de las comunidades. Es clave esta decisión, apegada a la Constitución, ahora esperamos que se tomen las medidas para frenar esta avalancha minera metálica”, dijo la activista Nidia Solís.
Federico Guzmán, en representación de los habitantes de la parroquia rural Victoria de Portete en el cantón Cuenca, aguas abajo del proyecto Loma Larga en la zona de Kimsacocha, precisó que son 14 años de lucha la que tienen estas poblaciones en contra de los procesos mineros y la lucha sigue.

A inicios de febrero, más de 1,100 personas de las comunidades afectadas y de varias partes del Ecuador se reunieron para el Encuentro Internacional por el Agua y la Pachamama cuando se ratificó la total oposición y resistencia a toda forma de despojo de los territorios, tierras, aguas y fuentes naturales por la minería a gran escala a nivel local y en el país.

A pesar de esto, la empresa INV Metals anunció en febrero que anunció la venta de acciones por un valor de CAD$24 millones de dólares a dos grupos de inversionistas, GMP Securities L.P. y Clarus Securities Inc, para seguir invirtiendo en la zona. Según INV, la empresa canadiense IAMGOLD seguirá siendo un accionista principal después de consolidar la venta de acciones.

“Aquí no vamos a dejar la lucha por nuestra agua y nuestra salud. Es tiempo que la empresa minera y sus inversionistas abandonen el proyecto Loma Larga y las concesiones mineras en Azuay por estar en nuestros páramos y nuestras fuentes de agua sobre la cual depende nuestra vida,” concluye Bolivar Quezada de los Sistemas Comunitarios de Agua del Cantón Girón.

Un informe pericial elaborado por Kuipers & Associates de EE.UU., basado en la revisión de estudios disponibles sobre los propuestos proyectos en el cantón Cuenca, Loma Larga de la empresa minera canadiense INV Metals y Río Blanco, la mina aurífera que propone la empresa china Junefield Mineral Resources, determina que no se debe desarrollar estos proyectos debido al alto riesgo de contaminación de los cuerpos de agua cercanos con arsénico y metales pesados, e importantes alteraciones en la calidad y cantidad de agua que podrían resultar de actividades mineras subterráneas en estos frágiles páramos.

Contactos:
•    Nataly Torres, Minka Urbana, natalytorresg(at)gmail.com, +593 (9) 9479-2047
•    Jennifer Moore, Alerta Minera Canadá, jen(at)miningwatch.ca, +001 (613) 569-3439

En línea: http://miningwatch.ca/es/news/2017/3/1/invertir-en-inv-metals-es-invertir-en-conflicto-en-el-ecuador-gobiernos-locales
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Jennifer Moore
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Colombia

Corte Consitutcional ordena consulta por minería en Marmato

Fallo le da la razón a comunidades que tutelaron contra la multinacional Gran Colombia Gold. En Marmato hay un conflicto por el cerro El Burro entre la empresa que explota oro en la parte baja y los mineros tradicionales que están más arriba. En Marmato hay un conflicto por el cerro El Burro entre la empresa que explota oro en la parte baja y los mineros tradicionales que están más arriba.

La segunda revisión de un fallo de tutela de 2015 le dio la razón este martes a las comunidades afrocolombianas e indígenas de Marmato, Caldas, que pidieron ser tenidos en cuenta frente a la decisión del Gobierno Nacional de entregar la parte alta del cerro El Burro a la explotación aurífera de Gran Colombia Gold.

Aunque la minera puede seguir en la parte baja de la montaña, la decisión judicial deja sin piso la orden de desalojar 68 minas artesanales y tradicionales que están arriba y que son explotadas por esas etnias.

«Eso es lo que se esperaba hace mucho rato y lo que ha debido hacer el Gobierno Nacional, primero la consulta previa», dijo el alcalde Julio Vargas Chica, luego de enterarse de la noticia. El mandatario local se ha resistido a llevar a cabo órdenes de desalojo contra por lo menos 13 minas y es considerado opositor de la multinacional.

Para el expersonero marmateño Wilson Castro, quien acompañó la acción por la que se inició el proceso, son esta decisión «se hace justicia con los mineros tradicionales y artesanales».

La acción de tutela para pedir la consulta previa con las comunidades afros e indígenas de instauró porque una resolución ordenaba que el cerro completo fuera explotado por la compañía Gran Colombia. El argumento en contra fue que un decreto de 1954, todavía vigente, le asignaba ese derecho sobre la parte alta de El Burro a las comunidades.

Los magistrados Jorge Pretelt y Luis Ernesto Silva acogieron esos argumentos y, tras una primera sentencia favorable que se anuló en 2015 por fallas de procedimiento, la sala séptima volvió a decidir que los reclamantes tienen razón.

Aunque en ese primer fallo se le daba al Estado un plazo de tres meses para la consulta y para hacer las acciones pertinentes que permitan mejorar las condiciones laborales y ambientales de la actividad de los mineros tradicionales, Castro aseguró que esos términos podrían cambiar en el nuevo documento, aunque el sentido sea el mismo.

Por esta razón, las partes quedan a la espera de la notificación oficial, que debe darse en días próximos.

Justamente fue Gran Colombia Gold la empresa que demandó al Estado por 700 millones de dólares, alegando la supuesta invasión de sus títulos mineros en este municipio caldense, conocido como el Pesebre de Oro, y Segovia, en Antioquia, además de las pérdidas sufridas por cuenta de atentados terroristas del Eln.

Fuente: http://www.noalamina.org/latinoamerica/colombia/item/16946-corte-consitutcional-ordena-consulta-por-mineria-en-marmato

Foto: Jonh Jairo Bonilla

Mexico

Empresa canadiense insiste en continuar con la exploración minera en Puebla pese a negativa de Semarnat

01-03-2017
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que la empresa Almanden Minerals anunció a sus inversionistas que seguirá con sus proyectos de exploración en Puebla, pese a que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) declaró “improcedente la solicitud” de operaciones de la minera.
En un comunicado, Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, PODER, CESDER e IMDEC, explicaron que la solicitud fue rechazada por la dependencia federal porque en el proyecto conocido como Ixtaca IV “no se demuestra que la actividad se ajuste a un Informe Preventivo”.

Destacaron que el dictamen de la Semarnat confirma las conclusiones de la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos (EIDH) realizada por las organizaciones civiles y un equipo técnico y científico especializado en minería y derechos humanos, donde se subraya que durante la etapa de exploración ese proyecto ha causado daños al medio ambiente.

Indicaron que la zona de exploración en el municipio de Ixtacamaxtitlán es el principal proyecto minero de la empresa canadiense en México. De llevarse a cabo, agregó, se realizaría un tajo de más de mil metros de diámetro para la explotación de oro y plata a cielo abierto y se construiría una presa de jales con una capacidad de almacenamiento de 35 millones de litros sin recubrimiento, afectando tierras de cultivo, zonas de conservación prioritaria y el sitio de anidación de gavilanes, entre otros.

Las organizaciones acudieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para denunciar las violaciones y solicitaron que se prevengan las afectaciones en caso de iniciarse la explotación minera, sin embargo, apuntaron, el organismo concluyó “que no existe materia” y remitió el caso a la Procuraduría federal de Protección al Ambiente (Profepa).

En comunicación telefónica, la Profepa indicó que ha realizó una inspección a través de la cual identificó inconsistencias técnicas en coordenadas de los barrenos que presentaron en los Informes Preventivos Ixtaca, Ixtaca II, Ixtaca III y IIIbis.

Además corroboró que la empresa ha realizado más barrenos de los que autorizó la Semarnat, como documentó la EIDH. Desde hace una semana la Unión de Ejidos solicitó la conclusión de la inspección y está a la espera de recibir el documento.

Las organizaciones denunciaron que Almaden Minerals, la empresa extranjera que más concesiones tiene en el estado de Puebla –con 28 títulos que abarcan 234 mil 991 hectáreas, equivalente al 6.9% del territorio estatal–, también viola la ley porque aunque la Semarnat ha autorizado la realización de 291 barrenos, la minera reporta a sus inversionistas haber realizado un total de 475 perforaciones entre 2011 y 2016.

Asimismo, ha recurrido a diversas argucias legales para sobreponerse a los procedimientos con el fin de que las comunidades indígenas asentadas en esas tierras permitan la explotación de sus territorios.

En 2016, Almaden Minerals demandó al gobierno mexicano después de que se aprobó la reforma a la Ley Minera, en 2014, para evadir sus responsabilidades fiscales.

Un año antes la comunidad indígena nahua de Tecoltemic y el ejido de Tecoltemi interpusieron un juicio de amparo contra Almaden Minerals, después de enterarse que la Secretaría de Economía le otorgó una concesión por 50 años.

“Los afectados interpusieron el amparo alegando una violación al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Constitución Política Mexicana por violación de sus derechos como comunidad indígena y agraria. Un juez federal concedió la suspensión, pero la empresa ha hecho caso omiso y ha mantenido los trabajos de exploración en las concesiones y no ha informado a sus inversionistas sobre esta acción”, acusaron las organizaciones.

Y aseguraron que la empresa, obligada a otorgar esta información a sus inversionistas, la omitió en su último informe anual.

Finalmente, revelaron que aunque están documentadas las irregularidades a los derechos humanos de la población de Ixtacamaxtitlán y las afectaciones al medio ambiente, la empresa canadiense insiste en la viabilidad del proyecto.

http://www.proceso.com.mx/476392/empresa-canadiense-insiste-en-continuar-la-exploracion-minera-en-puebla-pese-a-negativa-semarnat

Mexico

Declara Semarnat exploración ilegal de minera en Oaxaca

EMILIO MORALES, 03-01-2017
Pobladores de Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, Buena Vista y Cerro las Huertas, advierten que no permitirán la explotación minera en sus territorios
La empresa minera Fortuna Silver Mines (FSM), a través de su filial Cuzcatlán, realiza trabajos ilegales de exploración del proyecto minero “San José”, toda vez que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aseguró no haber otorgado permisos para estas acciones.

Ayer, comisariados de bienes ejidales de Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, Buena Vista y Cerro de las Huertas, así como integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuvo) y el Comité de Defensa de Magdalena Ocotlán contra la Minería, exigieron un alto a los trabajos de la empresa y advirtieron que no permitirán esa explotación.

A través de una manifestación en las oficinas de la Semarnat, el grupo de antiminas logró ser atendido por el delegado de la Semarnat, Tomás González Illescas, a quien con fecha 1 de diciembre de 2016 le habían girado un escrito en el que denunciaban la realización de trabajos por parte de Fortuna Silver Mines, y exigían que se negara la autorización del Informe Preventivo con número 20OA2016MD086 debido a las afectaciones ocasionadas a la comunidades.

Durante la manifestación, González Illescas aseguró que la instancia que él dirige no ha otorgado permiso alguno a la minera y que por tanto correspondería a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Pofepa) el establecimiento de una investigación y en su caso sanciones que podrían llegar hasta la cancelación de concesión, según dijo.

Neftalí Reyes, secretario técnico del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, indicó que desde 2014 la minera ha realizado trabajos de expansión del proyecto San José, situación que ha afectado a las comunidades.

El 8 de noviembre de 2015 a través de una asamblea regional declararon los territorios prohibidos para la minería, pese a lo anterior, el 24 de noviembre de ese año la empresa promovió ante Semarnat un estudio técnico para realizar exploraciones mineras directas en zonas de uso agrícola, dentro de la concesión Progreso II, para acondicionar planillas y perforar a diamante la Veta María.

La conexión minera Progreso II además de estar en un área agrícola también está en área forestal que contribuye a la recarga de la presa Bordo Vallito, ubicada en San José del Progreso y la presa Yoguvene ubicada en San Martín de los Cansecos, ambas utilizadas para la agricultura, el cuidado de animales y el consumo humano.

La zona es también área de recarga de mantos acuíferos en la microregión y por ende “la autorización de permisos para realizar exploraciones constituyen una grave amenaza en términos ambientales en nuestras comunidades”, indicaron.

Aún no hay respuesta
La Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán presentó un escrito ante la Semarnat exigiendo se negara la autorización del informe preventivo pero a dos meses de su presentación los demandantes no habían tenido respuesta.

El 26 de septiembre de 2016 también presentaron una denuncia popular ante la PROFEPA en la cual requirieron se constituyan en el sitio del proyecto minero para constatar las afectaciones producidas. A cinco meses de su presentación no existe respuesta.

Por ello exigieron a la Secretaría de Economía la cancelación de las mineras Compañía Minera Cuzcatlán, Minera Aurea, Cia Minera y Metalúrgica Ejutla, así como Compañía Minera Plata Real que cubre una superficie de 49376.3501 hectáreas.

http://www.nvinoticias.com/nota/52659/declara-semarnat-exploracion-ilegal-de-minera-en-oaxaca