Por Alejandro Ortiz

Chilpancingo. // 19 mayo, 2016
En febrero del 2014 un grupo de hombres armados irrumpió en la comunidad de Santa María Sur, municipio de San Miguel Totolapan, Tierra Caliente de Guerrero. En aquella ocasión solamente dispararon al aire, recuerdan algunos de los pobladores que huyendo de esa violencia hoy viven en Chilpancingo por cuenta propia.

Santa María Sur, forma parte de un área geográfica natural importante para la siembra de amapola y, además, sus territorios colindan con una red de al menos tres minas de oro que se encuentran activas en la región de Tierra Caliente.

“Militares vestidos de civiles han llegado a quemar casas y a decirnos que nos tenemos que ir del pueblo o va a haber matanzas”, denunciaron mediante radios populares en Chilpancingo, los vecinos de aquella localidad ante el temor de que la amenaza fuera cumplida.

Entre marzo y abril pasados, el comisario de la localidad, Eduardo Acevedo Jaimes, solicitó la ayuda de las autoridades estatales y fuerzas de seguridad pública para que resguardaran el pueblo y evitaran que se dieran nuevos hechos de violencia. La ayuda nunca llegó.

“La única respuesta fue que el grupo de armados incendió una vivienda de la comunidad y fue entonces cuando la gente comienza a irse, mejor, por nuestras vidas”, recuerda el último comisario que tuvo la localidad.

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Carlos ROCHA

MINERAS – KAREN ROJASA pesar de que casi el 10 por ciento del territorio poblano ha sido concesionado a la minería, Puebla no es un estado minero como se pretende hacer, enfatizó Silvia Villaseñor Pineda, coordinadora en Puebla del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec).

En el marco del foro El Oro o La Vida que se desarrolló la tarde de este jueves, Villaseñor expuso que en la actualidad hay en Puebla unas 440 concesiones mineras que abarcan más de 300 mil hectáreas y que representan cerca del 10 por ciento del territorio de Puebla.

Explicó que el 70 por ciento de las concesiones son canadienses y el 16 por ciento mexicanas. Además informó que el proyecto más avanzado es de la canadiense Almaden Minerals en el municipio de
Ixtacamaxtitlan y aunque de manera oficial no hay ningún proyecto en explotación sólo exploración, la mayoría de las concesiones son para proyectos a cielo abierto.

Tras la exposición del panorama local, Miguel Ángel Mijangos Lea, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), compartió su experiencia en el mina de Carrizalillo en Guerrero, donde desde hace nueve años la empresa Gold Corp ha explotado la tierra.

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 27/05/2016
 Paula Carrizosa

La minería no es una opción de progreso ni desarrollo para el país, ni por la inversión ni por la ganancia que significa para el gobierno, afirmó Miguel Ángel Mijangos Leal, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) Guerrero.

Ello, explicó, porque la minería no representa ni 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, y es apenas la mitad que la agricultura –de 3 por ciento del PIB–, pese a que este ha sido un rubro apremiado y a fuerza aplastado por los gobiernos.

Al participar en la mesa redonda realizada en torno a la exposición El oro o la vida. Patrimonio biocultural y megaminería: un reto múltiple, que se exhibe en la Casa de las Culturas Contemporáneas –2 Norte 1006, Centro Histórico– de la UAP, Miguel Ángel Mijangos ofreció un panorama de la minería a cielo abierto, una rama de la minería que ha causado una profunda devastación y problemática socio ambiental en México.
Explican peligros de minería

En su charla señaló que por tener la concesión, una empresa de capital privado extranjero o nacional paga al Estado mexicano de 5 a 8 pesos por hectárea al año. “Eso le cobra el gobierno. No se les cobra por el uso del agua ni por la extracción de los metales del subsuelo. Es un cobro ridículo”.

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 Kara Castillo
 Mayo 24, 2016

“El Oro o la vida” es la mesa redonda que llevarán a cabo miembros del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en la que expertos expondrán información que el estado ha omitido en el plan minero y extractivo que ya se lleva a cabo en el país.

Argelia Arriaga García, académica de la BUAP y analista de Megaproyectos, aseguró que existe una secrecía en los datos del estado mexicano al respecto, pues aun cuando existe un mandato de transparencia, la información que entrega el gobierno federal es desarticulada a propósito, incompleta y con reservas.

Explicó que como un reflejo de defensa colectiva, académicos y activistas han elaborado mecanismos de información creando la Red de Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, (RED M4) y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) quienes han socializado documentos exponiendo al público en general la más completa información a la ciudadanía.

Arriaga convocó a la mesa redonda que se lleva a cabo en el marco de la exposición itinerante “El Oro o la Vida” Patrimonio Biocultural y Megaminería: Un Reto Múltiple, que se abrió el pasado 15 de abril y concluirá el 10 de junio.

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