La consulta popular minera, que fue aprobada por el concejo de Ibagué, pasó el control de legalidad ante el Tribunal Administrativo del Tolima y en consecuencia la Registraduría se encargará de la organización para que los ibaguereños acudan a las urnas.
El tribunal acogió los planteamientos que hicieron la Alcaldía de Ibagué, Cortolima, la ONG Dejusticia y los senadores Claudia López y Antonio Navarro, entre otros actores que apoyaron la iniciativa ambiental, y no prosperaron las tesis de Anglogold Ashanti Colombia y el procurador Agrario del Tolima, Ernesto Cardoso, los más visibles opositores a la consulta minera.
Ahora, tras superar este control de legalidad la ciudadanía tiene ‘luz verde’ para decidir en las urnas si aprueban o no que se lleven a cabo proyectos de minería a gran escala en el municipio, como lo propuso el mandatario local desde la época de la campaña.